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Sentencia CC-177-14 — Registro 5591

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada y resolviendo directamente este tribunal declarando en consecuencia sin lugar la demanda de nulidad del título de prescripción adquisitiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“CUARTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en el cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. QUINTO: Que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014), como se expresó anteriormente dispone lo siguiente: REVOCAR la sentencia que conociera mediante el recurso de apelación y declarando sin lugar la demanda de nulidad del título de prescripción adquisitiva; obviando dictar una nueva sentencia, por lo que hay inobservancia en la totalidad de lo que dispone el artículo 200 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo que conlleva de manera inevitable a la carencia de los requisitos internos de una sentencia, como ser la claridad, precisión, exhaustividad y congruencia a que también se refieren los artículos 206, 207 y 208 del citado texto legal; ya que sin todos estos requisitos las partes carecen de los elementos fácticos y jurídicos que les permitan sustentar con la debida fundamentación las razones por las cuales el Tribunal Ad Quem al proferir el fallo con su decisión les ha causado perjuicios [1], es por ello que las sentencias deberán ser siempre motivadas y congruentes con las demandas y pretensiones de las partes. SEXTO: En todo Estado de Derecho es preciso velar por el cumplimiento de los principios del Debido Proceso, de Igualdad y Legalidad Procesal que se encuentran contemplados en los artículos 1 numeral 2), 3, 5 y 7 del Código Procesal Civil, razón por la cual y ante la inobservancia de los mismos, en aras de garantizar el derecho de las partes, que son quienes deben tener la oportunidad de recurrir con sustentos apegados a preceptos y normas existentes, es menester que la Corte Sentenciadora proceda a proferir un fallo que esté en concordancia con las disposiciones de nuestro derecho adjetivo. La inobservancia por parte del Ad Quem en proferir la sentencia bajo el cumplimiento de las normas del derecho positivo, hace que la resolución impugnada no tenga validez jurídica, lo que acarrea que la misma sea anulada a fin que sea dictada de conformidad a la ley. SEPTIMO: Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para la nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve (29) de Junio del año de dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La Sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA, representado en juicio por el Abogado RAMON SANTIAGO GARAY AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE NULIDAD DE UN TITULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, promovida en fecha catorce (14) de febrero del dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por el Abogado PERFECTO GEORGE, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diez (10) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE NULIDAD DE UN TITULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, promovida en fecha catorce (14) de febrero del dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por el Abogado PERFECTO GEORGE, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha diez (10) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, la cual falló de la siguiente manera: “RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero del dos mil catorce por el juzgado de letras seccional de Yoro, Yoro.- 2) REVOCANDO la sentencia apelada, resolviendo directamente este tribunal declarando en consecuencia sin lugar la demanda de nulidad de el título de prescripción adquisitiva.- 3) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTO LA ABOGADA LINDA PATRICIA REYES.- NOTIFÍQUESE”. SEGUNDO: La Representante Procesal de la Sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, presento en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil catorce (2014), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. TERCERO: Mediante auto de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición ya indicada, y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del escrito. CUARTO: El Representante Procesal del señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA, Abogado RAMON SANTIAGO GARAY AGUILAR, presentó en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), escrito de contestación sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado RAMON SANTIAGO GARAY AGUILAR, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados RAMON SANTIAGO GARAY AGUILAR y EVELYN MONTERROSA SIERRA, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas veintidós (22) y veintitrés (23) de julio del año dos mil catorce (2014) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, literalmente de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION EN QUE SE BASA EL RECURSO PRIMER MOTIVO INFRACCION EN LA INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA POR LO QUE SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y RACIONALIDAD, Y CARACTER LOGICO. Fundamentación del motivo Este motivo se basa en la infracción en la interpretación de normas regulares de la sentencia por conforme al literal “c” del Articulo 719.1 el Código Procesal Civil. Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es la siguiente: Infracción denunciada por vía del presente motivo es la vulneración de las normas procesales de la sentencia, y ello, en relación con el artículo 719.1 del Código Procesal Civil en relación al artículo 200 literal d) y el artículo 208 del mismo ordenamiento. Expreso que la norma cuya infracción sustenta este motivo es la infracción al artículo 200 letra d) del Código Procesal Civil. La infracción denunciada se produjo en la sentencia dictada en segunda instancia, toda vez que la misma no contenía la debida congruencia sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito y lo resuelto por el fallo. Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, así: Preciso que la infracción procesal del artículo 200 letra d) del Código Procesal Civil que establece que: “El fallo contendrá, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas....”. Luego la disposición contenida en el artículo 208 del mismo cuerpo legal señala: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- “. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-” Al momento en que el Tribunal sentenciador de segunda instancia se pronuncia sobre tres aspectos: el primero, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero del dos mil catorce por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro; el segundo, revoca la sentencia apelada, resolviendo directamente este tribunal declarando en consecuencia sin lugar la demanda de nulidad del título de prescripción adquisitiva; y, finalmente, hace pronunciamiento sin costas. Se puede apreciar que las pretensiones sobre las cuales las partes debatieron y fueron aspectos controvertidos es el planteamiento de una demanda contraída a solicitar la nulidad de un título poseído por el señor Miguel Ángel Flores Avila y la nulidad de su asiento registral número CIEN (100) del Tomo veintitrés c (23 c) inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de Yoro, departamento de Yoro. De la simple apreciación se puede concluir que no existe congruencia en la sentencia ya que ésta se pronuncia sin especificar ningún aspecto de la pretensión principal, ya que únicamente se refiere en forma genérica a declarar sin lugar la demanda de nulidad del título de prescripción adquisitiva; no siendo precisamente esto, el único motivo de la litigación o controversia. Con ello evidentemente, se incurre en un yerro debido a que la sentencia adolece de la resolución o consecuencia de las premisas del proceso lógico jurídico que debe conducir a la decisión del pleito, el omitir pronunciarse sobre: a) las partes intervinientes; b) la indicación precisa del título otorgado por el Instituto de la Propiedad a favor del demandado, señor Miguel Ángel Flores, que deja subsistente y su fecha de expedición; c) sobre el asiento registral que deja vigente la resolución dictada por el referido instituto.- Las omisiones de estos aspectos deja subsistente parte del litigio y genera un perjuicio en contra de la empresa mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. y es motivo generador para acusar la sentencia como infractora de normas procesales que deben regular la forma y contenido de la sentencia provocando con ello, la imperiosa necesidad de interponer la casación basada en los motivos de esta infracción. SEGUNDO MOTIVO INFRACCION EN LA INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA POR LO QUE SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA PARA QUE SE REVISE SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y RACIONALIDAD Y EL CARACTER LOGICO.- Fundamentación del Motivo. Este motivo se basa en la infracción por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido y la forma de la sentencia. Conforme lo establece el artículo 719 número 1 literal “c” del Código Procesal Civil.- Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es la siguiente: Infracción al artículo 200 literal “d” del Código Procesal Civil. Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada así: Preciso que la infracción por la no aplicación de las normas procesales que regulan el contenido y la forma de la sentencia se produce al carecer de claridad, precisión y exhaustividad que debe de contener todo fallo.- La infracción que se denuncia se produjo en la sentencia dictada en la segunda instancia, toda vez que la misma no contenía con la debida claridad, precisión y separación los hechos probados, y careciendo la motivación los razonamientos fácticos y jurídicos del pleito, considerados tanto en forma individual como en conjunto, siempre aplicando las reglas de la lógica y la razón. La infracción de la norma procesal se produce cuando el Tribunal Ad quem declara que en ningún momento estuvo en tela de juicio la documentación presentada por la parte demandante, es decir los documentos con que se acreditó el dominio del inmueble cuyo título emitido por el Instituto de la Propiedad se pide su nulidad. La pretensión principal, el objeto del proceso y el hecho probado concuerdan con lo dispuesto por el artículo 2880 del Código Civil que prescribe que contra título inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales. El Ad quem en la Motivación Fáctica de su sentencia expresa que: “la nulidad debe ser dirigida contra quienes celebraron el acto o contrato nulo, en el presente caso quien otorgó la escritura es el Registro de la Propiedad, por tanto la resolución dictada por dicho órgano es que debió impugnar.” El razonamiento del Ad quem es totalmente errado en el contenido de la sentencia ya que al dar por válida la documentación presentada por mi Representada, el fallo dictado resulta contrario a derecho. El fondo de la presente acción es la anulación del título de propiedad otorgado por el Instituto de la Propiedad a través de un proceso de prescripción adquisitiva y su correspondiente asiento de inscripción. Resulta que el inmueble que le otorgó el Instituto de la Propiedad al demandado, señor Miguel Ángel Flores, se encuentra inscrito desde el año mil novecientos noventa y tres (1993) a favor de la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por lo que teniendo ésta un titulo inscrito a su favor no procedía que se declárese la prescripción adquisitiva ordinaria del dominio de ese inmueble. El Ad quem debió hacer aplicación del artículo 2280 del Código Civil, ya que tiene tal facultad como lo señala el Código Procesal Civil que estima que el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hechos o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. La sentencia ahora recurrida revocó la sentencia dictada en primera instancia, y al dictar su fallo, con ello ha infringido normas esenciales sobre la forma y contenido de las sentencias. Así, los antecedentes de hecho de las sentencias, se consignarán con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieran sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que hubieren propuesto y practicados y los hechos probados, en su caso. Además las sentencias se motivarán, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que le conducen a la apreciación y valoración de las pruebas y a la aplicación e interpretación del derecho. En el presente procedimiento, al no contenerse en la sentencia relación de hechos probados y siendo ello (los hechos que el Juzgador considera probados) un elemento esencial de la motivación de las sentencias, se está vulnerando el precepto constitucional enmarcado en el artículo 90 de la Constitución de la República, así como el derecho a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 1 del Código Procesal Civil.- Esta omisión tiene trascendencia y genera indefensión a las partes, ya que, de los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, no se extraen, de forma clara e inequívoca, los hechos probados en los que el juzgado apoya su sentencia, adoleciendo, en consecuencia, de la premisa del proceso lógico- jurídico que conduce a la decisión del pleito. Si la sentencia prescinde de los hechos que considera probados ha de entenderse que carece de motivación, lo cual es una exigencia formal y material ineludible de toda resolución, en cuanto debe expresar las razones de hecho y de derecho que la fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo. Por lo anterior, y a efecto de corregir la vulneración que se ha denunciado, el presente motivo debe ser declarado con lugar. TERCER MOTIVO POR INFRACCION DIRECTA DE LEY MATERIAL O SUSTANCIAL POR LA FALTA DE APLICACION DE LA NORMA QUE DEBIO HABER SOLUCIONADO EL LITIGIO. Fundamentación del Motivo. Este motivo se basa en la infracción por la no aplicación de las normas empleadas para la solución del fondo del litigio conforme al articulo 719 numero 2 del Código Procesal Civil.- Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es la siguiente: Infracción de los artículos 2272 relacionado con el artículo 2281 y el 2286, todos del Código Civil.- Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, así: El artículo 2272 del Código Civil reza: “Para la prescripción del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado por la Ley.” El artículo 2281 del mismo cuerpo legal dice: “Las condiciones de la buena fe y justo título exigidas para la posesión en el Capítulo I, Título VII, Libro II de este Código, son igualmente necesarias para la determinación de aquel requisito en la prescripción del dominio y demás derechos reales..” Y finalmente, el articulo 2286 señala: “El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se prescriben por la posesión durante diez años con buena fe y justo título.” Preciso que la infracción la comete el Ad quem al no aplicar la norma contenida en los artículos arriba transcritos y reconocer que a la parte recurrida no le ha sido factible poseer el inmueble con buena fe y con un título justo y por lo tanto carece de las condiciones necesarias para que se determinen los requisitos para adquirir el dominio o cualquier otro derecho real. El inmueble objeto de la acción de nulidad fue adquirido por mi representada la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. a través de dos contratos de compra-venta; el primero, contenido en el Instrumento No. 208 de fecha 9 de agosto de 1993 ante los oficios del Notario Edmundo Adonay Fajardo Lara por el señor Georges William Gatlin Coleman en representación de la sociedad Inversiones Madereras, S. de R. L. de C. V., el cual estaba debidamente inscrito a favor de mi representada, bajo el número 31 del Tomo 50 del Libro Registro de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas; y, el segundo, mediante instrumento número 270 de fecha 11 de agosto de 1993 ante el mismo Notario por el señor Arnoldo Urbina Fernández en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Yoro a favor de YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., inscrita bajo el número 96 del Tomo 50 del la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ambas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yoro, ahora Instituto de la Propiedad. Es decir, la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ha estado en posesión con ánimo de dueña de esos inmuebles desde el año mil novecientos noventa y tres y tiene el dominio de los mismos, es decir dieciocho (18) años en relación al momento en que el Instituto de la Propiedad resolvió otórgale al señor Miguel Ángel Flores dicha propiedad por el proceso Prescripción Adquisitiva el 5 de agosto del año dos mil once. Los actos de dominio los ha ejercido mi Representada, a través de un proyecto forestal, el cual está regulado en el Plan de Manejo Operativa aprobado por el Instituto de Conservación Forestal- ICF, anteriormente AFE-COHDEFOR, el cual comenzó en el año 1995 y sigue siendo ejecutado hasta la fecha, por lo cual ha poseído de buena fe y ostenta un justo título. De lo anterior también se colige, a contrario sensu, que el demandado no le ha sido posible cumplir con los tres requisitos, a ser: buena fe, justo título y tiempo determinado, para adquirir el inmueble objeto de esta acción de nulidad. Por las razones expuestas, el presente motivo debe ser acogido confirmando así el principio de tutela jurídica a que tiene derecho mi Representada. CUARTO MOTIVO POR INFRACCION DIRECCTA DE LEY MATERIAL O SUSTANCIAL POR LA FALTA DE APLICACION DE LA NORMA QUE DEBIO HABER SOLUCIONADO EL LITIGIO. Fundamentación del Motivo. Este motivo se basa en la infracción de la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución del litigio conforme lo previsto en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es la siguiente: Infracción del articulo 1586 numeral 1 del Código Civil en relación con el artículo 2272 del mismo cuerpo legal. Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, así: Preciso que la infracción procesal del artículo 1586 en relación con el articulo 2272 del Código Civil incide en la falta de aplicación de la norma sustantiva ya señalada en el presente caso y que resultó en que el Tribunal de Alzada dictase una sentencia contraria a derecho, ya que si se hubiese interpretado en forma correcta la norma alegada el fallo hubiese sido dictado conforme a derecho y hubiese declarado Estimada la pretensión de mi representada, es decir la declaración de nulidad del título otorgado por el Instituto de la Propiedad y su correspondiente asiento registral. Prescribe el articulo 1586 numeral lº del Código Civil: “Hay nulidad absoluta en los actos y contratos: 1°. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia.” y el artículo 2272 del Código Civil reza: “Para la prescripción del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado por la Ley.” Son condiciones esenciales para la adquirir por prescripción el dominio de un inmueble: a) Buena fe; b) Justo Título; y, c) Tiempo determinado por la ley (10 anos prescripción ordinaria). No resulta posible que esas condiciones hayan sido cumplidas por el demandado, pues además de estar mi representada en posesión efectiva del inmueble cuyo titulo se pide la nulidad y que esté ejecutando un proyecto forestal en el mismo desde el año 1995, a todas luces se concluye que las condiciones indicadas en el párrafo anterior no eran propias del demandado por lo que no cumple con las condiciones para la existencia del acto o contrato señaladas en el artículo 1586 del Código Civil. NO SE ESTIMA NECESARIO LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Por considerar esta parte recurrente que no es necesaria la celebración de la audiencia en el presente recurso, y estimarse que el presente proceso es una cuestión de mero derecho a este Honorable Corte Suprema de Justicia no se le formula tal solicitud, el cual se cumple con el requisito que establece el artículo 721.3 del Código Procesal Civil. SE IDENTIFICA CON TOTAL PRECISIÓN EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna el pronunciamiento contenido en la sentencia definitiva de fecha veintiuno de abril del año dos mil catorce (2014) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que dice: “En consecuencia ESTA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.- Por unanimidad votos, RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero del dos mil catorce por el juzgado de letras seccional de Yoro, Yoro.- 2) REVOCANDO la sentencia apelado resolviendo directamente este tribunal declarando en consecuencia sin lugar la demanda de nulidad de el título de prescripción adquisitiva.- SIN COSTAS. Y MANDA….” II. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Esta Sala de lo Civil en aplicación de lo dispuesto en los artículos 303, 313 numerales 3 y 9 de la Constitución de la República; 1 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 200, 206, 207, 208, 715, 716, 717, 718 y 721 del Código Procesal Civil; 18 y 19 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, y en particular hace especial énfasis en lo siguiente: PRIMERO: Que para determinar la procedencia del recurso de casación previamente es preciso, entre otros motivos, que la Sala de lo Civil confronte la sentencia dictada por el Ad Quem con la interposición del recurso para los efectos de determinar si el defecto fue denunciado en la instancia previa o si el recurrente hizo lo posible para su subsanación, tal como lo establece el artículo 700 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: En la fase de estudio establecida en el numeral anterior, la Sala de lo Civil observa la Parte Dispositiva de la sentencia impetrada y que fuera proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014) la cual establece en su parte conducente literalmente lo siguiente: “…“RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero del dos mil catorce por el juzgado de letras seccional de Yoro, Yoro.- 2) REVOCANDO la sentencia apelada, resolviendo directamente este tribunal declarando en consecuencia sin lugar la demanda de nulidad de el título de prescripción adquisitiva.- 3) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes…” TERCERO: El artículo 1 del Código Civil preceptúa que “..La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite” y la ley adjetiva especialmente es imperativa cuando se establece en el Código Procesal Civil precisamente en el artículo 715 numeral 4), que el alcance de la decisión de la apelación en los casos que se apreciase alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal Ad Quem revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente. CUARTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en el cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. QUINTO: Que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014), como se expresó anteriormente dispone lo siguiente: REVOCAR la sentencia que conociera mediante el recurso de apelación y declarando sin lugar la demanda de nulidad del título de prescripción adquisitiva; obviando dictar una nueva sentencia, por lo que hay inobservancia en la totalidad de lo que dispone el artículo 200 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo que conlleva de manera inevitable a la carencia de los requisitos internos de una sentencia, como ser la claridad, precisión, exhaustividad y congruencia a que también se refieren los artículos 206, 207 y 208 del citado texto legal; ya que sin todos estos requisitos las partes carecen de los elementos fácticos y jurídicos que les permitan sustentar con la debida fundamentación las razones por las cuales el Tribunal Ad Quem al proferir el fallo con su decisión les ha causado perjuicios[1], es por ello que las sentencias deberán ser siempre motivadas y congruentes con las demandas y pretensiones de las partes. SEXTO: En todo Estado de Derecho es preciso velar por el cumplimiento de los principios del Debido Proceso, de Igualdad y Legalidad Procesal que se encuentran contemplados en los artículos 1 numeral 2), 3, 5 y 7 del Código Procesal Civil, razón por la cual y ante la inobservancia de los mismos, en aras de garantizar el derecho de las partes, que son quienes deben tener la oportunidad de recurrir con sustentos apegados a preceptos y normas existentes, es menester que la Corte Sentenciadora proceda a proferir un fallo que esté en concordancia con las disposiciones de nuestro derecho adjetivo. La inobservancia por parte del Ad Quem en proferir la sentencia bajo el cumplimiento de las normas del derecho positivo, hace que la resolución impugnada no tenga validez jurídica, lo que acarrea que la misma sea anulada a fin que sea dictada de conformidad a la ley. SEPTIMO: Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para la nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. III. PARTE DISPOSITIVA. Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y todas las actuaciones posteriores al recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAMON SANTIAGO GARAY AGUILAR, en su condición de Apoderado Judicial del señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN TÍTULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, promovida por el Abogado PERFECTO GEORGE, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. de C.V., contra del señor MIGUEL ANGEL FLORES AVILA, cuyos antecedentes obran en autos. 2. Que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones anunciadas. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Magistrada Ponente REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS. RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.. MAGISTRADO COORDINADOR. EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y un días del mes de Julio de Dos Mil Quince; Certificación del Auto de fecha veintinueve de Junio de Dos Mil Quince, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 177=2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Ver Resolución contenida en el Expediente No.237-2012 de fecha 02 de diciembre del año 2013.

Ver Resolución contenida en el Expediente No.159-2013 de fecha 06 de mayo del año 2014.

Ver Resolución contenida en el Expediente No. 22-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014.

Ver Resolución contenida en el Expediente No. 178-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014.

Ver Resolución contenida en el Expediente No.227-2013 de fecha 04 de junio del año 2014.

Ver Resolución contenida en el Expediente No.181-2013 de fecha 30 de julio del año 2014.

Ver Resolución contenida en el Expediente No. 222-2014 de fecha 12 de mayo del año 2015.