Sentencia CC-248-14 — Registro 5574
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de pago de daños e indemnización de perjuicios y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..“Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante y los ha confrontado con el numeral dos del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo de casación, la norma infringida y como esta interpretación errónea de las normas en este caso, en su opinión, inciden en el sentido en que ha sido dictada la resolución recurrida, así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el código procesal civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta manifiestamente infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su primer motivo a efectos de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
AUTO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, Magistrada sustituta temporal, llamada a integrar por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La sociedad LAFARGE CEMENTOS, S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la empresa de TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R.L., también conocida como TRANSPORTES BARAHONA, representada en juicio por los abogados CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR y KAREN IVETH HERRERA FLORES.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA PARA QUE MEDIANTE PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO SE CONDENE AL PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por el abogado GERARDO TULIO MARTINEZ PINEDA, actuando en su condición de representante procesal de la empresa de TRANSPORTES BARAHONA S. DE R.L., también conocida como TRANSPORTES BARAHONA, contra la sociedad mercantil denominada LAFARGE CEMENTOS S.A. de C.V.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha veintidós (22) de julio del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha siete (07) de abril del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el juicio contentivo de la DEMANDA PARA QUE MEDIANTE PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO SE CONDENE AL PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por el abogado GERARDO TULIO MARTINEZ PINEDA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la empresa de TRANSPORTES BARAHONA S. DE R.L., también conocida como TRANSPORTES BARAHONA, contra la sociedad mercantil denominada LAFARGE CEMENTOS S.A. de C.V., dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha siete (07) de abril del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, promovida por el Abogado GERARDO TULIO MARTÍNEZ PINEDA, en su condición de Representante Procesal del Señor ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN, quien actúa en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R.L., también conocida como TRANSPORTES BARAHONA, de este domicilio, contra la Empresa Mercantil denominada LAFARGE CEMENTOS, S.A. DE C.V., representada por el Señor JUAN MARTÍNEZ GUILSANZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: CONDENANDO a la Sociedad Mercantil denominada LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V. al pago de la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L. 421,267,427.37), más el interés legal mercantil que corresponda sobre dicha cantidad, el que deberá ser calculado al momento de la ejecución de esta sentencia; TERCERO: CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA, en base al Principio del Vencimiento que regula el Artículo 219 Ordinal 1) del Código Procesal Civil; CUARTO: Contra el presente fallo cabe el recurso de apelación.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a los Letrados Judiciales de las partes y sí dentro del término de Ley no se interpone recurso legal alguno contra el presente fallo, quede firme el mismo.- Se resuelve hasta en esta fecha en virtud de la excesiva carga de trabajo que impera en este Tribunal y la complejidad del caso bajo estudio.- NOTIFÍQUESE”.
SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS, S.A. DE C.V., abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presento en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil catorce (2014), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.
TERCERO: Los representantes procesales de la empresa de TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R.L., también conocida como TRANSPORTES BARAHONA, abogados CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR y KAREN IVETH HERRERA FLORES, presentaron en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil catorce (2014) respectivamente, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, tener por pronunciados sobre el contenido del Recurso de Casación a los abogados CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR y KAREN IVETH HERRERA FLORES, ambos en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, KAREN IVETH HERRERA FLORES y SAMUEL FLORENTINO SALGADO, todos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamientos en fechas dieciséis (16) y dieciocho (18) de septiembre del año dos mil catorce (2014) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de los artículos 1360 del Código Civil en relación con los artículos 1346, 1348 y 1552 del mismo cuerpo de leyes y en relación con el artículo 713 párrafo primero del Código de Comercio. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Las normas señaladas disponen lo siguiente: Artículo 1360.- Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. Artículo 1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1348.- Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1552.-No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: lo.- Consentimiento de los contratantes. 2o.- Objeto cierto que sea materia del contrato. 3o.- Causa de la obligación que se establezca. Articulo 713.- Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abusivo. La sentencia establece que existió una relación contractual entre las sociedades LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. y la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L, en virtud de la cual la primera contrató a la segunda para la prestación de servicios de extracción, fracturación, carga y transporte de puzolana, agregando que la Orden de Compra OP 9000194 es el contrato donde se regulaba dicha contratación; es decir, la situación jurídica que se presenta es la existencia de un contrato bilateral entre las partes contratantes por el cual la primera sociedad paga un valor a la segunda por la realización del servicio de extracción, fracturación, carga y transporte de puzolana. Sin embargo, la sentencia sostiene que la Orden de Compra OP 9000194 tenía una duración inicial de 3 años del 21 de julio de 2008 y fecha de finalización el 21 de julio de 2011 y que se dio una prórroga de este contrato en virtud de que la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. no notificó a la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L., la no continuación de los servicios, notificación que debió realizar en forma previa a la finalización del contrato contenido en la Orden de Compra OP 9000194; es decir, conforme la sentencia que se recurre, LAFARGE CEMENTOS tenía que notificar la finalización del contrato antes del 21 de julio de 2011, sosteniendo que la falta de dicha notificación dio lugar a la prórroga de la vigencia por un periodo igual de tres (3) años que van del 21 de julio del 2011 al 21 de julio del 2014. La sentencia recurrida señala que la prestación de servicios continuó después del 21 de julio de 2011 y reconoce la existencia de otras Órdenes de Compra posteriores a la Orden de Compra OP 9000194, y que fueron emitidas por LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. para que TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. realizara la entrega de puzolana, pero concluye que estas otras órdenes de compra son “documentos internos de control emitidos por la sociedad demandada” y que no son contratos debido a que “en las demás órdenes de compra no se establecieron las condiciones como las enunciadas en la orden de compra OP 90000194”, pero la sentencia no señala cuáles son estas condiciones de contratación que no fueron establecidas en las demás órdenes de compra. La sentencia agrega que en fecha 24 de enero de 2012 la sociedad mercantil LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V., notificó que ya no continuaría ocupando los servicios de la sociedad demandante. Esta notificación corresponde a la comunicación firmada por el señor Guillermo Alloza, Director de Compras y Cadena de Suministros de LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. donde hace alusión a la recepción total del servicio contratado y solícita a TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. el retiro de la maquinaria y la culminación de los procedimientos para el pago final del servicio prestado. Concluyendo la sentencia recurrida que la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V., en fecha 24 de enero de 2012, dio por finalizado unilateralmente el contrato que había sido prorrogado hasta el 21 de julio de 2014, llegando la sentencia recurrida a la conclusión de que LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. está en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R.L. Para llegar a esta conclusión, la sentencia recurrida interpreta las normas de derecho del Código Civil antes señaladas en forma equivocada, debido a que las leyes que sirvieron de fundamento a la sentencia NO ESTABLECEN EN QUE EXISTIRÁ PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS CUANDO UNA DE LAS PARTES NO NOTIFIQUE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O NO NOTIFIQUE LA NO CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO, ni siquiera cuando la prestación de los servicios continúa. La sentencia recurrida interpreta las normas de derecho civil transcritas en el sentido de que la falta de notificación o aviso previo de LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. a la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. antes del día 21 de julio de 2011 que era la fecha de vencimiento de la Orden de Compra OP 9000194, dio lugar a la prórroga del contrato, considerando incluso que es irrisorio señalar si la prórroga es tácita o expresa, pero de la lectura de la normas de derecho utilizadas en la sentencia observamos que en ninguna de sus partes establece el efecto o consecuencia jurídica de prórroga de un contrato como la sentencia recurrida afirma. Es claro que una prórroga de los contratos genera obligaciones entre las partes, estas son las de cumplimiento de las prestaciones señaladas en el contrato por el período prorrogado. Pero el artículo 1346 del Código Civil es categórico cuando señala las fuentes de las obligaciones, por lo que para que haya una prórroga de un contrato, con la consecuente generación de obligaciones para las partes de cumplir las prestaciones señaladas en el contrato por el periodo de la prórroga, esta prórroga solamente puede existir cuando la ley o el contrato establecen que habrá prórroga cuando no se notifica la finalización del contrato antes del vencimiento de los mismos. (Las otras fuentes de las obligaciones no son aplicables al caso pues no estamos frente a cuasicontratos ni actos u omisiones ilícitas en las que intervino culpa o negligencia conocidas como cuasidelitos). De modo que si los artículos 1346 y 1348 del Código Civil establecen que los contratos son fuente de obligaciones y que las partes deben cumplir con lo pactado en los mismos, si se estableció un plazo en un contrato, el plazo debe cumplirse conforme a lo convenido; al contrario, si no se pactó una disminución o una prórroga del plazo del contrato, no puede haber ni disminución ni prórroga del contrato. Así, la correcta interpretación de las normas de derecho señaladas es que al no pactarse la posibilidad de prórroga del contrato en la Orden de Compra OP 9000194, no puede haber una prórroga en el mismo. Evidentemente, la prórroga es una extensión de las obligaciones establecidas en el contrato, para lo cual debe existir acuerdo y consentimiento entre ambas partes pues el párrafo primero del articulo 713 del Código de Comercio establece que nadie puede ser obligado a contratar, principio que es recogido en todo el Código de Comercio como LIBERTAD DE CONTRATACIÓN. Si la Corte Recurrida hubiera interpretado correctamente las normas legales que le sirvieron de fundamento, habría concluido que no se presentó ninguna prórroga del contrato por el cual la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. brindaba el servicio de extracción, fracturación, carga y transporte de puzolana a la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. por el hecho de que esta última no notificara la finalización del contrato contenido en la Orden de Compra OP 9000194 antes del día 21 de julio de 2011; que la Orden de Compra OP 90000194 tenía un plazo y obligaciones determinadas que al ser cumplidas dio lugar a la terminación del contrato por el cumplimiento de las obligaciones en él contenidas; igualmente habría concluido que los servicios continuaron debido a la existencia de otras órdenes de compra posteriores a la Orden de Compra OP 9000194, órdenes de compra posteriores que contienen todos los elementos esenciales para la existencia de un contrato (Consentimiento, objeto y causa) y conforme a los artículos de la ley antes señalados se les debe dar cumplimiento al tenor de los mismos, por lo que habría declarado sin lugar la demanda y absuelto a la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. de los daños y perjuicios solicitados, por lo que procede se case la sentencia por este motivo. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida por APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 1360 y 1348 del Código Civil en relación con el artículo 713 párrafo primero y tercero del Código de Comercio. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Los artículos 1346 y 1348 del Código Civil y párrafos primero y tercero del artículo 713 del Código de Comercio establecen: Artículo 1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1348.- Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 713.-Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abusivo. El silencio de la empresa requerida para contratar se considerará como negativa a hacerlo. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: En el caso que nos ocupa, la Sentencia Recurrida establece como situación jurídica sujeta a juzgamiento y la conclusión a que llega de la manera siguiente: las empresas LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE C. V. y TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. celebraron un contrato de extracción, fracturación, carga y transporte de material de puzolana de la cantera al plantel de producción, el que se materializó a través de la Orden de Compra OP 9000194, en la cual se convino una duración inicial de 3 años, del 21 de julio de 2008 al 21 de julio de 2011; sin embargo, debido a que antes de que llegara la fecha de la finalización del contrato la sociedad