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Sentencia CC-221-14 — Registro 5844

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de reivindicación o acción de dominio declarada y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en su primer motivo de casación viene impugnando la sentencia por error en la interpretación de las normas de derecho civil relacionadas en los artículos 868 y 1630 párrafo segundo del Código Civil y violación por falta de aplicación de los artículos 713 y 1630 del Código Civil. Planteado este motivo de casación, de entrada se observan tres falencias que infringen la debida técnica casacional, en primer lugar viene invocando interpretación errónea de los artículos 868 y 1630 párrafo segundo del Código Civil, preceptos que contienen dos supuestos jurídicos diferentes que han debido exponerse por separado en tanto que uno se refiere a la acción de dominio propiamente mientras que el otro se refiere a las reglas de tratamiento cuando una misma cosa se ha vendido a diferentes compradores, faltando con ello a la exigencia de suficiente separación y claridad. La segunda falencia que presenta este motivo de casación es que pretende introducir una revisión probatoria al alegar que la vista de ambos polígonos no es cierto el criterio del fallo de segunda instancia, por que el acaparador deja su intención y el vulnerado señala su afectación, alegando que bajo el criterio de la Corte de Apelaciones se está procediendo como si nada se hubiera probado, estas alegaciones del recurrente constituyen también un motivo de inadmisión pues conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, “por medio del recurso de casación no se podrá instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia” (véase artículo 723 2ª del mismo Código); la tercera falencia que se observa en el recurso es que el recurrente invoca también en el mismo motivo la falta de aplicación de los artículos 713 y 1630 del Código Civil, lo que es totalmente improcedente primero porque el artículo 713 al referirse a la tradición del dominio constituye un supuesto jurídico que debió exponerse por separado y no bajo el mismo motivo de casación y por otra parte la falta de aplicación implica la pretensión de que el Juez de Casación aplique un precepto que no ha sido aplicado por el juzgador de instancia, sin embargo el artículo 1630 en este mismo motivo de casación, ha sido denunciado por interpretación errónea lo que supone que el precepto es aplicable y lo único que se cuestiona es el sentido o alcance del mismo, lo que constituye un alegato excluyente en un mismo motivo de casación, infringiéndose de este modo la obligación de separación y claridad en el recurso prevista en el artículo 721 y que se sanciona con inadmisbilbilidad por el artículo 723 2ª, ambos del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente viene invocando como segundo motivo de casación al amparo del precepto autorizante del numeral 1 inciso c) del artículo 719 relacionado con el numeral 2) del artículo 720 del Código Procesal Civil que establece que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo, señalando como preceptos infringidos el artículo 245 inciso 1 del mismo Código por la arbitrariedad y falta de aplicación de las reglas de la sana crítica como normas necesarias para la correcta valoración de las pruebas en juicio, mas la infracción del inciso 2 del artículo 245 del citado Código por la incorrecta interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, reconociendo el censor que se recurre por dos infracciones en este caso (folio 20), esto implica una violación a la debida técnica casacional que exige.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de mayo año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, como Coordinador y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora VICTORIA CARRASCO GARCIA, representada en juicio por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, en su condición de recurrente; siendo recurrida la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS “RECUERDOS DE BABILONIA LIMITADA”; representada en juicio por el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO, promovida en fecha diecisiete de julio del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora VICTORIA CARRASCO GARCIA, contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS “RECUERDOS DE BABILONIA LIMITADA”. I.ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha veintisiete de mayo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO, promovida por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora VICTORIA CARRASCO GARCIA, contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS “RECUERDOS DE BABILONIA LIMITADA”, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA en su condición de apoderado apelante, contra la sentencia definitiva de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes- SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia definitiva de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes. En consecuencia esta Corte dicta la sentencia que debe leerse así: 1) Se declara sin lugar la demanda ordinaria de reivindicación o acción de dominio, promovida por la señora VICTORIA CARRASCO GARCIA. Contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS “RECUERDOS DE BABILONIA LIMITADA. Representada por el presidente señor JOSE MANUEL VENTURA VENAVIDES. 2) Se absuelve a la demandada a restituir el bien inmueble consistente en diez manzanas de terreno equivalentes al doce punto ocho por ciento (12.8%) y 3) se absuelve a la parte demandada al pago de costas en primera instancia.- SIN COSTAS en esta Segunda Instancia. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes”. SEGUNDO: El representante procesal de la señora VICTORIA CARRASCO GARCIA, Abogado DAVID MOLINA PINEDA, presentó en fecha dieciséis de julio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintisiete de mayo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. TERCERO: El representante procesal de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS “RECUERDOS DE BABILONIA LIMITADA”, abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, presentó en fecha seis de agosto del año dos mil catorce, escrito de contestación sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, por parte del abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA y DAVID MOLINA PINEDA, ambos en su condición ya indicada, presentaron escrito de personamiento en fechas veintidós y veinticinco de agosto del dos mil catorce respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personado dentro del plazo establecido al abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA y de manera extemporánea al abogado DAVID MOLINA PINEDA. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO PRIMERO: Se presenta la Casación al amparo del precepto autorizante numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil.- La Infracción por error en la interpretación de las normas de derecho civil relacionadas en los Artículos 868 y 1630 Párrafo segundo del Código Civil, y violación por la falta de aplicación de los Artículos 713 y 1630 del Código Civil, en la sentencia impugnada de la Corte de Apelaciones que se delata mediante la formalización del Recurso con fundamento en la valoración de un Título Traslaticio de Dominio como documento para pedir la Tutela Judicial Efectiva al ser descubierta su anotación inscrita de forma primigenia a favor de la parte demandante. La Parte Recurrente señala que como demandante se interpuso la Acción Reivindicatoria de Dominio sobre un Bien Inmueble de la señora Victoria Carrasco García al amparo del Artículo 103 de La Constitución de la República que establece, reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la Propiedad Privada, más la aplicación de las normas de Derecho Civil establecidas en los Artículos 638, 713, 723, 728, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 883, 884, 885, 886 889, y 890 del Código Civil en contra de las pretensiones ilegales e ilegítimas de La Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “Recuerdos de Babilonia Limitada”, para que se le retribuyera un lote de terreno de su propiedad y sobre el cual el demandado posee señalando indebidamente un Título Agrario y levantar un Plano de Ingeniería dando más cabida contra el asiento registral constituido desde el veintidós (22) de Septiembre del año dos mil cinco (2005); generando así una disolución de la cabida en el lote de terreno perteneciente a la demandante. Indico, que también antes de la promoción del libelo Reivindicatorio, ya estaba pre constituida la prueba documental del Título Traslaticio de Dominio, con el detalle del asiento de Registro (Certificación Integra del Asiento No. 62 del Tomo 5165 del Registro de La Propiedad Inmueble del Instituto de LA Propiedad de San Pedro Sula, Cortes) que acreditan la propiedad sobre el terreno a reivindicar, la singularidad con el plano aprobado, y que con relación a la titularidad de la propiedad, la sentencia de instancia primera en la Fundamentación Jurídica determinó lo siguiente: “….de la cual alega ser propietaria legítima la demandante señora Victoria Carrasco García de acuerdo al Instrumento Público registrado bajo el número 62 del Tomo 5165 del Registro de La Propiedad de esta ciudad e inscrito el veintidós (22) de Septiembre del año dos mil cinco (2005); del cual se encuentra en posesión la demandada, que el bien inmueble objeto de esta acción se encuentra individualizado, es decir son diez manzanas, englobadas en 213 manzanas en cuya posesión se encuentra La Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “Recuerdos de Babilonia Limitada…”; constata la Sentenciadora que en efecto, es la parte actora la que inscribió con anterioridad en el Registro de la Propiedad para el año dos mil cinco (2005) en relación al Título Agrario con número 96 del Tomo 6534 de fecha veintidós de Noviembre del año dos mil diez (2010) en el Instituto Nacional Agrario, por lo tanto procede la estimación total a la parte demandante que busca la restitución de un derecho de propiedad sobre una parcela de terreno cuya superficie es de Diez Manzanas (10 Mz) anteriormente descritas, cumpliendo de esta manera con la acreditación del primero de los requisitos exigidos en la presente acción: El Título y el derecho de registro antiguo. Así se establece. Asimismo, defino que con la finalidad de demostrar otros de los requisitos que condicionan la procedencia de la acción reivindicatoria, se estableció en juicio civil “…la identidad entre el inmueble propiedad del actor y aquél que es indebidamente poseído por el demandado…”, Sin embargo, agrego como recurrente que la Corte de Alzada, contrario a la perspectiva del “a quo” indicó en el inciso b) de fundamentación jurídica: “…que no se trata de quien inscribió primero el inmueble; el asunto radica en resolver si verdaderamente, la demandante ha probado en juicio su pretensión.- A lo que la ley sustantiva civil preceptúa en el Artículo 868 que, la Acción Reivindicatoria o de Dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.- Que la Acción Reivindicatoria en el presente caso no se ha probado plenamente ni identificado el objeto que se pretende reivindicar.- Además no se ha individualizado el bien inmueble o fracción de Dominio a reivindicar”. Por tanto, considero que el fallo objeto de la casación se realizó bajo una interpretación cerrada, estricta y equivocada de los Artículos 868 y 1630 párrafo segundo del Código Civil, lo que representa una ruptura de los más claros criterios de justicia que debían inspirar su decisión e infringe dicha norma por errónea interpretación. Pues, sostengo que al entenderse incorporado en el Artículo 868 del Código Civil, el precepto conforme al cual el actor en reivindicación debe demostrar que existe una identidad entre el bien cuyo dominio tiene y el que detenta el demandado, se está “...aludiendo esencialmente a una identidad de la situación y la ubicación general del inmueble, y no a una identidad precisa y total en todo respecto, incluso numérico en cuanto al área, como lo entendió la Corte recurrida...”. Esto es un agravio total a una labor de juzgamiento basada en los principios básicos de exégesis y hermenéutica, así como los de justicia y equidad, que nos obliga a rechazar una interpretación como la dada por la recurrida a dicha norma, pues, -según nuestro argumento “…en casos asimilables, nunca tuvo el legislador en mientes llevar a tal extremo los requerimientos para la reivindicación con ese efecto terminante para las legítimas pretensiones del actor... “. - Todo porque el título, su registro más el derecho con plano incorporado, son y deben ser simples y esenciales, por que el conflicto no está en la individualización, sino en quien como persona detenta lo hace alegando más cabida para vulnerar un derecho sobre un inmueble a base de una totalización sin derecho a la cabida del demandante. Asimismo, determino que los criterios de justicia que inspiran principios como “el que puede lo más puede lo menos” rechazan una conclusión como la de la recurrida, pues, alego que por el hecho que ese extremo -como es el de la identidad- en la acción de reivindicación, haya sido elevado a la categoría de enunciado general normativo de orden probatorio, impondría estimar que “...aun estando probada esa identidad por la ubicación, linderos y situación de los inmuebles de la señora Victoria Carrasco García, basta que exista una pequeña diferencia de superficie o cabida en la determinación de lo detentado por el demandado, para que deba rechazarse en un todo la pretensión y declararse sin lugar la demanda... “. Agrego, que esta posición de la sentencia recurrida no toma en cuenta la identidad del resto del inmueble con el Título de Propiedad Agrario que bien pudo ser probado y, da al traste con todo el esfuerzo y acervo probatorio utilizado para ello.- Según esto, no es cierta la premisa de la individualización porque al revisar el contenido de ambos títulos se observa que el campesinado adquiere un inmueble absorbiendo un inmueble de menor cabida que pertenece a la señora Victoria Carrasco García. Con la vista de ambos polígonos no es cierto el criterio del Fallo de Segunda instancia, por que el acaparador deja su intención y el vulnerado señala su afectación.- Sostengo, que bajo el criterio de la Corte de Apelaciones se está procediendo como si nada se hubiera probado y, por lo tanto, se declara No Ha lugar la demanda, sin otra consideración, lo cual legitima una situación de enriquecimiento sin causa, totalmente injusta. Razón por la cual, afirmo que la sentencia recurrida incurrió en violación de los Artículo 868 y el párrafo Segundo del Artículo 1630 del Código Civil, por errónea interpretación, lo cual la llevó a declarar sin lugar la demanda siendo que en los autos existía una clara prueba de los extremos de ley, en cuanto atañe al área fijada en ambos títulos más lo detentado por el demandado. Por tanto, es preciso establecer que existe también la falta de aplicación correcta de los artículos 713 y 1630 del Código Civil en la sentencia impugnada de la Corte de Apelaciones.- De tal modo que antes de aplicar el Artículo 868 del Código Civil primero se debió aplicar para decidir el litigio la Tradición de Dominio del bien raíz como fundamento del Derecho Real constituido por: a) Un Instrumento Público y b) Para que surta efectos deberá inscribirse en el Registro de La Propiedad. El artículo 868 eiusdem, pero, correctamente interpretado, sirve para declarar la Estimación Total de La Demanda o por lo menos parcialmente por la fracción del terreno o parcela que supone la preexistencia de un derecho sobre una parte de todo lo que detenta el demandado. En lo que respecta a la infracción del artículo 868 del Código Civil, ut supra transcrita, manifiesto como formalizante que aun cuando la Corte de Apelaciones juez de alzada señala que el actor deberá probar la individualización en el juicio, no es menos cierto que con ambos títulos ya “existe identidad entre el terreno que el accionante indica como suyo y aquél que el demandado indica ser de su propiedad con mayor cabida o área superficial...”; se considera aparte que al imponer una individualización sería muy difícil, sino imposible, la procedencia de las acciones reivindicatorias si debieran ser idénticos el inmueble del actor y el accionado, pues, estima que lo natural y lógico es que sean diferentes. Por lo tanto, considero que el Tribunal de Alzada infringe el Artículo 868 del Código Civil, por errónea interpretación de la singularidad, ya que según esto, cambiaría el sentido y alcance de la referida norma.- Es decir, que ya no se pide que acompañemos una definición Física singular de un Inmueble, sino que debe estar individualizada en la Demanda. Por lo que estaríamos frente a una prohibición ilegal y no se podrá demandar por que los antecedentes de registro de cualquier propietario no se ajustan a la realidad del juzgador.- Esta infracción, incide en el fallo definitivo, pues, es evidente que no se imponía establecer identidad alguna entre el inmueble de la demandante y aquel que el demandado afirmaba pertenecerle, sino entre el inmueble de la demandante y aquél que apareciera aprobado en autos como poseído por el demandado, lo cual considera, que, es muy diferente, cuya irregular perspectiva de la Corte de Alzada lleva hacer una confrontación o comparación improcedente entre las claras conclusiones de los instrumentos públicos que si establecen polígonos con linderos de lo detentado por el demandado, con las documentales promovidas por las partes, en cuanto atañe al título agrario invocado por la demandada. “…Según Puig Brutau, la acción reivindicatoria, es “…la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar título jurídico, como fundamento de su posesión...” (Tratado Elemental de Derecho Civil Belga. Tomo VI pág. 105, citado por el Autor Venezolano Gert Kummerow, Comprendió de Bienes y Derechos Reales. Derecho Civil II. Ediciones Magon, tercera edición, Caracas 1980, pág. 338). En consecuencia, el demandante está obligado a probar por lo menos dos requisitos: a) Que el demandante es realmente legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar y b) Que la cosa de que se dice propietario es la misma cuya detentación ilegal le atribuye a la demandada. La falta de uno o cualquiera de estos dos requisitos, es suficiente para que se declare sin lugar la acción...” Esto es que, cualquier Juez o Magistrado debe estudiar, al proponerse ambos planos o siquiera líneas de división, se funde la detentación del demandado que cobra más área sobre terreno afectado a la demandada que pierde la esencia de su derecho real: EL espacio o superficie de terreno factible de propiedad o dominio. El maestro Gert Kummerow, Citando a De Page, manifiesta que: “Ambos conceptos fundan la reivindicación en la existencia de un derecho (la propiedad) y en la ausencia de la posesión del bien en legitimado activo. Suponen, a la vez, desde el ángulo del legitimado pasivo, la detentación o posesión de la cosa sin el correlativo derecho. La acción reivindicatoria se halla dirigida, por tanto, a la recuperación de la posesión sobre la cosa y a la declaración del derecho de propiedad discutido por el autor del derecho lesivo. En esta hipótesis, la restitución del bien aparecería como una resultante del derecho de propiedad, reconocido por el pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente. (Bienes y Derechos Reales, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana, Caracas 2002, p.348) Continua expresando el maestro Kummerow en la obra comentada (p.353), que la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario. Quiere decir, entonces, que la demanda debe ser declarada con lugar si siendo ella ajustada a derecho, la demandante prueba ser titular del derecho de propiedad del inmueble con el título o documento que lo acredite y quien ocupa el inmueble es un simple detentador o poseedor de la cosa, por lo que en casi todos los casos, como quedó establecido precedentemente, la carga de la prueba corresponde al demandante…“.- El Fallo de la sentencia de la Corte de Apelaciones es erróneo al aplicar la singularidad como Individualización contrario al argumento que la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario. PRIMERO EN TIEMPO, PRIMERO EN DERECHO: La Acción Reivindicatoria procede también contra el poseedor non título de propiedad que incluso Pudiera tener su dominio inscrito en otros registros púbicos, configurándose así la Figura del “tercero del Registro”, en cuyo caso se debe dilucidar dentro del mismo proceso de reivindicación, como una cuestión probatoria, “quien es el que tiene mejor derecho de propiedad”. Asimismo debe tenerse en cuenta que si bien el Mejor Derecho de Propiedad puede solicitarse en vía de acción, esta es Una acción real “estricto sensu” sin discusión’ al interior de la acción reivindicatoria.- En consecuencia siguiendo al Juez Civil de instancia primera, no es necesariamente una acción aparte o independiente de la reivindicatoria, sino que está incursa dentro de ella como una cuestión probatoria. Tratándose del derecho de propiedad, no es jurídicamente posible la “coexistencia de dos o más titulares”, por cuanto que este derecho es excluyente; en tal Sentido, advirtiéndose de autos que tanto la señora demandante como la cooperativa demandada ostentan títulos cercanos sobre el mismo bien, ambos inscritos en los Registros Públicos pero en partidas diferentes, existiendo duplicidad de asientos registrales y consecuentemente superposición de las mismas, resulta necesario realizar un estudio de los mismos, teniendo en cuenta que debe distinguirse el título como derecho, del título Como documento, para así poder determinar cuál es el título que le confiere a su tenedor el derecho de propiedad y que prevalece sobre el otro, a fin de resolver la Acción Reivindicatoria. El recurso de casación debe declararse Fundado por la denuncia de inaplicación del Artículo 713 del Código Civil, que está referido al derecho de propiedad, su inviolabilidad y el derecho a reivindicar y usufructuar la propiedad; asimismo debe declararse Fundada la denuncia de inaplicación de los principios registrales que señalan que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el Registro, y que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone; que en buena cuenta y a la luz de estos principios registrales, basta apreciar que el título de propiedad de la demandante tiene inscripción más antigua que el de la parte demandada, para establecer que prevalece sobre el de la demandada y que tiene el mejor derecho y en consecuencia es la propietaria exclusiva del inmueble sub Litis, pudiéndolo reivindicar en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 868 y 1630 del Código Civil, por lo que la demanda resulta fundada en ese extremo. Ahora bien, en relación a la identidad de la cosa o el bien objeto de la reivindicación como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, el actor cumple con esta obligación al indicar en el libelo de demanda la ubicación, denominación, medidas, linderos y otras circunstancias que permitan singularizar la cosa o el bien que se demanda en reivindicación, lo que permite distinguirla de las otras cosas o bienes de la misma especie. Mientras que para cumplir con el requisito de la identidad del bien o la cosa reivindicada que se exige para la procedencia de la acción reivindicatoria, es necesario que el demandante en reivindicación demuestre que la cosa o el bien que reclama se le restituya en su posesión sea la misma sobre la cual alega derechos como propietario y la que él señala como poseída o detentada ilegalmente por la demandada. Pues, como ya se ha dicho se debe diferenciar lo que es la cabida, como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, con lo que es la identidad del bien o la cosa reivindicada, como requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria. El demandante no está obligado a demostrar que el demandado (colindante) posee o detenta ilegalmente otra área o porción de terreno que el demandante no pretende reivindicar, salvo, que el demandante pretenda reivindicar no sólo una porción o área de terreno que colinde con los terrenos que posee el demandado, sino todo el lote o parcela de terreno que posee o detenta el demandado. Bajo este supuesto si sería necesario determinar que son una misma cosa el lote de terreno que el demandante alega es de su propiedad y la parcela o lote de terreno más amplio que posee el demandado, cuyo lote de terreno, al mismo tiempo el demandado alega que es su propietario, para poder verificar si se cumple con el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla condicionada la acción reivindicatoria. Ahora bien, hechas estas consideraciones, debe observar la Sala que en el sub judice, el Tribunal de alzada, para verificar, si se cumplió con el requisito de la identidad de la cosa reivindicada, a la cual se halla condicionada la acción reivindicatoria se equivoca en la interpretación del Artículo 868 del Código Civil.- Por lo anterior, al enfrentar el título de dominio esgrimido por la demandante que proviene de la cadena de títulos ya descrita desde el veinte (20) de Octubre de mil novecientos ochenta (1980), contra la posesión alegada por el demandado, que surge a partir del veinticuatro (24) de Agosto del año dos mil diez (2010), con la entrega del doce punto ocho por ciento (12.8%) que conforma la totalidad del bien inmueble, es evidente que el cumplimiento del requisito con fundamento en la adquisición del derecho de dominio del demandante, que se encuentra respaldada por la cadena de títulos debidamente registrados en la oficina de instrumentos públicos, es anterior a la posesión del demandado. SEGUNDO MOTIVO SEGUNDO: Se presenta casación al Amparo del precepto autorizante numeral

  1. inciso c) del Artículo 719 del Código Procesal Civil relacionado con el numeral 2) del Artículo 720 del Código Procesal Civil según las Infracciones del inciso 1) del Artículo 245 del Código Procesal Civil, por la Arbitrariedad y falta de aplicación de las reglas de la Sana Crítica como normas necesarias para la correcta valoración de las Pruebas en Juicio, más la Infracción del inciso 2) del Artículo 245 del Código Procesal Civil, por la incorrecta interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. De lo anterior se concluye que son “los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba” los que, producida su aplicación indebida o su falta de aplicación o su interpretación errónea -una de ellasconducen a uno de estos dos resultados: ya a la equivocada aplicación (1) y a la no aplicación de determinada norma de derecho en la sentencia (2). Ahora bien, se recurre por dos infracciones en este caso, según los incisos 1 y 2 del artículo 245 de Código Procesal Civil que dice: “Art.245.- Valoración de la Prueba.- 1. La valoración de la prueba en el Proceso Civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos básicos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción nulidad de la resolución “. Acerca de la primera infracción denunciada en este apartado; Sobre la sana crítica, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Editorial Eliasta, Bs. As. Argentina, dice: “...opina Ossorio y Florit que, frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal (v.), surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma. En la libre convicción (v.) entra en juego la conciencia en la apreciación de los hechos; en la sana crítica, el juicio razonado. A este respecto expresa Couture que el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad.”; y sobre la “valoración de la prueba”, la jurisprudencia española dice lo siguiente: “AP Cáceres, SS 25- 04-2001 (2001/15023)... El Tribunal declara que la alegación de error en la valoración de la prueba, ha de tener por objeto el denunciar que a un determinado medio de prueba no se le ha reconocido el valor probatorio que la ley le reconoce, o bien que se le ha atribuido una eficacia probatoria que la ley no le da, debiendo en ambos casos citarse las normas de valoración de prueba aplicables a aquella de que se trata, pero sin que ello permita proceder a un nuevo examen y valoración de la prueba en su conjunto contraponiendo a la del Tribunal de instancia la valoración subjetiva del recurrente, circunstancias estas las cuales no concurren en el caso de autos, no pudiéndose hablar por tanto de un error en la valoración de la prueba aportada.” En el caso que se estudia, como impetrante considero que el principio de carácter general sobre la forma de valoración de la prueba por la lógica del valor de legal del documento aportado por la parte demandante, contenido en el citado Artículo 245 inciso 1) no ha sido correctamente aplicado en la sentencia, puesto que del análisis de la prueba en su conjunto, la Corte de Apelaciones no concede el valor probatorio correcto a los que determina en la sentencia precisamente en aplicación de la sana crítica, al referirse contra la Propiedad demostrada en el Título o documento público registrado en el Instituto de La Propiedad que contiene la Compra Venta de una acción o un derecho otorgado por Rafael Leiva Guillén a favor de Victoria Carrasco García e inscrito según el número 62 del Tomo 5165 del Registro de Propiedad de San Pedro Sula, Cortes, teniendo en cuenta la razón “de ser un documento público indubitable y con asiento de registro con Plano del Polígono registrado”, de modo que aparece la infracción alegada del inciso 1) del articulo transcrito y, como consecuencia de esto, existe en la sentencia cuestionada lo que debe ser resultado de lo PRIMERO, la violación del Artículo 245 del Código Procesal Civil cuando la recurrida no valora el Título Traslaticio de Dominio adquirido con mayor antigüedad que el demandado como un derecho a una propiedad privada sometida a afectación por otro derecho posterior que no ha sido adquirido de forma correcta por error de mayor cabida en perjuicio personal de la demandante, respectivamente. Ahora bien, el requisito aludido corresponde a una condición o presupuesto esencial de la acción de que se trata, vale decir, es de aquellos que determinan su éxito o procedencia. La singularización de la cosa reivindicada se refiere a que el bien deba estar especificado según su antigüedad como definido por la Autoridad Nacional que es el Registro de La Propiedad aunque su individualidad sea afectada por un tercer registro, esto es, en términos que no sólo haga posible que la discusión y el conocimiento del tribunal se circunscriba a una cosa concreta y conocida, sino que, además, permita la adecuada ejecución de un eventual fallo favorable a las pretensiones del actor. Lo dicho deja en evidencia que este elemento cardinal de la contienda dominical pertenece fundamentalmente a la esfera fáctica del pleito, puesto que será en ese ámbito que los antecedentes y probanzas reunidos en la causa han de aportar las particularidades propias de la cosa que se reclama, de manera tal de entenderla diferenciada de alguna otra; Que junto a lo anterior, los basamentos del arbitrio de casación de la parte recurrente hacen necesario recordar que este medio de impugnación se caracteriza por ser uno de índole extraordinaria que no constituye instancia jurisdiccional, pues no tiene por finalidad propia revisar las cuestiones de hecho del pleito ya tramitado, sino antes que ello, se trata de un recurso de derecho, puesto que la resolución del mismo debe limitarse en forma exclusiva a examinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley en la sentencia que se trata de invalidar, respetando los hechos que vienen dados en el fallo, que habrán sido fijados soberanamente por los jueces sentenciadores. En ese sentido, por disposición de la ley, el examen y consideración de la interpretación del valor legal de un documento como presupuesto fáctico y jurídico previo en que se apoya la decisión que se revisa, son parte del conocimiento de la Sala Civil de casación. De forma excepcional, es posible que el tribunal de casación altere el sustrato fáctico asentado por los tribunales de la instancia, proceder que tendrá lugar siempre y cuando la infracción de ley que se denuncia en el recurso responda a la conculcación de una o más normas reguladoras de la prueba, mas no respecto de alguna de aquéllas que reglan la apreciación de las probanzas que se hubiesen rendido, cuya aplicación es facultad privativa del juzgador; Que esas reglas que rigen la prueba, cuya infracción hace posible que en sede de casación varíen los hechos de la causa, condicen con aquellas directrices que constituyen normas básicas encargadas de determinar los diferentes medios probatorios; el procedimiento y la oportunidad en que debe ofrecerse, aceptarse y rendirse las probanzas; la fuerza o valor de cada medio y la manera como el tribunal debe ponderarlos, importando verdaderas obligaciones y limitaciones dirigidas a ajustar las potestades de los sentenciadores en dicho ámbito y, de esta forma, conducir a una correcta decisión en el juzgamiento. En la medida que los jueces del fondo respeten esas pautas elementales de juzgamiento, son soberanos para apreciar la prueba y, en consecuencia, sus decisiones no son susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación, tanto en cuanto se basen en la justipreciación de los diversos elementos de convicción. Salvedad que se apoya en el componente básico de prudencia en la decisión que exhibe la actividad jurisdiccional, por cuanto las determinaciones que adoptan los jueces, si es que acatan estos preceptos que rigen la prueba, les otorgan libertad para calibrar los diversos elementos de convicción; quehacer situado al margen del examen que se realiza por la vía de casación de fondo. La principal razón de lo descrito reside en que la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, si bien concierne de modo privativo al análisis de los tribunales de la instancia, ha de ser llevada a efecto en la forma dispuesta por el legislador del ramo. Que para estimar la infracción que se funda en el numeral 1) Artículo 245 del Código Procesal Civil, cabe recordar que esta norma legal ordena apreciar el Instrumento Público generado por la parte demandante conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, mediante aquel método de valorización de la prueba que se basa en los criterios inmutables de la lógica, las pauta legal del Artículo 1575 del Código Civil: “ Deberán constar en documento público:
  1. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles...” sujetas a la variación que dicta la experiencia y los conocimientos científicos debidamente afianzados; configurando un proceso interno y subjetivo desarrollado soberanamente por los juzgadores del fondo como requisito de la sentencia. Como es sabido, en cuanto a la ponderación de la prueba, existe el sistema de la prueba legal o tasada, en que la ley asigna o fija el valor individual de cada medio de prueba y su apreciación comparativa, y el de libre convicción o íntimo convencimiento, en que se le entrega al juez facultades amplias para apreciar, determinar los hechos, sin estar obligado a señalar expresamente los motivos de su decisión. En un plano intermedio, se encuentra la sana crítica, en que se le confiere al juez la facultad de valorar los medios de prueba establecidos por la ley de acuerdo con el conocimiento exacto y reflexivo que otorga la razón y la experiencia. Asimismo, es útil destacar algunas definiciones que se han dado en doctrina. Así, Hugo Alsina señala: “Las reglas de la sana crítica no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio” (Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial 1956, Buenos Aires, Ediar SA. editores, p. 127). Eduardo Couture, a su vez, define las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano; continentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia” (Estudios de Derecho Procesal Civil. Ed. Desalma, p. 195). Señala a continuación que tal método se ubica en una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Son las reglas del correcto entendimiento humano, interfiriendo en ellas las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado analice la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de los casos. De este modo, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento (Couture, citado por Melo y Pozo. “Las Leyes del Pensamiento en el Derecho”, Ril Edit., pág. 170); Que, entonces, así como el juzgador goza de amplitud en el proceso de apreciación, también se encuentra limitado por la exigencia formulada, en cuanto a que la valoración de la prueba indubitable notarial que establece en la antigüedad un derecho real a respetar por la parte demandada y debe hacerse respetando los principios y máximas de la sana crítica, como método consagrado por la ley. Por otro lado, aunque como se ha sostenido la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables, esto no la libera del control del proceso lógico que debe seguir el juez en su razonamiento, precisamente a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la lógica y de la experiencia en la fundamentación. No debe olvidarse que el órgano jurisdiccional debe observar la garantía de la motivación, en cuya virtud se da al juez libertad de apreciación pero, al mismo tiempo, se le obliga a correlacionar lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión, para prevenir la arbitrariedad. La motivación lógica debe ser coherente, es decir, debe basarse en razonamientos armónicos entre sí, que no contradigan los principios de identidad, de contradicción y tercero excluido. Además, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe constituirse, mediante inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en su virtud se vayan determinando, satisfaciendo así las exigencias de ser concordante, verdadera y suficiente. La Regla del análisis Parcial y Aislado de cada medio de prueba antes de su valoración conjunta no se llevó a cabo por la Corte de Alzada.- Esta regla de la sana formación intelectual se concluye que éste condice con un análisis apoyado en los medios que aconsejan los principios lógicos, el recto entendimiento y la experiencia del tiempo y del lugar en que se formó el documento como título materia de la Tutela del Derecho Real por reivindicación. Por consiguiente, el Tribunal Ad-Quem en la medida que ese procedimiento intelectivo se anida en el sujeto que analiza y pondera la prueba, debió extraer de allí las premisas con las que a continuación construye sus conclusiones; el método de la sana crítica no admite cuestionamientos en el ámbito puramente subjetivo.- Pero, si en ese análisis del material probatorio rendido en la causa el juzgador se aparta en forma notoria del examen reflexivo y concordante con la lógica, los conocimientos afianzados por la ciencia o por las máximas de la experiencia, en ese caso la conclusión a la que arribó sí será susceptible de ser revisada por la vía de la casación, puesto que se habrán infringido las pautas propias del sistema de la prueba razonada, inobservancia que sólo da paso a una valoración puramente personal, provocando, en último término, un fallo arbitrario. La razón principal de esto último reside en que, si bien la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio concierne de modo exclusivo al análisis de los tribunales de la instancia, ella debe ser obtenida en la forma dispuesta por el legislador. Que volviendo al recurso, es posible inferir que la infracción al Artículo 245 del Código Procesal Civil en el inciso indicado, se habría producido de dos maneras: que el plano contiene un error de desconocer la antigüedad de un Derecho Real y el antecedente de Dominio a tal magnitud que no da la importancia por seguir una individualización cuando por el contrario la prueba de la parte demandada señala que existe un Tercer Registro más nuevo que ofrece la razón lógica de mayor cabida en afectación al predio del demandante. Existe un problema de emplazamiento en todo el sector donde están ubicados los inmuebles involucrados en el juicio, para lo cual también no considera la existencia de dos títulos en donde se realiza un acaparamiento o sobre- medida. La pretendida transgresión del Fallo ha sido tal, por cuanto, porque el tribunal en el plano anexo a la Demanda no dice nada respecto a la cabida mayor pretendida por la parte demandada, pese a que dicha probanza pública fue considerada por ambas partes para precisar la situación, cabida y linderos de los predios. La omisión a la regla de la Sana Critica que consiste en el Análisis primario individual de los elementos del proceso existe porque según la lógica de cada título hay emplazamiento de área general que afecta el polígono del lote ubicado en el mismo sector que el inmueble del demandado. La sentencia no logra determinar e identificar la cosa que se pretende reivindicar, es decir, que el lote del demandante si se encuentra perfectamente delimitados dentro de la cabida y deslinde del Título Agrario y, más específicamente, que la demandada es poseedora de sendos retazos amparados en la posesión inscrita - con la que se reputa el dominio- cuya titularidad corresponde a la parte actora. En apego a la segunda infracción del Artículo 245 del Código Procesal Civil para probar los supuestos de la acción que entablan, los actores se han valido de prueba instrumental, planos de registro aprobados que nunca fueron enumerados como forma de singularización del predio objeto en disputa con doble registro. De las probanzas producidas por los actores, en el fallo queda fehacientemente demostrado que son dueños de los lotes de terreno de la manera que la demandada tiene mayor cabida pero que a su vez abarca nuestro derecho real de Dominio. Que, en relación a la legitimación pasiva de la demandada, como se ha dicho en los considerandos precedentes, es un hecho de la sentencia que se impugna, que la demandada detenta la posesión material de parte del predio que se reivindica. Y es un hecho también esencial consignado por la misma que la demandante ha acreditado el dominio de ese bien. Luego, concurriendo estos dos elementos no puede argüirse la improcedencia de la acción reivindicatoria, puesto que ésta “es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión”. Por esto es que la demanda dirigida únicamente en contra de un poseedor material con otro título y registro no es errónea, sin que fuera necesario emplazar, además o en su lugar, al titular o titulares de un predio cuyos deslindes —en lo formal y en los hechos- no atañen a las porciones de tierra que, en definitiva, se ordena restituir. Que de esta forma, ha podido transgredirse el precepto de la valoración armónica de todos los medios probatorios que forman el segundo grupo de infracciones legales aducidas, antes bien, esas disposiciones no han sido correctamente aplicadas en el fallo que se recurre. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo “no ha lugar” la demanda de reivindicación porque la valoración conjunta y la eficiencia de la prueba demandante tipifican que la escrituración, registro y antigüedad son formas y derechos pre constituidos a favor de la parte demandante que reclama la verdad jurídica de propiedad privada. La sinceridad de las enunciaciones del instrumento presentado con la demanda, que se presentó según pautas objetivas de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, no admiten prueba en contrario, prescindencia que importa un apartamiento en el fallo que renuncia a ponderar elementos que pueden conducir a la determinación de la verdad objetiva. Es Lógico cuando su debida integración y armonización con otros elementos de convicción obrantes en la causa el Instrumento Público del Demandante puede llevar a conferirle la eficacia que según las reglas de la sana crítica corresponde a los medios probatorios”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013). 2.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3.- Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso; Como consecuencia de esta exigencia legal tenemos que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. 4.- El recurrente en su primer motivo de casación viene impugnando la sentencia por error en la interpretación de las normas de derecho civil relacionadas en los artículos 868 y 1630 párrafo segundo del Código Civil y violación por falta de aplicación de los artículos 713 y 1630 del Código Civil. Planteado este motivo de casación, de entrada se observan tres falencias que infringen la debida técnica casacional, en primer lugar viene invocando interpretación errónea de los artículos 868 y 1630 párrafo segundo del Código Civil, preceptos que contienen dos supuestos jurídicos diferentes que han debido exponerse por separado en tanto que uno se refiere a la acción de dominio propiamente mientras que el otro se refiere a las reglas de tratamiento cuando una misma cosa se ha vendido a diferentes compradores, faltando con ello a la exigencia de suficiente separación y claridad. La segunda falencia que presenta este motivo de casación es que pretende introducir una revisión probatoria al alegar que la vista de ambos polígonos no es cierto el criterio del fallo de segunda instancia, por que el acaparador deja su intención y el vulnerado señala su afectación, alegando que bajo el criterio de la Corte de Apelaciones se está procediendo como si nada se hubiera probado, estas alegaciones del recurrente constituyen también un motivo de inadmisión pues conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, “por medio del recurso de casación no se podrá instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia” (véase artículo 723 2ª del mismo Código); la tercera falencia que se observa en el recurso es que el recurrente invoca también en el mismo motivo la falta de aplicación de los artículos 713 y 1630 del Código Civil, lo que es totalmente improcedente primero porque el artículo 713 al referirse a la tradición del dominio constituye un supuesto jurídico que debió exponerse por separado y no bajo el mismo motivo de casación y por otra parte la falta de aplicación implica la pretensión de que el Juez de Casación aplique un precepto que no ha sido aplicado por el juzgador de instancia, sin embargo el artículo 1630 en este mismo motivo de casación, ha sido denunciado por interpretación errónea lo que supone que el precepto es aplicable y lo único que se cuestiona es el sentido o alcance del mismo, lo que constituye un alegato excluyente en un mismo motivo de casación, infringiéndose de este modo la obligación de separación y claridad en el recurso prevista en el artículo 721 y que se sanciona con inadmisbilbilidad por el artículo 723 2ª, ambos del Código Procesal Civil. 5.- El recurrente viene invocando como segundo motivo de casación al amparo del precepto autorizante del numeral 1 inciso c) del artículo 719 relacionado con el numeral 2) del artículo 720 del Código Procesal Civil que establece que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fàctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo, señalando como preceptos infringidos el artículo 245 inciso 1 del mismo Código por la arbitrariedad y falta de aplicación de las reglas de la sana crítica como normas necesarias para la correcta valoración de las pruebas en juicio, mas la infracción del inciso 2 del artículo 245 del citado Código por la incorrecta interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, reconociendo el censor que se recurre por dos infracciones en este caso (folio 20), esto implica una violación a la debida técnica casacional que exige

hacer constar cada motivo con expresión de la norma que lo sustenta con la suficiente separación y claridad, de modo que partiendo de un precepto autorizante que autoriza el control fàctico para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, es menester especificar cual de estos es el canal (existencia, suficiencia o bien racionalidad y carácter lógico), una vez decidido esto, corresponde citar la norma infringida y explicar como corresponde la arbitrariedad y falta de aplicación de las reglas de la sana crítica al supuesto específico autorizante, lo que tendría que exponerse en un motivo, luego en otro motivo separado, volver a hacer esa selección para relacionar como es que se infringe la valoración de los distintos medios de prueba al no deducirse en su caso de manera clara y terminante de los fundamentos fàcticos y jurídicos de la sentencia; en consecuencia al pretender el impetrante exponer dos infracciones en un solo motivo falta nuevamente al deber de separación y claridad dificultando la aprehensión por parte del Tribunal de casación, por esas razones este motivo de casación tampoco es de recibo al concurrir la causa de inadmisión prevista por el artículo 723. 2 A) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 721 del mismo Código al ser falto de claridad y separación suficiente. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 199, 245, 716, 717, 718, 719. 1 c). 2, 720, 721, 722, 723.2 a, 724, del Código Procesal Civil;713, 868 y 1630 del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, representado en juicio a VICTORIA CARRASCO GARCIA, en la DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN INMUEBLE VIA PROCESO ORDINARIO, promovida en fecha diecisiete de Julio del dos mil trece, ante el Juzgado de Letras de Civil de la Sección de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, en su condición de apoderado legal de la señora VICTORIA CARRASCO GARCIA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el veintisiete de mayo del año dos mil catorce, en el expediente de apelación número 107-14 C.V originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2013-0255 LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 3) Condena en costas a la parte recurrente; y 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Mayo de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Tres de mayo de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 221=2014. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.