Sentencia CC-135-14 — Registro 8952
Resumen
En primera instancia, se declaró sin lugar la demanda ordinaria en acumulación de acciones, nulidad de un título dominical, su escritura matriz. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“10.- Para la Sala de lo Civil, no resultan de acogida los argumentos expuestos por el recurrente en su cuarto motivo, consideración a la que se llega, debido al incorrecto planteamiento del motivo en cuanto a la debida técnica que indefectiblemente debía observar el recurrente al momento de plantear el recurso, falencias que tienen que ver nuevamente con lo siguiente: I.- El recurrente incurre en error al invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, y por otra parte señala que el precepto autorizante es el artículo 103 de la Constitución de la República, menester es recordar por parte nuestra que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, y que tales causales o preceptos autorizantes únicamente son los que se encuentran definidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- Señala el recurrente que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada avala el despojo de una parte de la propiedad de sus representados, con lo cual podría entenderse que el mismo aun y cuando cita la norma constitucional invocada como precepto autorizante, su pretensión se encamina que en el caso de autos, por parte nuestra se haga revisión sobre la probable vulneración al derecho a la propiedad privada; asunto respecto del cual la Sala tiene a bien ilustrar que en materia recursiva de casación y al tenor de lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, cuando la infracción de los actos y garantías procesales suponga la nulidad o produjese indefensión, en ese sentido tenemos que por tal causal tiene cabida el que se pueda impugnar una probable vulneración del derecho constitucional de defensa, en cuanto a normas in procedendo; ahora situación muy distinta es la pretendida por el recurrente cuando invoca una equivocada causal de recurso, y pretende que la Sala de lo Civil tutele una posible vulneración del derecho a la propiedad de una de las partes; tal pretensión no resulta de recibo, ello porque dirimir tal situación es competencia de los órganos jurisdiccionales encargados de administrar Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“12.- Al igual que en los motivos precedentes el recurrente en el quinto motivo expuesto incurre en los mismos errores ya señalados, a saber: I.- Erróneamente señala como causal del recurso de casación el artículo 719. 1 literal c) del Código Procesal Civil y por otra parte dice que el precepto autorizante es el artículo 95 del Código Procesal Civil; asunto que como ya se ha dejado expuesto en los motivos ya expresados que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, y que tales causales o preceptos autorizantes únicamente son los que se encuentran ya señalados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- Señala el recurrente los artículos 1, 3, 7, 12 numeral 2) y 3), del Código Procesal Civil, y que el artículo 206.3 del mismo código se adhiere a los mismos; sin que el mismo haga la debida separación con claridad y la explicación necesaria de si tales artículos se han aplicado indebidamente, no se han aplicado o se ha hecho interpretación errónea de los mismos y cuál es la incidencia de cada uno de ellos en cuanto a su aplicación, no aplicación o interpretación errónea en el fallo proferido por el Tribunal de Alzada.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“ II.- El recurrente en este tercer motivo señala puntualmente que “…la apreciación de la prueba que realizo el juzgador, le da poco o nada valor procesal legal y que su criterio está muy alejado de una mediana lógica..”. Argumento del impetrante, que aunque no lo señala de forma expresa, da pie para estimar que el mismo pretende en esta vía recursiva se haga valoración probatoria, lo cual es improcedente en esta jurisdicción, según lo establece el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, y III.- Cuestiona nuevamente el recurrente la aplicación por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido del artículo 1526 del Código Civil, y en contraposición la no aplicación del artículo 1530 del mismo Código; normas estas que resultan ser normas in iudicando in iure (normas sustantivas); en ese sentido resulta menester recordar que bajo la confusa egida de los preceptos invocados por el recurrente, cómo causal del motivo, en cuanto al artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, no cabe impugnar normas de derecho para la solución del fondo del litigio, ya que para hacer impugnación de tal tipo de normas la vía correcta es invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… IV.- El recurrente comparece en este primer motivo invocando la causal casacional por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; y señala puntualmente que tanto la primera como la segunda instancia en los fallos proferidos han descalificado los medios de prueba de cargo propuestos por la parte actora que tienen que ver con: a) La declaración de testigos idóneos y contestes; b) Dos medios de prueba de reconocimientos judiciales, y c) Prueba documental de los títulos de propiedad de los demandantes, mismos que no le causaron a las dos instancias el convencimiento bajo la premisa de la sana crítica y del razonamiento lógico jurídico para dirimir el fondo del litigio planteado. Argumentos respecto de los cuales, aunque no lo reconozca el impetrante, está solicitando valoración probatoria, lo cual es improcedente en esta jurisdicción, según lo establece el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, y V.- Cuestiona el recurrente la aplicación por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido del artículo 1526 del Código Civil, que resulta ser norma in iudicando in iure (norma sustantiva); en ese sentido resulta menester recordar que bajo la egida del precepto invocado por el recurrente, cómo causal del motivo, esto es el artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, no cabe impugnar normas de derecho para la solución del fondo del litigio, ya que para hacer impugnación de tal tipo de normas la vía correcta es invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“- De lo expuesto por el impetrante en el segundo motivo, se establece que incurre nuevamente en la inobservancia de los requisitos para la formulación del escrito de casación (falta de debida técnica casacional), ello se estima básicamente por lo siguiente: I.- El recurrente invoca como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, y por otra parte señala que el precepto autorizante es el artículo 212.4 del mismo ordenamiento legal, menester es recordar por parte nuestra que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, mismos que se encuentran definidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- No explica en forma separada la infracción de cada uno de los dos numerales que componen el artículo que estima relacionado, esto es el artículo 7 del Código Procesal Civil, y su incidencia en el fallo impugnado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CC. 135-14
