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Sentencia CC-243-14 — Registro 6110

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia y se declara sin lugar la demanda ordinaria de acumulación de acciones, para que se devuelvan las cantidades de dinero retenidas indebidamente o pago de lo no debido, intereses e indemnización de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “ 6. La Sala de lo Civil encuentra que nuestra normativa mercantil sobre transporte de cosas y más específicamente en lo que atañe a la denominada carta de porte que se preceptúa en el artículo 1089 del Código de Comercio, resulta lo suficientemente claro tanto en su sentido gramatical, como sobre los alcances que nuestro legislador le dio a la naturaleza y alcances de tal documento; razón por la cual no se puede estimar la tesis sostenida por el impetrante de que ante la ausencia de la carta de porte en una relación de transporte de carga, se deberá acudir a los usos y costumbres mercantiles, para probar tal relación entre las partes, ya que los mismos constituyen fuente de la materia; argumento que no se comparte con el recurrente, ya que aun y cuando entendemos que los usos y costumbres no son más que “los actos repetidos de manera constante a través del tiempo”, también lo es que tales usos para que puedan constituirse en fuente de la materia mercantil y de comercio, deberán reunir algunos supuestos; tales como que deberemos encontrarnos con sucesos que no estén regulados por la ley, o en su caso se presente confusión acerca de los términos contractuales. En ese orden de ideas, no resulta cierta la tesis del recurrente de que el tribunal de alzada ha interpretado erróneamente el contenido del artículo 1089 del Código de Comercio, ello se colige así, dado que el iudex ad-quem en forma coherente con el sentido gramatical y espíritu de tal artículo, ha estimado que ante la ausencia de carta de porte en el asunto que se conoce: “…. podemos decir que la carta de porte, es el instrumento de prueba del contrato entre el cargador y el porteador, por la que se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, y que reviste importancia en el contrato de transporte, su doble condición de documento representativo de las mercancías transportadas, y como título de prueba del contrato mismo, máxime si este último no fue formalizado por escrito..”. Siendo pues correcta la interpretación que el Tribunal de Alzada ha dado al artículo 1089 del Código de Comercio, la Sala tampoco puede estimar la tesis del recurrente en cuanto que ante la ausencia de las cartas de porte, cabe en el caso de autos acudir como fuente a los usos y costumbres mercantiles; y ello se colige así puesto que no se podrá invocar en materia mercantil o comercial los usos y costumbres, sí ya existe una disposición en el Código de Comercio que lo regule, solo en su defecto es que se podrá acudir a las mismas (Vid. artículo 1 del Código de Comercio).

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: El señor CRISTOBAL MARTINEZ, representado en juicio por el abogado RICARDO SORTO RAMOS, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED”, representada en juicio por la abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE ACUMULACION DE ACCIONES, PARA QUE SE DEVUELVA CANTIDADES DE DINERO RETENIDAS INDEBIDAMENTE, O PAGO DE LO NO DEBIDO, INTERESES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. I. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: El veintisiete de octubre del año dos mil; ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado HECTOR EFRAIN FORTIN, en su condición de representante procesal del señor CRISTOBAL MARTINEZ, Gerente y Propietario de la Empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, promovió Demanda Ordinaria de Acumulación de Acciones, Para que se Devuelva Cantidades de Dinero Retenidas Indebidamente, o Pago de lo no Debido, Intereses e Indemnización de Daños y Perjuicios; contra el señor ALEJANDRO CONTI, en su calidad de representante legal de la Compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED. SEGUNDO: En fecha dos de marzo del año dos mil uno, el abogado Leónidas José Padilla Jiménez, en su condición de apoderado legal de la demandada Sociedad Mercantil Esso Standard Oil S.A., Limited; contestó la demanda rechazando las pretensiones de la parte actora en virtud de lo cual se abrió el juicio a pruebas. TERCERO: Concluido el periodo de evacuación de pruebas y expuestas la conclusiones de cada una de las partes en litigio, se citó para sentencia definitiva, la cual se dictó en fecha veintiséis de junio del año dos mil trece. La sentencia en su parte dispositiva señala literalmente lo siguiente: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR, LA DEMANDA ORDINARIA DE ACUMULACION DE ACCIONES, PARA QUE SE DEVUELVA CANTIDADES DE DINERO RETENIDAS INDEBIDAMENTE, O PAGO DE LO NO DEBIDO, INTERESES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el abogado HECTOR EFRAIN FORTIN, en su condición de apoderado legal del señor CRISTOBAL MARTINEZ, en su condición de Gerente y Propietario de la Empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, contra la Compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED EN HONDURAS; por medio de su representante legal el señor ALEJANDRO CONTI, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo, en consecuencia; 2.-) CONDENA: A la compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED EN HONDURAS, AL PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, a favor del demandante señor CRISTOBAL MARTINEZ, en su condición de Gerente y Propietario de la Empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, debiendo calcularse el monto de los mismos daños y perjuicios en la etapa de ejecución de la sentencia, tomando como parámetro para ello, el ingreso que tuvo el demandante durante los años 1993 al 1999, y la utilidad normal y prudente en este tipo de actividad mercantil, condena pecuniaria que no podrá ser mayor que el monto de la cuantía de la demanda.- 3.-) CONDENA: A la parte demandada compañía ESSO STANDARD OIL S.A., por medio de su representante legal el señor ALEJANDRO CONTI, al PAGO DE LO NO DEBIDO, a favor del señor CRISTOBAL MARTINEZ, en su condición de Gerente y Propietario de la Empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, por la cantidad de NOVENTA MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 90,659.81), equivalente al diez por ciento (10%) de los ingresos del demandante durante los años 1993 a 1999, debiendo calcularse el diez por ciento (10%) restante al hacerse el cálculo de los ingresos de los años 1985 a 1993. 4.-) ABSUELVE: A la parte demandada compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED, del pago de los intereses reclamados por el demandante, por considerar onerosos los mismos, dada la relación contractual que existía entre las partes; y MANDA: Que si dentro del término de ley no se impone recurso alguno quede firme el presente fallo.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE”. CUARTO: En fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva dictada el día veintiséis de junio del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia dictada por el a-quo, sentencia del Tribunal ad-quem que en su parte resolutiva establece lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ESTHELA YANETH VALLADARES RAMOS, Apoderada Judicial de La Sociedad mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED”.- SEGUNDO: REVOCA la sentencia recurrida de fecha veintiséis de junio del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda ORDINARIA DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES, PARA QUE SE DEVUELVAN LAS CANTIDADES DE DINERO RETENIDAS INDEBIDAMENTE O PAGO DE LO NO DEBIDO, INTERESES E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN, Apoderado Judicial del señor CRISTOBAL RAMIREZ, como representante legal de la empresa ”TRANSPORTES C. MARTINEZ”, contra la Sociedad Mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED”.- TERCERO: DECLARA Sin Lugar la demanda ORDINARIA DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES, PARA QUE SE DEVUELVAN LAS CANTIDADES DE DINERO RETENIDAS INDEBIDAVENTE O PAGO DE LO NO DEBIDO, INTERESES E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN, Apoderado Judicial del señor CRISTOBAL RAMIREZ, como representante legal de la empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, contra la Sociedad Mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED”, en consecuencia absuelve de las pretensiones deducidas.- Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE”. QUINTO: En fecha dieciséis de julio del año dos mil catorce, el abogado RICARDO SORTO RAMOS, actuando en su condición de representante procesal del señor CRISTOBAL MARTINEZ, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el recurso de Casación por el recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. SEXTO: En fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, la representante procesal de la sociedad mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED”, abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEPTIMO: El diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil de este Alto Tribunal, profirió auto mediante el cual admitió a trámite el recurso de casación interpuesto, mismo que en la Parte Dispositiva DECLARA: “I.- LA ADMISIÓN a trámite del Recurso de Casación en su MOTIVO SEGUNDO, mismo que ha sido interpuesto y formalizado por el Abogado RICARDO SORTO RAMOS, en su condición de representante procesal del señor CRISTOBAL MARTINEZ. II.- LA INADMISIÓN del recurso de casación en los MOTIVOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO y OCTAVO, formalizado por el abogado RICARDO SORTO RAMOS, en su condición de representante procesal del señor CRISTÓBAL MARTÍNEZ; todos los motivos alegados contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación con la demanda ordinaria de Acumulación de Acciones, para que se Devuelva Cantidades de Dinero Retenidas Indebidamente, o Pago de lo no debido, intereses e indemnización de daños y perjuicios en contra del señor Alejandro Conti, en su calidad de Representante Legal de la Compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED; y III.- SE SEÑALA la celebración de audiencia de vista, para el día miércoles quince de junio del año dos mil dieciséis, a las nueve (9:00 a.m.), de la mañana en el salón de audiencias de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en esta ciudad. Para tal efecto que la Secretaria General del Poder Judicial o mediante funcionario competente Delegado proceda a realizar el acto de comunicación pertinente, citando a las partes para que comparezcan a la misma. NOTIFIQUESE”. OCTAVO: En fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, a las nueve (9:00 a.m.) de la mañana, siendo el día y hora señalada para la celebración de la Audiencia de Vista, la misma dio inicio con la comparecencia del Pleno de Magistrados que conforman la Sala de lo Civil de la Corte Suprema y los abogados RICARDO SORTO RAMOS, en su condición de representante procesal del señor CRISTÓBAL MARTÍNEZ, quien actúa como representante legal de la empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”; y el abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, en representación legal de la compañía ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED, ahora conocida como PUMA ENERGY BAHAMAS, S. A.; el Magistrado Coordinador de la Sala abogado don REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, declaro iniciada la audiencia y se procedió por su orden a ceder la palabra primero al abogado Ricardo Sorto Ramos y después al abogado Saúl Armando Reyes Saa, quienes expusieron sus argumentos a favor y en contra sobre el segundo motivo de casación, mismo que fue admitido a trámite por parte de la Sala de lo Civil. Una vez escuchados ambos representantes procesales, se dio por terminada la audiencia, no sin antes hacerles saber a los ilustres abogados, que la Sala dictara en el plazo establecido por la ley la sentencia respectiva. II. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1.- El recurso de casación al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos respecto del segundo motivo de casación formalizado por el censor y admitido por este Tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 3.- Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar el segundo motivo admitido, mismo que versa por infracción de norma material contra la sentencia dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce. 4.- Señalado lo anterior la Sala retoma el planteamiento del SEGUNDO MOTIVO, en el cual el impetrante ha expresado que el fallo proferido por el iudex ad-quem incurre en infracción de normas materiales por interpretación errónea del artículo 1089 del Código de Comercio en relación al artículo 19 del Código Civil, estimando como precepto autorizante la causal de casación establecida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El recurrente ha explicado tal motivo señalando lo siguiente: “La Honorable Corte de Apelaciones interpreta erróneamente el artículo 1089 del Código de Comercio, pues se abstiene de hacer una valoración integral al analizar el artículo en mención en forma aislada, al no tomar en cuenta el resto de leyes que se refieren a la interpretación de la ley como el artículo 19 del Código Civil; teniendo como cierta la hipótesis que en ausencia de cartas de porte, no existe el contrato de transporte, análisis equivocado, pues la materia mercantil tiene como fuente del derecho el uso y la costumbre según el artículo 1 del Código de Comercio, creando la misma ley mercantil la posibilidad de probar la existencia del contrato mediante los medios legales establecidos, NO ES CIERTO QUE AL DESAPARECER O NO EXISTIR LAS CARTAS DE PORTE, NO EXISTE CONTRATO DE TRANSPORTE, los elementos esenciales del contrato de transporte son: tipicidad, existe taxativamente en nuestro ordenamiento; nominado, el nombre con que lo denomina el Código es Contrato de Trasporte; consensual, es un contrato donde convergen dos voluntades, el que presta un servicio y el que lo ordena; bilateral no puede darse entre una sola parte; oneroso, se presta un servicio y es remunerado; conmutativa, hay prestaciones mutuas, deberes y derechos; y de tracto sucesivo, la empresa es especializada en transporte, su giro principal es transportar cosas o personas en su caso, existe una relación permanente. NO SIENDO LA CARTA DE PORTE UN ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO DE TRANSPORTE, AL TENOR DE LA DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL.- SE ACOMPAÑA, FOTOCOPIA DEL LIBRO, CONTRATOS MERCANTILES, DE ARTURO DIAZ BRAVO, pag. 129,130,131. Por lo expuesto, la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, ha interpretado erróneamente el artículo 1089 del Código de Comercio, al confundir las cartas de porte como requisito esencial del contrato de transporte, cuando en realidad son los documentos que sirven tanto al cargador como al porteador como parámetros para prestar el servicio de transporte, en las condiciones establecidos por ellos, pero no es el contrato en sí, el que tiene existencia independientemente de las cartas de porte, pues el contenido de las mismas puede ser suplida, mediante elementos que demuestren su existencia y las condiciones existentes, por medios de prueba idóneos. En consecuencia se solicita casar la Sentencia impugnada estimando procedente el recurso de Casación y que la Corte suprema de Justicia proceda a dictar nueva sentencia conforme a lo establecido en el artículo 727 numeral 5 Código Procesal Civil”. 5.- Habiéndose dejado señalado en el acápite anterior el argumento expuesto en el Segundo Motivo del recurso de casación impetrado, este Alto Tribunal de justicia procede ahora a resumir los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada respecto de los argumentos sobre tal motivo. Expresa entre otros el ad-quem lo siguiente: “….Al respecto, es preciso establecer como aspectos previos, en primer lugar, que el transporte puede constituir un mero hecho, como ocurre con el transporte de propia persona o de cosas de su pertenencia; y también puede constituir un contrato o hecho jurídico, como ocurre con el transporte de personas o de cosas ajenas, que puede ser gratuito u oneroso. Nuestro Código de Comercio en su artículo 1070 dispone que: “Por el contrato de transporte, el porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio de precio. Este contrato será mercantil cuando se preste por empresas dedicadas a ofrecer al público ese servicio”. Y, en segundo lugar; que el precitado ordenamiento jurídico, en las secciones dedicadas al contrato de transporte, específicamente en sus disposiciones comunes y al transporte de cosas, se determina con precisión los sujetos, derechos y obligaciones y responsabilidades que este contrato puede abarcar. De ahí, se desprende que dicho contrato cuenta con los requisitos intrínsecos de todos los contratos comerciales, capacidad, consentimiento, objeto y causa; además de dicha convención podemos distinguir entre los elementos personales o subjetivos, el porteador, siendo este el que se encarga de efectuar el transporte, asumiendo el riesgo de la obligación de resultado que toma a su cargo; ya sea que lo realice con medios propios o ajenos, y el cargador, es quien entrega las cosas objeto de transporte, pudiendo hacerlo personalmente o por medio de un mandatario, siempre que el contrato sea a su nombre, sin importar que los objetos de transporte no sean propios. Dentro de los elementos objetivos tenemos: la cosa objeto de transporte y el flete denominado precio o tarifa. En ese contexto, es de enfatizar lo que establece el artículo 1089 del mismo Código: “Los títulos legales del contrato entre el cargador y el, porteador serán las carta de porte, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir mas excepciones que la falsedad y el error material en su redacción.” De lo cual se concluye, que la carta de porte, es un documento relativo al contrato, en el cual tanto el porteador como el cargador podrán exigírsela recíprocamente. Que ha de recoger los datos que describen los elementos del contrato, constituyendo un documento en el cual las partes fijan el acuerdo contractual del transporte. (Véase el artículo 1087 del Código de Comercio). Entonces podemos decir que la carta de porte, es el instrumento de prueba del contrato entre el cargador y el porteador, por la que se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, y que reviste importancia en el contrato de transporte, su doble condición de documento representativo de las mercancías transportadas, y como título de prueba del contrato mismo, máxime si este último no fue formalizado por escrito…….. “ 6.- La Sala de lo Civil en el caso de autos deviene a modo de introito señalar que en nuestro país, los tribunales de justicia para efectuar la labor de interpretación de la ley, deben utilizar las normas contenidas en los artículos 17 al 20 del Código Civil promulgado en el año 1906; en ese sentido entendemos que el juez está siempre obligado a aplicar la ley que resuelve el conflicto de derechos sometido a su conocimiento y para hacerlo necesariamente deberá posesionarse del sentido, del pensamiento de la ley, por entero y en toda su fuerza, transportándose al punto de vista del legislador y reproduciendo artificialmente sus propias operaciones, o como lo plantea Savigny deberá hacerse “la reconstrucción del pensamiento contenido en la ley[1]”, tenemos entonces que toda ley exige su interpretación para poder ser aplicada a un caso determinado. Ahora bien siguiendo a tan ilustre tratadista tenemos que en cuanto la interpretación se distinguen cuatro elementos: a) Gramatical: El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto las palabras de que sirve el legislador, es decir, el lenguaje en las leyes; b) Lógico: El elemento lógico tiene por objeto la intención o espíritu de la ley o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes; c) Histórico El elemento histórico tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia a la época de la confección de la ley, para precisar el cambio introducido en la legislación por la ley interpretada, y d) Sistemático. El elemento sistemático tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y las reglas del derecho. Señalado lo anterior debemos entender que los elementos citados no constituyen cuatro clases distintas de interpretación, que puedan ser elegidas según el gusto del juzgador, sino que más bien son solo cuatro operaciones diversas, cuya reunión es indispensable para interpretar la ley. El Título preliminar del Código Civil, contiene varias reglas relativas a la interpretación de la ley; reglas que han sido dictadas principalmente para los jueces a fin de trazarles el camino que deben seguir en la interpretación de las leyes. Dispone el Código Civil que: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador[2]”, en otras palabras que ante todo se atienda la literalidad de la ley cuando su sentido es claro, y que respecto de los pasajes obscuros, pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Así pues atendiendo a la prioridad que debe primar en cuanto al elemento gramatical en la labor de interpretación, tenemos entonces que cuando la ley es clara, el pensamiento del legislador esta netamente declarado, conocemos la intención del mismo por su propia boca y no se puede eludir; por lo tanto el juez debe, por graves que sean las consideraciones que se pueden oponer a la ley, aplicarla tal como está escrita. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el intérprete de la ley deba atenerse sumisamente al texto de la ley, hacerlo así nos lleva a un tipo de interpretación que vulgarmente se conoce como judaica, y que resulta contraria al texto de la normativa del Código Civil cuando la misma deja claramente establecido “y la intención del legislador”; de lo cual resulta que nuestros jueces respetando el texto de la ley tampoco deberán obviar cual es el pensamiento del legislador, que es lo que constituye su voluntad, y por consiguiente, la esencia de la ley. Destacado todo lo anterior, menester resulta entonces definir que debemos entender por interpretación errónea de un precepto o normativa jurídica, de manera llana la Sala acoge el concepto que nos da el ilustre jurisconsulto nacional, abogado don Jaime Pineda Rodríguez, quien al respecto nos dice que: “Existe cuando se cita correctamente la norma aplicable al caso, pero se le atribuye un sentido distinto del que por su redacción o sentido lógico debe dársele[3].” 7.- La Sala de lo Civil después de confrontar el segundo motivo de casación con la sentencia impugnada, no encuentra que el planteamiento argüido por parte del casacionista sea conforme a derecho, ello porque en cuanto a la alegada interpretación errónea del artículo 1089 del Código de Comercio en relación al artículo 19 del Código Civil y el artículo 1 del citado Código de Comercio; no se ha suscitado, ello se colige así, puesto que el argumento toral del recurrente, se contrae a señalar que tal interpretación errónea del artículo 1089 del Código de Comercio, tiene que ver con que ante la ausencia de la carta de porte en una relación de acarreo de productos del petróleo, tal y como se ha presentado entre la parte demandante y la parte demandada, tal falencia se suple con los usos y costumbres como fuente del derecho mercantil, razón por la cual la Corte de Apelaciones al momento de proferir su fallo ha interpretado de manera errada el contenido y espíritu del referido artículo 1089 del Código de Comercio, al no tener en cuenta lo referido. Sobre tal argumento es necesario señalar por parte nuestra, que la carta de porte al ser un título de crédito que el porteador expide al cargador al recibir la mercancía porteada, y por lo tanto da derecho al tenedor legitimo a recoger la mercancía porteada en el lugar del destino; indudablemente que tal documento deberá reunir algunos requisitos (Vid. artículo 1087 Código de Comercio); siendo por lo tanto los títulos legales del contrato entre el cargador y el porteador, y por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir mas excepciones que la falsedad y el error material en su redacción (Vid. artículo 1089 Código de Comercio), ahora bien en los casos de extravió de la carta de porte (Vid. artículo 1090 Código de Comercio) las cuestiones que surjan se decidirán por las pruebas que rindan los interesados, tal podría ser el caso de que no pueda el consignatario, en el acto de recibir la carga, devolver la carta de porte que el hubiere recibido, suscrita por el porteador, al ser así deberá darle un recibo de la carga entregada, en situaciones como la ilustrada entendemos que el recibo tendrá los mismos efectos de la devolución de la carta de porte. La Sala de lo Civil encuentra que nuestra normativa mercantil sobre transporte de cosas y más específicamente en lo que atañe a la denominada carta de porte que se preceptúa en el artículo 1089 del Código de Comercio, resulta lo suficientemente claro tanto en su sentido gramatical, como sobre los alcances que nuestro legislador le dio a la naturaleza y alcances de tal documento; razón por la cual no se puede estimar la tesis sostenida por el impetrante de que ante la ausencia de la carta de porte en una relación de transporte de carga, se deberá acudir a los usos y costumbres mercantiles, para probar tal relación entre las partes, ya que los mismos constituyen fuente de la materia; argumento que no se comparte con el recurrente, ya que aun y cuando entendemos que los usos y costumbres no son más que “los actos repetidos de manera constante a través del tiempo”, también lo es que tales usos para que puedan constituirse en fuente de la materia mercantil y de comercio, deberán reunir algunos supuestos; tales como que deberemos encontrarnos con sucesos que no estén regulados por la ley, o en su caso se presente confusión acerca de los términos contractuales. En ese orden de ideas, no resulta cierta la tesis del recurrente de que el tribunal de alzada ha interpretado erróneamente el contenido del artículo 1089 del Código de Comercio, ello se colige así, dado que el iudex ad-quem en forma coherente con el sentido gramatical y espíritu de tal artículo, ha estimado que ante la ausencia de carta de porte en el asunto que se conoce: “…. podemos decir que la carta de porte, es el instrumento de prueba del contrato entre el cargador y el porteador, por la que se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, y que reviste importancia en el contrato de transporte, su doble condición de documento representativo de las mercancías transportadas, y como título de prueba del contrato mismo, máxime si este último no fue formalizado por escrito..”. Siendo pues correcta la interpretación que el Tribunal de Alzada ha dado al artículo 1089 del Código de Comercio, la Sala tampoco puede estimar la tesis del recurrente en cuanto que ante la ausencia de las cartas de porte, cabe en el caso de autos acudir como fuente a los usos y costumbres mercantiles; y ello se colige así puesto que no se podrá invocar en materia mercantil o comercial los usos y costumbres, sí ya existe una disposición en el Código de Comercio que lo regule, solo en su defecto es que se podrá acudir a las mismas (Vid. artículo 1 del Código de Comercio). III PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 200, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 725, 726.1, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; 17, 18,19 y 20 del Código Civil, y 1, 1089 del Código de Comercio; dicta sentencia irrecurrible y declara: I.- NO HA LUGAR y DESESTIMA el recurso la casación interpuesto y formalizado por el abogado Ricardo Sorto Ramos, actuando en su condición de representante procesal del señor Cristóbal Martínez, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación con la Demanda Ordinaria de Acumulación de Acciones, para que se Devuelva Cantidades de Dinero Retenidas Indebidamente, o Pago de lo no Debido, Intereses e Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado HECTOR EFRAIN FORTIN, apoderado procesal del señor CRISTOBAL MARTINEZ, Gerente y Propietario de la Empresa “TRANSPORTES C. MARTINEZ”, contra la Sociedad ESSO STANDARD OIL S.A., LIMITED., a través del señor ALEJANDRO CONTI, en su calidad de representante legal de la misma. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada en fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; en el expediente número 06193-2007-CO, originado en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 0801-2007-06193- CO., del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes dentro del término de cinco días siguientes al de su pronunciamiento y que las presentes diligencias sean devueltas a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para que disponga el curso que seguir de conformidad con la ley.- Redactó el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta días del mes de Septiembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación de la Sentencia de fecha quince de agosto de Dos Mil Dieciséis, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 243=2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Traité de Droit romain, t. 1. 33 edic. Guenoux, pág. 205)

[2] Artículo 17 del Código Civil.

[3] Pineda Rodríguez, Jaime. Monografía del Recurso de Casación. S.C., p. 28