Sentencia CC-69-14 — Registro 5578
Resumen
En segunda instancia se declaró ha lugar parcialmente el recurso dictando nula la segunda copia de fecha veintiocho de febrero del año mil novecientos noventa y cuatro (28/02/1994), expedida por el juzgado primero de letras departamental de santa bárbara, concerniente al instrumento autorizado por el juez de paz del municipio de concepción del norte, de este departamento de santa bárbara; quedando válido y subsistente la primera copia, del instrumento público (testamento abierto) número cinco (5).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
....“En cuanto a este motivo recurrente no es puntual en determinar en que consiste la infracción de las normas procesales y constitucionales relativas a lo que disponen los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 200.2 letras a), c) y d), 206.2, 207, 208 y 245 del CPC, en relación con los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo 1º y 94 párrafo 1º de la Constitución de la República, los que expresa que se refieren a normas “relativas a los derechos de Petición y Defensa, y a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Legalidad Procesal y Formal y Valoración de la Prueba”; siendo realmente todas ellas contentivas de principios generales y de estricta observancia en el adecuado desarrollo procesal y por tanto íntimamente vinculados con el otro principio no denunciado, como ser el debido proceso contenido en el artículo 3 del Código Procesal Civil, así como el derecho individual de una respuesta del Estado congruente a una petición de justicia. Por otra parte, la acepción “garrafales” utilizada por el impetrante es muy ambigua, razón por la cual en este motivo le imposibilita concretar cuál es la infracción determinada. Por otra parte, sumado a lo anterior, en la expresión del gravamen, esta Sala de lo Civil se percata que el casacionista hace mención de artículos contentivos de normas sustantivas y especiales derivadas de la Ley del Notariado, del Código Civil y de la Ley de la propiedad. También se percibe que el precepto recurrente invocado por el casacionista para este PRIMER MOTIVO lo sustenta de manera indistinta en el artículo 719.1, tanto en los literales b) y c) del Código Procesal Civil, cuando lo correcto es que cada inciso debe estar comprendido en un motivo individualizado, con sus razonamientos, motivaciones y alcances propios.- Y en el presente caso en la forma como ha sido planteado el recurso por parte del impetrante, donde concatena dos motivos diferentes en un mismo precepto legal, generando con ello una falta de claridad en la pretensión recursiva. Igualmente del análisis del presente motivo, otro defecto que se le encuentra es a lo que se conoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, misma que en la doctrina se refiere cuando establece que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia…”, por ello, una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse en un solo motivo la concentración de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1] De igual manera, la doctrina citada llega a la convicción que “…lo mas elemental de la técnica casacional, exige precisar el concepto en el cual los normas citadas han podido ser infringidas…”[2]. En conclusión, en este motivo el recurrente ha inobservado la técnica casacional por los argumentos siguientes: 1) Denunciar dos causales de casación en un mismo motivo el artículo 719.1, literales b) y c) del Código Procesal Civil; y 2) No especificar una norma infringida determinada, estableciendo una acumulación de artículos que forman un conjunto, pero no un motivo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Del estudio de este segundo motivo se aprecia que el recurrente denuncia que la fundamentación jurídica de la sentencia impetrada no es conforme a derecho en vista de que los artículos 1, 8, 9, 11, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 52, 55, 57, 58, 59, 63, 64 y 87 de la Ley del Notariado y el articulo 1502 numeral 1 del Código Civil; sin embargo, el casacionista en su escrito recursivo incumple la técnica casacional propia y obligada que debe observar el impetrante para que prospere la pretensión extraordinaria de casación, tal como imperativamente se deriva de lo establecido en el Artículo 721 numeral 2) relacionándolo con el articulo 704 ambos del Código Procesal Civil, los cuales disponen que en el escrito contentivo del recurso de casación se harán constar los motivos en que se base, conteniendo: a) La expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo; b) Fundamentar con la suficiente separación y claridad cada motivo y norma legal infringida; y c) Precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Contrario a ello el recurrente reincide en el mismo error en la técnica casacional, que como ya se ha hecho mención, es de observancia imperativa. Cabe señalar que otro error que comete el casacionista en el segundo motivo, es el mismo que se ha referido en el Motivo Primero de la presente resolución y lo que, como se repite, la Doctrina reconoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, y sobre la cual esta Sala de lo Civil ya ha citado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Tal como ha sido planteado este motivo, no es procedente analizar la motivación fáctica porque al confrontar este motivo con las normas legales, presenta inobservancias de riguroso cumplimiento en contra de la debida técnica casacional que imposibilitan a este Alto Tribunal hacer un estudio de la infracción denunciada. Las inobservancias se pueden resumir en lo siguiente: 1) Haberse producido en el planteamiento del recurso la CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, la cual ya ha sido explicada tantas veces en esta resolución. Es de observar que ha sido un error recurrente en los Recursos de Casación presentados tanto en el presente proceso como en los demás, por faltar a la técnica casacional, por lo que se le recuerda al petente que cada infracción debe atacarse por separado con la debida determinación del gravamen que le causa, señalar meridianamente la consecuencia jurídica negativa que afecta el proceso por su indebida aplicación o interpretación, por consiguiente indicar cuál es la aplicación o interpretación correcta, y la clara determinación del perjuicio existente. Al respecto, sobre la indebida técnica casacional existe abundante jurisprudencia.[3] 2) Es de recordar que cada literal del numeral 1 del articulo 719 del Código Procesal Civil opera con funciones propias e independientes entre si, de tal manera que el literal b) del citado articulo, opera en función de aquellos actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Así es que en otro orden del control casacional del inciso c) del artículo del mencionado texto legal, opera para velar por la forma y contenido de la sentencia, razón por la cual deben invocarse cada uno de ellos en un motivo propio. En cuanto al artículo 903 del Código Procesal Civil que invoca el recurrente, es de señalar que no se encuentra comprendido dentro de las Causales de Casación, consignadas en el artículo 719 del citado Código Procesal Civil. 3) Otro aspecto a señalar, es que el recurrente en su escrito combina en forma indistinta tanto normas materiales al citar los artículos 320 numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del Código Procesal Civil; como las normas sustantivas o de fondo al señalar los Artículos 1497, 1507, 1510, 1510, 1522 del Código Civil; contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva, lo que acentúa la falta de claridad, separación y exhaustividad por parte del recurrente en el presente motivo. 4) También es necesario señalar la limitante que por ley tiene la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, en cuanto a la interpretación y valoración probatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil referente a la exclusión de la revisión probatoria en casación cuando expresa: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2…”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“En este motivo el casacionista insiste que se valore e interprete la prueba, a lo cual esta Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en el sentido que dicha recurrencia es contraria a nuestro ordenamiento positivo, particularmente a lo dispuesto por el artículo 720 del Código Procesal Civil, anteriormente relacionado. Sumado a lo anterior también, el casacionista vuelve a inobservar la técnica casacional en el sentido que en su escrito recursivo, como lo hizo en el primer motivo, a combinar en forma indistinta normas materiales, como ser el artículo 200 del Código Procesal Civil; como nomás sustantivas o de fondo al referirse a los Artículos 1346, 1495, 1524, 2236 del Código Civil, contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva, lo que acentúa la falta de claridad, separación y exhaustividad por parte del recurrente en el presente motivo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Cabe recordar que todo juzgador debe tener presente que no puede pronunciarse sobre el fondo de un recurso cuando existen defectos insubsanables en su forma, como sucede con todo el escrito recursivo, lo que incluye por supuesto este motivo tercero. Nuevamente el impetrante inobserva la técnica casacional en el sentido que en su escrito vuelve, como en el primer motivo, a combinar en forma indistinta normas materiales al referirse a los artículos 206, 207y 208 del Código Procesal Civil, como también al citar normas sustantivas o de fondo, señalando los Artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 872, 873 Párrafo Primero del Código Civil; contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva a que se refiere el articulo 721 numeral 2 en relación con el articulo 704 ambos del Código Procesal Civil, lo que genera una absoluta discordancia entre la causal recursiva, que ataca solamente el fondo y la norma infringida objeto del presente motivo, el cual se sustenta en normas adjetivas y sustantivas, indistintamente. Otro aspecto que precisa mencionar, es que la infracción difiere con lo que se conoce como alegatos de instancia; en que la primera es concreta al establecer un gravamen por la aplicación o interpretación de una norma procesal o material por parte del juzgador, y los segundo, o sea los alegatos de instancia, se refieren a la ampliación de la exposición de los hechos controvertidos y el alcance de las pruebas admitidas para la acreditación de éstos. El recurrente en este Tercer Motivo propiamente se concentra en aportar alegaciones de instancia y no precisamente hace denuncia de alguna infracción. De lo anterior ya la honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, se ha pronunciado en múltiples ocasiones[4]. Aunado a lo anterior, también el casacionista comete el error insubsanable al establecer como infringidos los artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 87 y 873 Párrafo Primero del Código Civil, que forman parte del derecho sustantivo haciendo uso de una causal de casación propia para el derecho adjetivo, en este caso al citar como precepto autorizante el artículo 719 literal a) numeral 1 del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador de Sala, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada como ponente para el conocimiento y redacción del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, representados en juicio por el Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, en su condición de recurrente y recurrido; y la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, representada en juicio por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ en su condición de recurrente y recurrida. Tanto la parte Activa como la Pasiva del proceso han interpuesto el recurso de Casación contra la sentencia dictada por el A Quem. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE UN TESTAMENTO ABIERTO, DEL INSTRUMENTO PUBLICO QUE LO CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL DEL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE LA PROMESA DE VENTA CELEBRADA POR EL SEÑOR CARLOS LICONA GUTIERREZ Y ERNESTO FAJARDO, DE SU CANCELACION EN EL PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS AUTORIZADOS EN EL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SEGÚN INSTRUMENTO NUMERO CIENTO VEINTINUEVE POR EL EXTINTO NOTARIO VIRGILIO DERAS VIDAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA SOLICITUD DE POSESION EFECTIVA DE HERENCIA TESTAMENTARIA, DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE SENTENCIAS DEL INSTRUMENTO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEPARTAMENTO RELATIVO AL TESTAMENTO ABIERTO AUTORIZADO POR EL JUEZ DE PAZ DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DE ESTE DEPARTAMENTO, promovida en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, representada en juicio por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, en su condición de Representante Procesal, contra los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, representados en juicio por el Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha catorce (14) de enero del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE UN TESTAMENTO ABIERTO, DEL INSTRUMENTO PUBLICO QUE LO CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL DEL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE LA PROMESA DE VENTA CELEBRADA POR EL SEÑOR CARLOS LICONA GUTIERREZ Y ERNESTO FAJARDO, DE SU CANCELACION EN EL PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS AUTORIZADOS EN EL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SEGÚN INSTRUMENTO NUMERO CIENTO VEINTINUEVE POR EL EXTINTO NOTARIO VIRGILIO DERAS VIDAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA SOLICITUD DE POSESION EFECTIVA DE HERENCIA TESTAMENTARIA, DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE SENTENCIAS DEL INSTRUMENTO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEPARTAMENTO RELATIVO AL TESTAMENTO ABIERTO AUTORIZADO POR EL JUEZ DE PAZ DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DE ESTE DEPARTAMENTO, promovida en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, representada por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, en su condición de Representante Judicial, contra los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, representados por el Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, dictó sentencia de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, en el sentido de declarar nula la segunda copia de fecha veintiocho de febrero del año mil novecientos noventa y cuatro (28/02/1994), expedida por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, concerniente al instrumento autorizado por el Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, de este Departamento de Santa Bárbara; quedando válido y subsistente la primera copia, del instrumento público (testamento abierto) numero cinco (5) de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y uno (26/11/1991), expedido por RUBEN DARIO TORRES RAMOS, en su condición de Notario Público por misterio de la Ley, a requerimiento del otorgante PEDRO LICONA TORRES, y demás actos que se originan de dicho acto.- SEGUNDO: SIN COSTAS PARA EL APELANTE.- TERCERO: Se le indica al Apoderado Legal de la parte demandante, que contra la presente sentencia cabe el Recurso de Casación.- Y MANDA: Que al ser firme la presente resolución, con certificación de la misma, se devuelvan los autos de la primera pieza al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: Que el Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO; y el de la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, presentaron respectivamente en fecha trece (13) de febrero del año dos mil catorce (2014), sendos escritos de interposición del recurso de casación, contra la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. TERCERO: Mediante autos de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, tuvo por interpuestos y formalizados los recursos de casación presentados por los Abogados EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO y JOSE VIDAL HERNANDEZ, ambos en su condición ya indicada, y asimismo acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronunciaran sobre el contenido de los escritos, debiendo entregársele copia de los mismos. CUARTO: Que el Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO y el Representante Procesal de la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, presentaron en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil catorce (2014) respectivamente, sendos escritos de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, tener por contestados en tiempo y forma los pronunciamientos sobre el contenido de los recursos de casación por parte de los Abogados EDGARDO BENJAMIN JEREZANO y JOSE VIDAL HERNANDEZ, respectivamente, ambos en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO y JOSE VIDAL HERNANDEZ, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas doce (12) y trece (13) de marzo del año dos mil catorce (2014) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo. SEXTO: Siguiendo la prelación en la presentación de los recursos, se analiza el presentado por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, quien plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara literalmente de la siguiente manera: “CAUSALES EN QUE SE FUNDAMENTA EL PRESENTE RECURSO DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION. La sentencia dictada por este Tribunal Ad quem, infringe las normas adjetivas contenidas en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 200.2 letras a), c) y d), 206.2, 207, 208 y 245 del CPC, en relación con los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo 1º y 94 párrafo 1º de la Constitución de la República, relativos a los derechos de Petición y Defensa, y a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Legalidad Procesal y Formal y Valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE. El primer motivo del presente Recurso de Casación, está comprendido en el artículo 719.1, literales b) y c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. Afirmamos que la resolución impugnada infringe las disposiciones procedimentales y constitucionales antes enunciadas, en detrimento de los intereses de mi representada, por las razones siguientes: a) En el encabezamiento de dicha sentencia, este Tribunal Ad quem, omitió consignar el “objeto del proceso”, el cual precisamente constituye el indicado en el ordinal CUARTO del acápite “FUNDAMENTO DE DERECHO” de dicha resolución, consignando en dicho encabezamiento únicamente la frase: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA”. b) En el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, este Tribunal Ad quem, en el ordinal PRIMERO, erróneamente consigna: “los hechos probados primero y segundo, se prueban con el documento público referido a la primera copia del Instrumento Público Número cinco (5) de fecha veintiséis de Noviembre de mil novecientos noventa y uno (26/11/1991), contentivo a testamento abierto otorgado por PEDRO LICONA TORRES, registrado el dos de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el Número noventa y dos (92) del Tomo trescientos treinta (330) del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas”; cuando la que fue inscrita bajo dicho asiento registral fue la segunda copia del Instrumento Público Número cuatro (4), expedida por el Juzgado Primero de Letras Departamental del Santa Bárbara, en fecha veintiocho de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, y a que elude el mismo Ad quem al final del párrafo segundo del ordinal CUARTO del acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO”. c) En el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, de la resolución impugnada, el Ad quem en el párrafo segundo del ordinal CUARTO, alude a la segunda copia del Instrumento Número cuatro como único objeto del proceso de nulidad absoluta de actuaciones, cuando la parte que represento también pretende la nulidad de la primera copia del apócrifo testamento abierto y de sus demás actos posteriores, por adolecer de una serie de incongruencias y errores garrafales, tal como quedó debidamente probado, tanto como la prueba documental pública como con el Reconocimiento Judicial practicado. En el ordinal QUINTO de dicho acápite también en forma errónea e improcedente el Ad quem afirma y consigna que la primera copia del Instrumento Número cinco de fecha 26 de Noviembre de 1991, expedida por el Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, en su condición de Notario Público, la misma cumple con lo que ordena el artículo 55 de la Ley del Notariado, agregando: “no obstante que ciertos bienes del causante PEDRO LICONA TORRES, que señalan en la primera copia del testamento, no corresponde su inscripción en el Registro de la Propiedad de este departamento, como lo señalan las constancias emitidas por este Institución, esto no significa, que por lo anterior no sea válido dicho instrumento, aún y cuando el Ministerio Público, no se haya pronunciado de manera favorable en sus dictámenes, lo cual no es vinculante, encontrando este Tribunal que el testamento abierto reúne con cada uno de los requisitos que se reúne con cada uno de los requisitos que señala la Ley del Notariado que estuvo vigente y el Código Civil”; lo cual es erróneo, en vista que si dicho testamento abierto contiene ciertos bienes cuyas inscripciones regístrales no concuerdan con los mismos, infringiendo con lo resuelto lo dispuesto en el artículo 2313 No. 1ª del Código Civil y los artículos 25, 26, 27, y 35 de la Ley de Propiedad. Lo afirmado por el Ad quem en el sentido de que los dictámenes del Ministerio Público, no son vinculantes, contradice lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Notariado, en relación con el artículo 975 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, y este último en relación, con los artículos 66.3 y el 919 del CPC y artículos 13 y 16, atribución No. 17 de la Ley del Ministerio Público. La parte actora que represento probó fehacientemente un sin número de situaciones anómalas para demandar la nulidad absoluta, tanto de la primera copia como de la segunda del espurio testamento abierto, supuestamente otorgado por don PEDRO LICONA TORRES, ante los oficios del Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara, así como de todos y de cada uno de los actos derivados de dicho Instrumento Público, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1589, 1596 y 1599 del Código Civil. d) En la “PARTE DISPOSITIVA” del fallo impugnado, el Ad quem resolvió DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación que interpuse contra la sentencia de fecha veinticinco de Octubre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, en el sentido de declarar nula la segunda copia expedida por dicho Juzgado el 28 de Febrero de 1994 y dejando válido y subsistente la primera copia del Instrumento Público Número cinco (5) de fecha 26 de Noviembre de 1991, expedido por RUBEN DARIO TORRES RAMOS, en su condición de Notario Público por ministerio de la Ley, a requerimiento del otorgante PEDRO LICONA TORRES, y demás actos que se originen de dicho acto; lo cual no es congruente con lo pretendido y probado por la parte actora en el presente juicio, en violación a lo dispuesto en los artículos 200.2 letra d), 206.3 y 208 del CPC. En el ordinal TERCERO de este acápite, este Tribunal Ad quem en forma improcedente resolvió: “Se le indica al Apoderado Legal de la parte demandante, que contra la presente sentencia cabe el recurso de Casación.”; lo cual viola en primer término el Derecho de Defensa y principios de Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso, instituidos, tanto en los artículos 60, 82, 90 y 94 párrafos 1ros. de la Constitución de la República, como los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 197.2 y 609 del CPC; en vista que excluye a la parte demandada del derecho de recurrir en casación la sentencia ahora impugnada. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION El acápite “NORMATIVA LEGAL APLICABLE” de la sentencia impugnada, infringe los artículos 7, 12.2, 21.2 letra c), 207 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90 párrafo 1º, 96 y 321 de la Constitución de la República; 8, 42, 43, 44 y 2370, reglas 10ª y 15ª y numeral 1º de la excepción de esta última disposición, todos del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE El segundo motivo del presente Recurso de Casación, está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Afirmamos que en el acápite “NORMATIVA LEGAL APLICABLE”, se infringen las disposiciones legales adjetivas y sustantivas arriba indicadas, en vista de que este Tribunal Ad quem fundamenta la presente sentencia, entre otros en los artículos: 1, 8, 9, 11, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 52, 55, 57, 58, 59, 63, 64, y 87 de la Ley del Notariado y en el artículo 1502 numeral 1 del Código Civil; en vista que los artículos de la Ley del Notariado antes mencionados fueron derogados expresamente por el artículo 93 del actual Código del Notariado, vigente desde el 17 de Enero del 2006, y en cuanto al artículo 1502 numeral 1 del Código Civil, fue derogado expresamente por el artículo 921.2 del CPC, vigente desde el 1º de Noviembre del 2010. Por las razones antes expuestas, el Ad quem legalmente no puede fundamentar la sentencia impugnada, en normas o preceptos legales que fueron expresamente derogados; en vista de que si bien es cierto, conforme a la regla 15ª del artículo 2370 del Código Civil: “las solemnidades externas de los testamentos se regirán por la ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigente en la época de la muerte del testador” y de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 2370 antes citado, se exceptúan de esta disposición las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resulten de ellas. Siendo así, aunque las partes no hubiésemos invocado el derecho, es decir, la normativa legal aplicable, o lo hayamos hecho erróneamente, el Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, es decir, de conformidad a la normativa legal vigente y aplicable al caso, en la fecha de la respectiva resolución, conforme a los dispuesto a los artículos 12.5, 206.2 y 701.2 del Código Procesal Civil”. SEPTIMO: Que el Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara de la literalmente de la siguiente manera: I.- PRIMER MOTIVO DE CASACION: EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA, RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO, SIEMPRE QUE ESTE FUERA DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE AL FALLO.- Sustentado en los artículos 719 literales “B” y “C” del Numeral 1, 903 numeral Séptimo del Código Procesal Civil.- En lo que se refiere al error de derecho en la apreciación de la prueba; Artículos infringidos por VIOLACION O FALTA DE APLICACIÓN: 1497, 1513, 1522 del Código Civil; artículos 320 numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del Código Procesal Civil en razón que la prueba a recaído sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretendió obtener en el proceso, violenta una garantía constitucional del debido proceso, los hechos fueron fielmente demostrados y guardan relación lógica con el objeto de la prueba.- Para el esclarecimiento de los hechos controvertidos no lo pusieron de manifiesto que existe suficiencia fundamentación probatoria, porque medios de prueba como LA TESTIFICAL, PERICIAL PRIVADA, RECONOCIMIENTO JUDICIAL, PRESUNCIONES, DOCUMENTAL, INTERROGATORIO DE PARTE DEMANDANTE, se propusieron y evacuaron, en beneficio de mis representados, pero no fueron objeto de valoración objetiva.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS.- Se consideran infringidos los artículos: 093 numeral Séptimo del Código Procesal Civil, en lo que se refiere al error de derecho en la apreciación de la prueba; 1497, 1507, 1510, 1510, 1522 del Código Civil, 320, numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del Código de Procedimientos Civiles.- Resaltaremos lo que sigue: A).- El concepto de la infracción lo explico de la manera siguiente: A folios setenta y uno (71), setenta y dos (72) y setenta y tres (73) de la pieza de autos de primera instancia, obra el TESTAMENTO SOLEMNE abierto o público o nuncupativo, otorgado por el señor, PEDRO LICONA TORRES (Q.D.D.G.), el Dieciséis de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Uno (1,991), ante los oficios del señor Juez de Paz del municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, y Notario por Ministerio de la Ley, lo que lo constituye en DOCUMENTO PUBLICO, por estar investido de la Fe Notarial, según lo prescribe el Artículo 1497 del Código Civil; a folio setenta y tres vuelto, líneas 14 y 15 el testador y causante PEDRO LICONA TORRES (Q.D.D.G.), le asigna a su compañera de hogar CARLOTA GUTIERREZ el terreno descrito en la letra E) que aparece al folio setenta y dos (72) vuelto de la línea dieciocho (18) a la veintitrés (23), propiedad denominada el PENCAL; Así mismo a folios ochenta y tres (83) y ochenta y cuatro (84) de la misma pieza de autos de primera instancia aparece la certificación de la sentencia de fecha veinticinco de Octubre del año dos mil seis, mediante la cual el Juzgado Primero de Letras Departamental del Departamento de Santa Bárbara, declara al Señor CARLOS LICONA GUTIERREZ y CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, HEREDEROS TESTAMENTARIOS del señor Pedro Licona Torres (Q.D.D.G.), inscrita bajo número cincuenta y nueve (59) del tomo treinta y siete (37), del Registro de sentencias, del instituto de la Propiedad del Departamento de Santa Bárbara; ahora bien el señor CARLOS LICONA GUTIERREZ, mediante instrumento numero ciento veintinueve (129) de fecha trece de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, autorizado en la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por el Notario Don VIRGILIO DERAS VIDAL (Q.D.D.G.), cuya copia fotostática debidamente autenticada, figura a folios dieciocho (18) y diecinueve (19), de la pieza de autos de primera instancia, dio en promesa de venta el terreno que manifiesta en dicho documento que es legítimo propietario de los inmuebles que promete vender, y que los mismos los adquirió por herencia testamentaria, de su difunto padre, Pedro Licona Torres, y a folio numero veinte (20) de la pieza de autos de primera instancia, aparece el documento privado debidamente autenticado, mediante el cual la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, madre del señor CARLOS LICONA GUTIERREZ, reconoce haber vendido al demandado señor ERNESTO FAJARDO, el inmueble que le asigno el testador, y el señor Carlos Licona Gutiérrez, hizo entrega al señor Ernesto Fajardo, los antecedentes de dominio que estaban inscritos a favor del causante Pedro Licona Torres, reconociendo la demandante María Carminda Licona Gutiérrez, en el libelo de la demanda que el demandado está en posesión del terreno objeto del juicio; en consecuencia el demandado señor ERNESTO FAJARDO, acredita fehacientemente haber adquirido el inmueble objeto del juicio, de parte del que se reputaba legitimo propietario y de buena fe; la Parte Demandante señora MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, presentó como medio probatorio, la primera copia del instrumento numero seiscientos ocho (608), autorizado en la ciudad de Santa Bárbara, por el Notario ROLANDO DUBON BUESO, el primero de Agosto del año dos mil seis, visible a folio del cinco (5) al ocho (8) de la pieza de autos, mediante la cual acredita que el terreno objeto del juicio le fue donado en parte por los señores JULIAN ANTONIO, VILMA CONSUELO, NORMA AMPARO y ALBA LUZ, todos de apellidos LICONA GUTIÉRREZ, según consta el literal D) de la cláusula primera de dicha escritura, visible a folio, seis (6) frente, líneas de la dieciséis (16) a la veintitrés y cláusula segunda que aparece a folio frente y la otra parte la adquirió por herencia ab-intestato de su padre el señor PEDRO LICONA TORRES, causante de la herencia, así mismo los donantes adquirieron el terreno EL PENCAL, que donaron a la demandante, por herencia también ab-intestato del mismo causante PEDRO LICONA TORREZ; El Tribunal AD-QUEM ha incurrido en error de Derecho en la apreciación de la prueba, en virtud de que la herencia ab-intestato, UNICAMENTE PROCEDE, cuando no existe testamento, según el artículo 958 del Código Civil y está plenamente acreditado en autos que el causante de la herencia, señor PEDRO LICONA TORREZ, otorgó testamento solemne, abierto público o nuncupativo, y que además de estar debidamente registrado ese testamento no fue revocado, ni anulado, por lo que es plenamente válido y en consecuencia LA HERENCIA AB-INTESTATO, del causante de la herencia, es improcedente e infundada y no puede prevalecer sobre EL TESTAMENTO SOLEMNE del señor PEDRO LICONA TORRES; la prueba de confesión propuesta por la parte demandante, para que rindiera confesión la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, que aparece a folios ciento once (111) y ciento doce (112) de los autos de primera instancia, es improcedente, LICONA TORRES, con fecha dieciséis de Noviembre de mil novecientos noventa y uno, ante los oficios del señor Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara y Notario Público, por ministerio de la Ley, mediante el cual dispuso sus bienes, legándole a su compañera de Hogar Carlota Gutiérrez Rivera y cada uno de sus hijos los inmuebles que expuso ser legitimo propietario, de los cuales y antes de tener la declaratoria de posesión de herencia TESTAMENTARIA, el señor CARLOS LICONA GUTIERREZ, prometió vender al señor ERNESTO FAJARDO, tal y como consta en el Instrumento Público que figura a folios dieciocho (18) y diecinueve (19) de la pieza de autos de primera instancia, igualmente la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, en documento privado reconoce haberle vendido el derecho hereditario que le asiste sobre el terreno EL PENCAL, tal y como consta en el documento que figura a folio veinte (20) de la pieza de autos de primera instancia, y la sentencia de posesión de HERENCIA TESTAMENTARIA del señor CARLOS LICONA GUTIERREZ y de la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, figura a folios ochenta y tres (83) y ochenta y cuatro (84) de la pieza de autos de primera instancia, por lo que el testamento surtió sus efectos legales, consecuentemente la herencia ab-intestato de la demandante MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, y de los donantes, carece de validez, por existir el TESTAMENTO VALIDO, y la herencia ab-intestato como quedo explicado, únicamente procede cuando no existe testamento, conforme lo explica el artículo 1039 del Código de Procedimientos Civiles, siendo pues que el Juez A-Quo, viola flagrantemente estos preceptos Jurídicos, por falta de aplicación, al declarar con lugar la demanda y condenar al demandado a restituir el inmueble, de que está en posesión, por la promesa de venta que la hizo el señor CARLOS LICONA GUTIERREZ y el reconocimiento de venta que le hizo la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, en sus condiciones de herederos testamentarios del señor PEDRO LICONA TORRES, tal como se ha explicado antes, lo cual excluye la herencia ab-intestato, dándole el Tribunal Ad-Quem, preferencia y haciendo prevalecer la herencia ab-intestato, sobre el testamento, en vez de hacer prevalecer el testamento sobre la herencia ab-intestato, en abierta y franca violación de las normas Jurídicas indicadas, que en forma clara, precisa y perfecta hacen prevalecer el testamento, sobre la herencia ab-intestato, la cual únicamente suple, la falta de testamento, siendo evidente que la intensión de la Ley, es que prevalezca la voluntad del testador, expresada en el testamento.- En documentos públicos que se allegaron al proceso se demostró: 1.- Que los Demandados con la prueba que señalo a continuación hicieron el descargo de la prueba de la forma que sigue: Hemos logrado que la Demanda formulada por la parten Demandante no solo es infundada sino también es incongruente con los hechos y la realidad de la decisión que tomo el Testador PEDRO LICONA TORRES, ya que el testigo Propuesto señor GREVIL POSAS, a favor de mis representados, no solo tiene el mismo conocimiento de los otros dos testigos que se propusieron, sino que además estuvo presente y escucho de viva voz la voluntad del testador mencionado a favor de los señores CARLOS GUTIERREZ LICONA y CARLOTA GUTIERREZ, es importante destacar que el Testamento que se pretende anular, fue autorizado por un Juez de Paz con una trayectoria intachable, amén de que la Contraloría del Notariado en la fecha en que se autorizó el Testamento no era el encargado de recopilar o almacenar los Protocolos de los Jueces de Paz, ni de los Notarios, sino que en ese momento realizaban tal actividad los Jueces de Letras de la jurisdicción en relación al domicilio de estos Funcionarios dotados de Fe Pública por Ministerio de la Ley, lo que es “desproporcional” al criterio del A-Quem.- 2.- Que al momento de valorar la prueba DOCUMENTAL presentada y evacuada en juicio debió el Tribunal Honorable Corte de Apelaciones valorar que la Demandante MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, no aparece como beneficiaria de los bienes, acciones y derechos que dejara el padre del señor CARLOS LICONA GUTIERREZ por lo que no aparece en su calidad de Heredera Testamentaria en el Testamento que se pretende su Nulidad, la Demandante nunca ha estado en posesión de los terrenos que le pertenecen a los Demandados, no tiene ningún documento que la legitime como dueña de dichos inmuebles, pero esta valoración no la condicionó a lo que establecen los artículos 269 al 273 del Código Procesal Civil, ya que los mismos hacen prueba aun contra terceros del hecho o acto.- C) .- Causa perjuicio a mis representados la Valorización de la prueba al IGNORAR que la parte Actora acompañó abundante prueba DOCUMENTAL que se tuvo por evacuada.- Que es agravioso que el A-Quem en la evacuación de los medios de prueba como el que hizo la misma Honorable Corte Suprema de Justicia el mismo fue ratificado y convalidado por el máximo Tribunal de la República en la Demanda Reivindicatoria de Dominio que en el Juzgado Primero de Letras Departamental presentó la Parte Demandante, no valoró este medio de prueba pues estarían desconociendo el Fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ni tampoco lo valoro como tal.- CONCLUSION: Que en tal razón la valorización de la prueba no está motivada, precisa y razonada bajo sanción de la NULIDAD de la Resolución.- Existe eficacia jurídica hay concatenación jurídica que nos lleva a concluir que la Demandante No acredito los extremos de la acción deducida. II.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Sustentado en el artículo 719 literal “B” del numeral 1 del Código Procesal Civil.- Porque como se verá, la referida sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial no se encuentra arreglada a derecho, pues la misma fue proferida de esa manera en virtud del error de hecho en que incurrió en la apreciación de las pruebas DOCUMENTAL, esta ultima que no se valoro por el A-Quem, infringiendo de esta manera los artículos 1346, 1495, 1524, 2236 del Código Civil.- En la parte dispositiva no dice La Honorable Corte de Apelaciones porque se confirma la Sentencia recurrida parcialmente y si lo hace en desconocimiento de que la Suprema Corte de Justicia convalido el Testamento en su fallo de Casación, en violación abierta al Artículo 200 del Código Procesal Civil, no se consigna, con claridad y la concisión posible las pretensiones de las partes o interesados.- No determina la cantidad objeto de la condena.- Se violenta además el Artículo 1496 del Código Civil en la forma que pueden hacerse las pruebas, Que el A- Quo como el A-Quem en la evacuación de los medios de prueba como el DOCUMENTAL y presunciones judiciales, no valoran debidamente este medio de prueba pues no consignan TAL VALORIZACIÓN EN LA SENTENCIA RECURRIDA. III.- TERCER MOTIVO DE CASACION: Sustentado en el artículo 719 literal “A” Numeral 1 del Código Procesal Civil.- Tiene que ver con que el proceso no se desarrolló por los trámites previstos legalmente, no se respetaron derechos procesales establecidos en la Constitución de la República como el derecho a ser oído y vencido en juicio y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad, siendo esta una Sentencia sin fondo, injusta y sin motivación (DEBIDO PROCESO).- El error de hecho concurriendo con el de derecho, induce la PRESUNCION DE BUENA FE.- El derecho se denomina así porque es justo, es equidad, dar cada uno lo suyo, el derecho nace del hecho, dame el hecho y te daré el derecho, por todo esto es que se recurre la sentencia de mérito.- Entonces como es posible, y de que asidero jurídico el A-Quem, se amparó para fallar de la forma que lo hicieron.- Violando con ellos los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, como es que concluyen para declarar HA LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN IMPETRADO.- Disposiciones infringidas, los artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 872, 873 Párrafo Primero del Código Civil.- El concepto de la infracción lo explico de la manera siguiente: De conformidad con el Artículo 868 del Código Civil, la acción reivindicatoria o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela; El artículo 869 Párrafo Primero del Código Civil, se refiere en lo atinente al caso subjudice, que se trata de una cosa corporal raíz, el inmueble objeto del presente juicio; El artículo 870 del Código Civil, se refiere a que la actora reclama el dominio de la cosa y el artículo 873 del Código Civil, se refiere a que la acción de dominio o reivindicatoria corresponde al que tiene la nuda o plena propiedad, estas normas jurídicas, son aplicables al presente caso, en virtud de que la demandante no es la legítima dueña del predio que pretende reivindicar, sino que el dominio o derecho de propiedad, corresponde a la heredera testamentaria CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, quien fue instituida asignataria por su compañero de hogar PEDRO LICONA TORRES, mediante testamento solemne, abierto, público o nuncupativo por el Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, actuando como Notario, por Ministerio de la Ley mediante instrumento número cuatro, de fecha dieciséis de Noviembre del año mil novecientos noventa y uno, inscrito bajo asiento número noventa y dos (92), tomo trescientos treinta (330), del Registro de la Propiedad y Mercantil de Santa Bárbara hoy Instituto de la Propiedad, como puede apreciarse a folios setenta y uno (71), y setenta y dos (72) y setenta y tres (73) del juicio en la pieza de autos de primera instancia, y siendo que fue declarada heredera TESTAMENTARIA, del señor PEDRO LICONA TORRES, compañero de hogar de la señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, mediante sentencia de fecha veinticinco (25) de Octubre del año dos mil seis, visible a folios ochenta y tres (83) y ochenta y cuatro (84) de la pieza de autos de primera instancia, y siendo que la asignatura reconoció en documento privado debidamente autenticado, haberle vendido su derecho hereditario al señor ERNESTO FAJARDO, visible a folios veinte (20) y veintiuno (21), además de que el heredero testamentario CARLOS LICONA GUTIERREZ, prometió vender al señor demandado ERNESTO FAJARDO, en Instrumento público, haciéndole entrega de los antecedentes y lo puso en posesión del inmueble denominado el PENCAL; por lo que la demanda reivindicatoria de dominio entablada por la señora MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, en contra del señor ERNESTO FAJARDO, basada en unos derechos hereditarios ab-intestato, que adquirió por donación y por su propia declaratoria de heredera ab-intestato del señor PEDRO LICONA TORRES, demanda que le fue declarada con lugar por el A-Quo, carece de validez Jurídica, porque le fue conferida en contra de lo que la Ley manda, haciendo prevalecer una herencia INTESTADA, sobre las disposiciones del testador; asimismo la donación a favor de la señora MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ es ilegal, por estar basada en la tradición de los inmuebles a favor de herederos ab-intestato, lo cual ya expuse fue una declaratoria ilegal por existir el testamento que no fue impugnado, por no existir motivo para ello y el Tribunal Ad-Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, y por consiguiente declarar con lugar la acción reivindicatoria o de dominio contra el demandado señor ERNESTO FAJARDO, quien adquirió de buena fe el inmueble objeto del juicio, ha aplicado indebidamente los artículos indicados, por ser el demandado un poseedor de buena fe, que adquirió de manos de la heredera asignataria del inmueble objeto del juicio, de modo que el tracto dominical se opera desde el causante y testador señor PEDRO LICONA TORRES, a su asignataria o heredera testamentaria señora CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, hasta el demandado señor ERNESTO FAJARDO, siendo pues que a la demandante MARÍA CARMINDA LICONA GUTIERREZ no le corresponde ejercitar la acción reivindicatoria, por no ser dueña legitima del predio que pretendía reivindicar, ni haber sido instituida heredera testamentaria, y al no tomar en cuenta el Tribunal de Alzada, que la demandante asume el título de dueña, que no le corresponde por haber sido obtenido en contra de la Ley al pretender que prevalezca sobre el testamento, la herencia Ab-intestato y en consecuencia la acción reivindicatoria que se le entablo a Mi Poderdante ERNESTO FAJARDO, fue declarada improcedente, y aplica indebidamente los artículos indicados que se refieren a la acción reivindicatoria a favor de la parte actora. CONCLUSION: Que en base a lo esgrimido se aprecia infracción en la fijación de los hechos declarados probados y en su valorización.- Por lo que finalmente esta sentencia está viciada.- El medio de prueba PRESUNCIONES nadie se pronuncio sobre el mismo habiendo sido admitido.- ANTECEDENTES DE HECHO: Que debe contener dicha sentencia, Desconociendo lo Resuelto por la Honorable Corta Suprema de Justicia que convalido el Testamento que hoy se pretende ANULAR. FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Que las pretensiones fueron LA NULIDAD DEL TESTAMENTO ABIERTO, LA POSESION DE HERENCIA el A-QUEM.- Que apreciándose la existencia de infracción procesal que se ordene la NULIDAD de la sentencia, ordenándose la retracción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino, para que decida sobre el fondo.- Revocación de la Sentencia recurrida por infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valorización o en la aplicación o interpretación del derecho o en la decisión de fondo, ya que los mismos están sujetos al PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE FORMA, y siendo que la Sentencia no llena los REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA exigidos por los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil.- El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes en relación a los actos procesales dará lugar a su NULIDAD de acuerdo a lo establecido en los artículos 211, 212.4, 214.1, 215.1, 217 y demás aplicables del Código Procesal Civil, en tal virtud siendo La Sentencia de fecha Catorce de Enero del año Dos Mil Catorce, impugnada mediante el presente Recurso de Casación, violatoria del debido proceso y que determina efectiva indefensión a las Partes Demandadas que represento, por contener defectos de forma que implica ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, no siendo posible formular contra la misma motivos de Casación de fondo que la misma causa, debido a la falta de claridad, precisión, motivación y congruencia, solicito que el Máximo Tribunal de Justicia declare la NULIDAD ABSOLUTA de dicha resolución judicial. DECISION DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que La Honorable Corte Suprema de Justicia vinculada con los motivos alegados por mi persona como Recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica que hemos planteado en el recurso.- Respetando los limites anteriores, para resolver este recurso que emplee las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables a este caso aunque difieran de los señalados por este Recurrente”. II. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en lo siguiente: 1.- Los recurrentes comparecen ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo cada uno de ellos recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha CATORCE (14) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014), proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en los cuales denuncian dos y tres motivos de casación, respectivamente, al amparo de lo que dispone el Articulo 717 del Código Procesal Civil. 2.- PRIMER MOTIVO DE CASACION EN EL RECURSO interpuesto por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ. El casacionista manifiesta en este Motivo: Que la sentencia dictada por el Tribunal Ad quem, infringe las normas adjetivas contenidas en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 200.2 letras a), c) y d), 206.2, 207, 208 y 245 del CPC, en relación con los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo 1º y 94 párrafo 1º de la Constitución de la República, relativos a los derechos de Petición y Defensa, y a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Legalidad Procesal y Formal y Valoración de la Prueba. Continúa el petente afirmando que la resolución impugnada infringe las disposiciones procedimentales y constitucionales antes enunciadas, en detrimento de los intereses de su representada, basándose en las razones siguientes: a) En el encabezamiento de dicha sentencia, el Tribunal Ad quem, omitió consignar el “objeto del proceso”. b) En el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, el Tribunal Ad quem, en el ordinal PRIMERO, erróneamente consigna: “los hechos probados primero y segundo, se prueban con el documento público referido a la primera copia del Instrumento Público Número cinco (5) de fecha veintiséis de Noviembre de mil novecientos noventa y uno (26/11/1991), contentivo a testamento abierto otorgado por PEDRO LICONA TORRES, registrado el dos de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el Número noventa y dos (92) del Tomo trescientos treinta (330) del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas”; cuando la que fue inscrita bajo dicho asiento registral fue la segunda copia del Instrumento Público Número cuatro (4), expedida por el Juzgado Primero de Letras Departamental del Santa Bárbara, en fecha veintiocho de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, y a que elude el mismo Ad quem al final del párrafo segundo del ordinal CUARTO del acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO”. c) En el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, de la resolución impugnada, el Ad quem en el párrafo segundo del ordinal CUARTO, alude a la segunda copia del Instrumento Número cuatro como único objeto del proceso de nulidad absoluta de actuaciones, cuando también se pretende es la nulidad de la primera copia del testamento abierto y de sus demás actos posteriores, por adolecer de una serie de incongruencias y errores garrafales, tal como quedó debidamente probado, tanto como la prueba documental pública como con el Reconocimiento Judicial practicado. Manifiesta además que en el ordinal QUINTO de dicho acápite también en forma errónea e improcedente el Ad quem afirma y consigna que la primera copia del Instrumento Número cinco de fecha 26 de Noviembre de 1991, expedida por el Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, en su condición de Notario Público, la misma cumple con lo que ordena el artículo 55 de la Ley del Notariado, agregando: “no obstante que ciertos bienes del causante PEDRO LICONA TORRES, que señalan en la primera copia del testamento, no corresponde su inscripción en el Registro de la Propiedad de este departamento, como lo señalan las constancias emitidas por este Institución, esto no significa, que por lo anterior no sea válido dicho instrumento, aún y cuando el Ministerio Público, no se haya pronunciado de manera favorable en sus dictámenes, lo cual no es vinculante, encontrando este Tribunal que el testamento abierto reúne con cada uno de los requisitos que señala la Ley del Notariado que estuvo vigente y el Código Civil”; lo que estima el recurrente que es erróneo, en vista que si dicho testamento abierto contiene ciertos bienes cuyas inscripciones regístrales no concuerdan con los mismos, infringiendo con lo resuelto lo dispuesto en el artículo 2313 No.1ª del Código Civil y los artículos 25, 26, 27, y 35 de la Ley de Propiedad. Continúa considerando el impetrante que constituye agravio “Lo afirmado por el Ad quem en el sentido de que los dictámenes del Ministerio Público, no son vinculantes, contradice lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Notariado, en relación con el artículo 975 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, y este último en relación, con los artículos 66.3 y el 919 del CPC y artículos 13 y 16, atribución No. 17 de la Ley del Ministerio Público”. En el planteamiento del recurso continúa el impetrante estableciendo el alcance de su prueba aportada al proceso. d) En la “PARTE DISPOSITIVA” del fallo impugnado, el Ad quem resolvió DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de fecha veinticinco de Octubre del año dos mil trece, en el sentido de declarar nula la segunda copia expedida por dicho Juzgado el 28 de Febrero de 1994 y dejando válido y subsistente la primera copia del Instrumento Público Número cinco (5) de fecha 26 de Noviembre de 1991, expedido por RUBEN DARIO TORRES RAMOS, en su condición de Notario Público por ministerio de la Ley, a requerimiento del otorgante PEDRO LICONA TORRES, y demás actos que se originen de dicho acto; considerando que ello no es congruente con lo pretendido y probado por la parte actora en el presente juicio, en violación a lo dispuesto en los artículos 200.2 letra d), 206.3 y 208 del CPC. Estima el recurrente que en el ordinal TERCERO de este acápite, este Tribunal Ad quem en forma improcedente resolvió: “Se le indica al Apoderado Legal de la parte demandante, que contra la presente sentencia cabe el recurso de Casación.”; con lo cual considera que se viola en primer término el Derecho de Defensa y principios de Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso, instituidos, tanto en los artículos 60, 82, 90 y 94 párrafos 1ros. de la Constitución de la República, como los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 197.2 y 609 del CPC, en vista que excluye a la parte demandada del derecho de recurrir en casación la sentencia ahora impugnada. 2.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE El recurrente en este primer motivo del Recurso de Casación, estima que está comprendido en el artículo 719.1, literales b) y c) del Código Procesal Civil. 2.2.- En cuanto a este motivo recurrente no es puntual en determinar en que consiste la infracción de las normas procesales y constitucionales relativas a lo que disponen los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 200.2 letras a), c) y d), 206.2, 207, 208 y 245 del CPC, en relación con los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo 1º y 94 párrafo 1º de la Constitución de la República, los que expresa que se refieren a normas “relativas a los derechos de Petición y Defensa, y a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Legalidad Procesal y Formal y Valoración de la Prueba”; siendo realmente todas ellas contentivas de principios generales y de estricta observancia en el adecuado desarrollo procesal y por tanto íntimamente vinculados con el otro principio no denunciado, como ser el debido proceso contenido en el articulo 3 del Código Procesal Civil, así como el derecho individual de una respuesta del Estado congruente a una petición de justicia. Por otra parte, la acepción “garrafales” utilizada por el impetrante es muy ambigua, razón por la cual en este motivo le imposibilita concretar cuál es la infracción determinada. Por otra parte, sumado a lo anterior, en la expresión del gravamen, esta Sala de lo Civil se percata que el casacionista hace mención de artículos contentivos de normas sustantivas y especiales derivadas de la Ley del Notariado, del Código Civil y de la Ley de la propiedad. También se percibe que el precepto recurrente invocado por el casacionista para este PRIMER MOTIVO lo sustenta de manera indistinta en el artículo 719.1, tanto en los literales b) y c) del Código Procesal Civil, cuando lo correcto es que cada inciso debe estar comprendido en un motivo individualizado, con sus razonamientos, motivaciones y alcances propios.- Y en el presente caso en la forma como ha sido planteado el recurso por parte del impetrante, donde concatena dos motivos diferentes en un mismo precepto legal, generando con ello una falta de claridad en la pretensión recursiva. Igualmente del análisis del presente motivo, otro defecto que se le encuentra es a lo que se conoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, misma que en la doctrina se refiere cuando establece que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia…”, por ello, una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse en un solo motivo la concentración de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1] De igual manera, la doctrina citada llega a la convicción que “…lo mas elemental de la técnica casacional, exige precisar el concepto en el cual los normas citadas han podido ser infringidas…”[2]. En conclusión, en este motivo el recurrente ha inobservado la técnica casacional por los argumentos siguientes: 1) Denunciar dos causales de casación en un mismo motivo el artículo 719.1, literales b) y c) del Código Procesal Civil; y 2) No especificar una norma infringida determinada, estableciendo una acumulación de artículos que forman un conjunto, pero no un motivo. 3.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION EN EL RECURSO interpuesto por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ. En este motivo el casacionista comparece ante esta jurisdicción sosteniendo que considera que “el acápite NORMATIVA LEGAL APLICABLE de la sentencia impugnada, infringe los artículos 7, 12.2, 21.2 letra c), 207 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90 párrafo 1º, 96 y 321 de la Constitución de la República; 8, 42, 43, 44 y 2370, reglas 10ª y 15ª y numeral 1º de la excepción de esta última disposición, todos del Código Civil. En la explicación del presente motivo afirma que en el acápite “NORMATIVA LEGAL APLICABLE”, se infringen las disposiciones legales adjetivas y sustantivas arriba indicadas, en vista de que el Tribunal Ad quem fundamenta su sentencia, entre otros, en los artículos: 1, 8, 9, 11, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 52, 55, 57, 58, 59, 63, 64, y 87 de la Ley del Notariado y en el artículo 1502 numeral 1 del Código Civil; sosteniendo que la contravención se produce en vista que los artículos de la Ley del Notariado antes mencionados fueron derogados expresamente por el artículo 93 del actual Código del Notariado, vigente desde el 17 de Enero del 2006, y en cuanto al artículo 1502 numeral 1 del Código Civil, fue derogado expresamente por el artículo 921.2 del CPC, vigente desde el 1º de Noviembre del 2010. 3.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE. En el segundo motivo del Recurso de Casación, estima el impetrante que está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. 3.2.- Del estudio de este segundo motivo se aprecia que el recurrente denuncia que la fundamentación jurídica de la sentencia impetrada no es conforme a derecho en vista de que los artículos 1, 8, 9, 11, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 52, 55, 57, 58, 59, 63, 64 y 87 de la Ley del Notariado y el articulo 1502 numeral 1 del Código Civil; sin embargo, el casacionista en su escrito recursivo incumple la técnica casacional propia y obligada que debe observar el impetrante para que prospere la pretensión extraordinaria de casación, tal como imperativamente se deriva de lo establecido en el Artículo 721 numeral 2) relacionándolo con el articulo 704 ambos del Código Procesal Civil, los cuales disponen que en el escrito contentivo del recurso de casación se harán constar los motivos en que se base, conteniendo: a) La expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo; b) Fundamentar con la suficiente separación y claridad cada motivo y norma legal infringida; y c) Precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Contrario a ello el recurrente reincide en el mismo error en la técnica casacional, que como ya se ha hecho mención, es de observancia imperativa. Cabe señalar que otro error que comete el casacionista en el segundo motivo, es el mismo que se ha referido en el Motivo Primero de la presente resolución y lo que, como se repite, la Doctrina reconoce como CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, y sobre la cual esta Sala de lo Civil ya ha citado. 4.- En cuanto al PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, lo argumenta que en “el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente al fallo”.- En la continuación de su escrito recursivo el impetrante considera que existe “…error de derecho en la apreciación de la prueba, habiéndose infringido por violación o falta de aplicación los Artículos: 1497, 1513, 1522 del Código Civil; artículos 320 numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del Código Procesal Civil en razón que la prueba ha recaído sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretendió obtener en el proceso, violentándose la garantía constitucional del debido proceso, los hechos fueron fielmente demostrados y guardan relación lógica con el objeto de la prueba.- Sostiene el impetrante que para el esclarecimiento de los hechos controvertidos no lo pusieron de manifiesto que existe suficiencia fundamentación probatoria, porque medios de prueba como LA TESTIFICAL, PERICIAL PRIVADA, RECONOCIMIENTO JUDICIAL, PRESUNCIONES, DOCUMENTAL, INTERROGATORIO DE PARTE DEMANDANTE, se propusieron y evacuaron, en beneficio de mis representados, pero no fueron objeto de valoración objetiva”.- Según el recurrente se consideran infringidos los artículos: 93 numeral Séptimo del Código Procesal Civil, en lo que se refiere al error de derecho en la apreciación de la prueba; 1497, 1507, 1510, 1510, 1522 del Código Civil, 320, numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del código de procedimientos civiles.- El contenido literal de este primer motivo se encuentra íntegramente transcrito en la presente resolución. 4.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE. El recurrente cita como preceptos autorizantes del presente motivo los artículos 719 literales “b” y “c” del Numeral 1 y 903 numeral Séptimo del Código Procesal Civil. 4.2.- Tal como ha sido planteado este motivo, no es procedente analizar la motivación fáctica porque al confrontar este motivo con las normas legales, presenta inobservancias de riguroso cumplimiento en contra de la debida técnica casacional que imposibilitan a este Alto Tribunal hacer un estudio de la infracción denunciada. Las inobservancias se pueden resumir en lo siguiente: 1) Haberse producido en el planteamiento del recurso la CITA ACUMULADA DE UNA SUCESION DE NORMAS QUE RIGEN DETERMINADA MATERIA, la cual ya ha sido explicada tantas veces en esta resolución. Es de observar que ha sido un error recurrente en los Recursos de Casación presentados tanto en el presente proceso como en los demás, por faltar a la técnica casacional, por lo que se le recuerda al petente que cada infracción debe atacarse por separado con la debida determinación del gravamen que le causa, señalar meridianamente la consecuencia jurídica negativa que afecta el proceso por su indebida aplicación o interpretación, por consiguiente indicar cuál es la aplicación o interpretación correcta, y la clara determinación del perjuicio existente. Al respecto, sobre la indebida técnica casacional existe abundante jurisprudencia.[3] 2) Es de recordar que cada literal del numeral 1 del articulo 719 del Código Procesal Civil opera con funciones propias e independientes entre si, de tal manera que el literal b) del citado articulo, opera en función de aquellos actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Así es que en otro orden del control casacional del inciso c) del artículo del mencionado texto legal, opera para velar por la forma y contenido de la sentencia, razón por la cual deben invocarse cada uno de ellos en un motivo propio. En cuanto al artículo 903 del Código Procesal Civil que invoca el recurrente, es de señalar que no se encuentra comprendido dentro de las Causales de Casación, consignadas en el artículo 719 del citado Código Procesal Civil. 3) Otro aspecto a señalar, es que el recurrente en su escrito combina en forma indistinta tanto normas materiales al citar los artículos 320 numerales 1, 3, 6; 321 numerales 1 y 3; 338, 381 del Código Procesal Civil; como las normas sustantivas o de fondo al señalar los Artículos 1497, 1507, 1510, 1510, 1522 del Código Civil; contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva, lo que acentúa la falta de claridad, separación y exhaustividad por parte del recurrente en el presente motivo. 4) También es necesario señalar la limitante que por ley tiene la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, en cuanto a la interpretación y valoración probatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil referente a la exclusión de la revisión probatoria en casación cuando expresa: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2…” 5.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ Y ERNESTO FAJARDO, Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO.- En este motivo comparece el casacionista denunciado que la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, no se encuentra arreglada a derecho, pues la misma fue proferida de esa manera en vista del error de hecho en que incurrió en la apreciación de las pruebas DOCUMENTAL, pues considera que esta ultima que no se valoró por el A-Quem, ha infringido de esta manera los artículos 1346, 1495, 1524, 2236 del Código Civil.- Manifiesta el petente que en la parte dispositiva no dice la Honorable Corte de Apelaciones porque se confirma la Sentencia recurrida parcialmente y si lo hace en desconocimiento de que la Suprema Corte de Justicia convalido el Testamento en su fallo de Casación, con lo cual afirma que ha existido una violación abierta al Artículo 200 del Código Procesal Civil, pues no se consigna, con claridad y la concisión posible las pretensiones de las partes o interesados.- Señala además que no determina la cantidad objeto de la condena.- Indica que se violenta además el Artículo 1496 del Código Civil en la forma que pueden hacerse las pruebas, ya que tanto el A- Quo como el A-Quem en la evacuación de los medios de prueba como el DOCUMENTAL y presunciones judiciales, no valoran debidamente este medio de prueba pues no consignan tal valorización en la sentencia recurrida. 5.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente sustenta este motivo en el artículo 719 literal “B” del numeral 1 del Código Procesal Civil. 5.2.- En este motivo el casacionista insiste que se valore e interprete la prueba, a lo cual esta Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en el sentido que dicha recurrencia es contraria a nuestro ordenamiento positivo, particularmente a lo dispuesto por el articulo 720 del Código Procesal Civil, anteriormente relacionado. Sumado a lo anterior también, el casacionista vuelve a inobservar la técnica casacional en el sentido que en su escrito recursivo, como lo hizo en el primer motivo, a combinar en forma indistinta normas materiales, como ser el artículo 200 del Código Procesal Civil; como nomás sustantivas o de fondo al referirse a los Artículos 1346, 1495, 1524, 2236 del Código Civil, contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva, lo que acentúa la falta de claridad, separación y exhaustividad por parte del recurrente en el presente motivo. 6.- En cuanto al TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ Y ERNESTO FAJARDO, Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, sostiene el casacionista en el presente motivo la premisa siguiente: “… que el proceso no se desarrolló por los trámites previstos legalmente, no se respetaron derechos procesales establecidos en la Constitución de la República como el derecho a ser oído y vencido en juicio y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad, siendo esta una Sentencia sin fondo, injusta y sin motivación (DEBIDO PROCESO)…” El impetrante considera como disposiciones infringidas, los artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 872, 873 Párrafo Primero del Código Civil, transcribiendo el contenido de cada uno de ellos y que no son aplicables al presente proceso, agregando que “…en virtud de que la demandante no es la legítima dueña del predio que pretende reivindicar, sino que el dominio o derecho de propiedad, corresponde a la heredera testamentaria CARLOTA GUTIERREZ RIVERA, quien fue instituida asignataria por su compañero de hogar PEDRO LICONA TORRES, mediante testamento solemne, abierto, público o nuncupativo por el Juez de Paz del Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, actuando como Notario, por Ministerio de la Ley mediante instrumento número cuatro, de fecha dieciséis de Noviembre del año mil novecientos noventa y uno, inscrito bajo asiento número noventa y dos (92), tomo trescientos treinta (330), del Registro de la Propiedad y Mercantil de Santa Bárbara hoy Instituto de la Propiedad...” Llegando a la siguiente CONCLUSION: Que en base a lo esgrimido se aprecia infracción en la fijación de los hechos declarados probados y en su valorización.- Por lo que finalmente esta sentencia está viciada.- Señala que respecto al medio de prueba PRESUNCIONES nadie se pronuncio sobre el mismo habiendo sido admitido.- Considera además el Impetrante que la Corte Sentenciadora ha estado “desconociendo lo resuelto por la Honorable Corta Suprema de Justicia que convalido el Testamento que hoy se pretende ANULAR” (folios 57-67 primera pieza). De igual forma en una manera confusa el recurrente alega en este mismo motivo que la sentencia no llena los requisitos exigidos por los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil. 6.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El casacionista cita como causal recursiva el artículo 719 literal a) numeral 1 del Código Procesal Civil. 6.2.- Cabe recordar que todo juzgador debe tener presente que no puede pronunciarse sobre el fondo de un recurso cuando existen defectos insubsanables en su forma, como sucede con todo el escrito recursivo, lo que incluye por supuesto este motivo tercero. Nuevamente el impetrante inobserva la técnica casacional en el sentido que en su escrito vuelve, como en el primer motivo, a combinar en forma indistinta normas materiales al referirse a los artículos 206, 207y 208 del Código Procesal Civil, como también al citar normas sustantivas o de fondo, señalando los Artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 872, 873 Párrafo Primero del Código Civil; contraviniendo con ello el orden de recurrencia establecido por la ley adjetiva a que se refiere el articulo 721 numeral 2 en relación con el articulo 704 ambos del Código Procesal Civil, lo que genera una absoluta discordancia entre la causal recursiva, que ataca solamente el fondo y la norma infringida objeto del presente motivo, el cual se sustenta en normas adjetivas y sustantivas, indistintamente. Otro aspecto que precisa mencionar, es que la infracción difiere con lo que se conoce como alegatos de instancia; en que la primera es concreta al establecer un gravamen por la aplicación o interpretación de una norma procesal o material por parte del juzgador, y los segundo, o sea los alegatos de instancia, se refieren a la ampliación de la exposición de los hechos controvertidos y el alcance de las pruebas admitidas para la acreditación de éstos. El recurrente en este Tercer Motivo propiamente se concentra en aportar alegaciones de instancia y no precisamente hace denuncia de alguna infracción. De lo anterior ya la honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, se ha pronunciado en múltiples ocasiones[4]. Aunado a lo anterior, también el casacionista comete el error insubsanable al establecer como infringidos los artículos 868, 869 párrafo primero, 870, 871, 87 y 873 Párrafo Primero del Código Civil, que forman parte del derecho sustantivo haciendo uso de una causal de casación propia para el derecho adjetivo, en este caso al citar como precepto autorizante el artículo 719 literal a) numeral 1 del Código Procesal Civil. 7.- En vista de lo anterior se consideran defectuosas la estructuración de los Recursos de Casación de los cuales esta Sala de lo Civil se ha pronunciado, de conformidad con las causales previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b) …”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas a los recurrentes y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. III. PARTE DISPOSITIVA. Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ en su condición de representante procesal de la señora MARIA CARMINDA LICONA GUTIERREZ, en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte Seccional de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha catorce (14) de enero del año del año dos mil catorce (2014). 2.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO Representante Procesal de los señores CARLOS LICONA GUTIERREZ y ERNESTO FAJARDO, en contra la sentencia proferida por la Honorable Corte Seccional de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha catorce (14) de enero del año del año dos mil catorce (2014). 3.- DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada en fecha CATORCE (14) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) por la Honorable Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, identificado en esta Jurisdicción bajo el número S.C.69-2014. 4.- CONDENA EN COSTAS a las partes recurrentes. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan sus precedentes a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Magistrada Ponente: Abogada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE. FIRMAS. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. MAGISTRADO COORDINADOR. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco días del mes de Mayo de Dos Mil Quince; Certificación del Auto de fecha Trece de Mayo de Dos Mil Quince, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 69=2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[2] Ibidem, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 66 y ss.
[3] Resoluciones números 95-2012 de fecha 17 de Octubre de 2013; 130-2013 de fecha 18 de febrero de 2014; 207-2013 de fecha 20 de mayo del año 2014.
[4] Resoluciones CC 200-2012 de fecha 13 de septiembre del 2013; CC 48-2013 de fecha 11 de Febrero de 2014; CC 109-2013 de fecha 25 de Marzo del 2013.