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados REINALDO ANTONIO HERNANDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, el segundo designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Los señores ERNESTO ALONSO HUNG DEL CID y ERIK JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, representados en juicio por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor ANDRES EGAS ZANINOVICH, representado en juicio por el abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de curador ad-litem.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA EN ACUMULACION DE ACCIONES DE NULIDAD DE UN TITULO DOMINICAL, SU ESCRITURA MATRIZ, PRIMERA COPIA, SU RECTIFICACION DE MEDIDA Y NOTAS MARGINALES QUE SE GENEREN DEL MISMO, ACCION REINVINDICATORIA DE DOMINIO, SE DEMANDA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha nueve de septiembre del año dos mil ocho, ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores ERNESTO ALONSO HUNG DEL CID y ERIK JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, contra el señor ANDRES EGAS ZANINOVICH.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha trece de marzo del año dos mil catorce, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diez de agosto del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la misma; sentencia del a-quo que falló de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA: 1.-) DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda Ordinaria en acumulación de acciones, Nulidad de un título dominical, su Escritura Matriz.- Primera Copia.- Rectificación de medidas y Notas marginales que se generan del mismo.- Acción reivindicatoria de dominio.- Indemnización de perjuicios.- promovida por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ en su condición de apoderado legal de los señores ERNESTO ALONSO HUNG DEL CID Y ERIK JAVIER RODRIGUEZ RIVERA contra el señor ANDRES EGAS ZANINOVICH.- Y MANDA: Que si dentro del termino de ley no se interpone recurso alguno contra la presente sentencia quede firme la misma, para los efectos legales pertinentes.- SIN COSTAS.- se resuelve a la fecha por exceso de trabajo.- NOTIFIQUESE”.
SEGUNDO: En fecha veintiuno de abril del año dos mil catorce, el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores ERNESTO ALONSO HUNG DEL CID y ERIK JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia dictada el día trece de marzo del año dos mil catorce, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolviendo el ad-quem, mediante auto de fecha veintidós de abril del dos mil catorce, tener por interpuesto el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del escrito.
TERCERO: En fecha quince de mayo del año dos mil catorce, el representante procesal del señor ANDRES EGAS ZANINOVICH, el abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de Curador Ad-Litem, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tenerlo por pronunciado y ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados DANIEL FLORES VELASQUEZ y JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas veinte y veintiuno de mayo del año dos mil catorce respectivamente; por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS DE CASACIÓN El Recurso Extraordinario de Casación, es aplicable a los casos que las normas legales determinan, y puede invocarlo quien tenga una sentencia negativa total o parcial en Apelación, su fin es proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la Ley y es procedente cuando el fallo emitido en apelación a causado agravios, sin reconocer el derecho que asiste a la parte, ocasionándole daños y perjuicios irreparables, violentándole los derechos constitucionales o la ley ordinaria aplicable al caso concreto de sus pretensiones.- La finalidad de este recurso es identificar si durante todo el proceso y hasta la sentencia una vez agotadas las instancias, existen causales de nulidad en el juicio de derecho por infracciones de ley o de una norma procesal, debiendo en su caso anular la sentencia recurrida, dejándola sin efecto. Pudiendo las partes a fin de mantener la unificación de la jurisprudencia nacional, invocar cualquier otras resoluciones que se hayan emitido en iguales circunstancias o similares pretensiones, con el propósito de crear la jurisprudencia y así garantizar la equidad e igualdad de sus derechos.- En nuestro Código Procesal Civil se establece expresamente como fines de la casación: ARTICULO 716.- FINES DE LA CASACIÓN: 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Se impugna la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha trece de Marzo el año dos mil catorce, por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la forma y contenido de la sentencia, este motivo o causal de Casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que señala el derecho de poder recurrir en Casación para impugnar la aplicación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. En el presente caso, impugno la sentencia por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la sentencia, siendo estas las comprendidas en el artículo 220 numeral 2) del Código Procesal Civil, en relación al artículo 719 numeral 1 literal c) y el artículo 3 y 7, todos del Código Procesal Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto a lo que establece: “Causales del recurso, 1. c) la forma y contenido de la sentencia.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El contenido de las sentencias de conformidad a lo que regula el artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en su numeral primero establece: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.” Y el numeral segundo expresa: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Como se puede apreciar el fallo dictado por el Ad-Quem carece de motivación y no expresa los razonamientos facticos y jurídicos correctos para aplicar e interpretar el derecho inherente al caso que nos ocupa. En lo que se refiere a la apreciación fáctica del juicio en referencia el Tribunal Ad-quem, lo hace de manera somera y superficial, sin considerar en lo absoluto la tasa legal de la prueba así como el valor jurídico de la misma, puesto que para el Tribunal en consonancia con el Juzgado A-quo, se concreta en descalificar, los medios de prueba de carga propuestos por la parte actora como son: La declaración de Testigos idóneos y contestes (artículo 294 numeral 1 y 4 del Código Procesal Civil); dos medios de prueba de reconocimientos judiciales (344 numeral 1 del Código Procesal Civil), uno al lugar de los hechos y otro a los antecedentes dominicales de la legítima propiedad de mis Patrocinados y la prueba documental de los títulos de propiedad de los demandantes no le causaron a los Juzgadores el convencimiento bajo la premisa de la sana crítica y del Razonamiento lógico jurídico para dirimir el fondo del litigio planteado; observando siempre el debido procedimiento establecido por la Constitución de la República y normas ordinarias en condiciones de igualdad a fin de que el órgano jurisdiccional dicte una resolución justa y motivada, es obvio que en el caso de autos la resolución del Juzgador no es justa de acuerdo a la normativa aplicada en función de la resolución dictada, ya que la prueba de cargo fue desestimada aun cuando no existió oposición en virtud de que el demandado por medio del curador ad-litem que se le nombro no hizo ninguna diligencia en el juicio y consecuentemente no propuso prueba alguna. Argumenta que el juzgador que ha conocido del litigio y decidido sobre el fondo del mismo, que la prueba de cargo aportada en juicio no sustenta las pretensiones, con y a su vez propone un esquema ya pautado de una tasa legal probatoria para decidir favorablemente a los demandantes, cual es el dictamen de peritos, puesto que la tesis propuesta por el juzgador, es que los testigos contestes a las pretensiones de mis Clientes, no son dichos por personas idóneas para opinar sobre los hechos por no ser idóneos para tales menesteres; y los reconocimientos judiciales la sana crítica y razonamiento del juzgador por su falta de capacidad no le indica de manera raciocina la situación de los hechos controvertidos, esto reafirma aún más la inobservancia de las normas legales, de la sana crítica y razonamiento lógico en el debido proceso para la apreciación de la prueba, relevado tales principios por la mera SUBJETIVIDAD DEL JUZGADOR.- Manifiesta la sentencia recurrida, que es aplicable el Artículo 1526 del Código Civil, establece que “no se admitirán prueba de testigos de una obligación que haya debido consignarse por escrito” si bien los testigos han sido contestes en sus dichos, no obstante la acreditación del dominio y la parte que se denuncia como usurpada deben constar por escrito, resulta indispensable el dictamen pericial como prueba toral que debió evacuar el demandante para acreditar los extremos de su demanda, pues con la prueba evacuada no es posible determinar lo que eventualmente pueda dictaminar un perito quien debe remedir las propiedades según el área y colindancias establecidas en las escrituras, pero como quedó planteado en el juicio es imposible tomarla como prueba fehaciente la revisión de las escrituras e inspecciones para dictar un fallo favorable a los demandantes. Con lo anteriormente citado y expresado en el fallo impugnado el mismo Tribunal de Apelaciones está aceptando categóricamente que el Juzgado de primera instancia, debió hacer aplicación del artículo 229 numeral 2) del Código Procesal Civil, y NO LO HIZO, cuando esta norma procesal, autoriza al juzgador que “PUEDE ACORDAR DE OFICIO Y POR MEDIO DE AUTO, QUE SE PRACTIQUEN DETERMINADAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAMENTE LAS PROPUESTAS POR LAS PARTES, CUANDO CONSIDERE QUE LOS MEDIOS APORTADOS POR LAS PARTES SON INSUFICIENTES, DE MODO QUE IMPIDAN UNA CORRECTA FORMACIÓN DE SU CONVICCIÓN …” situación que no ordeno el Juzgador y que avaló el Tribunal de Apelaciones, con lo cual se está fallando la protección de las normas del ordenamiento jurídico del debido proceso.- Si para el Juzgador, no eran suficientes y determinantes los sendos medios probatorios propuestos y evacuados por la parte actora, y era necesario un dictamen pericial para determinar los extremos del reclamo demandado, pudo perfectamente, en atribuciones que la ley le confiere, nombrar de oficio un PERITO entendido en la materia y como lo dice el mismos Juzgador, y asevera la Corte de Apelaciones, que él no tiene conocimientos en tal materia, no obstante los Reconocimientos judiciales que realizó y dizque no se pudo esclarecer los hechos, CON MUCHA MÁS JUSTIFICACIÓN ERA PROCEDENTE LO QUE ORDENA EL ARTICULO 229 numeral 2) del citado Código Procesal Civil, en procura del debido procedimiento. SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN. Otro motivo que causa el presente recurso de casación es también el regulado en el artículo 719, numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, que establece que se podrán impugnar los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. PRECEPTO AUTORIZANTE. El precepto autorizante de esta causal de casación lo establece el artículo 212 numeral 4) del Código Procesal Civil, que dice: “Los actos procesales serán nulos en los siguientes casos…4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Este motivo de causa de casación tiene inmediata relación con el debido procedimiento regulado en el artículo 7 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, el cual prescribe que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este código y de acuerdo con la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas. Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional. En la norma precitada se observa como el alcance de la normativa procesal va desde toda persona HASTA EL JUZGADOR, cuyo propósito es garantizar a todo ciudadano la legítima tutela de sus derechos e intereses que pretende del sistema judicial, lo que implica que cuando el juzgador no tiene la debida observancia del procedimiento, obtenemos de tal premisa incorrecta una sentencia como la que es ahora objeto de impugnación mediante este recurso extraordinario, por tal razón es procedente reponer las actuaciones que de oficio debió ordenar el Juzgador como lo es el nombramiento de un Perito para que al tenor del dictamen emitido dirimir el asunto. TERCER MOTIVO. El tercer motivo de la casación que tratamos en el presente litigio, lo concibe el artículo 719 numeral 1) literal c), que autoriza la impugnación de la sentencia por la aplicación e interpretación de normas procesales que tienen que ver con la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 245 numeral 2) del Código Procesal Civil, enuncia que “La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo la sanción de nulidad de la resolución.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Lo que significa lo transcendente de la valoración de la prueba en el proceso, la cual no debe tener como parámetro de pauta a seguir la mera arbitrariedad del juzgador, arbitrariedad que la misma ley prohíbe, en el artículos 13 numeral 3) último párrafo y 245 del Código Procesal Civil, sino que la sana crítica del conocimiento y criterio humano razonado de manera lógica, elementos que motivarán la sentencia dictada conforme a derecho dentro de las pretensiones del peticionario, y por lo analizado en autos para dictar la sentencia en su contenido la apreciación de la prueba que realizo el juzgador, le da poco o nada valor procesal legal y que su criterio está muy alejado de una mediana lógica que se obtiene con la simple cultura general a efecto de determinar un verdadero y legítimo alcance de su fallo; desplazando por completo los criterios procesales del valor de la prueba y dándole amplio valor a la arbitrariedad del criterio del juzgador, como es el hecho de descalificar la prueba testifical, limitándola solo a la aplicación del artículo 1526 del Código Civil, establece que “no se admitirán prueba de testigos de una obligación que haya debido consignarse por escrito”, cuando el artículo 1530 del mismo Código Civil establece que “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la prueba de testigos es admisible para comprobar actos o convenciones sobre cosas cuyo valor exceda de doscientos pesos: 1.- Cuando exista un principio de prueba por escrito…”, en el caso de autos, este principio de prueba existe y lo constituyen los instrumentos dominicales, tanto de mis Clientes donde consta el área superficial de su inmueble como los instrumentos de la parte demandada donde consta que mediante la susodicha remedida se le ha usurpado parte del inmueble de mis Representados. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. Causal de casación regulado en el artículo 719 numeral 1) literal c), que autoriza la impugnación de la sentencia por la aplicación e interpretación de normas procesales que tienen que ver con la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Consignado en el artículo 103 de la Constitución de la República, que “reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.” Enunciado éste que GARANTIZA LA PROPIEDAD PRIVADA, de la cual mis representados fueron sustraídos en una parte de su propiedad. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Como se ha venido exponiendo en este libelo, la falta del debido proceso ha tenido en detrimento los interese de los demandantes en la usurpación de una parte de un bien inmueble de su legítima propiedad, todo esto avalado por el juzgador en la aplicación antojadiza de las normas jurídicas. QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN. Como causal del recurso de casación, para impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en el presente litigio, lo establece el literal c), numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que se circunscribe a la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 95 del Código Procesal Civil, pauta como regla general la admisibilidad de la acumulación de pretensiones como la de procesos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. En cuanto a esta causal de casación el juez instructor del pleito es competente en cuanto posee jurisdicción y competencia en la materia del juicio a conocer o por razón de la cuantía; por tanto el demandante podrá acumular cuantas pretensiones tenga frente al demandado, aunque provengan de diferentes causas, siempre que no sean incompatibles entre sí. Del análisis estrictamente jurídico se concluye que la acumulación de las pretensiones reclamadas en el juicio de mérito, no son excluyentes entre sí, sino que la causa principal de la nulidad del título dominical del demandando en cuanto se refiere a la fracción del inmueble que implica la remedida que se realizó en detrimento de la propiedad de mis Representados, por haberles usurpado diez manzanas de parte de su propiedad, lo que ello conlleva vicios de nulidad, y que genera la acción de reivindicación de la parte del inmueble que el demandado le ha usurpado a mis Poderdantes y tal pretensión implica intrínsecamente el resarcimiento de perjuicios caudados por los actos irregulares materializados por la contraparte; y en el peor de los casos si el demandado estimare que la acumulaciones de pretensiones es indebida, tuvo que haberse opuesto, sin embargo, esto no sucedió, y de no darse esta premisa el juzgador debió decretar la inadmisibilidad de la demanda en acumulación de pretensiones y mandar a subsanar tal situación procesal, si fuera el caso y no menoscabar el fondo del litigio perjudicando a los demandados (artículo 1, 3, 7, 12 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil); todo esto, sin ninguna excusa válida, puesto que es una facultad del juez en aras de una decisión justa y apegada a derecho. En todo caso, el artículo 206 numeral 3) del citado Código Procesal Civil, se adhiere a la normativa antes expuesta cuando dice que “Cuando los puntos del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”, por tal razón, lo expuesto por el juzgador en la sentencia recurrida, y avalada por esta Corte de Apelaciones, cuando dice: “se le aclara al mismo que las acciones deben ser entabladas por separado pues unas excluyen a las otras ya que si se pretende la nulidad de un instrumento Pxúblico cuyo señorío legalmente está inscrito a nombre de otra persona, no procede la acción reivindicatoria, de igual forma al pretender la declaración de nulidad y pago de daños y perjuicios”, dicho argumento es tan improcedente, como reitero, la nulidad demandada es la parte del inmueble de mis Clientes que se les ha usurpado, pues precisamente en dicho título de Remedida se ampara el Demandado para usurpar lo que pertenece a mis Representados, pues ese es el título cuya nulidad se demanda”.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.
2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo.
3.- De lo expuesto por el recurrente en el PRIMER MOTIVO de casación, la Sala de lo Civil en forma sucinta resume los alegatos planteados, los cuales básicamente se contraen en señalar que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, invocando como precepto autorizante el artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: “….c) La forma y contenido de la sentencia.”; estimando el impetrante que la sentencia proferida por el Tribunal de segunda instancia no ha aplicado las normas procesales correctas que regulan la sentencia, siendo éstas las comprendidas en el artículo 220.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Se entenderá que existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido a él solicitud de conciliación.”; en relación con el artículo 719.1 literal c) y los artículos 3 y 7, todos del Código Procesal Civil.- En sustento de la tesis impugnatoria en el primer motivo planteado, el censor arguye que de acuerdo con el contenido de las sentencias, y de conformidad a lo que regula el artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en su numeral primero se establece que: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.”; y en el numeral segundo expresa: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” De la cita de tales normas y a la luz del fallo recurrido, se estima que en cuanto a la apreciación fáctica, la misma se ha hecho de manera somera y superficial, sin considerar en lo absoluto la tasa legal de la prueba así como el valor jurídico de la misma, puesto que la referida Corte en consonancia con el Juzgado de primera instancia, ha descalificado los medios de prueba de carga propuestos por la parte actora tales como: a) La declaración de testigos idóneos y contestes (artículo 294 numeral 1 y 4 del Código Procesal Civil); b) Dos medios de prueba de reconocimientos judiciales (344 numeral 1 del Código Procesal Civil), uno al lugar de los hechos y otro a los antecedentes dominicales de la legítima propiedad de sus patrocinados y c) Que la prueba documental de los títulos de propiedad de los demandantes no le causaron a los Juzgadores el convencimiento bajo la premisa de la sana crítica y del razonamiento lógico jurídico para dirimir el fondo del litigio planteado; observando siempre el debido procedimiento establecido por la Constitución de la República y normas ordinarias en condiciones de igualdad a fin de que el órgano jurisdiccional dicte una resolución justa y motivada. Señala el impetrante que al ser desestimada la prueba de cargo, aun cuando no existió oposición, ello en virtud de que al demandado se le nombro curador ad-litem que no hizo ninguna diligencia en el juicio y consecuentemente no propuso prueba alguna, razón por la cual en el caso de autos la resolución del Juzgador no es justa de acuerdo a la normativa aplicada en función de la resolución dictada, ya que fue desestimada; razón por la cual no se comparte el argumento del juzgador en el fallo proferido, cuando el mismo razona que: “la prueba de cargo aportada en juicio no sustenta las pretensiones” y que los testigos contestes a las pretensiones de sus clientes, “no son dichos por personas idóneas para opinar sobre los hechos por no ser idóneos para tales menesteres; apreciaciones que aduce el recurrente reafirman la inobservancia de las normas legales, de la sana crítica y razonamiento lógico en el debido proceso para la apreciación de la prueba, relevado tales principios por la mera subjetividad del juzgador. Cuestiona también el recurrente que el fallo proferido, haya hecho señalamiento que en el caso de autos resulta aplicable el artículo 1526 del Código Civil, que establece: “no se admitirán prueba de testigos de una obligación que haya debido consignarse por escrito”; ello en razón de que la referida Corte arguye que si bien los testigos han sido contestes en sus dichos, no obstante la acreditación del dominio y la parte que se denuncia como usurpada deben constar por escrito, por lo que en el caso de autos resulta indispensable el dictamen pericial como prueba toral que debió evacuar el demandante para acreditar los extremos de su demanda, pues con la prueba evacuada no es posible determinar lo que eventualmente pueda dictaminar un perito; argumentos por los cuales señala el recurrente el Tribunal de Apelaciones está aceptando categóricamente que el Juzgado de primera instancia, debió hacer aplicación del artículo 229.2 del Código Procesal Civil, y no lo hizo; norma procesal que dice autoriza al juzgador a que: “……puede acordar de oficio y por medio de auto, que se practiquen determinadas pruebas complementariamente a las propuestas por las partes, cuando considere que los medios aportados por las partes son insuficientes, de modo que impidan una correcta formación de su convicción, …”; por lo que tal falencia del juzgado de primera instancia ha sido avalada por el Tribunal de Apelaciones, con lo cual se está fallando la protección de las normas del ordenamiento jurídico del debido proceso, y por lo tanto con mucha más justificación era procedente lo que ordena el artículo del citado código procesal civil, en procura del debido procedimiento.
4.- Los argumentos del recurrente en el primer motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se considera así, porque básicamente el mismo incurre en mala técnica casacional al momento de plantearlo, ello se establece por lo siguiente: I.- Invoca el recurrente en este motivo como precepto autorizante el artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, esto es en cuanto a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan “la forma y contenido de la sentencia”; estimando el impetrante que la segunda instancia en la sentencia proferida no ha hecho aplicación del artículo 220.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Se entenderá que existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido a él solicitud de conciliación.”; artículo este totalmente ajeno a la forma y contenido de la sentencia, amén de lo anterior el recurrente relaciona la falta de aplicabilidad de la citada normativa, con el contenido del artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, norma que precisamente invoca como precepto autorizante del motivo; en ese sentido la Sala observa que el precepto autorizante que se alegue como motivo de casación, no puede ser relacionado consigo mismo; también no resulta ser claro el impetrante en la exposición del motivo al relacionar la invocada falta de aplicación del artículo 220.2 del Código Procesal Civil, con lo preceptuado en los artículos 3 y 7 del mismo Código, que se refieren, el primero de ellos al debido proceso y el segundo a la legalidad procesal y sus formas; en ese sentido, no explica el recurrente a la Sala de forma clara y precisa, como bajo la egida del precepto autorizante que ha invocado, como la falta de aplicación de un artículo ajeno a la forma y contenido de la sentencia, se relaciona con los dos artículos que constituyen Principios de nuestra norma procesal civil. II.- En el mismo motivo el censor cita el contenido el artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, que establece: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.”; y “2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”; observa la Sala que el recurrente no hace la separación necesaria de cada uno de los numerales que componen el citado artículo, razón por la cual, en apego de la debida técnica de casación, debió de hacer la respectiva separación con la claridad debida de cada uno de los numerales y en motivos separados; III.- El recurrente bajo la tutela del precepto autorizante, esto es el articulo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, pretende que se inste por parte de la Sala el control de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia proferida por el tribunal de Alzada, olvidando con ello que, amén del precepto autorizante que invoco debió de haber hecho relación del mismo con lo dispuesto por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, el cual hace referencia a que: “…, y dentro del literal c) del numero uno 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo”; IV.- El recurrente comparece en este primer motivo invocando la causal casacional por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; y señala puntualmente que tanto la primera como la segunda instancia en los fallos proferidos han descalificado los medios de prueba de cargo propuestos por la parte actora que tienen que ver con: a) La declaración de testigos idóneos y contestes; b) Dos medios de prueba de reconocimientos judiciales, y c) Prueba documental de los títulos de propiedad de los demandantes, mismos que no le causaron a las dos instancias el convencimiento bajo la premisa de la sana crítica y del razonamiento lógico jurídico para dirimir el fondo del litigio planteado. Argumentos respecto de los cuales, aunque no lo reconozca el impetrante, está solicitando valoración probatoria, lo cual es improcedente en esta jurisdicción, según lo establece el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, y V.- Cuestiona el recurrente la aplicación por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido del artículo 1526 del Código Civil, que resulta ser norma in iudicando in iure (norma sustantiva); en ese sentido resulta menester recordar que bajo la egida del precepto invocado por el recurrente, cómo causal del motivo, esto es el artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, no cabe impugnar normas de derecho para la solución del fondo del litigio, ya que para hacer impugnación de tal tipo de normas la vía correcta es invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.
5.- Plantea el recurrente en el segundo motivo, que el motivo que causa el recurso de casación está comprendido en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, que establece que se podrán impugnar los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Señala el recurrente que el precepto autorizante de esta causal de casación es la que se preceptúa el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dice: “Los actos procesales serán nulos en los siguientes casos… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión”. El recurrente explica que el motivo tiene inmediata relación con el debido procedimiento regulado en el artículo 7 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, normativa que prescribe que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código y de acuerdo con la Constitución de la República; y que las formalidades previstas en él, son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional. Señala que respecto del alcance de tal normativa procesal la misma va desde toda persona hasta el juzgador, y cuyo propósito es garantizar a todo ciudadano la legítima tutela de sus derechos e intereses que pretende del sistema judicial, consecuentemente lo anterior implica que cuando el juzgador no observa el procedimiento, se obtiene una sentencia incorrecta, como lo es la que ahora se impugna mediante este recurso extraordinario, razón por la cual es procedente reponer las actuaciones que de oficio debió ordenar el Juzgador como lo es el nombramiento de un Perito para que al tenor del dictamen emitido dirimir el asunto.
6.- De lo expuesto por el impetrante en el segundo motivo, se establece que incurre nuevamente en la inobservancia de los requisitos para la formulación del escrito de casación (falta de debida técnica casacional), ello se estima básicamente por lo siguiente: I.- El recurrente invoca como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, y por otra parte señala que el precepto autorizante es el artículo 212.4 del mismo ordenamiento legal, menester es recordar por parte nuestra que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, mismos que se encuentran definidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- No explica en forma separada la infracción de cada uno de los dos numerales que componen el artículo que estima relacionado, esto es el artículo 7 del Código Procesal Civil, y su incidencia en el fallo impugnado.
7.- El recurrente plantea ante la Sala que el Tercer Motivo de la casación lo concibe el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que autoriza la impugnación de la sentencia por la aplicación e interpretación de normas procesales que tienen que ver con la forma y contenido de la sentencia. Estima como precepto autorizante el artículo 245.2 del Código Procesal Civil, que preceptúa: “La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo la sanción de nulidad de la resolución.”. En explicación del motivo señala el impetrante que la valoración de la prueba en el proceso es transcendente, razón por la cual no se debe tener como parámetro de pauta a seguir la mera arbitrariedad del juzgador, arbitrariedad que la misma ley prohíbe, en los artículos 13.3 último párrafo y 245 del Código Procesal Civil, sino que debe prevalecer la sana crítica del conocimiento y criterio humano razonado de manera lógica, elementos que motivarán la sentencia dictada conforme a derecho dentro de las pretensiones del peticionario. Señala el recurrente que después de lo analizado en autos para dictar la sentencia en su contenido, la apreciación de la prueba que realizo el juzgador, le da poco o nada valor procesal legal y que su criterio está muy alejado de una mediana lógica que se obtiene con la simple cultura general a efecto de determinar un verdadero y legítimo alcance de su fallo; con lo cual se ha desplazado por completo los criterios procesales del valor de la prueba y se le ha dado amplio valor a la arbitrariedad del criterio del juzgador, cuando se ha descalificado la prueba testifical, limitándola solo a la aplicación del artículo 1526 del Código Civil, que establece: “no se admitirán prueba de testigos de una obligación que haya debido consignarse por escrito”, cuando el artículo 1530 del mismo Código establece: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la prueba de testigos es admisible para comprobar actos o convenciones sobre cosas cuyo valor exceda de doscientos pesos: 1.- Cuando exista un principio de prueba por escrito…”, y que en el caso de autos, este principio de prueba existe y lo constituyen los instrumentos dominicales, tanto de sus representados donde consta el área superficial de su inmueble como los instrumentos de la parte demandada donde consta que mediante la susodicha remedida se le ha usurpado parte del inmueble de sus clientes.
8.- Después del análisis del tercer motivo, se estima que el mismo no resulta de recibo por parte de la Sala, en virtud de observarse que el recurrente no observa la debida técnica que el recurso de casación exige al momento de la interposición del recurso; falencias que tienen que ver con lo siguiente: I.- El recurrente incurre en error al invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, y por otra parte señala que el precepto autorizante es el artículo 245.2 del Código Procesal Civil, menester es recordar por parte nuestra que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, tales causales o preceptos autorizantes únicamente son los que se encuentran definidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, II.- El recurrente en este tercer motivo señala puntualmente que “…la apreciación de la prueba que realizo el juzgador, le da poco o nada valor procesal legal y que su criterio está muy alejado de una mediana lógica..”. Argumento del impetrante, que aunque no lo señala de forma expresa, da pie para estimar que el mismo pretende en esta vía recursiva se haga valoración probatoria, lo cual es improcedente en esta jurisdicción, según lo establece el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, y III.- Cuestiona nuevamente el recurrente la aplicación por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido del artículo 1526 del Código Civil, y en contraposición la no aplicación del artículo 1530 del mismo Código; normas estas que resultan ser normas in iudicando in iure (normas sustantivas); en ese sentido resulta menester recordar que bajo la confusa egida de los preceptos invocados por el recurrente, cómo causal del motivo, en cuanto al artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, no cabe impugnar normas de derecho para la solución del fondo del litigio, ya que para hacer impugnación de tal tipo de normas la vía correcta es invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.
9.- El impetrante en su Cuarto Motivo estima como causal de casación lo regulado en el artículo 719.1 literal c), que autoriza la impugnación de la sentencia por la aplicación e interpretación de normas procesales que tienen que ver con la forma y contenido de la sentencia. Señala como precepto autorizante el artículo 103 de la Constitución de la República, que: “reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.” Dice el recurrente que el referido precepto constitucional garantiza la propiedad privada, de la cual sus representados fueron sustraídos en una parte; consecuentemente explica el motivo señalando que la falta del debido proceso ha tenido en detrimento los interese de los demandantes en la usurpación de una parte de un bien inmueble de su legítima propiedad, todo esto avalado por el juzgador en la aplicación antojadiza de las normas jurídicas.
10.- Para la Sala de lo Civil, no resultan de acogida los argumentos expuestos por el recurrente en su cuarto motivo, consideración a la que se llega, debido al incorrecto planteamiento del motivo en cuanto a la debida técnica que indefectiblemente debía observar el recurrente al momento de plantear el recurso, falencias que tienen que ver nuevamente con lo siguiente: I.- El recurrente incurre en error al invocar como causal del recurso lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, y por otra parte señala que el precepto autorizante es el artículo 103 de la Constitución de la República, menester es recordar por parte nuestra que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, y que tales causales o preceptos autorizantes únicamente son los que se encuentran definidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- Señala el recurrente que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada avala el despojo de una parte de la propiedad de sus representados, con lo cual podría entenderse que el mismo aun y cuando cita la norma constitucional invocada como precepto autorizante, su pretensión se encamina que en el caso de autos, por parte nuestra se haga revisión sobre la probable vulneración al derecho a la propiedad privada; asunto respecto del cual la Sala tiene a bien ilustrar que en materia recursiva de casación y al tenor de lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, cuando la infracción de los actos y garantías procesales suponga la nulidad o produjese indefensión, en ese sentido tenemos que por tal causal tiene cabida el que se pueda impugnar una probable vulneración del derecho constitucional de defensa, en cuanto a normas in procedendo; ahora situación muy distinta es la pretendida por el recurrente cuando invoca una equivocada causal de recurso, y pretende que la Sala de lo Civil tutele una posible vulneración del derecho a la propiedad de una de las partes; tal pretensión no resulta de recibo, ello porque dirimir tal situación es competencia de los órganos jurisdiccionales encargados de administrar Justicia Constitucional.
11.- El impetrante en el Quinto Motivo estima como causal del recurso de casación, para impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en el litigio, lo establecido en el artículo 719. 1 literal c) del Código Procesal Civil, que se circunscribe a la forma y contenido de la sentencia. Estima como precepto autorizante el artículo 95 del Código Procesal Civil, que pauta como regla general la admisibilidad de la acumulación de pretensiones como la de procesos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Aduce el impetrante que en cuanto a esta causal de casación el juez instructor del pleito es competente en cuanto posee jurisdicción y competencia en la materia del juicio a conocer o por razón de la cuantía; por tanto el demandante podrá acumular cuantas pretensiones tenga frente al demandado, aunque provengan de diferentes causas, siempre que no sean incompatibles entre sí; por lo que jurídicamente se concluye que la acumulación de las pretensiones reclamadas en el juicio de mérito, no son excluyentes ente sí, sino que la causa principal de la nulidad del título dominical del demandando en cuanto se refiere a la fracción del inmueble que implica la remedida que se realizó en detrimento de la propiedad de sus representados, ello por habérseles usurpado diez manzanas de parte de su propiedad, lo que conlleva vicios de nulidad, y que genera la acción de reivindicación de la parte del inmueble que el demandado ha usurpado, y tal pretensión implica intrínsecamente el resarcimiento de perjuicios caudados por los actos irregulares materializados por la contraparte; y en todo caso si el demandado estimare que la acumulaciones de pretensiones es indebida, tuvo que haberse opuesto, lo que no sucedió, y de no darse esta premisa el juzgador debió decretar la inadmisibilidad de la demanda en acumulación de pretensiones y mandar a subsanar tal situación procesal, si fuera el caso y no menoscabar el fondo del litigio perjudicando a los demandados (artículo 1, 3, 7, 12 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil). Que en todo caso, el artículo 206.3 del Código Procesal Civil, se adhiere a la normativa citada al establecer: “Cuando los puntos del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”, razón por la cual estima el recurrente que lo expuesto por el juzgador en la sentencia recurrida, y avalada por la Corte de Apelaciones, cuando dice: “se le aclara al mismo que las acciones deben ser entabladas por separado pues unas excluyen a las otras ya que si se pretende la nulidad de un instrumento publico cuyo señorío legalmente está inscrito a nombre de otra persona, no procede la acción reivindicatoria, de igual forma al pretender la declaración de nulidad y pago de daños y perjuicios”, resulta ser un argumento improcedente, ello porque como se ha reiterado, la nulidad demandada es la parte del inmueble de mis clientes que se les ha usurpado, pues precisamente en el título de remedida que se ampara el demandado para usurpar lo que pertenece a sus representados, pues ese es el título cuya nulidad se demanda.
12.- Al igual que en los motivos precedentes el recurrente en el quinto motivo expuesto incurre en los mismos errores ya señalados, a saber: I.- Erróneamente señala como causal del recurso de casación el artículo 719. 1 literal c) del Código Procesal Civil y por otra parte dice que el precepto autorizante es el artículo 95 del Código Procesal Civil; asunto que como ya se ha dejado expuesto en los motivos ya expresados que causal del recurso como precepto autorizante, resultan ser términos sinónimos cuando se trata de la interposición de un recurso de casación, y que tales causales o preceptos autorizantes únicamente son los que se encuentran ya señalados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y II.- Señala el recurrente los artículos 1, 3, 7, 12 numeral 2) y 3), del Código Procesal Civil, y que el artículo 206.3 del mismo código se adhiere a los mismos; sin que el mismo haga la debida separación con claridad y la explicación necesaria de si tales artículos se han aplicado indebidamente, no se han aplicado o se ha hecho interpretación errónea de los mismos y cuál es la incidencia de cada uno de ellos en cuanto a su aplicación, no aplicación o interpretación errónea en el fallo proferido por el Tribunal de Alzada.
13.- La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en los cinco motivos planteados.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN en sus cinco motivos del recurso de casación, formalizado por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, en su condición de representante procesal de los señores ERNESTO ALONSO HUNG DEL CID y ERIK JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, contra la sentencia dictada en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en relación con la Demanda Ordinaria en Acumulación de Acciones de Nulidad de un Titulo Dominical, su Escritura Matriz, Primera Copia, su Rectificación de Medida y Notas Marginales que se Generen del Mismo, Acción Reivindicatoria de Dominio, se Demanda Indemnización de Perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, en el expediente número 0107-2011-00050, originado en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 9869/08 del Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.
REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ
COORDINADOR
WILFREDO MÉNDEZ ROMERO
MAGISTRADO
RINA AUXILIADORA ALVARADO
MAGISTRADA.
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