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Sentencia CC-101-15 — Registro 8930

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia, declarando sin lugar la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Esta Sala de lo Civil al examinar el primer motivo de casación encuentra que el Impetrante erra al desarrollar el mismo, así: Es menester dejar establecido en relación al motivo enunciado y su precepto autorizante citado que se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. El vicio de incongruencia, es entendido como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos. Aunado a lo anterior, en el caso de autos el compareciente no es preciso al establecer la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución adoptada por el Tribunal Ad quem, ya que confunde los conceptos de congruencia y contradicción, al usarlos como si fueran sinónimos, siendo que la contradicción supone la infracción de una norma jurídica distinta a la invocada por el Censor. La incongruencia por su parte “consiste en que la sentencia no coincida o concuerde con las pretensiones aducidas por las parte en el juicio, oportunamente, es decir, en la demanda y la contestación.”(Antonio Bermúdez. La casación en lo Civil. pg. 82), situación diferente a la planteada por el Impetrante en su primer motivo de casación, por lo cual procede su inadmisión conforme el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Estima esta Sala de Casación en cuanto al segundo motivo lo siguiente: Que en el motivo que antecede el Recurrente cita como infringido el artículo 1530 del Código Civil, por falta de aplicación de la norma antes mencionada en el fallo proferido por el Ad quem, que es de hacer notar que dicha norma no pudo haberse infringido por encontrarse derogada por disposición del artículo 921 del Código Procesal Civil. Por lo que procede la inadmisión del motivo in examine según lo establecido en el artículo 723 numeral 2) inciso b) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“De conformidad a lo expuesto encuentra esta Sala de Casación que el motivo en examen, adolece de los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: Que las normas citadas en relación dentro del motivo enunciado no ostentan el carácter de ser sustantivas, ni guardan relación con la causal enunciada. Es el caso del artículo 3 del Código de Comercio que define lo que es un acto de comercio, en consecuencia es una norma de carácter conceptual y no sustantivo. Además en la explicación del motivo de casación aduce o desarrolla su motivo centrado en la falta de aplicación de las normas citadas más que a la interpretación errónea de la norma mencionada como infringida como es el caso del artículo 717 del Código de Comercio, ya que la sentencia de la Corte de Apelaciones no se fundamenta en dicho artículo. Es así que resulta inadmisible el motivo expuesto por disposición del artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...“En lo referente al motivo que antecede esta Sala encuentra lo siguiente: El mencionado motivo cuarto de casación carece de claridad y precisión ya que por una parte cita infringido el artículo 1575 del Código Civil por aplicación indebida, y es en la explicación del motivo que hace referencia al 1575 del Código de Comercio, del cual el Recurrente dice haber sido aplicado indebidamente, no obstante del examen de la sentencia recurrida en casación se desprende que en ninguno de sus fundamentos de derechos dicho artículo fue aplicado por el Tribunal recurrido. Además, de que en la explicación del motivo de casación cita como infringido el artículo 1 del Código de Comercio que es una norma de carácter general que no va en consonancia al precepto autorizante enunciado. Finalmente, el Censor en el desarrollo del cargo pasa de mencionar la aplicación indebida de la norma a la falta de aplicación, lo cual supone dos tipos de infracción que debió enunciar en motivos separados e independientes a efecto de no viciar la precisión y claridad del concepto de la infracción.”

Legislación citada

Sentencia

CAC 101-15

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de diciembre del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La sociedad mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.) representada en juicio por el abogado ULISES MEJIA LEON GOMEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad TACA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA.

OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION.” promovida en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.), contra la sociedad mercantil TACA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio de su Presidente del Consejo de Administración, el señor JOAQUIN ALBERTO PALOMO DENEKE, mayor de edad, casado, economista, de nacionalidad salvadoreña.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto contra la Sentencia Definitiva de fecha Diecisiete de Diciembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, promovida por el Abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en su condición de Apoderado de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L. (S.S.T.), contra la Empresa Mercantil denominada TACA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración JOAQUIN ALBERTO PALOMO DENEKE, y representada judicialmente por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES. SEGUNDO: REVOCAR LA SENTENCIA Definitiva de fecha Diecisiete de Diciembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION promovida por el Abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.), contra la Empresa Mercantil denominada TACA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración JOAQUIN ALBERTO PALOMO DENEKE, y representada judicialmente por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, ABSOLVIENDO A LA SOCIEDAD MERCANTIL TACA DE HONDURAS S.A. DE C.V., de la acción deducida.- CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE INCUMPLIMIENTO.- QUINTO.- DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION. SEXTO.- CON COSTAS.- SEPTIMO.- A esta resolución le cabe interponer el recurso de Casación en el término de veinte días.- NOTIFIQUESE.”

SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.), abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en fecha once de febrero del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce de febrero del año dos mil quince , tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.

TERCERO: El representante procesal de la sociedad TACA DE HONDURAS S.A. DE C.V. abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, presentó en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciada a la parte Recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados ULISES MEJIA LEON-GOMEZ y LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas trece de marzo y trece de abril del año dos mil quince respectivamente, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha doce de mayo del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “ACLARACIÓN NECESARIA: En respeto y acatamiento a la disposición contenida en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil por medio del presente recurso de casación no pretendo instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida en casación. Por consiguiente, en el presente recurso de casación, pido que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia revise la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, y por supuesto, la falta de cumplimiento de normas procesales por parte de la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 208 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que establece: 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) c) La forma y contenido de la sentencia. El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe de manera clara que: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. ¿Cuáles fueron las declaraciones que pidió mi representada, como apelante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de primera instancia? Veamos: La sentencia definitiva dictada por el Juzgado a-quo en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013) efectuó los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva (Ver folios 776 de la pieza de primera instancia): Primero: Declara sin lugar la demanda incoada. Segundo: Declara sin lugar el pago de daños y perjuicios. Tercero: Absuelve a la demandada de la acción deducida en su contra. Cuarto: Declara con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción. Quinto: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Incumplimiento. Sexto: Con costas. Mí representada, en su escrito de apelación de fecha tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014), planteó como pretensiones de su apelación las siguientes (Ver folio 795 vuelto, parte final del expediente de primera instancia): 1) Que se revoque la Sentencia Definitiva impugnada; 2) Que declare con lugar la demanda incoada: 3) Que declare sin lugar la excepción de Prescripción opuesta; 4) Que absolviera a la apelante del pago de Costas; 5) Que condenara en costas al apelado. La sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014), hoy impugnada en casación, contiene los siguientes pronunciamientos (Ver folio 23 vuelto y 24 del expediente de segunda instancia): PRIMERO: Declara con lugar el Recurso de Apelación. SEGUNDO: Revoca la sentencia definitiva de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013) dictada por el juzgado a-quo. TERCERO: Declara sin lugar la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios, Absolviendo a la demandada. CUARTO: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Incumplimiento. QUINTO: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción. SEXTO: Condena en costas. Como puede observarse de la simple lectura de la parte dispositiva de la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem, recurrida en casación, hay una evidente incongruencia entre las pretensiones que como parte apelante se plantearon en el recurso de apelación y la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem. Veamos: De conformidad con la 22 Edición del Diccionario de la Real Academia Española la voz revocación contiene en derecho la siguiente definición: Anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que había resuelto. El mismo diccionario defina el verbo revocar como: Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por consiguiente, cuando la Honorable Corte Segunda de Apelaciones “revocó” la sentencia emitida por el Juzgado a-quo, en la práctica se traduce en fallar de manera contraria a lo que decidió el juzgado a-quo. De manera pues que dado que el Juzgado A-quo había realizado declaraciones sobre las pretensiones de las partes, la sentencia al ser revocada debería declarar exactamente lo contrario al primer fallo. Si el fallo de primera instancia declaró Sin lugar la demanda, la sentencia revocatoria debió declarar con lugar la demanda.- En cambio, el Tribunal Ad-quem vuelve a declarar “Sin lugar la demanda”. Si el fallo de primera instancia absolvió a la demandada de la acción deducida, la sentencia revocatoria debió condenar a la demandada.- En cambio, el tribunal Ad-quem vuelve a “absolver a la sociedad demandada”. Estas tres declaraciones al no ser congruentes con la revocatoria de la sentencia de primera instancia torna contradictoria la sentencia recurrida en casación y por ende viola lo preceptuado en el artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, por cuanto: Viola el numeral 1 del referido artículo 208 del Código Procesal Civil, por cuanto la sentencia del Tribunal Ad-quem no es congruente con las pretensiones de la apelación, por cuando por una parte concede la apelación y revoca la sentencia del a-quo, pero por otro lado rechaza la pretensión de condena al demandado y por el contrario lo absuelve. Igualmente viola el numeral 2 del referido artículo 208 del Código Procesal Civil por cuanto realizó de manera contradictoria las declaraciones que como apelante exigimos en la apelación, pues concede la apelación y revoca la sentencia pero rechaza las pretensiones de la apelación misma, confirmando los fallos emitidos en primera instancia. Al respecto, en la Obra El Nuevo Proceso Civil de la Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2001 (2 Edición), a página 571, se señala sobre el particular lo siguiente: “La sentencia de apelación también tiene que ser exhaustiva y congruente, pues en la apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo específico es que: a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, en el sentido de que: 1. Se tratará del objeto del o de los recursos, tal y como fue o fueron planteados por el o los apelantes, o por el apelante adherido.” En el caso particular, el Tribunal Ad-quem contradice en la propia parte dispositiva su propio fallo, otorgando la apelación y revocando la sentencia, pero rechazando los puntos específicos solicitados en la apelación, y de manera contradictoria absuelve nuevamente al demandado-apelado. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014), emitió una sentencia contradictoria, en la que por un lado concede la apelación y revoca la sentencia y por el otro absuelve al demandado de la pretensión del demandante y apelante. Esta contradicción es sancionada por el Código Procesal Civil con la anulación de la sentencia, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 727.4 del Código Procesal Civil, procediendo a dictar la sentencia que corresponda en derecho. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN POR INSUFICIENCIA, ASÍ COMO DEFICIENTES RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA, QUE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 720.2 deI Código Procesal Civil, que establece: dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A continuación haremos una exposición que demostrará que la motivación fáctica del fallo es insuficiente, y padece de una racionalidad y carácter lógico deficientes, pues desconoce normas específicas sobre valoración de la prueba, tal como paso a exponer a continuación: EL artículo 1530 del Código Civil, en su numeral 1 prescribe: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la prueba de testigos es admisible para comprobar actos y convenciones sobre cosas cuyo valor exceda de doscientos pesos (Lempiras): 1. Cuando exista un principio de prueba por escrito. La propia sentencia impugnada en casación en el numeral “NOVENO” de LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA reconoce la existencia de un correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca, por lo que resulta entonces que existe al menos un principio de prueba por escrito de la obligación de TACA reclamada judicialmente por SST. En el caso particular, declaró como testigo en la presente causa, el señor Ángel Bautista, Jefe de Seguridad Dirección General de Aeronáutica Civil, en audiencia probatoria desarrollada el once de noviembre del año dos mil once, quien con sus dichos manifestó de manera específica que reconocía y ratificaba que TACA había tomado la decisión de adquirir los servicios de seguridad de la empresa Servicios de Seguridad al Transporte, S. de R.L., empresa que les ofertaron la instalación de máquinas de rayos x más el servicio de inspección. En consecuencia, el Juzgado Ad-quem debió valorar en su conjunto los correos electrónicos que como prueba documental fueron aportados al proceso, en conjunto con la prueba testifical aportada. – Para una mejor ilustración este extremo se puede confirmar en la TRANSCRIPCIÓN completa de la audiencia Probatoria desarrollada en el proceso, donde en sus páginas 36 a partir de la línea 18, se observa lo expresado por el Testigo-Perito antes indicado (Video en su etapa inicial, con ubicación de 01:52:40). Ver entre folios del 796 al 797 de la transcripción agregada al expediente principal. La no aplicación de esta norma jurídica de valoración probatoria del Código Civil provoca que la motivación fáctica de la sentencia sea insuficiente y padezca de racionalidad y carácter lógico deficientes, puesto que: a) Es insuficiente la motivación fáctica por cuanto no efectuó un análisis en conjunto de la prueba documental aportada junto con los testigos que declararon en la causa. b) Su racionalidad y carácter lógico es deficiente, por cuanto pretende desconocer la existencia de una relación jurídica entre SST y TACA, a pesar que el señor Lombardo Lagos como Jefe de Seguridad de Taca impuso a SST obligaciones concretas de cumplimiento de obligaciones, tal como señaló el propio Tribunal Ad-quem: “exige que sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L. (S.S.T.) debe tener instalado ya para el 30 de noviembre de 2005, las máquinas de Rayos X, según el Programa Nacional de Seguridad y antes del 01 de enero del 2006 de acuerdo a la OACI...” Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: El Tribunal Ad-quem ha reconocido la existencia del correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca; documento que al menos debe tener la consideración de principio de prueba por escrito. En consecuencia, y habida cuenta de la existencia en el proceso de la declaración testifical del señor Ángel Bautista, jefe de Seguridad Dirección General de Aeronáutica Civil, que acreditan la existencia de la relación comercial entre TACA y SST, el Tribunal Ad-quem debió darle validez, en aplicación del artículo 1530 numeral 1 del Código Civil al correo electrónico supraindicado y en consecuencia declarar la existencia del contrato entre TACA y SST y en consecuencia declarar con lugar la demanda y condenar a la demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios a favor de SST. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: SE IMPUGNA LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 717 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DEL MISMO CÓDIGO DE COMERCIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Esta representación en este motivo no solicita ni la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida en casación, sino que únicamente reprocha la interpretación errónea en el presente caso del artículo 717 del Código Civil, que se refiere a la contratación entre ausentes. El tema de mayor importancia en la impartición de justicia es la de encontrar el criterio de aplicabilidad de una norma jurídica al caso concreto; es decir, por qué un caso determinado debe ser resuelto aplicando una norma jurídica en preferencia a otra u otras. En el caso que nos ocupa debemos hacer una discriminación sobre si se trata de materia civil o materia mercantil. En tal sentido, el artículo 3 del Código de Comercio señala que son actos de comercio, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa, y los que sean análogos. Resulta que el caso que nos ocupa se trata precisamente de un negocio jurídico mercantil surgido entre SST y TACA, relativo a un Contrato de Prestación de Servicios de Revisión de Equipaje de Bodega de Aeronaves con Máquinas de Rayos X. Este negocio jurídico se encontraba dentro del ámbito de la explotación de ambas empresas mercantiles. Por consiguiente, los actos concernientes a ese negocio jurídico quedan catalogados como mercantiles. Con relación a ese particular, el artículo 1 del Código de Comercio señala que los comerciantes (tanto SST como TACA son comerciantes sociales), los actos de comercio (el negocio jurídico se dio como parte de la explotación de ambas empresas mercantiles) y las cosas mercantiles se regirán:1) Por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, 2) Por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de éstos, 3) Por las normas del Código Civil. Esta prelación en la aplicación de las normas jurídicas a los actos de comercio es de obligatorio cumplimiento para los Tribunales de la República. Una vez establecida la materia que nos ocupa: MERCANTIL, debemos buscar si hay alguna norma de esta materia que regule la contratación entre ausentes. Resulta que precisamente el artículo 717 del Código de Comercio regula la contratación entre ausentes al prescribir: La oferta y aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. La propia sentencia impugnada en casación reconoce que hubo aceptación de oferta de contratación en su numeral “NOVENO” de LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA lo siguiente, al afirmar: “La empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L., sustenta su demanda en la tesis de que si bien se reconoce que no hay un contrato típico como los que se establecen en las leyes (art. 714 segundo párrafo Código de Comercio) las empresas pueden celebrar contratos que no correspondan a los típicos y de hecho en esta última alternativa es la que considera que sí existe una relación comercial y contractual con consecuencias de responsabilidad, por incumplimiento de parte, argumentando que se le reconociera responsabilidad contractual debido a que la demandada envió un correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca y expresa que: ... porque se está pidiendo contrato firmado (que se le solicitó por correo) si taca ya acordó tomar el servicio y exige que sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L. (S.S.T.) debe tener instalado ya para el 30 de noviembre de 2005, las máquinas de Rayos X, según el Programa Nacional de Seguridad y antes del 01 de enero del 2006 de acuerdo a la OACI. Contratado los servicios de la Empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L. al no haber firmado dicho contrato, el valor probatorio cae únicamente en la presunción que ésta aceptó las condiciones de la oferta. pero los actos civiles y mercantiles que obligatoriamente deben ser suscritos directamente por las partes contratantes, para determinar las responsabilidades para ambas por el incumplimiento de una o más de las cláusulas contractuales, ...“ En otras palabras, desde el punto de vista fáctico, la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en la sentencia impugnada en casación, reconoce que hubo oferta y que también hubo aceptación de dicha oferta. De hecho, como puede observarse, en el correo electrónico que alude el Tribunal Ad-quem, TACA impone a SST condiciones para la instalación de la máquina de Rayos X. Una vez que entendemos que una norma jurídica es aplicable al caso concreto, es necesario establecer el criterio de aplicación de esa norma al caso concreto, es decir, que alcance tiene la norma jurídica en el caso en estudio.- En el caso que nos ocupa, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Aplicar el artículo 717 del Código de Comercio implica que la oferta en conjunto con su aceptación constituyen un contrato y por ende crea obligaciones entre las partes? Sobre el alcance del artículo 717 del Código de Comercio, veamos que establece la Exposición de Motivos de dicho código al comentar la norma jurídica citada: “ El viejo problema de la contracción entre ausentes se ha resuelto en el campo del Derecho Mercantil considerando los respectivos contratos como celebrados entre presentes, si los contratantes estuvieron en comunicación directa. Ello supone la existencia de medios técnicos que permitan el cambio de opiniones de contratante a contratante sin la intervención de nuncio o mensajero, ni de medios escritos, pues en estos casos se trataría de una contratación por correspondencia.” Por consiguiente, de conformidad con el artículo 717 del Código de Comercio, la contratación entre ausentes, que puede ser realizada por cualquier medio tecnológico, que en el presente caso ocurrió por medio de sendos correos electrónicos, se verifica precisamente por la aceptación de la oferta, aceptación que obliga al cumplimiento de los compromisos asumidos de buena fe. Ese es el verdadero criterio de aplicación o interpretación correcta del referido artículo 717 del Código de Comercio. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, desconoce el alcance que la ley le otorga a la aceptación de la oferta por medios tecnológicos, pretendiendo que a pesar de la aceptación de dicha oferta, la ausencia de documento suscrito invalidad dicha oferta y aceptación. No hay base legal para tal afirmación, pues el mismo Código de Comercio, en su Exposición de Motivos reconoce que en esos casos estamos ante una contratación entre ausentes y la equipara a la que se produce entre presentes, si los contratantes se comunicaron personalmente. En el caso particular el señor Lombardo Lagos, Jefe de Seguridad de TACA manifestó no solo su aceptación sino que estableció a SST condiciones que debían ser cumplidas y que de hecho fueron cumplidas por SST. Si la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán hubiese interpretado correctamente el artículo 717 del Código de Comercio, habría tenido por válida y obligatoria la aceptación de TACA a la oferta de SST y por ende hubiese señalado la existencia y validez del contrato entre las partes, y por ende hubiese declarado con lugar la demanda, así como la indemnización de daños y perjuicios a favor de SST. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: SE IMPUGNA LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 1575 DEL CÓDIGO CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Esta representación ratifica su voluntad de respetar de manera irrestricta que en los motivos de fondo no podemos solicitar ni la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida en casación. Por consiguiente analizaremos jurídicamente el caso e interpretaremos la normativa jurídica a la luz de los hechos entendidos probados por el Tribunal Ad-quem. El artículo 1575 del Código de Comercio, párrafo final señala que: “También deberán constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de doscientos pesos.” Esta representación considera que, habida cuenta que el negocio jurídico suscitado entre TACA y SST era de índole mercantil, resulta que no debió aplicar el artículo 1575 párrafo final del Código Civil puesto que esa norma es aplicable únicamente a la materia civil. Paso a explicarme. Esta representación ya demostró que en el caso particular se dio lo que en materia mercantil se conoce como contratación entre ausentes. En tal sentido, el Código de Comercio establece las formalidades que debe cumplir la oferta y su aceptación, precisamente en el artículo 717 del Código de Comercio. Ya vimos que el artículo 1 del Código de Comercio prescribe la prelación normativa en materia mercantil, señalando que los comerciantes (tanto SST como TACA son comerciantes sociales), los actos de comercio (el negocio jurídico se dio como parte de la explotación de ambas empresas mercantiles) y las cosas mercantiles se regirán:1) Por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, 2) Por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de éstos, 3) Por las normas del Código Civil. Reiteramos que esta prelación en la aplicación de las normas jurídicas a los actos de comercio es de obligatorio cumplimiento para los Tribunales de la República. Por consiguiente, como criterio de aplicabilidad de la norma jurídica el Tribunal Ad-quem no debió aplicar el referido artículo 1575 del Código Civil, por cuanto ya existe una norma, específicamente el artículo 717 del Código de Comercio que considera de obligatorio cumplimiento la aceptación de la oferta que se da por medios tecnológicos. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce aplicó de manera errónea e inválida el referido artículo 1575 del Código de Comercio, cuando en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Código de Comercio debe aplicar de manera preferente las disposiciones del Código Mercantil y solo si no existen normas en el mismo puede aplicar el Código Civil. Así pues, al existir una norma en el Código de Comercio, aplicable al caso concreto; específicamente el artículo 717 deI referido Código de Comercio, que regula precisamente el caso que nos ocupa: la contratación entre ausentes por medios tecnológicos, es precisamente la norma mercantil la que debió aplicar y no la norma civil. Si el Tribunal Ad-quem no hubiese aplicado erróneamente el párrafo final del artículo 1575 del Código Civil habría otorgado el sentido correcto al artículo 717 del Código de Comercio y entonces habría fallado declarando con lugar la demanda incoada y hubiese condenado al pago de daños y perjuicios a la demandada.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, con fecha doce de febrero del dos mil quince, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación presentado por el abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, representante procesal de la empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones, el día veintiocho de octubre del dos mil catorce, en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación promovida por el abogado Ulises Mejía León-Gómez contra la sociedad Taca de Honduras, S.A. de C.V.; recurso de casación éste que se formalizó en cuatro motivos de casación.

  1. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 208 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que establece: 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) c) La forma y contenido de la sentencia. El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe de manera clara que: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. ¿Cuáles fueron las declaraciones que pidió mi representada, como apelante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de primera instancia? Veamos: La sentencia definitiva dictada por el Juzgado a-quo en fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece (2013) efectuó los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva (Ver folios 776 de la pieza de primera instancia): Primero: Declara sin lugar la demanda incoada. Segundo: Declara sin lugar el pago de daños y perjuicios. Tercero: Absuelve a la demandada de la acción deducida en su contra. Cuarto: Declara con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción. Quinto: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Incumplimiento. Sexto: Con costas. Mí representada, en su escrito de apelación de fecha tres de marzo de dos mil catorce, planteó como pretensiones de su apelación las siguientes (Ver folio 795 vuelto, parte final del expediente de primera instancia): 1) Que se revoque la Sentencia Definitiva impugnada; 2) Que declare con lugar la demanda incoada: 3) Que declare sin lugar la excepción de Prescripción opuesta; 4) Que absolviera a la apelante del pago de Costas; 5) Que condenara en costas al apelado. La sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán en fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, hoy impugnada en casación, contiene los siguientes pronunciamientos (Ver folio 23 vuelto y 24 del expediente de segunda instancia): PRIMERO: Declara con lugar el Recurso de Apelación. SEGUNDO: Revoca la sentencia definitiva de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece dictada por el Juzgado a-quo. TERCERO: Declara sin lugar la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios, Absolviendo a la demandada. CUARTO: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Incumplimiento. QUINTO: Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción. SEXTO: Condena en costas. Como puede observarse de la simple lectura de la parte dispositiva de la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem, recurrida en casación, hay una evidente incongruencia entre las pretensiones que como parte apelante se plantearon en el recurso de apelación y la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem. Veamos: De conformidad con la 22 Edición del Diccionario de la Real Academia Española la voz revocación contiene en derecho la siguiente definición: Anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que había resuelto. El mismo diccionario defina el verbo revocar como: Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por consiguiente, cuando la Honorable Corte Segunda de Apelaciones “revocó” la sentencia emitida por el Juzgado a-quo, en la práctica se traduce en fallar de manera contraria a lo que decidió el juzgado a-quo. De manera pues que dado que el Juzgado A-quo había realizado declaraciones sobre las pretensiones de las partes, la sentencia al ser revocada debería declarar exactamente lo contrario al primer fallo. Si el fallo de primera instancia declaró Sin Lugar la demanda, la sentencia revocatoria debió declarar con lugar la demanda.- En cambio, el Tribunal Ad-quem vuelve a declarar “Sin lugar la demanda”. Si el fallo de primera instancia absolvió a la demandada de la acción deducida, la sentencia revocatoria debió condenar a la demandada.- En cambio, el tribunal Ad-quem vuelve a “absolver a la sociedad demandada”. Estas tres declaraciones al no ser congruentes con la revocatoria de la sentencia de primera instancia torna contradictoria la sentencia recurrida en casación y por ende viola lo preceptuado en el artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, por cuanto: Viola el numeral 1 del referido artículo 208 del Código Procesal Civil, por cuanto la sentencia del Tribunal Ad-quem no es congruente con las pretensiones de la apelación, por cuando por una parte concede la apelación y revoca la sentencia del a-quo, pero por otro lado rechaza la pretensión de condena al demandado y por el contrario lo absuelve. Igualmente viola el numeral 2 del referido artículo 208 del Código Procesal Civil por cuanto realizó de manera contradictoria las declaraciones que como apelante exigimos en la apelación, pues concede la apelación y revoca la sentencia pero rechaza las pretensiones de la apelación misma, confirmando los fallos emitidos en primera instancia. Al respecto, en la Obra El Nuevo Proceso Civil de la Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2001 (2 Edición), a página 571, se señala sobre el particular lo siguiente: “La sentencia de apelación también tiene que ser exhaustiva y congruente, pues en la apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo específico es que: a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, en el sentido de que: 1. Se tratará del objeto del o de los recursos, tal y como fue o fueron planteados por el o los apelantes, o por el apelante adherido.” En el caso particular, el Tribunal Ad-quem contradice en la propia parte dispositiva su propio fallo, otorgando la apelación y revocando la sentencia, pero rechazando los puntos específicos solicitados en la apelación, y de manera contradictoria absuelve nuevamente al demandado-apelado. Esta Sala de lo Civil al examinar el primer motivo de casación encuentra que el Impetrante erra al desarrollar el mismo, así: Es menester dejar establecido en relación al motivo enunciado y su precepto autorizante citado que se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. El vicio de incongruencia, es entendido como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos. Aunado a lo anterior, en el caso de autos el compareciente no es preciso al establecer la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución adoptada por el Tribunal Ad quem, ya que confunde los conceptos de congruencia y contradicción, al usarlos como si fueran sinónimos, siendo que la contradicción supone la infracción de una norma jurídica distinta a la invocada por el Censor. La incongruencia por su parte “consiste en que la sentencia no coincida o concuerde con las pretensiones aducidas por las parte en el juicio, oportunamente, es decir, en la demanda y la contestación.”(Antonio Bermúdez. La casación en lo Civil. pg. 82), situación diferente a la planteada por el Impetrante en su primer motivo de casación, por lo cual procede su inadmisión conforme el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.

  2. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN POR INSUFICIENCIA, ASÍ COMO DEFICIENTES RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA, QUE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 720.2 deI Código Procesal Civil, que establece: dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A continuación haremos una exposición que demostrará que la motivación fáctica del fallo es insuficiente, y padece de una racionalidad y carácter lógico deficientes, pues desconoce normas específicas sobre valoración de la prueba, tal como paso a exponer a continuación: EL artículo 1530 del Código Civil, en su numeral 1 prescribe: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la prueba de testigos es admisible para comprobar actos y convenciones sobre cosas cuyo valor exceda de doscientos pesos (Lempiras): 1. Cuando exista un principio de prueba por escrito. La propia sentencia impugnada en casación en el numeral “NOVENO” de LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA reconoce la existencia de un correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca, por lo que resulta entonces que existe al menos un principio de prueba por escrito de la obligación de TACA reclamada judicialmente por SST. En el caso particular, declaró como testigo en la presente causa, el señor Ángel Bautista, Jefe de Seguridad Dirección General de Aeronáutica Civil, en audiencia probatoria desarrollada el once (11) de noviembre del año dos mil once (2011) , quien con sus dichos manifestó de manera específica que reconocía y ratificaba que TACA había tomado la decisión de adquirir los servicios de seguridad de la empresa Servicios de Seguridad al Transporte, S. de R.L., empresa que les ofertaron la instalación de máquinas de rayos x más el servicio de inspección. En consecuencia, el Juzgado Ad-quem debió valorar en su conjunto los correos electrónicos que como prueba documental fueron aportados al proceso, en conjunto con la prueba testifical aportada. – Para una mejor ilustración este extremo se pude confirmar en la TRANSCRIPCIÓN completa de la audiencia Probatoria desarrollada en el proceso, donde en sus páginas 36 a partir de la línea 18, se observa lo expresado por el Testigo-Perito antes indicado (Video en su etapa inicial, con ubicación de 01:52:40). Ver entre folios del 796 al 797 de la transcripción agregada al expediente principal. La no aplicación de esta norma jurídica de valoración probatoria del Código Civil provoca que la motivación fáctica de la sentencia sea insuficiente y padezca de racionalidad y carácter lógico deficientes, puesto que: a) Es insuficiente la motivación fáctica por cuanto no efectuó un análisis en conjunto de la prueba documental aportada junto con los testigos que declararon en la causa. b) Su racionalidad y carácter lógico es deficiente, por cuanto pretende desconocer la existencia de una relación jurídica entre SST y TACA, a pesar que el señor Lombardo Lagos como Jefe de Seguridad de Taca impuso a SST obligaciones concretas de cumplimiento de obligaciones, tal como señaló el propio Tribunal Ad-quem: “exige que sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S.. DE R.L. (S.S.T.) debe tener instalado ya para el 30 de noviembre de 2005, las maquinas de Rayos X, según el Programa Nacional de Seguridad y antes del 01 de enero del 2006 de acuerdo a la OACI...” Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: El Tribunal Ad-quem ha reconocido la existencia del correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca; documento que al menos debe tener la consideración de principio de prueba por escrito. En consecuencia, y habida cuenta de la existencia en el proceso de la declaración testifical del señor Ángel Bautista, jefe de Seguridad Dirección General de Aeronáutica Civil, que acreditan la existencia de la relación comercial entre TACA y SST, el Tribunal Ad-quem debió darle validez, en aplicación del artículo 1530 numeral 1 del Código Civil al correo electrónico supraindicado y en consecuencia declarar la existencia del contrato entre TACA y SST y en consecuencia declarar con lugar la demanda y condenar a la demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios a favor de SST. Estima esta Sala de Casación en cuanto al segundo motivo lo siguiente: Que en el motivo que antecede el Recurrente cita como infringido el artículo 1530 del Código Civil, por falta de aplicación de la norma antes mencionada en el fallo proferido por el Ad quem, que es de hacer notar que dicha norma no pudo haberse infringido por encontrarse derogada por disposición del artículo 921 del Código Procesal Civil. Por lo que procede la inadmisión del motivo in examine según lo establecido en el artículo 723 numeral 2) inciso b) del Código Procesal Civil.

  3. DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN SE IMPUGNA LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 717 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DEL MISMO CÓDIGO DE COMERCIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Esta representación en este motivo no solicita ni la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida en casación, sino que únicamente reprocha la interpretación errónea en el presente caso del artículo 717 del Código Civil, que se refiere a la contratación entre ausentes. El tema de mayor importancia en la impartición de justicia es la de encontrar el criterio de aplicabilidad de una norma jurídica al caso concreto; es decir, por qué un caso determinado debe ser resuelto aplicando una norma jurídica en preferencia a otra u otras. En el caso que nos ocupa debemos hacer una discriminación sobre si se trata de materia civil o materia mercantil. En tal sentido, el artículo 3 del Código de Comercio señala que son actos de comercio, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa, y los que sean análogos. Resulta que el caso que nos ocupa se trata precisamente de un negocio jurídico mercantil surgido entre SST y TACA, relativo a un Contrato de Prestación de Servicios de Revisión de equipaje de Bodega de Aeronaves con Máquinas de Rayos X. Este negocio jurídico se encontraba dentro del ámbito de la explotación de ambas empresas mercantiles. Por consiguiente, los actos concernientes a ese negocio jurídico quedan catalogados como mercantiles. Con relación a ese particular, el artículo 1 del Código de Comercio señala que los comerciantes (tanto SST como TACA son comerciantes sociales), los actos de comercio (el negocio jurídico se dio como parte de la explotación de ambas empresas mercantiles) y las cosas mercantiles se regirán:1) Por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, 2) Por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de éstos, 3) Por las normas del Código Civil. Esta prelación en la aplicación de las normas jurídicas a los actos de comercio es de obligatorio cumplimiento para los Tribunales de la República. Una vez establecida la materia que nos ocupa: MERCANTIL, debemos buscar si hay alguna norma de esta materia que regule la contratación entre ausentes. Resulta que precisamente el artículo 717 del Código de Comercio regula la contratación entre ausentes al prescribir: La oferta y aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. La propia sentencia impugnada en casación reconoce que hubo aceptación de oferta de contratación en su numeral “NOVENO” de LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA lo siguiente, al afirmar: “La empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L., sustenta su demanda en la tesis de que si bien se reconoce que no hay un contrato típico como los que se establecen en las leyes (art. 714 segundo párrafo Código de Comercio) las empresas pueden celebrar contratos que no correspondan a los típicos y de hecho en esta última alternativa es la que considera que sí existe una relación comercial y contractual con consecuencias de responsabilidad, por incumplimiento de parte, argumentando que se le reconociera responsabilidad contractual debido a que la demandada envió un correo electrónico en respuesta a una oferta de prestación de servicios en fecha 30 de mayo de 2005 enviado por el señor Lombardo Lagos Jefe de Seguridad de Taca y expresa que: ... porque se está pidiendo contrato firmado (que se le solicitó por correo) si taca ya acordó tomar el servicio y exige que sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L. (S.S.T.) debe tener instalado ya para el 30 de noviembre de 2005, las máquinas de Rayos X, según el Programa Nacional de Seguridad y antes del 01 de enero del 2006 de acuerdo a la OACI. Contratado los servicios de la Empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE S. DE R.L. al no haber firmado dícho contrato, el valor probatorio cae únicamente en la presunción que ésta aceptó las condiciones de la oferta. pero los actos civiles y mercantiles que obligatoriamente deben ser suscritos directamente por las partes contratantes, para determinar las responsabilidades para ambas por el incumplimiento de una o más de las cláusulas contractuales, ...“ En otras palabras, desde el punto de vista fáctico, la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en la sentencia impugnada en casación, reconoce que hubo oferta y que también hubo aceptación de dicha oferta. De hecho, como puede observarse, en el correo electrónico que alude el Tribunal Ad-quem, TACA impone a SST condiciones para la instalación de la máquina de Rayos X. Una vez que entendemos que una norma jurídica es aplicable al caso concreto, es necesario establecer el criterio de aplicación de esa norma al caso concreto, es decir, que alcance tiene la norma jurídica en el caso en estudio.- En el caso que nos ocupa, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Aplicar el artículo 717 del Código de Comercio implica que la oferta en conjunto con su aceptación constituyen un contrato y por ende crea obligaciones entre las partes? Sobre el alcance del artículo 717 del Código de Comercio, veamos que establece la Exposición de Motivos de dicho código al comentar la norma jurídica citada: “ El viejo problema de la contracción entre ausentes se ha resulto en el campo del Derecho Mercantil considerando los respectivos contratos como celebrados entre presentes, si los contratantes estuvieron en comunicación directa. Ello supone la existencia de medios técnicos que permitan el cambio de opiniones de contratante a contratante sin la intervención de nuncio o mensajero, ni de medios escritos, pues en estos casos se trataría de una contratación por correspondencia.” Por consiguiente, de conformidad con el artículo 717 del Código de Comercio, la contratación entre ausentes, que puede ser realizada por cualquier medio tecnológico, que en el presente caso ocurrió por medio de sendos correos electrónicos, se verifica precisamente por la aceptación de la oferta, aceptación que obliga al cumplimiento de los compromisos asumidos de buena fe. Ese es el verdadero criterio de aplicación o interpretación correcta del referido artículo 717 del Código de Comercio. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014), desconoce el alcance que la ley le otorga a la aceptación de la oferta por medios tecnológicos, pretendiendo que a pesar de la aceptación de dicha oferta, la ausencia de documento suscrito invalidad dicha oferta y aceptación. No hay base legal para tal afirmación, pues el mismo Código de Comercio, en su Exposición de Motivos reconoce que en esos casos estamos ante una contratación entre ausentes y la equipara a la que se produce entre presentes, si los contratantes se comunicaron personalmente. En el caso particular el señor Lombardo Lagos, Jefe de Seguridad de TACA manifestó no solo su aceptación sino que estableció a SST condiciones que debían ser cumplidas y que de hecho fueron cumplidas por SST. Si la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán hubiese interpretado correctamente el artículo 717 del Código de Comercio, habría tenido por válida y obligatoria la aceptación de TACA a la oferta de SST y por ende hubiese señalado la existencia y validez del contrato entre las partes, y por ende hubiese declarado con lugar la demanda, así como la indemnización de daños y perjuicios a favor de SST. De conformidad a lo expuesto encuentra esta Sala de Casación que el motivo en examen, adolece de los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: Que las normas citadas en relación dentro del motivo enunciado no ostentan el carácter de ser sustantivas, ni guardan relación con la causal enunciada. Es el caso del artículo 3 del Código de Comercio que define lo que es un acto de comercio, en consecuencia es una norma de carácter conceptual y no sustantivo. Además en la explicación del motivo de casación aduce o desarrolla su motivo centrado en la falta de aplicación de las normas citadas más que a la interpretación errónea de la norma mencionada como infringida como es el caso del artículo 717 del Código de Comercio, ya que la sentencia de la Corte de Apelaciones no se fundamenta en dicho artículo. Es así que resulta inadmisible el motivo expuesto por disposición del artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.

  4. DEL CUARTO MOTIVO DE CASACION SE IMPUGNA LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 1575 DEL CÓDIGO CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Esta representación ratifica su voluntad de respetar de manera irrestricta que en los motivos de fondo no podemos solicitar ni la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia recurrida en casación. Por consiguiente analizaremos jurídicamente el caso e interpretaremos la normativa jurídica a la luz de los hechos entendidos probados por el Tribunal Ad-quem. El artículo 1575 del Código de Comercio, párrafo final señala que: “También deberán constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de doscientos pesos.” Esta representación considera que, habida cuenta que el negocio jurídico suscitado entre TACA y SST era de índole mercantil, resulta que no debió aplicar el artículo 1575 párrafo final del Código Civil puesto que esa norma es aplicable únicamente a la materia civil. Paso a explicarme. Esta representación ya demostró que en el caso particular se dio lo que en materia mercantil se conoce como contratación entre ausentes. En tal sentido, el Código de Comercio establece las formalidades que debe cumplir la oferta y su aceptación, precisamente en el artículo 717 del Código de Comercio. Ya vimos que el artículo 1 del Código de Comercio prescribe la prelación normativa en materia mercantil, señalando que los comerciantes (tanto SST como TACA son comerciantes sociales), los actos de comercio (el negocio jurídico se dio como parte de la explotación de ambas empresas mercantiles) y las cosas mercantiles se regirán:1) Por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, 2) Por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de éstos, 3) Por las normas del Código Civil. Reiteramos que esta prelación en la aplicación de las normas jurídicas a los actos de comercio es de obligatorio cumplimiento para los Tribunales de la República. Por consiguiente, como criterio de aplicabilidad de la norma jurídica el Tribunal Ad-quem no debió aplicar el referido artículo 1575 del Código Civil, por cuanto ya existe una norma, específicamente el artículo 717 del Código de Comercio que considera de obligatorio cumplimiento la aceptación de la oferta que se da por medios tecnológicos. Precisión y Justificación de la Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Sentencia Impugnada en Casación: En aplicación del artículo 721.2 del Código Procesal Civil se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación en la sentencia impugnada, así: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones, en la sentencia recurrida en casación de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce (2014) aplicó de manera errónea e inválida el referido artículo 1575 del Código de Comercio, cuando en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Código de Comercio debe aplicar de manera preferente las disposiciones del Código Mercantil y solo si no existen normas en el mismo puede aplicar el Código Civil. Así pues, al existir una norma en el Código de Comercio, aplicable al caso concreto; específicamente el artículo 717 deI referido Código de Comercio, que regula precisamente el caso que nos ocupa: la contratación entre ausentes por medios tecnológicos, es precisamente la norma mercantil la que debió aplicar y no la norma civil. Si el Tribunal Ad-quem no hubiese aplicado erróneamente el párrafo final del artículo 1575 del Código Civil habría otorgado el sentido correcto al artículo 717 del Código de Comercio y entonces habría fallado declarando con lugar la demanda incoada y hubiese condenado al pago de daños y perjuicios a la demandada. En lo referente al motivo que antecede esta Sala encuentra lo siguiente: El mencionado motivo cuarto de casación carece de claridad y precisión ya que por una parte cita infringido el artículo 1575 del Código Civil por aplicación indebida, y es en la explicación del motivo que hace referencia al 1575 del Código de Comercio, del cual el Recurrente dice haber sido aplicado indebidamente, no obstante del examen de la sentencia recurrida en casación se desprende que en ninguno de sus fundamentos de derechos dicho artículo fue aplicado por el Tribunal recurrido. Además, de que en la explicación del motivo de casación cita como infringido el artículo 1 del Código de Comercio que es una norma de carácter general que no va en consonancia al precepto autorizante enunciado. Finalmente, el Censor en el desarrollo del cargo pasa de mencionar la aplicación indebida de la norma a la falta de aplicación, lo cual supone dos tipos de infracción que debió enunciar en motivos separados e independientes a efecto de no viciar la precisión y claridad del concepto de la infracción.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, en los CUATRO motivos planteados por el abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en su condición de representante procesal de la empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación promovida por el abogado ULISES MEJIA LEON-GOMEZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R.L. (S.S.T.), contra la sociedad mercantil TACA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio de su Presidente del Consejo de Administración, el señor JOAQUIN ALBERTO PALOMO DENEKE. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el veintiocho de octubre del dos mil quince, agregada a la pieza de apelaciones con número 00043-11 dimanante de la primera pieza de autos registrada con número 0801-2011-00043-CPCO del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFíQUESE.- Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno.

REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ

Magistrado Coordinador

WILFREDO MENDEZ ROMERO

Magistrado

RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO

Magistrada

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