Sentencia CC-283-14 — Registro 5847
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda por la vía del proceso ordinario declarativo mediante acumulación de pretensiones, para que como pretensión principal se declare la nulidad de una cláusula compromisoria arbitral que se contiene en el contrato de distribuidor suscrito entre importador y exportadora y con lugar la declinatoria opuesta por la parte demandada y se abstiene de continuar conociendo de las presentes diligencias y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Por las características que se han analizado en el presente motivo recursivo, esta Sala de lo Civil considera prudente hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[1] El impetrante es falto de claridad y precisión al no establecer la razón por la cual considera que la Corte Sentenciadora ha infringido el artículo 24 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil[2] al negarle a IMEXSA la posibilidad de alegar en el fuero jurisdiccional la nulidad de una cláusula arbitral por existir cláusula de sometimiento de conflicto a fuero arbitral ya que OMITE cualquier tipo de motivación que explique por que el precepto considerado como infringido debe de relacionarse con el artículo 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos principalmente por inobservar los principios hermenéuticos interpretativos de la acción y tutela judicial Pro Homine y Principio Pro Actione. La Sala de lo Civil hace un énfasis particular en respuesta a ésta supuesta infracción al articulo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “… que la protección judicial supone, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”. De esta manera, la literalidad textual del artículo 25 de la Convención, la Corte sostiene que “la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir [ante estos]” Es decir que, “además de la existencia formal de los recursos, éstos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes”.[3] El casacionista ha gozado de la garantía contemplada en el principio de doble instancia, e incluso el extraordinario de casación, al tener respuesta concreta a una controversia jurídica, aunque la misma no se favorable a su pretensión, por lo tanto se han respetado los convenios y tratados en los cuales Honduras se encuentra adscrito en su más amplia concepción. Lo anterior es claro ejemplo que ningún recurrente puede dejar al libre arbitrio de la Corte Suprema de Justicia la deducción del alcance petitorio de su propio recurso, más aún cuando considera inobservancia de los Principios antes enunciados, ya que al tener estos alcance universal, son aplicables para todas las partes del proceso sin distinción alguna, por lo tanto la falta de un argumento debidamente motivado imposibilita determinar la infracción denunciada. Siguiendo con el motivo in examine, el impetrante hace una redirección recursiva al considerar también, sin separación ni claridad, que existe OMISION al aplicar las normas reguladoras de la jurisdicción en el inciso d numeral 2 del artículo 24 del Código Procesal Civil que establece que los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se le sometan cuanto exista convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje. Contra esta parte dispositiva el recurrente no determina cuales son las razones concretas por las cuales se debe considerar que dicho convenio o cláusula que somete a arbitraje NO ES VALIDA. Es un deber absoluto del impetrante el establecer con claridad y precisión las razones que considera invalidan la cláusula en referencia; por tanto la falta de claridad, exhaustividad y el abrogar dos diferentes infracciones para un mismo motivo son la razón por la cual no es susceptible a casación este primer motivo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El recurrente invoca el 719 numeral 1 literal a) del Código Procesal Civil. Impugna la inaplicación de normas procesales que regulan la Jurisdicción. 3.2 En el presente motivo el recurrente no es claro, tampoco preciso en cuanto al alcance de la infracción denunciada. El impetrante comprende que existe infracción de norma procesal en el Artículo 24 numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 39 párrafo tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, normas que se leen de la siguiente manera: Artículo 24 numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil: “Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes… d) Exista convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje”; relacionándolo con el Artículo 39 párrafo tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que en su parte conducente dice: “Sin perjuicio de lo anterior, cuando la nulidad completa de un contrato procede de una sentencia judicial firme el convenio arbitral no subsistirá”. Analizado el motivo que nos ocupa encontramos que se recurre en contra de dos situaciones jurídicas que no pueden ser relacionadas en el mismo motivo ya que la primera es de orden procesal adjetiva y la segunda es de orden especial sustantiva, por lo cual son incompatibles entre si; por consiguiente no se puede vincular el alcance de cada una de ellas. De igual forma el dicente no es claro en su pretensión recursiva, ya que afirma como correcto el alcance resolutivo de las instancias, pues reconoce la excepción de competencia conocida como declinatoria, pero denuncia la indebida omisión del articulo 39 Ley de Conciliación y Arbitraje que establece: “…cuando la nulidad completa de un contrato procede de una sentencia judicial firme el convenio arbitral no subsistirá”, olvidando que su pretensión principal se circunscribe en la nulidad de una cláusula arbitral y no a la totalidad del contrato en donde la misma obra, con lo cual pretende confundir a esta Sala dando un sentido inverso a la norma invocada. Toda esta falta de claridad y precisión es reconocida por el mismo recurrente al expresar en el acápite de su escrito recursivo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra a) (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El casacionista dispone el artículo 719 numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que impugna la errónea interpretación de las normas procesales que regulan la jurisdicción. 4.2 En respuesta al presente motivo, primero hay que recordar que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prepara textos legislativos internacionales para ayudar a los Estados a modernizar el derecho mercantil y textos no legislativos para facilitar las negociaciones entre las partes en operaciones comerciales. Los textos legislativos, entre otros se encuentra la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional que establece en su Capitulo II del artículo 8 lo siguiente: Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal: 1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbítrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. Por su parte en el Capitulo IV articulo 16 del pre citado texto legal establece: Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia 1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbítrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora. 3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 2) del presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente conforme al artículo 6 que resuelva la cuestión, y la resolución de este tribunal será inapelable; mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo. Visto lo anterior, la Sala de lo Civil no encuentra argumento válido que sustente el motivo in examine, ya que el casacionista es por demás impreciso para determinar cual es el agravio por el cual comparece a esta Jurisdicción extraordinaria. Alega “La violación del derecho de Tutela Jurídica Efectiva y Acceso a la Justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de anular una cláusula arbitral, y su derecho resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de distribuidor, ya que el Ad Quem, entre otros fundamentos de derecho, ha hecho uso del articulo 8 en relación al artículo 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI) haciendo una interpretación literal que dice que solamente los árbitros tienen la facultad de resolver la nulidad del convenio arbitral, “…sin que del cuerpo y texto de las referida cita se aprecie que la facultad de resolución de los árbitros respecto de la nulidad SEA EXCLUYENTE de la facultad judicial, o dicho de otra manera, que la facultad arbitral excluya la posibilidad judicial de revisión de la eficacia de la cláusula compromisoria, más aun entendiéndose que el artículo 16 precitado referencia la posibilidad del Tribunal Arbitral de resolver las EXCEPCIONES relacionadas a la nulidad de la cláusula arbitral…” Se considera que existe imprecisión por el hecho de que el recurrente no se percata que sí ha gozado de todos los derechos y prerrogativas de una TUTELA JURIDICA EFECTIVA, al permitírsele hacer uso de todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinario, para la defensa de sus intereses, lo cual conlleva como ineludible concatenación a un ACCESO A LA JUSTICIA, la que no siempre será conforme a sus pretensiones. Adicionado a lo anterior hace falta claridad y precisión en determinar cual es la interpretación errónea de los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo CNUDMI) para considerar que se infringe el derecho de Tutela Jurídica Efectiva y Acceso a la Justicia. Es importante recordar LA NOTA EXPLICATIVA DE LA SECRETARIA DE LA CNUDMI SOBRE LA LEY MODELO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL, en su acápite denominado Ámbito sustantivo y territorial de aplicación, establece en su numeral 10: “…La Ley Modelo define como internacional un arbitraje si "las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes" (párrafo 3) del artículo 1). La inmensa mayoría de las situaciones que suelen considerarse internacionales responden a ese criterio. Además, un arbitraje es internacional si el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento del contrato, o el lugar del objeto del litigio están situados fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos, o si las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.”[1] Sobre todo ello hay que recalcar que los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo CNUDMI) son normas sustantivas y se ha promovido un motivo casacional con una causal propia para la interpretación de las normas procesales (articulo 719 numeral 1), por lo cual resulta inadmisible a trámite el presente recurso conforme a la jurisprudencia actual.[2] 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa lo siguiente: “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b) …”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numerla 2, letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en la fecha indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES:
La sociedad IMPORTADOR Y EXPORTADORA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, “IMEXSA”, representada en juicio por
el abogado WILFREDO MISAEL GARCIA
CASTILLO, en su condición de recurrente; siendo recurridas las sociedades SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION y MOTTS LLP, representadas en juicio por el abogado ULISES MEJIA LEON GOMEZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO MEDIANTE ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, PARA QUE COMO PRETENSIÓN PRINCIPAL SE DECLARE LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA COMPROMISORIA ARBITRAL QUE SE CONTIENE EN EL CONTRATO DE DISTRIBUIDOR SUSCRITO ENTRE IMPORTADOR Y EXPORTADORA S.A. DE C.V., Y SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION Y MOTTS LLP EN FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2010 POR LA EXISTENCIA DE VICIOS EN LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ
DE LOS CONTRATOS; POR ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEMANDA PARA QUE SE DECLARE
QUE LAS EMPRESAS SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION Y MOTTS LLP, HAN INCUMPLIDO EL CONTRATO DE DISTRIBUIDOR SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL IMPORTADOR Y EXPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL HABERLO TERMINADO DE MANERA ILEGAL Y ANTICIPADA; Y QUE SE CONDENE A LAS EMPRESAS SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION Y MOTTS LLP AL PAGO DE QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 44/100 (US
$516,851.44) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA DE CURSO LEGAL EN HONDURAS, A FAVOR DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL IMPORTADOR Y EXPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ARTICULO 14 DE LA LEY DE
REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES Y AGENTES DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DISTRIBUIDOR SUSCRITO CON IMPORTADOR Y
EXPORTADORA S.A. DE C.V., AL HABERLO TERMINADO DE MANERA ILEGAL Y ANTICIPADA”, promovida
en fecha quince de marzo del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil
de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el
abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO,
en su condición de representante procesal de la sociedad IMPORTADOR y EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por
su abreviatura IMPORTADOR Y EXPORTADORA
S.A. DE C.V. (IMEXSA), contra las empresas SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION y MOTTS LLP. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación del auto definitivo de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO el auto definitivo dictado por el A-quo, mismo que falló de la siguiente manera “1. Declara CON LUGAR la Declinatoria opuesta por la parte demandada; 2. Se abstiene de continuar conociendo de las presentes diligencias; y, 3. Ordena el sobreseimiento del presente proceso”. SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil IMPORTADOR y EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, “IMEXSA”, abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, presentó en fecha dos de septiembre del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha ocho de septiembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de las sociedades mercantiles SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION y MOTTS LLP, abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, presentó
en fecha uno de octubre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento
sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la
contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, tener por
pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la
Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para
proseguir con el trámite correspondiente.
CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO y ULISES MEJIA LEON GOMEZ, ambos en sus
condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha
catorce de octubre del año dos mil catorce, resolviendo este Tribunal, tenerlos
por personados dentro del plazo concedido. QUINTO:
Que la parte recurrente, plantea
su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones
Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN I PRIMER
MOTIVO DE CASACIÓN: FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE
REGULAN LA JURISDICCIÓN, CUYA
INAPLICACIÓN DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LA DEMANDANTE, NEGANDOSELE LA CON-NATURAL GARANTIA
DE RESOLVER JURISDICCIONALMENTE SUS CONFLICTOS, CUYA TUTELA SE ROGÓ AL JUZGADO
INSTRUCTOR. CAUSAL DEL PRIMER MOTIVO
DE CASACIÓN: De conformidad al artículo 719.1.a) del Código Procesal Civil, se impugna la inaplicación de
normas procesales que regulan la Jurisdicción. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Artículo 24.2. d) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 25 de la Convención Americana de
Derecho Humanos (Pacto de San José). IDENTIFICACIÓN
DEL VICIO QUE LO CAUSA: La no aplicación del 24.2.d) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto de San José). AGRAVIO
O PERJUICIO SUFRIDO: La violación del derecho de Tutela Judicial Efectiva y Acceso
a la justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de alegar en
estrados judiciales la nulidad de una
cláusula arbitral, y su derecho resarcitorio por terminación ilegal e
injustificada de un contrato de distribuidor, al entender la Corte de
Apelaciones (confirmando el criterio del Juzgado Instructor) que solamente los árbitros tienen la
facultad de resolver la nulidad del convenio arbitral, conclusión a la que
arriba por la inaplicación del artículo 24.2.d)
del Código Procesal Civil, preceptivo de que únicamente la cláusula
arbitral válida constituirá un límite jurisdiccional oponible en causas
judiciales, el que aplicado debe referenciarse con el artículo 25 de la
Convención Americana de Derecho Humanos, especialmente en sus principios
hermenéuticos “pro homine” y “pro actione”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:
La sentencia recurrida ante este Supremo Tribunal de Justicia, ha omitido
aplicar normas procesales regulatorias de la Jurisdicción, al no considerar el
contenido del artículo 24.2.d) del
Código Procesal Civil en su motivación fáctico-jurídica, y en el fallo mismo de
la sentencia. El consabido artículo 24.2.d) literalmente ordena que y cito:
“Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos
que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias
siguientes: a)…,b)…,c)…,d) Exista convenio
o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje”, del
que se desprende que no toda cláusula de sometimiento a arbitraje constituirá
una excepción de la jurisdicción común, sino solamente aquellas válidas. Faculta pues el
legislador, que aun en los casos en los que las partes hayan dispuesto
convencionalmente la resolución de sus conflictos, esa contratación
compromisoria pueda ser sometida a escrutinio de eficacia y valor para
constituirse en una limitación jurisdiccional, solamente si resulta validada
(la cláusula arbitral). El artículo precitado, irrumpe en el clásico
pensamiento que “toda cláusula arbitral”
era una excepción válida al fuero jurisdiccional común, puesto que la ley
conscientemente indica que la cláusula arbitral debe ser “válida”. Surge pues del artículo 24.2.d) del Código
Procesal Civil, la siguiente interrogante: ¿Quién
debe declarar la invalidez de la cláusula compromisoria, cuando respecto de
esta se alegue la nulidad? Es al responder esta pregunta que yerra el
Tribunal Ad-Quem (al igual que el
Juzgado A-Quo), pues se inclinan a
resolver que solamente los Árbitros
están facultados para conocer de la nulidad del pacto compromisorio.
Pensar de esta forma es restringir
derechos que no se restringen por mandato de ley, y aplicar, el
criterio más limitativo en
perjuicio del interés constitucional y legal, puesto que si la norma no indica
expresamente quien debe resolver LA
ACCIÓN o DEMANDA DE NULIDAD[1] del pacto
compromisorio, entender que tal atribución la tiene exclusivamente el órgano
competencial que no ha sido requerido de tutela, va en detrimento del Derecho de Acceso a la Justicia y de la
Tutela Judicial Efectiva. En este
punto entendemos que el órgano judicial se incline a una más reservada
orientación resolutiva (en definitiva genera menos carga para el sistema
judicial), sin embargo, le resulta incomprensible a este interlocutor como es
que tal decisión llega al punto de eliminar tajantemente cualquier otro
criterio. El artículo 24.2.d) del
Código Procesal Civil, debe aplicarse en el contexto establecido por el
artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, es decir, en el contexto más amplio de
interpretación legal. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2],
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[3],
han indicado que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
--Protección Judicial-- genera 2
principios hermenéuticos interpretativos de la acción y tutela judicial a
saber: a) Principio Pro Homine, que
en materia de reconocimientos de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e,
inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de
limitación de derechos; y, b) Principio
Pro Actione, el que postula a favor de la mayor garantía y de la interpretación
más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en el
sentido de asegurar, en lo posible, más
allá de las dificultades de índole formal, una decisión judicial sobre el fondo
de la cuestión objeto del procedimiento. Esta Corte Suprema de Justicia ha
reconocido en sentencia de la Sala
Laboral Contencioso Administrativo de fecha 27 de agosto del año 2013 (Caso Marco Tulio Burgos Cordova vs El
Estado de Honduras), que existe cabida para estos principios de derecho
internacional público en el proceso hondureño. Es así pues que la pregunta
original por responder, (¿Quién debe
declarar la invalidez de la cláusula compromisoria, cuando respecto de esta se
alegue la nulidad?), a la que la Corte de Apelaciones Civil, le da la más
restrictiva y limitativa respuesta, de haberse respondido en aplicación del
artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos inclusive de sus principios
hermenéuticos, la conclusión resolutiva hubiese sido diferente, pues en lugar
de cerrar las posibilidades jurisdiccionales de una demanda ya enervada, se
hubiese preferido su continuación, lo que en definitiva no está vedado y
resulta más conveniente al derecho de
acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA.- Se impugna la
totalidad de las disposiciones resolutivas de la Sentencia de fecha 25 de julio
del año 2014 que literalmente dicen: “PRIMERO:
DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado
WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO en su condición de apoderado judicial de la
sociedad IMPORTADOR Y EXPORTADOR S.A. DE C.V. contra el auto de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil trece (F 238), dictado por el Juzgado de
Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la
demanda en la demanda por la vía de proceso ordinario para la nulidad de una
cláusula arbitral contenida en un contrato
por vicios en los requisitos esenciales para la validez de los contratos
e indemnización de daños y perjuicios promovida contra las sociedades SNAPPLE
BEVERAGE CORPORATION y MOTTS LLP.- SEGUNDO:
CONFIRMANDO el auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (F
238) dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San
Pedro Sula, Cortés, agregada al expediente de mérito.-“ IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS
PROCESALES QUE REGULAN LA JURISDICCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN
EN EL RECURSO DE APELACIÓN. En virtud que el defecto de aplicación de
las normas procesales que regulan la Jurisdicción se configuró en primera
instancia, del auto definitivo
de fecha 29 de noviembre del año 2013, que no permite más remedio que la
apelación (auto definitivo), siendo pues imposible intentar en primera
instancia su subsanación, sin embargo, esta representación incluyó como motivo
de primer agravio la falta de aplicación del artículo 24.2.d) del Código
Procesal Civil, en su recurso de apelación, con lo que se puso de manifiesto el
vicio que ahora motiva esta casación. II
SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES
QUE REGULAN LA JURISDICCION, CUYA INAPLICACIÓN DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LA DEMANDANTE,
NEGANDOSELE LA CON-NATURAL GARANTIA DE RESOLVER JUDICIALMENTE SUS CONFLICTOS,
CUYA TUTELA SE ROGÓ AL JUZGADO INSTRUCTOR. CAUSAL
DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: De conformidad al artículo 719.1.a) del Código Procesal Civil, se
impugna la inaplicación de normas procesales que regulan la Jurisdicción. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Artículo
24.2.d) del Código Procesal Civil,
en relación al artículo 39 párrafo
tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje. IDENTIFICACIÓN DEL VICIO QUE LO CAUSA: La no aplicación del 24.2.d) del Código Procesal Civil, en
relación al artículo 39 párrafo tercero de
la Ley de Conciliación y Arbitraje. AGRAVIO
O PERJUICIO SUFRIDO: La violación del derecho de Tutela Judicial Efectiva y Acceso
a la Justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de alegar en
estrados judiciales la nulidad de una cláusula arbitral, y su derecho
resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de
distribuidor, al entender la Corte de Apelaciones (confirmando el criterio del
Juzgado Instructor) que solamente los
árbitros tienen la facultad de resolver la nulidad del convenio
arbitral, conclusión a la que arriba por la inaplicación del artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil,
preceptivo de que únicamente la cláusula arbitral válida constituirá un límite
jurisdiccional oponible en causas judiciales, el que aplicado debe
referenciarse al artículo 39 párrafo
tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que determina que cuando la
nulidad completa de un contrato proceda de una sentencia judicial el convenio
arbitral no subsistirá. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Volvemos
pues al punto de partida del primer motivo de casación, consistente en la
pregunta que nos obliga a plantearnos el artículo 24.2.d) del Código Procesal
Civil: ¿Quién debe declarar la invalidez
de la cláusula compromisoria, cuando respecto de esta se alegue la nulidad? Adicional
al amplio contexto que ofrece el artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y sus principios pro
homine y pro actione, debemos
añadir la contribución del artículo 39 párrafo tercero de la Ley de
Conciliación y Arbitraje, al indicarnos qué y cito: “Sin perjuicio de lo anterior, cuando la nulidad completa de un
contrato procede de una sentencia judicial firme, el convenio arbitral no
subsistirá”. La cita legal recién referida, es clara al determinar que LAS SENTENCIAS JUDICIALES, ergo
los Juzgados y Tribunales comunes, pueden declarar la nulidad del contrato que contenga una cláusula compromisoria
(si lo analizamos en el contexto completo del artículo 39 que en su párrafo anterior indica que los árbitros incluso pueden decidir sobre
los vicios que afecten al contrato que contenga el convenio arbitral)
comprenderemos que la Ley de Conciliación y Arbitraje no confiere el monopolio
de la decisión de eficacia y validez a los órganos arbítrales, sino que permite
que los Juzgados y Tribunales comunes puedan decidir sobre la validez del
contrato que contiene cláusula arbitral, y decidida por éstos la nulidad NI SIQUIERA LA CLÁUSULA ARBITRAL
SUBSISTIRÁ, con lo cual la nulidad decretada judicialmente incluso
inválida la cláusula de arbitramiento. No puede entenderse entonces que los
árbitros o los tribunales arbítrales sean los únicos y exclusivos titulares del
derecho de decidir sobre la validez de un contrato que contenga cláusula
arbitral, ni de la validez del convenio arbitral propiamente, puesto que si las
sentencias judiciales pueden
invalidar el contrato (extendiéndose tal invalidez a la cláusula arbitral
misma), los órganos jurisdiccionales comunes también tienen facultad para
decidir sobre impugnaciones respecto de la eficacia de la cláusula arbitral. Es
doctrina admitida por los Tribunales Hondureños el principio Ad Maius Ad Minore o “el que puede lo más puede lo menos”, por
lo que si el órgano judicial (de acuerdo al artículo 39 párrafo tercero de la
Ley de Conciliación y Arbitraje) puede declarar la nulidad del contrato que
contenga cláusula arbitral, en cuyo caso la cláusula arbitral NO SUSBSISTE (lo más) ¿Por qué no podría declarar la
nulidad de la cláusula arbitral solamente? (lo menos). Pues según la Corte de Apelaciones Civil, los órganos
judiciales no están facultados a resolver sobre la nulidad de las cláusulas
arbítrales, aunque la ley los faculta
para resolver sobre la validez del contrato que contiene la cláusula arbitral,
y para decidir incluso la validez de esa cláusula arbitral misma (pues decida la nulidad la cláusula
arbitral no subsiste), postura que lleva al órgano Ad- Quem, a ponerse en contraposición de la ley. A este respecto la
Corte Suprema de los Estados Unidos Mexicanos, en un tema relacionado al
control jurisdiccional sobre la validez del convenio arbitral en la Sentencia 1a./J.25/2006 resolvió y
cito: “la posibilidad de apartar la intervención de la justicia estatal en un
conflicto, a fin de someterlo al arbitraje comercial, es una manifestación de
la potestad de los particulares para renunciar a sus derechos subjetivos y
establecer los dispositivos legales a los cuales desean someterse; de ahí que
un acuerdo de arbitraje pueda estar incluido en un contrato como cláusula
compromisoria, lo que por regla general otorga su competencia a los árbitros
para intervenir, conocer y decidir aun sobre la existencia o validez del propio
contrato, así como de dicha cláusula compromisoria, lo contrario violaría la
voluntad de las partes. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, cuando
ante un órgano jurisdiccional se somete el diferendo, sobre un contrato que
contenga una cláusula compromisoria, y
se ejerza al mismo tiempo la acción para que la misma se declare nula, ineficaz
o de ejecución imposible la que en dicho supuesto haría necesaria una decisión
judicial previa, sobre la acción de nulidad. Lo anterior, porque por un
lado, no debe soslayarse la existencia del debido control judicial sobre el
arbitraje, y por el otro, la competencia de los árbitros proviene de la
autonomía de la voluntad de las partes, de manera que si alega, por ejemplo, la
existencia de algún vicio de la voluntad en el acto que otorga la competencia
al árbitro, la acción de nulidad debe
resolverse previamente por el órgano jurisdiccional…”. Es así pues que
la sentencia recurrida en casación viola el artículo 24.2.d) del Código
Procesal Civil en relación al artículo 39 párrafo tercero de la Ley de
Conciliación y Arbitraje. PRONUNCIAMIENTO
QUE SE IMPUGNA.- Se impugna la totalidad de las disposiciones
resolutivas de la Sentencia de fecha 25 de julio del año 2014 que literalmente
dicen: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el
recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO
en su condición de apoderado judicial de la sociedad IMPORTADOR Y EXPORTADOR
S.A. DE C.V. contra el auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece
(F 238), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de
San Pedro Sula, Cortés, en la demanda por la vía de proceso ordinario para la
nulidad de una cláusula arbitral contenida en un contrato por vicios en los
requisitos esenciales para la validez de los contratos e indemnización de daños
y perjuicios promovida contra las sociedades SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION y
MOTTS LLP.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el
auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (F 238) dictado por el
Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés,
agregada al expediente de mérito.-“ IMPOSIBILAD
DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA
JURISDICCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN.
En virtud que el defecto de aplicación de las normas procesales que regulan la
Jurisdicción se configuró en primera instancia, del auto definitivo de fecha 29 de noviembre del año 2013, que
no permite más remedio que la apelación (auto definitivo), siendo pues
imposible intentar en primera instancia su subsanación, sin embargo, esta
representación incluyó como motivo de primer agravio la falta de aplicación del
artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil, en su recurso de apelación, con lo
que se puso de manifiesto el vicio que ahora motiva esta casación. III TERCER MOTIVO DE CASACIÓN:
LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA JURISDICCIÓN,
CUYA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO A
LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LA DEMANDANTE, NEGANDOSELE LA
CON-NATURAL GARANTIA DE RESOLVER JUDICIALMENTE SUS CONFLICTOS, CUYA TUTELA SE
ROGÓ AL JUZADO INSTRUCTOR. CAUSAL DEL
TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: De conformidad al artículo 719.1 del Código Procesal Civil, se
impugna la errónea interpretación de las normas procesales que regulan la
jurisdicción. DISPOSICIÓN INFRINGIDA:
Artículo 8 en relación al artículo 16
de la Ley Sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI). IDENTIFICACIÓN DEL VICIO QUE LO
CAUSA: La errónea interpretación del Artículo 8 en relación al artículo 16 de la Ley Sobre Arbitraje
Comercial Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI). AGRAVIO O PERJUICIO
SUFRIDO: La violación del derecho de Tutela Judicial Efectiva y Acceso
a la Justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de alegar en
estrados judiciales la nulidad de una cláusula arbitral, y su derecho
resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de
distribuidor, al interpretar la Corte de Apelaciones (confirmando el criterio
del Juzgado Instructor) que según el artículo
8 en relación al artículo 16 de
la Ley Sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI) solamente los árbitros tienen la facultad de resolver la
nulidad del convenio arbitral, sin que del cuerpo y texto de las referida cita
se aprecie que la facultad de resolución de los árbitros respecto de la nulidad
SEA EXCLUYENTE de la facultad
judicial, o lo que es lo mismo, que la facultad arbitral excluya la posibilidad
judicial de revisión de la eficacia de la cláusula compromisoria, más aun
entendiéndose que el artículo 16 precitado referencia la posibilidad del
Tribunal Arbitral de resolver las EXCEPCIONES
relacionadas a la nulidad de la cláusula arbitral. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN La sentencia ahorra recurrida en
casación, motiva su parte dispositiva, entre otras cosas, en que el Artículo 8 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional debe interpretarse restrictivamente al amparo del
contenido del artículo 16 del mismo
cuerpo legal, entendiendo pues la Corte de Apelaciones Civil, que a los efectos
de la reclamada nulidad, el único tribunal competente es el arbitral. Resulta
pues, que este criterio es tan restrictivo y limitativo, que omite considerar
lo obvio, los artículos interpretados se colocan en supuestos y momentos
procesales distintos no discriminantes mutuamente, a saber: i). El artículo 8 de la Ley Sobre
Arbitraje Comercial Internacional, regula el supuesto en el que él actor comparece ante un
tribunal judicial peticionando la tutela de sus derechos, aun a pesar de
existir cláusula para la resolución alternativa de conflictos, y es el
demandado el que opone su existencia. En este sentido el artículo 8 precitado,
indica que el Juzgado o Tribunal deberá remitir el conflicto al tribunal
arbitral competente, A MENOS QUE
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, lo
que supone que el Juzgado o Tribunal común, conocerá de la nulidad, ineficacia
o ejecución imposible del compromiso arbitral y estimándolo ineficaz, nulo o de
ejecución imposible seguirá teniendo
jurisdicción para resolver el conflicto. ii). El artículo 16 de la Ley
Sobre Arbitraje Comercial Internacional, contrario sensu indica que el Tribunal
Arbitral en el que se ventile un arbitraje puede decidir las excepciones (el demandado es el que plantea
excepciones) relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje, con
lo cual la norma supone que el demandante ha aceptado la validez del acuerdo
compromisorio y ha interpelado el auxilio jurisdiccional en la vía arbitral,
siendo el demandado el que EXCEPCIONA
la validez del acuerdo arbitral, pudiendo pues el Tribunal Arbitral decidir en
ese momento sobre la validez del acuerdo, como primer punto antes de conocer el
fondo de la demanda. Así pues los presupuestos abstractos de las normas que la
Corte de Apelaciones Civil, interpreta como un solo cuerpo normativo, realmente
regulan situaciones diferentes, no excluyentes la una de la otra. Adicional a
esta errada interpretación, restrictiva de derechos, debemos agregar que los
artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional, no son excluyentes, pues no
atribuyen de manera EXCLUSIVA
la facultad de resolver la nulidad o ineficacia del acuerdo arbitral al
tribunal de arbitramiento, indicándonos el artículo 8 antes referido, que el
Juzgado o Tribunal común puede seguir conociendo de la causa en él incoada, de
comprobarse la nulidad del convenio arbitral. La Corte de Apelaciones Civil, se
tornó más restrictiva al
incorporar en su motivación la interpretación del artículo 8.1 in fine de la Ley Sobre
Arbitraje Comercial Internacional que y cito: “entendiéndose que dicho acuerdo deberá haberse declarado nulo con
anterioridad a la interposición de la demanda en un juzgado civil”, con lo
cual despoja de todo sentido práctico los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional
allí interpretado, pues entonces en lugar de comprender la dualidad de
facultades, la Corte de Apelaciones Civil, supone que la comprobación de
nulidad ES DOCUMENTAL y que la
prueba admisible es EXCLUSIVAMENTE EL
LAUDO QUE DECLARA LA NULIDAD, extremos que no se desprenden de la
literalidad de los artículos precitados ni de una sana interpretación de sus
propios términos. Es menester recordar en este momento que al no expresar las
normas precitadas que la comprobación debe ser documental, consistente en el
laudo arbitral de nulidad, interponerlo como un óbice para acceder a la
Justicia y la Tutela Judicial Efectiva, resultan en gravámenes arbitrarios,
pues se reducen derechos y garantías constitucionales, a la interpretación
personal de una ley. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA.-
Se impugna la totalidad de las disposiciones resolutivas de la Sentencia de
fecha 25 de julio del año 2014 que literalmente dicen: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto
por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO en su condición de apoderado
judicial de la sociedad IMPORTADOR Y EXPORTADOR S.A. DE C.V. contra el auto de
fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (F 238), dictado por el Juzgado
de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la
demanda en la demanda por la vía de proceso ordinario para la nulidad de una
cláusula arbitral contenida en un contrato pro vicios en los requisitos
esenciales para la validez de los contratos e indemnización de daños y
perjuicios promovida contra las sociedades SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION y MOTTS
LLP.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (F 238) dictado por el
Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés,
agregada al expediente de mérito.-“ IMPOSIBILIDAD
DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA
JURISDICCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN.
En virtud que el defecto de aplicación de las normas procesales que regulan la
Jurisdicción se configuró en primera instancia, del auto definitivo de fecha 29 de noviembre del año 2013, que
no permite más remedio que la apelación (auto definitivo), siendo pues
imposible intentar en primera instancia su subsanación, sin embargo, esta
representación incluyó como motivo de segundo agravio la errónea interpretación
los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional, con los que se puso de
manifiesto el vicio que ahora motiva esta casación”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Aplicando lo dispuesto en los
artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1,
8 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y
Atribuciones de los Tribunales; 115, 129, 169, 190, 191, 193 literal b), 197,
199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil,
con especial énfasis en lo siguiente: 1.
Que en fecha uno de octubre del año dos mil catorce, el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, representante
procesal de la Sociedad Mercantil denominada IMPORTADOR Y EXPORTADORA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida como IMEXA, presentó escrito de
interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de
fecha veinticinco de julio del año dos mil catorce, proferida por la Corte de
Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 2. PRIMER
MOTIVO DE CASACIÓN: Para este motivo el recurrente impugna la
inaplicación de normas procesales que regulan la Jurisdicción por infracción
del artículo 24.2. d) del Código
Procesal Civil, en relación al artículo 25
de la Convención Americana de Derecho Humanos (Pacto de San José).
Considera que dicha infracción violenta el derecho de Tutela Judicial Efectiva y Acceso
a la justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de alegar en
estrados judiciales la nulidad de una
cláusula arbitral, y su derecho resarcitorio por terminación ilegal e
injustificada de un contrato de distribuidor, al entender la Corte de
Apelaciones (confirmando el criterio del Juzgado Instructor) que solamente los árbitros tienen la
facultad de resolver la nulidad del convenio arbitral, conclusión a la que
arriba por la inaplicación del artículo 24.2.d)
del Código Procesal Civil, preceptivo de que únicamente la cláusula
arbitral válida constituirá un límite jurisdiccional oponible en causas
judiciales, el que aplicado se debe referenciar con el artículo 25 de la
Convención Americana de Derecho Humanos, especialmente en sus principios
hermenéuticos “pro homine” y “pro actione”. Cita el artículo 24.2.d)
literalmente: “Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de
los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las
circunstancias siguientes: a)…,b)…,c)…,d) Exista convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a
arbitraje”, del que se desprende que no toda cláusula de sometimiento a
arbitraje constituirá una excepción de la jurisdicción común, sino solamente
aquellas válidas. Faculta pues
el legislador, que aun en los casos en los que las partes hayan dispuesto
convencionalmente la resolución de sus conflictos, esa contratación
compromisoria pueda ser sometido a escrutinio de eficacia y valor para
constituirse en una limitación jurisdiccional, solamente si resulta validada.
El artículo precitado, irrumpe en el clásico pensamiento que “toda cláusula arbitral” era una
excepción válida al fuero jurisdiccional común, puesto que la ley
conscientemente indica que la cláusula arbitral debe ser “válida”. Surge pues del artículo 24.2.d) del Código
Procesal Civil, la siguiente interrogante: ¿Quién
debe declarar la invalidez de la cláusula compromisoria, cuando respecto de
esta se alegue la nulidad? Es al responder esta pregunta que yerra el
Tribunal Ad-Quem (al igual que el
Juzgado A-Quo), pues se inclinan a
resolver que solamente los Árbitros
están facultados para conocer de la nulidad del pacto compromisorio.
Pensar de esta forma es restringir
derechos que no se restringen por mandato de ley, y aplicar, el
criterio más limitativo en
perjuicio del interés constitucional y legal, puesto que si la norma no indica
expresamente quien debe resolver LA
ACCIÓN o DEMANDA DE NULIDAD[4] del pacto
compromisorio, entender que tal atribución la tiene exclusivamente el órgano
competencial que no ha sido requerido de tutela, va en detrimento del Derecho de Acceso a la Justicia y de la
Tutela Judicial Efectiva. Tanto la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[5],
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[6],
han indicado que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
--Protección Judicial-- genera 2
principios hermenéuticos interpretativos de la acción y tutela judicial a
saber: a) Principio Pro Homine, que
en materia de reconocimientos de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e,
inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de
limitación de derechos; y, b) Principio
Pro Actione, el que postula a favor de la mayor garantía y de la interpretación
más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en el
sentido de asegurar, en lo posible, más
allá de las dificultades de índole formal, una decisión judicial sobre el fondo
de la cuestión objeto del procedimiento. Es así pues que la pregunta
original por responder, (¿Quién debe
declarar la invalidez de la cláusula compromisoria, cuando respecto de esta se
alegue la nulidad?), a la que la Corte de Apelaciones Civil, le da la más
restrictiva y limitativa respuesta, de haberse respondido en aplicación del
artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos inclusive de sus principios
hermenéuticos, la conclusión resolutiva hubiese sido diferente, pues en lugar
de cerrar las posibilidades jurisdiccionales de una demanda ya enervada, se
hubiese preferido su continuación, lo que en definitiva no está vedado y
resulta más conveniente al derecho de
acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva, por lo tanto impugna la totalidad de las disposiciones
resolutivas de la Sentencia de fecha 25 de julio del año 2014. IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN
LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA JURISDICCIÓN EN PRIMERA
INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN. En virtud que
el defecto de aplicación de las normas procesales que regulan la Jurisdicción
se configuró en primera instancia, del auto
definitivo de fecha 29 de noviembre del año 2013, que no permite más
remedio que la apelación, siendo pues imposible intentar en primera instancia
su subsanación, sin embargo, esta representación incluyó como motivo de primer
agravio la falta de aplicación del artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil,
en su recurso de apelación, con lo que se puso de manifiesto el vicio que ahora
motiva esta casación. 2.1.- PRECEPTO
AUTORIZANTE: El casacionista considera como causal recursiva el artículo 719 Numeral 1 inciso a) del Código
Procesal Civil, ya que impugna la inaplicación de normas procesales que regulan
la Jurisdicción. 2.2.- Por las características que se han analizado en el presente
motivo recursivo, esta Sala de lo Civil considera prudente hacer referencia a
las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a
preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a
una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve
posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones
ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga
en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[7] El impetrante es falto de claridad y
precisión al no establecer la razón por la cual considera que la Corte
Sentenciadora ha infringido el artículo 24 numeral 2 inciso d) del Código
Procesal Civil[8] al negarle a IMEXSA la posibilidad de alegar en el
fuero jurisdiccional la nulidad de una cláusula arbitral por existir cláusula
de sometimiento de conflicto a fuero arbitral ya que OMITE cualquier tipo de
motivación que explique por que el precepto considerado como infringido debe de
relacionarse con el artículo 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos
principalmente por inobservar los principios hermenéuticos interpretativos de
la acción y tutela judicial Pro Homine y
Principio Pro Actione. La Sala de lo
Civil hace un énfasis particular en respuesta a ésta supuesta infracción al
articulo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “… que la protección judicial
supone, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a
todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo
contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”. De esta manera, la
literalidad textual del artículo 25 de la Convención, la Corte sostiene que “la
obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce
simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o
aún a la posibilidad de recurrir [ante estos]” Es decir que, “además de la
existencia formal de los recursos, éstos deben dar resultados o respuestas a
las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución
o en las leyes”.[9] El casacionista ha
gozado de la garantía contemplada en el principio de doble instancia, e incluso
el extraordinario de casación, al tener respuesta concreta a una
controversia jurídica, aunque la misma no se favorable a su pretensión, por lo
tanto se han respetado los convenios y tratados en los cuales Honduras se
encuentra adscrito en su más amplia concepción. Lo anterior es claro ejemplo
que ningún recurrente puede dejar al libre arbitrio de la Corte Suprema de
Justicia la deducción del alcance petitorio de su propio recurso, más aún
cuando considera inobservancia de los Principios antes enunciados, ya que al
tener estos alcance universal, son aplicables para todas las partes del proceso
sin distinción alguna, por lo tanto la falta de un argumento debidamente
motivado imposibilita determinar la infracción denunciada. Siguiendo con el
motivo in examine, el impetrante hace una redirección recursiva al considerar
también, sin separación ni claridad, que existe OMISION al aplicar las normas
reguladoras de la jurisdicción en el inciso d numeral 2 del artículo
24 del Código Procesal Civil que establece que los órganos jurisdiccionales civiles
se abstendrán de conocer de los asuntos que se le sometan cuanto exista
convenio o cláusula válida de
sometimiento del conflicto a arbitraje. Contra esta parte dispositiva el
recurrente no determina cuales son las razones concretas por las cuales se debe
considerar que dicho convenio o cláusula que somete a arbitraje NO ES VALIDA.
Es un deber absoluto del impetrante el establecer con claridad y precisión las
razones que considera invalidan la cláusula en referencia; por tanto la falta
de claridad, exhaustividad y el abrogar dos diferentes infracciones para un
mismo motivo son la razón por la cual no es susceptible a casación este primer
motivo. 3.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: En este motivo el casacionista
denuncia la infracción por falta de aplicación de normas procesales que regulan
la jurisdicción, cuya inaplicación deriva en la violación de los derechos de
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de la demandante, negándosele
la garantía de resolver judicialmente sus conflictos, teniendo como norma
procesal infringida el Artículo 24
numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 39 párrafo tercero de la Ley de
Conciliación y Arbitraje. IDENTIFICA la infracción venida a casación en la no
aplicación del articulo 24 numeral 2
literal d) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 39 párrafo tercero de la Ley de
Conciliación y Arbitraje. Considera el recurrente: “… que existe agravio por
violación del derecho de Tutela Judicial
Efectiva y Acceso a la Justicia al
negarle a IMEXSA, la posibilidad de
alegar judicialmente la nulidad de una cláusula arbitral, y su derecho
resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de
distribuidor, al entender la Corte de Apelaciones que solamente los árbitros tienen la facultad de resolver la
nulidad del convenio arbitral, conclusión a la que arriba por la inaplicación
del artículo 24 numeral 2 literal d) del
Código Procesal Civil, preceptivo de que únicamente la cláusula arbitral válida
constituirá un límite jurisdiccional oponible en causas judiciales, el que
aplicado debe referenciarse al artículo 39
párrafo tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que determina que
cuando la nulidad completa de un contrato proceda de una sentencia judicial el convenio
arbitral no subsistirá. Adicional al amplio contexto que ofrece el
artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus principios pro homine y pro actione. La cita legal referida, es clara al determinar que LAS SENTENCIAS JUDICIALES, pues
los Juzgados y Tribunales comunes, pueden declarar la nulidad del contrato que contenga una cláusula compromisoria
(si lo analizamos en el contexto completo del artículo 39 que en su párrafo anterior indica que los árbitros incluso pueden decidir sobre
los vicios que afecten al contrato que contenga el convenio arbitral)
comprenderemos que la Ley de Conciliación y Arbitraje no confiere el monopolio
de la decisión de eficacia y validez a los órganos arbítrales, sino que permite
que los Juzgados y Tribunales comunes puedan decidir sobre la validez del
contrato que contiene cláusula arbitral, y decidida por éstos la nulidad ni siquiera la cláusula arbitral
subsistirá, con lo cual la nulidad decretada judicialmente incluso
inválida la cláusula de arbitramiento. A este respecto la Corte Suprema de los
Estados Unidos Mexicanos, en un tema relacionado al control jurisdiccional
sobre la validez del convenio arbitral en la Sentencia 1a./J.25/2006 resolvió y cito: “la posibilidad de apartar
la intervención de la justicia estatal en un conflicto, a fin de someterlo al
arbitraje comercial, es una manifestación de la potestad de los particulares
para renunciar a sus derechos subjetivos y establecer los dispositivos legales
a los cuales desean someterse; de ahí que un acuerdo de arbitraje pueda estar
incluido en un contrato como cláusula compromisoria, lo que por regla general
otorga su competencia a los árbitros para intervenir, conocer y decidir aun
sobre la existencia o validez del propio contrato, así como de dicha cláusula
compromisoria, lo contrario violaría la voluntad de las partes. Sin embargo,
existe una excepción a dicha regla, cuando ante un órgano jurisdiccional se
somete el diferendo, sobre un contrato que contenga una cláusula compromisoria,
y se ejerza al mismo tiempo la acción
para que la misma se declare nula, ineficaz o de ejecución imposible la que en
dicho supuesto haría necesaria una decisión judicial previa, sobre la acción de
nulidad. Lo anterior, porque por un lado, no debe soslayarse la existencia
del debido control judicial sobre el arbitraje, y por el otro, la competencia
de los árbitros proviene de la autonomía de la voluntad de las partes, de
manera que si alega, por ejemplo, la existencia de algún vicio de la voluntad
en el acto que otorga la competencia al árbitro, la acción de nulidad debe resolverse previamente por el órgano
jurisdiccional…”. Es importante
resaltar que en todo su recurrencia el casacionista tiene clara su “IMPOSIBILAD
DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA
JURISDICCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN.
En virtud que el defecto de aplicación de las normas procesales que regulan la
Jurisdicción se configuró en primera instancia, del auto definitivo de fecha 29 de noviembre del año 2013, que
no permite más remedio que la apelación (auto definitivo), siendo pues
imposible intentar en primera instancia su subsanación, sin embargo, esta
representación incluyó como motivo de primer agravio la falta de aplicación del
artículo 24.2.d) del Código Procesal Civil, en su recurso de apelación, con lo
que se puso de manifiesto el vicio que ahora motiva esta casación”. 3.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente
invoca el 719 numeral 1 literal a) del
Código Procesal Civil. Impugna la inaplicación de normas procesales que regulan
la Jurisdicción. 3.2 En el presente
motivo el recurrente no es claro, tampoco preciso en cuanto al alcance de la
infracción denunciada. El impetrante comprende que existe infracción de norma
procesal en el Artículo 24 numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 39 párrafo
tercero de la Ley de Conciliación y
Arbitraje, normas que se leen de la siguiente manera: Artículo 24 numeral 2
literal b) del Código Procesal Civil: “Los órganos jurisdiccionales civiles se
abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias siguientes… d) Exista convenio o cláusula válida de
sometimiento del conflicto a arbitraje”; relacionándolo con el Artículo
39 párrafo tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que en su parte
conducente dice: “Sin perjuicio de lo anterior, cuando la nulidad completa de
un contrato procede de una sentencia judicial firme el convenio arbitral no
subsistirá”. Analizado el motivo que nos ocupa encontramos que se recurre en
contra de dos situaciones jurídicas que no pueden ser relacionadas en el mismo
motivo ya que la primera es de orden procesal adjetiva y la segunda es de orden
especial sustantiva, por lo cual son incompatibles entre si; por consiguiente
no se puede vincular el alcance de cada una de ellas. De igual forma el dicente
no es claro en su pretensión recursiva, ya que afirma como correcto el alcance
resolutivo de las instancias, pues reconoce la excepción de competencia
conocida como declinatoria, pero denuncia la indebida omisión del articulo 39
Ley de Conciliación y Arbitraje que establece: “…cuando la nulidad completa de
un contrato procede de una sentencia judicial firme el convenio arbitral no
subsistirá”, olvidando que su pretensión principal se circunscribe en la
nulidad de una cláusula arbitral y no a la totalidad del contrato en donde la
misma obra, con lo cual pretende confundir a esta Sala dando un sentido inverso
a la norma invocada. Toda esta falta de
claridad y precisión es reconocida por el mismo recurrente al expresar en el
acápite de su escrito recursivo “IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN LA
APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA JURISDICCIÓN EN PRIMERA
INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN”. 4.- TERCER MOTIVO DE
CASACION: establece el recurrente: “En este motivo se expone la errónea
interpretación de las normas procesales que regulan la jurisdicción, cuya
errónea interpretación deriva en la violación de los derechos de acceso a la
justicia y tutela judicial efectiva de la demandante, se considera como
disposición infringida la errónea interpretación del Artículo 8 en relación
al artículo 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo de
la CNUDMI). Considera agraviado su derecho de Tutela Judicial Efectiva y Acceso
a la Justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a IMEXSA, la posibilidad de alegar en
estrados judiciales la nulidad de una cláusula arbitral, y su derecho
resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de
distribuidor, al interpretar la Corte de Apelaciones (confirmando el
criterio del Juzgado Instructor) que según el artículo 8 en relación al artículo 16 de la Ley Sobre Arbitraje
Comercial Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI) solamente los árbitros tienen la facultad de resolver la
nulidad del convenio arbitral, sin que del cuerpo y texto de las referida cita
se aprecie que la facultad de resolución de los árbitros respecto de la nulidad
SEA EXCLUYENTE de la facultad
judicial. Resulta pues, que este criterio es tan restrictivo y limitativo, que
omite considerar lo obvio, los artículos interpretados se colocan en supuestos
y momentos procesales distintos no discriminantes mutuamente, a saber: i). El artículo 8 de la Ley Sobre
Arbitraje Comercial Internacional, regula el supuesto en el que él actor comparece ante un
tribunal judicial peticionando la tutela de sus derechos, aun a pesar de
existir cláusula para la resolución alternativa de conflictos, y es el
demandado el que opone su existencia. En este sentido el artículo 8 precitado,
indica que el Juzgado o Tribunal deberá remitir el conflicto al tribunal
arbitral competente, A MENOS QUE
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, lo
que supone que el Juzgado o Tribunal común, conocerá de la nulidad, ineficacia
o ejecución imposible del compromiso arbitral y estimándolo ineficaz, nulo o de
ejecución imposible seguirá teniendo
jurisdicción para resolver el conflicto. ii). El artículo 16 de la Ley
Sobre Arbitraje Comercial Internacional, contrario sensu indica que el Tribunal
Arbitral en el que se ventile un arbitraje puede decidir las excepciones (el demandado es el que plantea
excepciones) relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje, con
lo cual la norma supone que el demandante ha aceptado la validez del acuerdo
compromisorio y ha interpelado el auxilio jurisdiccional en la vía arbitral,
siendo el demandado el que EXCEPCIONA
la validez del acuerdo arbitral, pudiendo pues el Tribunal Arbitral decidir en
ese momento sobre la validez del acuerdo, como primer punto antes de conocer el
fondo de la demanda. Así pues los presupuestos abstractos de las normas que la
Corte de Apelaciones Civil, interpreta como un solo cuerpo normativo, realmente
regulan situaciones diferentes, no excluyentes la una de la otra. La Corte de
Apelaciones Civil, se tornó más restrictiva
al incorporar en su motivación la interpretación del artículo 8.1 in fine de la Ley Sobre
Arbitraje Comercial Internacional que y cito: “entendiéndose que dicho acuerdo deberá haberse declarado nulo con
anterioridad a la interposición de la demanda en un juzgado civil”, con lo
cual despoja de todo sentido práctico los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional
allí interpretado, pues entonces en lugar de comprender la dualidad de
facultades, la Corte de Apelaciones Civil, supone que la comprobación de
nulidad ES DOCUMENTAL y que la
prueba admisible es EXCLUSIVAMENTE EL
LAUDO QUE DECLARA LA NULIDAD, extremos que no se desprenden de la
literalidad de los artículos precitados ni de una sana interpretación de sus
propios términos. Es menester recordar en este momento que al no expresar las
normas precitadas que la comprobación debe ser documental, consistente en el
laudo arbitral de nulidad, interponerlo como un óbice para acceder a la
Justicia y la Tutela Judicial Efectiva, resultan en gravámenes arbitrarios,
pues se reducen derechos y garantías constitucionales, a la interpretación
personal de una ley. IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR EL DEFECTO EN
LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA JURISDICCIÓN EN PRIMERA
INSTANCIA Y SU REPRODUCCIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN. En virtud que
el defecto de aplicación de las normas procesales que regulan la Jurisdicción
se configuró en primera instancia, del auto
definitivo de fecha 29 de noviembre del año 2013, que no permite más remedio
que la apelación (auto definitivo), siendo pues imposible intentar en primera
instancia su subsanación, sin embargo, esta representación incluyó como motivo
de segundo agravio la errónea interpretación los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje
Comercial Internacional, con los que se puso de manifiesto el vicio que
ahora motiva esta casación”. 4.1
PRECEPTO AUTORIZANTE: El casacionista dispone el artículo 719 numeral 1 del Código Procesal
Civil, ya que impugna la errónea interpretación de las normas procesales que
regulan la jurisdicción. 4.2 En
respuesta al presente motivo, primero hay que recordar que la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) es un órgano
subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prepara textos
legislativos internacionales para ayudar a los Estados a modernizar el derecho
mercantil y textos no legislativos para facilitar las negociaciones entre las
partes en operaciones comerciales. Los textos legislativos, entre otros se encuentra
la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional que establece en su
Capitulo II del artículo 8 lo siguiente: Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda
en cuanto al fondo ante un tribunal: 1) El tribunal al que se someta
un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a
las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el
momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 2)
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente
artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbítrales
y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. Por su
parte en el Capitulo IV articulo 16 del pre citado texto legal establece: Facultad
del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia 1) El tribunal arbitral estará
facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje.
A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del
contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no
entrañará ipso jure la nulidad
de la cláusula compromisoria. 2) La excepción de incompetencia del tribunal
arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la
contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el
hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La
excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse
tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbítrales la materia que
supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de
los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada
la demora. 3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace
referencia en el párrafo 2) del presente artículo como cuestión previa o en un
laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara
competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes al
recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del tribunal
competente conforme al artículo 6 que resuelva la cuestión, y la resolución de
este tribunal será inapelable; mientras esté pendiente dicha solicitud, el
tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo. Visto lo
anterior, la Sala de lo Civil no encuentra argumento válido que sustente el
motivo in examine, ya que el casacionista es por demás impreciso para
determinar cual es el agravio por el cual comparece a esta Jurisdicción
extraordinaria. Alega “La violación del derecho de Tutela Jurídica Efectiva y
Acceso a la Justicia (acceso material a los tribunales de ley) al negarle a
IMEXSA, la posibilidad de anular una cláusula arbitral, y su derecho
resarcitorio por terminación ilegal e injustificada de un contrato de
distribuidor, ya que el Ad Quem, entre otros fundamentos de derecho, ha hecho
uso del articulo 8 en relación al
artículo 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI) haciendo una
interpretación literal que dice que solamente
los árbitros tienen la facultad de resolver la nulidad del convenio
arbitral, “…sin que del cuerpo y texto de las referida cita se aprecie que la
facultad de resolución de los árbitros respecto de la nulidad SEA EXCLUYENTE de la facultad judicial,
o dicho de otra manera, que la facultad arbitral excluya la posibilidad
judicial de revisión de la eficacia de la cláusula compromisoria, más aun
entendiéndose que el artículo 16 precitado referencia la posibilidad del
Tribunal Arbitral de resolver las EXCEPCIONES
relacionadas a la nulidad de la cláusula arbitral…” Se considera que existe
imprecisión por el hecho de que el recurrente no se percata que sí ha gozado de
todos los derechos y prerrogativas de una TUTELA JURIDICA EFECTIVA, al
permitírsele hacer uso de todos los recursos, tanto ordinarios como
extraordinario, para la defensa de sus intereses, lo cual conlleva como
ineludible concatenación a un ACCESO A LA JUSTICIA, la que no siempre será
conforme a sus pretensiones. Adicionado a lo anterior hace falta claridad y
precisión en determinar cual es la interpretación errónea de los artículos 8 y
16 de la Ley Sobre Arbitraje
Comercial Internacional (Ley Modelo CNUDMI) para considerar que se infringe el
derecho de Tutela Jurídica Efectiva y Acceso a la Justicia. Es importante recordar LA NOTA EXPLICATIVA DE
LA SECRETARIA DE LA CNUDMI SOBRE LA LEY MODELO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL, en su acápite denominado Ámbito
sustantivo y territorial de aplicación, establece en su numeral 10: “…La Ley Modelo define como internacional un
arbitraje si "las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de
la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes"
(párrafo 3) del artículo 1). La inmensa mayoría de las situaciones que suelen
considerarse internacionales responden a ese criterio. Además, un arbitraje es
internacional si el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento del contrato,
o el lugar del objeto del litigio están situados fuera del Estado en el que las
partes tienen sus establecimientos, o si las partes han convenido expresamente
en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de
un Estado.”[10] Sobre todo ello hay que
recalcar que los artículos 8 y 16 de la Ley Sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Ley Modelo CNUDMI) son normas sustantivas y se ha promovido un
motivo casacional con una causal propia para la interpretación de las normas
procesales (articulo 719 numeral 1), por lo cual resulta inadmisible a trámite
el presente recurso conforme a la jurisprudencia actual.[11] 5. En
vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de
Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha
pronunciado, tipificándose en lo que establecen las causales de inadmisión
previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte
conducente preceptúa lo siguiente: “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales
siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por
este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se
comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido
con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación
y valoración de las pruebas. b) …”; en consecuencia, es procedente declarar su
inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al
recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su
procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA Esta
Sala de lo Civil, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo
Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO
IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE el escrito contentivo del recurso de Casación
interpuesto por el Abogado WILFREDO
MISAEL GARCIA CASTILLO, en su condición de representante procesal de la
Sociedad Mercantil IMPORTADORA Y EXPORTADORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE (IMEXSA), en contra de la
sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro
Sula, Departamento de Cortes en fecha veinticinco
de Julio del año dos mil catorce. 2.-
DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada en fecha veinticinco de Julio del año dos mil catorce, proferida por la
Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés,
identificado en esta jurisdicción bajo el expediente registrado con el número
S.C.283-2014.- 3. CONDENA EN COSTAS a
la parte recurrente. Y MANDA: Que
con la certificación de este AUTO se
remitan sus precedentes a la Corte de su procedencia para los efectos
consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus
apoderados legalmente constituidos en juicio.- Magistrada Ponente: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.
WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA.
FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un días del mes de Junio de Dos Mil Dieciséis; Certificación del auto de fecha Tres de Mayo de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 283=2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 60 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, faculta a los árbitros a resolver OPOSICIONES relativas a la existencia, eficacia o validez, pero no las acciones de nulidad.
[2] Opinión 05/85
[3] Informe 35/07 –caso 12.553- Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.
[4] El artículo 60 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, faculta a los árbitros a resolver OPOSICIONES relativas a la existencia, eficacia o validez, pero no las acciones de nulidad.
[5] Opinión 05/85
[6] Informe 35/07 –caso 12.553- Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.
[7] Bermúdez M., Antonio. El Recurso de Casación en Materia Civil. Pág. 64. Primera Edición
[8] No especifica si es por aplicación o interpretación de norma jurídica.
[9]Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones preliminares, op. cit., párr. 91, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 261. 21 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, op. cit., párrs. 66 a 68, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, op. cit., párrs. 261 y 263.
[10] La presente nota ha sido preparada por la secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en el documento A/CN.9/264, reproducido en el Anuario de la CNUDMI, vol. XVI: 1985 (publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.87.V.4), figura un comentario preparado por la secretaría sobre un proyecto anterior de la Ley Modelo.
[11] Ver Resoluciones CC.88-2012; CC 31-2013; CC 125-2013.