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Sentencia CC-063-15 — Registro 8950

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso y se dicto sentencia, declarándose con lugar la demanda de acción declaratoria de derecho real de usufructo.- Acumulativamente reclamación dineraria de cantidad generada como valor líquido de frutos de la cosa fructuaria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “5.- Los argumentos del recurrente en este primer motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque se incurre en mala técnica casacional al momento de plantear el motivo, ello se establece por lo siguiente: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación del artículo 610 del Código Civil, mismo que lo relaciona con los artículos 713, 1346, 1347, 1360 y 1364 del referido código; en ese sentido la Sala ilustra que el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la falta de aplicación del artículo 610 del Código Civil y su relación con cada uno de los artículos del mismo Código que estima relacionados, esto es no debió de hacer cita en forma acumulada de los artículos que estima relacionados con la norma que dice no se aplico; y b) El argumento del recurrente se encamina a que el Tribunal de Alzada no ha hecho aplicación del artículo 610 del Código Civil, mismo que literalmente expresa: “Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales y personales.- Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.- Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas”; norma que es de carácter general, al respecto este Alto Tribunal ha establecido que los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, y las mismas son inviolables para efectos de casación, características que reviste la norma citada como infringida por falta de aplicación en el presente recurso; y si bien es cierto que también la Sala ha dejado establecido que se podrá alegar la infracción de una norma sustantiva de carácter general, siempre y cuando la misma se relacione con otra norma; también lo es que en el caso de autos, el recurrente habiendo citado una norma de carácter general la ha relacionado indiscriminadamente con una serie de artículos del mismo Código Civil, sin hacer la separación necesaria en motivos diferentes; razón por la cual en cumplimiento a lo señalado en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, este motivo resulta inadmisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7.- Respecto del segundo motivo planteado por el recurrente, el mismo no resulta de recibo por la Sala, ello en consideración a que no se observa la debida técnica que el recurso de casación exige al momento de interponerlo, tales falencias en que se incurre se resumen en lo siguiente: a) Se alega por parte del impetrante defecto en la aplicación del artículo 748 del Código Civil en el fallo dictado por la segunda instancia, artículo éste que señala: “El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público.”; mismo que relaciona con el artículo 713 del citado Código que expresa: “La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla.- Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.”; artículos estos que establecen definiciones y disposiciones generales, que como ya lo ha dejado establecido este Tribunal, resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten tanto la norma citada como infringida y la norma que el impetrante relaciona; y b) Pretende el recurrente en este motivo que bajo la causal invocada del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración del artículo 748 del Código Civil, en relación con el artículo 2 del Código Procesal Civil, que resulta ser una norma adjetiva; con lo cual olvida que el precepto autorizante invocado está referido a normas in iudicando in iure (normas sustantivas), razón por la cual no se puede pretender bajo la egida del precepto autorizante invocado, que la Sala se pronuncie sobre la posible infracción de una norma sustantiva en relación con una norma in procedendo, (normas adjetiva), tal y como lo es el citado artículo 2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “9.- La Sala de lo Civil estima que el tercer motivo de casación no es de recibo, ello en virtud de que el recurrente no ha sido fiel a la solemnidad que establece la casación como institución jurídica, al incurrir en infracción de la debida técnica casacional, pues el mismo ha establecido como motivo o causal de casación lo dispuesto por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. La evidente falta del impetrante a la técnica casacional se suscita cuando arguye infracción por falta de aplicación del artículo 2211 del Código Civil, para ello señala que la incidencia de la infracción se refiere a “la situación de hecho probada en juicio”; errores que dice incurre el tribunal de alzada al no tener en cuenta los hechos probados en el juicio. Olvida el recurrente que los errores de hecho o de derecho dejaron de ser causales del recurso de casación y que conforme el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, en ese sentido cabe ilustrar que si la pretensión del impetrante se orientaba a impugnar la forma y contenido de la sentencia, debió fundamentar su motivo en el artículo 719.1 literal c), relacionándolo con el artículo 720.2, ambos del Código Procesal Civil. Amén de lo anteriormente señalado el recurrente hace alegatos de instancia, improcedentes en este recurso extraordinario ya que olvida que la falta de aplicación como la aplicación indebida de una norma jurídica, son dos extremos conexos entre sí, esto es cuando se alega la no aplicación de una norma, indefectiblemente el sustentante, por el obligado encadenamiento entre una y otra cuestión, para lograr la restauración del derecho que considera perturbado, viene obligado a afirmar cual es la norma que se aplicó indebidamente, razón por la cual en el caso de autos el cargo resulta incompleto e inadmisible. Finalmente el motivo planteado no resulta ser claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, puesto que el recurrente cita la palabra COSTAS y los artículos 218.2 y 724.2 del Código Procesal Civil, el primero de ellos referido a las partidas económicas que conforman las costas, y el segundo está referido al auto de inadmisión del recurso de casación, en la cual se declarara la firmeza de la resolución recurrida y la imposición de costas a la parte recurrente; cita de tales artículos por parte del impetrante que nada tiene que ver con lo expuesto en éste motivo, razón por la cual se le tiene por confuso en su planteamiento.”

Legislación citada

Sentencia

SC 63-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes diciembre del año dos mil dieseis. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La señora KARINA JULISSA ALEMÁN TORRES, representada en juicio por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de recurrente; siendo recurridos el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE, representado en juicio por el abogado RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ; los señores HECTOR HERNAN, ZOILA MARINA Y PASCUAL PEDRO, todos de apellidos TORRES FUENTES, representados por el abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN; y la señora EMILIA DOLORES TORRES FUENTES, HECTOR EMILIO GONZALES TORRES Y ANDRES SIGUENZA, en representación de su menor hija ARIANA ISABELLA SIGUENZA ALEMAN; representados por el Abogado HECTOR MANRIQUE PORTILLO .

OBJETO DEL PROCESO: “PROCESO ORDINARIO DE ACCIÓN DECLARATORIA DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO.- CUMULATIVAMENTE RECLAMACIÓN DINERARIA DE CANTIDAD GENERADA COMO VALOR LÍQUIDO DE FRUTOS DE LA COSA FRUCTUARIA”, promovida el tres de agosto del año dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de apoderado de la señora KARINA JULISSA ALEMÁN TORRES, mayor de edad, casada, hondureña, licenciada en informática administrativa, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra los señores HÉCTOR HERNÁN, ZOILA MARINA, PASCUAL PEDRO, EMILIA DOLORES, todos de apellidos TORRES FUENTES, HÉCTOR EMILIO GONZALES TORRES, PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE, todos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y la menor ARIANA ISABELLA SIGUENZA ALEMÁN representada por su padre ANDRES M. SIGUENZA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha dos de mayo del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del a-quo misma que su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL en su condición de apoderado judicial del señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE contra la sentencia definitiva de fecha dos de mayo de dos mil trece (F 164), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para la declaración del derecho real de usufructo y la reclamación dineraria generada como valor liquido de frutos de la cosa fructuaria, promovida por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA quien actúa en su condición de apoderado judicial de la señora KARINA JULISSA ALEMAN TORRES contra HECTOR HERNAN TORRES FUENTES, ZOILA MARINA TORRES FUENTES, PASCUAL PEDRO TORRES FUENTES, EMILIA DOLORES TORRES FUENTES, HECTOE EMILIO GONZALES TORRES, ANDRES M. SIGUENZA en su condición de representante legal de su menor hija ARIANA ISABELLA SIGUENZA ALEMAN y PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia definitiva de fecha dos de mayo dos mil trece (F 164), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. TERCERO: DICTAR la Sentencia correspondiente al presente juicio en base a los Fundamentos de Hecho y de Derecho expuestos en el acápite MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA, debiendo leerse la parte resolutiva de la misma así: 1.-) Declarar con lugar la demanda de acción declaratoria de derecho real de usufructo, promovida por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA en representación procesal de la señora KARINA JULISSA ALEMAN TORRES en contra de los señores HECTOR HERNAN TORRES FUENTES, ZOILA MARINA TORRES FUENTES, PASCUAL PEDRO TORRES FUENTES, EMILIA DOLORES TORRES FUENTES, HECTOE EMILIO GONZALES TORRES, ANDRES M. SIGUENZA en su condición de representante legal de su menor hija ARIANA ISABELLA SIGUENZA ALEMAN y PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE.- 2.-) Declarar sin lugar la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda, opuesta por el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL en su condición de apoderado judicial del señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE en su condición de Administrador del Edificio Torres, al pago de treinta mil novecientos seis dólares ($ 30,906.00)esto a causa del derecho de usufructo sobre el veinticinco por ciento de las rentas del edificio Torres, bien inmueble objeto del usufructo, ABSOLVIENDO al Abogado PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE de los intereses reclamados.- 3.-) Absolver a los demandados HECTOR HERNAN TORRES FUENTES, ZOILA MARINA TORRES FUENTES, PASCUAL PEDRO TORRES FUENTES, EMILIA DOLORES TORRES FUENTES, HECTOR EMILIO GONZALES TORRES, ANDRES M. SIGUENZA en su condición de representante legal de su menor hija ARIANA ISABELLA SIGUENZA ALEMAN, del pago de cantidades de dinero.- 4.-) Sin Costas en Primera Instancia.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento.- Es ponente la abogada Maria Teresa Bogran De Quesada, Magistrada Propietaria.- SIN COSTAS en Segunda Instancia”.

SEGUNDO: En fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en su condición de representante procesal de la señora KARINA JULISSA ALEMÁN TORRES, presento escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; mediante proveído de fecha quince de diciembre de ese mismo año, el ad-quem, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.

TERCERO: En fecha catorce de enero del año dos mil quince, el representante procesal del señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE, el abogado CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido ordenando remitir las diligencias a este Alto Tribunal de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Una vez que se recibieron las actuaciones en éste Tribunal, los abogados CARLOS ADAN ORDOÑEZ VIJIL y CARONTE ROJAS ZAVALA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintitrés y veintiséis de enero del año dos mil quince, respectivamente, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, de la siguiente manera: “MOTIVOS Y NORMAS INFRINGIDAS. I.- PRIMER MOTIVO: Defecto en la aplicación de norma sustantiva contenida en el artículo 610 del Código Civil y sus efectos derivados de los artículos 713, 1346, 1347, 1360 y 1364 del Código Civil /Norma Habilitante (Artículo 719.2 CPC). Norma infringidas: Artículo 610 del Código Civil, con relación a los artículos 713, 1346, 1347, 1360 y 1364 del Código Civil. TRANSCRIPCION DE NORMAS RELACIONADAS: Artículo 610 Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales y personales.- Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.- Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas. Artículo º 1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Artículo º 1347.- Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente Libro. Artículo º 1360.- Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. Artículo º1364 Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención. Artículo º 713.- La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un Instrumento Público en que el tridente exprese verificarla y el adquirente recibirla.- Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. PRECISIÓN DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: Establece la sentencia recurrida, en el capítulo segundo, inciso tercero:… 3) condenar al demandado PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE, en su condición de administrador del edifico torres, al pago de TREINTA MIL NOVENCIENTOS SEIS DOLARES ($.30,906.00) esto a causa del derecho de usufructo sobre el veinticinco por ciento de las rentas del edifico torres, bien inmueble objeto del usufructo, ABSOLVIENDO al abogado PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, de los intereses reclamados. Con lo anterior la Corte de Apelaciones esta absolviendo al demandado del pago de intereses vencidos por las cantidades retenidas, intereses a los que había sido condenado en primera instancia, y además acorto arbitrariamente los meses adeudados recalculando las cantidades adeudadas que se cuentan ya no desde la fecha del usufructo sino desde la fecha de muerte de la NUDA PROPIETARIA, reduciendo el monto de la indemnización en casi la mitad. SEGUNDO: Lo anterior es producto del razonamiento que hace el A-Quo, en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA SENTENCIA, cuando expresa: “Séptimo: Se probó que efectivamente el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, actuaba como mandatario de su hermana la señorita CORINA TORRES IZAGUIRE, en tal sentido el mismo debía actuar con estricto cumplimiento del mandato escrito por tanto resulta invalido el argumento de la demandante al pretender que se le paguen las cantidades de dinero que se obtuvieron por el veinticinco por ciento de su derecho del edificio TORRES antes del fallecimiento de la citada señorita, ya que la obligación de entregarle la renta no era del abogado Torres, sino de ella (la difunta) como nuda propietaria. Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria y tan así lo comprende la parte actora que una de las pretensiones de esta acción es que sea declarado su derecho real de usufructo. Es del parecer de esta Alanzada, que en virtud de no constar de autos la declaratorias de herederos de la nuda propiedad del derecho que le pertenecía a la señorita CORINA TORRES IZAGUIRRE, y encontrándose un documento público debidamente inscrito en el que consta que la causante le otorgo el usufructo a la demandante que el mandato otorgado por la señorita torres a su hermano don PEDRO PASCUAL TORRES termina al fallecimiento de esta, debe declararse el derecho real de usufructo que esta pretende y que se entreguen las cantidades percibidas como renta a partir de la fecha en que murió la citada señorita TORRES IZAGUIRRE.” (El subrayado es nuestro.)TERCERO: El tribunal de alzada como se desprende de la motivación del fallo, incurre en error que produce un vicio en la sentencia, consistente en un defecto de aplicación de una norma aplicable al caso, pues se está desconociendo el contenido del artículo 610 del Código Civil y demás normas relacionadas en este recurso como efectos que derivan de aquel precepto; desconoce el fallo recurrido el efecto erga omnes de los derechos reales, que consiste precisamente en que son derecho oponibles a todo el mundo sin referencia a determinada persona; de ahí que Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. El ordenamiento jurídico establece que un derecho real obliga a toda persona sin referencia a una en particular a observarlo, respetarlo y reconocerlo desde el momento de su inscripción en un registro; el artículo 748 del Código civil, al referirse propiamente al derecho de usufructo sobre inmuebles, establece que este es válido desde su inscripción en el registro. El artículo 713 del Código Civil, por su parte, expresa que la tradición de los derechos reales como el usufructo se efectúa por medio de un instrumento público, valido contra terceros a partir de su inscripción en el registro, siendo la tradición la entrega que se hace de una cosa incorpórea por el dueño a otra persona que la adquiere a partir de ese momento. En el caso de autos el demandado fue administrador del bien inmueble y cobro las rentas del mismo al momento de constituirse ese derecho real. De tal forma que al establecer la motivación fáctica jurídica de la sentencia recurrida, “Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria … y que se entreguen las cantidades percibidas como renta a partir de la fecha en que murió la citada señorita TORRES IZAGUIRRE.- no es otra cosa que el desconocimiento, falta de aplicación, inobservancia de la norma contenida en el artículo 610 del C.C., y por ende de la obligación y la responsabilidad civil que genera un derecho real, como fuente de obligaciones derivadas de la ley. De aquí que al igual que cuando se incumple un contrato, al existir una obligación impuesta por la ley, como la que le genera a todo ciudadano un derecho real como el usufructo, su sola contravención, inobservancia, desconocimiento, o falta de cumplimiento, como en el caso de autos, donde el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES recibía las rentas que pertenecen a mi representada, genera una obligación, y siendo este oponible a él por estar inscrito en un registro, la no observancia de ese derecho se traduce en un incumplimiento con morosidad y por ende responsabilidad civil con todas sus consecuencias entre ellas las de pago de lo recaudado desde el momento de diferirse el derecho real de usufructo y los intereses por la mora en el cumplimiento de la obligación como perjuicio. Por otra parte como veremos más adelante y en otro motivo, no acredita el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES en juicio, que haya realizado pago alguno a su poderdante señora CORINA TORRES IZAGUIRRES, siendo esta una presunción sin indicio ya que carece del hecho probado, y que arbitrariamente establece la corte de apelaciones en el fallo recurrido (considerando 6), que además es otra violación a norma sustantiva, como veremos en otro motivo, ya que quien paga mal paga dos veces. Traemos a colación este extremo ya que se vincula con este motivo de casación pues pretender que el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, no debe nada a mi representada como administrador del edificio TORRES, porque es mandatario de la señora CORINA TORRES IZAGUIRRES, como lo pretende la Corte de Apelaciones es desconocer el momento a partir del cual nace el derecho real de usufructo de mi representada y sus efectos a partir de su fecha de constitución. Lo anterior motiva el presente recurso de casación para que se observe y aplique el artículo 610 del Código Civil al caso de autos, como lo interpreto el Juez de primera instancia y se revoque la sentencia recurrida, condenando al demandado a pagar el porcentaje de rentas percibidas desde la fecha de constitución del derecho de usufructo y los intereses por incumplimiento de la obligación legal de pago de ese derecho.II.- SEGUNDO MOTIVO: Defecto de la aplicación de norma sustantiva del artículo 748, con relación al 713 del Código Civil / Norma Habilitante (Artículo 719.2 CPC). Norma infringidas: Artículo 748 del Código Civil, con relación a los artículos 713 del Código Civil y artículo 2 del Código Procesal Civil. TRANSCRIPCION DE NORMAS RELACIONADAS: C.C. Artículo º 748.- El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público. Artículo º 713.- La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla.- Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. C.P.C. Artículo 2.- Clases de pretensiones.- Las partes pueden interponer ante los órganos jurisdiccionales pretensiones de condena a determinada prestación, de declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, de constitución, modificación o extinción de estas últimas, así como pedir la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. PRECISIÓN DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: Como hemos venido narrando establece la sentencia en la motivación fáctica y jurídica del considerando siete que venimos analizando “Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria y tan así lo comprende la parte actora que una de las pretensiones de esta acción es que sea declarado su derecho real de usufructo.” Se deduce lógicamente que con esa motivación el tribunal de alzada pretende que el derecho de usufructo de mi representada nace al momento de la declaración y no al momento del otorgamiento de la escritura pública y su inscripción, cuando lo que se pide con la acción es la declaración de la existencia de un derecho y no la constitución de ese derecho, como lo establece el artículo 2 del Código Procesal Civil. El derecho de usufructo de mi representada existe desde el momento en que se otorga la escritura y es válido desde el momento en que se inscribe, produciéndose la tradición del dominio sobre el mismo conforme al artículo 713 del Código Civil desde que se otorgó la escritura, así lo manda la ley. Sin embargo la motivación del fallo recurrido, nos indica que existe en la sentencia un vicio consistente en la inobservancia y falta de aplicación de las normas sustantivas contenidas en el artículo 713 y 747 del Código Civil, pues el fallo mal interpreta estas normas y pretende que la sentencia es la que constituye el derecho de usufructo de mi representada. Motiva esta falta de aplicación e interpretación errónea de esos preceptos el motivo de casación que esa Corte Suprema debe Corregir revocando la sentencia recurrida y condenando al pago de lo adeudado desde la fecha de constitución del derecho de usufructo más los intereses por la falta de cumplimiento de la obligación.III.- TERCER MOTIVO: Defecto de la aplicación de norma sustantiva del artículo 2211 del Código Civil. / Norma Habilitante (Artículo 719.2 CPC). Norma infringidas: Artículo 2211 del Código Civil. TRANSCRIPCION DE NORMAS RELACIONADAS: Artículo º 2211.- La prueba del pago incumbe al que pretenda haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que recibió. PRECISIÓN DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: Como hemos venido narrando establece la sentencia en la motivación fáctica y jurídica del considerando siete que venimos analizando “Se probó que efectivamente el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, actuaba como mandatario de su hermana la señorita CORINA TORRES IZAGUIRE, en tal sentido el mismo debía actuar con estricto cumplimiento del mandato escrito por tanto resulta invalido el argumento de la demandante al pretender que se le paguen las cantidades de dinero que se obtuvieron por el veinticinco por ciento de su derecho del edificio TORRES antes del fallecimiento de la citada señorita, ya que la obligación de entregarle la renta no era del abogado Torres, sino de ella (la difunta) como nuda propietaria.” Aun cuando parezca tener cierta lógica, que no existe responsabilidad del demandado por cuanto es representante de la señora CORINA TORRES IZAGUIRRES, y que la obligación era de esta como nuda propietaria, la situación de hecho probada en juicio implica una falta de observancia del artículo 2211 del Código Civil, ya que si bien es cierto es un hecho probado en juicio que el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE era mandatario de la señora CORINA TORRES IZAGUIRRES, también son hechos probados en el juicio; a) Que PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES era el administrador del edificio TORRES; b) Que PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES ha sido quien ha cobrado las rentas, del EDIFICIO TORRES, como administrador desde antes de la constitución del usufructo de mi representada. c) que mi representada era la usufructuaria del 25% de esas rentas desde la fecha de otorgamiento de la escritura de usufructo y su inscripción. Asimismo no quedo acreditado en juicio que el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, le haya pagado esa rentas a la señora CORINA TORRES IZAGUIRRES, lo que si se alegó por él, pero no acredito. Con lo anterior existe una evidente falta de aplicación del artículo 2211 del Código Civil, que establece la prueba del pago incumbe al que pretenda haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó el mismo, situaciones que se discutieron en juicio y no pudo acreditar el demandado, sin embargo el Juzgador las presume en forma arbitraria e inobservando la normativa aplicable a la situación planteada. Motiva lo anterior que esa honorable Corte Suprema de Justicia case la sentencia y la revoque para que se aplique en forma debida la norma infringida. COSTAS. Artículos 218.2 y 724.2 del CPC”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella.

3.- Que a modo de introito es menester señalar por parte de la Sala, que el recurrente en el caso sub examine de manera equivocada interpone recurso de casación contra la sentencia que fuera proferida por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, sentencia ésta que había sido anulada por la Sala de lo Civil, de este Alto Tribunal; razón por la cual el Tribunal de Alzada dicto nuevo fallo en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, y es precisamente contra este fallo que debió de haberse interpuesto el recurso de casación; al no hacerse así tal situación concita que por parte del recurrente no se ha tenido el debido cuidado al momento de interponer el presente recurso extraordinario de casación, faltando con ello a la falta de claridad y precisión con que se debe interponer y formalizar el recurso, tal y lo preceptuado en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.

4.- Que no obstante lo señalado en el acápite anterior, la Sala de lo Civil estima oportuno analizar cada uno de los motivos de casación expuestos por el recurrente. Así tenemos que de la exposición que el recurrente hace en el primer motivo, se rescata en forma concisa los alegatos planteados, los cuales básicamente tienen que ver con que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ello porque en el fallo proferido el Tribunal de Alzada ha infringido el artículo 610 del Código Civil y sus efectos derivados de los artículos 713, 1346, 1347, 1360 y 1364 del referido código; estima el recurrente como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. En sustento de su tesis impugnatoria el recurrente plantea los siguiente: a) Hace cita literal del contenido de los artículos 610, 713, 1346, 1347, 1360 y 1364; b) Señala que respecto del contenido de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones la misma establecer lo siguiente: “… 3) condenar al demandado PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRE, en su condición de administrador del edifico torres, al pago de TREINTA MIL NOVENCIENTOS SEIS DOLARES ($.30,906.00) esto a causa del derecho de usufructo sobre el veinticinco por ciento de las rentas del edifico torres, bien inmueble objeto del usufructo, ABSOLVIENDO al abogado PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, de los intereses reclamados.”, con lo cual dice el recurrente, la Corte de Apelaciones esta absolviendo al demandado del pago de intereses vencidos por las cantidades retenidas, intereses a los que había sido condenado en primera instancia, y además acorto arbitrariamente los meses adeudados recalculando las cantidades adeudadas que se cuentan ya no desde la fecha del usufructo sino desde la fecha de muerte de la nuda propietaria, reduciendo el monto de la indemnización en casi la mitad; c) Que lo anteriormente manifestado por el Tribunal de Alzada en su fallo es producto del razonamiento que hace en el Considerando Séptimo de la Motivación Fáctica y Jurídica de la sentencia cuando expresa: “Séptimo: Se probó que efectivamente el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, actuaba como mandatario de su hermana la señorita CORINA TORRES IZAGUIRE, en tal sentido el mismo debía actuar con estricto cumplimiento del mandato escrito por tanto resulta invalido el argumento de la demandante al pretender que se e paguen las cantidades de dinero que se obtuvieron por el veinticinco por ciento de su derecho del edificio TORRES antes del fallecimiento de la citada señorita, ya que la obligación de entregarle la renta no era del abogado Torres, sino de ella (la difunta) como nuda propietaria. Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria y tan así lo comprende la parte actora que una de las pretensiones de esta acción es que sea declarado su derecho real de usufructo. Es del parecer de esta Alanzada, que en virtud de no constar de autos la declaratorias de herederos de la nuda propiedad del derecho que le pertenecía a la señorita CORINA TORRES IZAGUIRRE, y encontrándose un documento público debidamente inscrito en el que consta que la causante le otorgo el usufructo a la demandante que el mandato otorgado por la señorita torres a su hermano don PEDRO PASCUAL TORRES termina al fallecimiento de esta, debe declararse el derecho real de usufructo que esta pretende y que se entreguen las cantidades percibidas como renta a partir de la fecha en que murió la citada señorita TORRES IZAGUIRRE.” d) Que de la referida motivación del fallo, se desprende que el Tribunal de Alzada incurre en error que produce un vicio en la sentencia, consistente en un defecto de aplicación de una norma aplicable al caso, pues se está desconociendo el contenido del artículo 610 del Código Civil y demás normas relacionadas en este recurso como efectos que derivan de aquel precepto; ello porque el fallo recurrido desconoce el efecto erga omnes de los derechos reales, que consiste precisamente en que son derechos oponibles a todo el mundo sin referencia a determinada persona; e) Que en tal sentido nuestro ordenamiento jurídico establece que un derecho real obliga a toda persona sin referencia a una en particular a observarlo, respetarlo y reconocerlo desde el momento de su inscripción en un registro; que el artículo 748 del Código Civil, al referirse propiamente al derecho de usufructo sobre inmuebles, establece que este es válido desde su inscripción en el registro; el artículo 713 del Código Civil, por su parte, expresa que la tradición de los derechos reales como el usufructo se efectúa por medio de un instrumento público, valido contra terceros a partir de su inscripción en el registro, siendo la tradición la entrega que se hace de una cosa incorpórea por el dueño a otra persona que la adquiere a partir de ese momento; f) Que en el caso de autos el demandado fue administrador del bien inmueble y cobro las rentas del mismo al momento de constituirse ese derecho real, por lo que al establecer la motivación fáctica jurídica de la sentencia recurrida que: “Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria … y que se entreguen las cantidades percibidas como renta a partir de la fecha en que murió la citada señorita TORRES IZAGUIRRE.”, con ello el ad-quem incurre en desconocimiento, falta de aplicación, inobservancia de la norma contenida en el artículo 610 del Código Civil y por ende de la obligación y la responsabilidad civil que genera un derecho real, como fuente de obligaciones derivadas de la ley; g) Que en el caso de autos el señor Pedro Pascual Torres Izaguirres recibía las rentas que pertenecen a su representada, lo que genera una obligación, y siendo esta oponible a él por estar inscrito en un registro, y la no observancia de ese derecho se traduce en un incumplimiento con morosidad y por ende responsabilidad civil con todas sus consecuencias entre ellas las de pago de lo recaudado desde el momento de diferirse el derecho real de usufructo y los intereses por la mora en el cumplimiento de la obligación como perjuicio; y h) Que no resulta acreditado en juicio que el señor Pedro Pascual Torres Izaguirres haya realizado pago alguno a su poderdante la señora Corina Torres Izaguirres, siendo esta una presunción sin indicio ya que carece del hecho probado, y que arbitrariamente la corte de apelaciones en el fallo recurrido en su considerando 6 establece, con lo cual constituye además otra violación a la norma sustantiva, al no observarse y aplicar el artículo 610 del Código Civil al caso de autos.

5.- Los argumentos del recurrente en este primer motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque se incurre en mala técnica casacional al momento de plantear el motivo, ello se establece por lo siguiente: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación del artículo 610 del Código Civil, mismo que lo relaciona con los artículos 713, 1346, 1347, 1360 y 1364 del referido código; en ese sentido la Sala ilustra que el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la falta de aplicación del artículo 610 del Código Civil y su relación con cada uno de los artículos del mismo Código que estima relacionados, esto es no debió de hacer cita en forma acumulada de los artículos que estima relacionados con la norma que dice no se aplico; y b) El argumento del recurrente se encamina a que el Tribunal de Alzada no ha hecho aplicación del artículo 610 del Código Civil, mismo que literalmente expresa: “Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales y personales.- Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.- Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas”; norma que es de carácter general, al respecto este Alto Tribunal ha establecido que los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, y las mismas son inviolables para efectos de casación, características que reviste la norma citada como infringida por falta de aplicación en el presente recurso; y si bien es cierto que también la Sala ha dejado establecido que se podrá alegar la infracción de una norma sustantiva de carácter general, siempre y cuando la misma se relacione con otra norma; también lo es que en el caso de autos, el recurrente habiendo citado una norma de carácter general la ha relacionado indiscriminadamente con una serie de artículos del mismo Código Civil, sin hacer la separación necesaria en motivos diferentes; razón por la cual en cumplimiento a lo señalado en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, este motivo resulta inadmisible.

6.- Plantea el recurrente el segundo motivo señalando el defecto de la aplicación de la norma sustantiva del artículo 748 en relación con los artículos 713 del Código Civil y artículo 2 del Código Procesal Civil, estimando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; para ello, en primer lugar cita textualmente el contenido de los dos referidos artículos del Código Civil, así como también el artículo del Código Procesal Civil. Explica que tal y como lo ha dejado expuesto en el primer motivo, la sentencia impugnada en su motivación fáctica y jurídica, considerando siete, al establecer que: “Tampoco es válido el reclamo de intereses por cuanto don PEDRO PASCUAL TORRES, no contrajo obligación alguna con la usufructuaria y tan así lo comprende la parte actora que una de las pretensiones de esta acción es que sea declarado su derecho real de usufructo.”, con ello lógicamente se deduce que el tribunal de alzada pretende que el derecho de usufructo de su representada nace al momento de la declaración y no al momento del otorgamiento de la escritura pública y su inscripción, declaración que dice el recurrente no es conforme lo que se ha pedido, esto es que lo pedido con la acción incoada es la declaración de la existencia de un derecho y no la constitución de ese derecho, tal como lo establece el artículo 2 del Código Procesal Civil. Que el derecho de usufructo de su representada existe desde el momento en que se otorga la escritura y es válido desde el momento en que se inscribe, produciéndose la tradición del dominio sobre el mismo conforme al artículo 713 del Código Civil desde que se otorgó la escritura, así lo manda la ley. Que la motivación del fallo recurrido, indica la existencia de un vicio, mismo que consiste en la inobservancia y falta de aplicación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 713 y 747 del Código Civil; ello porque el referido fallo mal interpreta estas normas y pretende que la sentencia es la que constituye el derecho de usufructo de su representada.

7.- Respecto del segundo motivo planteado por el recurrente, el mismo no resulta de recibo por la Sala, ello en consideración a que no se observa la debida técnica que el recurso de casación exige al momento de interponerlo, tales falencias en que se incurre se resumen en lo siguiente: a) Se alega por parte del impetrante defecto en la aplicación del artículo 748 del Código Civil en el fallo dictado por la segunda instancia, artículo éste que señala: “El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público.”; mismo que relaciona con el artículo 713 del citado Código que expresa: “La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla.- Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.”; artículos estos que establecen definiciones y disposiciones generales, que como ya lo ha dejado establecido este Tribunal, resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten tanto la norma citada como infringida y la norma que el impetrante relaciona; y b) Pretende el recurrente en este motivo que bajo la causal invocada del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración del articulo 748 del Código Civil, en relación con el artículo 2 del Código Procesal Civil, que resulta ser una norma adjetiva; con lo cual olvida que el precepto autorizante invocado está referido a normas in iudicando in iure (normas sustantivas), razón por la cual no se puede pretender bajo la egida del precepto autorizante invocado, que la Sala se pronuncie sobre la posible infracción de una norma sustantiva en relación con una norma in procedendo, (normas adjetiva), tal y como lo es el citado artículo 2 del Código Procesal Civil.

8.- Plantea el recurrente en su tercer motivo, que la sentencia proferida por el iudex ad-quem infringe el contenido del artículo 2211 del Código Civil, artículo éste que señala: “La prueba del pago incumbe al que pretenda haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que recibió..”; Estimando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; en explicación del motivo nuevamente el recurrente cuestiona el considerando siete de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia proferida por la alzada y por la cual se ha establecido que: “Se probó que efectivamente el señor PEDRO PASCUAL TORRES IZAGUIRRES, actuaba como mandatario de su hermana la señorita CORINA TORRES IZAGUIRE, en tal sentido el mismo debía actuar con estricto cumplimiento del mandato escrito por tanto resulta invalido el argumento de la demandante al pretender que se paguen las cantidades de dinero que se obtuvieron por el veinticinco por ciento de su derecho del edificio TORRES antes del fallecimiento de la citada señorita, ya que la obligación de entregarle la renta no era del abogado Torres, sino de ella (la difunta) como nuda propietaria.”; afirmación del tribunal ad-quem, que dice el recurrente aun y cuando parece tener cierta lógica; lo cierto dice, es que la segunda instancia en su fallo no observa el contenido del artículo 2211 del Código Civil, ya que también son hechos probados en el juicio; a) Que Pedro Pascual Torres Izaguirres era el administrador del edificio Torres; b) Que Pedro Pascual Torres Izaguirres ha sido quien ha cobrado las rentas, del edificio Torres, como administrador desde antes de la constitución del usufructo de su representada, c) Que su representada era la usufructuaria del 25% de esas rentas desde la fecha de otorgamiento de la escritura de usufructo y su inscripción y d) Que no quedo acreditado en juicio que el señor Pedro Pascual Torres Izaguirres , le haya pagado esa rentas a la señora Corina Torres Izaguirres, lo que si se alegó por él. Con todo lo cual, dice el impetrante se evidencia que existe una evidente falta de aplicación del artículo 2211 del Código Civil. Finalmente el impetrante señala que: “Motiva lo anterior que esa honorable Corte Suprema de Justicia case la sentencia y la revoque para que se aplique en forma debida la norma infringida. COSTAS. Artículos 218.2 y 724.2 del CPC”.

9.- La Sala de lo Civil estima que el tercer motivo de casación no es de recibo, ello en virtud de que el recurrente no ha sido fiel a la solemnidad que establece la casación como institución jurídica, al incurrir en infracción de la debida técnica casacional, pues el mismo ha establecido como motivo o causal de casación lo dispuesto por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. La evidente falta del impetrante a la técnica casacional se suscita cuando arguye infracción por falta de aplicación del artículo 2211 del Código Civil, para ello señala que la incidencia de la infracción se refiere a “la situación de hecho probada en juicio”; errores que dice incurre el tribunal de alzada al no tener en cuenta los hechos probados en el juicio. Olvida el recurrente que los errores de hecho o de derecho dejaron de ser causales del recurso de casación y que conforme el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, en ese sentido cabe ilustrar que si la pretensión del impetrante se orientaba a impugnar la forma y contenido de la sentencia, debió fundamentar su motivo en el artículo 719.1 literal c), relacionándolo con el artículo 720.2, ambos del Código Procesal Civil. Amén de lo anteriormente señalado el recurrente hace alegatos de instancia, improcedentes en este recurso extraordinario ya que olvida que la falta de aplicación como la aplicación indebida de una norma jurídica, son dos extremos conexos entre sí, esto es cuando se alega la no aplicación de una norma, indefectiblemente el sustentante, por el obligado encadenamiento entre una y otra cuestión, para lograr la restauración del derecho que considera perturbado, viene obligado a afirmar cual es la norma que se aplicó indebidamente, razón por la cual en el caso de autos el cargo resulta incompleto e inadmisible. Finalmente el motivo planteado no resulta ser claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, puesto que el recurrente cita la palabra COSTAS y los artículos 218.2 y 724.2 del Código Procesal Civil, el primero de ellos referido a las partidas económicas que conforman las costas, y el segundo está referido al auto de inadmisión del recurso de casación, en la cual se declarara la firmeza de la resolución recurrida y la imposición de costas a la parte recurrente; cita de tales artículos por parte del impetrante que nada tiene que ver con lo expuesto en éste motivo, razón por la cual se le tiene por confuso en su planteamiento.

10.- Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I.- INADMISIBLE el recurso de casación en sus tres motivos interpuesto, por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de representante procesal de la señora KARINA JULISSA ALEMÁN TORRES, en contra de la sentencia definitiva dictada el día cinco de noviembre del dos mil catorce, por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés II.- FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, e identificada en esta Sala bajo el Expediente S.C. 63-2015 y en el de apelación registrado bajo el número 167-13 C.V., originado en los autos que conforman el expediente número167-13 del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III.- CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para los efectos legales consecuentes.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFÍQUESE.

REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ

Magistrado Coordinador

WILFREDO MENDEZ ROMERO

Magistrado

RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO

Magistrada

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.