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Sentencia CC-037-15 — Registro 8938

Resumen

En segunda instancia se declara con lugar el recurso de apelación, se reforma la sentencia dejando sin valor ni efecto los ordinales “cuarto” y “quinto”; conceder la guarda y cuidado de los menores a la madre, y condena al padre a pagar l. 3,500.00 (tres mil quinientos lempiras exactos) a favor de sus menores hijos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4.- Por disposición del artículo 211 del Código Procesal Civil “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 numeral 4)) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” en ese orden de ideas, al haber resuelto el tribunal de apelaciones reformando la sentencia recurrida, prescinde de normas esenciales del procedimiento relativas al alcance del recurso de apelación que no autorizan ese proceder. … 10. Se le hace saber a la Corte Tercera de Apelaciones que resulta determinante no olvidar que es su deber velar por el respeto a las formalidades que garantizan los actos que conllevan a un debido proceso y de las solemnidades que por ley están llamados los distintos Tribunales a observar tanto en el desempeño de sus funciones como en la formalidad de sus resoluciones, al tenor de lo que establecen los Artículos 3 y 7 del Código Procesal Civil. 11. En virtud de lo antes expuesto se le hace un llamado de atención a la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en relación al fallo o decisum dictado, fuera del ámbito del artículo 715 del Código Procesal Civil. Este alto tribunal de justicia con todo respeto pone en antecedente al ad quem para que en lo sucesivo se limite al alcance que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CAC 37-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El señor JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ representado en juicio por el Abogado NORMAN NICOLÁS MENDOZA RODRÍGUEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA, representada en juicio por la Abogada NIDIA ISABEL FERNANDEZ ARDON.

OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO”, promovida en fecha trece de septiembre del año dos mil once, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por la Abogada NIDIA ISABEL FERNANDEZ ARDON en su condición de apoderada de la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA, contra el señor JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en el juicio de merito, dictó sentencia REFORMANDO la dictada por el A-quo, de la siguiente manera: “RESUELVE: 1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la Abogada Nidia Isabel Fernández Ardón; 2) DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN POR ADHESIÓN presentado por el Abogado Norman Nicolás Mendoza Rodríguez; 3) REFORMA LA SENTENCIA de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, dejando Sin Valor ni efecto los ordinales “CUARTO” y “QUINTO”; 4) CONCEDER LA GUARDA Y CUIDADO de los menores JUAN JOSE, LUIS FERNANDO y CARLOS ADRIAN, todos de apellidos MENDOZA MARADIAGA, a la madre, señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA; 5) CONDENAR al señor JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ, a pagar L. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) a favor de sus menores hijos, a través de la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA”.

SEGUNDO: El representante procesal del señor JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ, Abogado NORMAN NICOLÁS MENDOZA RODRÍGUEZ, en fecha nueve de enero del año dos mil quince, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce de enero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contaría el termino de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.

TERCERO: La representante procesal de la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA, Abogada NIDIA ISABEL FERNANDEZ ARDON, presento en fecha treinta de enero del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tenerla por pronunciada en tiempo y forma sobre el contenido del escrito de interposición y formalización del recurso de casación, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados NORMAN NICOLÁS MENDOZA RODRÍGUEZ y NIDIA ISABEL FERNANDEZ ARDON, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas nueve y once de febrero del año dos mil quince respectivamente, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, tener por personados a los Abogados NORMAN NICOLÁS MENDOZA RODRÍGUEZ y NIDIA ISABEL FERNANDEZ ARDON, como recurrente y recurrido, respectivamente.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones Tegucigalpa, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: El Fallo emitido por la Corte Tercera de Apelaciones y la Sentencia de fecha 21 de agosto del 2013 emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, son violatorias de Garantías Constitucionales, producto de la aplicación errónea de la norma constitucional, reconocida en el Artículo 95 de la Constitución de la Republica que literalmente dice: Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos. De ahí que el fallo, resuelve 1) Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nidia Isabel Fernández Ardón; sobre la sentencia de fecha 21 de agosto del 2013 emitida por el juzgado de primera instancia, en la que resuelve CON LUGAR la demanda incoada por la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA, por la supuesta causal establecida en el articulo 238 numeral 2 del código de familia, aun cuando se aporto en juicio con la Certificación de Sentencia del Juzgado de Paz de lo Criminal de fecha seis de septiembre del 2011 donde declara inocente de los cargos al mi representado el señor Juan Carlos Mendoza contentivos de Malos tratos de obra injurias graves trato cruel de uno de los cónyuges contra el otro o contra los hijos que haga imposible la vida en común, (identificando dichas acusaciones en una denuncia de violencia domestica por ser su tipificación legal) por lo que desde ese fecha las partes no volvieron a tener inter relación entre ellos, y quedo establecido que las declaraciones hechas por las testigos propuestas por la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda para acreditar ese extremo en el juicio de divorcio, claramente manifestaron que los supuestos hechos narrados databan del año 2010, por lo fueron los mismo hechos ya juzgados en sentencia firme por un juez competente, por lo que ambos juzgadores desproporcionaron el contenido de las pruebas a favor de la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda. EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: Al Declarar Con Lugar El Recuero De Apelación Antes Referido, y la recurrida sentencia emitida por el Juzgado de primera instancia, la tercera corte de apelaciones y el Juzgado respectivamente, violan la garantía constitucional del señor Juan Carlos Mendoza al juzgarlo dos veces por los mismos hechos, violentando el principio de cosa juzgada. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEYES SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL El Fallo emitido por la Corte Tercera de Apelaciones, en el numeral: 2.- DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APLEACION POR ADHESIÓN Presentado Por El Abogado Norman Nicolás Mendoza, Violenta lo establecido en el articulo 238 numeral 7 del código de familia como causal alegada por el señor Juan Carlos Mendoza que establece La Negativa injustificada de uno de los conyuges a cumplir para con el otro o con los hijos comunes, los deberes, la asistencia, educación, alimentación a que está legalmente obligado, extremo que se acredito plenamente en juicio, probando que la señora Maradiaga Zepeda ni siquiera vivía en la ciudad de vivía su esposo y sus hijos, no quería volver al hogar y quien ha vivido con ellos desde la lactancia atendiendo sus necesidades alimentarias, de salud, educativas y demás, y es el señor Mendoza Rodríguez, acreditado con prueba basta como ser constancias medicas, constancia de maestros, prueba testifical y otros evacuados en juicio, por lo que es evidente que la Tercera Corte de Apelaciones, violentas normas del debido proceso al no tomar la extensa prueba ofrecida por el padre de los menores. de lo anterior, estable la Tercera Corte de Apelaciones en una errónea forma de sustentar el fallo objeto del presente recueros, el argumento consignado en el numeral Siete: El extremo que al haberse acreditado la situación ocupacional de la señora Maradiaga Zepeda, ocho: no tener por acreditado la ocupación laboral del señor Mendoza Rodriguez aun cuando los testigos acreditaron este extremo, manifiesta este órgano judicial en síntesis en el numeral nueve: que la señora Maradiaga Zepeda no corresponde a que ella haya abandonado el hogar ni a sus hijos, este extremos es una motivación sin fundamentos pues el debate recayó sobre el cumplimientos de las obligaciones que como madre y esposa que tenia, así mismo es absurdo sostener que la señora antes mencionada le fuesen aplicables las disposiciones del los artículos 41 del código de familia, pues para ello debe mediar acuerdo entre los cónyuges, y acredito que el dicho acuerdo no existía entre las partes, pues fue la causa de la separación, y mucho menos que le aplique como causa legítima para amparar el fallo, lo establecido en el articulo 43 del mismo cuerpo legal en cuanto al derecho a ejercer su profesión u oficio, pues en la ciudad de Danlí, departamento de el Paraíso, existen un cientos (100°°) de empresas donde puede desempañar cualquier carrera profesional, tal y como lo establece la Ley de Equidad de Genero. Sumado a ello llama poderosamente la atención lo establecido en el numeral 11 de la motivación del fallo objeto del presente recurso, que la Tercera Corte De Apelaciones expresamente DESCALIFICA un medio de prueba científico emitido a favor del señor Juan Carlos Mendoza Consistente en el informe psicológico efectuado por el Ministerio Publico en busca de bases para identificar el bienestar de los menores, los que obran en los folios 187, 188 y 189 de la causa, sin embargo argumenta que no tiene fuerza probatoria por no haber sido evaluada la señora Maradiaga Zepeda, incluso cuando fue citada en legal y debida forma por dos ocasiones por el juez de primera instancia, lo que representa que la señora en cuestión no solo es irresponsables con sus obligaciones generales, sino que incluso ha sido irresponsable con sus obligaciones procesales en la presente causa, pues la prueba goza de los requisitos exigidos por la ley para su validez. El Fallo emitido por la Corte Tercera de Apelaciones, en el numeral: 4.- CONCEDER LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES JUAN JOSE, LUIS FERNANDO y CARLOS ADRIAN todos de apellidos MENDOZA MARADIAGA a la madre Norma Carolina Maradiaga Zepeda; la Tercera Corte de Apelaciones violenta con esta resolución las disposiciones establecidas en el articulo 194 del Código de Familia que establece: De no mediar acuerdo de los padres sobre la guarda y cuidado de los hijos, o de ser el mismo atentatorios a los intereses materiales o morales de los hijos, la cuestión se decidirá por el tribunal competente, que se guiará para resolverla, únicamente, por lo que resulte más beneficioso para los menores. En iguales condiciones se atenderá, como regla general, a que los hijos queden al cuidado del padre en cuya compañía se haya encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos, y salvo en todo caso, que razones especiales aconsejen cualquier otra solución.; PUE ES EVIDENTE QUE LOS MENORES SIEMPRE HAN VIVIDO CON EL SEÑOR JUAN CARLOS MENDOZA Y NUNCA CON LA SEÑORA MARADIAGA ZEPEDA PUES ELLA VIVIA EN OTRA CIUDAD. El Fallo emitido por la Corte Tercera de Apelaciones, en el numeral 5.- CONDENAR al señor Juan Carlos Mendoza Rodríguez a pagar L. 3,500.00 (tres mil quinientos lempiras exactos) a favor de sus menores hijos a través de la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda. Violenta el principio de vencimiento, este extremo se desprende por los argumentos establecidos anterior mente, del cual se establecerá como causa de litigio, en virtud al estar acreditado en autos que la señora Maradiaga Zepeda raquíticamente aporta a la sustento de sus hijos. LAS VIOLACIONES ANTES ESTABLECIDAS COMO MOTIVOS DE CASACIÓN PROVIENEN DE LA APRECIACION ERRONEA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS AL DEBATE POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON EL RESTO REGLAS PROCESALES NO OBECRVADAS. PRECEPTOS AUTORIZANTES Esta parte es del criterio que el precepto legal autorizante es el ARTÍCULO 719 del Código de Procesal Civil: CAUSALES DEL RECURSO numeral 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, DISPOSICIONES LEGALES VIOLENTADAS POR EL FALLO Y SENTENCIA RECURRIDA El Fallo emitido por la Corte Tercera de Apelaciones y la Sentencia de fecha 21 de agosto del 2013 emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí violenta el Articulo 95 de la Constitución de la Republica, artículos 41,43,194,238 numeral 7 del Código de Familia. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, y al reformar la sentencia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente LOS MEDIOS DE PRUEBA allegados en tiempo y forma al juicio, consistente en: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL, contentivo de las declaraciones de los testigos de cargo y descargo propuestos por el señor Juan Carlos Mendoza R. quienes fueron contestes ante el juez de primera instancia, medios de prueba DOCUMENTAL consistente en las constancias de instituciones educativas donde hace constar de manera indubitada que el señor Juan Carlos Mendoza es un padre responsable y es quien esta al cuidado de sus hijos: constancias medicas emitidas por especialistas que hacen contar que el señor Juan Carlos Mendoza es quien esta al cuidado del estado de salud de los menores, abundantes recibos de pagos bancarios que establecen fidedignamente que tipo de relaciones mercantiles maneja el señor Juan Carlos Mendoza, para el sustento de su familia, dictamen de peritos que establece que los menores hijos de las partes gozan estabilidad emocional junto con su padre, no así de la señora Madariaga que se desconoce, por incumplimiento de su parte. SENTENCIA INCONGRUENTE Las sentencias son y deben ser, el resultado de la aplicación de los principios de legalidad reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, fieles al respeto irrestricto de las garantías constitucionales, que son la esencia del Estado de Derecho proclamado como pilar fundamental del Estado para su existencia, con el espíritu de garantizar a los individuos que la integran el goce de sus garantías individuales, de allí nace su función jurisdiccional, la que tiene por objeto resolver los conflictos sometidos a su conocimiento para su justa resolución, por medio de los procedimientos tutelados por los jueces y litigantes en la sustentación de un proceso delimitados por nuestro Código Procesal Civil, en los artículos 206, 207, 208, al establecer: a) Que Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, b) El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. c) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, d) Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, e) La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, f) Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito g) En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, Lo que no ocurre en el fallo enunciado en el acapice “INDICACION DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA” fallo de fecha veintinueve (29)de septiembre del año dos mil catorce (2014) dictado por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán y la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece emitida por el Juzgado Primero De Letras Seccional De Danlí. Todas las Razones antes expuestas agravian los derechos de mi representado por ser El Fallo y la Sentencia referida totalmente incongruentes con lo sucedido en el debate y lo aportado en juicio por las partes, violatorias de garantías constitucionales y de leyes sustantivas de aplicación nacional, por lo que los externos y normativas jurídica antes relacionado proporcionan abundante asidero jurídico para su estimación legal, siendo estas estimaciones apegadas a derecho. PETICION A Vos Honorable Corte Tercera de Apelaciones de francisco Morazán respetuosamente, PIDO: 1).- Tener por presentado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley en contra del fallo de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil catorce (2014) dictado por la Corte Tercera de Apelaciones Y consecuente mente la Sentencia de fecha veintiuno(21)de agosto del año dos mil trece (2013) emitida por el Juzgado Primero de de Letras seccional de la ciudad de Danlí y darle el tramite que en derecho corresponde. 2).- Tener por expresados los motivos de casación que producen agravios. 3).- Dar traslado a la parte contraria para que ejerza el derecho que le corresponde dentro del termino establecido. 4).- Señalar audiencia para que las partes expongan sus motivos si así lo considere necesario el Honorable Tribunal 5).- Y estimadas que sean las aportaciones, que la Honorable Corte Suprema de Justicia case la Sentencia recurrida por ser contraria a derecho, y que sea este alto tribunal quien dicte nueva Sentencia declarando: a) Sin lugar la demanda interpuesta por la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda en contra del señor Juan Carlos Mendoza Rodríguez, por la causal alegada sin fundamento legal por hacer sido la misma cosa juzgada. b) Declarar con lugar en la demanda de divorcio vía reconvención incoada por el señor Juan Carlos Mendoza Rodríguez en contra de la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda c) Suspender la patria potestad a la señora Norma Carolina Maradiaga Zepeda, por el grave incumplimiento de sus obligaciones como madre d) condenar al pago de una pensión alimenticia congruente con lo establecido en el 1 artículo 207 del código de familia. e) establezca un régimen de comunicación a favor de la señora Norma Maradiaga Zepeda f) aplicación del principio procesal DEL VENCIMIENTO condenando en costas al litigante vencido en juicio. 6) se solicita se extiendas copias autenticas de los expediente relacionados en el presente recurso de casación para que sirvan de fuente al alto tribunal 7) Manifestando Expresamente la voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para efectos de subsanar cualquier defecto procesal al tenor del Artículo 20 del Código Procesal Civil.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fallo de fecha veintinueve de septiembre del dos mil catorce, resuelve: “…1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION presentado por la Abogada Nidia Isabel Fernández Ardón; 2) DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION POR ADHESION presentado por el Abogado norman Nicolás Mendoza Rodríguez; 3) REFORMA LA SENTENCIA de fecha veintiuno de agosto del dos mil trece, dejando Sin Valor ni efecto los ordinales “CUARTO” Y “QUINTO”, 4) CONCEDER LA GUARDA Y CUIDADO de los menores JUAN JOSE, LUIS FERNANDO y CARLOS ADRIAN, todos de apellidos MENDOZA MARADIAGA, a la madre, señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA; 5) CONDENAR al señor JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ, a pagar L. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) a favor de sus menores hijos, a través de la señora NORMA CAROLINA MARADIAGA ZEPEDA…”

2.- Que conforme al artículo 705 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto: a) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. b) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente y c) la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.

3.- Las Cortes de Apelaciones, ante un recurso de apelación, por virtud de lo previsto en el artículo 715 del Código Procesal Civil, podrán adoptar cualquiera de las opciones siguientes: a) Declarar la nulidad absoluta de actuaciones o de parte de ellas y ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. b) Anular la resolución apelada y devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. c) Revocar la sentencia apelada y resolver directamente cuando se aprecie infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración siempre que no afecte la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir. d) Si se afectare la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. e) Revocar la sentencia apelada y dictar la que estime procedente si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. Como se puede observar en los supuestos anteriormente expuestos, no se puede colegir que el Tribunal de Apelaciones tenga atribuciones para declarar con lugar un recurso de apelación y reformar la sentencia recurrida, modificando la sentencia que llega en apelación, pues este supuesto no se encuentra autorizado en la legislación procesal civil. Si el Tribunal de Apelaciones quiere pronunciarse sobre aspectos objeto del debate, lo puede hacer estimando el recurso de apelación y revocando la sentencia recurrida a efectos de pronunciar él la que estima conforme a derecho, siendo esto lo precedente en el caso sub júdice. Además, al reformar la sentencia recurrida transgrede el debido proceso por no estar autorizado en la ley la reforma de una sentencia que fue recurrida.

4.- Por disposición del artículo 211 del Código Procesal Civil “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 numeral 4)) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” en ese orden de ideas, al haber resuelto el tribunal de apelaciones reformando la sentencia recurrida, prescinde de normas esenciales del procedimiento relativas al alcance del recurso de apelación que no autorizan ese proceder.

  1. Que la Constitución de la República establece que es deber del Estado proteger la familia y las instituciones vinculadas a ella, así como la infancia y la niñez gozará de la protección a fin de velar por sus derechos.

  2. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare…"

  3. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, …, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.

  4. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.

  5. El principio de ponderación, que debe ser inherente a la función del juez, “son mandatos de optimización, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama regla de proporcionalidad”. (Robert Alexy “Derecho y Razón Práctica” pg.31). En otras palabras, esas reglas de proporcionalidad y de ponderación están basadas en la consideración por parte del juzgador de las normas en competencia, en orden de prelación o relevancia en la protección del bien jurídico superior en disputa. Así por ejemplo, si se está frente a un caso en que el Estado, que debe ser el garante de los derechos del niño, de la salud, de la integridad de la persona, es el mismo que los infringe fundamentando su decisión en normas y principios procesales, se estaría frente a una flagrante violación del mandato de optimización, consustancial con la aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad en la determinación de la norma en función de la relevancia del bien jurídico superior a tutelar.

  6. Se le hace saber a la Corte Tercera de Apelaciones que resulta determinante no olvidar que es su deber velar por el respeto a las formalidades que garantizan los actos que conllevan a un debido proceso y de las solemnidades que por ley están llamados los distintos Tribunales a observar tanto en el desempeño de sus funciones como en la formalidad de sus resoluciones, al tenor de lo que establecen los Artículos 3 y 7 del Código Procesal Civil.

  7. En virtud de lo antes expuesto se le hace un llamado de atención a la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en relación al fallo o decisum dictado, fuera del ámbito del artículo 715 del Código Procesal Civil. Este alto tribunal de justicia con todo respeto pone en antecedente al ad quem para que en lo sucesivo se limite al alcance que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 211, 212 preámbulo y número 4, 705, 715 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; POR UNANIMIDAD DE VOTOS dicta auto irrecurrible y resuelve: 1. Declarar de oficio la Nulidad Absoluta de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil catorce emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán. 2. Que de manera inmediata se proceda a emitir el fallo que conforme a las consideraciones anteriores corresponda. Y MANDA: Devolver los autos a la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán con certificación de la presente resolución, a efecto de que proceda conforme a derecho.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno.

REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ

Magistrado Coordinador

WILFREDO MENDEZ ROMERO

Magistrado

RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO

Magistrada

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