demandada, LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE C. V., no comunicó a terminación del mismo o la no continuación de los servicios a la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L., la sentencia recurrida llega a la conclusión de que el contrato se prorrogó por un período igual de tres (3) años, es decir, del 21 de julio de 2011 al 21 de julio de 2014. La Corte Sentenciadora apoya esta conclusión en que la prestación de los servicios continuó después de finalizada la vigencia inicial de la Orden de Compra OP 90000194, sosteniendo que aunque existieron otras órdenes de compra posteriores a la mencionada, las otras órdenes de compra no son contratos porque en las mismas no se establecieron las condiciones como las enunciadas en la orden de compra OP 90000194, pero la sentencia no dice cuáles fueron las otras condiciones que no fueron establecidas. De modo que cuando la sociedad mercantil LAFARGE CEMENTOS, S. A DE. C. V. notificó, a través de nota de fecha 24 de enero de 2012, firmada por el señor Guillermo Alloza, Director de Compras y Cadena de Suministros de LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. la recepción total del servicio contratado y solicita a TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R. L. el retiro de la maquinaria y la culminación de los procedimientos para el pago final del servicio prestado, lo que la sociedad LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE. C. V. hizo fue dar por terminado unilateralmente el contrato; y, como consecuencia, causó daños y perjuicios a la sociedad TRANSPORTES BARAHONA, S. DE R.L., por lo que la sentencia recurrida condena a los mismos. Para llegar a esta conclusión la Corte Sentenciadora aplicó los artículos 1348 y 1360 del Código Civil, olvidando que las partes en juicio son comerciantes sociales, es decir, sociedades mercantiles y que están regidas por un ordenamiento especial que es el Código de Comercio. De modo que para llegar a la conclusión sobre las consecuencias jurídicas de la falta de notificación de la no continuación de los servicios por parte de LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE C. V antes de la fecha de vencimiento del contrato contenido en la Orden de Compra OP 9000194, el día 21 de julio de 2011, no se debió aplicar estas normas del Código Civil, porque no son las que regulan la situación jurídica sometida a juicio, lo que llevó a la Corte Sentenciadora a violarlas por aplicación indebida. Al contrario, la norma que regulan el caso sobre la duración, plazos o prórroga de los contratos es el artículo 713 párrafos primero y tercero del Código de Comercio sobre la libertad de contratación y expresamente el silencio de las partes al momento de contratar, pues si LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE C. V. no notificó nada antes del vencimiento del contrato contenido en la Orden de Compra OP 9000194, lo que se produjo fue un silencio de la empresa y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 713 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CLARAMENTE SEÑALA QUE LA CONSECUENCIA DEL SILENCIO PARA CONTRATAR ES LA NEGATIVA A HACERLO. Los artículos 1348 y 1360 del Código Civil aplicados por la sentencia recurrida lo que regulan son las fuentes de las obligaciones y la obligación de las partes contratantes de cumplir con lo pactado en los contratos, nada regulan sobre la continuación o no de los contratos una vez finalizado el plazo de su duración, ni tampoco se refieren a la necesidad o no de notificar la no continuación de los servicios antes de la finalización de la vigencia de los contratos, en fin es claro que las normas de derecho aplicadas no regulan la situación sometida a juzgamiento; al contrario estas normas regulan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos, por lo que si la Orden de Compra OP 90000194 tenía un plazo y obligaciones determinadas al ser cumplidas lo que da lugar es a la terminación del contrato por el cumplimiento natural de las obligaciones en él contenidas. De modo que cuando la sentencia recurrida señala como situación objeto de decisión judicial la falta de comunicación sobre la continuidad o no de a contratación debía aplicar la norma del Código de Comercio que regula el silencio en los casos como éste, pero no lo hizo sino que aplicó normas del Código Civil que no regulan el caso sometido a su decisión. De haber aplicado el artículo 713 del Código de Comercio, la sentencia habría llegado a la conclusión de que no se produjo ninguna prórroga y que el contrato contenido en la Orden de Compra OP 90000194 terminó; y la continuación de la prestación de los servicios posteriores a la fecha de terminación fue en virtud de las otras órdenes de compra que contienen todos los elementos esenciales de los contratos como ser consentimiento, objeto y causa, por lo que son contratos y se les debe dar cumplimiento. Demostrándose la aplicación indebida de la norma de derecho, por lo que procede se case la sentencia por este motivo”.
I. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.
2.- DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INTERPRETACION ERRONEA DE NORMAS DE DERECHO UTILIZADAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO. El recurrente en el primer motivo impugna la sentencia por interpretación errónea de los artículos 1360 del Código Civil con relación con los artículos 1346, 1348 y 1552 del mismo código y en relación con el artículo 713 párrafo primero del código de comercio. Señala como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El recurrente expone que la sentencia recurrida interpreta las normas de derecho civil transcritas en el sentido de que la falta de notificación o aviso previo de la empresa demandada a la sociedad demandante, antes del 21 de Julio de 2011 (fecha de vencimiento de la orden de compra OP 9000194), dio lugar a la prórroga del contrato, pero las normas de derecho utilizadas en la sentencia no establecen el efecto o consecuencia jurídica de la prórroga de un contrato como la sentencia afirma. Sostiene el impetrante que para que haya una prórroga de un contrato con la consecuente generación de obligaciones para las partes de cumplir las prestaciones señaladas en el contrato por el período de la prórroga, esta prórroga solamente puede existir cuando la ley o el contrato establecen que habrá prórroga cuando no se notifica la finalización del contrato antes del vencimiento del mismo, refiere que si se estableció un plazo en un contrato, el plazo debe cumplirse conforme a lo convenido; al contrario, si no se pactó una disminución o una prórroga del plazo del contrato, no puede haber ni disminución ni prórroga del contrato, así la correcta interpretación de las normas de derecho señaladas es que al no pactarse la posibilidad de prórroga del contrato en la orden de compra 0P 9000194, no puede haber una prórroga del mismo, afirma que la prórroga es una extensión de las obligaciones establecidas en el contrato, para lo cual debe existir acuerdo y consentimiento de ambas partes pues de conformidad con el artículo 713 del Código de Comercio nadie puede ser obligado a contratar según el principio de libertad de contratación, de modo que si la corte sentenciadora hubiese interpretado correctamente las normas legales que le sirvieron de fundamento, habría concluido que no se presentó ninguna prórroga del contrato y habría declarado sin lugar la demanda y absuelto a la sociedad demandada. Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante y los ha confrontado con el numeral dos del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo de casación, la norma infringida y como esta interpretación errónea de las normas en este caso, en su opinión, inciden en el sentido en que ha sido dictada la resolución recurrida, así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisiòn previstas en el código procesal civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta manifiestamente infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su primer motivo a efectos de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.
- DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR APLICACIÓN INDEBIDA DE NORMAS DE DERECHO UTILIZADAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO
El impetrante viene alegando que se impugna la sentencia recurrida por aplicación indebida de los artículos 1360 y 1348 del Código Civil en relación con el artículo 713 párrafo primero y tercero del Código de Comercio. Señala como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El impetrante argumenta que los artículos del Código Civil antes citado regulan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos, por lo que si la orden de compra 0P 9000194 tenía un plazo y obligaciones determinadas que al ser cumplidas lo que da lugar es a la terminación del contrato por el cumplimiento natural de las obligaciones en él contenidas, manifiesta que de haber aplicado el artículo 713 del Código de Comercio, la sentencia habría llegado a la conclusión de que no se produjo ninguna prórroga y que el contrato contenido en la orden OP 9000194 terminó. Esta Sala de lo Civil, aprecia que el recurrente en lo que respecta a este motivo de casación ha faltado totalmente al cumplimiento de los requisitos para la interposición y formalización de recurso de casación, principalmente en lo atinente al de suficiente claridad y precisión, en tanto que viene invocando aplicación indebida de las normas, sin embargo expone que los artículos 1348 y 1360 del Código Civil regulan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos que es justamente lo que ha venido alegando la parte demandada en su defensa al manifestar que estas normas dan lugar a la terminación del contrato por el cumplimiento natural de las obligaciones en el contenidas, en lo que difiere con el juzgador de Segunda instancia es en la interpretación que le ha dado a esas normas, pero ello no es abordable por aplicación indebida, por otra parte es falto de claridad y precisión alegar que de haber aplicado la Corte de Apelaciones el artículo 713 del Código de Comercio habría llegado a una determinada conclusión, reconociendo con ello que no aplicó la norma y por lo tanto es un contrasentido intentar el motivo por aplicación indebida que cabe cuando se ha aplicado una norma que no ha debido ser aplicada, lo que no acontece en el caso de autos, por lo tanto se aprecia la concurrencia de la causal de inadmsión prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.
PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 723. 2 a), 724.1, 725, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La admisión a trámite del recurso de casación en su primer motivo interpuesto y formalizado por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., 2) La inadmisión del recurso de casación en su segundo motivo interpuesto y formalizado por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., y no considerando esta sala que sea necesaria la audiencia de vista, omítase la misma y señálese audiencia para el día veintisiete (27) de mayo del año dos mil quince (2015), a las dos de la tarde (2:00 p.m.), para votación y fallo, debiendo dictarse la sentencia dentro de los quince días siguientes al de la finalización de dicha audiencia. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA