Sentencia CC-231-14 — Registro 5600
Resumen
En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación, declarando sin lugar la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios, indemnización por daño moral. En casación se declara con lugar la demanda ordinaria de daños y perjuicios e indemnización por daño moral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Argumentos de la Sala de lo Civil para la admisión del PRIMER motivo de casación. El petente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, refiriéndose por tanto a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas adjetivas que regulan la forma y contenido de la sentencia. Señala como infracción la falta de aplicación de la norma procesal que regula la motivación de la sentencia, refiriéndose específicamente al artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles. El casacionista acota los artículos que estima infringidos de la siguiente manera: “Artículo 207 del Código Procesal Civil: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. (Lo resaltado en negritas es del recurrente) “Artículo 191 del Código de Procedimientos: Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad liquida, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia” (Lo resaltado en negritas es del recurrente) Al desarrollar el concepto de la infracción, el censor básicamente expresa que la sentencia dictada por el ad quem es ilógica y que falta a la razón, en virtud de que desconoce la existencia del dictamen pericial ordenado por el a quo mediante auto para mejor proveer; por el cual fueron cuantificados los daños morales en perjuicio de las demandantes. En ese sentido el censor ataca lo expresado por el ad quem, quien fue del parecer que la parte demandante no demostró las pretensiones de pago de daños, perjuicios y daño moral. Luego el petente expresa que el párrafo segundo del artículo 191 del Código de Procedimientos que ha resaltado en negritas, no es reproducido ni tomado en cuenta en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida. En este punto, el petente compara la sentencia del ad quem con la de primera instancia la cual declara con lugar la demanda promovida, porque estimó probada la responsabilidad solidaria del Hospital La Policlínica, sociedad anónima, en la muerte culposa de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez; y además condena a la sociedad demandada a pagar la indemnización de daños y perjuicios y daño moral reclamada en el juicio de mérito, cuyo importe deberá hacerse efectivo por medio de peritos en la etapa de ejecución del presente fallo.
Al respecto señala que el artículo 191 del Código de Procedimientos en su párrafo segundo, permite a los tribunales condenar bajo la reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Por lo que la sentencia de primera instancia, no hizo más que darle aplicación a dicha norma. Entonces el casacionista señala que la violación que denuncia, relativa a la motivación de la sentencia es que en el artículo 207 del Código Procesal Civil, no se consideran los distintos elementos fácticos, por ejemplo el peritaje solicitado para mejor proveer, folios del 190 al 202 de la primera pieza y no ajustarse por tanto a las reglas de la lógica y de la razón. La Sala de lo Civil de la Corte suprema de Justicia al examinar el presente motivo para determinar si se encuentra conforme a la debida técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, encuentra que el censor cuestiona que la motivación de la sentencia del ad quem, en relación al haz probatorio fue incompleta porque no tomó en cuenta la prueba aportada para mejor proveer, incidiendo en el resultado del fallo pronunciado. En ese mismo sentido reclama que el ad quem no aplicó, pudiendo hacerlo, el artículo 191 del Código de Procedimientos que pone a disposición la posibilidad de condenar a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. A juicio de este alto tribunal de justicia dicho alegato se subsume a lo prescrito como excepción a la exclusión de la revisión probatoria que se encuentra en el artículo 720.2 del Código Procesal; norma que si bien es cierto no fue citada por el recurrente en el motivo, es obvio que se aplica en el presente caso. De igual manera la Sala de lo Civil determina que el censor cumple con los requisitos contenidos en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil y por ende no incurre en ninguna causal del artículo 723.2 del Código Procesal Civil. En consecuencia el motivo es de recibo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Argumentos de la Sala de lo Civil para la admisión del PRIMER motivo de casación. El petente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, refiriéndose por tanto a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas adjetivas que regulan la forma y contenido de la sentencia. Señala como infracción la falta de aplicación de la norma procesal que regula la motivación de la sentencia, refiriéndose específicamente al artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles. El casacionista acota los artículos que estima infringidos de la siguiente manera: “Artículo 207 del Código Procesal Civil: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. (Lo resaltado en negritas es del recurrente) “Artículo 191 del Código de Procedimientos: Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad liquida, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia” (Lo resaltado en negritas es del recurrente) Al desarrollar el concepto de la infracción, el censor básicamente expresa que la sentencia dictada por el ad quem es ilógica y que falta a la razón, en virtud de que desconoce la existencia del dictamen pericial ordenado por el a quo mediante auto para mejor proveer; por el cual fueron cuantificados los daños morales en perjuicio de las demandantes. En ese sentido el censor ataca lo expresado por el ad quem, quien fue del parecer que la parte demandante no demostró las pretensiones de pago de daños, perjuicios y daño moral. Luego el petente expresa que el párrafo segundo del artículo 191 del Código de Procedimientos que ha resaltado en negritas, no es reproducido ni tomado en cuenta en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida. En este punto, el petente compara la sentencia del ad quem con la de primera instancia la cual declara con lugar la demanda promovida, porque estimó probada la responsabilidad solidaria del Hospital La Policlínica, sociedad anónima, en la muerte culposa de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez; y además condena a la sociedad demandada a pagar la indemnización de daños y perjuicios y daño moral reclamada en el juicio de mérito, cuyo importe deberá hacerse efectivo por medio de peritos en la etapa de ejecución del presente fallo.
Al respecto señala que el artículo 191 del Código de Procedimientos en su párrafo segundo, permite a los tribunales condenar bajo la reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Por lo que la sentencia de primera instancia, no hizo más que darle aplicación a dicha norma. Entonces el casacionista señala que la violación que denuncia, relativa a la motivación de la sentencia es que en el artículo 207 del Código Procesal Civil, no se consideran los distintos elementos fácticos, por ejemplo el peritaje solicitado para mejor proveer, folios del 190 al 202 de la primera pieza y no ajustarse por tanto a las reglas de la lógica y de la razón. La Sala de lo Civil de la Corte suprema de Justicia al examinar el presente motivo para determinar si se encuentra conforme a la debida técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, encuentra que el censor cuestiona que la motivación de la sentencia del ad quem, en relación al haz probatorio fue incompleta porque no tomó en cuenta la prueba aportada para mejor proveer, incidiendo en el resultado del fallo pronunciado. En ese mismo sentido reclama que el ad quem no aplicó, pudiendo hacerlo, el artículo 191 del Código de Procedimientos que pone a disposición la posibilidad de condenar a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. A juicio de este alto tribunal de justicia dicho alegato se subsume a lo prescrito como excepción a la exclusión de la revisión probatoria que se encuentra en el artículo 720.2 del Código Procesal; norma que si bien es cierto no fue citada por el recurrente en el motivo, es obvio que se aplica en el presente caso. De igual manera la Sala de lo Civil determina que el censor cumple con los requisitos contenidos en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil y por ende no incurre en ninguna causal del artículo 723.2 del Código Procesal Civil. En consecuencia el motivo es de recibo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en virtud de los hechos probados en juicio y detallados ut supra estima procedente aplicar el derecho atinente al caso (fundamentación jurídica) de conformidad a los siguientes presupuestos. a) El óbito de la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ a consecuencia de un acto derivado de una mala praxis médica, consistente en una errónea transfusión de sangre que recibió en LA POLICLÍNICA, S.A., es un evento que tiene como resultado el nacimiento de obligaciones civiles de conformidad a lo establecido en el artículo 1346 del Código Civil, el cual al referirse a las fuentes que generan obligaciones civiles, cita en forma expresa a los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. b) No habiendo sido un hecho controvertido por las partes y siendo además un hecho suficientemente acreditado mediante la prueba aportada en el juicio, se descarta de plano la presencia de dolo, debido a que no hubo intención de causar la muerte de doña Leonarda Cáceres, sino que ese lamentable hecho se debió a que la parte demandada La Policlínica, S.A., por medio de sus empleados, omitió hacer las pruebas de tipiaje necesarias para corroborar si la sangre que se le iba a trasfundir a la entonces paciente Leonarda Leonila Cáceres era la adecuada de conformidad a su tipo y Rh. c) Dicha omisión negligente constituyó la causa de fallecimiento de la paciente, la cual se encontraba de por sí, en un estado de salud delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente que tuvo en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho y las patologías de diabetes e hipertensión arterial; elementos todos que en su conjunto debieron alertar a los médicos y demás personal de dicho hospital demandado, para extremar sus cuidados hacia la paciente, quien tal vez pudo haber superado el trance en el cual se encontraba, de no haber sido a que una omisión negligente, empeoró su situación clínica; yerro que era evitable o vencible con un tipeaje de sangre la cual es una prueba sencilla y de bajo coste, mediante la cual se habría detectado la mala rotulación de la bolsa de sangre que provenía del Instituto Hondureño de Seguridad Social. d) La Sala de lo Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia es del parecer que en el presente caso, si bien es cierto se determinó la existencia de un delito y que éste origina responsabilidad civil; ésta es deducible únicamente en contra de los imputados que fueron declarados culpables en el juicio penal que les condenó. No existe disposición alguna en el Código Penal que conlleve a reclamar indemnización civil ex delicto a terceros, salvo el caso del artículo 114 del Código Penal, el cual no es aplicable al presente caso. De manera que la responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. no deriva del delito en forma directa, sino que su responsabilidad tiene como fundamento la negligencia de sus dependientes que intervinieron y que causaron que no brindara el servicio de calidad que esperaban los familiares de la señora Leonarda Leonila Cáceres, quienes contrataron dicho hospital privado para que su pariente tuviera una atención médica de calidad. Entonces, la responsabilidad pecuniaria que se reclama en la presente demanda, existe, y es el resultado de la relación o nexo causal que concurre entre el personal que fue encontrado penalmente culpable con la empresa mercantil demandada. Dicho nexo legitima el reclamo que se ha entablado por la vía judicial en contra de la Policlínica, S.A. en su condición de entidad que presta servicios privados de salud. Para más claridad las personas que resultaron condenadas por la vía penal, actuaron como dependientes, según concepto que nos brinda el artículo 366 del Código de Comercio; por lo que dicha responsabilidad deviene de lo dispuesto en los artículos 364, 368 y 371 del mismo código. Tomando en cuenta lo anterior, se observa que la prestación de servicios médicos de la Policlínica, S. A., es de naturaleza mercantil, en virtud de que es el lucro su objetivo; razón por la que es aplicable el artículo 691 del Código de Comercio. e) La culpa o negligencia que generó el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una prestación de servicio de calidad, deberán ser sometidas a las disposiciones del artículo 692 del Código de Comercio, norma que expresa que el cumplimiento de obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio. Este tipo de criterio abstracto conduce a pensar que el hombre de negocios emplea la diligencia requerida para dar un servicio de calidad en función de tener una buena reputación. Para entender el alcance de la expresión utilizada por el artículo 692 del Código de Comercio, se compara con la utilizada por el Código Civil cuando refiere la diligencia de un buen padre de familia. Cuando la ley exige la diligencia de un buen padre de familia, se refiere a un hombre común, responsable y bien intencionado; en cambio cuando se refiere a un comerciante en negocio propio, exige aún más diligencia de su parte, porque apela a una persona con más experiencia que la del hombre común, es decir exige la de una persona con especial aptitud profesional. f) En el caso sub iudice, la parte demandada es un hospital privado legalmente establecido, siendo parte de los servicios que presta al público, entre otros, garantizar en forma general, todos los medios que se encuentren a su alcance para intentar devolver la salud a quienes contratan de manera onerosa sus prestaciones. De manera que como comerciante que cuida su propio negocio es dable señalar que no descuida detalles básicos para brindar un servicio de calidad, como verificar que los suministros que presta, incluyendo la sangre que se trasfunda a sus pacientes se encuentren en condiciones óptimas, para lo cual resulta básico y sobrentendido que previo a su aplicación debería constatar de manera cierta, efectiva y segura la calidad y composición de la misma; todavía más cuando dicho suplemento no fue recogido por el mismo hospital, sino proveído por otro, en este caso una institución del Estado. El no haber actuado de manera diligente constituye una conducta que, de acuerdo a la naturaleza de su obligación, le hace civilmente responsable de indemnizar a las víctimas, familiares o deudos conforme el pago de daños y perjuicios. g) Como se ha podido constatar, la indemnización compensatoria nace a favor de los demandantes por la imprevisión negligente del hospital demandado, quien se descuidó de manera inexcusable al no haber constatado el estado y condiciones de la sangre que luego de la transfusión le causó la muerte de quien en vida fuera doña Leonarda Leonila Cáceres. Distinto habría sido si la muerte haya sobrevenido aun con el esmerado cuido y diligencia de la demandada, en cuyo caso no habría responsabilidad civil ni indemnización que reclamar. h) Ahondando en las obligaciones que contrajo La Policlínica S.A., como empresa mercantil que presta servicios de salud bajo título oneroso, cabe señalar que resulta obvio que el pago de un servicio hospitalario privado es precisamente para recibir una mejor atención y evitar los riesgos de los públicos, por ende La Policlínica debió tener siquiera un mediano cuidado; y en el caso concreto de la prueba de tipiaje no representaba ninguna dificultad, ni alto coste. Por lo que la omisión negligente de no haber corroborado el tipo y Rh de la sangre transfundida a la occisa Leonarda Leonila Cáceres se produjeron daños y perjuicios, cuya declaratoria fueron pretensiones deducidas en el juicio de mérito. i) El artículo 1365 del Código Civil establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener. Por su parte el artículo 1366 del mismo código, señala que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Esto en el presente caso y en relación al daño material sería la devolución de los importes pagados al demandado en concepto del servicio de salud contratado; es decir gastos de hospitalización, honorarios profesionales y demás importes recibidos por cualquier concepto por parte del hospital y pagados por doña Leonarda Leonila Cáceres o los familiares que han demandado. En relación a la vida de la señora Leonarda Leonila Cáceres es obvio que no es posible su restitución. j) Para cuantificar el daño material, perjuicios y daño moral, tenemos el artículo 191 del Código de Procedimientos, que como ya se expresó antes en esta misma sentencia, brinda tres alternativas. En primer lugar y como regla general dispone que se fije el importe en cantidad líquida, por supuesto que esto derivado de las pruebas que se hayan aportado durante el proceso. En segundo lugar, como excepciones el legislador dispuso la fijación de bases para hacer después la liquidación y en último caso no siendo posible determinar ni el monto ni las bases, fijar el monto durante la fase de ejecución. En el caso de estudio este alto tribunal de justicia recurre al medio de prueba de peritaje, aportado en cumplimiento a un auto para mejor proveer. Conforme a éste el actuario evaluador, perito Robert Orlando Raudales Urrutia presentó en fecha cuatro de mayo de dos mil seis el resultado de su informe en el cual concluye: “1) El valor total estimado de la indemnización asciende a la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor al cual se le deberá rebajar la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos, valor que corresponde a la asistencia médica y la cual ya fue absorbida por la demandada. Quedando un valor neto a compensar por la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos. 2) El valor de indemnización de la pérdida de vida se estimó en cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor que está dividido en dos partes: Uno, está en función de la estimación de los años de vida que de manera anticipada el hecho le pudo haber quitado a la difunta, el cual se estimó en dos millones ochocientos noventa mil quinientos treinta y dos lempiras con diez centavos y la diferencia que corresponde a la compensación por la demora que ha existido en el pago de la indemnización por la pérdida de vida, la cual está calculada en base a una tasa de interés legal. 3) Los valores estimados corresponden a la estimación de los gastos emergentes por asistencia médica y el daño moral provocado a la difunta en virtud de la pérdida de su vida de manera anticipada….” k) De todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal determina que en el asunto sub examine no resulta aplicable fijar daño moral alguno, en virtud de que la responsabilidad civil de La Policlínica S.A., deriva de la comisión de un delito por parte del personal que fue condenado en juicio penal, quienes si deben responder por dicho concepto indemnizatorio. Apoya a esta tesis el hecho de que el Código Penal no contiene ninguna disposición que faculte a un tribunal a condenar por daño moral a nadie más que a los condenados penalmente, de manera que sólo estos responden por dicho concepto. La responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. proviene indirectamente de la comisión de delito y por ende su legitimación pasiva deriva de una disposición de carácter mercantil. Es por ello que la indemnización que corresponde fijar a este tribunal no puede incluir el daño moral, pretensión entonces que debe ser desestimada. En consecuencia sólo cabe fijar montos por el daño material y el perjuicio causado; cabe decir el daño emergente y el lucro cesante. En relación al daño emergente, cabe señalar que la vida es un bien jurídico intangible e incuantificable y por ende no es objeto de reparación por este concepto, al menos conforme a nuestra legislación actual; mucho menos cabe hablar de restitución, por ser obviamente imposible. Lo único que corresponde en este caso es la devolución de las cantidades de dinero pagadas por el servicio defectuoso recibido. En el presente caso el perito evaluador Robert Orlando Raudales Urrutia, cuantifica la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos (L 25,770.20) que corresponde como daño emergente y comprende los gastos de hospitalización; sin embargo, no cabe pago alguno en virtud de que la demandada La Policlínica, S.A. no hizo cobro alguno. Razón por la que corresponde desestimar la pretensión de pago por daños. Ahora en relación al concepto de perjuicios, este alto tribunal hace referencia al lucro cesante, y estima que éste ha sido cuantificado en la demanda mediante el peritaje realizado a petición del juez mediante auto para mejor proveer. Según el actuario que dictaminó el quantum de lo reclamado, el concepto que analizó es el daño moral; sin embargo, no fue así, porque daño moral responde a la pena o sufrimiento que produce la pérdida de un ser querido entre sus familiares. Es pues el daño moral el que responde al pesar o desconsuelo que produce el fallecimiento o sufrimiento de un ser querido. El daño moral no se relaciona con la edad, ocupación, o cualquier aspecto que se relacione con un proyecto de vida esperado. El daño moral se relaciona con el sufrimiento síquico, moral y hasta espiritual que produce un acto u omisión de una persona respecto de otra. Es totalmente independiente de las circunstancias económicas que rodean al perjudicado. En virtud de lo anteriormente explicado, la valuación que hizo el perito a pedimento del juez, en realidad, corresponde a una indemnización distinta al daño moral, obtenida de calcular los años potenciales de vida que fueron truncados por una omisión negligente. Para hacer el cálculo de dicho dictamen pericial el valuador tomó en cuenta inter alia el valor estimativo del coste de vida, el periodo de dicho valor, la tasa de incremento del coste de vida, el monto acumulado por el tiempo potencial perdido y el valor acumulado al final del periodo, más el interés legal. Al final se estimó el perjuicio causado en la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos (L. 5,023,926.31). No existe pronunciamiento sobre intereses en virtud de no ser parte de las pretensiones de la parte actora. Asimismo, no concurre lo dispuesto en el artículo 1367 del Código Civil. En relación a las costas procede que se paguen conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil en virtud del principio de vencimiento. Cabe señalar que la presente sentencia, que resuelve el asunto y causa cosa juzgada formal y material, sólo origina costas de casación."
Legislación citada
- Código Civil, art. 1367 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 191 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 366 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 368 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 371 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en virtud de los hechos probados en juicio y detallados ut supra estima procedente aplicar el derecho atinente al caso (fundamentación jurídica) de conformidad a los siguientes presupuestos. a) El óbito de la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ a consecuencia de un acto derivado de una mala praxis médica, consistente en una errónea transfusión de sangre que recibió en LA POLICLÍNICA, S.A., es un evento que tiene como resultado el nacimiento de obligaciones civiles de conformidad a lo establecido en el artículo 1346 del Código Civil, el cual al referirse a las fuentes que generan obligaciones civiles, cita en forma expresa a los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. b) No habiendo sido un hecho controvertido por las partes y siendo además un hecho suficientemente acreditado mediante la prueba aportada en el juicio, se descarta de plano la presencia de dolo, debido a que no hubo intención de causar la muerte de doña Leonarda Cáceres, sino que ese lamentable hecho se debió a que la parte demandada La Policlínica, S.A., por medio de sus empleados, omitió hacer las pruebas de tipiaje necesarias para corroborar si la sangre que se le iba a trasfundir a la entonces paciente Leonarda Leonila Cáceres era la adecuada de conformidad a su tipo y Rh. c) Dicha omisión negligente constituyó la causa de fallecimiento de la paciente, la cual se encontraba de por sí, en un estado de salud delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente que tuvo en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho y las patologías de diabetes e hipertensión arterial; elementos todos que en su conjunto debieron alertar a los médicos y demás personal de dicho hospital demandado, para extremar sus cuidados hacia la paciente, quien tal vez pudo haber superado el trance en el cual se encontraba, de no haber sido a que una omisión negligente, empeoró su situación clínica; yerro que era evitable o vencible con un tipeaje de sangre la cual es una prueba sencilla y de bajo coste, mediante la cual se habría detectado la mala rotulación de la bolsa de sangre que provenía del Instituto Hondureño de Seguridad Social. d) La Sala de lo Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia es del parecer que en el presente caso, si bien es cierto se determinó la existencia de un delito y que éste origina responsabilidad civil; ésta es deducible únicamente en contra de los imputados que fueron declarados culpables en el juicio penal que les condenó. No existe disposición alguna en el Código Penal que conlleve a reclamar indemnización civil ex delicto a terceros, salvo el caso del artículo 114 del Código Penal, el cual no es aplicable al presente caso. De manera que la responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. no deriva del delito en forma directa, sino que su responsabilidad tiene como fundamento la negligencia de sus dependientes que intervinieron y que causaron que no brindara el servicio de calidad que esperaban los familiares de la señora Leonarda Leonila Cáceres, quienes contrataron dicho hospital privado para que su pariente tuviera una atención médica de calidad. Entonces, la responsabilidad pecuniaria que se reclama en la presente demanda, existe, y es el resultado de la relación o nexo causal que concurre entre el personal que fue encontrado penalmente culpable con la empresa mercantil demandada. Dicho nexo legitima el reclamo que se ha entablado por la vía judicial en contra de la Policlínica, S.A. en su condición de entidad que presta servicios privados de salud. Para más claridad las personas que resultaron condenadas por la vía penal, actuaron como dependientes, según concepto que nos brinda el artículo 366 del Código de Comercio; por lo que dicha responsabilidad deviene de lo dispuesto en los artículos 364, 368 y 371 del mismo código. Tomando en cuenta lo anterior, se observa que la prestación de servicios médicos de la Policlínica, S. A., es de naturaleza mercantil, en virtud de que es el lucro su objetivo; razón por la que es aplicable el artículo 691 del Código de Comercio. e) La culpa o negligencia que generó el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una prestación de servicio de calidad, deberán ser sometidas a las disposiciones del artículo 692 del Código de Comercio, norma que expresa que el cumplimiento de obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio. Este tipo de criterio abstracto conduce a pensar que el hombre de negocios emplea la diligencia requerida para dar un servicio de calidad en función de tener una buena reputación. Para entender el alcance de la expresión utilizada por el artículo 692 del Código de Comercio, se compara con la utilizada por el Código Civil cuando refiere la diligencia de un buen padre de familia. Cuando la ley exige la diligencia de un buen padre de familia, se refiere a un hombre común, responsable y bien intencionado; en cambio cuando se refiere a un comerciante en negocio propio, exige aún más diligencia de su parte, porque apela a una persona con más experiencia que la del hombre común, es decir exige la de una persona con especial aptitud profesional. f) En el caso sub iudice, la parte demandada es un hospital privado legalmente establecido, siendo parte de los servicios que presta al público, entre otros, garantizar en forma general, todos los medios que se encuentren a su alcance para intentar devolver la salud a quienes contratan de manera onerosa sus prestaciones. De manera que como comerciante que cuida su propio negocio es dable señalar que no descuida detalles básicos para brindar un servicio de calidad, como verificar que los suministros que presta, incluyendo la sangre que se trasfunda a sus pacientes se encuentren en condiciones óptimas, para lo cual resulta básico y sobrentendido que previo a su aplicación debería constatar de manera cierta, efectiva y segura la calidad y composición de la misma; todavía más cuando dicho suplemento no fue recogido por el mismo hospital, sino proveído por otro, en este caso una institución del Estado. El no haber actuado de manera diligente constituye una conducta que, de acuerdo a la naturaleza de su obligación, le hace civilmente responsable de indemnizar a las víctimas, familiares o deudos conforme el pago de daños y perjuicios. g) Como se ha podido constatar, la indemnización compensatoria nace a favor de los demandantes por la imprevisión negligente del hospital demandado, quien se descuidó de manera inexcusable al no haber constatado el estado y condiciones de la sangre que luego de la transfusión le causó la muerte de quien en vida fuera doña Leonarda Leonila Cáceres. Distinto habría sido si la muerte haya sobrevenido aun con el esmerado cuido y diligencia de la demandada, en cuyo caso no habría responsabilidad civil ni indemnización que reclamar. h) Ahondando en las obligaciones que contrajo La Policlínica S.A., como empresa mercantil que presta servicios de salud bajo título oneroso, cabe señalar que resulta obvio que el pago de un servicio hospitalario privado es precisamente para recibir una mejor atención y evitar los riesgos de los públicos, por ende La Policlínica debió tener siquiera un mediano cuidado; y en el caso concreto de la prueba de tipiaje no representaba ninguna dificultad, ni alto coste. Por lo que la omisión negligente de no haber corroborado el tipo y Rh de la sangre transfundida a la occisa Leonarda Leonila Cáceres se produjeron daños y perjuicios, cuya declaratoria fueron pretensiones deducidas en el juicio de mérito. i) El artículo 1365 del Código Civil establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener. Por su parte el artículo 1366 del mismo código, señala que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Esto en el presente caso y en relación al daño material sería la devolución de los importes pagados al demandado en concepto del servicio de salud contratado; es decir gastos de hospitalización, honorarios profesionales y demás importes recibidos por cualquier concepto por parte del hospital y pagados por doña Leonarda Leonila Cáceres o los familiares que han demandado. En relación a la vida de la señora Leonarda Leonila Cáceres es obvio que no es posible su restitución. j) Para cuantificar el daño material, perjuicios y daño moral, tenemos el artículo 191 del Código de Procedimientos, que como ya se expresó antes en esta misma sentencia, brinda tres alternativas. En primer lugar y como regla general dispone que se fije el importe en cantidad líquida, por supuesto que esto derivado de las pruebas que se hayan aportado durante el proceso. En segundo lugar, como excepciones el legislador dispuso la fijación de bases para hacer después la liquidación y en último caso no siendo posible determinar ni el monto ni las bases, fijar el monto durante la fase de ejecución. En el caso de estudio este alto tribunal de justicia recurre al medio de prueba de peritaje, aportado en cumplimiento a un auto para mejor proveer. Conforme a éste el actuario evaluador, perito Robert Orlando Raudales Urrutia presentó en fecha cuatro de mayo de dos mil seis el resultado de su informe en el cual concluye: “1) El valor total estimado de la indemnización asciende a la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor al cual se le deberá rebajar la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos, valor que corresponde a la asistencia médica y la cual ya fue absorbida por la demandada. Quedando un valor neto a compensar por la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos. 2) El valor de indemnización de la pérdida de vida se estimó en cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor que está dividido en dos partes: Uno, está en función de la estimación de los años de vida que de manera anticipada el hecho le pudo haber quitado a la difunta, el cual se estimó en dos millones ochocientos noventa mil quinientos treinta y dos lempiras con diez centavos y la diferencia que corresponde a la compensación por la demora que ha existido en el pago de la indemnización por la pérdida de vida, la cual está calculada en base a una tasa de interés legal. 3) Los valores estimados corresponden a la estimación de los gastos emergentes por asistencia médica y el daño moral provocado a la difunta en virtud de la pérdida de su vida de manera anticipada….” k) De todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal determina que en el asunto sub examine no resulta aplicable fijar daño moral alguno, en virtud de que la responsabilidad civil de La Policlínica S.A., deriva de la comisión de un delito por parte del personal que fue condenado en juicio penal, quienes si deben responder por dicho concepto indemnizatorio. Apoya a esta tesis el hecho de que el Código Penal no contiene ninguna disposición que faculte a un tribunal a condenar por daño moral a nadie más que a los condenados penalmente, de manera que sólo estos responden por dicho concepto. La responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. proviene indirectamente de la comisión de delito y por ende su legitimación pasiva deriva de una disposición de carácter mercantil. Es por ello que la indemnización que corresponde fijar a este tribunal no puede incluir el daño moral, pretensión entonces que debe ser desestimada. En consecuencia sólo cabe fijar montos por el daño material y el perjuicio causado; cabe decir el daño emergente y el lucro cesante. En relación al daño emergente, cabe señalar que la vida es un bien jurídico intangible e incuantificable y por ende no es objeto de reparación por este concepto, al menos conforme a nuestra legislación actual; mucho menos cabe hablar de restitución, por ser obviamente imposible. Lo único que corresponde en este caso es la devolución de las cantidades de dinero pagadas por el servicio defectuoso recibido. En el presente caso el perito evaluador Robert Orlando Raudales Urrutia, cuantifica la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos (L 25,770.20) que corresponde como daño emergente y comprende los gastos de hospitalización; sin embargo, no cabe pago alguno en virtud de que la demandada La Policlínica, S.A. no hizo cobro alguno. Razón por la que corresponde desestimar la pretensión de pago por daños. Ahora en relación al concepto de perjuicios, este alto tribunal hace referencia al lucro cesante, y estima que éste ha sido cuantificado en la demanda mediante el peritaje realizado a petición del juez mediante auto para mejor proveer. Según el actuario que dictaminó el quantum de lo reclamado, el concepto que analizó es el daño moral; sin embargo, no fue así, porque daño moral responde a la pena o sufrimiento que produce la pérdida de un ser querido entre sus familiares. Es pues el daño moral el que responde al pesar o desconsuelo que produce el fallecimiento o sufrimiento de un ser querido. El daño moral no se relaciona con la edad, ocupación, o cualquier aspecto que se relacione con un proyecto de vida esperado. El daño moral se relaciona con el sufrimiento síquico, moral y hasta espiritual que produce un acto u omisión de una persona respecto de otra. Es totalmente independiente de las circunstancias económicas que rodean al perjudicado. En virtud de lo anteriormente explicado, la valuación que hizo el perito a pedimento del juez, en realidad, corresponde a una indemnización distinta al daño moral, obtenida de calcular los años potenciales de vida que fueron truncados por una omisión negligente. Para hacer el cálculo de dicho dictamen pericial el valuador tomó en cuenta inter alia el valor estimativo del coste de vida, el periodo de dicho valor, la tasa de incremento del coste de vida, el monto acumulado por el tiempo potencial perdido y el valor acumulado al final del periodo, más el interés legal. Al final se estimó el perjuicio causado en la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos (L. 5,023,926.31). No existe pronunciamiento sobre intereses en virtud de no ser parte de las pretensiones de la parte actora. Asimismo, no concurre lo dispuesto en el artículo 1367 del Código Civil. En relación a las costas procede que se paguen conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil en virtud del principio de vencimiento. Cabe señalar que la presente sentencia, que resuelve el asunto y causa cosa juzgada formal y material, sólo origina costas de casación.
Legislación citada
- Código de Comercio, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 368 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 371 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en virtud de los hechos probados en juicio y detallados ut supra estima procedente aplicar el derecho atinente al caso (fundamentación jurídica) de conformidad a los siguientes presupuestos. a) El óbito de la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ a consecuencia de un acto derivado de una mala praxis médica, consistente en una errónea transfusión de sangre que recibió en LA POLICLÍNICA, S.A., es un evento que tiene como resultado el nacimiento de obligaciones civiles de conformidad a lo establecido en el artículo 1346 del Código Civil, el cual al referirse a las fuentes que generan obligaciones civiles, cita en forma expresa a los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. b) No habiendo sido un hecho controvertido por las partes y siendo además un hecho suficientemente acreditado mediante la prueba aportada en el juicio, se descarta de plano la presencia de dolo, debido a que no hubo intención de causar la muerte de doña Leonarda Cáceres, sino que ese lamentable hecho se debió a que la parte demandada La Policlínica, S.A., por medio de sus empleados, omitió hacer las pruebas de tipiaje necesarias para corroborar si la sangre que se le iba a trasfundir a la entonces paciente Leonarda Leonila Cáceres era la adecuada de conformidad a su tipo y Rh. c) Dicha omisión negligente constituyó la causa de fallecimiento de la paciente, la cual se encontraba de por sí, en un estado de salud delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente que tuvo en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho y las patologías de diabetes e hipertensión arterial; elementos todos que en su conjunto debieron alertar a los médicos y demás personal de dicho hospital demandado, para extremar sus cuidados hacia la paciente, quien tal vez pudo haber superado el trance en el cual se encontraba, de no haber sido a que una omisión negligente, empeoró su situación clínica; yerro que era evitable o vencible con un tipeaje de sangre la cual es una prueba sencilla y de bajo coste, mediante la cual se habría detectado la mala rotulación de la bolsa de sangre que provenía del Instituto Hondureño de Seguridad Social. d) La Sala de lo Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia es del parecer que en el presente caso, si bien es cierto se determinó la existencia de un delito y que éste origina responsabilidad civil; ésta es deducible únicamente en contra de los imputados que fueron declarados culpables en el juicio penal que les condenó. No existe disposición alguna en el Código Penal que conlleve a reclamar indemnización civil ex delicto a terceros, salvo el caso del artículo 114 del Código Penal, el cual no es aplicable al presente caso. De manera que la responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. no deriva del delito en forma directa, sino que su responsabilidad tiene como fundamento la negligencia de sus dependientes que intervinieron y que causaron que no brindara el servicio de calidad que esperaban los familiares de la señora Leonarda Leonila Cáceres, quienes contrataron dicho hospital privado para que su pariente tuviera una atención médica de calidad. Entonces, la responsabilidad pecuniaria que se reclama en la presente demanda, existe, y es el resultado de la relación o nexo causal que concurre entre el personal que fue encontrado penalmente culpable con la empresa mercantil demandada. Dicho nexo legitima el reclamo que se ha entablado por la vía judicial en contra de la Policlínica, S.A. en su condición de entidad que presta servicios privados de salud. Para más claridad las personas que resultaron condenadas por la vía penal, actuaron como dependientes, según concepto que nos brinda el artículo 366 del Código de Comercio; por lo que dicha responsabilidad deviene de lo dispuesto en los artículos 364, 368 y 371 del mismo código. Tomando en cuenta lo anterior, se observa que la prestación de servicios médicos de la Policlínica, S. A., es de naturaleza mercantil, en virtud de que es el lucro su objetivo; razón por la que es aplicable el artículo 691 del Código de Comercio. e) La culpa o negligencia que generó el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una prestación de servicio de calidad, deberán ser sometidas a las disposiciones del artículo 692 del Código de Comercio, norma que expresa que el cumplimiento de obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio. Este tipo de criterio abstracto conduce a pensar que el hombre de negocios emplea la diligencia requerida para dar un servicio de calidad en función de tener una buena reputación. Para entender el alcance de la expresión utilizada por el artículo 692 del Código de Comercio, se compara con la utilizada por el Código Civil cuando refiere la diligencia de un buen padre de familia. Cuando la ley exige la diligencia de un buen padre de familia, se refiere a un hombre común, responsable y bien intencionado; en cambio cuando se refiere a un comerciante en negocio propio, exige aún más diligencia de su parte, porque apela a una persona con más experiencia que la del hombre común, es decir exige la de una persona con especial aptitud profesional. f) En el caso sub iudice, la parte demandada es un hospital privado legalmente establecido, siendo parte de los servicios que presta al público, entre otros, garantizar en forma general, todos los medios que se encuentren a su alcance para intentar devolver la salud a quienes contratan de manera onerosa sus prestaciones. De manera que como comerciante que cuida su propio negocio es dable señalar que no descuida detalles básicos para brindar un servicio de calidad, como verificar que los suministros que presta, incluyendo la sangre que se trasfunda a sus pacientes se encuentren en condiciones óptimas, para lo cual resulta básico y sobrentendido que previo a su aplicación debería constatar de manera cierta, efectiva y segura la calidad y composición de la misma; todavía más cuando dicho suplemento no fue recogido por el mismo hospital, sino proveído por otro, en este caso una institución del Estado. El no haber actuado de manera diligente constituye una conducta que, de acuerdo a la naturaleza de su obligación, le hace civilmente responsable de indemnizar a las víctimas, familiares o deudos conforme el pago de daños y perjuicios. g) Como se ha podido constatar, la indemnización compensatoria nace a favor de los demandantes por la imprevisión negligente del hospital demandado, quien se descuidó de manera inexcusable al no haber constatado el estado y condiciones de la sangre que luego de la transfusión le causó la muerte de quien en vida fuera doña Leonarda Leonila Cáceres. Distinto habría sido si la muerte haya sobrevenido aun con el esmerado cuido y diligencia de la demandada, en cuyo caso no habría responsabilidad civil ni indemnización que reclamar. h) Ahondando en las obligaciones que contrajo La Policlínica S.A., como empresa mercantil que presta servicios de salud bajo título oneroso, cabe señalar que resulta obvio que el pago de un servicio hospitalario privado es precisamente para recibir una mejor atención y evitar los riesgos de los públicos, por ende La Policlínica debió tener siquiera un mediano cuidado; y en el caso concreto de la prueba de tipiaje no representaba ninguna dificultad, ni alto coste. Por lo que la omisión negligente de no haber corroborado el tipo y Rh de la sangre transfundida a la occisa Leonarda Leonila Cáceres se produjeron daños y perjuicios, cuya declaratoria fueron pretensiones deducidas en el juicio de mérito. i) El artículo 1365 del Código Civil establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener. Por su parte el artículo 1366 del mismo código, señala que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Esto en el presente caso y en relación al daño material sería la devolución de los importes pagados al demandado en concepto del servicio de salud contratado; es decir gastos de hospitalización, honorarios profesionales y demás importes recibidos por cualquier concepto por parte del hospital y pagados por doña Leonarda Leonila Cáceres o los familiares que han demandado. En relación a la vida de la señora Leonarda Leonila Cáceres es obvio que no es posible su restitución. j) Para cuantificar el daño material, perjuicios y daño moral, tenemos el artículo 191 del Código de Procedimientos, que como ya se expresó antes en esta misma sentencia, brinda tres alternativas. En primer lugar y como regla general dispone que se fije el importe en cantidad líquida, por supuesto que esto derivado de las pruebas que se hayan aportado durante el proceso. En segundo lugar, como excepciones el legislador dispuso la fijación de bases para hacer después la liquidación y en último caso no siendo posible determinar ni el monto ni las bases, fijar el monto durante la fase de ejecución. En el caso de estudio este alto tribunal de justicia recurre al medio de prueba de peritaje, aportado en cumplimiento a un auto para mejor proveer. Conforme a éste el actuario evaluador, perito Robert Orlando Raudales Urrutia presentó en fecha cuatro de mayo de dos mil seis el resultado de su informe en el cual concluye: “1) El valor total estimado de la indemnización asciende a la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor al cual se le deberá rebajar la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos, valor que corresponde a la asistencia médica y la cual ya fue absorbida por la demandada. Quedando un valor neto a compensar por la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos. 2) El valor de indemnización de la pérdida de vida se estimó en cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor que está dividido en dos partes: Uno, está en función de la estimación de los años de vida que de manera anticipada el hecho le pudo haber quitado a la difunta, el cual se estimó en dos millones ochocientos noventa mil quinientos treinta y dos lempiras con diez centavos y la diferencia que corresponde a la compensación por la demora que ha existido en el pago de la indemnización por la pérdida de vida, la cual está calculada en base a una tasa de interés legal. 3) Los valores estimados corresponden a la estimación de los gastos emergentes por asistencia médica y el daño moral provocado a la difunta en virtud de la pérdida de su vida de manera anticipada….” k) De todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal determina que en el asunto sub examine no resulta aplicable fijar daño moral alguno, en virtud de que la responsabilidad civil de La Policlínica S.A., deriva de la comisión de un delito por parte del personal que fue condenado en juicio penal, quienes si deben responder por dicho concepto indemnizatorio. Apoya a esta tesis el hecho de que el Código Penal no contiene ninguna disposición que faculte a un tribunal a condenar por daño moral a nadie más que a los condenados penalmente, de manera que sólo estos responden por dicho concepto. La responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. proviene indirectamente de la comisión de delito y por ende su legitimación pasiva deriva de una disposición de carácter mercantil. Es por ello que la indemnización que corresponde fijar a este tribunal no puede incluir el daño moral, pretensión entonces que debe ser desestimada. En consecuencia sólo cabe fijar montos por el daño material y el perjuicio causado; cabe decir el daño emergente y el lucro cesante. En relación al daño emergente, cabe señalar que la vida es un bien jurídico intangible e incuantificable y por ende no es objeto de reparación por este concepto, al menos conforme a nuestra legislación actual; mucho menos cabe hablar de restitución, por ser obviamente imposible. Lo único que corresponde en este caso es la devolución de las cantidades de dinero pagadas por el servicio defectuoso recibido. En el presente caso el perito evaluador Robert Orlando Raudales Urrutia, cuantifica la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos (L 25,770.20) que corresponde como daño emergente y comprende los gastos de hospitalización; sin embargo, no cabe pago alguno en virtud de que la demandada La Policlínica, S.A. no hizo cobro alguno. Razón por la que corresponde desestimar la pretensión de pago por daños. Ahora en relación al concepto de perjuicios, este alto tribunal hace referencia al lucro cesante, y estima que éste ha sido cuantificado en la demanda mediante el peritaje realizado a petición del juez mediante auto para mejor proveer. Según el actuario que dictaminó el quantum de lo reclamado, el concepto que analizó es el daño moral; sin embargo, no fue así, porque daño moral responde a la pena o sufrimiento que produce la pérdida de un ser querido entre sus familiares. Es pues el daño moral el que responde al pesar o desconsuelo que produce el fallecimiento o sufrimiento de un ser querido. El daño moral no se relaciona con la edad, ocupación, o cualquier aspecto que se relacione con un proyecto de vida esperado. El daño moral se relaciona con el sufrimiento síquico, moral y hasta espiritual que produce un acto u omisión de una persona respecto de otra. Es totalmente independiente de las circunstancias económicas que rodean al perjudicado. En virtud de lo anteriormente explicado, la valuación que hizo el perito a pedimento del juez, en realidad, corresponde a una indemnización distinta al daño moral, obtenida de calcular los años potenciales de vida que fueron truncados por una omisión negligente. Para hacer el cálculo de dicho dictamen pericial el valuador tomó en cuenta inter alia el valor estimativo del coste de vida, el periodo de dicho valor, la tasa de incremento del coste de vida, el monto acumulado por el tiempo potencial perdido y el valor acumulado al final del periodo, más el interés legal. Al final se estimó el perjuicio causado en la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos (L. 5,023,926.31). No existe pronunciamiento sobre intereses en virtud de no ser parte de las pretensiones de la parte actora. Asimismo, no concurre lo dispuesto en el artículo 1367 del Código Civil. En relación a las costas procede que se paguen conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil en virtud del principio de vencimiento. Cabe señalar que la presente sentencia, que resuelve el asunto y causa cosa juzgada formal y material, sólo origina costas de casación. "
Legislación citada
- Código de Comercio, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 368 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 371 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, Magistrada sustituta temporal, llamada a integrar por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: Las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, representadas en juicio por el abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad LA POLICLÍNICA, S.A.; representada en juicio por el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, promovida en fecha veintiuno de febrero del año dos mil tres, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado RAFAEL MEDINA IRÍAS, actuando en su condición de apoderado legal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, contra la sociedad LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil tres, el abogado RAFAEL MEDINA IRÍAS, actuando en su condición de apoderado legal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, presentó la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, en contra de la sociedad mercantil LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En fecha doce de septiembre de dos mil trece el abogado JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ en su condición de apoderado procesal de la sociedad mercantil LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, contestó la demanda rechazando las pretensiones de la parte actora. y oponiendo prescripción de la acción y del derecho, en virtud de lo cual se abrió el juicio a pruebas. TERCERO: Evacuada la prueba y presentadas las conclusiones correspondientes, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil ocho, dictó sentencia definitiva en la que recayó el fallo que literalmente dice: “POR TANTO: Este Juzgado de Letras Civil del departamento Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303 y 304 reformado de la Constitución de la República; artículos 1, 40 No.1, 110, 137 y 143 de la ley de Organización y atribuciones de los tribunales; artículos 142, 189, 2261, 262, 264, 286, 288, 301, 320 del Código de Procedimientos Civiles; artículos 142, 189, 261, 262, 264, 286, 1360, 1495 del Código Civil. FALLA: 1º Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL que le promovieron las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL Y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES contra la sociedad denominada LA POLICLINICA, Sociedad Anónima a través de su representante legal y Presidente del Consejo de Administración, doctor Justo Manuel Echeverría. 2º En cuanto a la condena al Pago de daños y perjuicios y daños morales en la cantidad solicitada esta será cuantificada en la fase de ejecución de la sentencia mediante el nombramiento de perito o peritos calificados en base a que la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ tenía setenta y dos años de edad a la fecha que se produjo su deceso en la casa de salud LA POLICLÍNICA, S.A. puntualizando además la naturaleza del trabajo a que se dedicaba la víctima y los ingresos que percibía antes del accidente a fin de establecer los daños en el presente juicio. Y MANDA: Que si dentro del término de ley, no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE.” CUARTO: Con fecha ocho de agosto de dos mil trece, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de primera instancia, dictando el fallo siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPETRADA, de fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de este departamento de Francisco Morazán, recaída en la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, promovida por el abogado RAFAEL MEDINA IRÍAS, en su condición de apoderado legal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, contra la sociedad mercantil denominada LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su representante legal y presidente del consejo de administración, el señor JUSTO MANUEL ECHEVERRÍA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, promovida por el abogado RAFAEL MEDINA IRÍAS, en su condición de apoderado legal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, contra la sociedad mercantil denominada LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su representante legal y presidente del consejo de administración el señor JUSTO MANUEL ECHEVERRÍA, todos de generales ut supra anotadas; CUARTO: ABSOLVIENDO a la sociedad mercantil denominada LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su representante legal y presidente del consejo de administración el señor JUSTO MANUEL ECHEVERRIA, de la pretensión deducida en su contra. Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a los letrados judiciales de las partes y una vez que la misma adquiera carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales. SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. Contra la presente sentencia procede el recurso de casación. NOTIFÍQUESE”. QUINTO: El representante procesal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, presentó en fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veinte de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. Asimismo el representante procesal de la sociedad LA POLICLÍNICA, S.A., abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, escrito de contestación sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte. SEXTO: La honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil, admitió el recurso de casación interpuesto, expresando en su decisum lo siguiente: “…la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 721, 723.2 literal a) y 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus motivos segundo y tercero. 2) la admisión del recurso de casación en su motivo primero, formalizado por el abogado Edgardo Orellana Osorio, en su condición de representante procesal de las señora Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres, contra la sentencia dictada en fecha veinte de enero de dos mil catorce por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, en relación con la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, promovida en fecha veintiuno de febrero del año dos mil tres, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado RAFAEL MEDINA IRÍAS, actuando en su condición de apoderado legal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, contra la sociedad LA POLICLÍNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) Señálese el día veintidós (22) de julio del corriente año para la votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esta fecha. Redactó el Magistrado Raúl Antonio Henríquez Interiano. NOTIFÍQUESE.” SÉPTIMO: En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil quince, se celebró audiencia de votación y fallo, con la comparecencia del pleno de magistrados que conforman la Sala de lo Civil de la Corte Suprema. Una vez procedido de conformidad con lo que a derecho corresponde, se citó a las partes para oír sentencia dentro de los quince días siguientes. II. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- Contenido y alcance formal y material de la casación. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente a la vinculación que nace del motivo de casación formalizado por el censor y que fue admitido por este tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 3.- Confrontación del decisum de la sentencia con el motivo que lo impugna. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, este alto tribunal de justicia, deberá confrontar el MOTIVO PRIMERO, el cual fue admitido por este alto tribunal, contra la sentencia dictada en fecha veinte de enero de dos mil catorce, por la honorable Corte Segunda de Apelaciones Civil de la sección judicial de Francisco Morazán. 4.- Resumen de los argumentos contenidos en la sentencia impugnada. La corte de apelaciones revoca la sentencia de primera instancia, declara sin lugar la demanda, absuelve de pagar al demandado la suma de dinero que de él se exige. Para ello motivó su decisión en los fundamentos jurídicos que a continuación se exponen de manera resumida: Explica que en el presente caso es inevitable referirse al artículo 191 del Código de Procedimientos de 1906 que preceptúa que cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse a liquidación. Que ello le da procedibilidad a los artículos 1360, 1362 y 1363 del Código Civil. Señala que en el presente asunto la parte demandante no acreditó la cantidad de quince millones de lempiras por concepto de indemnización de daños, perjuicios y daño moral; en virtud de lo cual no puede existir condena alguna, ya que de hacerlo como lo hizo el a quo, no se podrían establecer de forma clara y precisa las bases con arreglo a las cuales pudiera liquidarse dicha condena en la fase ejecutiva del juicio. 5.- Resumen del motivo de casación que fue admitido. El petente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, refiriéndose por tanto a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas adjetivas que regulan la forma y contenido de la sentencia. Señala como infracción la falta de aplicación de la norma procesal que regula la motivación de la sentencia, refiriéndose específicamente al artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles. El casacionista acota los artículos que estima infringidos de la siguiente manera: “Artículo 207 del Código Procesal Civil: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. (Lo resaltado en negritas es del recurrente) “Artículo 191 del Código de Procedimientos: Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad liquida, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia” (Lo resaltado en negritas es del recurrente) Al desarrollar el concepto de la infracción, el censor básicamente expresa que la sentencia dictada por el ad quem es ilógica y que falta a la razón, en virtud de que desconoce la existencia del dictamen pericial ordenado por el a quo mediante auto para mejor proveer; por el cual fueron cuantificados los daños morales en perjuicio de las demandantes. En ese sentido el censor ataca lo expresado por el ad quem, quien fue del parecer que la parte demandante no demostró las pretensiones de pago de daños, perjuicios y daño moral. Luego el petente expresa que el párrafo segundo del artículo 191 del Código de Procedimientos que ha resaltado en negritas, no es reproducido ni tomado en cuenta en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida. En este punto, el petente compara la sentencia del ad quem con la de primera instancia la cual declara con lugar la demanda promovida, porque estimó probada la responsabilidad solidaria del Hospital La Policlínica, sociedad anónima, en la muerte culposa de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez; y además condena a la sociedad demandada a pagar la indemnización de daños y perjuicios y daño moral reclamada en el juicio de mérito, cuyo importe deberá hacerse efectivo por medio de peritos en la etapa de ejecución del presente fallo. Al respecto señala que el artículo 191 del Código de Procedimientos en su párrafo segundo, permite a los tribunales condenar bajo la reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Por lo que la sentencia de primera instancia, no hizo más que darle aplicación a dicha norma. Entonces el casacionista señala que la violación que denuncia, relativa a la motivación de la sentencia es que en el artículo 207 del Código Procesal Civil, no se consideran los distintos elementos fácticos, por ejemplo el peritaje solicitado para mejor proveer, folios del 190 al 202 de la primera pieza y no ajustarse por tanto a las reglas de la lógica y de la razón. El censor cuestiona que la motivación de la sentencia del ad quem, en relación al haz probatorio fue incompleta porque no tomó en cuenta la prueba aportada para mejor proveer, incidiendo en el resultado del fallo pronunciado. En ese mismo sentido reclama que el ad quem no aplicó, pudiendo hacerlo, el artículo 191 del Código de Procedimientos que pone a disposición la posibilidad de condenar a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. 6.- Resumen de los argumentos del abogado de la parte recurrida que se opone al motivo segundo de casación. La parte recurrida al presentar oposición al recurso de casación, lo hizo pronunciándose con relación a su inadmisibilidad; sin embargo nada expresa para reclamar la improcedencia del motivo admitido, por tanto no existen argumentos que tomar en cuenta en esta parte de la tramitación casacional. 7.- Argumentos de la Sala de lo Civil que resultan de confrontar el motivo de casación admitido con la sentencia impugnada. Decisión de casar la sentencia. La Sala de lo Civil, al examinar los argumentos del casacionista en contraste con los del fallo impugnado, encuentra que el artículo 207 del Código Procesal Civil manda que la motivación de las sentencias se haga con apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Asimismo este alto tribunal de justicia aprecia lo señalado por el casacionista en relación con el hecho de que en la motivación jurídica del ad quem, no se tomó en consideración el peritaje realizado como cumplimiento a lo ordenado como auto para mejor proveer, afectando con ello el juicio o razonamiento que devendría en la solución del caso bajo examen. La omisión del peritaje relacionado, provocó que el juzgador infringiera el artículo 191 del Código de Procedimientos de 1906; norma que dispone como regla general, que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fije el importe o monto que corresponde a pagar, o que en su defecto se fijen las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Asimismo en el párrafo segundo de dicho artículo se establece, que de no ser posible fijar el monto a pagar o fijar las bases de liquidación, se dicte la condena haciendo reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Conforme a lo anterior cabe señalar que el contenido del artículo 191 mencionado es aplicable únicamente cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, de hecho así comienza la redacción literal de dicha norma. Esto es primordial establecerlo porque antes de aplicar el artículo 191 es insoslayable hacer examen de los hechos y las pruebas que conduzcan a determinar si procede o no la condena por los mencionados conceptos. Es claro que la literalidad del artículo 191 exige que la vía correcta a seguir sea, primero verificar conforme a los hechos y haz probatorio, si procede o no la pretensión de condena; para luego en caso afirmativo, proceder a analizar la procedencia de aplicación del artículo 191 del Código de Procedimientos. La Sala de lo Civil observa que contrario a lo explicado párrafos ut supra, la corte sentenciadora en el caso sub examine, sin antes valorar si procedía condena por daños, perjuicios y daño moral, primero determinó que no se había cuantificado monto o importe alguno; y en consecuencia declara sin lugar la pretensión de condena por los conceptos señalados. Por otro lado el artículo 191 mencionado brinda tres alternativas en relación a cuantificar el monto o importe de lo debido. En el presente caso el ad quem, no sigue ninguna. Este tribunal en consecuencia advierte en su estudio que haber obviado el medio de prueba aportado en cumplimiento a un auto para mejor proveer, ha causado en el presente asunto la infracción de los artículos citados por el casacionista en el presente motivo. Para este alto tribunal de justicia, el peritaje constituía un elemento relevante en el juzgamiento del presente caso, que de no haber sido ignorada por el ad quem en su razonamiento habría presumiblemente conducido a una resolución distinta a la dictada. En consecuencia ésta debe ser casada por la infracción procesal de no haber practicado un control fáctico completo, influyendo en el razonamiento o motivación practicado. Finalmente se tiene en cuenta que el artículo que se sustenta es el 191 del Código de Procedimientos y no el artículo 209 del Código Procesal Civil; en virtud de que fue la norma vigente en el momento en que se desarrolló el proceso en primera y segunda instancia. De manera que no es posible seguir las reglas de la normativa actual, salvo en relación a los aspectos de tramitación en casación. 8.- Efecto de la procedencia de la casación y contenido de la decisión. El artículo 727 del Código Procesal Civil dispone que si la Corte Suprema de Justicia estima el recurso de casación, case la resolución recurrida en una sola sentencia, y resuelva de conformidad a derecho. 9.- Sentencia que resuelve el litigio. A continuación la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia que resuelve el presente litigio. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, este alto tribunal consigna las pretensiones de las partes, los hechos en que las fundan y las pruebas practicadas oportunamente; asimismo se consignan los hechos probados de conformidad al resultado de la valoración probatoria practicada. A efecto de lo anterior se procede de la siguiente manera: A.- Pretensiones de la parte actora según petitum de la demanda: Condena a pagar la cantidad de quince millones de lempiras por concepto de daños y perjuicios e indemnización de daño moral, más costas. B.