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Sentencia CC-070-15 — Registro 8951

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de reivindicación de dominio y declarando sin lugar la demanda ordinaria vía reconvención de nulidad de un dominio pleno. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CUARTO.- La Sala de lo Civil respecto del Único Motivo de Casación invocado estima que los argumentos expuestos no son de recibo por las siguientes razones a saber: a) El impetrante no señala el precepto autorizante en el que considera comprendido el motivo interpuesto, con lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 719 del Código Procesal Civil. Si bien es cierto que el mismo ha dejado señalado que interpone el recurso de casación por infracción de ley sustantiva, esto es los artículos 11 y 713 del Código Civil y “los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”, también lo es que en tal caso, debió de haber invocado el artículo 719 del Código Procesal Civil. b) Alega el recurrente como fundamento del recurso impetrado, la infracción por parte del Tribunal de Alzada en el fallo que profirió de lo dispuesto en los artículos 11 y 713 del Código Civil y “los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”; no explica a la Sala el impetrante en qué consiste la infracción de cada uno de los artículos referidos; sí está referida a que no se aplicaron o una mala interpretación de las mismas normas por parte del ad-quem, al respecto menester es recordar que las disposiciones que considera infringidas se deberán plantear y explicar en motivos diferentes y, en el presente caso, al exponerse en un mismo motivo sin explicar en qué consiste la infracción de tales normas, consecuentemente no resulta con la suficiente separación y claridad que exige la debida técnica casacional; c) El recurrente de manera imprecisa y global alega la infracción por parte del Tribunal de Alzada de “…los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”; con lo cual concita que el mismo al no especificar a qué artículos se refiere, de un código que entendemos es el Código del Notariado, provoca con ello el mal uso de la técnica casacional al no exponer el recurso con la suficiente separación y claridad del motivo, tal falencia pues deriva en que el cargo resulta confuso e inadmisible; y d) La Sala observa también que respecto de los dos artículos de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es los artículos 11 y 713 del Código Civil, los mismos al contener definiciones y disposiciones generales consecuentemente resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso.”

Legislación citada

Sentencia

S.C. 70-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA, representado en juicio por el abogado JOSE MARIA MEJIA AYALA, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDES, JOSEFA MARLENE MARTINEZ BENAVIDES, MARTIN ABENER, ANGELA BEMILDA, JULIA GEORGINA, HECTOR IVAN y MIREYA AZUCENA, todos de apellidos MARTINEZ OLIVA, representados en juicio por el abogado FELICIANO RUEDA NUÑEZ.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO PARA LA REIVINDICACION DE UN BIEN INMUEBLE; promovida el diecinueve de febrero del año dos mil trece, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, por el abogado FELICIANO RUEDA NUÑEZ, en su condición de apoderado de los señores FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDES, JOSEFA MARLENE MARTINEZ BENAVIDES, MARTIN ABENER, ANGELA BEMILDA, JULIA GEORGINA, HECTOR IVAN y MIREYA AZUCENA, todos de apellidos MARTINEZ OLIVA, mayores de edad, hondureños, con diferentes oficios, profesiones, estado civil y domicilio, contra el señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en barrio el Pino de Campamento, Departamento de Olancho.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El doce de agosto del año dos mil catorce, el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho en el juicio de mérito, dictó sentencia, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por el Abogado FELICIANO RUEDA NUÑEZ en condición de apoderado legal de los señores FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDEZ, MARTIN ABENER MARTINEZ OLIVA, ANGELA BEMILDA MARTINEZ OLIVA, JOSEFA MARLENE MARTINEZ BENAVIDEZ y JULIA GEORGINA MARTINEZ OLIVA, MIREYA AZUCENA MARTINEZ OLIVA Y HECTOR IVAN MARTINEZ OLIVA contra el señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia en virtud de acreditarse la propiedad del lote a favor de los demandantes y la posesión irregular del demandado en dicho lote 2.- Condenar al señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA, a la reivindicación del lote de terreno objeto del juicio a favor de los demandantes.- 3.- Ordena poner en posesión del lote objeto de la reivindicación a sus propietarios.- 4.- DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria vía reconvención de nulidad de un dominio pleno extendido por la municipalidad de Campamento a favor de los demandantes presentada por el señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA contra los señores FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDEZ, MARTIN ABENER MARTINEZ OLIVA, ANGELA BEMILDA MARTINEZ OLIVA, JOSEFA MARLENE MARTINEZ BENAVIDEZ Y JULIA GEORGINA MARTINEZ OLIVA, MIREYA AZUCENA MARTINEZ OLIVA Y HECTOR IVAN MARTINEZ OLIVA.- 5.- ABSOLVIENDO a los demandantes y a municipalidad de campamento del Departamento de Olancho de la nulidad del punto de acta donde consta el dominio pleno extendido a los demandantes.- Y MANDA: 1) Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo.- CON CONDENA EN COSTAS para la demandada reconviniente.- NOTIFIQUESE.”

SEGUNDO: El veinte de noviembre del año dos mil catorce, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva dictada por el a-quo, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, dictó sentencia mediante la cual en su parte dispositiva fallo: “…1º DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Maria Mejia Ayala en su condición de representante procesal de la parte demandada reconviniente. 2º CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho. Y MANDA: Que firme la sentencia con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia. NOTIFIQUESE.”

TERCERO: El veinticuatro de febrero del año dos mil quince, el representante procesal del señor RAMON VICTOR MARTINEZ OLIVA, abogado JOSÉ MARIA MEJIA AYALA, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia del veinte de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; mediante proveído del veinticuatro de febrero del año dos mil quince, el Tribunal de Alzada resolvió tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.

CUARTO: El dieciséis de marzo del año dos mil quince, el representante procesal de los señores FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDEZ, MARTIN ABENER MARTINEZ OLIVA, ANGELA BEMILDA MARTINEZ OLIVA, JOSEFA MARLENE MARTINEZ BENAVIDEZ, JULIA GEORGINA MARTINEZ OLIVA, MIREYA AZUCENA MARTINEZ OLIVA Y HECTOR IVAN MARTINEZ OLIVA, abogado FELICIANO RUEDA NUÑEZ, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo el Tribunal ad-quem tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados FELICIANO RUEDA NUÑEZ y JOSÉ MARIA MEJIA AYALA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído del veintisiete de marzo del dos mil quince, los tuvo por personados dentro del plazo concedido.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de la siguiente manera: Único: Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva.- En este motivo se invoca como fundamento los artículos 713 y artículo # 11 del Código Civil y además los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta, y de su inscripción en lo que antes fue el Registro de la Propiedad del Departamento de Olancho que en su momento debieron haberse aplicado. 1. Concepto de la Infracción.- El recurso de casación por infracción de ley sustantiva se interpone y formaliza contra la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló confirmando la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa del Departamento de Olancho de fecha doce de agosto del año dos mil catorce. 2. Honorables Magistrados: La escritura de dominio que le sirve de fundamento en la demanda interpuesta se origina de una Escritura Pública que se presume “JURIS TANTUM” que significa que este dominio representa un valor legal mientras la parte contraria no pruebe lo contrario. 3. En los anexos de la demanda se encuentra como documento fundatorio una Escritura Pública otorgada por la municipalidad de Campamento el día tres de febrero de año dos mil seis, según acta doscientos ochenta y ocho, folio doscientos cuarenta y cinco y doscientos cuarenta seis punto doce (12) del tomo cuarenta y seis (46), dominio pleno que fue rectificado a favor de los demandantes ya referido, de un terreno de 629.93 metros cuadrados cuyas colindancias especiales son: AL NORTE: Limita con Evangelina Villatoro Lagos, calle de por medio. AL SUR: Limita con Maximiliano Carranza Rico. AL ESTE: Limita con Tomas Maldonado Posada. Y AL OESTE: Con Marcia Dinora Pacheco Varela. 4. Honorables Magistrados: Los demandantes en este documento fundatorio rectificado ya relacionado están indicando a este alto tribunal que a ellos legalmente les corresponde este terreno ya referido, pero antes es necesario replantear una observación para conocer la forma o la manera como un dominio útil que supuestamente la Municipalidad de Campamento le otorgó a la señora MARIA ORFILIA MARTINEZ OLIVA, es decir que para que se rectificara este dominio pleno que hoy se invoca como documento fundatorio, primero debió nacido a la vida jurídica el dominio útil en el que las municipalidades otorgaban a sus vecinos el uso y el goce sobre estos terrenos concedidos a los particulares reservándose, el municipio la disposición sobre la tierra concebida a los particulares es decir que antes la emisión del decreto # 134-90 que regula ley de municipalidades emitido por el honorable Congreso Nacional de la Republica antes del 07 de noviembre de 1990, no podían conceder dominio pleno a ningún vecino del municipio 5. Pero en este caso, para otorgarse un dominio útil en un acto administrativo debió aprobarse en sesión ordinaria integrada por el señor Alcalde Regidores y Síndico Municipal y posteriormente este dominio útil debió elevarse al Rango Escritura Pública y para tal efecto obligatoriamente como un acto municipal ineludible el señor Alcalde debió comparecer ante los despachos de un Abogado y Notario Público para que este funcionario autorizara con su firma la Escritura Pública de dominio a favor de la señora MARIA OFILIA MARTINEZ OLIVA y esto más para darle publicidad a la misma Escritura Pública contra terceros pretendientes debió inscribirse esta escritura otorgada en el Registro de Propiedad del Departamento de Olancho con todas las formalidades y solemnidades que la ley previamente ya establece todas estas actuaciones ilegales y fraudulentas que se practicaron en la Alcaldía Municipal de Campamento por los funcionarios públicos que en se momento fungían estimo honorables magistrados que la honorable Corte Suprema de Justicia por ningún motivo debe permitir que se atropelle el derecho de otras personas con maniobras ya viciadas y defectuosas y es más, honorables magistrados si este dominio útil inexistente existiera su inscripción en el Instituto de Propiedad del Departamento de Olancho la Señora MARIA ORFILIA MARTINEZ OLIVA lo hubiera exhibido ante los despachos del Alcalde Municipal que rectifico el dominio pleno a favor de los demandantes para proceder a rectificarlos y esta misma rectificación se hubiera legalmente inscrito en el Registro Público con otro número y con otro tomo. Inscribiendo una nota marginal indicándole a la parte interesada que ese derecho de dominio útil pasa a favor de los demandantes mediante rectificación al convertirlo en dominio pleno en este caso vamos a suponer que en el Instituto de la Propiedad del Departamento de Olancho existen dos escrituras: Una Escritura Pública de dominio útil a favor de MARIA OFILIA MARTINEZ OLIVA sin notas marginales y otra Escritura Pública de dominio pleno a favor de los demandantes ya referidos sobre el mismo terreno litigioso y en este caso en defensa del derecho el artículo once (11) del Código Civil nos indica “Que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no podrán eludirse y ni modificarse por convenciones de los particulares, y pueden los tribunales decretar estas nulidades que aparezcan en los autos aunque las partes no las aleguen. 6. Como pueden apreciar los honorables magistrados de la sala de lo civil la existencia de los actos irregulares viciosos y fraudulentos en la emisión de un instrumento de dominio o propiedad que acredita un derecho real, la honorable Corte Suprema de Justicia sala de lo civil deviene obligada a actuar de oficio anulando radicalmente todas estas actuaciones y legales en aras de la defensa de los intereses de la justicia.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de casación al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas en la solución del fondo del litigio, y el artículo 721.2 del mismo código, señala que en el escrito de interposición se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.

TERCERO.- Respecto del Único Motivo de Casación, de manera sucinta se relaciona el mismo en vista de estar transcrito en los antecedentes de hecho. El impetrante invoca como fundamento del recurso impetrado los artículos 11 y 713 del Código Civil y los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta, y de su inscripción. Explica el concepto de la infracción señalando que el fallo proferido por el iudex ad-quem en fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, no es conforme a derecho por lo siguiente: a) Que la escritura de dominio que sirve de fundamento en la demanda interpuesta se origina de una escritura pública que se presume “juris tantum” que significa que este dominio representa un valor legal mientras la parte contraria no pruebe lo contrario; b) Que en los anexos de la demanda se encuentra como documento una Escritura Pública otorgada por la Municipalidad de Campamento, departamento de Olancho, el tres de febrero de dos mil seis, según Acta doscientos ochenta y ocho, folio doscientos cuarenta y cinco y doscientos cuarenta seis punto doce (12) del tomo cuarenta y seis (46), dominio pleno que fue rectificado a favor de los demandantes de un terreno de 629.93 metros cuadrados; c) Que con la referida escritura pública que sirve de fundamento para la demanda interpuesta, los demandantes pretenden acreditar que a ellos legalmente les corresponde el terreno ya referido; situación ante la cual es necesario dejar sentado que tal documento de dominio pleno primero debió de haber nacido a la vida jurídica en dominio útil, en el que la municipalidad referida otorgaba el uso y el goce sobre ese terreno reservándose, el municipio, la disposición sobre la tierra concedida, es decir que antes de la emisión del decreto # 134-90 que regula Ley de Municipalidades emitido por el Soberano Congreso Nacional de la República, no podían concederse dominio pleno a ningún vecino del municipio; d) Que en este caso, para otorgarse un dominio útil, debió ser aprobado en sesión ordinaria por parte de la Corporación Municipal y posteriormente este dominio útil debió elevarse a rango de escritura pública, y para tal efecto obligatoriamente el señor Alcalde debió comparecer ante los oficios de un Notario Público para que este funcionario autorizara con su firma la escritura pública de dominio a favor de la señora María Orfilia Martínez Oliva y debió inscribirse esta escritura otorgada en el Registro de Propiedad del Departamento de Olancho con todas las formalidades y solemnidades que la ley previamente ya establece; e) Que las actuaciones de los funcionarios municipales de la Alcaldía Municipal de Campamento que en su momento fungían, son ilegales y fraudulentas, por lo que por ningún motivo debe permitirse que se atropelle el derecho de otras personas, y que en el supuesto de que existiera la inscripción del dominio útil en el Instituto de Propiedad del Departamento de Olancho a favor de la señora María Orfilia Martínez Oliva, la misma lo hubiera exhibido ante la referida corporación municipal cuando solicito la rectificación; el cual una vez rectificado por la municipalidad se hubiera legalmente inscrito en el Registro Público con otro número y con otro tomo, inscribiendo una nota marginal indicándole a la parte interesada que ese derecho de dominio útil pasa a favor de los demandantes mediante rectificación al convertirlo en dominio pleno. Que en el supuesto de que en el Instituto de la Propiedad del Departamento de Olancho existen dos escrituras: Una Escritura Pública de dominio útil a favor de María Orfilia Martínez Oliva, sin notas marginales y otra Escritura Pública de dominio pleno a favor de los demandantes ya referidos sobre el mismo terreno litigioso; en este caso en defensa del derecho el artículo once (11) del Código Civil que nos indica “Que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no podrán eludirse y ni modificarse por convenciones de los particulares, y pueden los tribunales decretar estas nulidades que aparezcan en los autos aunque las partes no las aleguen.”; y f) Que la honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil deviene obligada a actuar de oficio anulando radicalmente todas estas actuaciones al apreciarse la existencia de actos irregulares viciosos y fraudulentos en la emisión de un instrumento de dominio o propiedad que acredita un derecho real.

CUARTO.- La Sala de lo Civil respecto del Único Motivo de Casación invocado estima que los argumentos expuestos no son de recibo por las siguientes razones a saber: a) El impetrante no señala el precepto autorizante en el que considera comprendido el motivo interpuesto, con lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 719 del Código Procesal Civil. Si bien es cierto que el mismo ha dejado señalado que interpone el recurso de casación por infracción de ley sustantiva, esto es los artículos 11 y 713 del Código Civil y “los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”, también lo es que en tal caso, debió de haber invocado el artículo 719 del Código Procesal Civil. b) Alega el recurrente como fundamento del recurso impetrado, la infracción por parte del Tribunal de Alzada en el fallo que profirió de lo dispuesto en los artículos 11 y 713 del Código Civil y “los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”; no explica a la Sala el impetrante en qué consiste la infracción de cada uno de los artículos referidos; sí está referida a que no se aplicaron o una mala interpretación de las mismas normas por parte del ad-quem, al respecto menester es recordar que las disposiciones que considera infringidas se deberán plantear y explicar en motivos diferentes y, en el presente caso, al exponerse en un mismo motivo sin explicar en qué consiste la infracción de tales normas, consecuentemente no resulta con la suficiente separación y claridad que exige la debida técnica casacional; c) El recurrente de manera imprecisa y global alega la infracción por parte del Tribunal de Alzada de “…los artículos ya reformados que regulan la institución del notariado en cuanto a la redacción de escrituras públicas de compra-venta”; con lo cual concita que el mismo al no especificar a qué artículos se refiere, de un código que entendemos es el Código del Notariado, provoca con ello el mal uso de la técnica casacional al no exponer el recurso con la suficiente separación y claridad del motivo, tal falencia pues deriva en que el cargo resulta confuso e inadmisible; y d) La Sala observa también que respecto de los dos artículos de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es los artículos 11 y 713 del Código Civil, los mismos al contener definiciones y disposiciones generales consecuentemente resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso.

QUINTO.- En relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, es menester recordar por parte de la Sala que el censor deberá observar los requisitos siguientes: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, y “siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos).

SEXTO.- La Sala de lo Civil en virtud de lo anteriormente expuesto estima que la defectuosa estructuración del recurso de Casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en su único motivo planteado.

III.-PARTE DISPOSITIVA.

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y declara: I.- LA INADMISIÓN en su único motivo del recurso de casación, formalizado por el abogado José María Mejía Ayala, en su condición de representante procesal del señor Ramón Víctor Martínez Oliva, contra la sentencia dictada el veinte de noviembre del dos mil catorce, por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación con la Demanda por la vía del Proceso Ordinario para la Reivindicación de un Bien Inmueble, promovida el diecinueve de febrero del año dos mil trece, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, por el abogado Feliciano Rueda Núñez, en su condición de apoderado de los señores Fredy Emilio Martínez Benavides, Josefa Marlene Martínez Benavides, Martin Abener, Ángela Bemilda, Julia Georgina, Héctor Iván y Mireya Azucena, todos de apellidos Martínez Oliva, contra el señor Ramón Víctor Martínez Oliva. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el veinte de noviembre del dos mil catorce, en el expediente número 58-14, originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 092-2013 del Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.

REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ

COORDINADOR

WILFREDO MÉNDEZ ROMERO

MAGISTRADO

RINA AUXILIADORA ALVARADO

MAGISTRADA

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