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Sentencia CC-250-14 — Registro 5606

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA SEÑORA MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ. Examinado el libelo del censor, se aprecia que este bajo el título MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO, expone en ocho numerales una serie de alegatos propios de instancia, sin llegar a precisar cuantos motivos de casación son los que viene presentando, incluso en ninguno de los numerales expone cual de los supuestos del artículo 719 del Código Procesal Civil deben considerarse, más aún, no señala en todo su escrito que precepto o preceptos han sido infringidos y como se configura dicha infracción y aunque al terminar de exponer los ocho numerales, bajo un título que denomina fundamentación jurídica, en general cita una serie de artículos en los cuales incluye el artículo 719 numeral 1 inciso b) que se refiere a “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, en ninguno de los ocho numerales desarrolla la relación que guardan esos alegatos con este precepto, toda vez que devenía obligado a impugnar la aplicación e interpretación de dichas normas procesales, sin embargo, no expuso cuales son esas normas lo que debía presentar con suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo que no fue capaz de realizar, por consiguiente, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literales a) del Artículo 723 del mismo código.”

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, Magistrada sustituta temporal, llamada a integrar por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ, representada en juicio por el abogado LUIS RENE AMADOR RICO, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores MARIO MAREL OVIEDO R. y FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ, representados en juicio por el abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO VIA PROCESO ORDINARIO, promovida en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, por el abogado LUIS RENE AMADOR RICO, en su condición de Apoderado Legal de la señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ, contra los señores FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ y MARIO MAREL OVIEDO.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha dieciocho (18) de julio del dos mil catorce (2014), la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO VIA PROCESO ORDINARIO, promovida en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, por el abogado LUIS RENE AMADOR RICO, en su condición de Apoderado Legal de la señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ, contra los señores FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ y MARIO MAREL OVIEDO, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: Declarar no ha lugar la Demanda Ordinaria de PAGO.- Presentada por el Abogado LUIS RENE AMADOR RICO, en su condición de postulante procesal de la señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ mayor de edad, Hondureña, con numero de identidad 0209-1970-00254, residente en los Estados Unidos de Norte América; demanda impetrada Contra el señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ, mayor de edad, hondureño, casado, vecino de Tocoa, Colón; y contra el señor MARIO MOREL OVIEDO, mayor de edad, soltero, hondureño, residente en los Estados Unidos de Norte América, con identidad 0209-1971-00212.- 2.- Se declara no ha lugar la solicitud de Daños y Perjuicios en virtud de no haber establecido, ni acreditado el demandante cuales son los daños, cuales los perjuicios.- 3.- Hay condena en costas, para la parte demandante.- .- 4.- Colocar la original de esta sentencia en el respectivo libro y la certificación a los autos.- 5.- Modo de impugnación, mediante recurso de apelación ante este Juzgado”.

SEGUNDO: El Representante Procesal de la señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ, abogado LUIS RENE AMADOR RICO, presentó en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil catorce (2014), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de julio del dos mil catorce (2014), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida.

TERCERO: El Representante Procesal de los señores MARIO MAREL OVIEDO R. y FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ, abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, presento en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil catorce (2014), escrito de contestación sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tener por pronunciado sobre el contenido del recurso de Casación al abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil catorce (2014), y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personado dentro del plazo concedido.

QUINTO: Que la parte recurrente, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO PRIMERO: Que habiéndose acreditado en juicio el hecho mediante el cual la pareja de mi representada y padre de sus dos menores hijos, el demandado MARIO MOREL OVIEDO, la persuadió para que considerara a el señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ como una persona de confianza y que los ahorros de ella tenía se lo enviara a la cuenta que tiene en el Banco antes conocido como “BGA” y actualmente conocido como Da Vivienda, quien es esposo de la tía del demandado también el señor MARIO MOREL OVIEDO, realizándose varias transacciones a la cuenta personal del señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ quien es pastor de una Iglesia Evangélica y confiando que era una persona honrada y de palabra se le hicieron varias transferencias monetarias que ascienden a más de CINCUENTA Y UN MIL DOLARES (51,42000$) en la cuenta número 309-108-600-8 y con cuenta actual número 001-901-629 valor que se reclama en la demanda de mérito cuya cantidad aceptaron los demandados haberla recibido, no obstante los demandados pretenden distorsionar los hechos tratando de sorprender a las autoridades judiciales expresando que fue una donación, cabe mencionar que jamás en el proceso los demandantes pudieron acreditar dicha figura legal, y mi representada nunca reconoció haber estado de acuerdo con tal concepto y se rechazó tal argumento en todo tiempo por ilógico, absurdo e infantil que no ha sido probado en juicio. SEGUNDO: El demandado señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ quien es pastor en la Iglesia Bautista conservadora de Tocoa, Colón, manifiesto en la contestación de la demanda en el hecho tercero que el dinero habla sido utilizado para cubrir necesidades y obras de la Iglesia, argumento que nunca probaron en juicio para corrobar el destino de los fondos, dinero que se acredito pertenece a mi representada, cuya devolución se reclama y es el objeto del presente proceso en vista de que mi representada es una persona trabajadora y de pocos recursos que se ha esforzado para poder ahorrar la cantidad que hoy se está reclamando, y que los demandados en ningún momento han probado en juicio la supuesta acción de donación que aducen que es, al tenor de lo que establece el art. 434, 447 del Código Procesal Civil. TERCERO: Que en la audiencia preliminar de fecha 16 de octubre del año 2013 que se llevó a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón se puede apreciar que en el momento procesal oportuno se propuso como medio de prueba denominado inspección a la tesorería de La Iglesia Evangélica Conservadora que dirige el demandado FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ a efecto de constatar si la transferencia de recursos económicos que los demandados erróneamente denominan como donación que fue hecha por mi representada y así poder constatar en los libros de la Iglesia, el destino de las transferencias hachas por mi representada cabe aclarar que tal extremo los demandados jamás pudieran acreditar tal extremo así mismo se propuso diversos medios de prueba que no fueron admitidos, violentando el derecho de defensa de mi representada, dejándola en un estado indefensión, ya que con tal medio se acreditaría la falsedad de la declaración de los demandados al decir que fue una donación y sustentaría el derecho de mi representada, caso contrario la prueba propuesta de la parte demanda se admitió en su totalidad violentando el principio de igualdad jurídica de las partes y el debido proceso en perjuicio de mi representada y la norma constitucional que todas las personas somos iguales ante la ley por los demandados, véase art. 447, 463 del Código Procesal Civil. CUARTO: Así mismo consta en autos la declaración jurada hecho ante el Consular General de la República de Honduras en Chicago, Illinois de Estados Unidos por mi representada MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ en la cual establece la relación con el señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ, estableciendo de los montos de las transferencias que ascienden a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUTROCIENTOS VEINTE DOLARES ($. 51,420.00) o su equivalente a UN MILLON SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (1,007,832) mi representada establece contundentemente que nunca hablo con el pastor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ diciéndole que ese dinero era una donación, extremo que consta en los folios del expediente de mérito documento que el juez al momento de valorar la prueba de la parte demandante no lo consideró ni siquiera lo relaciona al momento de emitir sentencia tal proposición de documentos consta en las grabaciones de la audiencia, violentando esta forma las garantías procesales y su infracción produce indefensión para mi representado, véase art. 460, 447 del Código Procesal Civil. QUINTO: Que los demandados tampoco lograron acreditar en juicio la donación que maliciosamente invocan en perjuicio de mi representada dejando en evidencia que mi representada tenía la razón y era cierto en todos los aspectos que se establecían en la demanda, y el señor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ de manera arbitraria en abuso de confianza y de manera premeditada despojo a mi representada de sus ahorros que con arduo trabajo obtuvo con mucho sacrificio, habiéndose acreditado en juicio que mi representada realizo los depósitos a la cuenta bancaria del supuesto pastor FRANCISCO OQUELI ERAZO JUAREZ, reconociendo los demandados que si habían recibido la cantidad que asciende a $51,420.00 pero nunca en todo el proceso pudieran acreditar que existió la figura de donación en consecuencia la figura legal que el argumento de la defensa hacerse de una donación es inexistente dejando indefensa a mi representada a no permitírsele utilizar los medios de prueba propuestos, resolviendo de forma contraria a lo que establece los artículos 447, 460 del Código Procesal Civil. SEXTO: Que en la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras en fecha 4 de febrero del año 2014, se aprecia las siguientes irregularidades: a) En el hecho cuarto se aprecia lo siguiente: En la audiencia preliminar cuando las partes establecen las pretensiones, los demandados dicen que el dinero de mi representada lo recibieron en calidad de donación (extremo cabe mencionar que no lograron probar en juicio), así mismo según la legislación hondureña la figure de donación debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales los demandados no cumplieron. b) En el hecho quinto de la sentencia el Juzgado dice que el demandante no trajo a juicio ningún documento que acredite la existencia de contrato que obligue a devolver las cantidades reclamadas, cabe aclarar que en fondo de la demanda no se trató sobre un préstamo, sino que los demandados deben guardar el dinero por un lapso de tiempo, pero no era préstamo ni mucho menos donación, en ningún momento el demandante acepto que fuera cualquiera de estas dos figuras y según la lógica jurídica la figura que realmente aplica es la de depósitos. c) El Juzgado en el hecho sexto dice que la parte demandada según la tesis que presenta cobra fuerza, creando un indicio racional de la existencia de una donación, (pero según la lógica como puede existir la figura de donación si el donante no está de acuerdo en este tipo de acción), y el juzgado acepta dichas tesis porque según la declaración del señor MARIO MAREL OVIEDO dice que así lo fue persona que no declaro en presencia del juez de conformidad al artículo 88 de la Constitución de la República; cómo es posible que el juzgado de manera arbitraria indique que existe un indicio racional a favor de los demandados aun cuando la audiencia preliminar el demandante solicito una inspección a fin de acreditar si los valores depositados por mi representada constataban en los libros contables que pertenecen a la iglesia donde es pastor uno de los demandado, realmente se utilizó e ingreso a dicha institución, como aducen los demandados en la contestación de la demanda, ya que según la tesis de los demandados fue una donación, pero el juzgado no permitió dicho medio de prueba, violentando el principio de igualdad jurídica y el debido proceso dejando indefensa a la demandante favoreciendo a los demandados. d) El juzgado en el hecho séptimo dice que las cantidades reclamadas por mi representada fueran en calidad de donación extremo que cabe aclarar ninguno de los demandados acredito, mas sin embargo el juzgado hizo caso omiso a la prueba de la parte demandante y solo valoro la prueba de la parte demandada, siendo estas irregularidades una clara violación al debido proceso y al derecho de defensa de mi representada. SEPTIMO: Que en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Ceiba, Atlántida de fecha 18 de julio del año 2014, se pueden apreciar las siguientes incongruencias: a) En el hecho quinto de los antecedentes, establece en la contestación de la demanda por parte de los demandados que los valores depositados por mi representada fue una donación pero no presentan prueba física o documental fehaciente que acredite tal extremo, más sin embargo el Tribunal cuando hace relación de hecho, amplia notablemente el argumento poniendo de manera numerada los aspectos jurídicos de la parte demandada que fueron probados en el proceso pero al revisar el hecho cuarto de esta sentencia, se aprecia que solo hace relación de lo que se reclama, pero en ningún punto se establecen los hechos propuestos por la demandante, siendo este aspecto un hecho de injusticia e inobservancia de la igualdad jurídica, de muestra que no se considera en ningún momento las pruebas de la demandante y no le dieron validez alguna, propiciando la indefensión en juicio de mi representada, cabe señalar que dentro de la fundamentación jurídica propuesta en la que los demandados se apoyan, en el artículo 1313 del código civil, “dice que las donaciones a Título Universal deben constar en escritura pública o un inventario solemne, so pena de nulidad” Requisitos que los demandados no cumplieron ni probaron en juicio ya que en ningún momento presentaron escritura pública donde constara la donación que aducen, siendo esta una irregularidad clara, es inaudito que el tribunal admitiera la hipótesis presentada por la parte demandada si la misma no cumple los requisitos legales que exige la ley. b) Así mismo se puede apreciar que los fundamentos jurídicos utilizados por los demandados, que relacionan con los artículos de las obligaciones, los mismos mandan que deben constar por escrito su mandamiento, requisito que reitero los demandados tampoco cumplieron en el proceso y que el juzgado y el Tribunal inexplicablemente pasa inadvertido. c) La parte demandada aducen que el dinero recibido fue en calidad de donación o préstamo, sin presentar ninguna prueba que avale ese criterio, cuando lo que realmente se hizo fue un deposito sujeto a devolución al tener el artículo 1939 del código civil que literalmente dice: “Se constituye deposito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla”; extremo que se acredito por mi representada y que ni el juzgado ni el tribunal han valorado en el marco de sus apreciaciones al momento de emitir la respectiva sentencia, causando indefensión a mi representada. d) En los fundamentos de derecho en el hecho tercero hay incongruencia por parte del tribunal al hacerla la siguiente observación: “Este ad-quem considera que el medio de prueba propuesto por el demandante era útil y pertinentes, dado que la parte demandada estableció que dichos depósitos le fueran dados en donación a la iglesia y que fueran invertidos en obras de la iglesia, la misma hubiera sido de utilidad, con dicha inspección se hubiera constatado si los mismos ingresaron a las cuentas de la iglesia evangélica y el destino que se le dio”. Entendemos que el tribunal tiene facultades suficientes para ordenar de oficio la práctica de una diligencia necesaria para dilucidar hechos controvertidos que sean de utilidad para emitir una sentencia congruente con las valoraciones realizadas en que se fundamenta. e) En el hecho cuarto el tribunal ad-quem dice que: “la parte demandada no acredito con la prueba propuesta que las cantidades depositadas hayan sido en concepto de donación”, El tribunal incurre en una contradicción enorme al dar como hecho cierto irrefutable que un deposito equivale a una donación, pues el código de comercio define el significado y concepto uso y requisito de cada uno de ellos, y quien invoca la donación en consecuencia está obligada a probarla y no lo hicieron, sin embargo el Tribunal en su sentencia lo da como un hecho verdadero en contra de la dueña de los recursos y del concepto de depósitos, mercantiles y jurídicamente hablando. OCTAVO: Artículo 1301 del código civil finalmente deseo exponer a nombre de mi representada que el argumento de donación que exponen los demandados violenta el art. 1301 del Código Civil literalmente dice: “la donación entre vivos no se presume”. Como lamentablemente se ha hecho en esta: Sentencia, en base a lo anteriormente expuesto interpongo recurso de casación a fin de obtener la justicia debida a mí representada”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013).

2.- De conformidad con el artículo 719 numeral del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por disposición del artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.

3.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA SEÑORA MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ

Examinado el libelo del censor, se aprecia que este bajo el título MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO, expone en ocho numerales una serie de alegatos propios de instancia, sin llegar a precisar cuantos motivos de casación son los que viene presentando, incluso en ninguno de los numerales expone cual de los supuestos del artículo 719 del Código Procesal Civil deben considerarse, más aún, no señala en todo su escrito que precepto o preceptos han sido infringidos y como se configura dicha infracción y aunque al terminar de exponer los ocho numerales, bajo un título que denomina fundamentación jurídica, en general cita una serie de artículos en los cuales incluye el artículo 719 numeral 1 inciso b) que se refiere a “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, en ninguno de los ocho numerales desarrolla la relación que guardan esos alegatos con este precepto, toda vez que devenía obligado a impugnar la aplicación e interpretación de dichas normas procesales, sin embargo, no expuso cuales son esas normas lo que debía presentar con suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo que no fue capaz de realizar, por consiguiente, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literales a) del Artículo 723 del mismo código.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en todos los supuestos motivos planteado por el Abogado LUIS RENE AMADOR RICO, en su condición de apoderado legal de la señora MARCIA ONDINA URBINA HERNANDEZ. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, del departamento de Atlántida, de fecha dieciocho de Julio del año dos mil catorce, en el expediente de Apelación número 0209-2014-00064, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 14NCPC12 del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA