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Sentencia CC-100-14 — Registro 5581

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de pago de indemnización de daños y perjuicios mas condena en costas y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“5.2 En este motivo el Impetrante denuncia la aplicación de leyes no vigentes al momento de iniciar la Litis, específicamente cuando hace toda una relación de los artículos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor. Es procedente señalar que el recurrente tiene toda la razón en lo que expresa en correspondencia a la aplicabilidad retroactiva de la ley, la cual no es procedente en materia civil; sin embargo la causal recursiva invocada consiste en aplicación de normas de derecho para la solución del fondo del asunto y en ningún momento centra su motivo en ilustrar a la Sala de lo Civil de qué manera los artículos denunciados tienen ese alcance recursivo; de hecho el dicente solamente se limita a transcribirlos y demostrar que no eran ley vigente al momento de su aplicación, pero omite establecer la incidencia de éstos en la resolución de fondo de manera tal que le hayan permitido al juzgador llegar por ellos en la convicción de su fallo. La Sala de lo Civil mantiene la línea jurisprudencial de lo que se conoce como CARENCIA DE EFECTO UTIL DEL RECURSO, mejor conocido como DOCTRINA DE LA EQUIVALENCIA, la cual consiste en que “hay que tener siempre presente que no basta para la finalidad del recurso poner de manifiesto alguna vulneración legal que no sea por si trascendente para el fallo, tal como sucede en la sentencia recurrida ya que tales normas son consideradas como argumentos de puro refuerzo y no pueden por si solos ser objeto de un motivo de casación, ya que por un lado, no tienen entidad suficiente en el conjunto argumentativo de la resolución impugnada y, por otro, la impugnación de los mismos, incluso en los supuestos de razonabilidad de la oposición al argumento, seria inocua en cuanto no privaría de eficacia a la verdadera “ratio decidendi” de la resolución.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Este motivo se encuentra sustentado en la causal establecida en el Artículo 719.2 por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 6.2 El impetrante en el presente motivo comienza denunciado la indebida aplicación y consecuente interpretación de una norma material del artículo 1366 del Código Civil, considerando que el mismo es propio para la responsabilidad civil subjetiva. El casacionista ha demostrado completa claridad en que cuando la Corte de Apelaciones confirma una sentencia llegada en apelación, hace suyos los razonamientos, fundamentos y disposiciones de la primera instancia, tal como ha sucedido en el presente proceso. La sentencia de primera instancia hace formal condena al demandado, -hoy recurrente-, a pago de daños y perjuicios bajo el alcance del artículo 1366, -hoy denunciado-, siendo la misma responsabilidad en la que se sustenta la Corte sentenciadora; sin embargo, al momento procesal de interponer el recurso de APELACION contra la sentencia de primera instancia el actual recurrente no hizo agravio alguno ante la segunda instancia con respecto a este motivo, por lo tanto existe absoluta inobservancia a lo dispuesto por el Código Procesal Civil específicamente en su artículo 700 atinente a las disposiciones comunes a los recursos de apelación y de casación que establece: “Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Por lo tanto esta denuncia de infracción material en esta sede no resulta procedente por no haber sido recurrida ante la segunda instancia. Al respecto ya existe un pronunciamiento previo sobre ese mismo aspecto.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Este motivo se encuentra sustentado en la causal establecida en el Artículo 719.2 por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 6.2 El impetrante en el presente motivo comienza denunciado la indebida aplicación y consecuente interpretación de una norma material del artículo 1366 del Código Civil, considerando que el mismo es propio para la responsabilidad civil subjetiva. El casacionista ha demostrado completa claridad en que cuando la Corte de Apelaciones confirma una sentencia llegada en apelación, hace suyos los razonamientos, fundamentos y disposiciones de la primera instancia, tal como ha sucedido en el presente proceso. La sentencia de primera instancia hace formal condena al demandado, -hoy recurrente-, a pago de daños y perjuicios bajo el alcance del artículo 1366, -hoy denunciado-, siendo la misma responsabilidad en la que se sustenta la Corte sentenciadora; sin embargo, al momento procesal de interponer el recurso de APELACION contra la sentencia de primera instancia el actual recurrente no hizo agravio alguno ante la segunda instancia con respecto a este motivo, por lo tanto existe absoluta inobservancia a lo dispuesto por el Código Procesal Civil específicamente en su artículo 700 atinente a las disposiciones comunes a los recursos de apelación y de casación que establece: “Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Por lo tanto esta denuncia de infracción material en esta sede no resulta procedente por no haber sido recurrida ante la segunda instancia. Al respecto ya existe un pronunciamiento previo sobre ese mismo aspecto.”

Legislación citada

Jerarquía: No Definida

… “Este motivo se comprende en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 7.2 Es de resaltar que el recurso de casación es un recurso integral en todas sus partes y cada infracción debe ir de acuerdo con lo establecido con los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, relativos a que en la fundamentación de lo pedido, se debe establecer con determinación el perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa, debiendo además identificar con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Por eso: 1) La acumulación de diferentes normas autorizantes en un solo motivo, lo convierten en una petición con sustentación heterogénea. Lo anterior, se refleja al determinar el recurrente como infringidos los artículos 1360, 1361, 1362, 1363 y 2236 todos del Código Civil, haciéndolo en una forma indiscriminada, sin hacer ninguna separación en cada uno de los agravios. No resulta admisible un recurso con naturaleza casacional, cuando se presente un motivo con enumeración general e indiscriminada de preceptos que en conjunto generan confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción y el alcance de ella. Ello implica la obligación, como técnica casacional, de una exposición separada para cada una de las infracciones integrantes del motivo. Si bien el recurso de casación no debe estar sujeto a una rigurosa formalidad, pero este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso.- 2) El impetrante debe razonar su planteamiento con exhaustividad en cuanto a la pertinencia y fundamentación del motivo, debiendo explicar en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión definitiva de la cuestión objeto del proceso. No es posible estimar la procedencia de un recurso si el impetrante se limita a transcribir, sin hacer detalle alguno del texto de cada precepto legal que considera infractor, como también sin razonar en forma clara los motivos por los cuales considera que la sentencia recurrida los ha infringido. Entendiéndose como exhausto no un número desmesurado de palabras u hojas tal como las contenidas en el escrito del presente recurso, sino la adecuada y concreta expresión del gravamen que le ocasiona el fallo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El impetrante enmarca este motivo en la causal establecida en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 8.2 El impetrante en este motivo comienza denunciado la indebida aplicación e interpretación de una norma material, como lo es el artículo 692 del Código de Comercio, que establece “En el cumplimiento de las obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio” relacionándolo con la culpa que determina el Código Civil. Como ya se ha expresado en la presente resolución, en particular en el MOTIVO SEGUNDO POR INFRACCION MATERIAL, el casacionista ha demostrado completa claridad en que cuando la Corte de Apelaciones confirma una sentencia llegada en apelación, hace suyos los razonamientos, fundamentos y disposiciones de la primera instancia, tal como ha sucedido en el presente proceso. La sentencia de primera instancia hace formal fundamentación en el artículo 692 del Código de Comercio para argumentar su resolución, sin embargo al momento de interponer el recurso de APELACION contra la sentencia de primera instancia el actual recurrente no hizo agravio alguno de la infracción denunciada ante esta jurisdicción ante la segunda instancia, por lo tanto existe absoluta inobservancia a lo dispuesto por el Código Procesal Civil en su artículo 700 atinente a las disposiciones comunes a los recursos de apelación y de casación que establece: “Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Por lo tanto esta denuncia de infracción material no resulta procedente por no haber sido recurrida ante la segunda instancia.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“9.1. El impetrante enmarca este motivo en la causal establecida en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 9.2 Comparece el casacionista defendiendo su tesis en juicio, no la norma denunciada como infractora, ya que continúa sosteniendo en el motivo que la responsabilidad por el resultado de la ingesta del medicamento es por parte del médico tratante y no de la demandada. Hay que considerar que en el transcurso del proceso el médico tratante no se encuentra entre las partes sujetas al litigio, por lo que venir a esta Jurisdicción denunciado su participación como si lo hubiera sido, presenta dos grandes errores: consistente el primero de ellos, en la falta de hechos probados al respecto y el segundo, en la falta de legitimación por parte del médico tratante. Hay que recordar que en esta etapa recursiva ya se han extinguido las instancias, razón por la cual pretender incorporar por la vía del recurso de casación nuevos sujetos al proceso, es absolutamente inadecuado. La doctrina [11] hace referencia para motivos con estas características. Para determinar la culpabilidad del médico tratante sería menester hacer una revisión probatoria, lo cual como ya se ha establecido en la presente resolución, es contrario a ley por determinación de lo que dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil que establece: “...Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.””

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador de Sala, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad BAYER DE HONDURAS, S.A. “BAYER”, representada en juicio por el Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, en su condición de recurrente; siendo recurridas la señora GLENDA GUADALUPE CRUZ RIVERA y las jóvenes SUYAPA RENEE ALEXANDRA, HERLINDA ANDREA, ambas de apellidos GABRIE CRUZ, representadas en juicio por la Abogada ANA PAMELA LOPEZ CASTAÑEDA. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dos (2002), ante el entonces Juzgado Tercero de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado JOSE EDGARDO MORALES TORON, en su condición de Apoderado Legal del señor JULIO GABRIE RIVERA, contra la sociedad BAYER DE HONDURAS, S.A. II. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha tres (03) de octubre del dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dos (2002), ante el entonces Juzgado Tercero de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el señor JULIO GABRIE RIVERA, representado en juicio por el Abogado JOSE EDGARDO MORALES TORON, contra la sociedad BAYER DE HONDURAS, S.A., a través del señor JOSÉ ÁNGEL AGUILUZ, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha tres (03) de octubre del dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios mas Condena en Costas; promovida por el señor JULIO GABRIE RIVERA contra la sociedad mercantil BAYER DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA (BAYER DE HONDURAS S.A.) II. CONDENAR a la sociedad mercantil BAYER DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA por la cantidad de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 16,303,231.77) que se desglosan de la siguiente manera: gastos médicos por la cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 303,231.77); los ingresos dejados de percibir a consecuencia de su incapacitación laboral hasta por la cantidad de TRECE MILLONES (L 13,000,000.00); daño moral o psicológico por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L 3,000,000.00). III. CON COSTAS. IV. RECURSO: a esta resolución le cabe el recurso de apelación el cual deberá ser formulado dentro de los diez días siguientes al de su notificación. V. COMUNIQUESE”. SEGUNDO: El Representante Procesal de la sociedad BAYER DE HONDURAS, S.A., “BAYER”, Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, presentó en fecha diez (10) de marzo del año dos mil catorce (2014), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. TERCERO: Mediante auto de fecha once (11) de marzo del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto el recurso de casación por parte del Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, en su condición ya indicada, y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del escrito. CUARTO: La Representante Procesal de la señora GLENDA GUADALUPE CRUZ RIVERA y de las jóvenes SUYAPA RENEE ALEXANDRA GABRIE CRUZ y HERLINDA ANDREA GABRIE CRUZ, Abogada ANA PAMELA LOPEZ CASTAÑEDA, presentó en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil catorce (2014), escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido a la Abogada ANA PAMELA LOPEZ CASTAÑEDA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados JORGE OMAR CASCO ZELAYA y ANA PAMELA LOPEZ CASTAÑEDA, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas ocho (08) y nueve (09) de abril del año dos mil catorce (2014) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, literalmente de la siguiente manera: “V) MOTIVOS DE CASACIÓN. El Código Procesal Civil, de ahora en adelante identificado sólo como CPC, tiene un sistema más flexible que la casación clásica regulada en el viejo Código de Procedimientos, al establecer causales genéricas para el recurso de casación, que son las previstas en el Artículo 719, eliminando aquella clasificación de específicos motivos y sub-motivos, por esa razón los numerales “1 y 2” de este artículo, comienzan su redacción con la frase “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas…“. En esta impugnación se desarrolla primero los motivos de impugnación por aplicación e interpretación de normas procesales, esto es, infracción de normas procesales; y, después, en motivos debidamente separados, la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, o sea, por infracción de normas de carácter material. V.1) PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. Infracción del Artículo 207.2 en relación con el 200.1.2 letra c) del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación e interpretación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia. Este tipo de infracción se dio por errores producidos en la misma sentencia. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, se suscitan en ella misma, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurarla o elaborarla; en general se incurrió en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan como la falta de motivación o la motivación insuficiente. En el caso de autos no obstante que la Corte recurrida hizo una escueta declaración de hechos probados, afirmó en el numeral CUARTO de la motivación fáctica y jurídica de su sentencia: “…y siendo que la sentencia dictada en primera instancia a criterio de este tribunal cumple con los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, sin que se aprecie en la misma existencia de infracción procesal o infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración o infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, procede esta Corte de Apelación a confirmar la sentencia traída en apelación”, de esa manera también hizo suyas la declaración de hechos probados y las estimaciones jurídicas del juez de primera instancia; resultando así una mixtura de los hechos probados de la sentencia confirmada y de la confirmatoria que infringe el Artículo 207.2 del CPC, puesto que los elementos fácticos, considerados individual y en conjunto, no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón, y precisamente el objeto de este motivo es solicitar a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Civil, el control de esa motivación fáctica de la sentencia para revisar su suficiencia, así como la racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. Por otro lado, se aprecia claramente en la estructura de la sentencia que el Juez indebidamente aplicó tanto el Código de Procedimientos como el CPC, cuando sólo tenía que aplicar el primero de éstos según el texto del Artículo 913 del CPC; así: 1) En el sexto considerando hace una declaración de hechos probados, que es determinante de un sentido diferente del fallo, pues no se trata de una y única declaración de hechos probados, sino una mixtura con razonamientos y argumentos jurídicos, y al integrarse con la declaración de hechos probados que hizo la Corte recurrida, que confirmó la de primera instancia, resulta una contradicción cuando dice el Juzgado de primera instancia que: “…Que la información que BAYER HONDURAS S.A. (filial o subsidiaria de BAYER INTERNACIONAL y/o ALEMANIA) proporciona en su posología, literatura del medicamento LIPOBAY vendido en Honduras es mínima, limitada, incompleta, nada concluyente ni efectiva para la magnitud de los riesgos que para la salud humana acarrea o puede acarrear, que es capaz de producir o inducir en combinación con otros químicos enfermedades importantes que pueden lesionar o inclusive producir el resultado muerte...”, pero líneas más abajo, faltando a la racionalidad y carácter lógico se afirma como hecho probado: “...Bayer Honduras no demostró que en cada presentación de este medicamento incluyese posologías o prospectos con la información correcta...”; todo lo cual patentiza que en el primer párrafo transcrito se acepta como hecho probado que en autos está demostrada la posología (y no importe quien haya aportado la prueba, porque ésta por el principio de adquisición procesal está integrada al proceso) y, efectivamente así lo reconoce en el cuarto considerando, relativo a las pruebas de la parte demandada, describiendo el MEDIO DE PRUEBA NÚMERO UNO, DOCUMENTAL, aceptando se acreditó la literatura médica y posología que se acompaña al producto Lipobay, pero fuera de la racionalidad y carácter lógico en el segundo párrafo se niega que está demostrada la posología; y, sin embargo, la Corte recurrida en el segundo hecho probado presupone que si está demostrado en juicio que existe posología y literatura del medicamento LIPOBAY, pero la considera “…insuficiente, incompleta, para la magnitud de los riesgos para la salud...”, y al final de su motivación fáctica y jurídica a pesar de la imprecisión y contradicción señalada en la sentencia de primera instancia, concluyó que la sentencia de primera instancia cumple con los requisitos de claridad y precisión.- 2) El Juez en el cuarto considerando al referir las pruebas de la parte demandada, describe el contenido del medio de prueba número uno haciendo constar: “...y la literatura médica y posología que se acompaña al producto LIPOBAY en las cuales se formulan las advertencias y contraindicaciones a los médicos, regentes de farmacia y al paciente...”, leyéndose claramente en esta posología que LIPOBAY en las cuales se formulan las advertencias y contraindicaciones a los médicos, regentes de farmacia y al paciente..., posología que claramente contiene las contraindicaciones (estas negrillas son nuestras), entre éstas se lee: “La cerivastatina no debe usarse en combinación con gemfibrozilo, ya que se han descrito casos de rabdomiólisis (algunos con fallo renal agudo)”; pero contradictoria y arbitrariamente en un tercer párrafo (antes de inferir el daño moral) expresa: “. . .asimismo, consta en autos que el medicamento Lipobay no contenía ninguna advertencia, precaución o contraindicación específica sobre la ingesta de Lipobay en conjunto con Gemfibrozil ni sobre los daños a la salud humana que dicho medicamento combinado con este último podía producir...”, esta evidente contradicción que ignora o cercena el contenido de esas contraindicaciones (actividad irregular del tribunal que en la casación anterior se controlaba por el sub-motivo de error de derecho en la apreciación de la prueba) pone de manifiesto la arbitrariedad, la falta de racionalidad y carácter lógico que se pretende controlar por esta vía. Por último, el Artículo 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas y, conforme al enunciado de su numeral 2 “En particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: “...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso....”; sin embargo, al leer y analizar la sentencia impugnada se encuentra una diferencia que obliga a revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, afectando la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Artículo 207 de ese mismo Cuerpo Legal, de suerte que el fallo impugnado es insuficiente y carece de racionalidad y carácter lógico, que es determinante de un sentido diferente del fallo, al carecer de razonamientos fácticos y jurídicos sobre los supuestos jurídicos de los Artículos 19 Nos 1 y 8, y 23 de la Ley de Protección al Consumidor, en relación con los Artículos 1366 y 1362 del Código Civil, que nos permiten sostener que en los hechos que constituyen la base fáctica de la pretensión del demandante y de la resistencia de la demandada al contestar la demanda, no se describen hechos y, por ende, no se dieron los presupuestos reales para su aplicación, misma que viene a constituir lo que se ha denominado aplicación indebida y que es desarrollada en motivo separado. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Artículo 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación; pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada no se sustenta en los Artículos que cita en la parte dispositiva del fallo, no están bien relacionados con los razonamientos vertidos en la referida sentencia. Es decir, insisto, la motivación además de contener la declaración de hechos probados, debe tener la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. Infracción de los Artículos 207.2 y 245.2 del Código Procesal Civil, en relación con el 187 reformado del Código de Procedimientos (1906), que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación e interpretación de las normas procesales, el Artículo 207.2 CPC, reguladoras de la motivación de la sentencia. Este tipo de infracción se dio también por errores producidos en la misma sentencia, como se explicó en el motivo anterior. Y se aclara que este recurrente se ha visto en la necesidad de referirse a la sentencia de primera instancia, precisamente por los efectos de la absoluta confirmación que el Tribunal de Alzada hizo de la emitida por el Juzgado de Letras Civil con sede en esta ciudad de San Pedro Sula, de tal manera que el yerro en la sentencia de la primera fase de este proceso es asumido por la sentencia hoy impugnada dictada por la Corte de Apelaciones Civil con sede en esta ciudad. Este motivo se justifica porque claramente en la estructura de la sentencia el Juez conjuntamente aplicó normas procesales del Código de Procedimientos como del CPC, cuando en esa fase procesal sólo tenía que aplicar el primero de éstos según el texto del Artículo 913 del CPC; esa dualidad de aplicación efectuada en la sentencia de primera instancia, en vez de ser desechada por la Corte recurrida la adopta al confirmar la sentencia de primera instancia, en su propia sentencia de alzada, ahora impugnada, dando lugar a insuficiencia en la motivación e incumple, por ello, con la exigencia del Artículo 207.2 del CPC, pues la determinación de los hechos probados y la expresión de los razonamientos sobre ellos y los fundamentos jurídicos en este caso concreto, por haberse conocido y juzgado la primera instancia conforme al Código de Procedimientos (1906), el juez tenía que aplicar y observar el principio de valoración de la prueba tasada, legal o tarifaria prevalente en este Código de Procedimientos respecto a la prueba documental y testifical, así como el de la sana crítica que debía observarse respecto a la prueba pericial y de inspección o reconocimiento judicial, pero en ella, en la sentencia, encontramos que el juez de instancia también aplicó el principio o sistema de libre apreciación de la prueba, lo cual aceptó esta Corte de Apelaciones, cuando en la regulación procedimental anterior como regla general no se permitía, excepto en casos como la usura (por ejemplo, el Artículo 6 segundo párrafo de la Ley de Embargos y Créditos Usurarios). En ese orden de ideas, se consignó en la sentencia de primera instancia, precisamente cuando en los hechos probados se refiere a la afectación del nivel económico del demandante: “...en cuanto a este punto el juzgado tiene por cuantificados estos ingresos en cien mil lempiras (L. 100,000.00) de acuerdo al medio de prueba número 28 peritaje presentado por la demandante a pesar de que el mismo indica valores muy superiores, el cual ha sido valorado libremente sujeto a la sana crítica...” (el subrayado es nuestro); obviamente, un peritaje según el sistema probatorio de la legislación procesal anterior no se puede valorar libremente sin incurrir en infracción en el contenido y estructura de la sentencia. Aparte de esto, la sentencia no tiene la argumentación y motivación sobre la apreciación y valoración de todos y cada prueba de manera individual, pues esta exigencia no se satisface con solo enumerar o referir todos los medios probatorios, omitiendo en los considerandos conforme al N° 2° del Artículo 187 reformado del Código de Procedimientos, dar las razones y fundamentos legales que se estimen procedente para el fallo que haya de dictarse; pero contrario, a esta exigencia en la estructuración de la sentencia, respecto al material probatorio y fuera de aquella valoración no arreglada a derecho, así como la argumentación del porqué desmereció probatoriamente el medio de prueba número veintidós documental sobre la información de tipo o corte actuarial o bien informe de gastos económicos para el sostenimiento de un estándar o estilo de vida, la Corte recurrida no motivó de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de la prueba, al no existir razones y fundamentos legales sobre cómo se apreció y valoró cada uno de los medios probatorios aportados por las partes. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, contraria a la exigencia del Artículo 207.2 en relación con el 245.2 del CPC, al no ajustarse siempre a las reglas de la lógica y de la razón; se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación; pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada se hizo ignorando el contenido del Artículo 245.2 del CPC, porque la Corte recurrida aun confirmando el fallo de primera instancia estaba obligada a cumplir con el contenido de este Artículo pues “La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”, y como se puede apreciar al confirmar la sentencia de primera instancia aceptó en su totalidad la argumentación del Juzgado de Letras Civil, del cual la valoración de los distintos medios de prueba no se deducen de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia confirmada, y, por lo tanto, está afectada de nulidad. Es decir, insisto, la motivación además de contener la declaración de hechos probados, debe tener la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, incluyendo la valoración de los distintos medios de prueba, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. TERCER MOTIVO: INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. Infracción del Artículo 207.1.2 en relación con el 245.2, 479.1.2.3, 273.1 y el 280.1, todos del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación e interpretación de las normas procesales, el Artículo 207.1.2 CPC, reguladoras de la motivación de la sentencia. Este tipo de infracción se dio también por errores producidos en la misma sentencia, como se explicó en los motivos anteriores. Y nuevamente se aclara que este recurrente se ha visto en la necesidad de referirse a la sentencia de primera instancia, precisamente por los efectos de la absoluta confirmación que el Tribunal de Alzada hizo de la emitida por el Juzgado de Letras Civil con sede en esta ciudad de San Pedro Sula, así los yerros de éste son asumidos por la sentencia hoy impugnada dictada por la Corte de Apelaciones Civil con sede en esta ciudad. Este motivo se justifica porque claramente en la estructura de la sentencia la Corte de Apelaciones de lo Civil con sede en la ciudad de San Pedro Sula, incumplió con las exigencias del Artículo 207.1.2 del CPC, pues conforme al numeral “1” de este Artículo, “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho”, sin embargo, en la sentencia recurrida a pesar del subtítulo “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA”, la argumentación que se consigna en la sentencia impugnada es parcial, porque en primer lugar, no se encuentra una motivación específica de la Corte recurrida sobre cada uno de los hechos que conforman los fundamentos fácticos de las pretensiones de las partes y como de acuerdo con el contenido del Artículo 245 VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ésta en el proceso civil la hace el tribunal excluyendo en todo caso la arbitrariedad, debiendo motivarla de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que el CPC u otra ley, establezca una valoración legal de manera expresa o inequívoca; pero el contenido de este Artículo se relaciona íntimamente con el del 479 del CPC, pues éste en su numeral “1” exige al tribunal valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, pero siempre debe atender a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, pero debe motivar la sentencia de manera precisa y razonada. En este caso, la Corte recurrida hizo una valoración arbitraria, porque no obstante haber confirmado la sentencia de primera instancia en todas sus partes, ésta no atribuye un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo; rito procesal que no se satisfizo con la relación de “las pruebas que se hubieren propuesto y practicado”, pues este es un requisito diferente previsto en el Artículo 200.2 b) del CPC; entonces dicha Corte en su sentencia estaba obligada a cumplir con esas formalidades que, repito, están impuestas por el Artículo 479. 1.2 del CPC, sin embargo, la expresada Corte adoptó una actitud cómoda pero omisa, al no estructurar su sentencia con las formalidades y requisitos que el CPC establece en los citados artículos, incumpliendo con su deber de garante del debido proceso, pues no hizo una verdadera valoración de los distintos medios de prueba, como lo exige el Artículo 245.2 CPC, en consecuencia, la actividad omisa de dicha Corte impide que la valoración probatoria se pueda deducir de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia; y, esta falta o trasgresión que desde luego afecta el debido proceso y por dificultar el derecho de defensa, lo tergiversa, se sanciona con la nulidad de la resolución, o sea, de la sentencia. Entonces los errores referentes a la prueba en cuanto a su valoración, determinado si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo, afectan el contenido del Artículo 200.1.2 b) del CPC e incumplen la exigencia de motivación prevista en el Artículo 207.1.2 del CPC, y como en la sentencia de primera instancia se incurrió en dichos errores, la sentencia confirmatoria que emitió la Corte recurrida los acoge y no subsana automáticamente dichos errores, tenía que expresamente cumplir con tales exigencias; así vemos que en cuanto al MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL NÚMERO UNO (1) propuesto por la parte demandada, específicamente el documento al que se refiere el literal “b)” consistente en la “Literatura médica y posología que acompaña al producto LIPOBAY mediante la cual se formulan las advertencias y contraindicaciones a los médicos, regentes de farmacia y al paciente”, el tribunal recurrido no le atribuyó un valor o significado, determinando si conduce o no a probar la existencia del hecho de que si existe una posología desde el 18 de julio del 2001 y que la literatura tiene contraindicaciones, donde se lee claramente “Hipersensibilidad conocida a cualquier componente de Lipobay. Hepatopatía activa o elevación no explicable y persistente de las transaminasas séricas. La Cerivastatina no debe usarse en combinación con gemfibrozilo, ya que se han descrito casos de rabdomiólisis (algunos con fallo renal agudo)”. En la parte inferior de esa posología y literatura que consta de tres páginas se lee la fecha 18/7/01. Y, lógicamente, si la Corte recurrida como está en la segunda gran fase de un proceso iniciado antes de la entrada en vigencia del CPC, en segunda instancia, tiene que valorar tal documento conforme a los Artículos 245, 273.1, 280.1 y 479 del CPC; pero lo que no es permitido es que deje de apreciar cualquier medio probatorio debidamente admitido, como es el caso de la posología y literatura referidos, debiendo hacerlo en los términos antes expresados y determinando o estableciendo si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo, y resultando evidente que conforme al Artículo 280.1 CPC, la fuerza probatoria de ese documento privado hace prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudiquen, como es el caso de autos donde la contraparte no impugnó la evacuación de tal documento como prueba ni su autenticidad, entonces en aplicación del citado Artículo 273.1, en esta segunda instancia, ese documento se aprecia como documento público, pero lógicamente, según sus circunstancias sólo hace prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenta y que motivó su otorgamiento, esto es, de que el producto Lipobay si tiene posología y literatura con contraindicaciones claras, y de la fecha en que se expidió, o sea, 18 de julio de 2001, el mismo año del mes de marzo en que el demandante dice (segundo hecho de la demanda) empezó a ingerir el Lipobay. El sistema de apreciación de este documento es como lo establece el Artículo 13.2 valoración legal de la prueba y eso mismo se establece en el Artículo 479.2 ambos del CPC, y en este último se dice que se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones o documentos tengan atribuido, o sea, al contenido de los Artículos 280.1 en relación con el 273.1 ya mencionados. Y estas mismas disposiciones las infringió la Corte de Apelaciones, cuando respecto al documento primeramente propuesto en ese MEDIO DE PRUEBA NÚMERO UNO (1), el Certificado de Registro Sanitario de LIPOBAY, del cual resulta probado y razonable que dicho medicamento se vende al público sólo con receta médica; además, quedó acreditado también con los documentos The Pharmacological Basis of Therapeutica de Goodman y Gilman, y el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, edición 2000, conocido como Vademecun presentado por la parte demandante, que son prueba documental útil e idóneas, que deben ser valorados como prueba tasado según lo explicado y en similar sentido acreditan técnica y científicamente que si existían contraindicaciones que los médicos están en la obligación de conocer y recetar conforme a las directrices de tales documentos. De igual manera, existe en la primera pieza de autos el dictamen del Dr. Juan Ramón Ardón, quien en su análisis refiere en relación al demandante que fue interconsultado a finales de abril (sin especificar el año) para realizar acceso venoso para hemodiálisis, ya que presentaba insuficiencia renal aguda, secundaria a rabdomiolisis severa, que se asoció al uso de estatinas como hipolipemiante oral (médicos tratantes Clínica Bendaña); en resumen, posterior a colocarle acceso hemodialítico vía femoral derecho con catéter niagara doble lumen, afirma que se dializó el paciente con éxito durante dos semanas y refiere infección de dos puntos áreas de punción de anicoagulación subcutánea (periumbilical) y sitio de inserción del catéter femoral; dos infecciones por germen infectante (estafilococo dorado) y una tercera de “Pseudomona aeruginosa”; pero que al demandante lo estuvo tratando de trombosis venosa profunda de ese miembro, lo mismo que masa inguinal compatible con pseudoaneurisma femoral habiéndose retirado catéter femoral en servicio de hemodiálisis. Pero si concluye ese dictamen u opina al final del resumen clínico que “Actualmente el paciente ha recuperado completamente su función renal a lo normal, teniendo como secuelas inmediatas síndrome postrombótico del miembro inferior derecho y cuadro anémico en recuperación lenta”, entonces de la rabdomiolisis que tuvo no se infiere o deduce la causa de la muerte, lo cual se comprueba con la declaración que rindió el 7 de septiembre de 2011, específicamente en el literal “B)” se extrae de su contestación “...respecto al punto específico de la función renal que hay aportaciones en el informe hechas por los otros doctores de cabecera como el Nefrólogo, respecto a si se recupero o no de la rabdomiólisis dijo el doctor JUAN RAMÓN ARDÓN RIVERA que ese fue el diagnóstico de los médicos tratantes del paciente y es de las especialidades del nefrólogo y que no es su especialidad...”. En fin, de la determinación de los hechos probados y la expresión de los razonamientos sobre ellos y los fundamentos jurídicos en este caso concreto, y en consideración a las irregularidades señaladas, la Corte recurrida no motivó de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de la prueba, al no existir razones y fundamentos legales sobre cómo se apreció y valoró cada uno de los medios probatorios aportados por las partes; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. V.2) DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Como se observa los errores antes denunciados fueron cometidos en la estructuración misma de la sentencia de segunda instancia, entonces la denuncia es en este acto procesal de parte en que se impugna vía casación. V.3) SE TRATÓ DE SUBSANAR En cuanto al requisito de intento de subsanación, como la infracción se cometió en la misma estructuración de la sentencia, hasta ahora existe oportunidad de reclamar en tiempo y forma. V.4) MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación, por ser indebida, de los Artículos 9 N° 1, 19 Nos 1 y 8, y 23 de la Ley de Protección al Consumidor, en relación con los Artículos 96 de la Constitución de la República y 74 del Código Civil, siendo todas ellas normas de derecho (materiales o sustantivas) empleadas para la solución de fondo del litigio. Se hace la aclaración necesaria, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y también están relacionados e inciden en éste. La Ley de Protección al Consumidor: “ARTÍCULO 9. DERECHOS BÁSICOS. Son derechos esenciales de los consumidores: 1. La protección de la vida, salud o seguridad humana en la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios;…”. El Artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor en sus numerales 1 y 8 dice: ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES. Son obligaciones de los proveedores, sin perjuicio de las contenidas en otras leyes: 1. Suministrar adecuadamente bienes y servicios al consumidor respetando su vida, salud y seguridad;…8. Los productores, fabricantes, envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, fraccionadores, ensambladores e importadores, deberán cumplir con lo dispuesto en las normas pertinentes relativas al etiquetado de los bienes, siendo a su vez responsables por la veracidad del contenido de las mismas;..”. El Artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor dice: ARTÍCULO 23. REQUISITOS DE ETIQUETADO. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras leyes y reglamentos, los bienes preempacados o envasados para el consumo o la salud deberán contener en su presentación destinada al consumidor final las indicaciones siguientes: 1. Nombre o denominación; 2. Origen o procedencia; 3. Contenido neto, cantidad o especificación de medidas; 4. Fecha de fabricación y vencimiento o plazo recomendado para el uso o consumo cuando éstos lo requieran; y, 5. Información nutricional, cuando aplique, así como las instrucciones, advertencias y contraindicaciones relativas a su utilización o consumo.- La Autoridad de Aplicación propondrá a las instituciones del Estado con competencia en determinada materia, la emisión de los reglamentos técnicos necesarios orientados a proteger los derechos de los consumidores respecto del etiquetado de los bienes para el consumo o la salud que se comercialicen en el país”. El numeral 1 del Artículo 9 de la Ley de Protección al Consumidor, no es más que una declaración y reconocimiento del principio de protección a la vida, la salud o seguridad humana, en lo atinente a la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios; y, al respecto, mi representada ha cumplido con la ley desde el momento en que presentó el Certificado Sanitario que acredita el respectivo registro. Aquel Artículo 19 de la citada Ley, regula obligaciones de los proveedores y en su inciso “1” establece como obligación de tales sujetos “Suministrar adecuadamente bienes y servicios al consumidor respetando su vida, salud y seguridad” y el Certificado Sanitario aludido en el párrafo que antecede acredita también el cumplimiento de su obligación y al respecto ha sostenido y demostrado que el producto LIPOBAY que distribuye, se expende al consumidor con la respectiva receta médica. En cuanto al inciso “8” de ese Artículo 19, prescribe: “Los productores, fabricantes, envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, fraccionadores, ensambladores e importadores, deberán cumplir con lo dispuesto en las normas pertinentes relativas al etiquetado de los bienes, siendo a su vez responsables por la veracidad del contenido de las mismas”; pero al respecto no integra como hecho en la fundamentación fáctica de la demanda, que BAYER no haya cumplido con las normas pertinentes al etiquetado de los bienes o medicamentos que distribuye y tampoco forma parte de los hechos de las pretensiones consignadas en la demanda, la veracidad o no del contenido de las etiquetas de dicho medicamento. Respecto al Artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor que fue transcrito en su totalidad y establece los requisitos de etiquetado, sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras leyes y reglamentos, mandando que los bienes preempacados o envasados para el consumo o la salud deberán contener en su presentación destinada al consumidor final todas las indicaciones que ya fueron transcritas, y tampoco forma parte de los hechos integrantes de la fundamentación fáctica de la demanda, el incumplimiento o inobservancia de los requisitos del etiquetado en el producto LIPOBAY, y asimismo, no existe pretensión sobre incumplimiento de normas reglamentarias sobre ese respecto. No siendo fiel resultado de la base fáctica de las pretensiones de las partes y de las pruebas pertinentes, los hechos declarados probados por la Corte recurrida, no se pueden encuadrar en los supuestos jurídicos de los incisos Nos 1 del Artículo 9, y,1 y 8 del Artículo 19 mencionados, porque precisamente estos preceptos son ajenos al pleito, no sirven para resolver en el fondo una pretensión que no está basada en la inadecuación del suministro de bienes y servicios al consumidor por irrespetar su vida, salud y seguridad; esto no fue objeto de controversia alguna en el debate.- Asimismo, es totalmente ajeno al pleito el que si los productos, en este caso concreto el Lipobay, tienen o no etiquetado, o si éste reúne los requisitos establecidos en el Artículo 23 citado; y tampoco fue hecho controvertido la emisión o no de los reglamentos técnicos necesarios orientados a proteger los derechos de los consumidores respecto del etiquetado de los bienes para el consumo o la salud que mi representada comercializa en el país, a que alude el último párrafo del susodicho Artículo 23. El caso concreto en donde estriba la controversia es sobre responsabilidad civil del distribuidor de aquel medicamento, a consecuencia de la receta médica del Dr. Carlos Romero Solís al demandante, contraria a las contraindicaciones que constan en la posología del producto y de la literatura en los libros o documentos The Pharmacological Basis of Therapeutics de Goodman y Gilman, y Diccionario de Especialidades de Especialidades Farmacéuticas (Vademecum). Además, el contenido de esos Artículos de la ley de Protección al Consumidor no son aplicables al caso de autos porque esta Ley fue emitida después de iniciada la litis, o sea, la demanda se presentó el catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002) y el Decreto N° 24-2008 que es el que tiene los contenidos transcritos pertenecientes a los citados artículos, se emitió el uno de abril de dos mil ocho y según su Artículo 116 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el diario Oficial La Gaceta, lo que se hizo hasta el siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) en el ejemplar N° 31,652 de dicho Diario Oficial, entonces su aplicación resulta indebida porque es retroactiva. Al respecto, por vía meramente ilustrativa se acompaña un ejemplar de la Ley de Protección al Consumidor Decreto N° 41-89 que estaba vigente cuando se presentó la demanda, en donde se aprecia que la pertenencia de los contenidos de los artículos invocados y transcritos en lo conducente por el Tribunal de Alzada en la sentencia impugnada, es referente a la Ley de Protección al Consumidor Decreto N° 24-2008 del 7 de julio de 2008, y han sido aplicados en forma retroactiva a una litis que se inició antes de comenzar su vigencia, o sea, indebidamente aplicados. El Artículo 96 de la Constitución de la República, manda: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. Sin duda alguna el presente litigio está fundado en una pretensión de derecho privado que se inició antes de la vigencia de la actual Ley de Protección al Consumidor cuyos Artículos 9 N° 1, 19 Nos 1 y 8, y 23, son los que tienen los contenidos que citó la Corte recurrida, y entonces su aplicación no puede tener efecto retroactivo en un proceso civil que tiene sus propias reglas en cuanto al conflicto de leyes en el tiempo y desde luego su aplicación afecta derechos procesales porque la parte demandada no ha tenido oportunidad de defenderse de hechos distintos de los contenidos en la demanda, además, no se trata de una ley penal que favorezca al delincuente o procesado. El Artículo 74 del Código Civil, similar al citado en el párrafo que antecede establece: “Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”; los mismos argumentos expuestos respecto al Articulo 96 de la Constitución de la República, salvo el rango de superioridad del principio de irretroactividad de la ley, caben con relación al tema de la aplicación retroactiva que hizo la Corte recurrida en la sentencia impugnada. De tal manera que el contenido de los dos preceptos anteriores debió tener en cuenta dicha Corte antes de aplicar aquellos Artículos de la Ley de Protección al Consumidor a un asunto que tenía casi seis años de haberse planteado ante el órgano jurisdiccional de primera instancia y que estaba pendiente. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la aplicación indebida del Artículo 1366 del Código Civil. El Artículo 1366 del Código Civil dice: “Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.- En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación”. Ese Artículo 1366 del mismo Cuerpo de Leyes regula respecto a qué tipo de daños responde el deudor de buena fe, así como aquel que emplea dolo. En consecuencia, esta norma tiene como presupuesto el tipo de sistema de responsabilidad que adoptó el Código Civil, y es el de responsabilidad subjetiva; de ahí que se aluda al deudor de buena fe y al que hubiere empleado dolo, que es de mala fe. Pero se establece que el deudor de buena fe responde de los daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, sin embargo resulta que no se encuentra como pretensión de la demanda un acto o contrato donde se haya podido prever los daños al tiempo de constituirse la obligación. En el caso concreto que nos ocupa por ser una acción de responsabilidad civil, donde se reclama el pago de daños y perjuicios a mi representada, resulta aplicado indebidamente dicho artículo porque, por una parte, no existe una relación de causalidad entre el hecho dañoso y la causa que directamente lo produjo, porque en su demanda el actor detalla los conceptos que integran su pretensión indemnizatoria, estableciendo prácticamente la cuantía. Pero en este caso concreto la Corte recurrida no debió aplicar el Artículo 1366 porque no establece si la parte demandada es de buena o mala fe respecto a una de las fuentes de las obligaciones a que alude el Artículo 1346 del mismo Código Civil. Tampoco existe un hecho culposo o negligente que sea atribuible a BAYER como origen de una obligación civil, como la que se le reclama y por ende, esté obligado a responder. Además, la acción de responsabilidad y reclamo de daños y perjuicios exige la realidad del daño y la prueba del mismo, pero al respecto existe como se dijo en el segundo motivo una situación irregular porque tal como lo describe en su sentencia la Corte recurrida observó que el juez tomó en consideración para establecer los daños y perjuicios dejados de percibir, al medio de prueba pericial, entendiéndose que no en su totalidad al indicar que el peritaje establece valores superiores, pero el Tribunal de Alzada acepta la cuantificación de los ingresos del señor Gabrie Rivera en CIEN MIL LEMPIRAS, por medio de un criterio prácticamente arbitrario. En otras palabras, en este caso concreto no existe la cuantificación correcta de los daños y perjuicios, y por lo tanto, no se debió condenar al pago de los mismos, porque era imposible preverlos ya que no existía vínculo entre demandante y demandada, y tampoco hay hechos fácticos en la demanda reclamando al deudor los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” TERCER MOTIVO: Se impugna la aplicación indebida de los Artículos 1360, 1361, 1362, 1363 y 2236 del Código Civil. Estos artículos no fueron citados en la sentencia de la Corte recurrida, pero como ésta expresó en el numeral CUARTO de la motivación fáctica y jurídica de su sentencia: “...y siendo que la sentencia dictada en primera instancia a criterio de este tribunal cumple con los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, sin que se aprecie en la misma existencia de infracción procesal o infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración o infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, procede esta Corte de Apelación a confirmar la sentencia traída en apelación”, de esa manera también hizo suyas la declaración de hechos probados y las estimaciones jurídicas del juez de primera instancia; entonces forman parte del fallo confirmatorio y su aplicación siendo perjudicial a mi representada, es objeto de esta impugnación. El Artículo 1360 del Código Civil dice: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad”; y, el Artículo 1361 del Código Civil dice: “La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula”. Se ha transcrito el texto de los dos artículos anteriores porque tienen vinculación muy estrecha, pero el Juez de primera instancia y, por confirmación la Corte recurrida, al aplicar el 1360 relativo a la acción general de responsabilidad, exige que se determine qué acción dolosa, negligente o morosa se imputa al responsable; de aquí resulta que la aplicación indebida de este Artículo es evidente, porque no existen en la demanda hechos que formen parte de la fundamentación fáctica de la pretensión promovida por el actor. En ninguna parte se habla de dolo, lógicamente ello no fue objeto de controversia, no se ha imputado dolo civil a BAYER y peor dolo penal; y no habiendo ningún vínculo anterior, entre ésta y el actor, no amerita un pronunciamiento judicial sobre lo que no forma parte de las pretensiones del demandante. Y como el órgano jurisdiccional no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, resulta fuera de las facultades de la Corte recurrida aceptar lo que el Juez de primera instancia hizo, aplicando los expresados Artículos en relación al dolo. El cual, además, debe tenerse en cuenta que la buena fe se presume, en cambio el dolo debe probarse y, en este caso concreto, no consta en los autos el dolo. Por todo lo expresado es indebida la aplicación de esos dos artículos en comento. El Artículo 1362 del mismo Código Civil dice: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Puede ser lata, leve o levísima.- La culpa lata se opone a la diligencia y cuidado que aun las personas de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios.- La culpa leve se oponer a la diligencia y cuidado de un buen padre de familia.- La culpa levísima se oponer a la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. Por su parte el Artículo 1363 del Código Civil dice: “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en las obligaciones que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en las obligaciones que se contraen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en las obligaciones en que el deudor es el único que reporta beneficio.- El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor) o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.- La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que la alega.- Todo lo cual sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes”. Estos dos Artículos son los invocados y aplicados directamente por el Tribunal de Alzada en la sentencia recurrida. El primero de estos dos Artículos, se refiere al concepto de culpa o negligencia del deudor, así como a la graduación de la culpa en lata, leve o levísima, que pueda ser atribuida al deudor. En el caso concreto que nos ocupa por ser una acción de responsabilidad civil, donde se reclama el pago de daños y perjuicios a mi representada, resultan aplicados indebidamente ambos artículos porque, por una parte, no existe una relación de causalidad entre el hecho dañoso y la acción de BAYER, pero si existe relación de causalidad entre el demandante y el Dr. Carlos Romero Solís, quien fue el que le recetó el LIPOBAY sin atender las contraindicaciones, porque en su demanda el actor afirma: “Que en vista de haberme practicado exámenes clínicos que indicaban niveles altos de colesterol, me fue recetado e ingerí el producto distribuido en el país por la empresa Bayer de Honduras, S.A., denominado Lipobay, medicamento que por prescripción médica tomé junto con ZIA 2.5/6.25, Genfibrozil y Ciprofloxacina, y aproximadamente a los veintiocho días de estar ingiriendo dicho medicamento comencé a sentir que perdía la fuerza en los músculos, y sufrir dolor corporal articular generalizado, debilidad de los miembros inferiores, vómitos y distensión abdominal, y la orina me salía de color café, de lo cual no adolecía antes de tomar dicha medicina, por lo que fui internado de emergencia en la clínica Bendaña de esta ciudad, habiendo sido intervenido quirúrgicamente”. De este primer hecho está bien claro que no existe una relación directa de origen contractual o cuasi contractual, o delictual o cuasi delictual entre el demandante y la sociedad demandada; tampoco existe como origen de la obligación indemnizatoria que reclama, un mandato legal y no existe un hecho culposo o negligente del que BAYER esté obligado a responder. En la forma amplísima que aplicó dicho Artículo 1362 la Corte recurrida, sin distinguir cuál de esas clases de culpa es la que atribuye a mi representada, resulta aplicado indebidamente, porque BAYER ni nadie que sea sujeto pasivo en un proceso civil, debe obligarse a responder por las tres clases de culpa que ahí se gradúan, o sea, que al mismo tiempo haya que responder por la culpa lata, la leve y la levísima. En cuanto a la aplicación del Artículo 1363 del citado Código Civil, resulta que el primer párrafo con base en los hechos consignados en la demanda, como no existe relación contractual entre el demandante y BAYER, no encontramos cómo se puede decir que entre ellos existía obligación y que por la naturaleza de ésta se pueda calificar de que sólo es útil al acreedor y que por ello la culpa es lata; tampoco se puede calificar que se trataba de obligaciones que el actor y la demandada contrajeron para beneficio recíproco, de manera de afirmar que la culpa es leve; y, claro sin previo vínculo entre el demandante y BAYER no se puede afirmar que el deudor, en este caso como demandado, BAYER, era el único que reportaba beneficios y, que en tal virtud, la culpa es levísima.- En cuanto a la aplicación del tercer párrafo del Artículo 1363 del Código Civil, no forma parte de los hechos un acontecimiento que pueda ser calificado de caso fortuito o, la otra variante, fuerza mayor.- Por lo tanto, la aplicación sin distinción alguna de este párrafo, así como los supuestos del párrafo anterior, son indebidas. Son normas que se aplican a otras situaciones de hecho, no resuelven en el fondo un conflicto como el de autos. El Artículo 2236 del Código Civil dice: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Es bien sabido que este precepto es el que en nuestra legislación regula la culpa extracontractual o aquiliana, pero resulta que de los mismos hechos de la demanda no existe un hecho imputable a BAYER DE HONDURAS, S.A., que legitime al demandante para exigirle el pago de la indemnización de daños y perjuicios que reclama, porque BAYER no le recetó el Lipobay, para ingerirlo solo ni conjuntamente con ZIA 2.5/6.25, Genfibrozil y Ciprofloxacina; además, mi representada ha cumplido con el Estado de Honduras efectuando el Registro Sanitario respectivo y en la literatura constituido por los documentos ya mencionados, incluyendo la posología, existen las contraindicaciones para consumir dicho medicamento junto con Genfibrozil, lo cual arbitrariamente han negado tanto el Juez de Primera Instancia como este Tribunal de Alzada, redactando argumentación como que dichos documentos no se introdujeron en la etapa probatoria del proceso o tergiversando y cercenando su texto. No hubo ninguna acción imputable a BAYER para causarle daño al demandante, tampoco hubo omisión alguna, y menos intervino culpa o negligencia de parte de BAYER, puesto que las contraindicaciones y advertencias constan en los documentos apropiados para imponerse de su contenido y los profesionales de la medicina están debidamente entrenados para su manejo y comprensión, usualmente o por lo general los tienen a su alcance en sus consultorios. De lo expuesto es evidente que dicho precepto así como los anteriores, fue aplicado indebidamente, porque en este caso concreto, no es una norma idónea para resolver en el fondo la controversia o litigio. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. CUARTO MOTIVO: Se impugna la aplicación indebida del Artículo 692 del Código de Comercio. Ese Artículo 692 dice: “En el cumplimiento de las obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio”. En cuanto a la responsabilidad de los comerciantes sólo podría regularse por un precepto del Código Civil, en defecto o falta de una disposición expresa en el Código de Comercio; en sentido estricto, no se encuentra en la sentencia recurrida hechos declarados probados que constituyen la base fáctica de las pretensiones consignadas en la demanda, un hecho que sea calificado de acción u omisión que cause daño al demandante, por culpa o negligencia de BAYER; entonces no existen los presupuestos reales para su aplicación, misma que viene a constituir lo que se ha denominado aplicación indebida. Este Artículo lo cita el Juez en la demanda, pero por haber la Corte recurrida confirmado la sentencia de primera instancia, aceptó la motivación fáctica y jurídica que hizo aquel. Sin embargo, la censura en esta oportunidad del fallo recurrido, estriba en que califica la responsabilidad de BAYER según el sistema de responsabilidad objetiva, cuando sabemos todos que, en nuestro país el sistema de responsabilidad es subjetivo y, por ello, es necesario en la casuística deslindar la responsabilidad con culpa o dolo, de tal manera que para sustentar algún caso como de responsabilidad objetiva, habrá que manejar el tema con fidelidad a la técnica jurídica; en ese orden de ideas la calificación que hace la Corte de Apelaciones por aceptar el fallo de primera instancia, combinando el primer párrafo del Artículo 1363 del Código Civil en cuanto a la culpa levísima con el Artículo 692 del Código de Comercio, para concluir que los comerciantes responden a partir de la culpa levísima según el artículo 692 del Código de Comercio, es errada, porque este Artículo y la exposición de motivos del Código de Comercio, despejan las yerros al limitarse dicha responsabilidad a “exigir en las obligaciones mercantiles el cumplimiento con la diligencia de un buen comerciante, lo que corresponde a la realidad de las actividades de empresa, que deben tener una diligencia profesional tanto más extrema en cuanto retribuida”, lo que difiere totalmente del presupuesto del primer párrafo del Código Civil, respecto a que el presupuesto es obligaciones en que el deudor es el único que reporta beneficio. De aquí que la aplicación de este Artículo 692 del Código de Comercio es indebida, no cabe aplicarla en la culpa aquiliana o extracontractual, desde el momento en que la base son actos mercantiles y no se ha sustentado la demanda en ninguno de ellos entre actor y demandada. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. QUINTO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del Artículo 143 del Código de la Salud. Artículo 143.- El médico al prescribir un medicamento, está obligado a indicar, además de la marca comercial del producto, el nombre genérico del medicamento. Los establecimientos autorizados para la venta de medicinas, por medio de su Regente, deberán ofrecer al consumidor el equivalente genérico del producto recetado por el médico. El precepto anterior forma parte de la regulación del Código de la Salud que se intitula DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y EQUIPO DE USO MÉDICO, su existencia y contenido fue ignorado por la Corte recurrida. Pero ese precepto obliga a los profesionales de la medicina al prescribir un medicamento, o sea, al extender una receta a indicar además de la marca comercial del producto, el nombre genérico del medicamento. Esto desde luego, sin perjuicio de haberse impuesto y observar las indicaciones sobre advertencia y contraindicaciones que se encuentran en los textos de la posología del producto y de la literatura en los libros o documentos The Pharmacological Basis of Therapeutics de Goodman y Gilman, y Diccionario de Especialidades de Especialidades Farmacéuticas (Vademecum). Además, lógicamente que para un mejor control, todos los establecimientos autorizados para la venta de medicinas, por medio de su Regente, deberán ofrecer al consumidor el equivalente genérico del producto recetado por el médico. El contenido de este precepto violado o ignorado en su existencia por el Tribunal de Alzada, es importante porque denota que la comercialización de los medicamentos siempre es bajo el presupuesto de que se extendió previamente, en forma seria, profesional y responsable, la respectiva receta médica, de la cual se deriva la responsabilidad del médico tratante. Es precisamente lo que ocurrió en el caso de autos, porque previo a la venta del Lipobay el Dr. Carlos Romero Solís expidió la receta médica que indicaba el tratamiento con tal producto, y el hecho de que se recetara junto con otro medicamento que combinados causaban perjuicio a la salud del paciente, apartándose de las contraindicaciones que constan en aquella literatura, una de las cuales la misma parte demandante allegó al juicio (El Vademecum), da lugar a la responsabilidad de medios conforme a la cual responden los profesionales de la medicina. Desde luego que la inaplicación del precepto violado incide en la determinación del fallo, pues con la prueba aportada, conforman una fundamentación jurídica apropiada a favor de la sociedad demandada. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido por inaplicación o falta de aplicación del referido Artículo, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. VI CELEBRACIÓN DE LA VISTA El suscrito estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada.”. II. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil y en particular haciendo especial énfasis en lo siguiente: 1.- Tener por interpuesto el escrito contentivo del Recurso de Casación presentado por el Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad BAYER DE HONDURAS, S.A., en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014). El presente recurso se divide en dos tipos de infracciones, a saber: A) Recurrencia por infracción de normas reguladoras de la sentencia y; B) Recurrencia por infracción a la ley material. Ambos con motivos individualizados. A.- EN CUANTO A LA INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA: 2.- PRIMER MOTIVO: En cuanto a este motivo por encontrase literalmente transcrito en la presente resolución, de forma suscinta se señala que el recurrente lo sustenta en la infracción del Artículo 207.2 en relación con el 200.1.2 letra c) del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia. El impetrante especialmente solicita el control de la motivación fáctica de ésta, con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; impugnando la aplicación e interpretación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia. Entre los argumentos expuestos esgrime que la Corte Sentenciadora: “hizo una escueta declaración de hechos probados, afirmó en el numeral CUARTO de la motivación fáctica y jurídica de su sentencia: … y siendo que la sentencia dictada en primera instancia a criterio de este tribunal cumple con los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, sin que se aprecie en la misma existencia de infracción procesal o infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración o infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, procede esta Corte de Apelación a confirmar la sentencia traída en apelación…-, de esa manera también hizo suyas la declaración de hechos probados y las estimaciones jurídicas del juez de primera instancia; resultando así una mixtura de los hechos probados de la sentencia confirmada y de la confirmatoria que infringe el Artículo 207.2 del Código Procesal Civil, puesto que los elementos fácticos, considerados individual y en conjunto, no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón, y precisamente el objeto de este motivo es solicitar a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Civil, el control de esa motivación fáctica de la sentencia para revisar su suficiencia, así como la racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. Agrega también que por otro lado, se aprecia claramente en la estructura de la sentencia que el Juez indebidamente aplicó tanto el Código de Procedimientos como el Código Procesal Civil, cuando sólo tenía que aplicar el primero… Afirma el recurrente que la sentencia impugnada se encuentra una diferencia que obliga a revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, afectando la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Artículo 207 de ese mismo Cuerpo Legal, de suerte que el fallo impugnado es insuficiente y carece de racionalidad y carácter lógico, que es determinante de un sentido diferente del fallo, al carecer de razonamientos fácticos y jurídicos sobre los supuestos jurídicos de los Artículos 19 numerales 1 y 8, y 23 de la Ley de Protección al Consumidor, en relación con los Artículos 1366 y 1362 del Código Civil, que sostienen los hechos que constituyen la base fáctica de la pretensión del demandante y de la resistencia de la demandada… Llega el recurrente a la conclusión, que existe insuficiencia en la motivación de la sentencia que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Artículo 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; indica que se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación; pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada no se sustenta en los Artículos que cita en la parte dispositiva del fallo, no están bien relacionados con los razonamientos vertidos en la referida sentencia. Es decir, insiste, en que la motivación además de contener la declaración de hechos probados, debe tener la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, considera queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a su representada. 2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: El impetrante establece como causal recursiva el articulo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, por la forma y contenido de la sentencia, en relación con el Artículo 720 numeral 2) del citado texto legal, en cuanto al control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico. 2.2 En el presente motivo el impetrante no lo hace con la absoluta precisión, al no determinar concretamente el motivo exacto. Hay que recordar que el motivo es una unidad, por lo cual cada una de sus partes debe relacionar intrínsicamente todos los requisitos casacionales, justificando exhaustivamente cada una de las razones que originan la infracción motivada. En el presente caso, el impetrante establece una cantidad de ellas de una manera indiscriminada, que al ser analizadas, todas son consideradas lesivas a una tutela jurídica efectiva, pues esta solicitando la aplicación e interpretación de las normas PROCESALES reguladoras de la motivación de la sentencia. Para mayor claridad, señalamos lo siguiente: La Primera de ellas consiste en pretender impetrar el alcance de los hechos probados en la sentencia dictada por el juez A Quo y confirmados por el tribunal superior.- En la exposición de este punto recurrido, el impetrante no es acorde con el orden de ideas que expresa en la explicación del gravamen, para que este razonamiento sea absolutamente comprensible para la Sala de lo Civil. En concreto, no se puede identificar cual es la adecuada y correcta sana crítica y cuál sería la razón que debió tener el juzgador para que su valoración fuera determinante en un sentido diferente del fallo. Aunado a ello tampoco el recurrente concreta las razones por las cuales los hechos tenidos como probados por el juzgado y por el tribunal de instancia, respectivamente, carecen de suficiente motivación fáctica; esa omisión imposibilita el estudio del motivo con el fin de determinar si efectivamente existe carencia de racionalidad y carácter lógico. Se adiciona al mismo punto, el hecho que esta Sala de Lo Civil ha mantenido una línea jurisprudencial al respecto[1] conforme a la doctrina y formalidad recursiva. Esto radica, en primer lugar, en el principio de exclusión probatoria, que consiste, como regla general, en la imposibilidad que tienen las partes de peticionar una revisión de los hechos que sustentan la demanda o su resistencia, según el caso; así como la imposibilidad de interpretación y valoración de prueba que conduzca a la convicción del juzgador, tal como lo expresa el articulo 720 del Código Procesal Civil. La segunda razón es el requisito de puntualidad el cual es perceptible para todas las partes intervinientes en el proceso y se resume en que la petición recursiva debe ser coherente y sin ambigüedades, debiendo observar los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia. La tercera razón recae en lo que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil, que enuncia las reglas especiales sobre el dictado de una sentencia formalmente correcta, refiriéndose a los requisitos que deben cumplirse a lo largo de su estructura, lo que no significa que su vulneración suponga una infracción procesal capaz de generar la nulidad, salvo la referencia a la motivación, requisito que se encuentra desarrollado con mayor precisión en el articulo 207 del citado Código Procesal Civil, en lo referente a la motivación de las sentencias. Respecto a ello la Sala de lo Civil concuerda con el jurista Antonio Salas Carceller al afirmar que la ley adjetiva “…contiene varias exigencias en relación con las sentencias que constituyen verdaderos requisitos procesales en tanto no se dirigen a garantizar el acierto de las mismas sino su adecuación a los principios que garantizan la corrección del proceso, dando una respuesta a las partes que se ajuste a lo discutido y explique las razones de la resolución; respuesta que –lógicamente- podrá ser acertada o no, de modo que si se considera que no lo es, podrá ser planteada la cuestión del recurso de casación pero no en el formulado por casación procesal…”[2] 3.- SEGUNDO MOTIVO: En este motivo señala el recurrente la Infracción de los Artículos 207.2 y 245.2 del Código Procesal Civil, en relación con el 187 reformado del Código de Procedimientos (1906), que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente donde se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, está impugnando la aplicación e interpretación de las normas procesales, el Artículo 207.2 CPC, reguladoras de la motivación de la sentencia. Manifiesta el impetrante que este tipo de infracción se dio también por errores producidos en la misma sentencia, como se explicó en el motivo anterior. Y a la vez aclara que ÉL como recurrente se ha visto en la necesidad de referirse a la sentencia de primera instancia, precisamente por los efectos de la absoluta confirmación que el Tribunal de Alzada hizo de la emitida por el Juzgado de Letras Civil con sede en esta ciudad de San Pedro Sula, de tal manera que el yerro en la sentencia de la primera fase de este proceso es asumido por la sentencia hoy impugnada dictada por la Corte de Apelaciones Civil con sede en esta ciudad. Considera además el Impetrante que este motivo se justifica porque claramente en la estructura de la sentencia el Juez conjuntamente aplicó normas procesales del Código de Procedimientos como del CPC, cuando en esa fase procesal sólo tenía que aplicar el primero de éstos según el texto del Artículo 913 del CPC; afirmando que esa dualidad de aplicación efectuada en la sentencia de primera instancia, en vez de ser desechada por la Corte recurrida la adopta al confirmar la sentencia de primera instancia, en su propia sentencia de alzada, ahora impugnada, dando lugar a insuficiencia en la motivación e incumple, por ello, con la exigencia del Artículo 207.2 del CPC, pues la determinación de los hechos probados y la expresión de los razonamientos sobre ellos y los fundamentos jurídicos en este caso concreto, por haberse conocido y juzgado la primera instancia conforme al Código de Procedimientos (1906), el juez tenía que aplicar y observar el principio de valoración de la prueba tasada, legal o tarifaría prevalente en este Código de Procedimientos respecto a la prueba documental y testifical, así como el de la sana crítica que debía observarse respecto a la prueba pericial y de inspección o reconocimiento judicial, pero en ella, en la sentencia, asegura que encuentra que el juez de instancia también aplicó el principio o sistema de libre apreciación de la prueba, lo cual aceptó esta Corte de Apelaciones, cuando en la regulación procedimental anterior como regla general no se permitía, excepto en casos como la usura (por ejemplo, el Artículo 6 segundo párrafo de la Ley de Embargos y Créditos Usurarios). En ese orden de ideas, continúa manifestando que se consignó en la sentencia de primera instancia, precisamente cuando en los hechos probados se refiere a la afectación del nivel económico del demandante: “...en cuanto a este punto el juzgado tiene por cuantificados estos ingresos en cien mil lempiras (L. 100,000.00) de acuerdo al medio de prueba número 28 peritaje presentado por la demandante a pesar de que el mismo indica valores muy superiores, el cual ha sido valorado libremente sujeto a la sana crítica...” (el subrayado es nuestro); obviamente, afirma que un peritaje según el sistema probatorio de la legislación procesal anterior no se puede valorar libremente sin incurrir en infracción en el contenido y estructura de la sentencia. Aparte de esto, manifiesta que la sentencia no tiene la argumentación y motivación sobre la apreciación y valoración de todos y cada prueba de manera individual, pues esta exigencia no se satisface con solo enumerar o referir todos los medios probatorios, omitiendo en los considerandos conforme al N° 2° del Artículo 187 reformado del Código de Procedimientos, dar las razones y fundamentos legales que se estimen procedente para el fallo que haya de dictarse; pero contrario, a esta exigencia en la estructuración de la sentencia, respecto al material probatorio y fuera de aquella valoración no arreglada a derecho, así como la argumentación del porqué desmereció probatoriamente el medio de prueba número veintidós documental sobre la información de tipo o corte actuarial o bien informe de gastos económicos para el sostenimiento de un estándar o estilo de vida, la Corte recurrida no motivó de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de la prueba, al no existir razones y fundamentos legales sobre cómo se apreció y valoró cada uno de los medios probatorios aportados por las partes. El recurrente llega a la conclusión, que existe insuficiencia en la motivación de la sentencia que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, contraria a la exigencia del Artículo 207.2 en relación con el 245.2 del CPC, al no ajustarse siempre a las reglas de la lógica y de la razón; se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación; pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada se hizo ignorando el contenido del Artículo 245.2 del CPC, porque la Corte recurrida aun confirmando el fallo de primera instancia estaba obligada a cumplir con el contenido de este Artículo pues “La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”, y como se puede apreciar al confirmar la sentencia de primera instancia aceptó en su totalidad la argumentación del Juzgado de Letras Civil, del cual la valoración de los distintos medios de prueba no se deducen de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia confirmada, y, por lo tanto, está afectada de nulidad. Es decir, insiste, en que la motivación además de contener la declaración de hechos probados, debe tener la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, incluyendo la valoración de los distintos medios de prueba, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; manifiesta además que al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. Es por ello que estima que de esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a su representada. 3.1 El impetrante sustenta el presente motivo en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, contentivo a la forma y contenido de la sentencia, en relación con el 720.2 del mismo cuerpo legal. 3.2 Existen dos razones por los cuales el presente motivo no es susceptible a recurso extraordinario de casación, ellas son: 1) Nuevamente se le recuerda al recurrente que cada motivo es una unidad de requisitos, por lo tanto su contenido debe motivarse y justificarse completamente, sin remisiones ni oscuridad en el alcance recursivo. En el presente caso, el impetrante establece una cantidad de razones haciéndolo de una manera indiscriminada, que como ya se expresó anteriormente, todas ellas son consideradas improcedentes para una tutela jurídica efectiva por la vía de aplicación e interpretación de diferentes normas jurídicas de las normas procesales vigentes ya que las relaciona con una norma procesal derogada, puesto que el recurrente considera existir “…Infracción de los Artículos 207.2 y 245.2 del Código Procesal Civil, en relación con el 187 reformado del Código de Procedimientos (1906)…” 2) Este motivo presenta una confusión de ideas que impiden su admisibilidad, ya que en inicio denuncia la indebida motivación fáctica que pudieran afectar la aplicación normativa en la valoración de las pruebas, en el contenido del agravio expresado el recurrente solicita una re-valoración probatoria, cuando manifiesta lo siguiente: “…Aparte de esto, la sentencia no tiene la argumentación y motivación sobre la apreciación y valoración de todos y cada prueba de manera individual, pues esta exigencia no se satisface con solo enumerar o referir todos los medios probatorios, omitiendo en los considerandos conforme al N° 2° del Artículo 187 reformado del Código de Procedimientos, dar las razones y fundamentos legales que se estimen procedente para el fallo que haya de dictarse…”. Con estas argumentaciones el recurrente abandona la descripción inicial del motivo y la causal invocada, para finalmente concentrarlo en una revisión probatoria general en la presente jurisdicción, lo cual es excluyente en este recurso extraordinario, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, que se refiere a la exclusión de la revisión probatoria en casación, específicamente en que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. Y por ultimo y no menos importante es señalar la confusión que hace el recurrente en cuanto a la vigencia de leyes en el tiempo[3]. 4.-TERCER MOTIVO: En este motivo el Impetrante denuncia la infracción del Artículo 207 en sus numerales 1 y 2) en relación con el 245.2, 273.1, 280.1 y el 479.1.2.3,, todos del Código Procesal Civil, con lo que considera que se afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente la que solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, está impugnando la aplicación e interpretación de las normas procesales. El recurrente establece en la parte pertinente de su recurso lo siguiente: “…Este motivo se justifica porque claramente en la estructura de la sentencia la Corte de Apelaciones de lo Civil con sede en la ciudad de San Pedro Sula, incumplió con las exigencias del Artículo 207.1.2 del CPC, pues a pesar del subtítulo “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA”, la argumentación que se consigna en la sentencia impugnada es parcial, porque en primer lugar, no se encuentra una motivación específica de la Corte recurrida sobre cada uno de los hechos que conforman los fundamentos fácticos de las pretensiones de las partes y como de acuerdo con el contenido del Artículo 245 VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ésta en el proceso civil la hace el tribunal excluyendo en todo caso la arbitrariedad, debiendo motivarla de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que el CPC u otra ley, establezca una valoración legal de manera expresa o inequívoca; pero el contenido de este Artículo se relaciona íntimamente con el del 479 del CPC, pues éste en su numeral “1” exige al tribunal valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, pero siempre debe atender a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, pero debe motivar la sentencia de manera precisa y razonada. Manifiesta que en este caso, la Corte recurrida hizo una valoración arbitraria, porque no obstante haber confirmado la sentencia de primera instancia en todas sus partes, ésta no atribuye un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo la actividad omisa de dicha Corte lo cual impide que la valoración probatoria se pueda deducir de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia; y, esta falta o trasgresión que desde luego afecta el debido proceso y por dificultar el derecho de defensa, lo tergiversa, lo que se sanciona con la nulidad de la resolución, o sea, de la sentencia. Afirma que entonces los errores referentes a la prueba en cuanto a su valoración, determinado si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo, afectan el contenido del Artículo 200.1.2 b) del CPC e incumplen la exigencia de motivación prevista en el Artículo 207.1.2 del CPC, y como en la sentencia de primera instancia se incurrió en dichos errores, la sentencia confirmatoria que emitió la Corte recurrida los acoge y no subsana automáticamente dichos errores, tenía que expresamente cumplir con tales exigencias… Sigue manifestando el Impetrante que la Corte recurrida no motivó de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de la prueba, al no existir razones y fundamentos legales sobre cómo se apreció y valoró cada uno de los medios probatorios aportados por las partes; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo…” 4.1 El recurrente invoca la causal recursiva contenida en el artículo 719 numeral 1 inciso c) contentivo a la forma y contenido de la sentencia, en relación con el 720.2 del mismo cuerpo legal. 4.2 Es de señalar que en este motivo, la parte opositora no hace más resistencia al presente recurso de casación que se configura en un breve comentario, relacionándolo con los dos anteriores motivos que versan sobre errores procesales. En este motivo el recurrente considera como infringidos el artículo 207 EN RELACION con los artículos 245 numeral 2); 479 numeral 1); 280 numeral

  1. todos ellos del Código Procesal Civil. Cabe hacer mención que el artículo recurrido se concentra en la motivación como requisito interno de toda sentencia, relacionándolo con artículos apropiados al sistema de valoración de prueba, por lo cual, como ya se ha expresado en la presente resolución y siguiendo la línea jurisprudencial ya existente[4] se tienen como no sujetos a tutela recursiva. Aunque ciertamente el artículo que se considera agraviado es el 207 del Código Procesal Civil, como ya se expresó es la referente a la motivación de las sentencias, esta norma no es denunciada directamente, pero si propulsora del recurso, es motor que relaciona los otros artículos ya mencionados con el gravamen, con los cuales se obliga de forma indirecta a la Sala de lo Civil hacer interpretación y valoración probatoria. Cabe precisar que habiendo sido revisadas por esta Sala de Lo Civil las sentencias proferidas en cada una de las dos instancias, se observa que se ha producido un pronunciamiento detallado de los medios probatorios ofertados, los cuales inciden directamente o por confirmación con el debate, por lo tanto no es comprensible lo expresado por el recurrente en cuanto a este particular. Esta Sala de lo Civil comparte el razonamiento doctrinario que al respecto señala lo siguiente: “…que la motivación tiene una finalidad de garantía relacionada con el designio que puedan conocerse, tanto por las partes interesadas como por los integrantes del llamado sistema jurídico interno y por la sociedad, las razones que han llevado al órgano jurisdiccional a dictar su resolución y de que pueda hacerse uso por los legitimados por el ordenamiento jurídico de los medios de impugnación establecidos; y se relaciona con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República, como derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que se encuentren fundadas en Derecho; por lo cual el deber de la motivación, que no constituye un defecto de naturaleza sustancial que permita anular la sentencia por el hecho de no relacionar la actividad probatoria de una manera completa y separada, ya que basta que se haga referencia a los datos fácticos que se consideran relevantes para extraer las consecuencias jurídicas…”[5] B.- MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL: 5. PRIMER MOTIVO: Se hace una relación suscinta de este motivo, por encontrase literalmente ya transcrito el mismo, pero especialmente el recurrente lo sustenta en lo siguiente: “…impugna la aplicación, por ser indebida, de los Artículos 9 N° 1, 19 Nos 1 y 8, y 23 de la Ley de Protección al Consumidor, en relación con los Artículos 96 de la Constitución de la República y 74 del Código Civil, siendo todas ellas normas de derecho (materiales o sustantivas) empleadas para la solución de fondo del litigio. Se hace la aclaración necesaria, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y también están relacionados e inciden en éste. La Ley de Protección al Consumidor: “ARTÍCULO 9. DERECHOS BÁSICOS. Son derechos esenciales de los consumidores: 1. La protección de la vida, salud o seguridad humana en la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios;…”. El Artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor en sus numerales 1 y 8 dice: ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES. Son obligaciones de los proveedores, sin perjuicio de las contenidas en otras leyes: 1. Suministrar adecuadamente bienes y servicios al consumidor respetando su vida, salud y seguridad;…8. Los productores, fabricantes, envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, fraccionadores, ensambladores e importadores, deberán cumplir con lo dispuesto en las normas pertinentes relativas al etiquetado de los bienes, siendo a su vez responsables por la veracidad del contenido de las mismas;..”. El Artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor dice: ARTÍCULO 23. REQUISITOS DE ETIQUETADO. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras leyes y reglamentos, los bienes pre-empacados o envasados para el consumo o la salud deberán contener en su presentación destinada al consumidor final las indicaciones siguientes: 1. Nombre o denominación; 2. Origen o procedencia; 3. Contenido neto, cantidad o especificación de medidas; 4. Fecha de fabricación y vencimiento o plazo recomendado para el uso o consumo cuando éstos lo requieran; y, 5. Información nutricional, cuando aplique, así como las instrucciones, advertencias y contraindicaciones relativas a su utilización o consumo.- La Autoridad de Aplicación propondrá a las instituciones del Estado con competencia en determinada materia, la emisión de los reglamentos técnicos necesarios orientados a proteger los derechos de los consumidores respecto del etiquetado de los bienes para el consumo o la salud que se comercialicen en el país”. El numeral 1 del Artículo 9 de la Ley de Protección al Consumidor, no es más que una declaración y reconocimiento del principio de protección a la vida, la salud o seguridad humana, en lo atinente a la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios; y, al respecto, mi representada ha cumplido con la ley desde el momento en que presentó el Certificado Sanitario que acredita el respectivo registro. Aquel Artículo 19 de la citada Ley, regula obligaciones de los proveedores y en su inciso “1” establece como obligación de tales sujetos “Suministrar adecuadamente bienes y servicios al consumidor respetando su vida, salud y seguridad” y el Certificado Sanitario aludido en el párrafo que antecede acredita también el cumplimiento de su obligación y al respecto ha sostenido y demostrado que el producto LIPOBAY que distribuye, se expende al consumidor con la respectiva receta médica. En cuanto al inciso “ 8” de ese Artículo 19, prescribe: “Los productores, fabricantes, envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, fraccionadores, ensambladores e importadores, deberán cumplir con lo dispuesto en las normas pertinentes relativas al etiquetado de los bienes, siendo a su vez responsables por la veracidad del contenido de las mismas”; pero al respecto no integra como hecho en la fundamentación fáctica de la demanda, que BAYER no haya cumplido con las normas pertinentes al etiquetado de los bienes o medicamentos que distribuye y tampoco forma parte de los hechos de las pretensiones consignadas en la demanda, la veracidad o no del contenido de las etiquetas de dicho medicamento. Respecto al Artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor que fue trascrito en su totalidad y establece los requisitos de etiquetado, sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras leyes y reglamentos, mandando que los bienes pre-empacados o envasados para el consumo o la salud deberán contener en su presentación destinada al consumidor final todas las indicaciones que ya fueron transcritas, y tampoco forma parte de los hechos integrantes de la fundamentación fáctica de la demanda, el incumplimiento o inobservancia de los requisitos del etiquetado en el producto LIPOBAY, y asimismo, no existe pretensión sobre incumplimiento de normas reglamentarias sobre ese respecto. No siendo fiel resultado de la base fáctica de las pretensiones de las partes y de las pruebas pertinentes, los hechos declarados probados por la Corte recurrida, no se pueden encuadrar en los supuestos jurídicos de los incisos Nos 1 del Artículo 9, y,1 y 8 del Artículo 19 mencionados, porque precisamente estos preceptos son ajenos al pleito, no sirven para resolver en el fondo una pretensión que no está basada en la inadecuación del suministro de bienes y servicios al consumidor por irrespetar su vida, salud y seguridad; esto no fue objeto de controversia alguna en el debate.- Asimismo, es totalmente ajeno al pleito el que si los productos, en este caso concreto el Lipobay, tienen o no etiquetado, o si éste reúne los requisitos establecidos en el Artículo 23 citado; y tampoco fue hecho controvertido la emisión o no de los reglamentos técnicos necesarios orientados a proteger los derechos de los consumidores respecto del etiquetado de los bienes para el consumo o la salud que mi representada comercializa en el país, a que alude el último párrafo del susodicho Artículo 23. El caso concreto en donde estriba la controversia es sobre responsabilidad civil del distribuidor de aquel medicamento, a consecuencia de la receta médica del Dr. Carlos Romero Solís al demandante, contraria a las contraindicaciones que constan en la posología del producto y de la literatura en los libros o documentos The Pharmacological Basis of Therapeutics de Goodman y Gilman, y Diccionario de Especialidades de Especialidades Farmacéuticas (Vademecum). Además, el contenido de esos Artículos de la ley de Protección al Consumidor no son aplicables al caso de autos porque esta Ley fue emitida después de iniciada la Litis, o sea, la demanda se presentó el catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002) y el Decreto N° 24-2008 que es el que tiene los contenidos transcritos pertenecientes a los citados artículos, se emitió el uno de abril de dos mil ocho y según su Artículo 116 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el diario Oficial La Gaceta , lo que se hizo hasta el siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) en el ejemplar N° 31,652 de dicho Diario Oficial, entonces su aplicación resulta indebida porque es retroactiva”. 5.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurrente considera como causal recursiva lo dispuesto en el artículo 19 numeral
  2. en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. 5.2 En este motivo el Impetrante denuncia la aplicación de leyes no vigentes al momento de iniciar la Litis, específicamente cuando hace toda una relación de los artículos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor. Es procedente señalar que el recurrente tiene toda la razón en lo que expresa en correspondencia a la aplicabilidad retroactiva de la ley, la cual no es procedente en materia civil; sin embargo la causal recursiva invocada consiste en aplicación de normas de derecho para la solución del fondo del asunto y en ningún momento centra su motivo en ilustrar a la Sala de lo Civil de qué manera los artículos denunciados tienen ese alcance recursivo; de hecho el dicente solamente se limita a transcribirlos y demostrar que no eran ley vigente al momento de su aplicación, pero omite establecer la incidencia de éstos en la resolución de fondo de manera tal que le hayan permitido al juzgador llegar por ellos en la convicción de su fallo. La Sala de lo Civil mantiene la línea jurisprudencial de lo que se conoce como CARENCIA DE EFECTO UTIL DEL RECURSO, mejor conocido como DOCTRINA DE LA EQUIVALENCIA, la cual consiste en que “hay que tener siempre presente que no basta para la finalidad del recurso poner de manifiesto alguna vulneración legal que no sea por si trascendente para el fallo, tal como sucede en la sentencia recurrida ya que tales normas son consideradas como argumentos de puro refuerzo y no pueden por si solos ser objeto de un motivo de casación, ya que por un lado, no tienen entidad suficiente en el conjunto argumentativo de la resolución impugnada y, por otro, la impugnación de los mismos, incluso en los supuestos de razonabilidad de la oposición al argumento, seria inocua en cuanto no privaría de eficacia a la verdadera “ratio decidendi” de la resolución.[6] 6.- SEGUNDO MOTIVO: En este motivo se recurre impugnando la aplicación indebida del Artículo 1366 del Código Civil, donde dicha normativa se refiere a qué tipo de daños responde el deudor de buena fe, así como aquel que emplea dolo. En la sustentación del motivo manifiesta el recurrente literalmente lo siguiente: “…esta norma tiene como presupuesto el tipo de sistema de responsabilidad que adoptó el Código Civil, y es el de responsabilidad subjetiva; de ahí que se aluda al deudor de buena fe y al que hubiere empleado dolo, que es de mala fe. Pero se establece que el deudor de buena fe responde de los daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, sin embargo resulta que no se encuentra como pretensión de la demanda un acto o contrato donde se haya podido prever los daños al tiempo de constituirse la obligación. En el caso concreto que nos ocupa por ser una acción de responsabilidad civil, donde se reclama el pago de daños y perjuicios a mi representada, resulta aplicado indebidamente dicho artículo porque, por una parte, no existe una relación de causalidad entre el hecho dañoso y la causa que directamente lo produjo, porque en su demanda el actor detalla los conceptos que integran su pretensión indemnizatoria, estableciendo prácticamente la cuantía. Pero en este caso concreto la Corte recurrida no debió aplicar el Artículo 1366 porque no establece si la parte demandada es de buena o mala fe respecto a una de las fuentes de las obligaciones a que alude el Artículo 1346 del mismo Código Civil. Tampoco existe un hecho culposo o negligente que sea atribuible a BAYER como origen de una obligación civil, como la que se le reclama y por ende, esté obligado a responder. Además, la acción de responsabilidad y reclamo de daños y perjuicios exige la realidad del daño y la prueba del mismo, pero al respecto existe como se dijo en el segundo motivo una situación irregular porque tal como lo describe en su sentencia la Corte recurrida observó que el juez tomó en consideración para establecer los daños y perjuicios dejados de percibir, al medio de prueba pericial, entendiéndose que no en su totalidad al indicar que el peritaje establece valores superiores, pero el Tribunal de Alzada acepta la cuantificación de los ingresos del señor Gabrie Rivera en CIEN MIL LEMPIRAS, por medio de un criterio prácticamente arbitrario”. 6.1 PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra sustentado en la causal establecida en el Artículo 719.2 por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 6.2 El impetrante en el presente motivo comienza denunciado la indebida aplicación y consecuente interpretación de una norma material del artículo 1366 del Código Civil, considerando que el mismo es propio para la responsabilidad civil subjetiva. El casacionista ha demostrado completa claridad en que cuando la Corte de Apelaciones confirma una sentencia llegada en apelación, hace suyos los razonamientos, fundamentos y disposiciones de la primera instancia, tal como ha sucedido en el presente proceso. La sentencia de primera instancia hace formal condena al demandado, -hoy recurrente-, a pago de daños y perjuicios bajo el alcance del artículo 1366, -hoy denunciado-, siendo la misma responsabilidad en la que se sustenta la Corte sentenciadora; sin embargo, al momento procesal de interponer el recurso de APELACION contra la sentencia de primera instancia el actual recurrente no hizo agravio alguno ante la segunda instancia con respecto a este motivo, por lo tanto existe absoluta inobservancia a lo dispuesto por el Código Procesal Civil específicamente en su artículo 700 atinente a las disposiciones comunes a los recursos de apelación y de casación que establece: “Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Por lo tanto esta denuncia de infracción material en esta sede no resulta procedente por no haber sido recurrida ante la segunda instancia. Al respecto ya existe un pronunciamiento previo sobre ese mismo aspecto.[7] 7.- TERCER MOTIVO: Este motivo lo impugna por la aplicación indebida de los Artículos 1360, 1361, 1362, 1363 y 2236 del Código Civil. Señala que estos artículos no fueron citados en la sentencia de la Corte recurrida, pero como que ésta expresó en el numeral CUARTO de la motivación fáctica y jurídica de su sentencia al expresar lo siguiente: “...y siendo que la sentencia dictada en primera instancia a criterio de este tribunal cumple con los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, sin que se aprecie en la misma existencia de infracción procesal o infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración o infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, procede esta Corte de Apelación a confirmar la sentencia traída en apelación”, …”de esa manera también hizo suyas la declaración de hechos probados y las estimaciones jurídicas del juez de primera instancia; entonces forman parte del fallo confirmatorio y su aplicación siendo perjudicial a mi representada, es objeto de esta impugnación. El Artículo 1360 del Código Civil dice: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad”; y, el Artículo 1361 del Código Civil dice: “La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula”. Se ha transcrito el texto de los dos artículos anteriores porque tienen vinculación muy estrecha, pero el Juez de primera instancia y, por confirmación la Corte recurrida, al aplicar el 1360 relativo a la acción general de responsabilidad, exige que se determine qué acción dolosa, negligente o morosa se imputa al responsable; de aquí resulta que la aplicación indebida de este Artículo es evidente, porque no existen en la demanda hechos que formen parte de la fundamentación fáctica de la pretensión promovida por el actor. También invoca como infracción por aplicación indebida los artículos 1362 y 1363 del Código Civil…” “Estos dos artículos son los invocados y aplicados directamente por el Tribunal de Alzada en la sentencia recurrida. El primero de estos dos Artículos, se refiere al concepto de culpa o negligencia del deudor, así como a la graduación de la culpa en lata, leve o levísima, que pueda ser atribuida al deudor. En el caso concreto que nos ocupa por ser una acción de responsabilidad civil, donde se reclama el pago de daños y perjuicios a mi representada, resultan aplicados indebidamente ambos artículos porque, por una parte, no existe una relación de causalidad entre el hecho dañoso y la acción de BAYER, pero si existe relación de causalidad entre el demandante y el Dr. Carlos Romero Solís, quien fue el que le recetó el LIPOBAY sin atender las contraindicaciones…” …”En la forma amplísima que aplicó dicho Artículo 1362 la Corte recurrida, sin distinguir cuál de esas clases de culpa es la que atribuye a mi representada, resulta aplicado indebidamente, porque BAYER ni nadie que sea sujeto pasivo en un proceso civil, debe obligarse a responder por las tres clases de culpa que ahí se gradúan, o sea, que al mismo tiempo haya que responder por la culpa lata, la leve y la levísima. En cuanto a la aplicación del Artículo 1363 del citado Código Civil, resulta que el primer párrafo con base en los hechos consignados en la demanda, como no existe relación contractual entre el demandante y BAYER, no encontramos cómo se puede decir que entre ellos existía obligación y que por la naturaleza de ésta se pueda calificar de que sólo es útil al acreedor y que por ello la culpa es lata; tampoco se puede calificar que se trataba de obligaciones que el actor y la demandada contrajeron para beneficio recíproco, de manera de afirmar que la culpa es leve; y, claro sin previo vínculo entre el demandante y BAYER no se puede afirmar que el deudor, en este caso como demandado, BAYER, era el único que reportaba beneficios y, que en tal virtud, la culpa es levísima.- En cuanto a la aplicación del tercer párrafo del Artículo 1363 del Código Civil, no forma parte de los hechos un acontecimiento que pueda ser calificado de caso fortuito o, la otra variante, fuerza mayor.- Por lo tanto, la aplicación sin distinción alguna de este párrafo, así como los supuestos del párrafo anterior, son indebidas… De lo expuesto es evidente que dicho precepto así como los anteriores, fue aplicado indebidamente, porque en este caso concreto, no es una norma idónea para resolver en el fondo la controversia o litigio”. Concluye que al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a su representada. 7.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se comprende en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 7.2 Es de resaltar que el recurso de casación es un recurso integral en todas sus partes y cada infracción debe ir de acuerdo con lo establecido con los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, relativos a que en la fundamentación de lo pedido, se debe establecer con determinación el perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa, debiendo además identificar con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Por eso: 1) La acumulación de diferentes normas autorizantes en un solo motivo, lo convierten en una petición con sustentación heterogénea. Lo anterior, se refleja al determinar el recurrente como infringidos los artículos 1360, 1361, 1362, 1363 y 2236 todos del Código Civil, haciéndolo en una forma indiscriminada, sin hacer ninguna separación en cada uno de los agravios. No resulta admisible un recurso con naturaleza casacional, cuando se presente un motivo con enumeración general e indiscriminada de preceptos que en conjunto generan confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción y el alcance de ella. Ello implica la obligación, como técnica casacional, de una exposición separada para cada una de las infracciones integrantes del motivo. Si bien el recurso de casación no debe estar sujeto a una rigurosa formalidad, pero este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso.- 2) El impetrante debe razonar su planteamiento con exhaustividad en cuanto a la pertinencia y fundamentación del motivo, debiendo explicar en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión definitiva de la cuestión objeto del proceso. No es posible estimar la procedencia de un recurso si el impetrante se limita a transcribir, sin hacer detalle alguno del texto de cada precepto legal que considera infractor, como también sin razonar en forma clara los motivos por los cuales considera que la sentencia recurrida los ha infringido. Entendiéndose como exhausto no un número desmesurado de palabras u hojas tal como las contenidas en el escrito del presente recurso, sino la adecuada y concreta expresión del gravamen que le ocasiona el fallo.[8] 8.- CUARTO MOTIVO: En este motivo el recurrente lo impugna por aplicación indebida del Artículo 692 del Código de Comercio. Ese Artículo 692 preceptúa: “En el cumplimiento de las obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio”. Señalando el recurrente que: “En cuanto a la responsabilidad de los comerciantes sólo podría regularse por un precepto del Código Civil, en defecto o por la falta de una disposición expresa en el Código de Comercio; en sentido estricto, no se encuentra en la sentencia recurrida hechos declarados probados que constituyen la base fáctica de las pretensiones consignadas en la demanda, un hecho que sea calificado de acción u omisión que cause daño al demandante, por culpa o negligencia de BAYER; entonces no existen los presupuestos reales para su aplicación, misma que viene a constituir lo que se ha denominado aplicación indebida. Este Artículo lo cita el Juez en la demanda, pero por haber la Corte recurrida confirmado la sentencia de primera instancia, aceptó la motivación fáctica y jurídica que hizo aquel. Sin embargo, la censura en esta oportunidad del fallo recurrido, estriba en que califica la responsabilidad de BAYER según el sistema de responsabilidad objetiva, cuando sabemos todos que, en nuestro país el sistema de responsabilidad es subjetivo y, por ello, es necesario en la casuística deslindar la responsabilidad con culpa o dolo, de tal manera que para sustentar algún caso como de responsabilidad objetiva, habrá que manejar el tema con fidelidad a la técnica jurídica; en ese orden de ideas la calificación que hace la Corte de Apelaciones por aceptar el fallo de primera instancia, combinando el primer párrafo del Artículo 1363 del Código Civil en cuanto a la culpa levísima con el Artículo 692 del Código de Comercio, para concluir que los comerciantes responden a partir de la culpa levísima según el artículo 692 del Código de Comercio, es errada, porque este Artículo y la exposición de motivos del Código de Comercio, despejan las yerros al limitarse dicha responsabilidad a “exigir en las obligaciones mercantiles el cumplimiento con la diligencia de un buen comerciante, lo que corresponde a la realidad de las actividades de empresa, que deben tener una diligencia profesional tanto más extrema en cuanto retribuida”, lo que difiere totalmente del presupuesto del primer párrafo del Código Civil, respecto a que el presupuesto es obligaciones en que el deudor es el único que reporta beneficio. De aquí que la aplicación de este Artículo 692 del Código de Comercio es indebida, no cabe aplicarla en la culpa aquiliana o extracontractual, desde el momento en que la base son actos mercantiles y no se ha sustentado la demanda en ninguno de ellos entre actor y demandada”. Concluyendo el impetrante que “Al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada”. 8.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: El impetrante enmarca este motivo en la causal establecida en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 8.2 El impetrante en este motivo comienza denunciado la indebida aplicación e interpretación de una norma material, como lo es el artículo 692 del Código de Comercio, que establece “En el cumplimiento de las obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio” relacionándolo con la culpa que determina el Código Civil. Como ya se ha expresado en la presente resolución, en particular en el MOTIVO SEGUNDO POR INFRACCION MATERIAL, el casacionista ha demostrado completa claridad en que cuando la Corte de Apelaciones confirma una sentencia llegada en apelación, hace suyos los razonamientos, fundamentos y disposiciones de la primera instancia, tal como ha sucedido en el presente proceso. La sentencia de primera instancia hace formal fundamentación en el artículo 692 del Código de Comercio para argumentar su resolución, sin embargo al momento de interponer el recurso de APELACION contra la sentencia de primera instancia el actual recurrente no hizo agravio alguno de la infracción denunciada ante esta jurisdicción ante la segunda instancia, por lo tanto existe absoluta inobservancia a lo dispuesto por el Código Procesal Civil en su artículo 700 atinente a las disposiciones comunes a los recursos de apelación y de casación que establece: “Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Por lo tanto esta denuncia de infracción material no resulta procedente por no haber sido recurrida ante la segunda instancia.[9] Es de señalar también que al respecto existe abundante jurisprudencia.[10] 9.- QUINTO MOTIVO: Se impugna este motivo en la falta de aplicación del Artículo 143 del Código de la Salud. Señala el recurrente que el citado “Artículo 143.- El médico al prescribir un medicamento, está obligado a indicar, además de la marca comercial del producto, el nombre genérico del medicamento. Los establecimientos autorizados para la venta de medicinas, por medio de su Regente, deberán ofrecer al consumidor el equivalente genérico del producto recetado por el médico. El precepto anterior forma parte de la regulación del Código de la Salud que se intitula DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y EQUIPO DE USO MÉDICO, su existencia y contenido fue ignorado por la Corte recurrida. Pero ese precepto obliga a los profesionales de la medicina al prescribir un medicamento, o sea, al extender una receta a indicar además de la marca comercial del producto, el nombre genérico del medicamento. Esto desde luego, sin perjuicio de haberse impuesto y observar las indicaciones sobre advertencia y contraindicaciones que se encuentran en los textos de la posología del producto y de la literatura en los libros o documentos The Pharmacological Basis of Therapeutics de Goodman y Gilman, y Diccionario de Especialidades de Especialidades Farmacéuticas (Vademecum). Además, lógicamente que para un mejor control, todos los establecimientos autorizados para la venta de medicinas, por medio de su Regente, deberán ofrecer al consumidor el equivalente genérico del producto recetado por el médico. El contenido de este precepto violado o ignorado en su existencia por el Tribunal de Alzada, es importante porque denota que la comercialización de los medicamentos siempre es bajo el presupuesto de que se extendió previamente, en forma seria, profesional y responsable, la respectiva receta médica, de la cual se deriva la responsabilidad del médico tratante. Es precisamente lo que ocurrió en el caso de autos, porque previo a la venta del Lipobay el Dr. Carlos Romero Solís expidió la receta médica que indicaba el tratamiento con tal producto, y el hecho de que se recetara junto con otro medicamento que combinados causaban perjuicio a la salud del paciente, apartándose de las contraindicaciones que constan en aquella literatura, una de las cuales la misma parte demandante allegó al juicio (El Vademecum), da lugar a la responsabilidad de medios conforme a la cual responden los profesionales de la medicina. Desde luego que la inaplicación del precepto violado incide en la determinación del fallo, pues con la prueba aportada, conforman una fundamentación jurídica apropiada a favor de la sociedad demandada. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido por inaplicación o falta de aplicación del referido Artículo, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada”. 9.1. El impetrante enmarca este motivo en la causal establecida en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. 9.2 Comparece el casacionista defendiendo su tesis en juicio, no la norma denunciada como infractora, ya que continúa sosteniendo en el motivo que la responsabilidad por el resultado de la ingesta del medicamento es por parte del médico tratante y no de la demandada. Hay que considerar que en el transcurso del proceso el médico tratante no se encuentra entre las partes sujetas al litigio, por lo que venir a esta Jurisdicción denunciado su participación como si lo hubiera sido, presenta dos grandes errores: consistente el primero de ellos, en la falta de hechos probados al respecto y el segundo, en la falta de legitimación por parte del medico tratante. Hay que recordar que en esta etapa recursiva ya se han extinguido las instancias, razón por la cual pretender incorporar por la vía del recurso de casación nuevos sujetos al proceso, es absolutamente inadecuado. La doctrina[11] hace referencia para motivos con estas características. Para determinar la culpabilidad del médico tratante seria menester hacer una revisión probatoria, lo cual como ya se ha establecido en la presente resolución, es contrario a ley por determinación de lo que dispone el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil que establece: “...Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia…” 10.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b) …”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas a la recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE el escrito contentivo del recurso de Casación interpuesto por el Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BAYER DE HONDURAS, S.A. en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014), 2.- DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada en fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014), por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, identificado en esta Jurisdicción bajo el Expediente número S.C. 100-2014. 3. CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan sus precedentes a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Magistrada Ponente: Abogada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE. FIRMAS. RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO. MAGISTRADO COORDINADOR. EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de Noviembre de Dos Mil Quince; Certificación del Auto de fecha Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Quince, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 100=2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Resolución de fecha 25 de agosto del año 2015, contentiva al expediente CC. 189-2014 en concordancia con la doctrina del Jurista Salas Carceller en su obra Práctica Procesal Civil de los recursos de Casación, editado por Thompson Reuters ARAZANDI..

[2] Salas Carceller, Antonio.- Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación, editorial Thompson Reuters ARAZANDI. Pags. 33-34.

[3] Resoluciones 160-2010 de fecha 1 de Junio de 2010; 89-2011 de fecha 15 de Agosto de 2012; 45-2011 de fecha 4 de Junio de 2013

[4] Resoluciones 209-2011 de fecha 20 de octubre 2011; 132-2011 de fecha 15 de agosto de 2012; 33-2012 de fecha 23 Julio 2013.

[5] Salas Carceller, Antonio.- Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación, editorial Thompson Reuters ARAZANDI. Pag 54

[6] Salas Carceller, Antonio.- Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación, editorial Thompson Reuters ARAZANDI. Pag 181

[7] Resolución número 192-2013 de fecha 10 de abril de 2014.

[8] Al respecto ver las Resoluciones 197-2011 de fecha cuatro de abril del 2013; 51-2012 de fecha 2 de agosto del 2013.

[9] Ver Resoluciones contenidas en los expedientes números 175-2011 de fecha 23 de julio de 2013; 192-2013 de fecha 10 de abril de 2014; 241-2013 de fecha 3 de junio del 2014.

[10] Ver Resoluciones contenidas en los Expedientes números 50-2013 de fecha 23 de julio de 2012; 44-2011de fecha 4 de junio de 2013; 59-2013 de fecha 6 de mayo de 2014.

[11] Nieva Fenoll, Jorge. El Recurso de Casación Civil. Editorial Ariel. Pag. 214ss.; Salas Carceller, Antonio.Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación, editorial Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 79ss.