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Sentencia CC-213-14 — Registro 5833

Resumen

En segunda instancia se revoca parcialmente la sentencia recurrida declarando con lugar la demanda ordinaria con acción de pago.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"PRIMER MOTIVO DE CASACION. Los recurrentes comparecen en este motivo haciendo denuncia la que sucintamente se trascribe: “…Que la Sentencia recurrida es Violatoria de Normas de Derecho de Orden Jurídico Nacional por Infracción Directa de los Artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil… Que el apelante con ocasión de evacuar el trámite esencial de expresar agravios incurre en el grave defecto de no exponer la forma en que la resolución apelada le causa perjuicios y la manera en que desea la enmiende el Tribunal Superior. Tampoco precisa en qué infracciones o en qué error incurrió el a-quo ni contra qué considerando o parte motivada de la sentencia dirige su impugnación. Es decir, no contiene refutación alguna, razonada y concreta, de los argumentos efectuados por el juez a-quo, limitándose, por lo general, a repetir las alegaciones hechas con anterioridad y ya desestimadas por el Juez apelado. Más aún, ni siquiera formula peticiones concretas respecto de la sentencia apelada. De tal manera que dicha petición adquiere el carácter de vaga e imprecisa. De todo ello resulta difícil concebir que esta Honorable Corte haya resuelto de la forma en que lo hizo, acogiendo dicho recurso, ya que no habiendo el recurrente expresado sus agravios con claridad y precisión, y carente de todo sustento jurídico, debió haber sido declarado sin lugar. En efecto, es patente la falta absoluta de concordancia o relación entre el contenido de la misma (su parte motivada y su parte resolutiva) con lo oportunamente debatido en juicio y con las pretensiones de las partes. Es opinión unánime de la doctrina jurídica la necesidad de correspondencia entre los presupuestos indicados… De tal manera que la sentencia recurrida es INCONGRUENTE, esto es, viola un principio rector de toda la actividad procesal que debe realizar todo juzgador: el de la CONGRUENCIA que debe existir entre la sentencia con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, además del contenido formal que debe de contener todo fallo, efectuando las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuestión de la esencia de la actividad jurisdiccional. Si bien esta Honorable Corte declaró, literalmente, Con Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación.- Revoca Parcialmente La Sentencia Impugnada, no incorporó en su decisión hechos controvertidos que exigían un expreso pronunciamiento. A saber: a) No se pronuncia si ABSUELVE a COMERCIAL SIMÓN, S. de R.L. de pagar al señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS la cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO, además de ABSOLVER A DICHA SOCIEDAD del pago de indemnización de daños y perjuicios. Este punto es fiel expresión del litigio y tiene el carácter de sustancial, pertinente y controvertido, y no fue sometido a la decisión de este Tribunal. b) Tampoco refiere la sentencia SI ABSUELVE A LOS DEMANDADOS JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ del pago de indemnización de daños y perjuicios. c) No se pronuncia a quién CONDENA EN COSTAS de la segunda instancia. d) Otro aspecto incongruente de la sentencia recurrida es que la Corte estima que los señores JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ALVAREZ fueron CONDENADOS A PAGAR SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO porque fueron demandados como herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM, sin embargo la muerte real o presunta del causante, así como tal calidad de herederos nunca fue probados en juicio mediante la correspondiente Acta de defunción debidamente inscrita en el Registro Nacional de las Personas y la sentencia de herencia inscrita del registro de sentencias correspondiente para surtir los efectos legales pertinentes y, en consecuencia, este Tribunal NO PODÍA RESOLVER AL MARGEN DEL MÉRITO DEL PROCESO. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las reglas procesales infringidas están contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, todas ellas relativas a los Requisitos Internos de la Sentencia. Infracciones que causan a mis representados un perjuicio solo reparable con la casación de la sentencia recurrida. 2. 1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Establecen los recurrentes que: “Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso c, del Código Procesal Civil.- “Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la Aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)……b)…..c) La forma y contenido de la sentencia. 2……………….” En relación con el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil”. 2. 2 Los casacionistas incurren en una serie de errores en cuanto a la técnica casacional utilizada que generan una incongruencia en la motivación del mismo. 1) La denuncia de infracción respecto a los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Esta indiscriminada enunciación de preceptos legales se le conoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, misma que la doctrina se pronuncia de la siguiente manera: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…” La doctrina citada continua indicando que “…lo mas elemental de la técnica casacional, exige precisar el concepto en el cuál las normas citadas han podido ser infringidas…” . En el presente caso, los impetrantes citan varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, aunque relacionadas en materia, difieren en rango y protección recursiva, por lo cual era su deber haberlas motivado en forma separada, definiendo cada una de ellas con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil cuando establece que sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse, los escritos de interposición de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. En el presente caso la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida. La Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones al respecto. 2) Incoherente causal recursiva, ya que los casacionistas manifiestan que invocan como precepto autorizante simultáneamente el articulo 719 numeral 1 inciso c) y la misma causal relacionándola con el artículo 720 numeral 2, ya que la primera de ellas se circunscribe en la impugnación por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias; y el segundo se circunscribe en el control casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Como puede apreciarse los impetrantes no son claros ni precisos en cuanto a la causal por la cual comparecen recurriendo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Los impetrantes denuncian la sentencia recurrida por considerar que infringe por aplicación indebida de los artículos 930, 1346, 1348, 1351, y 1526 del Código Civil. Manifiestan: “…Estas normas han sido invocadas y aplicadas indebidamente por la Corte al caso concreto y, por ende, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Su aplicación indebida queda de manifiesto en el hecho de hacerlo de manera general y abstracta (sin referencia alguna al caso concreto) y con absoluta prescindencia del preciso precepto, numeral o inciso en que cabe subsumir el hecho (provocando de esta manera un verdadero vacío ya que no es dable que quede al entendimiento de las partes lo que quiso decir la Honorable Corte). Es el caso del artículo 930 del Código Civil, que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo judicial. Según este artículo hay dos formas de suceder a una persona difunta: a título universal y a título singular. Como fuere (a título universal o singular; testamentaria o intestadamente), y toda vez que el demandante (y posterior apelante) ha dirigido su demanda, entre otros, a los herederos de don JORGE SIMÓN ALAM, surge la necesidad para esta parte procesal de probar la muerte real o presunta del causante y en qué forma dichos demandados accedieron a la sucesión del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM. Ello es absolutamente necesario por cuanto el inmueble que es supuestamente objeto y al cual hace referencia el documento privado de AUTORIZACIÓN, nunca fue propiedad del supuesto causante JORGE SIMÓN ALAM (hecho tenido por probado) sino que de una persona jurídica (COMERCIAL SIMÓN, S. DE R.L.) que, según la sentencia de esta Corte de Apelaciones, no aparece obligada con el demandante (VÍCTOR CAMPOS VILLALOBOS). Cabe preguntarse entonces: ¿cómo puede trasmitirse dicha obligación a mis representados JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ÁLVAREZ, quienes nunca estuvieron vinculados jurídicamente al demandante? Hace también aplicación la Corte, en la parte dispositiva del fallo, del artículo 1346 del Código Civil relativo a las fuentes de las obligaciones. Según este precepto las obligaciones nacen o de los contratos, o de los cuasicontratos, o de los delitos, o de los cuasidelitos o de la ley. Obviamente unos y otros son excluyentes. La Corte no indica cuál de estas fuentes es la que genera la obligación de pagar cantidades de dinero al demandante, siendo éste un pronunciamiento esencial que en el fondo se reduce a determinar en cuál de estos hechos generadores de obligaciones se debe inscribir el documento privado de AUTORIZACIÓN al cual ya se ha hecho referencia. No obstante lo anterior la Corte recurrida hace también aplicación de los artículos 1348 y 1351 del Código Civil, disposiciones propias de una fuente especifica de las obligaciones: los contratos. ¿Debe entenderse entonces que la Corte le asigna tácitamente el carácter de contrato a un documento privado de AUTORIZACIÓN, propiamente una declaración unilateral de voluntad, en la que, por definición, no existe concierto de voluntades? La contradicción aparece así de manifiesto: se aplican las normas relativas al contrato a un hecho que no tiene tal carácter. Finalmente no aplica al presente caso lo establecido en el artículo 1526 que también sirvió para decidir el fondo del asunto. Según dicho precepto no se admite prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Pero resulta que los testigos propuestos por la parte demandada tenían una finalidad muy distinta a las que le atribuye la sentencia. En efecto, iban encaminados a demostrar que, por ser propietarios de lotes de terreno en el sitio denominado Gualiqueme (donde está ubicado uno de los inmuebles embargados a Comercial Simón, S. de R.L), les constaba personalmente que en dichos terrenos nunca hubo guardias de seguridad de la empresa propiedad del padre del demandante, ni mucho menos que en el mismo se hayan hecho mejoras, de manera que la prueba testifical no iba dirigida a probar obligaciones en dinero sino que a constatar hechos. 3. 1 PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- CAUSALES DEL RECURSO. 1….2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 3. 2 Los impetrantes vuelven a cometer el error en la técnica casacional de enunciar preceptos legales conocida como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, de la cual se ha hecho especial énfasis en el motivo anterior. Tampoco establecen los impetrantes porque existe aplicación indebida de las normas que enuncia como infringidas del Código Civil, y en caso de su debida aplicación, de que manera cambiaria la disposición de la sentencia. No cabe duda que es posible atribuir a la sentencia recurrida los defectos de falta de motivación y de incongruencia, pero lo que no es admisible es que ambas denuncias se acumulen en un solo motivo, porque ello conlleva confusión y falta de claridad puesto que necesariamente se refieren a cuestiones distintas. La incongruencia constituye un motivo y la motivación otro, por la sencilla razón de que una sentencia puede ser congruente aunque no este motivada y, cabe que pese a estar motivada, la sentencia no sea congruente. En consecuencia no cabe hablar de falta de motivación desde la perspectiva casacional por el hecho de que la sentencia hubiera dejado de pronunciarse sobre determinadas pretensiones de las partes, pues precisamente la falta de motivación ha de ponerse en relación con el pronunciamiento que se considera inexplicado y ausente de respaldo; lo que cabalmente es distinto e incompatible con la incongruencia que, como defecto denunciable, consiste en la falta de pronunciamiento o en el pronunciamiento discordante con el objeto del proceso y las alegaciones efectuadas por las partes en defensa de sus pretensiones. En el presente motivo los casacionistas recurren invocando la causal de aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo en la exposición de la causa redunda la infracción en aspecto que tienen que ver con la técnica procesal y no en el resultado del fondo del litigio. Por ultimo pero no menos importante es recordar a los casacionistas que el artículo 1526 del Código Civil se encuentra expresamente derogado por el artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil. 4.- No ha lugar al estudio de la nulidad subsidiaria presentada en el escrito de casación, en virtud que esta figura jurídica no se encuentra contemplada en el derecho adjetivo vigente. 5.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b)…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas a los recurrentes y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON SALAZAR y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, y por si como heredero del Señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM, representados en juicio por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de recurrente; y el señor VICTOR MANUEL CAMPOS, representado en juicio por el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDEZ ORDOÑEZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA CON ACCION DE PAGO Y CON ACCION DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha cinco de octubre del año dos mil seis, ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, por el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDEZ ORDOÑEZ, actuando en su condición de representante procesal del Señor VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON S. de R.L., representado legalmente por los Señores JORGE SIMON SALAZAR y NAZRI NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON Y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, por si y como herederos del Señor JORGE SIMON ALAM y como Socios de la SOCIEDAD COMERCIAL SIMOM S. de R.L. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha quince de mayo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en el juicio de merito, dicto sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDES ORDOÑEZ, contra la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del años dos mil trece, dictada por el Juzgado Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la DEMANDA ORDINARIA CON ACCION DE PAGO Y CON ACCION DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON S. de R.L. representada por los señores JORGE SIMON SALAZAR y NAZRI NEGUIB SIMON SALAZAR, y contra los señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, por si como herederos de los bienes y acciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA confirmándola en cuanto declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria CON ACCION DE PAGO contra la SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIAL SIMON S. de R.L. y SIN LUGAR la excepción perentoria de Falta de Acción o derecho para demandar, y SIN LUGAR LA ACCION DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON S. de R.L. y contra los señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, por si como herederos de los bienes y acciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM.- TERCERO: Como consecuencia de haber revocado parcialmente la sentencia recurrida DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA CON ACCION DE PAGO promovida por el señor VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, contra los señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ y ALBA GLORIA SIMON, conocida también como ALBA GLORIA SIMON SALAZAR, por si como herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM, CONDENANDOLOS a pagar al demandante VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, la cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 603,195.00) MAS LOS INTERES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO.- CUARTO: Declara SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE NULIDAD DE UN ACTO QUE ORIGINA UN DOCUMENTO QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA ACCION PROMOVIDA.- QUINTO: Que el presente fallo es recurrible en Casación, siendo competente la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con la Certificación del mismo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El Representante Procesal de los Señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON SALAZAR y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, presento en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha quince de mayo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca resolviendo el Ad-quem mediante proveído de fecha quince de julio del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El Representante Procesal del señor VICTOR MANUEL CAMPOS, Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDEZ ORDOÑEZ, presento en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, tener por pronunciado al recurrido, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDEZ ORDOÑEZ, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha trece de agosto del año dos mil catorce, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personado dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Acuso la Sentencia recurrida de ser Violatoria de Normas de Derecho de Orden Jurídico Nacional por Infracción Directa de los Artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, los que literalmente establecen: ARTÍCULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.- Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, can la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, Sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación 3.- En los procesos civiles las sentencias podrán dictarse excepcionalmente en forma oral al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso abreviado, debiendo motivarse por escrito en el plazo de cinco días. ARTÍCULO 206.- REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2.- El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3.- Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso c, del Código Procesal Civil.- “Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO.

  1. Se podrá impugnar la Aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)……b)…..c) La forma y contenido de la sentencia. 2……………….” En relación con el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA La sentencia recurrida adolece de manifiesta incongruencia con las pretensiones oportunamente deducidas por el demandante y posterior apelante. En efecto, el apelante con ocasión de evacuar el trámite esencial de expresar agravios incurre en el grave defecto de no exponer la forma en que la resolución apelada le causa perjuicios y la manera en que desea la enmiende el tribunal superior. Tampoco precisa en qué infracciones o en qué error incurrió el a-quo ni contra qué considerando o parte motivada de la sentencia dirige su impugnación. Es decir, no contiene refutación alguna, razonada y concreta, de los argumentos efectuados por el juez a-quo, limitándose, por lo general, a repetir las alegaciones hechas con anterioridad y ya desestimadas por el Juez apelado. Más aún, ni siquiera formula peticiones concretas respecto de la sentencia apelada. De tal manera que dicha petición adquiere el carácter de vaga e imprecisa. De todo ello resulta difícil concebir que esta Honorable Corte haya resuelto de la forma en que lo hizo, acogiendo dicho recurso, ya que no habiendo el recurrente expresado sus agravios con claridad y precisión, y carente de todo sustento jurídico, debió haber sido declarado sin lugar. Honorables Magistrados, el estudio detenido del razonamiento empleado por este juzgador de segunda instancia conduce, forzosa e inequívocamente, a una contundente conclusión: la sentencia de segunda instancia es arbitraria, es decir, no está apegada a Derecho. En efecto, es patente la falta absoluta de concordancia o relación entre el contenido de la misma (su parte motivada y su parte resolutiva) con lo oportunamente debatido en juicio y con las pretensiones de las partes. De tal manera que la sentencia recurrida es INCONGRUENTE, esto es, viola un principio rector de toda la actividad procesal que debe realizar todo juzgador: el de la CONGRUENCIA que debe existir entre la sentencia con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, además del contenido formal que debe de contener todo fallo, efectuando las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuestión de la esencia de la actividad jurisdiccional. Si bien esta Honorable Corte declaró, literalmente, Con Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación.- Revoca Parcialmente La Sentencia Impugnada, no incorporó en su decisión hechos controvertidos que exigían un expreso pronunciamiento. A saber: a) No se pronuncia si ABSUELVE a COMERCIAL SIMÓN, S. de R.L. de pagar al señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS la cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESE LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO, además de ABSOLVER A DICHA SOCIEDAD del pago de indemnización de daños y perjuicios. Este punto es fiel expresión del litigio y tiene el carácter de sustancial, pertinente y controvertido, y no fue sometido a la decisión de este Tribunal. b) Tampoco refiere la sentencia SI ABSUELVE A LOS DEMANDADOS JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ del pago de indemnización de daños y perjuicios. c) No se pronuncia a quién CONDENA EN COSTAS de la segunda instancia. d) Otro aspecto incongruente de la sentencia recurrida es que la Corte estima que los señores JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ALVAREZ fueron CONDENADOS A PAGAR SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO porque fueron demandados como herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM, sin embargo la muerte real o presunta del causante, así como tal calidad de herederos nunca fue probados en juicio mediante la correspondiente Acta de defunción debidamente inscrita en el registro nacional de las personas y la sentencia de herencia inscrita del registro de sentencias correspondiente para surtir los efectos legales pertinentes y, en consecuencia, este Tribunal NO PODÍA RESOLVER AL MARGEN DEL MÉRITO DEL PROCESO. REGLAS PROCESALES VIOLADAS Las reglas procesales infringidas están contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, todas ellas relativas a los Requisitos Internos de la Sentencia. Infracciones que causan a mis representados un perjuicio solo reparable con la casación de la sentencia recurrida SEGUNDO MOTIVO Acuso la Sentencia recurrida de Infringir Normas de Derecho de Orden Jurídico Nacional directamente por aplicación indebida de los artículos 930, 1346, 1348, 1351, y 1526 del Código Civil, que literalmente expresan: Artículo 930.- Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos, cuarenta fanegas de trigo. Artículo 1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1348.- Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1351.- La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Artículo 1526.- No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- CAUSALES DEL RECURSO. 1….2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACION DE LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA La resolución judicial objeto del presente recurso de casación ha sido dictada, además, con infracción o violación de la ley por vía directa. Como la Honorable Corte bien sabe una de las maneras de infringir la ley es haciendo una errónea aplicación de ella. Existe aplicación indebida de la ley cuando se aplica a casos para los cuales ella es extraña, o bien cuando se prescinde de ella en aquellos casos para los cuales fue dictada. En el caso de mérito, la Corte de Apelaciones, para llegar a las conclusiones a las que efectivamente llegó, aplicó indebidamente las normas sustantivas de derecho contenidas en los artículos 930, 1346, 1348, 1351, y 1576 del Código Civil, las que no son aplicables en atención al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido. Estas normas han sido invocadas y aplicadas indebidamente por la Corte al caso concreto y, por ende, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia Su aplicación indebida queda de manifiesto en el hecho de hacerlo de manera general y abstracta (sin referencia alguna al caso concreto) y con absoluta prescindencia del preciso precepto, numeral o inciso en que cabe subsumir el hecho (provocando de esta manera un verdadero vacío ya que no es dable que quede al entendimiento de las partes lo que quiso decir la Honorable Corte) Es el caso del artículo 930 del Código Civil, que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo judicial. Según este artículo hay dos formas de suceder a una persona difunta: a título universal y a título singular. Como fuere (a título universal o singular; testamentaria o intestadamente), y toda vez que el demandante (y posterior apelante) ha dirigido su demanda, entre otros, a los herederos de don JORGE SIMÓN ALAM, surge la necesidad para esta parte procesal de probar la muerte real o presunta del causante y en qué forma dichos demandados accedieron a la sucesión del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM. Ello es absolutamente necesario por cuanto el inmueble que es supuestamente objeto y al cual hace referencia el documento privado de AUTORIZACIÓN, nunca fue propiedad del supuesto causante JORGE SIMÓN ALAM (hecho tenido por probado) sino que de una persona jurídica (COMERCIAL SIMÓN, S. DE R.L.) que, según la sentencia de esta Corte de Apelaciones, no aparece obligada con el demandante (VÍCTOR CAMPOS VILLALOBOS). Cabe preguntarse entonces: ¿cómo puede trasmitirse dicha obligación a mis representados JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ÁLVAREZ, quienes nunca estuvieron vinculados jurídicamente al demandante? Hace también aplicación la Corte, en la parte dispositiva del fallo, del artículo 1346 del Código Civil relativo a las fuentes de las obligaciones. Según este precepto las obligaciones nacen o de los contratos, o de los cuasicontratos, o de los delitos, o de los cuasidelitos o de la ley. Obviamente unos y otros son excluyentes. La Corte no indica cuál de estas fuentes es la que genera la obligación de pagar cantidades de dinero al demandante, siendo éste un pronunciamiento esencial que en el fondo se reduce a determinar en cuál de estos hechos generadores de obligaciones se debe inscribir el documento privado de AUTORIZACIÓN al cual ya se ha hecho referencia. No obstante lo anterior la Corte recurrida hace también aplicación de los artículos 1348 y 1351 del Código Civil, disposiciones propias de una fuente especifica de las obligaciones: los contratos. ¿Debe entenderse entonces que la Corte le asigna tácitamente el carácter de contrato a un documento privado de AUTORIZACIÓN, propiamente una declaración unilateral de voluntad, en la que, por definición, no existe concierto de voluntades? La contradicción aparece así de manifiesto: se aplican las normas relativas al contrato a un hecho que no tiene tal carácter. Finalmente no aplica al presente caso lo establecido en el artículo 1526 que también sirvió para decidir el fondo del asunto. Según dicho precepto no se admite prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Pero resulta que los testigos propuestos por la parte demandada tenían una finalidad muy distinta a las que le atribuye la sentencia. En efecto, iban encaminados a demostrar que, por ser propietarios de lotes de terreno en el sitio denominado Gualiqueme (donde está ubicado uno de los inmuebles embargados a Comercial Simón, S. de R.L), les constaba personalmente que en dichos terrenos nunca hubo guardias de seguridad de la empresa propiedad del padre del demandante, ni mucho menos que en el mismo se hayan hecho mejoras, de manera que la prueba testifical no iba dirigida a probar obligaciones en dinero sino que a constatar hechos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las reglas procesales infringidas están contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesa Civil, todas ellas relativas a los Requisitos Internos de la Sentencia. Infracciones que causan a mis representados un perjuicio solo reparable con la casación de la sentencia recurrida NULIDAD SUBSIDIARIA Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en caso de no estimarse procedentes los motivos de casación, promuevo de manera subsidiaria LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, por los argumentos que a continuación se desarrollan: Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1…..2cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria (Art. 1586 y 1589 Código Civil). La Sentencia Dictada por la Corte de Apelaciones NO GUARDA EL CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, ES INCONGRUENTE, AMBIGUA Y ARBITRARIA, los argumentos se explican así: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de la partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así corno los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3. En los procesos civiles las sentencias podrán dictarse excepcionalmente en forma oral al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso abreviado, debiendo motivarse por escrito en el plazo de cinco días (Art. 200 C.P.C). 3.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Que el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes y que cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Art 206 C.P.C.) 4.- de igual forma las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito y que en las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Art. 208 C.P.C.) OBSERVESE: Que la motivación fáctica en el numeral SEPTIMO la corte recurrida afirma: “Al efecto esta Corte estima que de la prueba que obra en autos, no se encuentra ninguna obligación pendiente de pago por parte de la demandada SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIAL SIMON S DE R L, con el demandante señor VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, ya que la prueba referente a una AUTORIZACION que obra a folio (12) de la primera pieza de autos propuesta por la parte demandante y evacuada a folio 441 de la citada pieza, en ningún momento vincula a la referida sociedad mercantil, con la obligación contraída por el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM, a favor del demandante señor VICTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, en virtud de que la prueba documental número uno propuesta y evacuada por la parte demandada folio 473 relativa a los documentos públicos que obra a folios 174, 175, 179 al 186 y 293 al 339 de la primera pieza revela que el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM, no era Socio de la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON y si bien al tiempo de firmarse la citada AUTORIZACION este fungía como gerente general, no suscribió dicho documento en ese carácter, pues se desprende de su contenido que lo hizo en carácter personal, también se acredita con la prueba relacionada que el inmueble donde se hicieron las mejoras, actos de vigilancia y demás tramites de limpieza nunca fue propiedad del señor SIMON ALAM, siendo su propietaria la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON, quien posteriormente la dio en venta a la señora ALBA GLORIA SALZAR ALVAREZ, según se constató con la prueba de Inspección Personal al Registro de la Propiedad de este Departamento, propuesta por la parte demandante y evacuada a folio 455 de la primera pieza de autos. Por lo que es en este punto procedente confirmar la sentencia en cuanto declara sin lugar la demanda interpuesta contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMON S. DE R, L”. La Corte recurrida incurre en graves errores y contradicciones que hacen nula la sentencia El Primero es: Que afirma que el señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM al momento de firmarse la mencionada AUTORIZACIÓN, era gerente General de Comercial Simón S. de R. L, extremo que es falso lo que fue acreditado en juicio y reconocido en la sentencia de primera instancia, en consecuencias si el acto no vincula a Comercial Simón S. de R. L, quien era dueño del inmueble vendido a Alba Gloria Simón Salazar ¿como puede la Corte vincular a esta por la parte demandante? Otra terrible contradicción de la sentencia. La Sentencia recurrida en su parte Resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDES ORDOÑES, contra la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la DEMANDA ORDINARIA CON ACCIÓN DE PAGO Y CON ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL SIMÓN, S. DE R. L., representada por los señores JORGE SIMÓN SALAZAR y NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR y contra los señores JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ, por si como herederos de los bienes y acciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA, confirmándola en cuanto Declara SIN LUGAR la demanda ordinaria CON ACCIÓN DE PAGO contra la SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIAL SIMÓN, S. DE R. L. y SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE ACCIÓN O DERECHO PARA DEMANDAR, Y SIN LUGAR LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, Contra la sociedad mercantil COMERCIAL SIMÓN S. DE R. L. y contra los señores JORGE SIMÓN SALAZAR Y NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ, por si como herederos de los bienes y acciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM.- TERCERO: Como consecuencia de haber revocado parcialmente la sentencia recurrida DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA CON ACCIÓN DE PAGO, promovida por el señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, contra los señores JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ, conocida también como ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR, por si como heredero de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejo el señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM, CONDENÁNDOLOS a pagar al demandante VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, La cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS (603,195.00) más los intereses legales y costas del juicio, CUARTO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DE NULIDAD DE UN ACTO QUE ORIGINA UN DOCUMENTOS QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA ACCION PROMOVIDA.- QUINTO: Que el presente fallo es recurrible en casación siendo competente la sala de civil de la Honorable Corte de Suprema de Justicia.- Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al juzgado de su procedencia al juzgado de si procedencia con la certificación del mismo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE”. Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de observar detenidamente este Considerando y confrontados con los hechos de la demanda necesariamente se darán cuenta que el señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS, también demando a mis representados JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ, como socios de Comercial Simón, S. de R.L, sin embargo esta Corte omitió totalmente pronunciarse sobre este punto. Es más aun desde la diligencia de Citación y Emplazamiento jamás se citó a los antes mencionados como SOCIOS de la Sociedad mercantil COMERCIAL SIMON S. DE R. L., no obstante que fue debatido en todo el curso del proceso, hecho que constituye una Violación no solo al derecho de defensa sino también al debido proceso (Art. 82 y 90 de la Constitución de la República)”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Aplicando lo dispuesto en los artículos 8 Y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en lo siguiente: 1.- Los recurrentes comparecen ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al amparo de lo que dispone el Artículo 717 del Código Procesal Civil. 2.- PRIMER MOTIVO DE CASACION. Los recurrentes comparecen en este motivo haciendo denuncia la que sucintamente se trascribe: “…Que la Sentencia recurrida es Violatoria de Normas de Derecho de Orden Jurídico Nacional por Infracción Directa de los Artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil… Que el apelante con ocasión de evacuar el trámite esencial de expresar agravios incurre en el grave defecto de no exponer la forma en que la resolución apelada le causa perjuicios y la manera en que desea la enmiende el Tribunal Superior. Tampoco precisa en qué infracciones o en qué error incurrió el a-quo ni contra qué considerando o parte motivada de la sentencia dirige su impugnación. Es decir, no contiene refutación alguna, razonada y concreta, de los argumentos efectuados por el juez a-quo, limitándose, por lo general, a repetir las alegaciones hechas con anterioridad y ya desestimadas por el Juez apelado. Más aún, ni siquiera formula peticiones concretas respecto de la sentencia apelada. De tal manera que dicha petición adquiere el carácter de vaga e imprecisa. De todo ello resulta difícil concebir que esta Honorable Corte haya resuelto de la forma en que lo hizo, acogiendo dicho recurso, ya que no habiendo el recurrente expresado sus agravios con claridad y precisión, y carente de todo sustento jurídico, debió haber sido declarado sin lugar. En efecto, es patente la falta absoluta de concordancia o relación entre el contenido de la misma (su parte motivada y su parte resolutiva) con lo oportunamente debatido en juicio y con las pretensiones de las partes. Es opinión unánime de la doctrina jurídica la necesidad de correspondencia entre los presupuestos indicados… De tal manera que la sentencia recurrida es INCONGRUENTE, esto es, viola un principio rector de toda la actividad procesal que debe realizar todo juzgador: el de la CONGRUENCIA que debe existir entre la sentencia con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, además del contenido formal que debe de contener todo fallo, efectuando las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuestión de la esencia de la actividad jurisdiccional. Si bien esta Honorable Corte declaró, literalmente, Con Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación.- Revoca Parcialmente La Sentencia Impugnada, no incorporó en su decisión hechos controvertidos que exigían un expreso pronunciamiento. A saber: a) No se pronuncia si ABSUELVE a COMERCIAL SIMÓN, S. de R.L. de pagar al señor VÍCTOR MANUEL CAMPOS VILLALOBOS la cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO, además de ABSOLVER A DICHA SOCIEDAD del pago de indemnización de daños y perjuicios. Este punto es fiel expresión del litigio y tiene el carácter de sustancial, pertinente y controvertido, y no fue sometido a la decisión de este Tribunal. b) Tampoco refiere la sentencia SI ABSUELVE A LOS DEMANDADOS JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALAZAR ÁLVAREZ del pago de indemnización de daños y perjuicios. c) No se pronuncia a quién CONDENA EN COSTAS de la segunda instancia. d) Otro aspecto incongruente de la sentencia recurrida es que la Corte estima que los señores JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ALVAREZ fueron CONDENADOS A PAGAR SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, MÁS INTERESES LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO porque fueron demandados como herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM, sin embargo la muerte real o presunta del causante, así como tal calidad de herederos nunca fue probados en juicio mediante la correspondiente Acta de defunción debidamente inscrita en el Registro Nacional de las Personas y la sentencia de herencia inscrita del registro de sentencias correspondiente para surtir los efectos legales pertinentes y, en consecuencia, este Tribunal NO PODÍA RESOLVER AL MARGEN DEL MÉRITO DEL PROCESO. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las reglas procesales infringidas están contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, todas ellas relativas a los Requisitos Internos de la Sentencia. Infracciones que causan a mis representados un perjuicio solo reparable con la casación de la sentencia recurrida. 2. 1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Establecen los recurrentes que: “Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso c, del Código Procesal Civil.- “Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la Aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)……b)…..c) La forma y contenido de la sentencia. 2……………….” En relación con el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil”. 2. 2 Los casacionistas incurren en una serie de errores en cuanto a la técnica casacional utilizada que generan una incongruencia en la motivación del mismo. 1) La denuncia de infracción respecto a los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Esta indiscriminada enunciación de preceptos legales se le conoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, misma que la doctrina se pronuncia de la siguiente manera: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1] La doctrina citada continua indicando que “…lo mas elemental de la técnica casacional, exige precisar el concepto en el cuál las normas citadas han podido ser infringidas…”[2]. En el presente caso, los impetrantes citan varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, aunque relacionadas en materia, difieren en rango y protección recursiva, por lo cual era su deber haberlas motivado en forma separada, definiendo cada una de ellas con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil cuando establece que sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse, los escritos de interposición de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. En el presente caso la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida. La Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones al respecto.[3]
  1. Incoherente causal recursiva, ya que los casacionistas manifiestan que invocan como precepto autorizante simultáneamente el articulo 719 numeral 1 inciso c) y la misma causal relacionándola con el artículo 720 numeral 2, ya que la primera de ellas se circunscribe en la impugnación por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias; y el segundo se circunscribe en el control casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Como puede apreciarse los impetrantes no son claros ni precisos en cuanto a la causal por la cual comparecen recurriendo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. 3.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Los impetrantes denuncian la sentencia recurrida por considerar que infringe por aplicación indebida de los artículos 930, 1346, 1348, 1351, y 1526 del Código Civil. Manifiestan: “…Estas normas han sido invocadas y aplicadas indebidamente por la Corte al caso concreto y, por ende, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Su aplicación indebida queda de manifiesto en el hecho de hacerlo de manera general y abstracta (sin referencia alguna al caso concreto) y con absoluta prescindencia del preciso precepto, numeral o inciso en que cabe subsumir el hecho (provocando de esta manera un verdadero vacío ya que no es dable que quede al entendimiento de las partes lo que quiso decir la Honorable Corte). Es el caso del artículo 930 del Código Civil, que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo judicial. Según este artículo hay dos formas de suceder a una persona difunta: a título universal y a título singular. Como fuere (a título universal o singular; testamentaria o intestadamente), y toda vez que el demandante (y posterior apelante) ha dirigido su demanda, entre otros, a los herederos de don JORGE SIMÓN ALAM, surge la necesidad para esta parte procesal de probar la muerte real o presunta del causante y en qué forma dichos demandados accedieron a la sucesión del señor JORGE ALBERTO SIMÓN ALAM. Ello es absolutamente necesario por cuanto el inmueble que es supuestamente objeto y al cual hace referencia el documento privado de AUTORIZACIÓN, nunca fue propiedad del supuesto causante JORGE SIMÓN ALAM (hecho tenido por probado) sino que de una persona jurídica (COMERCIAL SIMÓN, S. DE R.L.) que, según la sentencia de esta Corte de Apelaciones, no aparece obligada con el demandante (VÍCTOR CAMPOS VILLALOBOS). Cabe preguntarse entonces: ¿cómo puede trasmitirse dicha obligación a mis representados JORGE SIMÓN SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMÓN SALAZAR, ALBA GLORIA SIMÓN SALAZAR Y ALBA GLORIA SALZARA ÁLVAREZ, quienes nunca estuvieron vinculados jurídicamente al demandante? Hace también aplicación la Corte, en la parte dispositiva del fallo, del artículo 1346 del Código Civil relativo a las fuentes de las obligaciones. Según este precepto las obligaciones nacen o de los contratos, o de los cuasicontratos, o de los delitos, o de los cuasidelitos o de la ley. Obviamente unos y otros son excluyentes. La Corte no indica cuál de estas fuentes es la que genera la obligación de pagar cantidades de dinero al demandante, siendo éste un pronunciamiento esencial que en el fondo se reduce a determinar en cuál de estos hechos generadores de obligaciones se debe inscribir el documento privado de AUTORIZACIÓN al cual ya se ha hecho referencia. No obstante lo anterior la Corte recurrida hace también aplicación de los artículos 1348 y 1351 del Código Civil, disposiciones propias de una fuente especifica de las obligaciones: los contratos. ¿Debe entenderse entonces que la Corte le asigna tácitamente el carácter de contrato a un documento privado de AUTORIZACIÓN, propiamente una declaración unilateral de voluntad, en la que, por definición, no existe concierto de voluntades? La contradicción aparece así de manifiesto: se aplican las normas relativas al contrato a un hecho que no tiene tal carácter. Finalmente no aplica al presente caso lo establecido en el artículo 1526 que también sirvió para decidir el fondo del asunto. Según dicho precepto no se admite prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Pero resulta que los testigos propuestos por la parte demandada tenían una finalidad muy distinta a las que le atribuye la sentencia. En efecto, iban encaminados a demostrar que, por ser propietarios de lotes de terreno en el sitio denominado Gualiqueme (donde está ubicado uno de los inmuebles embargados a Comercial Simón, S. de R.L), les constaba personalmente que en dichos terrenos nunca hubo guardias de seguridad de la empresa propiedad del padre del demandante, ni mucho menos que en el mismo se hayan hecho mejoras, de manera que la prueba testifical no iba dirigida a probar obligaciones en dinero sino que a constatar hechos. 3. 1 PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- CAUSALES DEL RECURSO. 1….2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 3. 2 Los impetrantes vuelven a cometer el error en la técnica casacional de enunciar preceptos legales conocida como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, de la cual se ha hecho especial énfasis en el motivo anterior. Tampoco establecen los impetrantes porque existe aplicación indebida de las normas que enuncia como infringidas del Código Civil, y en caso de su debida aplicación, de que manera cambiaria la disposición de la sentencia. No cabe duda que es posible atribuir a la sentencia recurrida los defectos de falta de motivación y de incongruencia, pero lo que no es admisible es que ambas denuncias se acumulen en un solo motivo, porque ello conlleva confusión y falta de claridad puesto que necesariamente se refieren a cuestiones distintas. La incongruencia constituye un motivo y la motivación otro, por la sencilla razón de que una sentencia puede ser congruente aunque no este motivada y, cabe que pese a estar motivada, la sentencia no sea congruente. En consecuencia no cabe hablar de falta de motivación desde la perspectiva casacional por el hecho de que la sentencia hubiera dejado de pronunciarse sobre determinadas pretensiones de las partes, pues precisamente la falta de motivación ha de ponerse en relación con el pronunciamiento que se considera inexplicado y ausente de respaldo; lo que cabalmente es distinto e incompatible con la incongruencia que, como defecto denunciable, consiste en la falta de pronunciamiento o en el pronunciamiento discordante con el objeto del proceso y las alegaciones efectuadas por las partes en defensa de sus pretensiones. En el presente motivo los casacionistas recurren invocando la causal de aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo en la exposición de la causa redunda la infracción en aspecto que tienen que ver con la técnica procesal y no en el resultado del fondo del litigio. Por ultimo pero no menos importante es recordar a los casacionistas que el artículo 1526 del Código Civil se encuentra expresamente derogado por el artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil. 4.- No ha lugar al estudio de la nulidad subsidiaria presentada en el escrito de casación, en virtud que esta figura jurídica no se encuentra contemplada en el derecho adjetivo vigente. 5.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b)…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas a los recurrentes y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE el escrito contentivo del recurso de Casación interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de representante procesal de los señores JORGE SIMON SALAZAR, NAZRY NEGUIB SIMON SALAZAR, ALBA GLORIA SIMON SALAZAR y ALBA GLORIA SALAZAR ALVAREZ, por si y como herederos de los bienes, derechos y acciones que dejara el señor JORGE ALBERTO SIMON ALAM en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de mayo del año dos mil catorce. 2.- DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada en quince de mayo del año dos mil catorce por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, identificado en esta Jurisdicción bajo el número S.C.213-2014. 3. CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan sus precedentes a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve días del mes de Mayo de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Tres de Mayo de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 213=2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.

2 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 66 y ss.

[3] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.