Sentencia CC-181-14 — Registro 5832
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar la demanda ordinaria de pago por daños y perjuicios causados y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El Impetrante en su primer motivo de casación alega interpretación errónea del artículo 1360 del Código Civil, con relación a los artículos 115, 116, 117, del Código Penal, y señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, por existir interpretación errónea de la ley sustantiva contenida en el artículo 1360 del código civil con relación a los artículos 115, 116, y 117 del Código Penal vigente… a) Que de la revisión del primer motivo de casación se denota que los artículos citados como infringidos referentes al Código Penal no guardan relación con el delito de estafa referido, además que el Impetrante en la explicación del mismo al tratar de explicar el concepto de la infracción hace alegatos de instancia, olvidando que para que pueda prosperar el recurso de casación además de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, es preciso hacer ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino lo que dispone la norma erróneamente interpretada, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia; b) además, se refiere a las pruebas aportadas al juicio, olvidando que la infracción por interpretación errónea de las normas que cita, al amparo del Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil se produce con independencia de los medios de prueba aportados al juicio y finalmente, en la explicación del motivo sostiene frases como “eso esta debidamente probado”, “y que esta probado con la prueba testifical”, “como esta demostrado con los medios de prueba testifical y documental los que fueron evacuados por el juzgado de primera instancia”; c) finalmente, se limita a plasmar los artículos sin describir la razón por la cual considera los mismos fueron interpretados erróneamente, debiendo citarlos en forma separada e independiente, por lo que el motivo in examine resulta inadmisible por la causal 2) del artículo 723 inciso a) del Código Procesal Civil. d) En lo referente a los antecedentes de la Sala Civil de los expedientes en mención dentro del primer motivo de casación (exp. 343-2004 y 2008-2005), es de hacer notar al Impetrante que de la revisión o lectura de los fallos referidos se desprende que se está ante dos situaciones o causales diferentes de violación, por lo que no es meritorio darle igual tratamiento en las presentes diligencias.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“En el segundo motivo de casación el Impetrante invoca como motivo de casación lo plasmado en el artículo 719 numeral 1) letra c), agregando a su explicación que se han violentado los artículos 261, 262, 320 y 190 del Código de Procedimientos Civiles con relación al artículo 913 del Código Procesal Civil. Además, en el desarrollo de su cargo explica que se ha violentado el debido proceso ya que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, y debe de resolver todas las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, siendo que la sentencia emitida por el a quo la forma y contenido de la sentencia violenta la norma procesal. Que del estudio del motivo de casación que compete esta Sala arguye: a) El haber invocado el motivo bajo la causal prevista en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil permite que el recurrente ataque la sentencia impugnada, atribuyéndole que carece de falta de claridad en sus argumentos; que le falta precisión o sea que incurre en vaguedades; o que no es congruente con las pretensiones de las partes y los extremos del debate. Cada uno de estos vicios es distinto entre sí y requiere que el casacionista sea concreto al momento de desarrollar la infracción. b) Además, no precisa si la violación a los artículos invocados es por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea, lo que hace inadmisible el recurso. c) Hace una relación de normas infringidas del Código de Procedimientos Civiles, el cual no se encuentra vigente y no pudieron haber sido infringidos por el Ad quem, ya que la sentencia de segunda instancia se dictó con fundamento en el Código Procesal Civil. d) Impugna en la explicación del motivo la sentencia proferida por el a-quo, lo cual es impropio de la técnica casacional, ya que únicamente se permite impugnar la sentencia de segunda instancia. e) El casacionista señala que fueron infringidos preceptos y principios sobre el alcance de la valoración de la prueba. Lo que es razón suficiente para que el motivo no sea de recibo, en virtud de lo que manda el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, el cual prohíbe la revisión de los hechos y la interpretación o valoración probatoria. La técnica casacional señalada prescribe que los hechos tenidos como acreditados y la valoración de la prueba son elementos intangibles en el recurso de casación. No obstante, que el Casacionista invoca como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, autorizado por el artículo 720 numeral 2) deberá hacerlo dentro del control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, y no un medio de prueba especifico como pretende el Recurrente hacerlo, medio de prueba basado en el fallo emitido por el Juzgado de primera instancia. c) Que por las razones expuestas el motivo citado resulta inadmisible por concurrir lo preceptuado en el artículo 723 numeral 2) literal a).”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, representado en juicio por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la Sociedad COMERCIALIZADORA E.K.T., S.A. DE C.V., (ELEKTRA), representada en juicio por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, promovida en fecha veintiocho de enero del dos mil dos, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, actuando en su condición de representante procesal del Señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, contra la COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA). I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, promovida en fecha veintiocho de enero del dos mil dos, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, actuando en su condición de apoderado legal del Señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, contra la COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA), dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, promovida ante este Despacho de Justicia por el señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, contra la COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA), a través de su Gerente General el Licenciado GERMAN GARCÍA, todos de generales conocidas.- SEGUNDO: ABSUELVE a la parte demandada la Sociedad COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA), al pago de la indemnización de los Daños y Perjuicios Materiales y Morales reclamados por el señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, parte demandante.- TERCERO: ORDENA a la parte demandada la Sociedad COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA), a efectuar una publicación en la revista denominada Proyección Electra o en cualquier otro medio informativo que a la fecha tenga la parte demandada, consignado el desenlace de la denuncia de estafa promovida contra el señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, y que condujo al sobreseimiento definitivo de la denuncia, y posteriormente a la entrega de la carta de libertad provisional y definitiva con lo que se libero del delito de estafa continuada al acusado.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley, no se interpone recurso alguno en su contra, quede firme el presente fallo.- SIN COSTAS, por haber tenido la parte demandante motivos racionales para demandar.- NOTIFÍQUESE”. SEGUNDO: El representante procesal del señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, presentó en fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Mediante auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de Casación en tiempo y forma, por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, en su condición ya indicada, y acordó conceder a la parte contraria el término de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del escrito. CUARTO: El representante procesal de la sociedad COMERCIALIZADORA E.K.T. S.A. DE C.V. (ELEKTRA), Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado sobre el contenido del Recurso de Casación al Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en su condición ya indicada, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y ROBERTO ANTONIO CRUZ, ambos en su condición ya indicada, presentaron escrito de personamiento en fechas diecisiete y veintidós de julio del año dos mil catorce respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Por interpretación Errónea del artículo 1360 del Código Civil, con relación a los artículos 115, 116, 117, del Código Penal, Este Motivo de casación por Infracción de Ley que es la norma sustantiva ya indicada y señalo como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, que existe interpretación errónea de la ley sustantiva contenida en el artículo 1360, del código civil con relación a los artículos 115, 116, y 117 del Código penal vigente y que lo explico este motivo de la forma siguiente: Resulta Honorables Magistrados que en virtud que a la fecha que dio inicio el juicio penal en el juzgado primero de letras de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, el procedimiento estaba con el Código de Procedimientos Penales anterior y con el Código de Procedimientos Civiles de 1906, pero ya la ley penal y la ley civil vigente al tiempo que se efectuaron los hechos que da origen a la presente demanda ordinaria para el pago por daños y perjuicio había que acreditar con la documentación presentada con la demanda o en su caso señalar donde se encontraba la documentación que sustentaba la prueba, resulta que el artículo 1360, del Código Civil como norma sustantiva señala de manera concreta que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicio causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurriera en dolo negligencia o morosidad y lo de cualquier modo contravinieran al tenor de aquellas en el presente caso el representante legal de la empresa demandada en Honduras de manera dolosa interpuso una denuncia de materia penal, señalando en el juzgado de letras primero de Comayagua, que el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, había defraudado y estafado a la empresa, y en virtud de esa acusación el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES,, fue puesto en prisión por el termino de un 1 año en la granja penal de Comayagua, recobrando su libertad de manera provisional el 8 de marzo del año 2001, por habérsele revocado el auto de prisión decretado en su contra por el delito de estafa en perjuicio de Empresa Comercializadora EKT S.A. DE C.V. (ELEKTRA), como consta la carta de libertad que obra en la primera pieza de auto como medio de prueba documental publico y que fue presentada también cuando se presento la demanda ordinaria de pago, de fecha 28 de enero del año 2002, también consta como un medio de prueba documental la carta de libertad definitiva donde hace constar que fue sobreseído definitivamente de la causa en virtud de que la empresa acusadora no acredito la existencia material del delito de estafa, la Empresa Comercializadora EKT S.A. DE C.V. (ELEKTRA),, como se conoce comercialmente en Honduras, en el mes de mayo del año 2000 publico una revista y que fue a nivel mundial donde señala claramente que debían de cuidar lo que era nuestro, y señala la tienda 7,786, ubicada en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, y señala que el gerente de tienda y el jefe de crédito habían defraudado a la empresa por mas de & 8,450.00, dólares, también el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, cuando fue puesto en prisión los medios de comunicación escrita en Honduras publicaron que el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, había estafado a la Empresa Comercializadora EKT S.A. DE C.V. (ELEKTRA), y que con el hecho de estar el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, en la granja Penal de Comayagua, desde fecha 16 de marzo del año 2000, hasta el 9 de marzo del año 2001, eso esta debidamente probado que toda persona que esta físicamente cuartada de su libertada eso es mas que prueba de los daños causados a su persona de manera física y también daños morales, y que esta probado con la prueba testifical que las hijas del señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, ellas fueron objeto juntamente con su esposa de desprecio burlas, de que tenían un esposo y padre que era ladrón, llegando al grado de cambiar su domicilio y centro de estudio de sus menores hijas, por tal razón considero que la corte sentenciadora ha interpretado de manera errónea el artículo 1360 del código civil, con el hecho de confirmar la sentencia recurrida en apelación emitida proel juzgado de primera instancia de fecha 29 de enero del año 2014, si hubiera dado una interpretación correcta el resultado del fallo hubiera sido admitiendo la demanda ordinaria por daños y perjuicio causados al señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, y que en el tiempo que me refiero a fecha 16 de marzo del año 2000, existía la relación en lo referente a daños y perjuicios señalado en el código civil y en el código penal, que son los daños materiales, daños morales, que conlleva a los perjuicios y que los daños materiales la reparación de los mismos incluye todas las perdidas sufridas por la víctima o el agraviado del delito o falta, y en el presente juicio el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, perdió de estudiar en la Universidad su carrera de licenciatura en economía, y de percibir sus salarios diariamente o mensualmente y le causo daños físicos que fueron ocasionados por el dolo por parte de la empresa Acusadora en consecuencia dicha empresa esta en la Obligación de reparar dicho daños con pago en dinero los mismos le causo los daños morales que incluye el costo del sufrimiento causado a la víctima y sus familiares por la realización del delito cometido en su contra, y en lo referente a los perjuicios incluye todas las consecuencias económicas derivadas por el daño para la víctima agraviada y terceras personas, en este caso la víctima fue el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES y las terceras personas agraviadas son sus hijas y su esposa como esta demostrado con los medios de prueba testifical y documental los que fueron evacuados por el juzgado de primera instancia por esa causa el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES,, considero que los daños y perjuicio causados a su persona y a su familia los a cuantifico en la cantidad de Lps. 6,000,000.00, quiero indicar que ha existido jurisprudencia en la Honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias donde la Honorable Corte a dado con lugar los recursos de casación en lo referente a los daños y perjuicios que son los daños materiales y daños morales causados al demandante y a su familia, por ejemplo, la Honorable corte suprema de justicia emitió fallo en un recurso de casación civil con expediente numero 343-2004, donde confirmo una sentencia recurrida en casación por el Apoderado legal del transporte El Rey S. de R.L, en la demanda de pago por daños y perjuicios que había promovido el señor Dagoberto Vásquez Vásquez, y señalo una cuantía de Lps. 3,126,824.40, y que eso fue lo que pidió el demandante y la Honorable Corte considero que estaba en lo correcto y el no había presentado estudio actuarial lo acredito con documentos y con prueba documental y prueba testifical, y por eso fue objeto del recurso de casación y la Honorable Corte desestimo ese recurso porque considero que no era necesario el estudio actuarial por eso considero que la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán no esta apegado a derecho dicho fallo porque tiene interpretación errónea porque se acredito los daños materiales los daños morales, y los perjuicios que fue causa ajena a su propia voluntad y que fue causado todo ello por el representante legal de la Empresa Comercializadora EKT S.A. DE C.V. (ELEKTRA), de la misma manera existe el expediente CC-2008-2005 de un caso de demanda ordinaria de daños y perjuicios en lo referente a que dicha sentencia la Honorable Corte Suprema de Justicia declaro su nulidad de oficio en virtud que debió la corte sentenciadora emitir su fallo en base a derecho porque siempre alega la otra parte que no se acredita los daños con estudios Actuariales y en virtud que existen otros medios de prueba con lo que se acredita los daños y perjuicio, por esa causa la honorable corte suprema anulo el fallo de oficio, en consecuencia se puede probar los daños y perjuicios con pruebas documentales, pruebas testificales inspección personal del juez, y presunciones legales sin hacer estudios actuariales tal como lo he señalado con las sentencias emitidos por este Alto tribunal, SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: este motivo de casación esta ordenado en el artículo 719.1, letra C, y que sean violentado los artículos 261, 262, 320, y 190 del Código de Procedimientos Civiles con relación al artículo 913 del Código Procesal Civil, que explicó de la manera siguiente: Resulta que consta en la primera pieza de autos el escrito de la demanda presentada en fecha 28 de enero del año 2002, que es una demanda ordinaria de pago por daños y perjuicios que el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, presento ante el juez del juzgado de letras segundo de lo civil del Departamento de Francisco Morazán contra la Empresa Comercializadora EKT S.A. DE C.V. (ELEKTRA), a través de su gerente general en Honduras Licenciado German García, en ese momento esta en vigencia el Código de Procedimientos Civiles y que en los artículos 261, 262, del Código de Procedimientos Civiles, Título II señala los requisitos de la demanda el juez de primera instancia considero que la demanda ordinaria presentada por el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, cumplía los requisitos por tal razón se cito en legal y debida forma al Licenciado German García, en su condición de gerente general de la empresa demandada y que ambas partes propusieron pruebas en bases al artículo 320, del Código de Procedimientos Civiles, y que existiendo la ley de conciliación y arbitraje el juzgado de primera instancia señalo audiencia para que las partes pudieran entrar en un acuerdo de conciliación y fue así que el representante legal de la empresa demandada considero que efectivamente la empresa había cometido dolo a través de su representante legal en Honduras, en el presente caso y le ofreció al señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES para repararle el daño la cantidad de 10,000.00 dólares, y que este no los acepto por considerar que era una cantidad muy poca, y por eso se evacuo la prueba y existen en el expediente judicial varias sentencias donde el juzgado de primera instancia ha dado con lugar la demanda y la corte segunda de apelaciones de lo civil siempre anula la sentencia, y en esta oportunidad no anulo la sentencia por que venía la sentencia en contra del señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES, y que el modo y contenido de la sentencia emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil con relación a la sentencia que se recurrió en apelación emitida por el juzgado de primera instancia en fecha 29 de enero del año 2014, ambas sentencias no son claras, precisas, ni congruentes con la demanda, en virtud que el procedimiento del presente juicio para emitir sentencia del juzgado de primera instancia debe de considerarse el Código de Procedimientos Civiles porque bajo ese ordenamiento procesal es que se interpuso la demanda se presentaron los medios de pruebas se evacuaron las pruebas en consecuencia se ha violentado el debido proceso tomando en cuenta el artículo 190, del Código de Procedimientos Civiles que señala como deben de dictarse la sentencia las que deben de ser claras precisas y congruentes con la demanda, y debe de resolver todas las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito y que revisando la sentencia emitida prole juzgado de letras de primera instancia la forma y contenido de la sentencia violenta la norma procesal, en virtud que el Código de Procedimientos Civiles ya señala que el procedimiento de un juicio que se inicio bajo el Código de Procedimientos Civiles debe de emitirse el fallo observando dicho procedimiento hasta dictar sentencia y que los recursos ya deben de observarse bajo el procedimiento del código procesal civil conforme al artículo 913 y en el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 320 no tiene como requisito que se presente un dictamen actuarial, que lo que deja entrever la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia y que confirmo la corte segunda de apelación, y con el hecho de que la corte segunda de apelaciones a confirmar una sentencia que ha violentado la norma procesal también ha incurrido en violación a la norma procesal porque debió de observar el debido proceso que se le dio en base al Código de Procedimientos Civiles y que los medios de prueba que se presentaron y que se evacuaron se acredito que efectivamente la parte demandada actuó con dolo y que cometió delito con el hecho de interponer denuncia o acusaciones falsas causando con ello daños materiales, daños morales, ambo daños constituyen perjuicios para la víctima que en este caso es el señor RICARDO ENRIQUE LÓPEZ VALLADARES y parte terceras personas que en este caso es su esposa y sus dos hijas, en consecuencia en el Código de Procedimientos Civiles ya el artículos 320, esta la lista de los medios de prueba que eran admisible en ese tiempo, y no estaba como medio de prueba a un estudio actuarial, y si el juzgado de primera instancia para dictar el fallo hubiera entendido que era necesario un estudio de esa naturales a debió de haber hecho uso del artículo 170 del Código de Procedimiento Civiles lo que es conocido como un auto para mejor proveer y no lo hizo en consecuencia ha violentado los artículos procesales señalados”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, con fecha diecinueve de junio del dos mil catorce, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación, presentado por el Abogado Roberto Antonio Cruz, en su condición de representante procesal del demandante señor Ricardo Enrique López Valladares, contra la sentencia dictada por la misma Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el día veintiuno de abril del dos mil catorce, en la demanda ordinaria de pago por daños y perjuicios causados al demandante señor Ricardo Enrique López Valladares contra la Comercializadora E.K.T. S.A. de C.V. (ELEKTRA), ante el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán; recurso de casación éste que se formalizó en dos motivos: El primero: Con fundamento en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, que autoriza impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio... El segundo: Con fundamento en el artículo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil, que autoriza, para poder impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….b)….c) La forma y contenido de la sentencia. 2.- El Impetrante en su primer motivo de casación alega interpretación errónea del artículo 1360 del Código Civil, con relación a los artículos 115, 116, 117, del Código Penal, y señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, por existir interpretación errónea de la ley sustantiva contenida en el artículo 1360 del código civil con relación a los artículos 115, 116, y 117 del Código Penal vigente… a) Que de la revisión del primer motivo de casación se denota que los artículos citados como infringidos referentes al Código Penal no guardan relación con el delito de estafa referido, además que el Impetrante en la explicación del mismo al tratar de explicar el concepto de la infracción hace alegatos de instancia, olvidando que para que pueda prosperar el recurso de casación además de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, es preciso hacer ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino lo que dispone la norma erróneamente interpretada, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia; b) además, se refiere a las pruebas aportadas al juicio, olvidando que la infracción por interpretación errónea de las normas que cita, al amparo del Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil se produce con independencia de los medios de prueba aportados al juicio y finalmente, en la explicación del motivo sostiene frases como “eso esta debidamente probado”, “y que esta probado con la prueba testifical”, “como esta demostrado con los medios de prueba testifical y documental los que fueron evacuados por el juzgado de primera instancia”; c) finalmente, se limita a plasmar los artículos sin describir la razón por la cual considera los mismos fueron interpretados erróneamente, debiendo citarlos en forma separada e independiente, por lo que el motivo in examine resulta inadmisible por la causal 2) del artículo 723 inciso a) del Código Procesal Civil. d) En lo referente a los antecedentes de la Sala Civil de los expedientes en mención dentro del primer motivo de casación (exp. 343-2004 y 2008-2005), es de hacer notar al Impetrante que de la revisión o lectura de los fallos referidos se desprende que se está ante dos situaciones o causales diferentes de violación, por lo que no es meritorio darle igual tratamiento en las presentes diligencias. 3.- En el segundo motivo de casación el Impetrante invoca como motivo de casación lo plasmado en el artículo 719 numeral 1) letra c), agregando a su explicación que se han violentado los artículos 261, 262, 320 y 190 del Código de Procedimientos Civiles con relación al artículo 913 del Código Procesal Civil. Además, en el desarrollo de su cargo explica que se ha violentado el debido proceso ya que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, y debe de resolver todas las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, siendo que la sentencia emitida por el a quo la forma y contenido de la sentencia violenta la norma procesal. Que del estudio del motivo de casación que compete esta Sala arguye: a) El haber invocado el motivo bajo la causal prevista en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil permite que el recurrente ataque la sentencia impugnada, atribuyéndole que carece de falta de claridad en sus argumentos; que le falta precisión o sea que incurre en vaguedades; o que no es congruente con las pretensiones de las partes y los extremos del debate. Cada uno de estos vicios es distinto entre sí y requiere que el casacionista sea concreto al momento de desarrollar la infracción. b) Además, no precisa si la violación a los artículos invocados es por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea, lo que hace inadmisible el recurso. c) Hace una relación de normas infringidas del Código de Procedimientos Civiles, el cual no se encuentra vigente y no pudieron haber sido infringidos por el Ad quem, ya que la sentencia de segunda instancia se dictó con fundamento en el Código Procesal Civil. d) Impugna en la explicación del motivo la sentencia proferida por el a-quo, lo cual es impropio de la técnica casacional, ya que únicamente se permite impugnar la sentencia de segunda instancia. e) El casacionista señala que fueron infringidos preceptos y principios sobre el alcance de la valoración de la prueba. Lo que es razón suficiente para que el motivo no sea de recibo, en virtud de lo que manda el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, el cual prohíbe la revisión de los hechos y la interpretación o valoración probatoria. La técnica casacional señalada prescribe que los hechos tenidos como acreditados y la valoración de la prueba son elementos intangibles en el recurso de casación. No obstante, que el Casacionista invoca como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, autorizado por el artículo 720 numeral 2) deberá hacerlo dentro del control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, y no un medio de prueba especifico como pretende el Recurrente hacerlo, medio de prueba basado en el fallo emitido por el Juzgado de primera instancia. c) Que por las razones expuestas el motivo citado resulta inadmisible por concurrir lo preceptuado en el artículo 723 numeral 2) literal a). 4.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que el Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo. 5.- Esta Sala como línea jurisprudencial ha mantenido algunos elementos que debe observar todo impetrante en casación con relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, como ser los requisitos siguientes: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No puede la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido).d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719 numeral 1) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, en su condición de representante procesal del señor RICARDO ENRIQUE LOPEZ VALLADARES, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de pago por daños y perjuicios causados promovida por el señor Ricardo Enrique López Valladares contra la Comercializadora E.K.T., S.A. de C.V. (ELEKTRA). 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, el veintiuno de abril de dos mil catorce. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho días del mes de Mayo de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Tres de Mayo de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 181=2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL