Sentencia CC-290-14 — Registro 5614
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar nulidad de instrumentos públicos y de sus subsiguientes inscripciones en el instituto de la propiedad. Reivindicación de dominio e indemnización en concepto de daños y perjuicios. Con embargo precautorio urgente y prohibición de celebrar actos y contratos y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Examen de admisibilidad del PRIMER MOTIVO de casación. Este alto tribunal de justicia al practicar el examen de admisibilidad del presente motivo, toma nota de que la recurrente encausa el motivo por la vía del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
Funda su impugnación en los artículos 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
Al momento de delimitar el ámbito del presente motivo de casación, si bien es cierto en un principio transcribe totalmente los artículos mencionados, acota su alegato al indicar, que de conformidad con el numeral 1 del artículo 1586, el contrato de compraventa es nulo de forma absoluta porque carece de precio, siendo este un requisito esencial para su existencia.
El desarrollo o explicación del motivo, lo basa en términos generales, en que el contrato de compraventa carece de precio, porque en este caso éste es irrisorio o no es verdadero.
De la exposición que hace la casacionista en el desarrollo del motivo, la Sala de lo Civil encuentra que el motivo no reúne los requisitos para su admisión.
En primer lugar la recurrente indica la existencia de una contradicción entre lo expuesto por la parte demandada al contestar el hecho quinto de la demanda, en relación con lo contenido en el contrato de compraventa. Este alegato no es un asunto de fondo, sino un supuesto que sólo puede ser encausado por la vía que ofrece la contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal. Pues lo que en realidad cuestiona la casacionista es la interpretación que el juzgador hizo de los hechos en relación con la prueba documental aportada en juicio.
En la forma que se presenta el recurso, la petente contradice el cuadro fáctico aceptado por el juzgador como el válido, conforme a su propia valoración probatoria, o sea los hechos que tuvo el juzgador por acreditados, hecho que contraviene la prohibición expuesta en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil.
En virtud de lo cual procede denegar la admisión del primer motivo de casación, pues con ello ha incurrido en la causal expuesta en el artículo 723.1 del Código Procesal Civil, el cual exige el cumplimiento de las exigencias y requisitos dispuestas en la ley.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Examen de admisibilidad del SEGUNDO MOTIVO de casación. La Sala de lo Civil al practicar el examen de admisibilidad del segundo motivo, observa que la censora no indica la vía mediante la cual encausa su alegato. Causa suficiente de inadmisión de conformidad con lo prescrito en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, que demanda la precisión y la claridad al momento de justificar la incidencia de la infracción que se alega.
Por otra parte la impetrante señala de manera incorrecta que los artículos 200 y 479, ambos del Código Procesal Civil, son normas materiales que resuelven el fondo de litigio; en realidad son normas procesales. El 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y el 479 contiene las reglas para valorar la prueba. Ambas son impugnables únicamente por vía causal que ofrece el artículo 719.1 del Código Procesal Civil.
Por otra parte comete los errores siguientes: a) menciona que el a quo y luego el ad quem no se pronunciaron sobre la demanda reivindicatoria de dominio, es decir señala que se incurrió en el vicio de exhaustividad, sin citar el artículo 206.3 del Código Procesal Civil; b) al referirse a la infracción del artículo 200 del Código Procesal Civil refiere que el juzgador omitió los requisitos formales de la sentencia, sin indicar de manera detallada a cuáles se refería; y c) sin dar cumplimiento al requisito de separación suficiente, alega varios vicios, que debieron ser impugnados en forma separada.
Por todo lo anterior el presente motivo debe ser inadmitido en virtud de que la impetrante ha incurrido en varios errores que se subsumen en la causal comprendida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil quince.
La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO como Coordinador y ponente designado para la redacción de esta resolución, EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES:
Los señores JUAN PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA y MARÍA ANASTACIA GUILLÉN, representados en juicio por la abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores HILDA AZUCENA GUILLÉN y JUAN BAUTISTA OCHOA GARCÍA, representados en juicio por la abogada CLAUDIA GEORGINA REYES ORDOÑEZ.
OBJETO DEL PROCESO:
DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. REIVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SE SOLICITA EMBARGO PRECAUTORIO URGENTE Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de abril del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, por la abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, en su condición de apoderada legal de los señores PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA, MARÍA ANASTACIA GUILLÉN, contra los señores JUAN BAUTISTA GARCÍA OCHOA e HILDA AZUCENA GUILLÉN.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, conociendo por vía de apelación confirmó la sentencia definitiva de fecha uno de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. REIVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SE SOLICITA EMBARGO PRECAUTORIO URGENTE Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de abril del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, por la abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, en su condición de apoderada legal de los señores PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA, MARÍA ANASTACIA GUILLÉN, contra los señores JUAN BAUTISTA GARCÍA OCHOA e HILDA AZUCENA GUILLÉN.
El fallo que fue confirmado en segunda instancia literalmente dice:
“FALLA; PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA NULIDAD DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y DE SUS SUBSIGUIENTES INSCRIPCIONES EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. REIVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CON EMBARGO PRECAUTORIO URGENTE Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS promovida por abogada la ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA actuando en representación de los señores PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA y MARÍA ANASTACIA GUILLÉN contra los señores JUAN BAUTISTA GARCÍA OCHOA e HILDA AZUCENA GUILLÉN ambos de generales ya expresados en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SIN COSTAS”.
SEGUNDO: La representante procesal de los señores JUAN PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA, MARÍA ANASTACIA GUILLÉN, abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, presentó en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle.
TERCERO: Mediante auto de fecha uno de abril del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, presentado por la abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, en su condición ya indicada, y acordó conceder a la parte contraria el término de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.
CUARTO: Que mediante auto de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, tuvo por precluido el término para la oposición del recurso de casación para la contraparte, ordenando en consecuencia remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este tribunal, la abogada CLAUDIA GEORGINA REYES ORDOÑEZ, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, y una vez visto el informe rendido por la secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personada de manera extemporánea, en virtud de que el plazo dispuesto por la ley ya había vencido.
SEXTO: Que la parte recurrente, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de la siguiente manera:
“MOTIVOS POR LAS CAUSALES DEL ART. 719.2. LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO. Infracción de los arts. 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El art. 1586 dice…hay nulidad absoluta en los actos y contratos. 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.” El art. 1610 dice: “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.” Por manera, honorable corte, que el art. 1586 transcrito, contiene los supuestos de nulidad absoluta regulados en el Código Civil para los actos o contratos, Y SIENDO EL PRECIO EN LA COMPRAVENTA UN ELEMENTO ESENCIAL A DICHO CONTRATO, resulta que la falta del precio, por ser irrisorio o no ser verdadero, encaja en uno de los supuestos del numeral 1 del art. 1586 citado, esto es, CUANDO EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA FALTA ALGUNA DE LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA SU EXISTENCIA, COMO LO ES EL PRECIO. Al contestar la demanda en el hecho quinto, el demandado afirmó que el vendedor le dio la cantidad de L. 1,250.00, como valor o precio por la compra del terreno de mérito, o sea, con esa afirmación está alterando el contenido del documento público donde se consignó la compraventa y, por ende, claramente exterioriza que el vendedor y comprador en realidad no convinieron en el precio, pues el precio no fue verdadero, lo que contradice el contenido del art. 1610, del mismo Código Civil, trascrito, el cual cuando alude que comprador y vendedor hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, sin duda que a éste se refiere porque es verdadero, no como en el caso de autos donde el demandante- vendedor- afirma que no existió precio y, el demandado- comprador- dice que si existió precio pero este elemento en la compra venta no es verdadero, porque su derecho lo sostiene una escritura pública que él mismo altera con su afirmación de que dio una cantidad diferente a la supuestamente pactada, de suerte que él mismo contradice la fe notarial del fedatario que autorizó el instrumento público. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mis representados. Este motivo se halla comprendido en el art. 719.2. Causales del recurso, del Código Procesal Civil vigente, en la parte que dice.2. IGUALMENTE SE PODRÁ IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO.” SEGUNDO. MOTIVO. Infracción de los arts. 479 EN RELACIÓN CON EL ART. 200 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. POR OMISIONES EN SUS APLICACIONES AL FALLO IMPUGNADO. Que el ad quem, al confirmar el fallo del a quo, hace suyos todos los considerandos del a quo, y por lo mismo comete los mismos yerros que el fallador de primera instancia. Ya Que el ad quem, no se pronunció sobre la demanda reivindicatoria de dominio, debidamente acreditada en los autos de primera instancia como se deja relacionado en estos agravios. Asimismo, violentó por omisión, los artículos 479 en relación con el artículo 200, del Código Procesal Civil. Y al confirmar un fallo diminuto, lo vicia de nulidad absoluta. En el fallo del a quo, no dio cumplimiento al art. 479 citado, ya que no determinó en base a qué principio de valoración, sustentó su fallo, omiso, mismo yerro, al omitir el art. 200.2 literales, a, b, c, y, d. Y como el ad quem, al hacer suyos los considerandos del a quo, cometió sus mismos yerros in judicando, ya que no se pronunciaron sobre ellos. IDENTIFICACIONES DE LOS VICIOS U OMISIONES QUE LO CAUSAN. El vicio o yerro que causa esos agravios, consiste en errores ante de la emisión de la sentencia y en la estructuración misma de la sentencia, que dan lugar tanto a la infracción de ley procesal como ser la de los artículos 479 en relación con el artículo 200.2, del Código Procesal Civil, a la infracción de ley material, o sea, de las normas jurídicas empleados, para resolver el fondo del litigio, infracciones que se dejan desarrollados en los motivos antes expresados. PRONUNCIAMIENTO O PARTE DEL QUE SE IMPUGNA. Como en este proceso el fallo impugnado es la sentencia de fecha 4 de febrero del año 2014, emitida por la honorable Corte Seccional de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, sentencia que confirma la sentencia dictada por el a quo, entonces el honorable tribunal de alzada ha hecho suyos los considerandos y parte resolutiva o fallo de la sentencia de primera instancia, donde se encuentran los pronunciamientos atacados por esta impugnación. Honorable Sala de lo Civil, queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudican a mis representados”.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación.
Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: se declare de iure la firmeza de la resolución recurrida, se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la corte de apelaciones correspondiente.
En caso de declarar la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil en relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto, la fijación directa de día para la votación y fallo.
2.- Examen de admisibilidad del PRIMER MOTIVO de casación. Este alto tribunal de justicia al practicar el examen de admisibilidad del presente motivo, toma nota de que la recurrente encausa el motivo por la vía del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
Funda su impugnación en los artículos 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
Al momento de delimitar el ámbito del presente motivo de casación, si bien es cierto en un principio transcribe totalmente los artículos mencionados, acota su alegato al indicar, que de conformidad con el numeral 1 del artículo 1586, el contrato de compraventa es nulo de forma absoluta porque carece de precio, siendo este un requisito esencial para su existencia.
El desarrollo o explicación del motivo, lo basa en términos generales, en que el contrato de compraventa carece de precio, porque en este caso éste es irrisorio o no es verdadero.
De la exposición que hace la casacionista en el desarrollo del motivo, la Sala de lo Civil encuentra que el motivo no reúne los requisitos para su admisión.
En primer lugar la recurrente indica la existencia de una contradicción entre lo expuesto por la parte demandada al contestar el hecho quinto de la demanda, en relación con lo contenido en el contrato de compraventa. Este alegato no es un asunto de fondo, sino un supuesto que sólo puede ser encausado por la vía que ofrece la contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal. Pues lo que en realidad cuestiona la casacionista es la interpretación que el juzgador hizo de los hechos en relación con la prueba documental aportada en juicio.
En la forma que se presenta el recurso, la petente contradice el cuadro fáctico aceptado por el juzgador como el válido, conforme a su propia valoración probatoria, o sea los hechos que tuvo el juzgador por acreditados, hecho que contraviene la prohibición expuesta en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil.
En virtud de lo cual procede denegar la admisión del primer motivo de casación, pues con ello ha incurrido en la causal expuesta en el artículo 723.1 del Código Procesal Civil, el cual exige el cumplimiento de las exigencias y requisitos dispuestas en la ley.
3.- Examen de admisibilidad del SEGUNDO MOTIVO de casación. La Sala de lo Civil al practicar el examen de admisibilidad del segundo motivo, observa que la censora no indica la vía mediante la cual encausa su alegato. Causa suficiente de inadmisión de conformidad con lo prescrito en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, que demanda la precisión y la claridad al momento de justificar la incidencia de la infracción que se alega.
Por otra parte la impetrante señala de manera incorrecta que los artículos 200 y 479, ambos del Código Procesal Civil, son normas materiales que resuelven el fondo de litigio; en realidad son normas procesales. El 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y el 479 contiene las reglas para valorar la prueba. Ambas son impugnables únicamente por vía causal que ofrece el artículo 719.1 del Código Procesal Civil.
Por otra parte comete los errores siguientes: a) menciona que el a quo y luego el ad quem no se pronunciaron sobre la demanda reivindicatoria de dominio, es decir señala que se incurrió en el vicio de exhaustividad, sin citar el artículo 206.3 del Código Procesal Civil; b) al referirse a la infracción del artículo 200 del Código Procesal Civil refiere que el juzgador omitió los requisitos formales de la sentencia, sin indicar de manera detallada a cuáles se refería; y c) sin dar cumplimiento al requisito de separación suficiente, alega varios vicios, que debieron ser impugnados en forma separada.
Por todo lo anterior el presente motivo debe ser inadmitido en virtud de que la impetrante ha incurrido en varios errores que se subsumen en la causal comprendida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 715, 716, 717, 718, 719, 721.2, 723.2, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos, formalizado por la abogada Elty Fabiola García Carranza, actuando en su condición de representante procesal de los señores JUAN PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN y otros, contra la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en relación con la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. REIVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SE SOLICITA EMBARGO PRECAUTORIO URGENTE Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de abril del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, por la abogada ELTY FABIOLA GARCÍA CARRANZA, en su condición de apoderada legal de los señores PEDRO ÁNGEL GUILLÉN ESTRADA, JULIA MARIETA GUILLÉN, MAGDALENA GUILLÉN, AIDA PETRONA GUILLÉN ESTRADA, MARÍA ANASTACIA GUILLÉN, contra los señores JUAN BAUTISTA GARCÍA OCHOA e HILDA AZUCENA GUILLÉN. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce por la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en el expediente de segunda instancia número C 33-13, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 434-09, del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Raúl Antonio Henríquez Interiano. NOTIFÍQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA