Sentencia CC-159-15 — Registro 6108
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria rescisión de un contrato privado de promesa de compraventa de un bien inmueble promovida y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“PRIMER MOTIVO DE CASACION: El recurrente no explica coherentemente este Motivo, por lo cual en aras de no desvirtuar lo manifestado en el mismo se procede a su trascripción: “ …existe Infracción directa de la ley sustantiva se materializa cuando el tribunal Instructor deja de un lado el contenido del artículo 1347 y 1348 CODIGO CIVIL y se produce cuando la ley es clara de modo que su interpretación no ofrezca dudas, que el Juez de primera instancia no profundiza en su razonamiento fáctico relacionado a que si el contrato es una fuente de obligación su contenido es claro y especifico y en ningún espacio del contrato signado por mi patrocinado con el señor FRANCISCO ANTONIO GUERRA CANALES establece que en caso de incumplimiento el abono o adelanto dado por mi mandante quedaría a favor del promitente vendedor, en derecho civil esta se llama CLAUSULA DE RESCICION y por lo tanto al no existir formal o materialmente esa cláusula no puede el sentenciador eludir el contenido del artículo 1348 Código Civil en el sentido de que el contrato debe ser cumplido al tenor del mismo y no como en su sentencia que señala que imperativamente la suma señalada deba ser entregada al demandantes el “fallador” le dio o reconocido otra sentida exacto y que a pesar de ella la Sentencia este en contradicción con la ley, porque el Juzgador negó la aplicación debiendo haberla aplicado”. 2.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: El impetrante establece el artículo 719 numeral 2 con relación al artículo 1347 y 1348 del Código Civil. 2.2. El recurrente es falto de claridad al no separar coherentemente la infracción por la que recurre, lo que causa imprecisión recursiva. Errores recursivos en este Motivo: 1) El impetrante en el mismo motivo establece simultáneamente que la infracción se debe por la no aplicación de determinados artículos, específicamente cuando dice “…deja de un lado el contenido del artículo 1347 y 1348 CODIGO CIVIL…” , sin embargo en exposición continua y no delimitada denuncia interpretación indebida de los artículos antes mencionados cuando concretamente establece “…el Juez de primera instancia no profundiza en su razonamiento fáctico relacionado a que si el contrato es una fuente de obligación su contenido es claro y especifico y en ningún espacio del contrato signado por mi patrocinado con el señor FRANCISCO ANTONIO GUERRA CANALES establece que en caso de incumplimiento el abono o adelanto dado por mi mandante quedaría a favor del promitente vendedor, en derecho civil esta se llama CLAUSULA DE RESCICION y por lo tanto al no existir formal o materialmente esa cláusula no puede el sentenciador eludir el contenido del artículo 1348 Código Civil…” Se le recuerda al recurrente que el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil establece dos motivos diferentes en que se podrá impugnar las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, siendo estas por aplicación o por interpretación. En caso de haber concurso de ambas causas deben de denunciarse en motivos separados. 2) Consecuencia de lo anterior, en el desarrollo del presente motivo el casacionista no establece cual es la afectación a sus intereses y derechos por la sentencia impetrada y que tengan relación con los artículos 1347 y 1348 del Código Civil, siendo esta omisión un vacío en la causa recursiva que impide a la Sala de lo Civil entender el alcance de este motivo. 3) Las causales recursivas se encuentran comprendidas en el artículo 719 y por concatenación con el artículo 720 numeral 2) ambos del Código Procesal Civil, por tanto es incorrecto y ajeno a ley designar como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 con relación al artículo 1347 y 1348 del Código Civil, tal como la invoca el recurrente.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente LOS MEDIOS DE PRUEBA allegados en tiempo y forma al juicio, consistente en el contrato y su contenido pues no hace alusión a lo establecido en el Código civil.”. 3.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considera que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 “Son causales de casación:…… 2.- Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. 3.2. Se considera inadmisible el presente motivo de casación por las mismas razones descritas en el anterior, sumando que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece que en el Recurso Extraordinario de Casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba contenida en las sentencias de instancia. 4. Analizado el escrito contentivo al recurso de casación, es propio hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[2] Por demás queda claro que nuestro legislador, mediante Decreto 211-2006, contentivo al Código Procesal Civil, disminuyó la rigidez de carácter procesal al establecer normas y actos que coadyuvan al acceso de Acceso a los Tribunales, mas en ningún momento dicho decreto afecta el rigor técnico y preciso que de fondo debe observar dicha recurrencia. 5. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.b) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a)... b)… Carencia manifiesta de fundamento del recurso, o haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia.”
“SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: El recurrente denuncia que la sentencia es violatoria de ley sustantiva en infracción indirecta de los artículos 1347 y 1348 del Código Civil proveniente de la “APRECIACION ERRONEA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA APLICADO AL CASO CONCRETO (contrato y su contenido), allegados en tiempo y forma al juicio en relación al fallo mismo. En este caso no aplica la ley sustantiva del Código Civil y hace apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba Ejemplo El Código Civil…..” EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente LOS MEDIOS DE PRUEBA allegados en tiempo y forma al juicio, consistente en el contrato y su contenido pues no hace alusión a lo establecido en el Código civil.”. 3.1. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considera que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 “Son causales de casación:…… 2.- Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. 3.2. Se considera inadmisible el presente motivo de casación por las mismas razones descritas en el anterior, sumando que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece que en el Recurso Extraordinario de Casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba contenida en las sentencias de instancia. 4. Analizado el escrito contentivo al recurso de casación, es propio hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia. Por demás queda claro que nuestro legislador, mediante Decreto 211-2006, contentivo al Código Procesal Civil, disminuyó la rigidez de carácter procesal al establecer normas y actos que coadyuvan al acceso de Acceso a los Tribunales, mas en ningún momento dicho decreto afecta el rigor técnico y preciso que de fondo debe observar dicha recurrencia. 5. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.b) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a)... b)… Carencia manifiesta de fundamento del recurso, o haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de agosto del dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por infracción de ley, formalizado ante este Tribunal en fecha ocho de mayo de dos mil ocho, por la Licenciada LENIN EVELIN HERNANDEZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Sustituta del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en relación a la Demanda para que se anule por no ser conforme a derecho el acto administrativo presunto en sentido negativo, consistente en la resolución presunta mediante la cual por silencio administrativo se entiende desestimado el recurso de reposición interpuesto ante la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), órgano superior de la jerarquía administrativa; Reconocimiento de la situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, costas del juicio; interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el cinco de marzo de dos mil siete, por el Abogado DARIO ORLANDO ROVELO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en causa propia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través de la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional que FALLÓ “PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LENIN EVELIN HERNÁNDEZ. SEGUNDO: Declarar con lugar el recurso de apelación por ADHESIÓN interpuesto por el Abogado DARIO ORLANDO ROVELO; TERCERO Revoca parcialmente la sentencia definitiva de fecha 14 de noviembre del 2007 en lo que se refiere al numeral SEGUNDO de la parte dispositiva; CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el pago de la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (LPS.9,991.228.17), mas el interés legal del 6% anual calculado desde la fecha del acto impugnado hasta que se cumpla con la obligación correspondiente; QUINTO: Confirmar el resto de los pronunciamientos de la sentencia definitiva apelada”.- RESULTA: Que en fecha Ocho de Mayo de Dos Mil Ocho, compareció ante este Tribunal la Licenciada LENIN EVELIN HERNANDEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando la demanda de casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE CASACION. Primer motivo: Infracción de Ley por no ser la sentencia congruente con las pretensiones originalmente establecidas por la parte demandante. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra plenamente comprendido en el artículo 903 numeral 2 del Código de Procedimientos Comunes, el cual reza “Habrá lugar al Recurso de Casación POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL”, 1..., 2) cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La infracción paso a exponerla de la manera siguiente detallándola a continuación: En el caso de autos la Corte sentenciadora ignoró las pretensiones deducidas por los coadyuvantes, particularmente lo argumentado por la parte demandante, la cual se limitó únicamente a hacer valer lo establecido en el artículo 70, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 2 a), 7 letra b), 9, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1367 del Código Civil; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, no encontrándose enmarcado en las mismas el asunto del demandante ya que el derecho que él alega y la nulidad del Acto que pide no le corresponden. Artículo 70 de la Constitución de la República: Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de Ley o de sentencia fundada en la Ley. Artículo 303: La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado de Honduras, por Magistrados y Jueces independientes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que establezca la Ley. La Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la Capital de la República, estará formada por nueve (9) Magistrados Propietarios y siete suplentes, elegidos por el Congreso Nacional y estará dividida en salas de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Interno de la misma Corte. Artículo 304: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia será electo por el Congreso Nacional, por un período de cuatro años. Artículos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículo 1: Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2 literal a: Para los efectos del artículo anterior se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo. b)... Artículo 7 literal b: La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será ejercida por los siguientes órganos:... b) Por las Cortes de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que actuarán como Tribunal de Segunda Instancia que organice la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez determinará su sede y jurisdicción. Artículo 9: Los Jueces y Magistrados de lo Contencioso Administrativo son independientes en sus funciones y no estarán sometidas más que a la Constitución y a la Ley. Artículo 134: En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletoria, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Artículo 1367 del Código Civil: Si la obligación consistente en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio, en el interés legal. El interés legal es el seis por ciento (6%) anual. Artículos de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Artículo 1: La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia. Artículo 11: La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad. Artículo 137: La competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las Leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Segundo motivo: Infracción de Ley por falta de aplicación a los artículos 1, 80, 82, 228 y demás aplicables de la Constitución de la República de Honduras; artículos 1, 2, 3, 7 inciso a), 23, 24, 25, 46, 47, 55, 58, 68, 69, 75, 78, 79, 81, 128 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; artículos 300, 301, 302, 304 y 307 del Código de Procedimientos Comunes; artículos 1, 4, 5, 19, 23, 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimientos; artículos 2289, 2296 obligación primera, 2297 y 2299 del Código Civil y demás aplicables al presente caso. Precepto autorizante: Este motivo se sustenta en los artículos 2289, 2296 obligación primera, 2297 y 2299 del Código Civil. La infracción paso a explicarla a continuación: Mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en estricto cumplimiento a lo establecido al artículo 2296 numeral primero del Código Civil y según providencia de fecha quince de noviembre de dos mil seis declara SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE en virtud de hacer prescrito la acción para el cumplimiento de la obligación reclamada. Obviando la Corte sentenciadora que en el caso de autos las pretensiones del demandante amparadas en una obligación si bien es cierto legal en su momento, en la actualidad o sea desde el momento de la solicitud No. 330-06 SOPTRAVI, se encontraba totalmente prescrita tal y como lo reza el Código Civil en el artículo anteriormente expuesto y que ilustra a continuación a vos Honorable Corte Suprema de Justicia al respecto. Artículo 2289: Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la Ley. Artículo 2296 obligación primera: Por el transcurso de un año prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1. La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Peritos, Agentes y Curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran, 2, 3, 4... Artículo 2297: El tiempo de la prescripción de todas las acciones cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieran ejercitarse. Artículo 2299: El tiempo de la prescripción de las acciones para el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia comienza desde que la sentencia quedó firme. En consecuencia la Corte sentenciadora al no haber considerado los asideros legales mencionados en el transcurso del juicio, disposiciones actualmente vigentes y expuestas nuevamente a vos Honorable Corte Suprema de Justicia, ha agraviado a mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). Poniendo en precario las finanzas públicas del Estado, dándole vigencia a una acción totalmente prescrita como la de ordenar el pago al demandante nada menos que por la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (Lps. 9.991,228.17), mas el interés legal del seis por ciento (6%) anual calculado desde la fecha del Acto Impugnado hasta el cumplimiento de la obligación correspondiente, por tanto la Corte sentenciadora se colocó en rebeldía contra la Ley emitiendo por ende un fallo al margen de nuestra legislación nacional, fundamentado el fallo en disposiciones legales que no van al fondo de la controversia limitándose a establecer su jurisdicción y competencia. Tercer motivo: Infracción de Ley por falta de aplicación a los artículos 8 y 116 de la Ley de la Administración Pública 1, 4, 5, 19, 23, 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás aplicables al presente caso. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 116 de la Ley de la Administración Pública. La infracción paso a exponerla de la siguiente manera: En el caso de autos la Corte acusadora ignoró el precepto legal antes mencionado alegando que el plazo de prescripción de la parte demandante fue interrumpida por medio de la Dirección General de Carreteras a través de su Director en aquel entonces Ingeniero Marcio Alvarado E. dando respuesta a una solicitud previamente hecha por el demandante para que se le pagaran sus honorarios, tal respuesta consta en el Oficio DGC-NR-2958-05, la cual constituye un Reconocimiento de los honorarios, fundamentándose en un precepto legal que queda desvanecido en su totalidad con el artículo 2296, obligación primera del Código Civil y especialmente se violentó el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, porque tal oficio no tiene el carácter de Ley que manda nuestra Legislación por no ser Actos Administrativos, en virtud que tal petición no fue recibida a través del órgano encargado de dar trámite como es la Secretaría General de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que desempeña legalmente tal atribución como filtro de todas las Direcciones Generales bajo su jerarquía, sino que es hasta el 10 de noviembre del año 2006 que el Abogado Darío Orlando Rovelo en su condición personal comparece tal y como manda la Ley a presentar la solicitud respectiva a la cual se le asignó el expediente No. 330-06 el cual corre en autos. Artículo 116 de la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA VIGENTE sobre Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Providencias. Artículo 116: Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias fallo emitido en fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al omitir las pretensiones deducidas de las partes así como las precitadas disposiciones y fundamentos legales, dictando un fallo basado únicamente en los artículos 1, 2 letra a), 7 letra b), 9, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1367 del Código Civil; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales por lo que entra en rebeldía por no lograr fundamentar su fallo en disposiciones legales que fuesen al fondo del asunto, sino solo estableciendo su jurisdicción y competencia, violentando con ello disposiciones plasmadas en la Constitución de la República; Ley General de la Administración Pública, Código de Procedimientos Comunes, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y demás aplicables al presente.” RESULTA: Que mediante providencia de fecha nueve de mayo de dos mil ocho, se tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de la Licenciada LENIN EVELIN HERNANDEZ, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho, para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha treinta de julio de dos mil ocho, de la siguiente manera: “OPINIÓN: Por las razones precitadas, el Ministerio Público, dictamina DESFAVORABLE a la admisión del presente recurso en sus tres motivos”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el primer motivo alega infracción de ley por no ser la sentencia congruente con las pretensiones originalmente establecidas por la parte demandante y cita como ley infringida los artículos 70, 303 y 304 de la Constitución de la República, 1, 2 a), 7 letra b), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1367 del Código Civil; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Es el caso que el presente motivo no se ha formulado con la claridad y precisión exigida en este recurso y evidencia los errores siguientes: a) las normas constitucionales no son impugnables en casación; b) y las demás disposiciones legales que se consideran violadas no tienen el rango de ley sustantiva, por lo que no son impugnables en este recurso como pretende el Impetrante; c) del estudio del fallo recurrido, se aprecia que el mismo resuelve las cuestiones objeto del litigio y en congruencia con las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito. Las razones expuestas tornan inadmisible el primer motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega infracción de ley por falta de aplicación a los artículos 1, 80, 82, 225 y demás aplicables de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 7 inciso a), 23, 24, 25, 46, 47, 55, 58,68, 69, 75, 78, 79, 81, 128 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 300, 301, 302, 304 y 307 del Código de Procedimientos Comunes; 1, 4, 5, 19, 23, 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimientos; 2289, 2296 obligación primera; 2297 y 2299 del Código Civil y demás aplicables al presente caso. En este motivo, el Recurrente vuelve a incurrir en los mismos errores señalados en el considerando que antecede, asimismo no cita con precisión las normas que considera infringidas, ya que en este recurso no procede indefinir las normas que se presumen violadas expresando “y demás aplicables al presente caso”, en adición alega falta de aplicación de preceptos legales que si fueron apreciados por el juzgador. Los errores en que ha incurrido el Recurrente en la formulación del cargo vuelven inadmisible el segundo motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega infracción de ley por falta de aplicación a los artículos: 8 y 116 de la Ley de Administración Pública; 1, 4, 5, 19, 23, 24, 25 y 83 de la ley de Procedimientos y demás aplicables al presente caso. Es el caso que las normas de la Ley de la Administración Pública citadas, no tienen el carácter de sustantivas por lo que no procede su impugnación en casación en la forma alegada al igual que los demás preceptos de ley que se considerasen infringidos directamente por falta de aplicación, y nuevamente el Recurrente no precisa puntualmente la ley que considera infringida al expresar “y demás aplicables al presente caso”. Las razones expuestas, tornan inadmisible la pretensión que encierra este tercer motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con el parecer del Fiscal Especial de Casación y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190, 899, 916, 917, 919, 920 numeral 2), 929 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Octubre de Dos Mil Ocho; Certificación de la Sentencia de fecha Veintiséis de Agosto de Dos Mil Ocho, recaída en el Recurso de Casación número 161=08.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL