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Sentencia CC-286-14 — Registro 5613

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria para que se decrete la nulidad absoluta de una escritura matriz, su primera copia su inscripción registral y demás actos derivados de la misma que se decrete accesoriamente la reivindicación de un inmueble y que judicialmente se ordene se firme traspaso de derechos reales sobre parte acciones o derechos sobre un bien raíz y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Analizado por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia los antecedentes del escrito que pretende el recurso extraordinario de casación; de la simple lectura de la sentencia impugnada se revela que la misma no hace pronunciamiento alguno sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RUBÉN DARÍO MATEO GALÁN, en su condición de representante procesal de la entidad IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA INDEPENDIENTE, contra la sentencia dictada por el Juzgado A Quo, que en la parte conducente del fallo dispone: “…DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación..” Lo anterior se deriva de la motivación fáctica y jurídica establecida en el numeral tercero de la fundamentación jurídica que reza: “…que el recurso se presentó en tiempo y forma, pero que el mismo no puntualizó concretamente cuales son los agravios que le originó la sentencia recurrida a su representada… por lo cual al encontrarnos frente a unos agravios inexistentes; es imposible determinar cual fue el daño o violación que le produjo indefensión o que de alguna manera violento sus derechos…” confirmando, por ende la sentencia recurrida. Cabe resaltar que es deber del Ad Quem pronunciarse de conformidad a la procedencia del recurso, en otras palabras dar respuesta a una justicia rogada, para garantizar el debido funcionamiento de un Estado de Derecho y en los casos procedentes se tomará en cuenta lo establecido en los artículos 713 y 715 del Código Procesal Civil. Y si el A Quo inadmite el recurso de Apelación procede el acto impugnatorio de Queja.

3.- La resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, no es correspondiente con el principio de doble instancia contemplado en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República y 14 del Código Procesal Civil, incumpliendo con ello la garantía de tutela judicial efectiva en el ámbito jurisdiccional, en donde las resoluciones de primera instancia pueden ser conocidas por su superior inmediato, mediante el recurso de apelación.

4.- Siguiendo el orden de ideas del numeral anterior, se extracta el pensamiento doctrinal del Doctor en Derecho L. Alfredo de Diego Diez mediante el cual sostiene: “Pero el derecho de acceso a la tutela judicial no es un simple derecho infraconstitucional; por el contrario, tiene su asidero en la hondureña. La Constitución de la República de Honduras asegura a sus habitantes el goce de la justicia (art.1) Este valor supremo compromete al legislador y a todos los poderes públicos, exigiéndoles establecer los cauces adecuados para proporcionar al justiciable una tutela judicial efectiva desde los órganos del Poder Judicial (arts. 303, 304 y 305 de la Constitución de Honduras). No en vano el artículo 82 de la Constitución declara que el derecho de defensa es inviolable y, en consecuencia, que . De ahí que, ya con suma claridad, el articulo 1 del Código Procesal Civil reconozca a todas las personas el derecho de acceso a la justicia y obtener de jueces y tribunales una tutela efectiva…”[1]

5.- Como puede apreciarse en los numerales anteriores, el criterio de la Sala de lo Civil es consecuente con la doctrina, ya que ambos concuerdan que la resolución dictada por el Ad Quem deja en absoluta indefensión al apelante al omitir un fallo de instancia, tal como lo establece el artículo 305 de la Constitución de la República. También cabe señalar que la resolución proferida por ese Tribunal es un boceto de las que profiere la Corte Suprema de Justicia, modelo erróneo a seguir, ya que siendo el más Alto Tribunal de Justicia, no pueden servir como ejemplo de aplicación por los órganos jurisdiccionales de instancia, ya que las mismas se caracterizan por su función nomofiláctica, es decir por: “la función o cometido de ciertos tribunales que, al tener atribuida la competencia de definir el derecho objetivo, atienden en sus sentencias más a esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las partes del proceso”[2]. Caso contrario ocurre con las Cortes de Apelaciones y los Juzgados, que para proferir una sentencia deben concretarse al debate, el celo en el cumplimiento de los diversos puntos en que pueda verse afectado el debido proceso, la valoración probatoria, la sana crítica, entre otros[3]. Dicho de otra forma, hay que diferenciar las dos clases de recursos procesales: los ordinarios y los extraordinarios. Entendiéndose que los recursos ordinarios son los que permiten impugnar la resolución por cualquier causa o motivo. Por su lado, los recursos extraordinarios, por el contrario, son aquéllos en que la resolución objeto de recurso únicamente puede ser atacada con fundamento en alguno de los concretos motivos o causas de impugnación previstos expresamente en la ley (articulo 719 Código Procesal Civil). En los recursos ordinarios se garantiza el proceso y en los extraordinarios la aplicación e interpretación de la norma.

6.- El recurso de apelación interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN en representación procesal de la Entidad IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA INDEPENDIENTE, en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil catorce (2014), DEBE tener un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones competente en cuanto a la procedencia o no de los agravios deducidos o que se pretende deducir, ya que como se ha expresado a lo largo de la presente resolución, es deber constitucional de quien conoce este recurso ordinario dar respuesta al mismo, con la debida claridad, precisión y exhaustividad, salvo por las excepciones establecidas en la ley.

7.- Resulta oportuno persuadir a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, como a todas las Cortes en general, que es un deber velar por la observancia que en los Juzgados como en sus propias resoluciones se cumplan y respeten las normas de redacción de las sentencias comprendidas en el articulo 200 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere al contenido formal de las sentencias.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada ponente para el conocimiento y redacción del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La Sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL S.A., representada en juicio por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS; en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora SABINA YOLANDA GUITY NUÑEZ, representada en juicio por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA ASI COMO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE LOS CONTIENEN, CANCELACION DE INSCRIPCIONES REGISTRALES ASI COMO SUS ANOTACIONES MARGINALES, promovida por la señora SABINA YOLANDA GUITY NUÑEZ, en fecha once (11) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, representada por la Abogada NORMA ISABEL TALBOTT, contra la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, representada por el entonces señor Alcalde Municipal GONZALO RIVERA OCAMPO, y contra los señores FRANCISCO TOMAS VELASQUEZ CARDONA y la Sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANONIMA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha treinta (30) de mayo del año dos mil trece (2013), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA ASI COMO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE LOS CONTIENEN, CANCELACION DE INSCRIPCIONES REGISTRALES ASI COMO SUS ANOTACIONES MARGINALES, promovida en fecha once (11) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por la señora SABINA YOLANDA GUITY NUÑEZ, representada por la Abogada NORMA ISABEL TALBOTT, en su condición de Apoderada Legal, contra la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, representada por el entonces Alcalde Municipal GONZALO RIVERA OCAMPO y contra el señor FRANCISCO TOMAS VELASQUEZ CARDONA y la Sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANONIMA, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la cual falló de la siguiente manera: “FALLO: 1.- DECLARA A LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE QUE SE HA HECHO MERITO 2.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.- 3.- SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA ASÍ COMO DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS CONTIENEN. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES REGISTRALES ASÍ COMO SUS ANOTACIONES MARGINALES, promovida por la Señora SABINA YOLANDA GUITY NÚÑEZ, en contra de LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; FRANCISCO TOMAS VELASQUEZ CARDONA y LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAN MIGUEL S.A. representada por el Señor MIGUEL J. KAWAS.- 4.- EN CONSECUENCIA SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS COMPRA VENTAS: LA CONTENIDA EN INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 127 DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.- LA CONTENIDA EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 1089 DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 5.- SE ANULA LAS INSCRIPCIONES REGÍSTRALES DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS RESEÑADOS EN EL NUMERAL QUE ANTECEDE Y REGISTRADOS ASÍ: LA CONTENIDA EN EL ASIENTO NÚMERO 04 DEL TOMO 407 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO TOMAS VELASQUEZ CARDONA; Y LA CONTENIDA EN EL ASIENTO NÚMERO 43 DEL TOMO 563 A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAN MIGUEL S.A. REPRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL J. KAWAS; AMBAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS, DE ESTA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ACTUALMENTE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- 6.- Con Costas”.

SEGUNDO: La Representante Procesal de la Sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL, S.A., Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS, presentó en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida.

TERCERO: Mediante auto de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil trece (2013), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto el recurso de Casación por parte de la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS, en su condición ya indicada y acordó entregar copia del Recurso de Casación a la parte contraria para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo.

CUARTO: El Representante Procesal de la señora SABINA YOLANDA GUITY NUÑEZ, Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tener por contestado el Recurso de Casación por parte del Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados OMAR PEÑA ORELLANA y SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas ocho (08) y trece (13) de agosto del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en sus cinco motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “MOTIVOS O CAUSALES DE CASACIÓN EN QUE SE BASA EL RECURSO. MOTIVO, PRIMERA CAUSAL: Infracción de los artículos 10.2 206, 207, 208 del Código Procesal Civil; por virtud de que la sentencia acusada no es clara, precisa ni exhaustiva mucho menos congruente, habida cuenta de que las pretensiones principales de la demandante es pedir la Nulidad de dos Contratos de Compra Venta así como de los Instrumentos Públicos que los contienen, Cancelación de Inscripciones Registrales así como sus anotaciones marginales.- Hay violación a dichas normas en virtud de que el fallo de la Corte lo hace basado en una Escritura Publica contentiva de un dominio útil otorgado por la Municipalidad de La Ceiba el 27 de noviembre de 1918 a don Marco Antonio Pizzatti como representante de sus menores hijos Héctor Raúl y Heriberto Enrique Pizzatti en escritura pública autorizada por el Notario Simón Reyes J. e inscrita con el Número 768 folios 404 al 405 del Tomo 3 del Libro Registro de la Propiedad de esta Sección Judicial, tal de lo que consta también con la Certificación extendida por el Secretario Municipal de esta ciudad, de la sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de Noviembre de 1,918 donde queda plenamente establecido que el señor Marco Antonio Pizzatti en representación de sus menores hijos Héctor Raúl y Heriberto Enrique Pizzatti solicitó el dominio útil de dos fincas (entiéndase que la fracción en litigio forma parte de una de las fincas), dominio útil que fue autorizado según consta en la Certificación entendida por la Municipalidad y que corre agregada a folio doscientos cuarenta y tres del expediente de mérito. Que el terreno en disputa posteriormente fue vendido al señor Salomón Guity para luego ser traspasados a la demandante siempre derivado de un dominio útil y no de un dominio pleno como fue probado con los documentos e inspecciones judiciales practicadas. La Corte de Apelaciones sin hacer previamente una relación y estudio a profundidad sobre la prueba aportada por las partes, ya que en el numeral tres de sus fundamentos de derecho en la sentencia hace un pronunciamiento directo respecto al fallo dictado en fecha catorce (14) de diciembre del dos mil doce (2,012) por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba.- A este respecto cabe destacar que la sentencia que se recurre mediante Casación es contraria a todas luces a derecho, violatoria de disposiciones legales de cumplimiento obligatorio, ya que consta plenamente de autos que mi representada adquirió el inmueble objeto de disputa mediante compra que hizo al señor Francisco Tomas Velásquez Cardona en escritura pública número Ciento Veintisiete (127) de fecha 31 de marzo del año 1,995 otorgada ante los oficios del Notario Pablo Wildt Rittenhouse, quien adquirió dicho inmueble en legal y debida forma mediante venta en dominio pleno que le hizo la Municipalidad de La Ceiba, legitima propietaria del inmueble ya que el dominio nunca salió de su masa patrimonial.- Y a este respecto es de suma importancia procesal establecer la diferencia ente Dominio útil y Dominio Pleno y al efecto veamos: DOMINIO UTIL: Esta conceptuado en general como la facultad de aprovechar las utilidades o beneficio de la cosa, el derecho de percibir todos los frutos de un bien a cambio de una prestación o tributo casi siempre anual que se paga a quien conserva el dominio directo del mismo.- Aunque su condición jurídica difiera por considerarlo solo poseedor gratuito cabe asimilar a ellos en este aspecto al usufructuario.- DOMINIO DIRECTO: Es el que se reserva el propietario que cede el dominio útil de una cosa.- El dueño del dominio directo conserva el derecho a percibir ciertos frutos pensiones en metálico; y puede enajenar su dominio.- DOMINIO PERFECTO PLENO: El poder que uno tiene sobre una cosa para percibir sus frutos, excluir a los demás Y ENAJENARLA. Está plenamente establecido en el derecho que el Dominio Útil es el que comprende todas las facultades sobre algo, salvo los reservados al Dominio Directo y para el derecho Civil el Dominio es la facultad de usar y de disponer de algo y en especial de lo que por eso es propio. En tal virtud la sentencia recurrida en Casación es improcedente conforme a derecho ya que lo probado por la demandante es un supuesto Dominio Útil no un Dominio Pleno y si fue probado por mi representado que la Municipalidad de La Ceiba, siempre conservó su Dominio Pleno, por lo que pudo disponer libremente de él, por lo que la venta hecha al señor Francisco Tomas Velásquez Cardona se encuentra conforme a derecho reuniendo el contrato celebrado los tres requisitos establecidos para la validez de la misma como ser Consentimiento, Objeto y Causa. Además la Sentencia recurrida anula, dice ella, las Compra Ventas lo cual es improcedente a todas luces conforme a derecho ya que como antes se dijo el Contrato celebrado entre la Municipalidad y el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona, es completamente válido MOTIVO, SEGUNDA CAUSAL: Infracción al artículo 207 del Código Procesal Civil respecto a la motivación: 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho.- 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.- La Corte de Apelaciones infringe dicha disposición legal, ya que de la simple lectura de la sentencia objeto de Casación se ve que la misma no se encuentra motivada, hace un pronunciamiento inclusive antes de hacer un análisis profundo sobre la prueba presentada, prueba que a continuación nos permitimos relacionar. DE LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE: 1.- En estricto derecho, la parte demandante no presenta ningún medio de prueba para acreditar los hechos de su demanda, presenta un instrumento público que se refiere a un Dominio Útil siendo claro entonces que la Municipalidad de La Ceiba, se había reservado la propiedad absoluta sobre el inmueble en disputa por lo que dicho medio de prueba fue desestimado de plano por el juez A-quo, debiendo hacer lo mismo la Corte de Apelaciones. 2.- La parte demandante presenta como prueba una sentencia dictada en otra causa por la Corte Suprema de Justicia relativa a una Tercería de Dominio pero en el expediente está claro que lo que tenía la denunciante es un dominio Útil, además esa sentencia bajo ninguna circunstancia constituye jurisprudencia, aparte que se refiere a un caso distinto de la demanda objeto de este recurso. DE LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA.- La cual no fue analizada y apreciada por la Corte de Apelaciones. 1.