Sentencia CC-29-15 — Registro 6103
Resumen
En segunda instancia se declaro con lugar los recursos interpuestos por ambas partes, revocando la sentencia y se declaro con lugar parcialmente la demanda ordinaria de pago por la vía del proceso ordinario.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El impetrante en el primero de los motivos invocados cuestiona que en el caso de autos por parte de ambas instancias en los fallos que han proferido, se ha hecho una aplicación falsa de lo preceptuado por el artículo 1576 del Código Civil, y que consecuentemente de ello en los fallos dictados se hacen en una aparente pero inexacta “equidad” más no en derecho. De lo expuesto por el impetrante llama la atención nuestra, si bien es cierto el mismo ha señalado que la sentencia que se impugna en esta vía de casación es la proferida por el tribunal de alzada; también lo es que hace cita y cuestiona en esta vía de casación la sentencia dictada en primera instancia; con lo cual en este primer motivo el recurrente omite de manera absoluta toda la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el articulo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, todos del Código Procesal Civil. De lo planteado por el recurrente se desprende que existe: a) La falta de fundamentación separada y clara, con precisión y justificación de la infracción denunciada; b) Que el casacionista comparece transcribiendo el artículo 1576 del Código Civil, arguyendo que el mismo en ambas instancias jurisdiccionales se ha aplicado de manera falsa; con lo cual el recurrente no establece una relación entre la infracción de esta norma con la parte dispositiva de la sentencia impetrada, lo que hace imposible determinar la razón real de su recurrencia; c) Relaciona el impetrante la aplicación falsa del artículo 1576 del Código Civil, con lo establecido por el tribunal de alzada en su fallo, cuando tiene como un hecho probado que: “El director del proyecto lo desempeño el señor RAFAEL ORTIZ y posteriormente EMILIO VILCHIS; no obstante del estudio de toda la carga probatoria de ambas partes, ha sido posible deducir que el señor MIGUEL IGNASIO KOLOMI, efectivamente desempeñaba las funciones de Director del Proyecto y así era reconocido tanto para TCONSA, como para el resto de las compañías constructoras.”; con lo cual el recurrente olvida que en materia casacional queda excluida la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba, tal y lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; y, d) El artículo 717 del Código Procesal Civil establece que sólo son recurribles en casación las sentencias y resoluciones que pongan fin al pleito dictadas por las Cortes de Apelaciones, así como otras establecidas por ley. En el presente motivo el recurrente al citar el fallo de primera instancia pretende con ello que la Sala de lo Civil se pronuncie no solo sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, si no que también vaya más allá y conozca del fallo proferido por el a-quo, mismo que en este caso le compete conocer únicamente a la Corte de Apelaciones de su circunscripción judicial, tal como lo establece el artículo 706.2 del Código Procesal Civil. Asimismo es preciso recordar al impetrante, que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal, con lo cual en estricto apego a la técnica casacional debemos entender que el recurso de casación únicamente deberá dirigirse contra los autos y sentencias que pongan termino al pleito haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 706 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“El recurrente estima como precepto autorizante en este motivo de casación lo previsto en el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. 4.2. La sala encuentra que el recurrente en el tercer motivo de casación vuelve a omitir de manera absoluta toda técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, del Código Procesal Civil, tal como ya se ha expresado en la presente resolución. Las razones de tal conclusión son las siguientes: a) Comparece con una exposición propia y no con que la determinación concreta de la infracción que lo llama a interponer el presente recurso; es preciso señalar que en la interposición del recurso el impetrante debe manifestar en qué perjudica al orden legal la aplicación indebida de cada uno de los artículos citados como vulnerados; y, b) Cierto es que impugna contra la sentencia dictada en segunda instancia, sin embargo vuelve nuevamente a impetrar contra la sentencia dictada en la primera instancia, cuando ya se ha establecido en la presente resolución que es órgano competente la Corte de Apelaciones de la sección judicial, recordándole lo dispuesto en el artículo 706 del Código Procesal Civil. No resulta posible a la Sala de lo Civil conocer una recurrencia que se sustenta en dos diferentes instancias donde en una de ellas sería competente y en la otra no. 5. Señalado lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación que nos ocupa en sus tres motivos, y consecuentemente concita su inadmisión al tenor de la causal prevista en el artículo 723.2, literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 706 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El recurrente estima como precepto autorizante en este motivo de casación lo previsto en el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. 4.2. La sala encuentra que el recurrente en el tercer motivo de casación vuelve a omitir de manera absoluta toda técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, del Código Procesal Civil, tal como ya se ha expresado en la presente resolución. Las razones de tal conclusión son las siguientes: a) Comparece con una exposición propia y no con que la determinación concreta de la infracción que lo llama a interponer el presente recurso; es preciso señalar que en la interposición del recurso el impetrante debe manifestar en qué perjudica al orden legal la aplicación indebida de cada uno de los artículos citados como vulnerados; y, b) Cierto es que impugna contra la sentencia dictada en segunda instancia, sin embargo vuelve nuevamente a impetrar contra la sentencia dictada en la primera instancia, cuando ya se ha establecido en la presente resolución que es órgano competente la Corte de Apelaciones de la sección judicial, recordándole lo dispuesto en el artículo 706 del Código Procesal Civil. No resulta posible a la Sala de lo Civil conocer una recurrencia que se sustenta en dos diferentes instancias donde en una de ellas sería competente y en la otra no. 5. Señalado lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación que nos ocupa en sus tres motivos, y consecuentemente concita su inadmisión al tenor de la causal prevista en el artículo 723.2, literal a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 706 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente SENTENCIA: SON PARTES: La sociedad CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (COPRECA) representado el juicio por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL como recurrente; siendo recurrida la Sociedad Mercantil denominada TERRACERIA Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V. (TCONSA), representada en juicio por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha veinte de junio del año dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN, en su condición de representante procesal del señor EDGARDO ALFONSO REYES CRUZ, quien actúa como Presidente y representante procesal de la empresa mercantil TERRACERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (TCONSA), contra la empresa mercantil CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V. (COPRECA), por medio de su Presidente, representante legal y Gerente General, señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha catorce de junio del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el a-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL en su condición de apoderado judicial de la entidad mercantil CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA S.A. DE C. V. (COPRECA), contra la sentencia definitiva de fecha catorce de junio de dos mil trece (F 340), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para el pago e indemnización de daños y perjuicios por mora en el pago, por la cantidad de cinco millones, novecientos veintidós mil novecientos siete lempiras con veinticuatro centavos (L 5,922,907.24), promovida en su contra, por la empresa TERRACERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (TCONSA) que es representada por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN y a la vez esta demandada por vía de reconvención para que se decrete la resolución de un contrato de construcción mas pago por daños e indemnización de perjuicios por incumplimiento de un contrato y pago de penalización contractual por la cantidad de dos millones ciento ochenta y dos mil ciento setenta y dos lempiras con doce centavos (L 2,182,172.12).- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN, en su condición de apoderado judicial de la empresa TERRACERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C. V. (TCONSA), contra la sentencia definitiva de fecha catorce de junio de dos mil trece (F 340), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- TERCERO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha catorce de junio de dos mil trece (F340), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. CUARTO: DICTAR la Sentencia correspondiente al presente juicio en base a los Fundamentos de Hecho y de Derecho expuestos en el acápite MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA, debiendo leerse la parte resolutiva de la misma así: 1) Declarar con lugar parcialmente la demanda presentada por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN en su condición de apoderado judicial de la empresa TERRACERIA Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V. (TCONSA), condenando a la demandada sociedad CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. (COPRECA), representada judicialmente por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL, al pago de la cantidad de setecientos ochenta y tres quinientos setenta y nueve lempiras con treinta y cuatro centavos (L 783,579.34) en concepto de obras adicionales que ejecuto la demandante (TCONSA) a su favor en el Parque Eólico Cerro de Hula; así como la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras con treinta y dos centavos (L 1,499,467.32) en concepto de cobros, ajustes y reclamos que fueron reconocidos en juicio, desestimándose para tal efecto el resto de las pretensiones de la demandante (TCONSA) en la demanda principal (pago de los valores correspondientes al suministro de material selecto, declarado en la sentencia recurrida por la cantidad de quinientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco lempiras).- 2) Estimar parcialmente la demanda por vía de reconvención, declarando resuelto el contrato privado de construcción de obras civiles celebrado entre CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. (COPRECA) y TERRACERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (TCONSA) de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, en virtud de que ambas partes están de acuerdo, según lo indica la demandada por reconvención en la que manifiesta que se adhiere a la resolución del mismo y se absuelve a la demandada por vía de reconvención TERRACERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (TCONSA) del resto de los pedimentos de la reconvención (pago de daños y perjuicios y pago por penalización reclamados).- 3) En cuanto a las costas, cada quien abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento.- Es ponente la abogada MARIA TERESA BOGRAN DE QUESADA, Magistrada Propietaria.- SIN COSTAS.-NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL en su condición de representante procesal de la sociedad CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V. (COPRECA), en fecha ocho de enero del año dos mil quince, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha nueve de enero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada TERRACERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., (TCONSA, S.A. de C.V)., abogado JOSE TOMAS GUILLEN, presentó en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados JOSE TOMAS GUILLEN y CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL, actuando en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiocho de enero y dos de febrero del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha nueve de febrero del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO IMPUGNACIÓN POR LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. En la Motivación fáctica y jurídica de la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha Cinco de noviembre del año dos mil catorce, en su numeral CUARTO de la Motivación Fáctica y jurídica expresa: “En cuanto al pago de los trabajos fuera de producción es decir de los trabajos adicionales realizados por TCONSA, en la obra del Parque Eólico del Cerro de Hula, valor que asciende a la cantidad de setecientos ochenta y tres quinientos setenta y nueve lempiras con treinta y cuatro centavos (L 783,579.34) de conformidad al documento adjunto en anexo siete, folio 56 de los autos y que se encuentra fundamentado con el resto de la documentación aportados en el mismo anexo siete, se observa que este se encuentra firmado por el ingeniero MIGUEL IGNASIO KOLOMI, en fecha quince de junio de dos mil once; no obstante la demandada (COPRECA), alega que en el contrato privado para la construcción de obras civiles, suscrito con TCONSA, en su cláusula segunda, acápite denominado “condiciones de pago” en su tercer párrafo se estipula que “se facturara al cien por ciento de las estimaciones de los trabajos y/o servicios ejecutados quincenalmente a pagar los quince días calendarios, tras la presentación de la factura correspondiente, debiendo dichas estimaciones así como la factura ser previamente aprobadas por el Director del Proyecto de la contratante (COPRECA), asimismo se estipula que solo serán validos, legales y contractuales aquellos documentos que sean aceptados y firmados por el Director del Proyecto, por lo que cualquier documento firmado por el personal del contratista que no lleve la referida firma se considerara como no valido y por lo tanto no tendrá ningún efecto”. Por lo tanto considera como no valido y sin ningún efecto puesto que aduce que el ingeniero KOLOMI, nunca fue Director del Proyecto, extremo que fue ratificado por el mismo ingeniero KOLOMI mediante interrogatorio de parte que se le realizara oportunamente, sino que el mismo fungía como un Asesor o Consultor del proyecto y que el papel de director del proyecto lo desempeño el señor RAFAEL ORTIZ y posteriormente EMILIO VILCHIS; no obstante del estudio de toda la carga probatoria de ambas partes, ha sido posible deducir que el señor MIGUEL IGNASIO KOLOMI, efectivamente desempeñaba las funciones de Director del Proyecto y así era reconocido tanto para TCONSA, como para el resto de las compañías constructoras (entre ellas Constructora 153 y GRD) y consecuentemente para la empresa IBERDROLA, empresa contratante de COPRECA al observarse que toda la documentación que esta enviaba a COPRECA antes del ocho de abril de dos mil once, fecha en que se hizo del conocimiento a IBERDROLA que el ingeniero EMILIO VILCHIS, sería quien se desempeñaría como Director del Proyecto, iba dirigida al ingeniero MIGUEL KOLOMI (ver folios 194, 196, 203); aunado a este extremo, sirve como soporte de las obras adicionales realizadas en el proyecto por TCONSA así como la existencia de los cobros, ajustes y reclamos, el acta notarial de fecha diez de mayo de dos mil once, en el que el señor JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS (apoderado legal de TCONSA), requiere los servicios del Notario OSCAR DANIEL HERNANDEZ BARAHONA, a fin de que constate el reconocimiento de un pago por parte del ingeniero KOLOMI quien se identifico como ingeniero residente y subdirector del proyecto, a quien se le requirió de pago por los valores a favor de TCONSA, consiste en COBROS AJUSTES Y RECLAMOS, a lo que este le contesto “que era cierto lo adicional solicitado, y que también la compañía COPRECA, se comprometía a cancelar el valor correspondiente, pero que en ese momento, ellos también estaban presentando dicho reclamo ante la empresa IBERDROLA que están esperando una respuesta”, quedando aceptada y probada la obligación pendiente de pago que tiene COPRECA con TCONSA tanto por obras adicionales que ascienden a la cantidad de setecientos ochenta y tres quinientos setenta y nueve lempiras con treinta y cuatro centavos (L 783,579.34), así como el importe por concepto de cobros, reclamos y ajustes que asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras con treinta y dos centavos (L 1,499,467.32).- Sí bien es cierto que el contrato manda que solo será válido, legal y contractual aquellos documentos que sean ACEPTADOS Y FIRMADOS por el director del proyecto...., no podemos desconocer el hecho de que el documento en que se detallan las obras adicionales se encuentra firmado por el ingeniero KOLOMI, entendiéndose para tal efecto que a partir de dicho momento está siendo aceptado por el mismo, pues no es posible desconocer la construcción de unas obras adicionales que en efecto fueron realizadas y que fueron reconocidas y aceptadas tácitamente por un representante de COPRECA, a quien se le tenía como Director del Proyecto, siendo oportuno aclarar que aun y cuando en la referida firma aparece fecha del quince de junio del dos mil once, no obstante dichas obras fueron realizadas con anterioridad a dicha fecha y para ese entonces era el ingeniero KOLOMI quien respondía como Director del Proyecto, por cuanto dicho documento se tiene como valido, legal y contractual por haber sido aceptado y firmado por el Director del Proyecto, como se estipulo en el contrato.-“. (Negrillas y Subrayados nuestros). PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación se basa en lo previsto en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN La infracción cometida se da por la falta de aplicación de una norma jurídica material que incide directamente sobre la decisión que resolvió el fondo del proceso. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de segunda, resuelven el asunto sometido a su conocimiento sobre la base de normas completamente inaplicables al caso concreto, lo que con lleva la falta de aplicación de otras, que si lo son, lo que denota que ambos fallos fueron dictados en una aparente pero inexacta “equidad” mas no en Derecho. En ambos casos, (Primera y Segunda Instancia), intentamos hacer valer nuestro derecho, lo cual fue conculcado por ambos tribunales. En ambos fallos los juzgadores si bien señalaron uniformemente el Artículo 1576 del Código Civil el cual expresa: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas.”.- Lo certero es que ambos Tribunales, sólo lo enunciaron pero nunca lo aplicaron al caso concreto, lo que constituye una falsa aplicación de la ley. La norma sustantiva infringida por su falta de aplicación, en resumen señala que, cuando los términos contractuales son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, lo cual significa que esa clase de contratos no permiten interpretación alguna; pero en nuestro caso concretó, en ambas instancias los juzgadores lo hicieron, con lo que no sólo se apartaron del enunciado de nuestro Código Civil, sino que igual desconocieron el principio “in claris non fit interpretatio”, este axioma señala puntualmente que la interpretación sólo opera cuando los términos del contrato no resultan claros, o sean dudosos, ambiguos o contradictorios; significando que ante expresiones claras y precisas se excluye todo tipo de interpretación. Igual se omitió la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en donde las previsiones legales enseñan que así como el contrato sólo concierne y obliga a quienes en él participan, el universo de sus estipulaciones se erige en un reducto cerrado que, en línea de principio, es territorio vedado para quienes están fuera de sus márgenes. En el referido contrato de ejecución de obra y suministro de equipo y personal, que suscribieron TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. V., (TCONSA), con CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMÉRICA S, DE R. L. DE C. V., (COPRECA), los contratantes en su Cláusula Segunda, numeral Sexto, párrafo final, estipularon de común acuerdo lo siguiente: “se hace constar de manera expresa que solo serán válidos, legales y contractuales aquellos documentos que sean aceptados y firmados por el Director de Proyecto por lo que cualquier documento firmado por el personal del Contratista que no lleve la firma del Director del Proyecto se considerara como no valido y por lo tanto no tendrá ningún efecto”. La Corte de Apelaciones, al igual que el Juzgado de Primera Instancia, en sus sentencia recurrida reafirman un hecho cierto y probado. Expresa la Sentencia del Juez A-quo en los fundamentos jurídicos: “12… en relación a documentación recibida por el Ingeniero Miguel Ignacio Kolomi, ha quedado probado en este juicio que el solamente era un Consultor con obligaciones específicas, pero nunca como Director del Proyecto, por lo tanto el mismo manifestó que solamente recibió documentos pero no estaba autorizado para aprobarlos y aceptarles como válidos.”.- Por su parte la Sentencia del A-quem establece: “el director del proyecto lo desempeño el señor RAFAEL ORTIZ y posteriormente EMILIO VILCHIS; no obstante del estudio de toda la carga probatoria de ambas partes, ha sido posible deducir que el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, efectivamente desempeñaba las funciones de Director del Proyecto y así era reconocido tanto para TCONSA, como para el resto de las compañías constructoras.”.- (Subrayados nuestros).-Al ser un hecho indubitado y por ende probado en juicio como bien lo señalan las mismas sentencias, que el señor Miguel Ignacio Kolomí, nunca fue el Director de proyecto por parte de COPRECA, no puede hacerse conjeturas interpretativas al contrato, señalando al consultor Ignacio Kolomi como Director del Proyecto, a manera de ejemplo práctico e Ilustrativo de nuestro punto, diremos que una persona puede ser asistente del Gerente de una empresa y como tal ejercer acciones gerenciales, pero no por eso tendrá la investidura ni facultades de Gerente. La falta de aplicación del Artículo 1576 del Código Civil es evidente, éste artículo invocado es la única norma sustantiva en la que coincidieron ambos juzgadores, pero en ambos fallos se hace una falsa aplicación del mismo, lo cual determina precisamente la resolución en un sentido contrario al enunciado por la ley. La infracción de ley se produce cuando el juez o magistrado, dentro de su libertad interpretativa, contraviene fundamentalmente su texto, cuando se da un alcance distinto del dado por el legislador, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones, y, por último, cuando hace una falsa aplicación de la ley, como sucede cuando la aplica a una situación no prevista por el legislador o deja de aplicarla en el caso reglado, para que la infracción influya en lo dispositivo del fallo es necesario que ella determine precisamente la resolución en un sentido diverso a aquel en que se hubiere pronunciado al no haberse incurrido en ella; falsa aplicación de la ley es una violación que se da cuando aun entendiendo rectamente una norma en sí misma, se hace aplicación de ella a un hecho no regulado por la misma o se aplica de una manera de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las requeridas por la ley. SEGUNDO MOTIVO: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. En la parte dispositiva de la Sentencia Definitiva de fecha catorce de junio de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su numeral segundo establece: “2) Estimo parcialmente la demanda reconvencional y debo de declarar y declaro resuelto el Contrato Privado de Construcción de Obras Civiles celebrado entre Concreto Preesforzado de Centroamérica S, de R. L. de C. V., o sus siglas (COPRECA, S.A. de C. V.) y Terracería Y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, SA. de C. V.), de fecha 22 de diciembre del año 2010 en virtud de que ambas partes están de acuerdo, según lo indicada la demandada por reconvención en la que manifiesta que se adhiere a la Resolución el mismo, y debo de absolver y absuelvo a la demanda por vía de Reconvención Terracería y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, S.A. de C.V.) del resto de los pedimentos de la reconvención.” (Subrayado nuestro).- Por su parte, igual decisión persiste en la Sentencia de Segunda Instancia de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, cuando en su motivación fáctica y jurídica la Corte de Apelaciones A-quem establece: “SÉPTIMO: La resolución contractual o resolución de un contrato por incumplimiento, es un efecto especial que se produce en los contratos bilaterales, es decir, donde las partes se han obligado recíprocamente, y que consiste en que frente al incumplimiento de una de las partes, nace para la otra el derecho de pedir que se deje sin efecto el contrato reparándose los perjuicios sufridos.- Su efecto principal es la cesación de efectos que emanan de un contrato.- Se observó que COPRECA manifiesta su voluntad de resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte de TCONSA, al mismo tiempo TCONSA se adhiere a la misma petición, y siendo que el contrato en su numeral once (11), estipula que “el presente contrato puede ser resuelto en cualquier momento, por acuerdo mutuo de las partes y unilateralmente por cualquiera de los contratantes, por el incumplimiento de las obligaciones de su contraparte en el contrato, por lo que se estima oportuno declarar resuelto el vínculo contractual que unió a ambas empresas (COPRECA y TCONSA), como al efecto lo decidió la juez en la sentencia recurrida ante esta instancia.-“.En la parte dispositiva de dicho fallo ordena: “2) Estimar parcialmente la demanda por vía de reconvención, declarando resuelto el contrato privado de construcción de obras civiles celebrado entre CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMÉRICA S.A. DE C. V. (COPRECA) y TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C. V. (TCONSA) de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, En virtud de que ambas partes están de acuerdo, según lo indica la demandada por reconvención en la que manifiesta que se adhiere a la resolución del mismo y se absuelve a la demandada por vía de reconvención TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C. V. (TCONSA) del resto de los pedimentos de la reconvención (pago de daños y perjuicios y pago de penalización reclamados).- “.PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación se basa en lo previsto en el artículo 719 número 1 Literal “C” del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN La infracción cometida parte desde la primera instancia, cuando el Juez A-quo en la parte dispositiva de su Sentencia Definitiva, en el numeral segundo, establece: “2) Estimo parcialmente la demanda reconvencional y debo de declarar y declaro resuelto el Contrato Privado de Construcción de Obras Civiles celebrado entre Concreto Preesforzado de Centroamérica S, de R. L. de C. V., o sus siglas (COPRECA, S.A. de C. V.) y Terracería Y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, SA. de C. V.), de fecha 22 de diciembre del año 2010 en virtud de que ambas partes están de acuerdo, según lo indicada la demandada por reconvención en la que manifiesta que se adhiere a la Resolución el mismo, y debo de absolver y absuelvo a la demanda por vía de Reconvención Terracería y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, S.A. de C. V) del resto de los pedimentos de la reconvención.” (Subrayado nuestro).- Tal y como se expresó en el hecho Quinto de nuestra Demanda por Vía de Reconvención, y que fue alegado en Apelación mediante agravio segundo nosotros demandamos la resolución por incumplimiento del contrato para la construcción de obras de Ingeniería Civil en el proyecto denominado “PARQUE EÓLICO CERRO DE HULA” suscrito en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diez (2010), entre las sociedades mercantiles: Concreto Preesforzado de Centro América, Sociedad Anónima de Capital Variable, (COPRECA) como Contratante y Terracería y Construcción, S.A. de C. V., (TCONSA), como Contratista; lo pedido lo amparamos en el Artículo 1386 del Código Civil que establece: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de Intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, al no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo...”. (Subrayado nuestro).- Este precepto, por nosotros invocado, establece la consecuencia jurídica condicionada para el determinado supuesto del incumplimiento contractual. Al momento de contestar nuestra demanda por vía de reconvención, la demandada Terracería y Construcción, S.A. de C. V., (TCONSA), en su hecho quinto SE ALLANA a tal hecho demandado (folio Doscientos Veintiuno 221) y así lo estima y aprecia la Juzgadora de Primera Instancia en la parte dispositiva de la sentencia en su numeral segundo, e igual lo acepta la Sentencia de Segunda Instancia en su Motivación Séptima. Pero siendo que tal allanamiento no era contrarío a la ley, la señora Juez de Primera Instancia debió, y en defecto de ella la Corte de Apelaciones, a la cual se recurrió vía apelación, al dictarse sus sentencias, debieron condenar al demandado por tal hecho, de acuerdo con lo solicitado por el actor, es decir DECLARANDO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL; Y NO: “. . . en virtud de que ambas partes están de acuerdo...” : Expresamente en su hecho Quinto de la contestación a la demanda por reconvención, la reconvenida Terracería y Construcción, S.A. de C. V., (TCONSA), señaló: “Nos adherimos al hecho Quinto de la demanda reconvencional...”, No existe el “acuerdo de las partes” como erróneamente los señalo los fallos recurridos, una de las parte demando la Resolución del Contrato por incumplimiento y la otra expresamente se allana a tal petición, es decir acepta lo demandado. Ambas Sentencias derivan en la incongruencia, quebrantando el artículo 485.2 CPC. La ausencia de los requisitos internos de la sentencia de primera instancia señalados por el artículo 200.2.C CPC, fueron invocados por medio del recurso de apelación, expresando el agravio correspondiente, el cual fue desestimado por la Corte de Apelaciones. La sentencia que inicia esta incongruencia es la dictada por el Tribunal de Primera Instancia y confirmada en ese aspecto, por la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, la que además con su confirmación, no reconoció la existencia de quebrantamiento de los requisitos de forma de la sentencia recurrida, así como que el contenido de tal Sentencia de Primera Instancia no era congruente con los razonamientos facticos, y las pretensiones de las partes. El artículo 719 número 1 Literal “C” del Código Procesal Civil, trata de los errores producidos en la sentencia por infracción en el contenido formal de las resoluciones, de modo que se puede impugnar la falta de congruencia de la sentencia y, en general, cuantas infracciones invaliden la sentencia teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. En nuestro recurso por este motivo concurren, no solamente infracciones de carácter formal de acuerdo a lo establecido en los Artículos 200.2.C y 206.2 ambos del CPC, si no que el contenido de la sentencia es completamente incongruente con la demanda de reconvención y el allanamiento a la misma en cuanto a la resolución del contrato por incumplimiento, es decir que en nuestro caso convergen ambas circunstancias. La sentencia además de los requisitos legales, debe ser emitida respetando y manteniendo en su conjunto, entre otros aspectos los hechos y pretensiones expuestos por las partes, aplicando el debido proceso y la norma jurídica correcta (Allanamiento). De no concurrir todos estos elementos o alguno de ellos, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la sentencia. TERCER MOTIVO: IMPUGNACIÓN POR LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. En la Motivación fáctica y jurídica de la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, en su numeral SEXTO establece: “Los daños y perjuicios, constituyen un concepto de los principales en la función tutelar y reparadora del derecho.-Ambas voces se relacionan por completarse, puesto que todo daño provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene de un daño, en ese sentido jurídico, se considera como daño al mal que se causa a una persona o cosa, y por perjuicio, la perdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva que ha dejado de obtenerse.- Y siendo que nos encontramos ante el incumplimiento de un contrato de construcción de obras civiles, en la que una de las partes se obliga a hacer una cosa y la otra a pagar un importe por el mismo, la norma civil en su artículo 1386 manda que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento a la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambas casos, no obstante mediante las pruebas aportadas y que han sido valoradas oportunamente, ha sido posible observar y a la vez concluir en que efectivamente TCONSA abandono el proyecto para la construcción de obras civiles que le fue encomendada en el Parque Eólico Cerro de Hula, por COPRECA su contratante; sin embargo también se concluye que si TCONSA incumplió sus obligaciones fue como respuesta al incumplimiento de pago por parte de COPRECA, por lo que ambas empresas incumplieron las cláusulas del contrato que suscribieron, pues una empujo a la otra a incumplió el mismo, y siendo que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando se cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos, por lo que ambas partes tienen el mismo grado de culpabilidad en el mismo, no estimándose procedente el pago de los daños y perjuicios reclamados, mediante la presente acción; así como al importa de la penalización pues ninguna de las partes fue cabal en su actuar con el estricto cumplimiento del contrato de mérito, aunado al hecho de que no fue posible corroborar el estado en que encontraban las obras construidas por TCONSA al momento del abandono, pues la demanda fue incoada mas un año después de terminadas las obras a su legítimo propietario, por lo que no fue posible probar su procedencia.- “(Subrayados nuestros).- Por su parte, la Sentencia Definitiva de fecha catorce de junio de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su motivación fáctica y jurídica, en sus numerales nueve (9) y trece (13) establece: “9.- En cuanto a la reconvención formulada por la parte demandada CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMÉRICA S, DE R. L. DE C. V., o sus siglas COPRECA, S.A de C. V. contra TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. V., conocida por sus siglas TCONSA.: se reclama por dos conceptos diferentes, por un lado que se decrete la Resolución del Contrato de Construcción, por otro lado pago de daños e indemnización de perjuicios por incumplimiento de un contrato y por último pago de penalización contractual.- En cuanto a la resolución del Contrato y la Penalización Contractual, los mismos se encuentran establecidos en el propio Contrato firmado y reconocido por ambas partes, y en relación a la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, la parte demandante principal acepta que abandono la obra por razones de incumplimiento en el pago por parte de la demandada lo que no fue alegado en este proceso, ya que la pretensión se establece en el pago de cantidad de dinero por obras adicionales y mediante orden verbal por parte de la contratante y demandada.” “13. En cuanto a la demanda de reconvención en la que se reclaman pago de cantidad de dinero por daños y perjuicios, resolución del contrato y el pago de penalización contractual por abandono de la obra por parte de la Contratada Tconsa, aunque la parte demandada por la vía de reconvención asumió este hecho, aduciendo que lo había hecho por la falta de pago por parte de la Contratista Copreca, S.A. de C. V., en este proceso no se han probado los daños y perjuicios caudados por tal retiro del proyecto, ya que la contratista inmediatamente subcontrato a dos compañías mas para que terminaran el trabajo que faltaba como lo son la Compañía SAAC y la Empresa Construcciones 153.” Ambos fallos absuelven a la Demandada por Reconvención TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. V., (TCONSA), del pago de los daños y perjuicios causados así como el pago de la multa por incumplimiento contractual. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación se basa en lo previsto en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. La infracción cometida por la aplicación de una norma jurídica material que incide directamente sobre la decisión que resolvió el fondo del proceso. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda, resuelven el asunto sometido a su conocimiento sobre la base de una interpretación indebida de una norma de Derecho, aplicable al caso concreto. En primer lugar, nos referimos a la aplicación indebida del Artículo 1356 del Código Civil el cual establece: “En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.”, Este basamento sirvió para que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, desestimara nuestra petición efectuada vía Reconvención, para pago de la multa contractual, así como de los daños y perjuicios causados por el abandono de la obra por parte de la demandada por reconvención, esto a pesar que dicha parte reconvenida, y como lo recogen ambos fallos aceptó haber abandonado la obra para la cual fue contratada. Concretamente, la sentencia de segunda instancia, aunque acepta en parte los razonamientos de la de primera instancia, aplica una norma sustantiva omitida por el primer fallo, la sentencia de segundo grado señala: “ no obstante mediante las pruebas aportadas y que han sido valoradas oportunamente, ha sido posible observar y a la vez concluir en que efectivamente TCONSA abandono el proyecto para la construcción de obras civiles que le fue encomendada en el Parque Eólico Cerro de Hula, por COPRECA su contratante; sin embargo también se concluye que si TCONSA incumplió sus obligaciones fue como respuesta al incumplimiento de pago por parte de COPRECA, por lo que ambas empresas incumplieron las cláusulas del contrato que suscribieron”, y luego hace la aplicación de la norma sustantiva (artículo 1356 del Código Civil), cuando señala: “y siendo que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando se cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos, por lo que ambas partes tienen el mismo grado de culpabilidad en el mismo, no estimándose procedente el pago de los daños y perjuicios reclamados, mediante la presente acción; así como al importa de la penalización pues ninguna de las partes fue cabal en su actuar con el estricto cumplimiento del contrato de mérito...”(Subrayado nuestro). Omitió la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, considerar a la hora de hacer su apoyo de dicha norma, que la misma tiene una expreso señalamiento o condición “sine qua non”, para que se de el primero de los incumplimientos, y es que este se produzca por el no cumplimiento de la obligación contractual en la forma y tiempo debido, lo cual en el caso de autos, nunca se hizo así, por parte COPRECA. La excepción conocida como: “non adimpleti contractus” (excepción de contrato no cumplido), llamada también excepción de incumplimiento, es la faculta que tiene la parte inocente de un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando su contraparte le exige el cumplimiento, sin haber cumplido a su vez con su propia obligación. Pero ésta alegación debe rechazarse cuando sea opuesta a las reglas de la buena fe (artículo 1546 del Código Civil), como ocurre cuando se quiere hacer valer por el simple atrasado en un supuesto pago, máxime que el mismo no se tramitó o exigió en la forma y tiempo debido, hay que concluir afirmando que sería contrario a la buena fe, y a la seguridad jurídica facultar al demandante para hacerse justicia con sus propios actos, y en el tiempo y bajo la forma o condiciones que decida él, y que no por medio de los juzgados y tribunales de la república que son los únicos llamados a juzgar y ejecutar lo juzgado. La aplicación indebida del Artículo 1356 del Código Civil es evidente. Como evidente es que igual en este apartado que de la sentencia de segunda instancia al igual que la de primera, no aplicaron lo preceptuado por el Artículo 1348 del Código Civil el cual establece: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” En la Cláusula Segunda Numeral 10 del Contrato suscrito por Concreto Preesforzado de Centro América, Sociedad Anónima de Capital Variable, (COPRECA) como Contratante y Terracería y Construcción, S.A. de C.V., (TCONSA), como Contratista las partes establecieron: 10) PENALIZACIONES: DOS POR CIENTO (2%) del monto final del CONTRATO, por cada semana parcial o completa de demora a partir de las fechas pactadas para inicio y terminación de las obras en el presente contrato, con un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe final. Sí existe un abandono de la obra, y por ende resolución de contrato por incumplimiento de la contratista, aceptada esto último mediante allanamiento por ésta, es procedente la aplicación de la penalización contractual, al igual que los daños y perjuicios causados. Acá la Infracción de ley se produce cuando el juzgador, deja de aplicar la norma expresa al caso concreto, al no ser entendida rectamente la misma, y se hace aplicación de ella de una manera de llegar a consecuencias jurídicas contrarías a las requeridas por la ley.” II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1. Que en uso al derecho de impugnación que le asiste, el día ocho de enero del año dos mil quince, el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL, en su condición de representante procesal de la sociedad CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (COPRECA, S.A. de C.V.), presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Dicho Recurso invoca TRES motivos casacionales, al amparo de lo que preceptúan los artículos 14, 690, 716 y 719 del Código Procesal Civil. 2. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: De manera sucinta se relaciona este motivo en vista de estar transcrita en los antecedentes de hecho. El Impetrante denuncia infracción de norma sustantiva proveniente de la falta de aplicación correcta y consecuentemente su aplicación errónea o incorrecta del artículo 1576 del Código Civil, y que manifiesta su incidencia directamente sobre la decisión que resolvió el fondo del proceso. Explica para ello que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de segunda, resuelven el asunto sometido a su conocimiento sobre la base de normas completamente inaplicables al caso concreto, lo que conlleva la falta de aplicación de otras, que si lo son, lo que denota según su parecer, que ambos fallos fueron dictados en una aparente pero inexacta “equidad” mas no en derecho. Señala que ambas instancias en sus fallos si bien señalaron uniformemente el contenido del artículo 1576 del Código Civil el cual expresa: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas.”; lo cierto es que sólo lo enunciaron pero nunca lo aplicaron al caso concreto, lo que constituye una falsa aplicación de la ley. Aduce el Impetrante que ambas instancias han desconocido el principio denominado “in claris non fit interpretatio”, y por el cual se señala puntualmente que la interpretación sólo opera cuando los términos del contrato no resultan claros, o sean dudosos, ambiguos o contradictorios; significando que ante expresiones claras y precisas se excluye todo tipo de interpretación, y que de igual manera se omitió la aplicación del principio de “la autonomía de la voluntad de las partes”, por el cual se entiende que el contrato sólo concierne y obliga a quienes en él participan, el universo de sus estipulaciones se erige en un reducto cerrado que, en línea de principio, es territorio vedado para quienes están fuera de sus márgenes. Continua el impetrante manifestando que en el contrato de ejecución de obra y suministro de equipo y personal, suscrito entre las empresas TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., (TCONSA), y CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. DE C.V., (COPRECA), en la cláusula segunda, numeral sexto, párrafo final, se ha dejado estipulado lo siguiente: “se hace constar de manera expresa que solo serán válidos, legales y contractuales aquellos documentos que sean aceptados y firmados por el Director de Proyecto por lo que cualquier documento firmado por el personal del Contratista que no lleve la firma del Director del Proyecto se considerara como no valido y por lo tanto no tendrá ningún efecto”. Señala el impetrante que tanto la Corte de Apelaciones, como el Juzgado de Primera Instancia, en las sentencias recurridas reafirman un hecho cierto y que tienen por probado. Así en la sentencia del juez a-quo en los fundamentos jurídicos: “12… en relación a documentación recibida por el Ingeniero Miguel Ignacio Kolomi, ha quedado probado en este juicio que el solamente era un Consultor con obligaciones específicas, pero nunca como Director del Proyecto, por lo tanto el mismo manifestó que solamente recibió documentos pero no estaba autorizado para aprobarlos y aceptarles como válidos.”, y por su parte la sentencia del a-quem establece: “el director del proyecto lo desempeño el señor RAFAEL ORTIZ y posteriormente EMILIO VILCHIS; no obstante del estudio de toda la carga probatoria de ambas partes, ha sido posible deducir que el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, efectivamente desempeñaba las funciones de Director del Proyecto y así era reconocido tanto para TCONSA, como para el resto de las compañías constructoras.” Explica el impetrante que siendo un hecho indubitado y por ende probado en juicio, tal y como lo señalan las referidas sentencias, que el señor Miguel Ignacio Kolomi, nunca fue el Director de proyecto por parte de COPRECA, por lo tanto no puede hacerse conjeturas interpretativas al contrato, señalando al consultor Ignacio Kolomi como Director del Proyecto. Arguye el recurrente que si bien es cierto que ambas instancias coincidieron en invocar el artículo 1576 del Código Civil, pero en ambos fallos se hace una falsa aplicación del mismo, lo cual determina precisamente la resolución en un sentido contrario al enunciado por la ley. 2.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente establece como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. 2.2. El impetrante en el primero de los motivos invocados cuestiona que en el caso de autos por parte de ambas instancias en los fallos que han proferido, se ha hecho una aplicación falsa de lo preceptuado por el artículo 1576 del Código Civil, y que consecuentemente de ello en los fallos dictados se hacen en una aparente pero inexacta “equidad” más no en derecho. De lo expuesto por el impetrante llama la atención nuestra, si bien es cierto el mismo ha señalado que la sentencia que se impugna en esta vía de casación es la proferida por el tribunal de alzada; también lo es que hace cita y cuestiona en esta vía de casación la sentencia dictada en primera instancia; con lo cual en este primer motivo el recurrente omite de manera absoluta toda la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el articulo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, todos del Código Procesal Civil. De lo planteado por el recurrente se desprende que existe: a) La falta de fundamentación separada y clara, con precisión y justificación de la infracción denunciada; b) Que el casacionista comparece transcribiendo el artículo 1576 del Código Civil, arguyendo que el mismo en ambas instancias jurisdiccionales se ha aplicado de manera falsa; con lo cual el recurrente no establece una relación entre la infracción de esta norma con la parte dispositiva de la sentencia impetrada, lo que hace imposible determinar la razón real de su recurrencia; c) Relaciona el impetrante la aplicación falsa del artículo 1576 del Código Civil, con lo establecido por el tribunal de alzada en su fallo, cuando tiene como un hecho probado que: “El director del proyecto lo desempeño el señor RAFAEL ORTIZ y posteriormente EMILIO VILCHIS; no obstante del estudio de toda la carga probatoria de ambas partes, ha sido posible deducir que el señor MIGUEL IGNASIO KOLOMI, efectivamente desempeñaba las funciones de Director del Proyecto y así era reconocido tanto para TCONSA, como para el resto de las compañías constructoras.”; con lo cual el recurrente olvida que en materia casacional queda excluida la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba, tal y lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; y, d) El artículo 717 del Código Procesal Civil establece que sólo son recurribles en casación las sentencias y resoluciones que pongan fin al pleito dictadas por las Cortes de Apelaciones, así como otras establecidas por ley. En el presente motivo el recurrente al citar el fallo de primera instancia pretende con ello que la Sala de lo Civil se pronuncie no solo sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, si no que también vaya más allá y conozca del fallo proferido por el a-quo, mismo que en este caso le compete conocer únicamente a la Corte de Apelaciones de su circunscripción judicial, tal como lo establece el artículo 706.2 del Código Procesal Civil. Asimismo es preciso recordar al impetrante, que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal, con lo cual en estricto apego a la técnica casacional debemos entender que el recurso de casación únicamente deberá dirigirse contra los autos y sentencias que pongan termino al pleito haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones. 3. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Manifiesta el recurrente en este motivo una doble infracción, la primera de ellas dice se suscita por parte de la primera instancia, cuando el juez a-quo en la parte dispositiva de su sentencia definitiva, en el numeral segundo, establece lo siguiente: “2) Estimo parcialmente la demanda reconvencional y debo de declarar y declaro resuelto el Contrato Privado de Construcción de Obras Civiles celebrado entre Concreto Preesforzado de Centroamérica S, de R. L. de C. V., o sus siglas (COPRECA, S.A. de C. V.) y Terracería y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, SA. de C. V.), de fecha 22 de diciembre del año 2010 en virtud de que ambas partes están de acuerdo, según lo indicada la demandada por reconvención en la que manifiesta que se adhiere a la Resolución el mismo, y debo de absolver y absuelvo a la demanda por vía de Reconvención Terracería y Construcción, S.A. de C. V., conocida por sus siglas (TCONSA, S.A. de C. V) del resto de los pedimentos de la reconvención.” Arguye que tal y como se expresó en el hecho Quinto de su demanda por vía de reconvención, y que fue oportunamente alegado en el recurso de apelación mediante agravio segundo, su representada demandó la resolución por incumplimiento del contrato para la construcción de obras de ingeniería civil en el proyecto denominado “parque eólico cerro de hula”, suscrito entre las sociedades mercantiles: Concreto Preesforzado de Centro América, Sociedad Anónima de Capital Variable, (COPRECA) como Contratante y Terracería y Construcción, S.A. de C.V., (TCONSA), como Contratista; lo pedido lo amparamos en el Artículo 1386 del Código Civil que establece: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de Intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, al no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo...”. Señala que el precepto invocado, establece la consecuencia jurídica condicionada para el determinado supuesto del incumplimiento contractual, y que en el caso de autos al momento de contestar la demanda por vía de reconvención, la demandada Terracería y Construcción, S.A. de C. V., (TCONSA), en su hecho quinto se allana a tal hecho demandado (f. doscientos veintiuno 221), y así lo estimo y lo aprecio la juzgadora de primera instancia en la parte dispositiva de la sentencia en su numeral segundo, y de igual forma lo acepta la sentencia de segunda instancia en su motivación séptima. Y que en razón de lo anterior la señora juez de primera instancia debió, y en defecto de ella la Corte de Apelaciones, al dictar sus sentencias, condenar al demandado por tal hecho, de acuerdo con lo solicitado por el actor, es decir declarando la resolución del contrato por incumplimiento contractual, y no: “. . . en virtud de que ambas partes están de acuerdo...”, por lo que tal apreciación errónea de ambas instancias, porque una de las parte demando la resolución del contrato por incumplimiento y la otra expresamente se allana a tal petición, es decir acepta lo demandado. De todo lo cual se establece que ambas sentencias derivan en la incongruencia, con lo cual se quebranta el artículo 485.2 del Código Procesal Civil, amén de que la ausencia de los requisitos internos de la sentencia de primera instancia señalados por el artículo 200.2 del Código Procesal Civil, fueron invocados por medio del recurso de apelación, expresando el agravio correspondiente, mismo que fue desestimado por la Corte de Apelaciones. Finalmente señala el recurrente que la sentencia que inicia esta incongruencia es la dictada por el tribunal de primera instancia y que se ve confirmada en ese aspecto, por la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, la que además no reconoció la existencia de quebrantamiento de los requisitos de forma de la sentencia recurrida, así como que el contenido de tal sentencia de primera instancia no era congruente con los razonamientos facticos, y las pretensiones de las partes. 3.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente establece como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que trata de los errores producidos en la sentencia por infracción en el contenido formal de las resoluciones, de modo que se puede impugnar la falta de congruencia de la sentencia, en relación con lo establecido en los artículos 200.2; literal c) y 206.2 ambos del Código Procesal Civil, al ser el contenido de la sentencia completamente incongruente con la demanda de reconvención y el allanamiento a la misma en cuanto a la resolución del contrato por incumplimiento. 3.2. Respecto de los alegatos planteados por el recurrente en este segundo motivo, en el que invoca como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; arguyendo la vulneración de los artículos 200.2 literal c) y 206.2 ambos del Código Procesal Civil, artículos que básicamente tienen que ver el primero de ellos con el contenido formal de las sentencias, en lo se refiere a los fundamentos de derecho; y el segundo respecto de los requisitos internos de la sentencia que tiene que ver con que el tribunal deberá resolver con las normas aplicables al caso, aunque estas no hayan sido citadas acertadamente o alegadas por los litigantes; alegatos que no son de recibo por parte nuestra, ello en virtud de que el recurrente nuevamente incurre en el error de cuestionar en esta vía de casación tanto la sentencia dictada por el a-quo como la sentencia proferida por el Tribunal ad-quem, por estimar que las mismas son incongruentes. La sala, amén de lo anterior, no encuentra que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada y que es el único sobre el cual podemos hacer pronunciamiento, sea incongruente, ya que el mismo contiene declaración de hechos probados, así como los demás requisitos exigidos por los artículos citados como infringidos por el impetrante, por lo que este segundo motivo resulta inadmisible. 4. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Establece nuevamente el recurrente en su último motivo de casación que en el caso de autos tanto el tribunal de primera instancia como el de segunda, han resuelto el asunto sometido a su conocimiento sobre la base de una interpretación indebida de una norma de derecho, aplicable al caso concreto, esto es en primer lugar, la aplicación indebida del artículo 1356 del Código Civil el cual establece: “En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.”, razón por la cual dice la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, desestimó la petición efectuada vía reconvención, para el pago de la multa contractual, así como de los daños y perjuicios causados por el abandono de la obra por parte de la demandada, ello a pesar de que como se recoge en ambos fallos la parte reconvenida aceptó haber abandonado la obra para la cual fue contratada. Sigue señalando el recurrente que concretamente el fallo de segunda instancia, aunque acepta en parte los razonamientos de la de primera instancia, ha hecho aplicación de una norma sustantiva omitida en el primer fallo, al señalar la sentencia de segundo grado que: “no obstante mediante las pruebas aportadas y que han sido valoradas oportunamente, ha sido posible observar y a la vez concluir en que efectivamente Tconsa abandono el proyecto para la construcción de obras civiles que le fue encomendada en el parque eólico cerro de hula, por Copreca su contratante; sin embargo también se concluye que si Tconsa incumplió sus obligaciones fue como respuesta al incumplimiento de pago por parte de Copreca, por lo que ambas empresas incumplieron las cláusulas del contrato que suscribieron”; y luego hace aplicación de la norma sustantiva del artículo 1356 del Código Civil, cuando razona: “y siendo que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos, por lo que ambas partes tienen el mismo grado de culpabilidad en el mismo, no estimándose procedente el pago de los daños y perjuicios reclamados, mediante la presente acción; así como el importe de la penalización pues ninguna de las partes fue cabal en su actuar con el estricto cumplimiento del contrato de mérito...”; arguye el impetrante que con tal razonamiento el tribunal ad-quem ha omitido que el artículo aplicado tiene un expreso señalamiento o condición “sine qua non”, para que se de el primero de los incumplimientos, es que se produzca por el no cumplimiento de la obligación contractual en la forma y tiempo debido, situación que en el caso de autos señala, nunca se hizo así, por parte de la empresa Copreca, por lo que en ese sentido no podría ser invocado el principio de “excepción de contrato no cumplido”, llamada también excepción de incumplimiento, que es la facultad que tiene la parte inocente de un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando su contraparte le exige el cumplimiento, sin haber cumplido a su vez con su propia obligación; alegación que bien puede rechazarse cuando sea opuesta a las reglas de la buena fe, tal lo dispuesto por el artículo 1546 del Código Civil, tal y como ocurre cuando se quiere hacer valer por el simple atraso en un supuesto pago, máxime que el mismo no se tramitó o exigió en la forma y tiempo debido. Que es evidente por parte de ambas instancias la aplicación indebida del artículo 1356 del Código Civil, como evidente resulta que la sentencia de segunda instancia al igual que la de primera, no aplicaron lo preceptuado por el artículo 1348 del Código Civil que establece: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”; ello debido a que en el contrato suscrito entre las sociedades Concreto Preesforzado de Centro América, S.A. de C.V. (COPRECA), como contratante y Terracería y Construcción, S.A. de C.V., (TCONSA), como contratista, establecieron en la cláusula segunda numeral 10 del mismo penalizaciones sí existe un abandono de la obra, y por ende la resolución del contrato por incumplimiento de la contratista, esto último aceptado mediante el allanamiento por ésta, por lo que resulta procedente la aplicación de la penalización contractual, al igual que los daños y perjuicios causados. Concluye el recurrente que la infracción de ley se produce en el caso de autos cuando el juzgador, deja de aplicar la norma expresa al caso concreto, al no ser entendida rectamente la misma, y se hace aplicación de ella de una manera de llegar a consecuencias jurídicas contrarías a las requeridas por la ley. 4.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente estima como precepto autorizante en este motivo de casación lo previsto en el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. 4.2. La sala encuentra que el recurrente en el tercer motivo de casación vuelve a omitir de manera absoluta toda técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, del Código Procesal Civil, tal como ya se ha expresado en la presente resolución. Las razones de tal conclusión son las siguientes: a) Comparece con una exposición propia y no con que la determinación concreta de la infracción que lo llama a interponer el presente recurso; es preciso señalar que en la interposición del recurso el impetrante debe manifestar en qué perjudica al orden legal la aplicación indebida de cada uno de los artículos citados como vulnerados; y, b) Cierto es que impugna contra la sentencia dictada en segunda instancia, sin embargo vuelve nuevamente a impetrar contra la sentencia dictada en la primera instancia, cuando ya se ha establecido en la presente resolución que es órgano competente la Corte de Apelaciones de la sección judicial, recordándole lo dispuesto en el artículo 706 del Código Procesal Civil. No resulta posible a la Sala de lo Civil conocer una recurrencia que se sustenta en dos diferentes instancias donde en una de ellas sería competente y en la otra no. 5. Señalado lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación que nos ocupa en sus tres motivos, y consecuentemente concita su inadmisión al tenor de la causal prevista en el artículo 723.2, literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: I.- LA INADMISIÓN en sus tres motivos del recurso de casación, formalizado por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL, en su condición de representante procesal de la sociedad CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (COPRECA), contra la sentencia dictada en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación con la demanda ordinaria de pago, indemnización de daños y perjuicios por mora en el pago, incumplimiento de un contrato, interpuesta por el abogado JOSÉ TOMAS GUILLEN, representando procesalmente al señor EDGARDO ALFONSO REYES CRUZ, quien actúa como Presidente y representante procesal de la empresa mercantil TERRACERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. conocida por sus siglas (TCONSA) contra la empresa mercantil CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V., ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el cinco de noviembre de dos mil catorce, en el expediente número 177-13 C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 0501-2012-01722 LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente; y, IV.- Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAN Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de Septiembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación de la Sentencia de fecha quince de Agosto de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 29=2015.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL