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Sentencia CC-161-14 — Registro 8928

Resumen

En segunda instancia se declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia y confirma la sentencia en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de actuaciones de una escritura pública de dominio pleno y su inscripción registral y de otras escrituras de ventas posteriores e hipoteca y demás anotaciones marginales.- embargo precautorio y urgente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “5.- ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (PRIMERO). Respecto de lo planteado por la Casacionista en este MOTIVO, se tiene a bien lo planteado por la misma, respecto de la garantía constitucional del derecho al debido proceso que se consagra en el artículo 90 de la Constitución de la República y que establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; en relación a lo dispuesto a las normas procesales 7 y 13 del Código Procesal Civil; estimamos correcto que la impetrante se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. Opinión contraría suscita en la Sala, la invocación del segundo de tales artículos constitucionales, esto es lo preceptuado en el articulo 304 constitucional que establece: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.”; siempre en relación con las citadas normas procesales, pues tal norma constitucional esta referida a la independencia de que goza el Poder Judicial con relación a otros Poderes del Estado, pues por el mismo, se fija la posición exclusiva que le atañe a los órganos jurisdiccionales de aplicar las leyes a casos concretos y ejecutar lo juzgado. Señalado lo anterior, esta Sala de lo Civil, estima que no son de recibo por parte nuestra de los argumentos de la recurrente en este motivo único (primero), cuando arguye para ello que la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el articulo 90 constitucional ha sido quebrantada por el Tribunal de Alzada, estimando tal vulneración, por que la sentencia del Tribunal ad-quem, ha expresado que la sentencia dictada por el a-quo esta apegada a derecho, ya que en el caso de autos la pretensión de la parte demandante de que se declare la nulidad de un instrumentos publico de dominio pleno y su inscripción registral y de otras escrituras de ventas posteriores e hipoteca y demás anotaciones marginales; tal pretensión no esta dirigida contra la institución bancaria denominada BANHCAFE, la cual tiene especial hipoteca a su favor, por lo que declarar la nulidad del instrumento publico que pretende la parte demandante y consecuentemente la nulidad del instrumento hipotecario a favor de dicho banco, sin que el mismo haya sido escuchado y sin derecho a defenderse; pone en riesgo la tutela a sus derechos fundamentales y provoca una evidente inseguridad jurídica. La Sala de lo Civil toma esta determinación desestimatoria del referido motivo, con fundamento en lo dispuesto por el Código Procesal Civil en el artículo 720.1, el cual es claro al prohibir que por medio de la casación se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. En virtud de lo anterior, para la Sala de lo Civil, el ataque de la casacionista a la motivación fáctica esgrimida por el Tribunal de Alzada, debió de haberse conducido por la causal que ofrece la norma procesal civil contenida en los artículos 719.1 literal c), y 720.2 del mismo ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7.- ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (SEGUNDO). La recurrente en este motivo tiene como causal lo preceptuado en el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; alega para ello que en el fallo impugnado se hace aplicación errónea de la norma procesal prescrita en el artículo 200 del Código Procesal Civil; arguyendo que tal infracción de la referida norma procesal se suscita por que el Tribunal de Alzada hace en su fallo apreciaciones erróneas acerca de los hechos probados y de los medios de prueba aportados por la parte actora. Respecto de tal motivo, el mismo no es de recibo por parte nuestra, ello por que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cumple con los requisitos sobre el contenido formal de las sentencias exigidas por el artículo citado como infringido por la casacionista. Amen de lo anterior la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia observa que la impetrante no ha planteado correctamente este motivo puesto que al pretender que se revise “apreciaciones erróneas acerca de los hechos probados y los medio de prueba aportados” del fallo proferido, la misma no ha tenido en cuenta que en sede casacional, y al tenor de lo señalado por el articulo 720.1 del Código Procesal Civil “no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”; situación que tiene su salvedad en cuanto a la forma y contenido de las sentencias, por lo que se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determínate de un sentido diferente del fallo, tal y lo dispuesto en el numeral 2 del referido articulo 720; en ese sentido la impetrante incurre en la falencia de no plantear ante la Sala como fundamento de su motivo, lo dispuesto en el citado numeral dos del articulo referido, si tal y como entendemos su pretensión era que se revisara el control factico de la sentencia impugnada. Razones estas por la cual este motivo único (segundo) resulta inadmisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (TERCERO). La recurrente en este motivo tiene como causal lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Estima la impetrante que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada no aplica la norma sustantiva, prescrita en los artículos 1552, 1596 y 2128 del Código Civil. Al tratar de explicar el concepto de la infracción, la misma incurre en alegatos de instancia, con lo cual olvida que para que pueda prosperar el recurso de casación, cuando se alega falta de aplicación de una norma, han de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia. Estima la Sala de lo Civil que si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, en cuya situación el demandante en casación debe precisar también cuál es la indebidamente aplicada, requisito que en el caso de autos omite la recurrente en la explicación del motivo, por lo que hace el cargo incompleto.”

Legislación citada

Sentencia

CAC 161-14

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes junio del año dos mil dieciséis.

La Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Los señores ADRIANA SOLIS, BERTA SOLIS, ANTONIO CABRERA, LUCIA ARGENTINA SOLIS, MARTA ELENA ZAMBRANA SOLIS, MILDRED YONARY SOLIS, ESPERANZA GUIZA SOLIS y MIGUEL ANGEL GUIZA SOLIS; representados en juicio por la abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores PETRONILA MARTINEZ, quien actúa por sí y en representación de sus menores hijos ISIS VICENTA, NARIDA YOLIBETH y GENSIL JOSUE CABRERA MARTINEZ; JORGE ALBERTO AMAYA y OSCAR IVAN URBINA CABRERA, representados en juicio por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ.

OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE DOMINIO PLENO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL Y DE OTRAS ESCRITURAS DE VENTAS POSTERIORES E HIPOTECA Y DEMAS ANOTACIONES MARGINALES.- EMBARGO PRECAUTORIO Y URGENTE.- PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS.- COSTAS DEL JUICIO”, promovida en fecha siete (07) de noviembre del dos mil ocho (2008), ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por la abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, actuando en su condición de representante procesal de los señores ADRIANA SOLIS, BERTA SOLIS, ANTONIO CABRERA, LUCIA ARGENTINA SOLIS, MARTA ELENA ZAMBRANA SOLIS, MILDRED YONARY SOLIS, ESPERANZA GUIZA SOLIS, MIGUEL ANGEL GUIZA SOLIS, contra los señores PETRONILA MARTINEZ, madre y representante legal de los menores ISIS VICENTA, NARIDA YOLIBETH y GENSIL JOSUE, todos de apellidos CABRERA MARTINEZ; JORGE ALBERTO AMAYA y OSCAR IVAN URBINA NOLASCO.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el día cuatro (04) de diciembre del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro; dicto fallo, mismo que en su PARTE RESOLUTIVA RESUELVE: “1) DECALARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro en fecha 4 de diciembre de 2013; 2) Confirmar la sentencia definitiva venida en apelación de fecha 4 de diciembre de 2013 dictada por Juzgado de Letras Seccional de Yoro venida en apelación. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que Se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la abogada MARIA TERESA BOGRAN DE QUEZADA. NOTIFIQUESE”.

SEGUNDO: Que en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil catorce (2014), la abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, en su condición de representante procesal de los señores ADRIANA SOLIS, BERTA SOLIS, ANTONIO CABRERA, LUCIA ARGENTINA SOLIS, MATA ELENA ZAMBRANA SOLIS, MILDRED YONARY SOLIS, ESPERANZA GUIZA SOLIS y MIGUEL ANGEL GUIZA SOLIS, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.

TERCERO: Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil catorce (2014), el Tribunal Ad-quem dicto proveído mediante el cual tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.

CUARTO: Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil catorce (2014), el representante procesal de la señora PETRONILA MARTINEZ, quien a su vez actúa en representación de sus menores hijos NARIDA YOLIBETH CABRERA MARTINEZ, ISIS VICENTA CABRERA MARTINEZ y GENSIL JOSUE CABRERA MARTINEZ; JORGE ALBERTO AMAYA y OSCAR IVAN URBINA NOLASCO, Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte. La Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Que en fechas trece (13) de junio y nueve (09) de septiembre del año dos mil catorce (2014), respectivamente los Abogados JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ y JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, ambos en su condición ya indicada, presentaron escrito de personamiento. Una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido.

SEXTO: Que la parte recurrente abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en tres motivos a los que denomina Motivo Único, expone al respecto: “II.- IDENTIFICACION DE AGRAVIOS. De la sentencia recurrida y específicamente en la motivación fáctica de la misma deja a mis representados fuertes agravios no solamente en sus pretensiones de obtener justicia ante los órganos jurisdiccionales autorizados del país, perjudicando los derechos de petición al pedir retribución de su patrimonio arrebatado mediante fraude por parte del causante de los herederos demandados.- Dejando en el vacío el derecho de petición solicitado con la solemnidad y formalidad de tiempo y las exigencias jurídicas de rigor establecidas en el Código Procesal vigente en el tiempo y espacio en que se presento la demanda.- Por cuanto la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, soslaya de manera aviesa y abrupta no solamente las prescripciones y solemnidades de la norma adjetiva sino también la normas materiales o sustantivas prescritas, así también, preceptos constitucionales que se omitieron en la referida sentencia aun cuando estaban obligados de manera ineludible en su mas alto potencial de norma en la estructura piramidal del derecho hondureño.- Aun cuando como Tribunal devienen obligados a impartir justicia apegadas al derecho y la razón de manera sabia, al contrario sentido la sentencia es clara al ser parcializada y vista con una óptica de prurito capricho, sin sustentar, el fallo con el soporte jurídico que estaban obligados hacerlo con la aplicación de la norma al caso concreto de los hechos controvertidos.III. ERRORES DE IDENTIFICACION DE LA MALA APLICACIÓN DE LA MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA. De la lectura de la sentencia recurrida se identifica con claridad meridiana que la Corte Sentenciadora no es coherente entre los hechos del plan de la demanda y sus pretensiones al desvincular los mismos con la prueba llevada a juicio al darle fuerza probatoria de manera antojadiza presentada por la parte demandada y omitiendo, de manera aviesa los alcances y fuerza probatoria de la parte actora, aun, cuando los mismos eran coherentes e inherentes a los hechos facticos a la demanda y sus pretensiones de nulidad de un contrato fraudulento. IV. PRONUNCIAMIENTO DEL IMPUGNADO. La parte pasiva de la acción en cuestión afinca su condición de impugnado que la sentencia recurrida esta apegada a derecho por cuanto los contratos suscritos no tienen vicios de nulidad, sin embargo, olvida que la pretensión del demandante es que el juzgado mediante sentencia definitiva decrete la nulidad de un contrato fraudulento realizado entre el señor Pedro Cabrera y la Honorable Corporación Municipal de Yoro, QUE DICHO SEA DE PASO, NUNCA SE SUSCRIBIO, COMO QUEDO SUFICIENTEMENTE PROBADO EN LA SECUELA DEL JUICIO, a efecto de un órgano competente declare la nulidad absoluta de ese contrato y que el derecho de las partes sea restituido al mismo estado en que se hallaban sino hubiese existido el contrato nulo como es en el caso específico de la demanda. V. MOTIVO DE CASACION POR ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENCION. MOTIVO UNICO: Se solicita impugnación por la no aplicación de los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República en relación con el artículo números 7, 13 del Código Procesal Civil. Precepto autorizante: Artículo 719 numeral 1 inciso b). EXPLICACION DEL MOTIVO En la sentencia recurrida es evidente que el órgano sentenciador profana las garantías constitucionales al no respetar las formalidades y solemnidades de la cosa litigiosa sometida a su encargo para que aplique el Derecho vigente; al soslayar lo prescrito en el artículo numero 90 de nuestra Constitución de la República del que al tenor de su letra prescribe “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE”.- Las mayúsculas son mías, esta garantía el legislador sabiamente la traslado como principio o precepto en el artículo 7 del Código Procesal Civil acertando en la legalidad procesal y formas que deben ser de carácter imperativo y de acuerdo con el mandato constitucional de la República, no obstante a que estaba obligado el órgano sentenciador no observaron esta norma imperativa constitucional.- Es evidente su inobservancia recurrida de no respetar la forma del proceso en la motivación fáctica y jurídica de la misma en el segundo motivo el Tribunal de alzada refiere que la sentencia dictada por el Tribunal instructor esta apegada a Derecho por no estar dirigida la acción contra la institución bancaria “BANHCAFE QUE TIENE ESPECIAL HIPOTECA A FAVOR DE DICHA INSTITUCION, Y QUE DECLARAR LA NULIDAD DE ESTE INSTRUMENTO HIPOTECARIO SIN HABER SIDO OIDOS, Y SIN DERECHO A DEFENDERSE, SERIA COMO EXPRESA EL JUZGADOR, PONER EN RIESGO LA TUTELA A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROVOCAR UNA EVIDENTE INSEGURIDAD JURIDICA”.- Es evidente Honorable Corte Suprema de Justicia que el Tribunal de San Pedro Sula, Cortes, resolvió una situación EXTRA PETITA que no había sido sometida a Juicio y defender intereses de un derecho real de una institución bancaria que estaba protegida al amparo de los artículos 2128 numeral 9 del Código Civil, observándose QUE EN NINGUN MOMENTO EL ACREEDOR HIPOTECARIO CITADO Y EMPLAZADO EN LA DEMANDA HALLA LLEVADO PRUEBA ALGUNA EN LA SECUELA DEL JUICIO PARA ACREDITAR EXTREMO ALGUNO, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, juzga bajo supuestos caprichos, al no darse cuenta que EL DERECHO REAL HIPOTECARIO ESTA SUJETO A UN ESPACIO DE TIEMPO Y ES PROBABLE QUE LA INSTITUCION BANCARIA YA TENGA PAGADA SU CREDITO EN EL MOMENTO EN QUE SE DICTO LA SENTENCIA Y SIN EMBARGO PRESUMEN QUE EL CREDITO HIPOTECARIO AUN ESTA PENDIENTE DE PAGO SIN TENER PRUEBA ALGUNA, en franca violación a la garantía constitucional y a los principios de legalidad procesal y formas solemnes que están obligadas a observarse emitiendo un criterio en un fallo de acuerdo a los criterios de la controversia que guarde armonía entre las pruebas y las pretensiones y no resolviendo sobre asuntos que no han sido controvertidos en la secuela del juicio violentando todo el ordenamiento jurídico material y procesal y sobre todo garantías y principios constitucionales y que ya la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA SALA CONSTITUCIONAL MEDIANTE RECURSO DE AMPARO YA SE PRONUNCIO en la sentencia de fecha trece (13) de septiembre del dos mil once (2011).- VI. MOTIVO DE CASACION POR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. MOTIVO UNICO: Se solicita impugnación por la aplicación errónea de la norma procesal, prescrita en el artículo numero 200 del Código Procesal Civil. El precepto autorizante: es el artículo número 719 inciso c) del Código Procesal Civil EXPLICACION DEL MOTIVO Prescribe la norma adjetiva que “las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte expositiva o fallo.” De lo que se colige que los órganos jurisdiccionales tienen el deber imperativo de ordenar las pretensiones de las partes de acuerdo con las prueba evacuada y los fundamentos jurídicos que sean coherentes de las peculiaridades controvertidas por las partes.- La sentencia hoy recurrida no observo esta normativa cuando se pronuncia en la motivación fáctica y jurídica al no apreciar la prueba aportada por la parte actora en la justa dimensión de la misma al no atender a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, y valorando de manera ARBITRARIA Y PROHIBIDA LA PRUEBA LLEVADA AL JUICIO POR LA PARTE DEMANDADA DANDOLE UN VALOR AUN CUANDO LA MISMA ERA INUTIL, DESPROPORCIONADA Y NO PERTINENTE, olvidando que la prueba tiene que ser con arreglo a los hechos que hayan sido objeto del debate y resulten probados.- En la sentencia recurrida en la motivación fáctica y jurídica en su primer motivo inciso c.) expresa el tribunal de alzada que la parte demandada “baso y apoyo su defensa en los hechos siguientes: El señor Pedro Cabrera Cruz adquirió el dominio pleno de la propiedad en legal y debida forma, PRIMERO: por que el era el dueño de la misma y se encontraba en posesión quieta, publica y pacifica de la misma ya que le compro los derechos que pudieron corresponder a sus hermanos (por eso ellos nunca reclamaron) y nunca fue empleado de Catastro como aducen los demandantes); además porque el señor Alcalde Municipal de aquella época, Don OSCAR ORLANDO BURGOS, le otorgo al señor PEDRO CABRERA CRUZ el dominio pleno…….formalizando dicho Contrato mediante instrumento numero 49 de fecha catorce (14) de enero del año dos mil (2000), ante los oficios del notario Ramón Alfredo Silva Ortega, el que reúne todos los requisitos exigidos por la Ley……”; todo lo expresado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, como hecho probado no es verosímil, (ver pieza separadas de pruebas de la parte demandada). A contrario sentido, la parte actora sí probo con la aprobanza de rigor, que la Corporación Municipal de Yoro rechazo el reclamo administrativo por cuanto no existió resolución de la CORPORACION MUNICIPAL EN DONDE SE ORDENARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ENAJENACION DE UN DOMINIO PLENO AL SEÑOR PEDRO CABRERA CRUZ, SIN EMBARGO LA CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, ARGUMENTA QUE SI FUE PROBADO UN CONTRATO LEGAL Y DEBIDA FORMA SIN QUE ESTA SITUACION CONSTE EN EL EXPEDIENTE DE MERITO, SIN EMBARGO LA PRUEBA APORTADA POR LA PARTE ACTORA PROBO CON LA PRUEBA DOCUMENTAL, INSPECCIONES HECHAS PERSONALMENTE POR LA SEÑORA JUEZ EN ESE TIEMPO ASIGNADA AL JUZGADO A-QUO, testifical que el contrato nunca existió y que si efectivamente existe un instrumento público del notario Ramón Alfredo Silva Ortega, (CONTRATO FRAUDULENTO) el testimonio sin el soporte del protocolo que nunca lo pudo mostrar, el notario nunca tuvo el mismo de manera material en su protocolo corriente del año dos mil (2000), (VER PRUEBA DE INSPECCION PERSONAL MEDIANTE COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL JUZGADO SECCIONAL DE YORO, YORO, AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA), existiendo prueba eficiente e irrefutable que el contrato es: espurio y fraudulento en consecuencia debe de decretarse la nulidad del mismo y los contratos que se deriven de este. VII. MOTIVO DE CASACION POR APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA RESOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. MOTIVO UNICO: Se solicita impugnación por la no aplicación de la norma sustantiva, prescrita en el artículo numero 1552 en relación 1596 y 2128 del Código Civil. El precepto autorizante: es el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO Este motivo lo desarrollo de la siguiente manera: La norma material y sustantiva prescrita en el artículo 1552 del Código Civil del capitulo II Del Título II prescribe los requisitos esenciales para la validez de los contratos y establece que debe de haber “1.- Consentimiento de los Contratantes. 2.- Objeto cierto que sea materia del Contrato. 3.- Causa de obligación que se establezca.- “En la nulidad absoluta de escritura publica de dominio pleno autorizada por el notario Ramón Alfredo Silva ortega y sus asientos registrales no existieron tales requisitos por lo que tal nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste en autos declarar su nulidad, así también, prescribe el artículo numero 9 del mismo cuerpo de leyes, “los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor,…………”, de lo prescrito en esta norma material se concluye que el contrato celebrado de manera fraudulenta solo por el señor Pedro Cabrera Cruz no tiene ningún valor el mismo en, consecuencia, debe ser declarado, por sentencia firme su nulidad absoluta restituyendo al mismo estado en que se encontraban si no hubiese existido EL FRAUDE DEL CONTRATO CELEBRADO SOLO POR EL SEÑOR PEDRO CABRERA CRUZ, estas normas no fueron aplicadas en la sentencia dictada por el tribunal de segunda instancia al no aplicarlas en el estricto cumplimiento a lo prescrito en el artículo numero 11 “Las Leyes que interesan al orden publico y las buenas costumbres, no podrán eludirse por convenciones de los particulares………..” De lo anterior es evidente que la sentencia no recoge el espíritu expreso de esta normativa sustantiva y la no aplicación de la misma deja en evidente un vacío jurídico de inaplicabilidad de la Ley aun cuando la misma debe de aplicarse al tenor de su contenido sustancia y razón. La sentencia recurrida debió dictarse o proferirse en aplicación del Derecho sustantivo mandando a decretar la nulidad absoluta del contrato aludido y sus asientos registrales. Asimismo debió aplicarse en su justa dimensión el artículo numero 2128 numeral 9 del Código Civil sección II De la constitución de la Hipoteca, el que se omitió su contenido y su aplicación a este caso particular en el que expresamente dice que solamente en “los bienes litigiosos,….. la hipoteca quedara pendiente de la resolución del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los interesados en el mismo, fuera del hipotecante”. Sin embargo el tribunal de alzada omitió en su fallo esta disposición material”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- OBJETO Y NATURALEZA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: se declare de iure la firmeza de la resolución recurrida, se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la corte de apelaciones correspondiente. En caso de declarar la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil en relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto, la fijación directa de día para la votación y fallo.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN. Las características del recurso de casación son las siguientes: a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas.

b) No constituye una nueva instancia por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias.

c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso.

4.- RESUMEN DEL MOTIVO DE CASACIÓN UNICO (PRIMERO). La recurrente abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA arguye que el Tribunal de Alzada no ha hecho aplicación de los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República en relación con los artículos números 7 y 13 del Código Procesal Civil; teniendo como Precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b) del citado Código. Explica que en la sentencia recurrida se ha soslayado por parte del órgano jurisdiccional lo prescrito por el artículo 90 de la Constitución de la República que establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; ello aduce que es evidente puesto que no se respeta la forma del proceso en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia dictada, ya que la misma en el segundo motivo refiere que la sentencia dictada por el a-quo esta apegada a derecho por no estar dirigida la acción contra la institución bancaria “Banhcafe que tiene especial hipoteca a favor de dicha institución, y que declarar la nulidad de este instrumento hipotecario sin haber sido oídos, y sin derecho a defenderse, seria como expresa el juzgador, poner en riesgo la tutela a sus derechos fundamentales y provocar una evidente inseguridad jurídica”. Señala la recurrente que con tal razonamiento por parte del Tribunal ad-quem, el mismo ha resuelto sobre una situación Extra Petita que no había sido sometida a Juicio y defiende intereses de un derecho real de una institución bancaria que estaba protegida al amparo del artículo 2128 numeral 9 del Código Civil, amen de observarse que en ningún momento el acreedor hipotecario citado y emplazado en la demanda haya llevado prueba alguna en la secuela del juicio para acreditar extremo alguno, por lo que la referida Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, juzga bajo supuestos caprichos, al ignorar que el derecho real hipotecario esta sujeto a un espacio de tiempo y es probable que la institución bancaria, ya tenga pagado su crédito al momento en que se dicto la sentencia, y sin embargo tal Tribunal presume que el crédito hipotecario aun esta pendiente de pago sin tener prueba alguna, ello en franca violación de la garantía constitucional citada y los principios de legalidad procesal y formas solemnes que están obligadas a observarse, y que al respecto mediante sentencia pronunciada en fecha trece (13) de septiembre del dos mil once (2011), la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, se ha pronunciado en el recurso de amparo impetrado.

5.- ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (PRIMERO). Respecto de lo planteado por la Casacionista en este MOTIVO, se tiene a bien lo planteado por la misma, respecto de la garantía constitucional del derecho al debido proceso que se consagra en el artículo 90 de la Constitución de la República y que establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; en relación a lo dispuesto a las normas procesales 7 y 13 del Código Procesal Civil; estimamos correcto que la impetrante se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. Opinión contraría suscita en la Sala, la invocación del segundo de tales artículos constitucionales, esto es lo preceptuado en el articulo 304 constitucional que establece: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.”; siempre en relación con las citadas normas procesales, pues tal norma constitucional esta referida a la independencia de que goza el Poder Judicial con relación a otros Poderes del Estado, pues por el mismo, se fija la posición exclusiva que le atañe a los órganos jurisdiccionales de aplicar las leyes a casos concretos y ejecutar lo juzgado. Señalado lo anterior, esta Sala de lo Civil, estima que no son de recibo por parte nuestra de los argumentos de la recurrente en este motivo único (primero), cuando arguye para ello que la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el articulo 90 constitucional ha sido quebrantada por el Tribunal de Alzada, estimando tal vulneración, por que la sentencia del Tribunal ad-quem, ha expresado que la sentencia dictada por el a-quo esta apegada a derecho, ya que en el caso de autos la pretensión de la parte demandante de que se declare la nulidad de un instrumentos publico de dominio pleno y su inscripción registral y de otras escrituras de ventas posteriores e hipoteca y demás anotaciones marginales; tal pretensión no esta dirigida contra la institución bancaria denominada BANHCAFE, la cual tiene especial hipoteca a su favor, por lo que declarar la nulidad del instrumento publico que pretende la parte demandante y consecuentemente la nulidad del instrumento hipotecario a favor de dicho banco, sin que el mismo haya sido escuchado y sin derecho a defenderse; pone en riesgo la tutela a sus derechos fundamentales y provoca una evidente inseguridad jurídica. La Sala de lo Civil toma esta determinación desestimatoria del referido motivo, con fundamento en lo dispuesto por el Código Procesal Civil en el artículo 720.1, el cual es claro al prohibir que por medio de la casación se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. En virtud de lo anterior, para la Sala de lo Civil, el ataque de la casacionista a la motivación fáctica esgrimida por el Tribunal de Alzada, debió de haberse conducido por la causal que ofrece la norma procesal civil contenida en los artículos 719.1 literal c), y 720.2 del mismo ordenamiento jurídico.

6.- RESUMEN DEL MOTIVO DE CASACIÓN UNICO (SEGUNDO). La recurrente abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, impugna por la aplicación errónea de la norma procesal prescrita en el artículo 200 del Código Procesal Civil, invocando como precepto autorizante el artículo 719 inciso c) del mismo texto legal arguye al respecto arguye básicamente lo siguiente: a) Que La sentencia proferida ha inobservado lo preceptuado en el articulo 200 del Código Procesal Civil, en cuanto la motivación fáctica y jurídica de la misma, ello debido a que no aprecia la prueba aportada por la parte actora y no hace uso de las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, y mas bien lo que hace es una valoración arbitraria y prohibida de la prueba llevada al juicio por la parte demandada, a la que le da un valor, aun cuando la misma era inútil, desproporcionada y no pertinente; b) Que tal falencia en la motivación del fallo impugnado se deja reflejada en el su primer motivo inciso c.), cuando el Tribunal de Alzada aduce que la parte demandada “baso y apoyo su defensa en los hechos siguientes: El señor Pedro Cabrera Cruz adquirió el dominio pleno de la propiedad en legal y debida forma, PRIMERO: Por que el era el dueño de la misma y se encontraba en posesión quieta, publica y pacifica de la misma ya que le compro los derechos que pudieron corresponder a sus hermanos (por eso ellos nunca reclamaron) y nunca fue empleado de Catastro como aducen los demandantes); además porque el señor Alcalde Municipal de aquella época, don Oscar Orlando Burgos, le otorgo al señor Pedro Cabrera Cruz el dominio pleno…….formalizando dicho Contrato mediante instrumento numero 49 de fecha catorce (14) de enero del año dos mil (2000), ante los oficios del notario Ramón Alfredo Silva Ortega, el que reúne todos los requisitos exigidos por la Ley……”; c) Que a contrario sensu es la parte actora, la que ha probado en juicio el rechazo administrativo por parte de la corporación municipal de Yoro, ello debido a la inexistencia de resolución de esa corporación municipal en donde se ordenara la suscripción del contrato de enajenación de un dominio pleno a favor del señor Pedro Cabrera Cruz; d) Que no obstante lo anterior la Corte de Apelaciones en su fallo ha dejado establecido que en juicio si fue probado un contrato legal y debida forma sin que esta situación conste en el expediente de merito; y, e) Que con los medios de prueba documental, inspecciones hechas personalmente por la señora juez y testifical, se prueba que el contrato nunca existió y que el instrumento público del Notario Ramón Alfredo Silva Ortega, es un contrato fraudulento ya que el testimonio del mismo esta sin el soporte del protocolo que nunca fue mostrado, ello en razón de que el notario nunca tuvo el mismo de manera material en su protocolo corriente del año dos mil (2000), con lo cual se evidencia de manera irrefutable que el contrato es espurio y fraudulento en consecuencia debe de decretarse la nulidad del mismo y los contratos que se deriven de este.

7.- ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (SEGUNDO). La recurrente en este motivo tiene como causal lo preceptuado en el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; alega para ello que en el fallo impugnado se hace aplicación errónea de la norma procesal prescrita en el artículo 200 del Código Procesal Civil; arguyendo que tal infracción de la referida norma procesal se suscita por que el Tribunal de Alzada hace en su fallo apreciaciones erróneas acerca de los hechos probados y de los medios de prueba aportados por la parte actora. Respecto de tal motivo, el mismo no es de recibo por parte nuestra, ello por que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cumple con los requisitos sobre el contenido formal de las sentencias exigidas por el artículo citado como infringido por la casacionista. Amen de lo anterior la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia observa que la impetrante no ha planteado correctamente este motivo puesto que al pretender que se revise “apreciaciones erróneas acerca de los hechos probados y los medio de prueba aportados” del fallo proferido, la misma no ha tenido en cuenta que en sede casacional, y al tenor de lo señalado por el articulo 720.1 del Código Procesal Civil “no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”; situación que tiene su salvedad en cuanto a la forma y contenido de las sentencias, por lo que se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determínate de un sentido diferente del fallo, tal y lo dispuesto en el numeral 2 del referido articulo 720; en ese sentido la impetrante incurre en la falencia de no plantear ante la Sala como fundamento de su motivo, lo dispuesto en el citado numeral dos del articulo referido, si tal y como entendemos su pretensión era que se revisara el control factico de la sentencia impugnada. Razones estas por la cual este motivo único (segundo) resulta inadmisible.

8.- RESUMEN DEL MOTIVO DE CASACIÓN UNICO (TERCERO). La recurrente abogada JULIETA EUGENIA HAYLOCK SANABRIA, impugna la sentencia recurrida por la no aplicación de la norma sustantiva, prescrita en los artículos 1552, 1596 y 2128 del Código Civil. Señala como precepto autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. La impetrante explica tal motivo señalando que la norma material y sustantiva prescrita en el artículo 1552 del Código Civil prescribe los requisitos esenciales para la validez de los contratos y establece que debe de haber “1.- Consentimiento de los Contratantes. 2.- Objeto cierto que sea materia del Contrato. 3.- Causa de obligación que se establezca.”; expresa que en el instrumento público de dominio pleno autorizado por el Notario don Ramón Alfredo Silva Ortega, no se han dado tales requisitos por lo que tal nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste en autos declararse su nulidad, ello en concordancia con lo que prescribe el artículo 9 del mismo texto legal que señala: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor,…………”, de todo lo cual se concluye que el contrato celebrado de manera fraudulenta solo por el señor Pedro Cabrera Cruz no tiene ningún valor, por lo que debió de haberse declarado, por sentencia su nulidad absoluta. Amen de que estas normas no fueron aplicadas en la sentencia dictada por el tribunal de segunda instancia, también ha obviado aplicarlas en el estricto cumplimiento de lo prescrito en el artículo 11 del citado Código que señala: “Las Leyes que interesan al orden publico y las buenas costumbres, no podrán eludirse por convenciones de los particulares………..” . Con lo anterior aduce la impetrante se evidencia que la sentencia impugnada no recoge el espíritu expreso de esta normativa sustantiva y la no aplicación de la misma deja en evidente un vacío jurídico de inaplicabilidad de la ley, aun cuando la misma debe de aplicarse al tenor de su contenido sustancia y razón. Finalmente estima que debió aplicarse a este caso particular en su justa dimensión el artículo 2128 numeral 9 del Código Civil, el que expresamente dice que solamente en “Los bienes litigiosos,….., la hipoteca quedara pendiente de la resolución del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los interesados en el mismo, fuera del hipotecante”, disposición material que el tribunal de alzada omitió en su fallo.

9.- ARGUMENTOS DE LA SALA DE LO CIVIL PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN UNICO (TERCERO). La recurrente en este motivo tiene como causal lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Estima la impetrante que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada no aplica la norma sustantiva, prescrita en los artículos 1552, 1596 y 2128 del Código Civil. Al tratar de explicar el concepto de la infracción, la misma incurre en alegatos de instancia, con lo cual olvida que para que pueda prosperar el recurso de casación, cuando se alega falta de aplicación de una norma, han de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia. Estima la Sala de lo Civil que si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, en cuya situación el demandante en casación debe precisar también cuál es la indebidamente aplicada, requisito que en el caso de autos omite la recurrente en la explicación del motivo, por lo que hace el cargo incompleto.

10.- Que por las razones que ya se han dejado establecidas en el iter de este auto, esta defectuosa presentación del recurso por parte de la recurrente, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuesto, la causal prevista en el numeral 2, literal a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720 numerales 1) y 2), 723.2 literal a), y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: I.- La inadmisión del recurso de casación en sus motivos, formalizado por la abogada Julieta Eugenia Haylock Sanabria, en su condición de representante procesal de los señores Adriana Solís, Berta Solís, Antonio Cabrera, Lucia Argentina Solís, Marta Elena Zambrano Solís, Mildred Yonary Solís, Esperanza Guiza Solís y Miguel Ángel Guiza Solís; contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación con la demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escritura pública de dominio pleno y su inscripción registral y de otras escrituras de ventas posteriores e hipoteca y demás anotaciones marginales en contra de los señores Petronila Martínez, quien actúa por sí y en representación de sus menores hijos Isis Vicenta, Narida Yolibeth y Gensil Josué Cabrera Martínez; Jorge Alberto Amaya y Oscar Iván Urbina Cabrera, representados en juicio por el abogado Jose Eduviges Castro Martínez. II.- Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente número 56-14 C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 297-2008, del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro. III.- Condenar en costas a la parte recurrente; y, IV.- Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Magistrada Ponente: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFÍQUESE.

REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ

Magistrado Coordinador

WILFREDO MENDEZ ROMERO

Magistrado

RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.

Magistrada

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