- Los demandados al proponer sus medios de prueba consistentes en documentales e inspecciones judiciales mismas que fueron evacuadas en su oportunidad por la Juez A-Quo y que sostienen al unísono que el derecho dominical que ostentaba La Municipalidad de La Ceiba y que posteriormente ostentó el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona ya que antes de cederle el dominio pleno a mi representada Inversiones San Miguel S.A. el dominio pleno de él, deriva del Dominio Pleno de los ejidos Municipales de la Corporación Municipal de La Ceiba, con la inspección judicial practicada se constató que el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona tiene el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal inscrito a su favor bajo el asiento número 4 del Tomo 407 del Registro de la Propiedad de esta ciudad, y que corresponde sobre un terreno con una extensión superficial de 6.40 de manzana ubicado en la aldea Piedra Pintada; constatándose además que bajo el asiento número 43 del Tomo 563 de ese mismo registro, la operación y enajenación de dominio sobre el mismo terreno entre el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona y la sociedad Inversiones San Miguel S.A. 2.- Se pudo constatar, mediante Inspección Judicial como medio de prueba número tres denominada Inspección Judicial número Dos y que obra a folio 305, que en efecto el terreno en disputa fue ejido municipal, asimismo mediante Inspección Judicial ofertada por los demandados y evacuada oportunamente por la señora Juez, se constató que la Corporación Municipal de La Ceiba, como dueña de los ejidos ubicados en esta demarcación municipal, de acuerdo al Tomo Uno del año 1918 que obra en esa secretaría municipal, que a folios 328 y 329 consta la Certificación que contiene el Punto de Acta número 3 que se refiere al otorgamiento en Dominio útil sobre el terreno en disputa a favor de los menores Héctor Raúl y Enrique Pizzatti, pero no en Dominio Pleno, concatenado al documento que obra a folio 243 y vuelto arrojando esta prueba que la Corporación Municipal de La Ceiba aún conservaba el derecho dominical sobre ese terreno, de lo que se colige que en cualquier tiempo podía disponer de su derecho dominical sobre el referido inmueble en disputa según consta a folio 182 y vuelto, con lo cual se deduce la no existencia de otorgamiento de dos dominios plenos sobre el mismo inmueble. 3.- Quedó plenamente acreditado con el medio de prueba número tres denominado Inspección Judicial Número Dos propuesto por la parte demandada y que obra a folio 305 que el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona, tramitó la obtención dominical del terreno en disputa ante la Corporación Municipal, de esta ciudad, para luego venderlo a la sociedad mercantil denominada Inversiones San Miguel S.A. tal como consta a folio 305 mediante inspección judicial, unida la misma a la inspección que corre a folio 306, donde se constató la intervención que tuvo en aquel entonces el señor Luís Blanco como Síndico Municipal, y que la falta de ese pedazo de papel que deja incompleta la frase si es útil o pleno el dominio que se le otorga a la familia Pizzatti, tomando como referencia el contenido de la inspección que obra a folio 305, por lógica tuvo que ser la palabra útil. 4.- Con el Medio de Prueba número Seis denominado Documental mi representada prueba que se han pagado religiosamente los impuestos municipales, constando esto a folios 251 y 252 del expediente de mérito, probando con esto el dominio y posesión del bien inmueble. De todo lo anteriormente expuesto, se colige claramente que la sentencia recurrida no contiene los razonamientos fácticos y jurídicos, no haciendo el ponente del fallo y la misma Corte, una apreciación y valoración de la prueba presentada y evacuada, asimismo no hace una motivación respecto a los elementos prácticos y jurídicos propios del pleito. MOTIVO, TERCERA CAUSAL: Por infracción del artículo 268.1 en relación con la causal que antecede.- Dicha disposición legal establece que el juzgado o tribunal considerará en la sentencia como ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si ha intervenido en ello personalmente, a este respecto el demandado, señor FRANCISCO TOMAS VELÁSQUEZ CARDONA al firmar la escritura de Compra Venta a favor de la Sociedad que represento reconoce plenamente que está vendiendo un bien inmueble plenamente identificado y que es de su legítima propiedad al haberlo adquirido en dominio Pleno de la Municipalidad de La Ceiba. MOTIVO, CUARTA CAUSAL: Infracción al artículo 271.2 que establece que son documentos públicos a efecto de prueba en el proceso los otorgados ante o por Notario, según la ley de la materia la Corte de Apelaciones infringe este precepto ya que no le da validez a los Instrumentos públicos números Ciento Veintisiete (127) de traspaso en Dominio pleno otorgado por la Municipalidad de la Ceiba a través de su Alcaldesa la señora Margarita Dabdoub de Dip a favor del señor Francisco Tomas Velásquez Cardona y el instrumento número Un Mil Ochenta y Nueve (1089) donde consta la compra venta otorgada por el señor Francisco Tomas Velásquez Cardona a favor de la Sociedad Mercantil Inversiones San Miguel S.A. ya que es de lato conocimiento que los Instrumentos Públicos harán plena prueba en juicio salvo prueba en contrario y consta plenamente de autos que dichos medios de prueba no han sido atacados en estricto derecho como nulos y es tal el caso que la Corte de Apelaciones resolviendo extrapetita en su sentencia va mas allá al establecer que en esas escrituras no se consignaron los tres requisitos para la validez de los contratos como ser Consentimiento, Objeto y Causa.- Y de la simple lectura de las escrituras antes relacionadas claramente se determina que dichos contratos contenidos en los Instrumentos Públicos referidos si se dan las tres condiciones: CONSENTIMIENTO: Es el acuerdo o concurso de voluntades de las partes sobre la naturaleza, el objeto, la causa y las modalidades del contrato de que se trata de celebrar.- Aunque hay diferentes doctrinas al respecto que es la llamada del Conocimiento o información, es la que aparece aceptada por nuestro Código Civil que dice: Artículo 1553: El Consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. OBJETO DEL CONTRATO: Es el conjunto de derechos y obligaciones que crea.- A su vez estos derechos y obligaciones tienen un objeto: la cosa o hecho a que se refieren.- Como entre el objeto del contrato y el objeto de los derechos y obligaciones hay una estrecha relación, puede decirse aunque impropiamente, que el objeto del contrato es el objeto de los derechos y obligaciones que aquel crea y así lo considera el Código. CAUSA DEL CONTRATO: CONCEPTO DE CAUSA Y MOTIVO: Como se dijo antes el tercer requisito para la validez del contrato es la causa de la obligación que se establezca (art. 1552 No. 3 Código Civil), conforme a la doctrina clásica CAUSA es el interés jurídico que dice a las partes a contratar, o sea el fin en vista del cual cada parte celebra el contrato, el fin directo e inmediato que se propone alcanzar una persona al obligarse.- Va envuelta en el Contrato mismo, constituyendo un elemento esencial de él; siempre es la misma para cada especie de contrato, cualesquiera que sean las partes. (Obligaciones y Contratos en General por el Abogado Reynaldo Cruz López) MOTIVO, CAUSAL CINCO: Honorable Corte de Apelaciones en el presente caso procede que la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, habiendo infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, dicte de oficio Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, mismo que es de fecha 12 de agosto de 1,999, por violación a los artículos 141, 142 y 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que en dicho caso además no procedía el Recurso Extraordinario de Revisión ante la Municipalidad de La Ceiba por ser extemporáneo e inclusive consta que no se alegó algún hecho nuevo con relación específica al Dominio Pleno otorgado al señor Francisco Tomas Velásquez Cardona, además la Municipalidad de La Ceiba, no puede invalidar sus propias resoluciones y máxime en el caso de existir ya escrituras otorgadas en legal y debida forma e inscritas por su orden en el Registro de la Propiedad bajo los números 4 del Tomo 407 y el asiento Número 43 del Tomo 563 ambos del Libro Registro de la Propiedad de esta Sección Judicial, o sea que al haber instrumentos públicos debidamente registrados por la Corporación Municipal de La Ceiba, al anular su resolución, dicha actuación es constitutiva de delito”.-

II. MOTIVACION Y FUNDAMENTACION JURÍDICA.

Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:

1.- La recurrente comparece ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, en uso del derecho de su representada, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha TREINTA (30) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013), proferida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Enuncia CUATRO (señalando que la casacionista menciona que son cinco) motivos de casación, en aplicación de lo que dispone el Articulo 716 del Código Procesal Civil.

2.- MOTIVOS DE CASACION ENUNCIADOS. Comparece la impugnante enunciando CUATRO (pero anuncia cinco) MOTIVOS DE CASACION, descritos en los Antecedentes de Hecho de la presente resolución, todos ellos carentes de PRECEPTOS AUTORIZANTES individualizados, faltando por tal razón de una estructura legal para comparecer ante esta jurisdicción pretendiendo un recurso extraordinario.

3.- En todos los motivos la recurrente inobserva absolutamente la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo establecido en el articulo 723 en su numeral segundo inciso a), en relación al articulo 721 numeral segundo, todos del Código Procesal Civil. De lo anterior se desprende lo siguiente: a) El precepto recurrente no lo define, la casacionista no establece concretamente la infracción que la hace recurrir hasta la presente instancia y además está solicitando revisión probatoria (articulo 720 del Código Procesal Civil). Ha de entender la casacionista que la infracción enunciada de la parte dispositiva de la sentencia tiene que ser absolutamente determinada, señalando el alcance que civilmente le ocasiona perjuicio y cual seria, a su criterio, la norma jurídica concreta a emplear. Ha de entender también la casacionista que los límites de pronunciamiento que dispondrá la Corte Suprema de Justicia son derivativos de la causa a pedir por parte del recurrente. En este caso el escrito presentado carece en su totalidad de un recurso formal. Todos los artículos enunciados en el presente numeral proceden del Código Procesal Civil.

4.- Enfatizando lo descrito en el numeral anterior, la función recursiva casacional conlleva elementos de observancia obligatoria, mismos que se orientan con el fin que el Tribunal de respuesta dentro de los limites petitorios de parte, para así evitar la consolidación de infracciones enunciadas, pero que las mismas deben estar debidamente motivadas, para que sean confrontadas con las causas o preceptos que generan un orden en la motivación alegada por el recurrente y en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Estas causas se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento adjetivo en el artículo 719 del Código Procesal Civil. Del escrito contentivo del presente recurso interpuesto y formalizado, se hace evidente que hay inobservancia de los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad, señalándole a la Recurrente la exigencia de invocar el precepto preciso que autorice la admisibilidad del Recurso de Casación y que sean vigentes. De igual manera existe la necesidad de que las diversas infracciones alegadas se sujeten a la exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación como recurso extraordinario. Cabe extraer del Artículo 721.2 del Código Procesal Civil donde se establece que se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente los mismos, fundamentándose, precisándose y justificándose la existencia de la infracción de la resolución impugnada. Sumado a ello el articulo 720 del citado texto legal, se establece que “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”, que fue uno de los extremos pretendidos por la casacionista.

5.- En vista de lo anterior la defectuosa estructuración del Recurso de Casación sub-júdice se tipifica en las causales previstas en el literal a) del numeral 2 Artículo 723 del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5., 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en TODOS SUS MOTIVOS interpuesto por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES SAN MIGUEL, S.A., en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA ASI COMO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE LOS CONTIENEN, CANCELACION DE INSCRIPCIONES REGISTRALES ASI COMO SUS ANOTACIONES MARGINALES promovida mediante litisconsorcio pasivo por la señora SABINA YOLANDA GUITY NUÑEZ, en contra del señor FRANCISCO TOMAS VELÁSQUEZ CARDONA, contra la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, y contra la sociedad mercantil INVERSIONES SAN MIGUEL S.A. (recurrente). 2.- DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada en fecha TREINTA (30) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013) por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el Expediente identificado en esta Jurisdicción bajo número S.C.156-2013. 3.- CONDENA A COSTAS A LA RECURRENTE. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO IRRECURRIBLE se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones de su procedencia para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFIQUESE.

EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.

Magistrada Coordinadora

RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.

Magistrado

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.

Magistrada