- Hechos en que se funda la demanda: Los hechos de la demanda son: i. La demanda de mérito fue entablada por la vía ordinaria ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Francisco Morazán en fecha veintiuno de febrero de dos mil tres por el abogado Rafael Medina Irías en su condición de apoderado procesal de las señoras Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres contra la Policlínica S.A., con el objeto de que se le condene a ésta a pagar la cantidad de quince millones de lempiras por concepto de daños y perjuicios, indemnización por daño moral y las costas del juicio. Todo ello en virtud de la muerte culposa causada por la negligencia y mala práctica médica en la persona de su madre, quien en vida fuera la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez. ii. Al exponer los hechos la parte actora hace saber que el día miércoles veinticinco de febrero del año mil novecientos noventa y ocho la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez fue ingresada al Hospital Escuela en Tegucigalpa como resultado de un accidente automovilístico. Pero ese mismo día fue trasladada a la Policlínica, S.A., en donde fue ingresada a la Sala de cuidados intensivos, aplicándosele sendas transfusiones de sangre los días veinticinco y veintiséis de ese mismo mes. iii. Presentando un estado de mejoría Doña Leonarda Cáceres fue retirada de cuidados intensivos y llevada a una habitación privada, teniendo programada una intervención quirúrgica para el día lunes dos de marzo de aquel año por decisión del Dr. Maldonado, médico ortopeda. Para ello el Dr. Maldonado ordenó una nueva transfusión sanguínea la cual se llevó a cabo el día sábado 28 de febrero, estando de turno en el laboratorio de dicho hospital el microbiólogo Mario Alexis Flores Rivas, encargado y responsable de hacer la prueba para determinar el grupo y el tipo de sangre, quien se confió con la etiqueta que traía la bolsa de sangre recibida del Instituto Hondureño de Seguridad Social. iv. Ese día 28 de febrero inició la transfusión de sangre a las 3:15 P.M., veinticinco minutos después la ahora occisa presentó una reacción debido a que se le transfundió sangre tipo A positivo siendo ella del tipo sanguíneo O negativo. Los familiares al advertir que la ahora occisa luego del procedimiento estaba inquieta, incómoda y un poco inconsciente le avisaron a la enfermera de turno quien avisó al médico de guardia, Alfredo Pineda Escoto quien indicó que no había problema después de treinta minutos de haberse realizado la transfusión, pero al empeorar el estado de salud de la señora Leonarda Cáceres, sus hijas recurrieron al doctor Enrique Arias García, quien las calmó diciendo que no se preocuparan. v. A las seis de la tarde de ese mismo día el doctor Mario Valdez al visitar a la enferma ordenó que suspendieran la transfusión y se llevó la bolsa de sangre al laboratorio, habiendo colocado nota de evolución médica en el historial en la que se estableció que se habían transfundido más o menos 120 mililitros de sangre total rotulada O NEGATIVO; ordenó que se tipiara de nuevo la sangre comprobándose por parte del laboratorio que en realidad la sangre era A POSITIVO, indicativo de incompatibilidad sanguínea. Los doctores Alfredo Pineda Escoto y Marvin Enrique Arias García, se hicieron presentes a la habitación de la paciente pasados dos horas y media después de iniciada la transfusión, y aunque posteriormente después se estableció el manejo especializado del caso, el daño renal fue severo como consecuencia de la transfusión incompatible, desarrollándose en la paciente una insuficiencia renal aguda pese al tratamiento médico que recibió, falleciendo diecinueve horas después o sea a las diez y diez del día uno de marzo de 1998. vi. La parte actora también refiere que en virtud del fallecimiento de doña Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez, el Juzgado de Letras de lo Penal de este departamento instruyó causa criminal en contra de los señores Mario Alexis Flores Rivas, Marvin Enrique Arias García y Alfredo Pineda Escoto por el delito de homicidio culposo. En dicha causa recayó sentencia definitiva que condena al primero de los imputados a la pena de cinco años de reclusión y a los otros dos a la pena de dos años, seis meses de reclusión cada uno; además de condenarlos a todos ellos a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por todo el tiempo de la condena, por el delito de homicidio culposo en perjuicio de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez. Luego la parte demandante colige que dicha sentencia crea responsabilidad civil para la institución hospitalaria por los daños material y moral causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieren empleados o con ocasión de sus funciones, personas por las que legalmente debe responder al tenor del artículo 2237 párrafos primero y cuarto del Código Civil. vii. La sentencia mencionada recoge la diligencia practicada por el juez instructor, quien se apersonó en el laboratorio clínico de la casa de salud La Policlínica, S.A. e hizo constar la declaración del doctor Selín Castillo, jefe de dicho laboratorio, así: “Que tenía la bolsa de sangre que sirvió para la tercera transfusión que se le hizo a la ofendida la que se encontraba en una especie de congelador, etiquetada así: “IHSS 12/2/98, 19/3/98, TIPO O+”, según el doctor Castillo a la señora Leonarda se le habían hecho dos transfusiones anteriores y que a la tercera transfusión se le aplicó en su opinión sin ser chequeada ya que después de que se le aplicó una parte de dicha sangre 100 ml., empezó mostrar síntomas de incompatibilidad en sus palabras, ”una reacción de cierre”, explicó que toda sangre que llega a su laboratorio se le hace la prueba para determinar que tipo de sangre es, y que no se deben de confiarse en las etiquetas, para el caso esta sangre que se tuvo a la vista estaba etiquetada por el IHSS como O positivo cuando en realidad es A NEGATIVO. agregó el mismo médico que a la prueba de tipeaje debe hacerse un cruce sanguíneo para comprobar si hay incompatibilidad de sangre; que ese día que se hizo la transfusión o sea el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las tres y quince de la tarde, él no se encontraba en el laboratorio, quien se encontraba de turno era el microbiólogo Mario Alexis Flores, encargado y responsable de hacer el cruce a la unidad sanguínea, aparentemente por la urgencia del caso no hizo prueba del tipo y se confió a la etiqueta que traía la sangre.” viii. En la demanda se transcribió el hecho probado segundo que literalmente dice: “Que el microbiólogo y los médicos Mario Alexis Flores Rivas, Marvin Enrique Arias García y Alfredo Pineda Escoto respectivamente, al momento de suceder el hecho investigado eran los profesionales que participaron y estaban a cargo del cuidado de la paciente y hoy occisa LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ, siendo empleados dependientes de la Casa de Salud La Policlínica, S.A.” ix. De igual manera transcribe los hechos probados número siete y ocho, así: SÉPTIMO: “Que la Jefatura del Laboratorio de Documentología al emitir su dictamen criminalístico el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho concluye, haciendo constar: Que en el folio número ochenta y dos del Libro de Registros de Donadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social presenta alteraciones ya que donde se lee “O neg”, inicialmente se había escrito “A pos” y donde se lee A pos inicialmente se había escrito O neg. OCTAVO: Que la muerte de la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ, según autopsia practicada por el médico forense se produjo como consecuencia de una incompatibilidad sanguínea por la transfusión de sangre de grupo RH diferente al de la occisa, lo cual coincide con las alteraciones encontradas durante la autopsia y hallazgos derivados del análisis microscópico de los tejidos. Las lesiones producidas por el atropellamiento automovilístico no son lo suficientemente importantes como para desencadenar por si sola la muerte. Si bien la manera de la muerte es accidental, en este caso se considera que existe responsabilidad de quienes cometieron el error referido durante la transfusión sanguínea lo que es constitutivo de NEGLIGENCIA MÉDICA” C.- Contestación por la parte demandada. Se dio respuesta a los hechos de la siguiente manera: i. Admite que la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez ingresó a La policlínica en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber estado antes en el Hospital Escuela. Asimismo hace referencia a que tenía setenta y dos años de edad, padecía de hipertensión arterial y diabetes y que había sido víctima de un accidente automovilístico en calidad de peatón, sufriendo lesiones como las siguientes: trauma craneoencefálico cerrado, con contusión cerebral, fracturas del tórax de naturaleza múltiple y afectación de los pulmones, fracturas en partes óseas, expuestas al medio ambiente de ambas piernas, etc., su estado era riesgo cinco con pronóstico reservado. ii. Señala que en vista de la pérdida de sangre la paciente podía presentar un choque hipovolémico, razón que dio motivo hacer solicitud de esa vital sustancia al Banco de Sangre del Instituto Hondureño de Seguridad Social o IHSS, quien la remitió mal etiquetada, siendo por ello el responsable de lo acaecido. A lo anterior agrega que el personal del hospital La Policlínica no tiene por norma dudar de las remisiones de sangre que hace el IHSS, por lo que rechaza el hecho de la demanda que señala que el personal de la Policlínica se confió en lo que aparecía en la etiqueta, y agrega más adelante que no puede ser una conducta racional dudar de los laboratorios del IHSS. Asimismo indica que quien controla y regula los servicios médicos es la Secretaría de Estado en el despacho de Salud a través de la Dirección General de Hospitales, razón por la que La Policlínica no tiene Banco de Sangre, con base a esto, la parte demandada rechaza en forma categórica lo afirmado en el decimoprimero hecho de la demanda al señalar que la Policlínica actuó con negligencia en relación a los controles de calidad. iii. La parte demandada en relación a la insuficiencia renal aguda o crónica como causal de muerte dice que existen miles de personas con esta condición, que reciben tratamiento de hemodiálisis y sobreviven. Por otra parte que la insuficiencia renal puede resultar de diabetes e hipertensión arterial. iv. En relación a la alteración de los libros de registro de donadores de sangre en el IHSS, en la contestación de la demanda se tiene esto como una evidencia de que La Policlínica fue víctima de actuado por los empleados del IHSS. v. La parte demandada rechaza que la muerte de la señora Leonila Cáceres fue consecuencia necesaria de la transfusión ya que las lesiones sufridas por dicha señora en el accidente automovilístico fueron lo suficientemente graves como para desencadenar por si solas la muerte. Dice además que una persona en estado normal de salud habría superado la transfusión de sangre con tipo erróneo; sin embargo las condiciones de la occisa, tales como la edad, diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis y con traumatismos: craneoencefálico cerrado con contusión cerebral, con fracturas múltiples en la clavícula izquierda, costales de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costillas izquierdas y dobles cada una; del humero izquierdo; de la tibia y el peroné bilateral; asimismo con un pulmón con alteraciones funcionales. Cuadro por la que se consideró a la paciente en riesgo cinco (5) o sea de pronostico reservado. vi. La parte demandada califica de injusta a la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en virtud de que los acusados no presentaron prueba a su favor, ni hicieron uso de los recursos que les franquea la ley; por otra parte señala que en dicha causa no se juzgó a La Policlínica y por tanto no se le puede imputar responsabilidad civil, ni siquiera como presunción. vii. Refiere que la parte demandante no señala en su demanda en que consistieron los supuestos daños y perjuicios, o sea los daños emergentes y lucro cesante; tampoco lo hicieron respecto a los daños morales. La omisión de dicha descripción –dice la parte demandada- provoca que no puedan probarlos en el proceso y consecuentemente cuantificarlos. viii. Siempre en relación al pago de daños y perjuicios, la parte demandada se defiende diciendo que de conformidad a lo establecido por el Código de Familia, la occisa no estaba obligada a pagar alimentos a los demandantes. Asimismo estos no pagaron la hospitalización de la occisa, medicinas ni ningún gasto relacionado con la asistencia médica. Tampoco la señora Leonila Cáceres viuda de Gómez tenia una actividad lucrativa y mucho menos que de esa actividad se pudieran beneficiar los demandantes. ix. No existe en la legislación civil norma que regule lo relacionado a los daños morales, contrario a lo que sucede con los daños y perjuicios, mismos que no se produjeron en el presente caso. x. Dice que tratándose de una pretendida responsabilidad civil por solidaridad legal, los demandantes debieron incluir en la demanda a las personas sobre las cuales recayó la responsabilidad penal, según lo establecido en el artículo 2238 del Código Civil. D.- Medios probatorios evacuados en juicio: Los medios de prueba que fueron admitidos y evacuados oportunamente fueron: a) La parte demandante evacuó la prueba siguiente: i. Prueba documental. Fueron evacuadas las pruebas que acompañó con la demanda los documentos siguientes: a. Certificación de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán; b. Acta de defunción de la señora Leonarda Leonila Cáceres; c. Certificaciones de actas de nacimiento de las señoras Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres; d. fotocopia de un reporte de defunción. ii. La inspección personal del señor juez al expediente registrado bajo el número 8,704 contentivo de la causa criminal incoada contra los señores Mario Alexis Flores Rivas, Marvin Enrique Arias García y Alfredo Pineda Escoto y que obra en los archivos del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, para acreditar la sentencia definitiva condenatoria dictada en contra de los acusados, empleados de La Policlínica así como la imputación de negligencia técnica por parte del jefe de laboratorio y director de dicho hospital. La evacuación de dicho medio de prueba ocurrió el nueve de enero de dos mil cuatro a las nueve de la mañana. El juez fue atendido por la señora Liliana Urquía, encargada de archivo número cinco del juzgado quien les proporcionó el expediente número 8704-02 tomo II, constatándose en el hecho segundo del considerando primero de la sentencia definitiva de fecha doce de diciembre de dos mil dos lo siguiente: “SEGUNDO: Que el microbiólogo y los médicos MARIO ALEXIS FLORES, MARVIN ENRIQUE ARIAS GARCÍA Y ALFREDO PINEDA ESCOTO respectivamente, al momento de suceder el hecho investigado eran los profesionales que participaron y estaban a cargo del cuidado de la paciente y hoy occisa LEONARDA LEONILA CÁCERES viuda de GÓMEZ, siendo empleados dependientes de la casa de la salud La Policlínica, S.A.” En el tercer considerando se transcribió literalmente: TERCERO: Que la señora Leonarda Leonila viuda de Gómez el día miércoles veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sufrió un accidente automovilístico a inmediaciones de la parada de buses de la colonia Las Brisas de la ciudad de Comayagüela, D.C, siendo llevada de inmediato al Hospital Escuela y posteriormente trasladada e ingresada por sus familiares, ese mismo día a la casa de la salud La Policlínica con politraumatismo, siendo internada en cuidados intensivos, en donde se le aplicaron dos transfusiones sanguíneas, en los días veinticinco y veintiséis del mismo mes y año, cuando ya estaba bien, fue retirada de esa sala y trasladada a una habitación privada, que el médico ortopeda tratante R. Maldonado, decidió programar para operación el día lunes dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho a la paciente antes referida, pero en virtud de que esta tenía baja la hemoglobina ordenó que se le hiciera una transfusión sanguínea en día sábado veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho estando de turno en el laboratorio de dicha casa de salud el microbiólogo Mario Alexis Flores Rivas encargado y responsable de hacer el cruce a la unidad sanguínea o sea la prueba para determinarse el grupo y el tipo de sangre, se confió en lo que aparecía en la etiqueta que traía la bolsa de sangre que había sido recibida del IHSS y la entregó así a la enfermera encargada de hacer la transfusión ordenada por el Dr. Maldonado a la paciente Leonarda Leonila Cáceres vda. de Gómez.” En el sexto considerando dice: “CONSIDERANDO: Que si bien es cierto la defensa alega que la ofendida Cáceres viuda de Gómez tenía un politraumatismo, diabetes mellitus, hipertensión y problemas cardiacos que fácilmente pudieron causarle la muerte; también lo es que la referida en principio presentó problemas por sus lesiones sufridas en el accidente; sin embargo, luego evolucionó satisfactoriamente al grado que el Dr. Maldonado ordenó se le transfundiera una unidad de sangre para mejorar valores hematológicos preoperatorio a efectuarse el día lunes dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho y, tal como consta en el historial clínico dictamen de autopsia y otros elementos de prueba que se registran en autos la causa verdadera y real de la muerte de la paciente Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez se debió al daño renal severo producido al habérsele trasfundido más o menos 120 ml. de sangre rotulada “O NEGATIVO” y que al tipiarse nuevamente la sangre de la bolsa que contenía la unidad sanguínea resultó ser “A POSITIVO” indicativo de incompatibilidad sanguínea.” b) La parte demandada evacuó la prueba siguiente: i. Dictamen de perito con el objeto de que el mismo realice un examen exhaustivo al historial clínico que obra en la causa instruida contra los señores Mario Alexis Flores Rivas, Marvin Enrique Arias García y Alfredo Pineda Escoto en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán. El perito deberá indicar: a. los antecedentes y hallazgos al momento de su ingreso a la Policlínica, S.A.; b. la necesidad de aplicar la tercera transfusión de sangre; c. Quién o qué institución remitió la sangre solicitada; d. Establecer que dependencias están autorizadas para tener un banco de sangre; d. Precisar si el personal de La Policlínica, S.A., debía extenderse a dudar del Banco de Sangre del IHSS; e. Establecer si la insuficiencia renal presentada por la occisa fue la causante de su muerte; f. Establecer si la hipertensión arterial que adolecen algunas personas les producen insuficiencia renal; g. Establecer si la diabetes que adolecen algunas personas les producen insuficiencia renal; h. Establecer si la muerte en mención pudo ser provocada necesariamente por las lesiones sufridas por dicha señora en el accidente que tuvo; i. Establecer si la occisa ingreso a la Policlínica bajo riesgo de atención hospitalaria número cinco es decir bajo pronóstico reservado, explicar a que se refiere: “con diagnóstico reservado”;j. Explicar si conforme a lo expuesto en el expediente clínico la señora en mención alguna vez estuvo fuera de peligro o con salud estable. Dicho dictamen fue presentado al Juzgado de Letras de lo Civil en fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro, por el perito nombrado, doctor en medicina interna y hematología Francisco José Fernández Matamoros, quien rinde opinión de la manera que sigue (resumen): 1) La occisa de 72 años al ser evaluada por el Dr. Maldonado, se le encontró: 1. traumatismo encéfalo craneal cerrado, 2. Fractura de clavícula izquierda; 3. Fracturas costales de la segunda a la sexta costilla izquierda acompañada de contusión pulmonar; 4. Fractura transversal deaficiaria del humero izquierdo, 5. Fractura con minuta de metáfisis proximal con rasgo reticular izquierda expuesta. La paciente se encontraba en estado de choque hipovolémico y se tomaron las medidas pertinentes. Evaluación el Dr. Nieto revela anisocoria siendo la pupila izquierda mayor que la derecha, así como herida contusa frontal. La tomografía axial computarizada del cerebro mostró edema y contusión difusa. La paciente fue estabilizada médicamente y para esto requirió procedimiento quirúrgico y para esto requirió tratamiento con sangre completa. Fueron ordenadas tres unidades previo procedimiento quirúrgico y durante la tercera unidad y después de haber trasfundido aproximadamente 120 c.c. se dan cuenta de que era incompatible con el grupo de la paciente en el sistema ABO. 2) En el ingreso claramente se determina que la paciente se encuentra en choque hipovolémico, tal como lo determinan una presión arterial de 65/45 mmHg, hemoglobina de 8.6gr% y hematocrito de 25 volúmenes por ciento, obviamente hubo pérdida de sangre importante a tal punto que llevó a la paciente al colapso hemodinámico. La transfusión de sangre es por tanto determinada por la respuesta de la paciente a la transfusión de los componentes indicados hasta lograr la estabilidad hemodinámica. Por lo tanto la tercera transfusión depende de la evaluación clínica del momento y la sangre solicitada. 3) La sangre fue solicitada al IHSS de acuerdo a la documentación tenida a la vista. 4) De acuerdo a la fecha en que sucedió el incidente cualquier hospital tenía competencia para tener un banco de sangres, y fue hasta 1999 que emite el Acuerdo No.629 de fecha 9 de agosto de 1999 donde se regula en el artículo 5, “que la Cruz Roja Hondureña será la única encargada de recolectar, fraccionar, tamizar y hemoclasificar todas las unidades recolectadas en el país; es de hacer notar que esto todavía no se ha implementado ya que existen bancos de sangre fuera de la Cruz Roja autorizados para procesar sangre. 5) Dice que no sabe porque se pidió sangre al IHSS porque nadie le explicó en la documentación que se le proporcionó. 6) Opina que no hay razones para desconfiar de la sangre del IHSS, pero considera obligatorio corroborar el tipo sanguíneo y hacer el cruce pertinente en cada paciente que vaya a ser trasfundido. 7) Señala que en su opinión la insuficiencia renal aguda no puede ser la causa de la muerte de la señora Leonarda Leonila Cáceres, ya que ésta lo hace a largo plazo en días y no horas. 8) La diabetes mellitus puede por si sola desarrollar insuficiencia renal. 9) La paciente tenía múltiples factores que podían llegar a desarrollar insuficiencia renal, por ejemplo el choque hipovolémico, el politraumatismo con daño muscular extenso con rabdomiliosis (músculos severamente dañados) cuyos componentes pasan a la sangre bloqueando los riñones produciendo insuficiencia renal aguda. 10) Dice que también se ha comprobado por la literatura médica mundial que la hipertensión arterial puede llegar a causar insuficiencia renal. 11) Comenta la autopsia practicada a la occisa y dice que los resultados son pobres, ya que no explica si la causa de muerte se debió a causas más frecuentes en esta situación como por ejemplo, embolia pulmonar, embolia grasa en pulmón como consecuencia del daño extenso en huesos tal como presentaba la occisa, infarto al miocardio lo cual es frecuente en diabéticos e hipertensos; por otro lado manifiesta que no está de acuerdo con el médico legista o forense Dr. German Alan Bonilla, como perito oficial, quien señaló que las lesiones sufridas por la paciente en el accidente no eran lo suficientemente graves para causar la muerte, señala que la transfusión de sangre incompatible ABO tiene una mortalidad extremadamente baja tal como lo expone la literatura, por lo que no se considera como causa del fallecimiento de doña Leonarda Leonila Cáceres. 12) El término reservado se aplica a paciente en grave situación clínica y que la muerte puede ocurrir. Junto con el dictamen acompaña el extendido por el Ministerio Público elaborado por el Dr. German Alan Bonilla con visto bueno del Dr. Arturo Álvarez Rubio; en el cual destaca en amarillo, lo siguiente: causa de muerte por incompatibilidad sanguínea ABO y RH. Alteraciones encontradas incompatibilidad ABO y RH con coloración amarillenta de la piel (ictericia), fluidez sanguínea, congestión visceral generalizada con daño agudo del cerebro, los pulmones, el bazo y los riñones. En la manera de muerte dice accidental desde el punto de vista médico legal. Se enviaron muestras de tejidos viscerales para estudio microscópico obteniendo los resultados siguientes: 1) Edema cerebral leve. 2) Hemorragia cerebral aguda. 3) Atelectasis pulmonares. 4) Edema pulmonar agudo. 5) Antracosis leve. 6) Bazo esclerocongestivo. 7) Necrosis tubular aguda. 8) Congestión renal acentuada. Comentarios (1) La muerte se produjo como consecuencia de una reacción de incompatibilidad sanguínea por la transfusión de sangre de grupo y Rh diferente al de la occisa, lo cual coincide con las alteraciones encontradas durante la autopsia y hallazgos derivados del análisis microscópico de los tejidos. (2) las lesiones por el atropellamiento automovilístico no son lo suficientemente importantes como para desencadenar por si solas la muerte; sin embargo algunas de ellas fueron acentuadas por el proceso antes mencionado. (3) Si bien la manera de muerte es accidental, en este caso se considera que existe responsabilidad de quienes cometieron el error referido durante la transfusión sanguínea lo que es constitutivo de negligencia médica. De igual manera se encuentra el dictamen pericial rendido por el Dr. Wilfredo Cruz Campos con especialidad en neurocirugía, quien opina lo siguiente: La señora Leonarda Leonila Cáceres al momento de ingresar a la Policlínica tenía 72 años y quien al ser evaluada por primera vez se estableció que era una persona diabética estable controlada por dieta durante siete años, portaba una cardiopatía estable por bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de Hiss del corazón (BIRD), ambas patologías pudieran ser agravantes como factores de riesgo que favorecen la aparición de complicaciones en el curso de una enfermedad traumática. El diagnóstico establecido al momento de su ingreso fue: a. traumatismo cráneo encefálico más contusión cerebral. b. Fractura de la clavícula izquierda. c. Doble fractura de las costillas izquierdas de la segunda a la sexta en hemitórax izquierdo. d. Fractura del humero izquierdo. e. Fractura de la tibia y el peroné, tanto de la pierna izquierda como de la derecha. Presenta además a. presión arterial baja de 65/45 mm hg, probablemente con pérdida sanguínea derivada de sus lesiones (choque hemodinámica). Los parámetros del primer hematológico era bajo, siendo la hemoglobina de 8.6 gms% (normal: 12:14gms% y el hematocrito de 25 vol % (normal 40-45 vol %). b. El daño cerebral expresado como contusión (inflamación=edema) difusa del encéfalo fue diagnosticada mediante tomografía computarizada del cerebro y la autopsia hace mención de la existencia de fracturas del cráneo, así mismo el neurocirujano que la pupilas (anisocoria), todo esto como evidencia de la severidad del trauma del cerebro. c. Las fracturas de la clavícula habitualmente son intrascendentes si no hay lesión de los vasos subclavios como aparentemente sucedió. d. Las fracturas múltiples en las costillas ocasionan generalmente un tórax inestable, es decir se pierde la capacidad expansiva y comprensiva (capacidad de fuelle) de esa mitad del tórax en detrimento de su capacidad de ventilación; en relación a esto el especialista del tórax que la revisó (Dr. Chirinos) consigna que existía menos ventilación del tórax izquierdo, así como también señala la existencia de contusión pulmonar (hemorragia e inflamación de esa lado. E. Las fracturas de los huesos largos (húmero izquierdo y ambas tibias y peronés de los miembros inferiores) ocasionan frecuentemente anemias por hemorragias cuando se lesionan los vasos y los músculos vecinos, siendo potencialmente puntos de desprendimiento de embolismos pulmonares que pueden ser fatales cuando se desprenden trombos de grasa o de sangre de los sitios afectados hacia el pulmón. 2. opina que era necesario la tercera transfusión de sangre, según aparece en el expediente cuando relaciona que el 28 de febrero de 1998 a las siete de la mañana parece el resultado de un examen hematológico con valores muy bajos para practicar una cirugía múltiple: hemoglobina 9:6 (n:12-14) y un hematocrito de 32.3 (n:40-45), pero también ese mismo día aparece otro resultado aún más bajo con hematocrito de control 28 vol%. 3. La sangre provenía del IHSS, remitida el 17 de febrero de 1998, según dictamen No. C: 1245-98. 4. En la época de los hechos cualquier hospital grande podía tener banco de sangre. 5. Dice que es probable que se solicitó por desabastecimiento local. 6. Dice que aunque exista confianza entre los bancos de sangre, siempre deben hacerse verificaciones, desconoce si en este caso La Policlínica lo hizo. 7. La paciente tenía muchas complicaciones para atribuir que su muerte se debió exclusivamente a la insuficiencia renal aguda. Cuando existen tantas lesiones hay liberación de muchas sustancias, especialmente proteínas musculares que pueden ocasionar taponamiento renal e insuficiencia, así como el choque hipovolémico por la pérdida de sangre. No pueden desestimarse como causas de muerte las lesiones contusivas en cerebro, pulmón, riñones y las múltiples fracturas.8. La diabetes es capaz de ocasionar insuficiencia renal a muy largo plazo, especialmente si la alteración metabólica es de la larga fecha y de mayor severidad que la que tenía la paciente y quien hasta el momento del accidente no había presentado manifestaciones de alteración funcional de sus riñones. 9. Dice que no se puede asegurar que la insuficiencia renal fue causada necesariamente por la transfusión de sangre, ya que la paciente presentaba otras condiciones ya mencionadas. 10. La hipertensión arterial puede provocar insuficiencia renal, especialmente si es crónica de larga evolución y si es del tipo maligno, es decir con signos tensionales permanentes, pero estos pacientes habitualmente sufren fallas de otros órganos vitales como el corazón accidentes hemorrágicos cerebrales antes de presentar insuficiencia renal. 11. Difícilmente puede atribuirse la muerte exclusivamente a la transfusión sanguínea. 12. Las lesiones sufridas en el accidente por si solas podían causar el deceso de la occisa. 13. Dice que en el momento del ingreso no se hizo mención de pronóstico. Los pacientes con riesgos previos como edad, obesidad y enfermedades crónicas que han sufrido un politraumatismo tan severo y que ingresan en estado crítico como inconciencias o choque hemodinámico, son sometidos a terapia urgente en una unidad denominada de cuidados intensivos (UCI), con la finalidad de estabilizar su condición medica difiriendo todo procedimiento secundario hasta que su condición mejore, por eso se postergó la cirugía. La transfusión sanguínea es uno de los procedimientos de la UCI para estabilizar los volúmenes sanguíneos perdidos durante el accidente. El pronóstico reservado se utiliza exclusivamente en pacientes graves con riesgo de muerte, en el caso de la occisa a pesar de las medidas médicas para estabilizarla pueden surgir complicaciones que alteraren el curso hacia la mejoría. 14. En el expediente aparece que la paciente había logrado alcanzar una mejoría clínica (estabilidad) que permitiría realizar las cirugías previstas, siempre y cuando se hicieran las trasfusiones necesarias, aunque esto no excluye que la paciente estuviera fuera de peligro. Finalmente en dicho dictamen se hace un comentario adicional respecto a la autopsia, así: Se menciona que la paciente presentaba tinte ictérico, es decir las conjuntivas oculares presentan un color amarillo verdoso y este cuadro aparece cuando hay enfermedades hepáticas que obstruyen las vías biliares o por procesos inflamatorios del hígado; pero también cuando hay destrucción de glóbulos rojos dejando salir la hemoglobina de su interior. En ambos casos la ictericia es la elevación de las bilirrubinas, pero en el expediente no hay constancia de haberse practicado exámenes para cuantificar los valores de éstas en sangre, por lo que opina que la aseveración es subjetiva. 2. En relación a la mención de fluidez sanguínea el perito dice que cree que el autopsiante se refiere a que la sangre no estaba coagulada como ocurre en los estados postmortem, pero al revisar el expediente no encuentra evidencia de que la paciente haya presentado alteraciones en la coagulación, por lo que opina que este extremo también es subjetivo. 3. Dice que a pesar de que en el expediente se hace mención de que en una evaluación cardiaca hecha el 28 de febrero de 1998 se sospecha de un infarto focal septal e insuficiencia cardiaca, no consta que se enviaron muestras biselares del corazón para estudio anatomo-patológico. Los infartos cardiacos conducen a una insuficiencia de este órgano que condiciona un edema o inflamación de los pulmones que los congestiona de secreciones entrando a una verdadera incompetencia funcional asociado con la muerte, y si a esta condición se agrega el hecho de que previamente existe una contusión pulmonar traumática y un hemitórax izquierdo también incompetente en su función de fuelle por las fracturas costales, con mayor razón para tratar de establecer si existió o no un infarto cardíaco. 4. Refiere a que radiográficamente el Dr. Chirinos el día del ingreso de la paciente informa sobre las fracturas costales y la existencia de una contusión pulmonar izquierda; sin embargo el patólogo forense cuando describe las lesiones sitúa la contusión en el lado derecho. Después se menciona que en el examen del laboratorio había presencia de atelectasias pulmonar y edema pulmonar agudo sin hablar de la contusión pulmonar izquierda, cuyo diagnostico fue establecido radiograficamente. En relación a las transfusiones equivocadas dice que en este tema los entendidos señalan que las reacciones pueden ser leves o severas, no siempre causan la muerte. Las hay inmediatas que se desarrollan antes de las 24 horas posteriores a la transfusión y las retrasadas que lo hacen pasadas las 24 horas. Cuando son severas pueden provocar hemólisis o sea rotura de los glóbulos rojos con salida de la hemoglobina y los pigmentos contenidos en el interior. Esto se asocia a los siguientes síntomas: dolor en el pecho detrás del esternón, dolor en el lugar de la transfusión, dolor abdominal, dificultad respiratoria, vómitos, diarrea y hemoglobinuria por la presencia de hemoglobina en la orina. Existen manifestaciones adicionales como hipertensión arterial, enrojecimiento cutáneo urticaria, fiebre y anemia. En la paciente no se presentó fiebre pero si un aumento en los glóbulos blancos de 17,000 hasta 34,000 (N: 8,000 a 10,000), lo que se asocia mejor a una infección bacteriana; tampoco presentó alta presión. No existe constancia de haber presentado urticaria o enrojecimiento cutáneo. Las complicaciones más importantes de una transfusión equivocada son la coagulación intravascular diseminada (CID), que se caracteriza por sangrado general desde las heridas o bien hasta el punto donde se puncionan las venas para colocar los sueros, así como la presencia de petequias que son pequeños puntos hemorrágicos en la piel y mucosas y esto tampoco está consignado. Y la última complicación mencionada es la falla renal que comienza con una disminución en la producción de orina por los riñones hasta que los mismos dejan de producirla, estado que se conoce como anuria, siendo esta última la que presentaba la paciente, sin embargo hay otras causas que pueden provocar la falla o bloqueo de los riñones. La insuficiencia renal puede ser detectada mediante pruebas de laboratorio que permiten demostrar el aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico en la sangre; dichas pruebas fueron solicitadas por el nefrólogo Dr. Maradiaga tres hora después de la reacción transfusión antígeno-anticuerpo, la cual se detecta mediante la prueba de Coombs, la cual fue también solicitada y resultó negativa. ii. La inspección personal del señor juez asociado con el secretario de actuaciones a las oficinas de La Policlínica, S.A. a fin de constatar lo siguiente: a. Las políticas administrativas en cuanto al ingreso de los pacientes a dicho centro hospitalario, como por ejemplo el pago de depósito previo a la atención del paciente; b. Si con fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho o fechas posteriores alguna persona a nombre de la occisa realizó algún abono, anticipo o pago por hospitalización, atención médica, medicinas o algún gasto relacionado con la asistencia médica; c. Si existen facturas o algún otro documento por cobrar emitidos por la Policlínica, S.A., a consecuencia del ingreso de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez. Dicha prueba se evacuó el nueve de enero de dos mil tres a las dos de la tarde, siendo atendido el juez por la señora Bertha Durón de Rodríguez en su condición de gerente administrativo y quien trabaja para La Policlínica desde 1995, constatándose lo siguiente: A) Dice que las decisiones administrativas son tomadas por ella y los pasos para la admisión de pacientes son: 1) Se recibe en el departamento de admisión que trabaja todos los días y todo el año; 2) Se le toman los datos generales al paciente, si el médico que lo atiende determina el ingreso se le brinda un formulario para que lo llene personalmente u otra persona responsable; seguidamente se da un depósito en lempiras según la gravedad del paciente, si en ese momento no se puede cubrir el depósito una persona se responsabiliza a depositar el dinero ese mismo día o el siguiente. B) Responde que nadie hizo pago alguno en el caso de la señora Leonarda Leonila Cáceres y que lo asevera con seguridad pues esa cuenta forma parte de un grupo de cuentas que conformaron una solicitud ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos de amnistía tributaria por ser cuentas incobrables. C) Si existe la factura número 33074 por la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta punto veinte lempiras de fecha veinticinco de febrero de 1998 a nombre de la paciente Leonarda Leonila cuenta #79001 de la cual se adjunta fotocopia y un desglose de dicha cuenta, asimismo de un formulario de ingreso de hospitalización, fotocopia de dos oficios donde se describe la política de deposito para ingreso de pacientes a dicha institución. iii. Inspección personal del señor juez asociado con el secretario de actuaciones a las oficinas del Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI para constatar si la señora Leonarda Leonila Cáceres presentó declaración jurada de ingresos en los años comprendidos de 1992 a 1997, asimismo constatar si dicha señora realizó algún pago durante el periodo señalado por concepto de impuesto sobre la renta. iv. Inspección personal del señor juez asociado con el secretario de actuaciones en las oficinas del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos INJUPEMP, a fin de constatar en el departamento administrativo o legal, los extremos siguientes: a. La edad mínima y máxima legal para que un afiliado pueda ser objeto de los beneficios de jubilación y pensión; b. los requisitos generales para ser beneficiario de una jubilación y pensión y los trámites a seguir para su obtención. v. Inspección personal del señor juez asociado con el secretario de actuaciones a las oficinas del Instituto Hondureño de Seguridad Social a fin de constatar lo siguiente: La edad mínima y máxima legal para que un afiliado pueda ser objeto de los beneficios de jubilación y pensión; b. Los requisitos generales para ser beneficiario de una jubilación y pensión y los trámites a seguir para su obtención. Dicha prueba se evacuó en fecha doce de enero de dos mil cuatro a las diez de la mañana por el juez, quien fue atendido en la oficina de jubilación y pensión del IHSS por la jefa de ésta, licenciada Liliana Welchez, constatándose lo siguiente: 1) Que la edad para que un afiliado pueda ser objeto de los beneficios de jubilación y pensión es de sesenta años para la mujer y sesenta y cinco para el hombre. 2) Los requisitos son: a) tener la edad; b) Haber cotizado mínimo quince años, es decir 180 cuotas mensuales al régimen, que pueden ser o no continuas; para poder tramitarlo es necesario: A) llenar el formulario que proporciona el IHSS; B) Adjuntar constancia de trabajo o únicamente el lugar donde trabajo por último, especificando la fecha de su retiro; C) Adjuntar certificación de acta de nacimiento y fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad; luego de esto se investiga en los archivos para proceder a otorgar lo solicitado. vi. Confesión judicial bajo juramento indecisorio de la señora Liesbeth Varinia Gómez Cáceres, la cual se llevó a cabo a los doce días del mes de enero, en la cual responde que si es cierto que al momento del accidente su madre doña Leonarda Leonila Cáceres andaba sola, es decir no se encontraba acompañada; que su madre cubría sus propios gastos de alimentación; que después de la muerte de su madre ha continuado con su vida, tanto en su centro de trabajo como en su vivienda; que su madre tuvo un negocio en Comayagüela llamado Bazar El Niño por más de cincuenta años, con el cual mantuvo a su familia y que ella pagaba sus impuestos. Ese mismo día compareció Yolanda Isabel Gómez Cáceres, quien contestó de igual manera, salvo en relación a que su madre rentaba casas después de cerrar el negocio. c) Prueba evacuada en virtud de mandato del juez para mejor proveer. El juez mediante auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil cinco dictó auto para mejor proveer a efecto de nombrar un actuario para que realizara un avalúo de los daños morales que pudieran haberse provocado por la muerte de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez. Seguidamente en fecha cinco de octubre de ese mismo año se nombró como perito evaluador al perito Robert Orlando Raudales Urrutia de una lista proporcionada por la compañía de seguros CREFISA S.A. que contenía los nombres de los peritos o actuarios registrados ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El perito presentó en fecha cuatro de mayo de dos mil seis el resultado de su informe en el cual concluye: “1) El valor total estimado de la indemnización asciende a la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor al cual se le deberá rebajar la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos, valor que corresponde a la asistencia médica y la cual ya fue absorbida por la demandada. Quedando un valor neto a compensar por la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos. 2) El valor de indemnización de la pérdida de vida se estimó en cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor que está dividido en dos partes: Uno, está en función de la estimación de los años de vida que de manera anticipada el hecho le pudo haber quitado a la difunta, el cual se estimó en dos millones ochocientos noventa mil quinientos treinta y dos lempiras con diez centavos y la diferencia que corresponde a la compensación por la demora que ha existido en el pago de la indemnización por la pérdida de vida, la cual está calculada en base a una tasa de interés legal. 3) Los valores estimados corresponden a la estimación de los gastos emergentes por asistencia médica y el daño moral provocado a la difunta en virtud de la pérdida de su vida de manera anticipada. 4) El valor estimado de la indemnización esta sujeta a que la señora juez encuentre que la parte demandada tuvo alguna culpabilidad en los hechos reclamados por las demandantes o sea que sea rectificada su sentencia emitida el día cuatro de agosto de dos mil cuatro, la cual fue anulada, según resolución de la corte de apelaciones en fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, por carecer del importe del pago de la indemnización. 5) Además, es importante señalar que la estimación calculada, está en función de salud de la difunta se considera en estado anterior en la que ella se encontraba, es decir, una persona de la tercera edad con padecimiento de diabetes crónica e hipertensa, pero controlado tal como lo expresa su médico de cabecera. Por lo cual se consideró este hecho, efectuando el respectivo ajuste a este hecho, lo cual repercute en una rebaja en la potencia de años de vida que la difunta poseía. No realizando ninguna consideración al hecho de las repercusiones que el accidente pudo provocar…” E.- Valoración probatoria que hace la Sala de lo Civil: Este alto tribunal de justicia siguiendo los postulados expuestos en el artículo 245 del Código Procesal Civil al momento de hacer el análisis y valoración individual y en conjunto de los siguientes medios de prueba evacuados en el juicio tiene como hechos probados los siguientes: a) El día miércoles veinticinco de febrero del año mil novecientos noventa y ocho la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez fue ingresada a la Policlínica, S.A., en donde fue ingresada presentando un estado crítico a la Sala de cuidados intensivos, después de haber sufrido un accidente automovilístico. b) En fecha uno de marzo, siendo las diez de la mañana con diez minutos ocurrió el deceso de la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez. c) Además del estado delicado en que se encontraba la occisa, por error se le hizo transfusión de sangre tipo A positivo, siendo ella de tipo O negativo. La sangre provenía del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la información que aparecía en la etiqueta del recipiente que contenía la sangre que se transfundió por error a la señora Leonarda Leonila Cáceres viuda de Gómez no fue verificada por el laboratorio de la Policlínica S.A., de manera que ésta recibió una sangre incompatible tanto ABO como Rh. d) El microbiólogo y los médicos Mario Alexis Flores Rivas, Marvin Enrique Arias García y Alfredo Pineda Escoto respectivamente, fueron los profesionales responsables del cuidado de la hoy occisa Leonarda Leonila Cáceres Viuda de Gómez, al momento de suceder el hecho investigado, siendo empleados dependientes de La Policlínica, S.A. F.- Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en virtud de los hechos probados en juicio y detallados ut supra estima procedente aplicar el derecho atinente al caso (fundamentación jurídica) de conformidad a los siguientes presupuestos. a) El óbito de la señora LEONARDA LEONILA CÁCERES VIUDA DE GÓMEZ a consecuencia de un acto derivado de una mala praxis médica, consistente en una errónea transfusión de sangre que recibió en LA POLICLÍNICA, S.A., es un evento que tiene como resultado el nacimiento de obligaciones civiles de conformidad a lo establecido en el artículo 1346 del Código Civil, el cual al referirse a las fuentes que generan obligaciones civiles, cita en forma expresa a los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. b) No habiendo sido un hecho controvertido por las partes y siendo además un hecho suficientemente acreditado mediante la prueba aportada en el juicio, se descarta de plano la presencia de dolo, debido a que no hubo intención de causar la muerte de doña Leonarda Cáceres, sino que ese lamentable hecho se debió a que la parte demandada La Policlínica, S.A., por medio de sus empleados, omitió hacer las pruebas de tipiaje necesarias para corroborar si la sangre que se le iba a trasfundir a la entonces paciente Leonarda Leonila Cáceres era la adecuada de conformidad a su tipo y Rh. c) Dicha omisión negligente constituyó la causa de fallecimiento de la paciente, la cual se encontraba de por sí, en un estado de salud delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente que tuvo en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho y las patologías de diabetes e hipertensión arterial; elementos todos que en su conjunto debieron alertar a los médicos y demás personal de dicho hospital demandado, para extremar sus cuidados hacia la paciente, quien tal vez pudo haber superado el trance en el cual se encontraba, de no haber sido a que una omisión negligente, empeoró su situación clínica; yerro que era evitable o vencible con un tipeaje de sangre la cual es una prueba sencilla y de bajo coste, mediante la cual se habría detectado la mala rotulación de la bolsa de sangre que provenía del Instituto Hondureño de Seguridad Social. d) La Sala de lo Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia es del parecer que en el presente caso, si bien es cierto se determinó la existencia de un delito y que éste origina responsabilidad civil; ésta es deducible únicamente en contra de los imputados que fueron declarados culpables en el juicio penal que les condenó. No existe disposición alguna en el Código Penal que conlleve a reclamar indemnización civil ex delicto a terceros, salvo el caso del artículo 114 del Código Penal, el cual no es aplicable al presente caso. De manera que la responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. no deriva del delito en forma directa, sino que su responsabilidad tiene como fundamento la negligencia de sus dependientes que intervinieron y que causaron que no brindara el servicio de calidad que esperaban los familiares de la señora Leonarda Leonila Cáceres, quienes contrataron dicho hospital privado para que su pariente tuviera una atención médica de calidad. Entonces, la responsabilidad pecuniaria que se reclama en la presente demanda, existe, y es el resultado de la relación o nexo causal que concurre entre el personal que fue encontrado penalmente culpable con la empresa mercantil demandada. Dicho nexo legitima el reclamo que se ha entablado por la vía judicial en contra de la Policlínica, S.A. en su condición de entidad que presta servicios privados de salud. Para más claridad las personas que resultaron condenadas por la vía penal, actuaron como dependientes, según concepto que nos brinda el artículo 366 del Código de Comercio; por lo que dicha responsabilidad deviene de lo dispuesto en los artículos 364, 368 y 371 del mismo código. Tomando en cuenta lo anterior, se observa que la prestación de servicios médicos de la Policlínica, S. A., es de naturaleza mercantil, en virtud de que es el lucro su objetivo; razón por la que es aplicable el artículo 691 del Código de Comercio. e) La culpa o negligencia que generó el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una prestación de servicio de calidad, deberán ser sometidas a las disposiciones del artículo 692 del Código de Comercio, norma que expresa que el cumplimiento de obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio. Este tipo de criterio abstracto conduce a pensar que el hombre de negocios emplea la diligencia requerida para dar un servicio de calidad en función de tener una buena reputación. Para entender el alcance de la expresión utilizada por el artículo 692 del Código de Comercio, se compara con la utilizada por el Código Civil cuando refiere la diligencia de un buen padre de familia. Cuando la ley exige la diligencia de un buen padre de familia, se refiere a un hombre común, responsable y bien intencionado; en cambio cuando se refiere a un comerciante en negocio propio, exige aún más diligencia de su parte, porque apela a una persona con más experiencia que la del hombre común, es decir exige la de una persona con especial aptitud profesional. f) En el caso sub iudice, la parte demandada es un hospital privado legalmente establecido, siendo parte de los servicios que presta al público, entre otros, garantizar en forma general, todos los medios que se encuentren a su alcance para intentar devolver la salud a quienes contratan de manera onerosa sus prestaciones. De manera que como comerciante que cuida su propio negocio es dable señalar que no descuida detalles básicos para brindar un servicio de calidad, como verificar que los suministros que presta, incluyendo la sangre que se trasfunda a sus pacientes se encuentren en condiciones óptimas, para lo cual resulta básico y sobrentendido que previo a su aplicación debería constatar de manera cierta, efectiva y segura la calidad y composición de la misma; todavía más cuando dicho suplemento no fue recogido por el mismo hospital, sino proveído por otro, en este caso una institución del Estado. El no haber actuado de manera diligente constituye una conducta que de acuerdo a la naturaleza de su obligación, le hace civilmente responsable de indemnizar a las víctimas, familiares o deudos conforme el pago de daños y perjuicios. g) Como se ha podido constatar, la indemnización compensatoria nace a favor de los demandantes por la imprevisión negligente del hospital demandado, quien se descuidó de manera inexcusable al no haber constatado el estado y condiciones de la sangre que luego de la transfusión le causó la muerte de quien en vida fuera doña Leonarda Leonila Cáceres. Distinto habría sido si la muerte haya sobrevenido aun con el esmerado cuido y diligencia de la demandada, en cuyo caso no habría responsabilidad civil ni indemnización que reclamar. h) Ahondando en las obligaciones que contrajo La Policlínica S.A., como empresa mercantil que presta servicios de salud bajo título oneroso, cabe señalar que resulta obvio que el pago de un servicio hospitalario privado es precisamente para recibir una mejor atención y evitar los riesgos de los públicos, por ende La Policlínica debió tener siquiera un mediano cuidado; y en el caso concreto de la prueba de tipiaje no representaba ninguna dificultad, ni alto coste. Por lo que la omisión negligente de no haber corroborado el tipo y Rh de la sangre transfundida a la occisa Leonarda Leonila Cáceres se produjeron daños y perjuicios, cuya declaratoria fueron pretensiones deducidas en el juicio de mérito. i) El artículo 1365 del Código Civil establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener. Por su parte el artículo 1366 del mismo código, señala que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Esto en el presente caso y en relación al daño material sería la devolución de los importes pagados al demandado en concepto del servicio de salud contratado; es decir gastos de hospitalización, honorarios profesionales y demás importes recibidos por cualquier concepto por parte del hospital y pagados por doña Leonarda Leonila Cáceres o los familiares que han demandado. En relación a la vida de la señora Leonarda Leonila Cáceres es obvio que no es posible su restitución. j) Para cuantificar el daño material, perjuicios y daño moral, tenemos el artículo 191 del Código de Procedimientos, que como ya se expresó antes en esta misma sentencia, brinda tres alternativas. En primer lugar y como regla general dispone que se fije el importe en cantidad líquida, por supuesto que esto derivado de las pruebas que se hayan aportado durante el proceso. En segundo lugar como excepciones el legislador dispuso la fijación de bases para hacer después la liquidación y en último caso no siendo posible determinar ni el monto ni las bases, fijar el monto durante la fase de ejecución. En el caso de estudio este alto tribunal de justicia recurre al medio de prueba de peritaje, aportado en cumplimiento a un auto para mejor proveer. Conforme a éste el actuario evaluador, perito Robert Orlando Raudales Urrutia presentó en fecha cuatro de mayo de dos mil seis el resultado de su informe en el cual concluye: “1) El valor total estimado de la indemnización asciende a la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor al cual se le deberá rebajar la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos, valor que corresponde a la asistencia médica y la cual ya fue absorbida por la demandada. Quedando un valor neto a compensar por la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos. 2) El valor de indemnización de la pérdida de vida se estimó en cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos, valor que está dividido en dos partes: Uno, está en función de la estimación de los años de vida que de manera anticipada el hecho le pudo haber quitado a la difunta, el cual se estimó en dos millones ochocientos noventa mil quinientos treinta y dos lempiras con diez centavos y la diferencia que corresponde a la compensación por la demora que ha existido en el pago de la indemnización por la pérdida de vida, la cual está calculada en base a una tasa de interés legal. 3) Los valores estimados corresponden a la estimación de los gastos emergentes por asistencia médica y el daño moral provocado a la difunta en virtud de la pérdida de su vida de manera anticipada….” k) De todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal determina que en el asunto sub examine no resulta aplicable fijar daño moral alguno, en virtud de que la responsabilidad civil de La Policlínica S.A., deriva de la comisión de un delito por parte del personal que fue condenado en juicio penal, quienes si deben responder por dicho concepto indemnizatorio. Apoya a esta tesis el hecho de que el Código Penal no contiene ninguna disposición que faculte a un tribunal a condenar por daño moral a nadie más que a los condenados penalmente, de manera que sólo estos responden por dicho concepto. La responsabilidad civil de La Policlínica, S.A. proviene indirectamente de la comisión de delito y por ende su legitimación pasiva deriva de una disposición de carácter mercantil. Es por ello que la indemnización que corresponde fijar a este tribunal no puede incluir el daño moral, pretensión entonces que debe ser desestimada. En consecuencia sólo cabe fijar montos por el daño material y el perjuicio causado; cabe decir el daño emergente y el lucro cesante. En relación al daño emergente, cabe señalar que la vida es un bien jurídico intangible e incuantificable y por ende no es objeto de reparación por este concepto, al menos conforme a nuestra legislación actual; mucho menos cabe hablar de restitución, por ser obviamente imposible. Lo único que corresponde en este caso es la devolución de las cantidades de dinero pagadas por el servicio defectuoso recibido. En el presente caso el perito evaluador Robert Orlando Raudales Urrutia, cuantifica la cantidad de veinticinco mil setecientos setenta lempiras con veinte centavos (L 25,770.20) que corresponde como daño emergente y comprende los gastos de hospitalización; sin embargo no cabe pago alguno en virtud de que la demandada La Policlínica, S.A. no hizo cobro alguno. Razón por la que corresponde desestimar la pretensión de pago por daños. Ahora en relación al concepto de perjuicios, este alto tribunal hace referencia al lucro cesante, y estima que éste ha sido cuantificado en la demanda mediante el peritaje realizado a petición del juez mediante auto para mejor proveer. Según el actuario que dictaminó el quantum de lo reclamado, el concepto que analizó es el daño moral; sin embargo no fue así, porque daño moral responde a la pena o sufrimiento que produce la pérdida de un ser querido entre sus familiares. Es pues el daño moral el que responde al pesar o desconsuelo que produce el fallecimiento o sufrimiento de un ser querido. El daño moral no se relaciona con la edad, ocupación, o cualquier aspecto que se relacione con un proyecto de vida esperado. El daño moral se relaciona con el sufrimiento síquico, moral y hasta espiritual que produce un acto u omisión de una persona respecto de otra. Es totalmente independiente de las circunstancias económicas que rodean al perjudicado. En virtud de lo anteriormente explicado, la valuación que hizo el perito a pedimento del juez, en realidad, corresponde a una indemnización distinta al daño moral, obtenida de calcular los años potenciales de vida que fueron truncados por una omisión negligente. Para hacer el cálculo de dicho dictamen pericial el valuador tomó en cuenta inter alia el valor estimativo del coste de vida, el periodo de dicho valor, la tasa de incremento del coste de vida, el monto acumulado por el tiempo potencial perdido y el valor acumulado al final del periodo, más el interés legal. Al final se estimó el perjuicio causado en la cantidad de cinco millones veintitrés mil novecientos veintiséis lempiras con treinta y un centavos (L. 5,023,926.31). No existe pronunciamiento sobre intereses en virtud de no ser parte de las pretensiones de la parte actora. Asimismo no concurre lo dispuesto en el artículo 1367 del Código Civil. En relación a las costas procede que se paguen conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil en virtud del principio de vencimiento. Cabe señalar que la presente sentencia, que resuelve el asunto y causa cosa juzgada formal y material, sólo origina costas de casación. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1346, 1349 y 1360 del Código Civil; 364, 366, 368, 371, 691 y 692 del Código de Comercio; 191 del Código de Procedimientos Civiles; 221, 716, 718, 725, 726, 727.4, 914 y 916 del Código Procesal Civil; profiere el presente FALLO:
- ESTIMA procedente el recurso la casación interpuesto por el abogado Edgardo Orellana Osorio. 2) CASA la sentencia proferida en fecha veinte de enero de dos mil catorce por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. 3) Declara CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL promovida en fecha veintiuno de febrero de dos mil tres, ante el entonces Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, por el abogado Rafael Medina Irías, actuando en su condición de apoderado procesal de las señoras Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres contra la sociedad mercantil LA POLICLÍNICA, S.A., de acuerdo a los conceptos siguientes. a) ABSUELVE a la sociedad mercantil LA POLICLÍNICA, S.A. de pagar a las señoras Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres cantidad alguna por concepto de daños; b) CONDENA a la sociedad mercantil LA POLICLÍNICA, S.A. a pagar a la parte demandante, las señoras Liesbeth Varinia, Yolanda Isabel y Lesbia, todas de apellidos Gómez Cáceres la cantidad de CINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS, (L.5,023,926.31) por concepto de perjuicios causados; c) ABSUELVE a LA POLICLÍNICA, S.A., el pago de dinero por concepto de daño moral. 4) CONDENA AL PAGO DE COSTAS EN CASACIÓN a La Policlínica, S.A. 5) Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes dentro del término de cinco días siguientes al de su pronunciamiento y que las presentes diligencias sean devueltas a la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para que disponga el curso que debe seguir de conformidad con la ley. Asimismo devuélvanse dentro de los tres días siguientes al de la notificación, el expediente al de primera instancia con testimonio de la ejecutoria y constancia de las notificaciones. Redactó el Magistrado Raúl Antonio Henríquez Interiano. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. MAGISTRADO COORDINADOR. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida a solicitud del abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, actuando en su condición de representante procesal de las señoras LIESBETH VARINIA, YOLANDA ISABEL y LESBIA, todas de apellidos GÓMEZ CÁCERES, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos días del mes de Diciembre de Dos Mil Quince; Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de julio de dos mil quince, recaídos en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 231=2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL