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Sentencia CC-96-13 — Registro 7095

Resumen

En segunda instancia se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por las partes apelantes; reformar la sentencia apelada y declarar con lugar la demanda ordinaria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Los primeros cuatro son fundados en la causal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, o sea la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Los últimos dos, o sea el quinto y sexto, se fundan básicamente en la causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, o sea la infracción por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Dado el orden de los motivos planteado por el recurrente, este alto tribunal en aplicación del artículo 726.2 del Código Procesal Civil, lo cambia examinando primero los motivos quinto y sexto; y después del primero al cuarto motivo. Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del quinto motivo de casación. El petente cita erróneamente en forma conjunta las causales de casación contenidas en los artículos: 719.1 literal c) y 719.2 del Código Procesal Civil, lo cual no se adecua a la técnica casacional que demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, en relación a desarrollar cada infracción o motivo por separado y en una sola vía causal. Por otra parte, siempre en relación a lo que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, este alto tribunal constata que el recurrente en quebranto a la técnica casacional, no ha hecho distinción en el precepto autorizante si las normas procesales que cita como infringidas, son de las que regulan la sentencia en relación al contenido o la forma. …Por lo expuesto, este alto tribunal de justicia estima que el presente no es de recibo en virtud de que concurre la causal de inadmisión expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del sexto motivo de casación. Este alto tribunal de justicia al practicar examen sobre el cumplimiento de la técnica casacional requerida, para determinar la admisibilidad del presente motivo, constata que el recurrente cita como precepto autorizante los artículos 719.1 c), 719.2 y 720.2 del Código Procesal Civil. Al hacerlo incurre en una causa de inadmisibilidad en virtud de que cada infracción debe ser impugnada por una sola vía causal, a efecto de dar cumplimiento a los requisitos de claridad, separación y precisión que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. En conclusión, la infracción debió encausarse por la vía del 719.1 literal c) o del 719.2, pero no por ambas.

Luego al desarrollar o explicar el motivo, el recurrente debió en relación al artículo 206.1 del Código Procesal Civil, pronunciarse en relación a cada uno de los requisitos exigidos por dicha norma, es decir: claridad, precisión y exhaustividad; sin embargo este alto tribunal observa, que el impetrante sólo se refirió a la omisión que a su criterio cometió el ad quem al no pronunciarse sobre un elemento de la apelación, sin señalar si este hecho constituye un vicio que afecta: la claridad, precisión o exhaustividad; y sin dar razón de otras infracciones, de manera que dos de los tres requisitos quedaron sin ser abordados. Por otra parte el censor alega que hubo incongruencia, el cual es un elemento distinto de la claridad, precisión y exhaustividad, por lo que debió señalar con precisión cuál de todos estos requisitos internos de la sentencia fue conculcado con motivo de la omisión alegada. La carga de la motivación del recurso de casación es para el recurrente de manera que no le corresponde a este alto tribunal llenar los vacíos o mejorar los alegatos del escrito. Es distinto cuando del alegato se observa que debió citarse una norma omitida, en cuyo caso el tribunal haciendo acopio del principio iura novit cuariae, la aplica. Habiéndose incurrido en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, es procedente así declararlo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del primer motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Cita como infracción la falta de aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 1587 del Código Civil e interpretación y aplicación errónea del artículo 1586, también del Código Civil. Delimita la infracción del artículo 1587 del Código Civil de la siguiente manera:

“Artículo 1587. Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos: 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes.” Al no haber transcrito la parte del artículo 1586 del Código Civil que se relaciona con la infracción, este alto tribunal de justicia asume que se refiere a todo su contenido, así: “Artículo 1586. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.” Tomando en cuenta lo anterior la Sala de lo Civil confronta el ámbito de la infracción fijado por el recurrente en relación a la explicación o desarrollo que da del mismo; y al hacerlo, comprueba que no existe correspondencia de una parte con la otra, pues en su exposición, el recurrente no se refiere a cada uno de los extremos que forman parte de los artículos tenidos como infringidos. Cuando se refiere al artículo 1586 del Código Civil, únicamente aborda el tema del consentimiento, como elemento esencial del contrato; pero nada refiere a los otros extremos que expone dicho artículo, de manera que existe incongruencia entre el ámbito de la infracción planteado, respecto de su explicación o desarrollo. Asimismo el censor al desarrollar el motivo hace mención de los artículos 1589 y 1593 del Código Civil, los cuales no fueron citados oportunamente como infringidos, faltando de esta manera a la claridad y precisión que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. De esta manera concurre la causal de inadmisibilidad comprendida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del segundo motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Señala en ese sentido como norma infringida la del artículo 1594, en relación con el artículo 1593 y 1589, todas del Código Civil. De manera que el ámbito de la infracción se delimita así: “Artículo 1594. La prescripción de que habla el artículo anterior se refiere únicamente a las acciones relativas al patrimonio, y solo puede oponerse entre las partes que han intervenido en el acto o contrato y las que de ellas tuvieren su derecho.” “Artículo 1593. El plazo para pedir la rescisión, será de cuatro años, que se contarán: En el caso de violencia, desde que hubiere cesado. En los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, madre o guardador tuvieren conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese conocimiento, desde que el menor tuviese habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido veintiún años. En los demás casos, desde la fecha de la celebración del acto o contrato. Todo lo cual se entiende y se observará, cuando la ley no hubiere señalado especialmente otro plazo.” “Artículo 1589. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.”

Al desarrollar el concepto de la infracción, la Sala de lo Civil observa que el recurrente nada expone en relación a la parte del artículo 1593 del Código Civil que se refiere al plazo de prescripción en el caso de violencia, tampoco expone nada en relación a los dos últimos párrafos de dicho artículo. De manera que al recurrente le hizo falta la precisión necesaria para que su motivo fuera claro. Este tribunal ha repetido constantemente que el petente está obligado a delimitar la cita del artículo únicamente a la parte que va a desarrollar como infracción, porque de esa manera se cumple la exigencia contenida en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. Siempre en relación a la claridad, el impetrante al referirse al artículo 1593 del Código Civil, reclama que el plazo para solicitar la nulidad relativa y por ende la rescisión, en el presente caso comenzó a correr desde que “el menor tuvo habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido los veintiún años, conforme a este artículo.” Al respecto la Sala de lo Civil observa que ambos supuestos son excluyentes, por lo tanto el impetrante estaba obligado a decantarse por uno sólo, por lo que al citar ambos resta precisión y por ende claridad al motivo. De igual manera el motivo carece de precisión y claridad, pues consta en el desarrollo del motivo que el recurrente hace alusión del artículo 2291 del Código Civil, el cual no fue mencionado al momento de fijar el ámbito de la infracción, razón también, para desestimar el presente motivo. En general el recurrente incurrió en la causal de inadmisión contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del tercer motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como preceptos autorizantes los artículos 719.2 y 720.2 del Código Procesal Civil, que contienen por su orden lo siguiente: el primero, la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; y el segundo, la excepción a la exclusión de la revisión probatoria. Lo anterior quebranta la técnica casacional, pues el mismo artículo citado 720.2 del Código Procesal Civil es claro al señalar que la revisión probatoria únicamente podrá llevarse a cabo bajo la causal casacional contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, razón por la cual el presente motivo no es de recibo. Por lo que no habiendo seguido lo preceptuado por la ley, se ha incurrido en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del cuarto motivo de casación. El petente en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Manifiesta que hubo infracción de los artículos 1552, 1600 y 1602 con relación a los artículos 1553, 1554, 1573 y 2132, todos del Código Civil. Delimita el ámbito de la infracción trascribiendo la parte de los artículos 1552, 1600 y 2132 del Código Civil, que interesan para el motivo.

Artículo 1552. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Artículo 1600. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras. “Artículo 2132. Cada uno de los condueños de un inmueble puede hipotecar su parte indivisa en el inmueble común, o una parte materialmente determinada del inmueble; pero los efectos de tal constitución quedan absorbidos al resultado de la participación o licitación entre los condueños.” En virtud de que el recurrente no hace lo mismo con los artículos 1553, 1554, 1573 y 1602, todos del Código Civil, este alto tribunal entiende que asume el contenido de dichas normas, así: “Artículo 1553. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llego a su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.” “Artículo 1554. Para que el consentimiento sea válido se necesita que el que lo manifiesta sea legalmente capaz.” “Artículo 1573. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.” “Artículo 1602. La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o solo parcial. La nulidad parcial de una disposición en el acto no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables.” Al examinar la técnica casacional, en referencia al desarrollo de la infracción por parte del recurrente, la Sala de lo Civil constató que no existe la debida correspondencia entre las normas citadas como infringidas y los argumentos del casacionista en la explicación del motivo. Para que el motivo sea de recibo es necesario que el recurrente sólo cite los artículos que va a desarrollar, de manera que exista coherencia en el cuerpo del motivo. Hacerlo de manera que se citen normas que luego son olvidadas por el recurrente, es incurrir en una falta a la claridad que condena el motivo a la inadmisibilidad. Por lo que el censor ha incurrido en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

SC-96-2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de Julio de dos mil catorce (2014).

La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA como Coordinadora y designada ponente para la redacción de esta resolución, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, DICTA EL SIGUIENTE AUTO:

SON PARTES:

La sociedad INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) antes denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S.A. (BANFFAA), representada en juicio por el abogado WALDO RIVERA PORTILLO; en su condición de recurrente; siendo recurridos la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA representada en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELÁSQUEZ y el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO representado en juicio por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO.

OBJETO DEL PROCESO:

DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS CONTIENE Y POR CONSIGUIENTE LOS ASIENTOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SE SOLICITA DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha veintiocho (28) de junio del dos mil doce (2012), ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO, en su condición de apoderada del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) y contra la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha uno de febrero del año dos mil trece, la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación, confirmó parcialmente la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Olancho, en el juicio contentivo “SE DEMANDA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS CONTIENE Y POR CONSIGUIENTE LOS ASIENTOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SE SOLICITA DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO, en su condición de apoderada del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) y contra la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA.

El juez de primera instancia dictó sentencia definitiva cuyo decisum o fallo fue el siguiente:

”FALLA: 1): “DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de nulidad de unos contratos y los daños y perjuicios promovida por la abogada GLADIS AÍDA ARÉVALO en condición de apoderado legal del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO contra la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA) representada por el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES y contra la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia 2.- Declarar sin lugar el pago de daños y perjuicios, solicitado por el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO por no haber sido probados los mismos 3.- Declara SIN LUGAR las excepciones materiales de FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL ACTOR Y COSA JUZGADA presentada por la parte demandad INCORHSA por no estar conforme a derecho. 4.- Declara CON LUGAR la excepción material de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL DEMANDANTE 5.- Tomando en cuenta que se establece en los hechos, que la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA, actuó en fraude de ley, en perjuicio de bienes de un menor y terceras personas poseedoras de buena fe, que se envíe oficio al Ministerio Público, para que realice las investigaciones pertinentes 6.- Absolviendo a la empresa INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A (INCORHSA) de la acción de nulidad y pago de daños y perjuicios. Y MANDA: 1) Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. CON CONDENA EN COSTAS para el demandante.”

Por su parte el tribunal de alzada dictó su fallo de la siguiente manera:

”FALLA: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las partes apelantes; 2) REFORMAR la sentencia apelada; 3) DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Nulidad promovida por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO en su condición de apoderada legal del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO en contra de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) a través de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES y la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA, en consecuencia se decreta nulidad absoluta de las escrituras siguientes: a) El Instrumento número 5 de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, autorizado por el notario ELMER LEONEL GODOY otorgado por la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO por sí y en representación de su menor hijo CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, y los señores OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES y ÁNGEL ROLANDO PERDOMO MATUTE en representación de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFFA), mediante la cual, constituyeron una primera hipoteca sobre un bien y sus mejoras que se describen así: Derechos de tierra: en los sitios Telica y San Francisco del Corral, situados en la jurisdicción del departamento de Olancho, sitios que por su orden, tienen los limites generales siguientes: Al Oriente; Río Telica; y al Poniente, sitios El Carbonal y Santa Bárbara. El de San Francisco del Corral, limita: Al Norte: Sitios Telica y la Concepción; Al Sur: Montaña nacional Al Oriente: Sitio de Santa Rosa de Iscamile; y al Poniente: sitios chichicazapa, Jalán y San Felipe y cuyo dominio lo tienen debidamente inscrito bajo el número 94 del Tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Olancho, y que en los derechos de tierra incorporó en concepto de mejoras una propiedad rural denominada “Villa El Rubí” cuyas mejoras se encuentran inscritas en el asiento número 94 del tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Olancho, para garantizar una línea de crédito abierto de tres millones (L 3,000.000.00), inscrita en el asiento número 32 del tomo 479 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Olancho. b) El Instrumento número 37 de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, autorizado por el notario ELMER LEONEL GODOY comparecieron la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO por sí y en representación de su menor hijo CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, y los señores OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES y ÁNGEL ROLANDO PERDOMO MATUTE en representación de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFFA) constituyendo una segunda hipoteca sobre un bien inmueble y sus mejoras que se describen así: Derechos de tierra: en los sitios Telica y San Francisco del Corral, situados en la jurisdicción del departamento de Olancho, sitios que por su orden, tienen los límites generales siguientes: Al Oriente; río Telica; y al Poniente, sitios El Carbonal y Santa Bárbara. El de San Francisco del Corral, limita Al Norte: sitios Telica y la Concepción; Al Sur: Montaña Nacional; Al Oriente: sitio de Santa Rosa de Iscamile; y al Poniente: sitios Chichicazapa, Jalan y San Felipe y cuyo dominio lo tienen debidamente inscrito bajo el número 94 del Tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Olancho, y que en los derechos de tierra incorporó en concepto de mejoras una propiedad rural denominada “Villa El Rubí” cuyas mejoras se encuentran inscritas en el asiento número 94 del tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Olancho, garantizando una nueva línea de crédito por cuatro millones quinientos mil Lempiras (L 4,500,000.00), inscrita en el asiento número 66 del tomo 503 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Olancho. c) El Instrumento número 121 dieciséis de julio de mil novecientos noventa y nueve autorizado por el notario FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO compareciendo la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA por sí y en representación de su menor hijo CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO y RIGOBERTO PADILLA BEJARANO, en representación de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFFA), constituyendo una tercera hipoteca sobre un bien inmueble y sus mejoras que se describen así: Derechos de tierra: en los sitios Telica y San Francisco del Corral, situados en la jurisdicción del departamento de Olancho. Sitios que por su orden, tienen los límites generales siguientes: Al Oriente; rio Telica; y al Poniente, sitios El Carbonal y Santa Bárbara. El de San Francisco del Corral, limita: Al Norte: sitios Telica y la Concepción; Al Sur Montaña Nacional; Al Oriente: sitio de Santa Rosa de Iscamile; y al Poniente: sitios Chichicazapa, Jalán y San Felipe y cuyo dominio lo tienen debidamente inscrito bajo el número 94 del tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Olancho, y que en los derechos de tierra incorporó en concepto de mejoras una propiedad rural denominada “Villa El Rubí” cuyas mejoras se encuentran inscritas en el asiento número 94 del tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Olancho, garantizando una línea de crédito por ocho millones quinientos mil Lempiras (L 8,500,000.00) inscrita en el asiento número 89 del Tomo 647 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Olancho. 4) CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto a DECLARAR SIN LUGAR la Demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios promovida por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO en su condición de apoderada del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO en contra de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) a través de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES y la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA. 5) ABSOLVER a la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) a través de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES en la Demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios promovida por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO en su condición de apoderada legal del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO. 6) ABSOLVER a la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA en la Demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios objeto de la causa promovida por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO en su condición de apoderada legal del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO. 7) DECLARAR SIN LUGAR las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL ACTOR, COSA JUZGADA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESCISIÖN Y DE NULIDAD ABSOLUTA interpuestas por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA). 8) Que se inscriban en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho, al margen de los asientos anulados el presente fallo. 9) SIN CONDENA EN COSTAS en primera y segunda instancia.”

SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) antes denominado BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S.A. (BANFFA), abogado WALDO RIVERA PORTILLO, presentó en fecha diecisiete de abril del dos mil trece, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil trece, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán.

TERCERO: En fecha quince de mayo del año dos mil trece, el representante procesal de la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELÁSQUEZ y la representante del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO, presentaron escrito de pronunciación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, de Francisco Morazán, tenerlos por pronunciados en tiempo y forma y ordenando remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en este tribunal, los abogados WALDO RIVERA, PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELÁSQUEZ Y GLADYS AÍDA ARÉVALO, todos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas veintitrés y veintiocho de mayo del año dos mil trece, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea en sus seis motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central de Francisco Morazán de la siguiente manera:

“PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN: Falta de aplicación del artículo 1587.1 y 2 e interpretación y aplicación errónea del artículo 1586, ambos artículos, del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El artículo que considero directamente infringido por falta de aplicación es el artículo 1587.1 y 2 del Código Civil, que establece: Artículo 1587. Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos: 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes; el ad quem al emitir el fallo, lo fundamenta en el artículo 1586 del Código Civil, en una interpretación y aplicación incorrecta del mismo, aduciendo que existe nulidad absoluta en los instrumentos objeto del presente juicio, por no concurrir el consentimiento como uno de los elementos esenciales del mismo. Sin embargo, el ad quem incurre en un error de apreciación, puesto que al celebrarse los dos primeros contratos de líneas de crédito y sus ampliaciones, que a su vez contienen los dos contratos de las garantías hipotecarias y prendarias, la madre del demandante CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, en virtud de la muerte del padre de éste último, quedó como única representante legal del menor (por muerte del padre de éste), por tanto, ella se encontraba en la capacidad legal y con la potestad de otorgar el consentimiento en representación de su menor hijo, tomando en cuenta que, la representación legal es el instituto previsto por nuestra legislación para suplir la incapacidad jurídica que restringe a determinadas personas el pleno ejercicio de sus derechos por sí mismas, sustituyendo al representado; dirige su persona, administra y dispone de sus bienes. La representación legal estatuida por nuestro marco legal se ha concebido teniendo en miras la suplantación de la voluntad de la persona considerada incapaz. Esa suplantación legal de la voluntad del menor, es una derivación plena de su condición de representante legal, a tal efecto, la otorgante acreditó la autorización judicial ante el notario autorizante, misma que adolecía de vigencia plena, por lo que hizo incurrir a la otorgante en un vicio relativo con relación a su menor hijo, conforme al artículo 1587.1 y .2 del Código Civil, que da origen a una nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos, lo que le permitiría al demandante solicitar la rescisión de los contratos, bajo la premisa de que procede cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular o cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes.[1] Guillermo Cabanellas[2] nos ilustra que “En ciencia jurídica se reserva la terminología nulidad para designar la absoluta, y rescisión para referirse a la nulidad relativa, en la que el acto, aparentemente válido, adolece de un defecto que a una de las partes, a la víctima del mismo, le permite reclamar su anulación, siendo de interés particular, en la que puede renunciar a su acción, ratificar lo hecho o dejar que la prescripción consolide la situación creada viciosamente, no nulamente.” En el caso de autos, la madre siendo la única representante legal del menor, era en quien recaía la potestad de representación, por lo que ella encarnaba la voluntad misma del menor incapaz y por tanto, de otorgar el consentimiento en éste tipo de contratos. Bajo estos parámetros, la autorización judicial como requisito o formalidad para el otorgamiento, si fue acreditada y constituía la validación del consentimiento del menor. Lo anterior demuestra que hubo consentimiento del representado, pues, éste se manifestó a través de la madre, en su condición de representante legal, por tanto, es parte contratante, aún cuando el consentimiento que se encontraba viciado por la falta del requisito a que se ha hecho alusión. Al aplicar el ad quem el artículo 1586 del Código Civil, lo hace erróneamente, por considerar que existe nulidad absoluta, lo que bajo una correcta interpretación, desnuda el error del tribunal de alzada y se llega a la conclusión que no han concurrido los supuestos del artículo antes citado y por tanto no debe ser aplicado, toda vez que en los contratos celebrados, no han faltado absolutamente ninguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, o algún requisito o formalidad que la ley exige para ciertos actos y contratos en consideración al acto o contrato y no a la calidad o estado de las personas o haya sido celebrado por personas absolutamente incapaces. La madre del menor era también su representante legal, era la única que pedía otorgar el consentimiento en representación de él, por lo que, siendo la única facultada, el consentimiento existió, lo único que con vicio de los que dan lugar a la anulabilidad de los contratos y no a la nulidad absoluta. El acto tuvo valor y efecto jurídico. El Código Civil establece que esta nulidad relativa da derecho para rescindir los contratos, pero también puede subsanarse por la confirmación o ratificación del interesado, o por el transcurso de un plazo para hacer valer la rescisión y ese plazo debe ser un lapso que no sea menor de cuatro (4) años. En tal sentido, existiendo nulidad relativa en el otorgamiento del consentimiento, este vicio quedó, subsanado por el mero transcurso del tiempo de cuatro (4) años que empezaron a correr desde que el menor tenía habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido veintiún años. (Artículo 1593 C. Civil.) El demandante adquirió la mayoría de edad el 4 de septiembre del año 1998, en tal sentido, han transcurrido trece (13) años con nueve (9) meses y veinticuatro (24) días, desde que pudo hacer valer las acciones de nulidad respectivas, por tanto, la subsanación ya operó de pleno derecho. La madre del demandante al otorgar la tercera hipoteca actuó fuera del límite de sus facultades; efectivamente, su hijo ya era mayor de edad a la fecha del otorgamiento de esa hipoteca, sin embargo, el Código Civil va mas allá, protegiendo al adquirente de buena fe, dado que establece que la nulidad absoluta, no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, sólo por un lapso mayor del que se exige para la prescripción ordinaria, es decir, en el caso de inmuebles ese lapso es decir diez (10) años (artículo 2291 Código Civil), así se desprende de su literalidad: “Artículo 1589. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.” C. Civil. En el presente caso, la prescripción de la acción para solicitar la nulidad absoluta respecto a ésta tercera hipoteca, también había operado porque a partir de que el demandante adquirió su mayoría de edad, transcurrieron trece (13) años con nueve (9) meses y veinticuatro (24) días, por lo que el vicio, fue subsanado conforme al artículo 1589 del Código Civil. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN: Interpretación y aplicación errónea del artículo 1594 en relación con el artículo 1593 y 1589 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Los artículos que considero directamente infringido por falta de aplicación son el artículo 1593 y 1594 del Código Civil, el ad quem, al emitir el fallo, en la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, apartado PRIMERO, romano III, consideró que el artículo 1593, con relación a los plazos de subsanación de los contratos por existir nulidad relativa, no es aplicable y expone que en el presente caso: “(el art. 1593 C.V.) no opera en el caso en revisión, ya que las tres hipotecas sobre las tres cuartas partes del terreno objeto de la demanda de nulidad, ninguna fue realizada por el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ MATUTE, y el plazo para pedir la rescisión es de cuatro años que se cuentan así: 1) En caso de violencia, desde que ésta ha cesado, lo que no aplica al caso; 2) En los actos o contratos ejecutados o celebrados por el menor, reiteramos el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ MATUTE, no realizó acto o contrato con BANFFA en aquel entonces, por lo anterior dicha excepción debe desestimarse.” Evidentemente, la apreciación de la honorable Corte Tercera de Apelaciones es incorrecta, basta decir, que si bien el menor no estuvo presente en la suscripción de los instrumentos públicos y por tanto no fue suscriptor de los mismos, es la representación legal el instituto previsto por nuestra legislación para suplir la incapacidad jurídica que restringe a determinadas personas el pleno ejercicio de sus derechos por sí mismas, sustituyendo al representado, y es esa representación legal la que permite la suplantación de la voluntad de la persona considerada incapaz. Al tenor de lo anterior, cuando se actúa en nombre y representación de alguien, se considera que el acto o contrato, por una ficción legal, es como que hubiese sido suscrito por el representado, de otra forma, todos los actos o contratos celebrados en representación de un menor, serían objeto de nulidad absoluta, en cualquier tiempo, dejando como una garantía ilusoria la prescripción de las acciones, que en el fondo constituye una sanción al titular del derecho que lo deja en total abandono. Entendiendo así lo anterior, debe considerarse que, efectivamente, el menor fue una de las partes que intervino en los contratos, otorgando el consentimiento a través de su representante legal. De lo anterior se deriva, que siendo que la representación del menor estaba viciada porque la autorización judicial otorgada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Olancho no estaba en plena vigencia al momento de la suscripción por parte del representante legal, no obstante ello, es claro que la madre de menor tenía la potestad de representación y de otorgar el consentimiento, tal cual lo hizo, y que la representación constituye la potestad de suplantar la voluntad de otra persona que por alguna circunstancia legal no puede concurrir en la formalización de un acto o contrato, en todo caso, el contrato se entiende que se encuentra suscrito por el representado, por lo que el artículo 1593 del Código Civil tiene aplicación imperativa y por lo mismo, el plazo para solicitar la nulidad relativa y por ende la rescisión, comenzó a correr desde que el menor tuvo habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido los veintiún años, conforme a este artículo. De la misma forma, la honorable corte de apelaciones, interpreta indebidamente el artículo 1594 del Código Civil cuando expresa que el artículo 1593 del Código Civil no le es aplicable al demandante, en virtud que éste último no fue parte en los contratos de hipoteca, sin embargo, el ad quem, hace caso omiso del artículo 1594 antes citado, que establece. “La prescripción de que habla el artículo anterior… sólo puede oponerse entre las partes que han intervenido en el acto o contrato y las que de ellas tuvieren su derecho.” Esta última parte del artículo es claro, al establecerle un derecho derivado a quién en virtud del acto o contrato, le asista la facultad de hacer valer en juicio o fuera de él, un derecho reconocido por la ley, este es el caso del menor que al alcanzar su mayoría de edad, tenía la facultada legal de solicitar la rescisión de los contratos antes aludidos, dado que su voluntad fue suplida por la comparecencia de su madre en la suscripción del instrumento público. Tal como lo establece el tribunal de alzada en el ACÁPITE DÉCIMO PRIMERO de la sentencia, en lo relativo a los HECHOS PROBADOS, romano III, el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO alcanzó su mayoría de edad el cuatro (4) de septiembre de 1998, consecuentemente al momento de interponer la acción de nulidad de los contratos e instrumentos públicos (el 28 de junio de 2012), ya habían transcurrido trece años con nueve meses y veinticuatro días, tiempo excedido del que se requiere para que opere la prescripción, subsanándose de ésta manera conforme al artículo 1589 y 2291 del Código Civil, cualquier nulidad absoluta, y con mayor razón, la nulidad relativa. TERCER MOTIVO: INFRACCIÓN: Falta de aplicación del artículo 2297 con relación al artículo 265.3 y 2300 del Código Civil y 198 del Código de Familia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 720.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Artículo 2297. El Tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. El tribunal de apelación, al emitir su fallo, consideró infundadamente, que la prescripción de las acciones para el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, comenzó a correr a partir de las publicaciones ordenadas por el juzgado en el juicio ejecutivo para el remate en pública subasta de los bienes gravados, lo que ocurrió en el año 2012. Sin embargo, consta en la sentencia objeto de este recurso en el numeral QUINTO, que la parte actora, argumentó en el libelo de su demanda, que había interpuesto en el año 2007 una demanda de nulidad de las escrituras públicas contentivas de los gravámenes hipotecarios en contra de INCORHSA y de cesación de comunidad y prohibición de celebrar actos y contratos sobre sus bienes en contra de su madre, es decir, nueve años después que adquirió su mayoría de edad, demanda que obraba bajo el número 0801-22677-2007 del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, misma que fue inadmitida por el tribunal de alzada, y por lo mismo, se tuvo como no presentada. Evidentemente bajo el aforismo jurídico de que, “a confesión de parte relevo de prueba, el tribunal entra en una contradicción plena, al considerar que el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO tuvo conocimiento de los gravámenes que pesaban sobre su propiedad hasta el momento de las publicaciones del remate de los bienes en el año 2012, no obstante que él confesó en el libelo de su demanda y en el recurso de apelación que interpuso, que había solicitado la anulación de las escrituras públicas a través de una demanda en contra de INCORHSA en el año 2007. Cinco años antes de interponer la demanda que hoy es objeto del presente recurso. Sin embargo, el legislador ha sido sabio en no dejar vacíos en la ley, y en tal sentido, no obstante que debe aplicarse el artículo 1593 del Código Civil en el cómputo de los plazos para la nulidad y acción para rescindir de los actos o contratos, dado que el menor fue parte de los contratos a través de su madre, el artículo 2297 del mismo cuerpo de leyes establece que: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.” Al tenor de ello, se debe apreciar que el momento legal en que el demandante pudo ejercitar su derecho de acción es inmediatamente después de adquirida su mayoría de edad, la que según el artículo 265.3 del Código Civil se adquiere a los 21 años. (Artículo 265. La emancipación legal se efectúa: 1º… 2º… 3º… Por haber cumplido el hijo la edad de veintiún años. Bajo esta premisa, conforme al artículo 2300 del Código Civil, el término para solicitar la rendición de cuentas comienza a correr desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían rendirlas, y el artículo 198 del Código de Familia establece el imperativo de que los padres deben entregar los bienes y rendir cuentas, cuando el menor llegue a su mayoría de edad. Este momento ocurrió en el caso de autos, conforme al artículo 265.3 del Código Civil, con la emancipación legal a los 21 años, edad que adquirió el demandante en fecha 4 de septiembre de 1998. El artículo 198 del Código de Familia establece que “Los padres deben entregar a los hijos, al llegar éstos a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendirles cuentas de su administración.” Se puede observar que existe una correlación entre el deber y el derecho, pues es un mandato imperativo que los padres deban rendir cuentas al llegar sus hijos a la mayoría de edad, y frente a un obligado, siempre existe otra persona que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación, por tanto en este caso particular, el derechohabiente era el señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, a quien la ley le otorgó la facultad de exigir cuentas a su madre, y en caso de no estar de acuerdo, debió efectuar las impugnaciones correspondientes dentro de los plazos que la ley le otorgaba, sin embargo, el demandante, al adquirir la mayoría de edad omitió solicitar la rendición de cuentas. Bajo este prisma, la honorable corte de apelaciones, aprecia indebidamente el término de prescripción, dejando de aplicar los artículos 1593, 1594 y 2297 con relación al artículo 265.3 y 2300 del Código Civil y 198 del Código de Familia. CUARTO MOTIVO: INFRACCIÓN. Interpretación errónea del artículo 1552, 1600 y 1602 con relación a los artículos 1553, 1554, 1573 y 2132 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Las normas que alego como infringidas directamente por interpretación errónea son los artículos 1552, 1600 y 2132 del Código Civil que establecen lo siguiente: Artículo 1552. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Artículo 1600. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras. Artículo 2132. Cada uno de los condueños de un inmueble puede hipotecar su parte indivisa en el inmueble común, o una parte materialmente determinada del inmueble; pero los efectos de tal constitución quedan absorbidos al resultado de la participación o licitación entre los condueños. El Ad Quem al declarar la nulidad absoluta de las escrituras públicas que se indican en los literales a), b) y c), del numeral 3) de la parte dispositiva de la sentencia, es decir, de: 1) Instrumento Público número 5 de fecha 12 de febrero de 1998, 2) Instrumento Público número 37 de fecha 1 de julio de 1998, ambos autorizados por el Notario ELMER LEONEL GODOY, y 3) Instrumento Público número 121 de fecha 16 de julio de 1999, autorizado por el Notario FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, ha interpretado erróneamente y por tanto aplicado de forma incorrecta el artículo 1552 del Código Civil, al no haber considerado que los instrumentos públicos que anula absolutamente, contienen, pluralidad de partes, pluralidad de objetos y unidad de la causa, concurriendo en la celebración de tales instrumentos públicos los tres elementos esenciales que establece el artículo 1552 del Código Civil para la existencia de un contrato. Consentimiento: Son partes contratantes, por una parte, el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) y por la otra, la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO, por sí y en representación de su hijo CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO y el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES. Objeto del contrato: Los instrumentos públicos a que se hace referencia en el apartado anterior tienen triple objeto contractual, así: 1. Otorgamiento de línea de crédito (Contrato de línea de crédito y sus ampliaciones) 2. Garantías hipotecarias (Contrato de primera, segunda y tercera hipoteca) 3. Garantía prendaría (prenda sin desplazamiento de primer, segundo y tercer grado) Al respecto, los antedichos instrumentos contienen los siguientes contratos: EL CONTRATO DE LÍNEAS DE CRÈDITO Y SUS AMPLIACIONES: 1. Instrumento público número 5 de fecha 12 de febrero de 1998 2. Instrumento público número 37 de fecha 1 de julio de 1998. 3. Instrumento público número 121 de fecha 16 de julio de 1999. Estos instrumentos públicos contentivos del contrato de línea de crédito y sus ampliaciones fueron suscritos por el representante legal del Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) en calidad de institución bancaria, por una parte, y por la otra, por la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO en su calidad personal y el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES, también en su calidad personal. El representante legal del banco y los prestatarios ROSINDA DEL CARMEN ERAZO y el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES tenían al momento de la celebración del contrato de línea de crédito, la capacidad legal y por tanto otorgaron válidamente el consentimiento. Al declarar la nulidad absoluta de los instrumentos públicos referidos en el numeral 3) literales a), b) y c) de la PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA, también anula absolutamente los contratos de líneas de crédito, no obstante que quienes comparecen en la celebración de los mismos, gozaban de la aptitud legal para comprometer. LOS CONTRATOS DE HIPOTECA (MISMOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS) 1. Instrumento público número 5 de fecha 12 de febrero de 1998 2. Instrumento público número 37 de fecha 1 de julio de 1998. 3. Instrumento público número 121 de fecha 16 de julio de 1999.Estos mismos instrumentos públicos contentivos de los contratos de línea de crédito, también son contentivos de los contratos de hipoteca que fueron suscritos por el representante legal del Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA), por una parte, y por la otra, por la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO en su calidad personal como coheredera de una cuarta parte de un inmueble ubicado en Telica y San Francisco del Corral, jurisdicción del departamento de Olancho y en representación de su hijo CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, heredero de tres cuartas partes del inmueble en mención, inscrito a favor de ambos, bajo el número 94 del Tomo 60 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Olancho. Sobre este inmueble se constituyó primera, segunda y tercera hipoteca en fecha 12 de febrero y 1 de julio de 1998 y 16 de julio de 1999, respectivamente. Con relación al señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES, en su calidad personal suscribió los mismos instrumentos públicos, así: a) El instrumento público número 5 de fecha 12 de de febrero de 1998 antes relacionado, otorgando primera hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, el que se describe así: Cuatro y un cuarto de caballerías en el sitio denominado Iscamile, situado en la jurisdicción del municipio de San Francisco de Becerra, departamento de Olancho, con los límites generales siguientes: AL NORTE: El río Guayape; AL SUR: con montaña Nacional; AL ESTE: con el sitio de San Luís de Lajas; y al PONIENTE: con el sitio de San Francisco del Corral o Corrales, inscrito el dominio a su favor bajo el número 51 tomo 186 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Olancho. b) En el Instrumento público número 37 de fecha 1 de julio de 1998, también relacionado supra, el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES otorgó primera hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, el que se describe a continuación: Un apartamento el cual se encuentra ubicado en Condominio Residencial Viera en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. que se identifica como el apartamento H-8 inscrito bajo el número 39 tomo 2865 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, asimismo, otorgó una segunda hipoteca sobre el inmueble que se relaciona en el literal a) anterior. C) En el Instrumento público número 121 antes relacionado, de fecha 16 de julio de 1999, autorizado por el Notario FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES otorgó primera hipoteca sobre: 1. Fracción “C” del lote quince del bloque N de la Colonia Los Profesionales, ubicada en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, inscrito bajo el número 72 del Tomo 1058 del Registro de la Propiedad. 2. Solar ubicado en los Delgaditos, aldea Cedeño del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca inscrito bajo el número 74 del Tomo 371 del Registro de Choluteca. 3. Inmueble ubicado en el Progreso, Yoro. 4. Asimismo otorgó la segunda hipoteca sobre el condominio ubicado en Residencial Viera descrito en el literal b) anterior y tercera hipoteca sobre el inmueble descrito en el literal a) anterior. Al declarar la nulidad absoluta de los instrumentos públicos referidos el numeral 3) literales a), b) y c) de la PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA, también anula absolutamente los contratos de hipoteca antes relacionados, otorgados por el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES, no obstante que el compareciente gozaba de la aptitud legal para contratar, por lo que el tribunal interpretó erróneamente y por tanto aplicó de forma incorrecta el artículo 1552 del Código Civil, al no haber considerado que los instrumentos públicos que anula absolutamente, contienen, pluralidad de partes, pluralidad de objetos y unidad de la causa, concurriendo en la celebración de tales instrumentos públicos los tres elementos esenciales que establece el artículo 1552 del Código Civil para la existencia de los contratos. CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO (MISMOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS) 1. Instrumento público número 5 de fecha 12 de febrero de 1998 2. Instrumento público número 37 de fecha 1 de julio de 1998. 3. Instrumento público número 121 de fecha 16 de julio de 1999. Estos contratos fueron suscritos por el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES, en los que constituyó mediante los Instrumentos públicos arriba relacionados, PRENDA MERCANTIL SIN DESPLAZAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GRADO, sobre la siguiente maquinaria y equipo: Un tractor John Deere, modelo 6400. 4WD, con valor de L. 558,600.00; tractor marca John Deere modelo 5510, 4WD, con valor de L.418,950.00, una sembradora de conservación, marca John Deere, modelo Max Emerge Plus 1750 de 4 surcos de 30 acho de hilera, valorada en L 292,600.00; una rastra marca John Deere modelo MX225, de 26 discos, de 24 pulgadas con valor de L.84,450.00; Un boom, marca Jacto, modelo Cóndor S12, con capacidad de 600 litros, con bomba JP-75, 3 pistones, extensión de barra de 11.5 metros, con valor de L. 50,000.00 una desgranadora de maíz con capacidad para 200 sacos/hora, mecánica, con valor de L. 30,000.00. Al declarar la nulidad absoluta de los instrumentos públicos referidos en el numeral 3) literales a), b) y c) de la PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA, también anula absolutamente con contratos de prenda sin desplazamiento antes relacionados, otorgados por el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES, no obstante que el compareciente gozaba de la aptitud legal para comprometer. El consentimiento otorgado por la madre en representación de su menor hijo, era imperfecto por adolecer de una formalidad, por lo mismo, se encontraba viciado, sin embargo, por un hecho consentido del demandante, al no haber hecho valer las acciones que le competían para pedir la nulidad y consecuentemente la rescisión de los contratos de hipoteca dentro del tiempo que le señala la ley, es decir, una vez que el ahora demandante adquirió su mayoría de edad, el vicio de nulidad relativa y absoluta, fue subsanado por el transcurso del tiempo, por lo que su omisión como un acto propio, deparó en su perjuicio, dándole validez legal a los contratos. Por otro lado, el consentimiento que refiere a la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO y el señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES eran aptos para generar las obligaciones que derivan de los contratos de línea de crédito, de hipotecas y garantías prendarías, dado que con relación a ella y al señor Guevara Rosales, no existía ni existe otra persona que deba otorgarlo en su representación, por lo tanto, siendo copropietaria la primera del inmueble hipotecado y el segundo, dueño absoluto de los otros inmuebles hipotecados, el consentimiento otorgado también era válido al momento de formalización de las escrituras públicas. Es evidente la intención del legislador cuando anticipa conflictos de esta naturaleza, pero a su vez los resuelve, como en el caso de la madre del menor, señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO, que se encuentra claramente tipificado en el artículo 2132 del C. Civil, que establece: Cada uno de los condueños de un inmueble puede hipotecar su parte indivisa en el inmueble común, o una parte materialmente determinada del inmueble; pero los efectos de tal constitución quedan subordinados al resultado de la partición o licitación entre los condueños.” Asimismo, los artículos 1600 y el 1602 (C. Civil) que: “Cuando dos o mas personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras.” Y (1602) “La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o sólo parcial. La nulidad parcial de una disposición en el acto no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables.” En el presente caso, es indudable el carácter separable de los contratos contenidos en los instrumentos públicos aludidos, por lo que la nulidad absoluta de los instrumentos públicos a que alude la sentencia recurrida no es procedente, dado que la misma ley ordena que la nulidad declarada a favor de una de las partes contratantes con un tercero, no aprovecha a las otras; lo anterior, sólo se cita a efecto de aclarar la magnitud de la sentencia, pues, se deja claro que no procede ningún tipo de nulidad de los instrumentos públicos relacionados, dado que el consentimiento existió y se perfeccionó con el tiempo para el caso del demandante, cuando no hizo valer sus derechos conforme a la ley. QUINTO MOTIVO: INFRACCIÓN: Aplicación indebida de artículos 208.1 con relación al artículo 12.5, ambos del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1.c. y 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Artículo 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. El principio iura novit curiae permite al juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; pero en todo caso, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito. Cuando el demandante CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO interpuso la demanda ordinaria de nulidad de unos contratos y de los instrumentos públicos, lo hizo haciendo valer su derecho en base al principio de acceso a la justicia y de tutela efectiva, sin embargo, la pretensión del demandante fue en calidad personal, única y exclusivamente, es decir, el petitum de la demanda, iba dirigida a obtener la nulidad en lo que le correspondía, de los contratos de hipotecas otorgadas en su nombre, no pretendió en ningún momento que su petición también beneficiara a su madre doña ROSINDA DEL CARMEN ERAZO (a quien también demandó) y al señor OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES (que no fue parte en el juicio).El fallo dictado por el ad quem no es congruente con la petición del demandante, cuya petición principal es que se declare la nulidad de los contratos de hipoteca con respecto a él, sin embargo el ad quem en una evidente incongruencia por exceso, declara la nulidad absoluta de los instrumentos públicos sin hacer distinción de sus alcances, nulidad que conforme está redactado el fallo objeto del presente recurso, no sólo beneficia al demandante, sino también a una de las partes demandadas (ROSINDA DEL CARMEN ERAZO madre del menor) y a un tercero (OSCAR EFRAÍN GUEVARA ROSALES) que no ha sido parte en juicio, puesto que al declarar la nulidad absoluta de los instrumentos públicos antedichos, también anula los contratos de líneas de crédito, las garantías hipotecarias y las garantías prendarias, contenidos en dichos instrumentos, incurriendo evidentemente en una infracción que en doctrina se denomina ultra petita, al conceder más de lo pedido, legitimando el enriquecimiento sin causa a los beneficiarios de las líneas de crédito, por un monto de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (8,500.000.00), más intereses. Este fallo denota incongruencia por exceso, lo que adquiere relevancia procesal constitucional y es constitutivo de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva y desviación esencial generadora de indefensión, cuando las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones. En tal sentido, el tribunal de alzada, incurre en violación del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, es decir, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación. Al emitir una nueva sentencia el ad quem, revisa el fondo y se extralimita, sin valorar las consecuencias de la sentencia con respecto a los otros contratos y a las otras partes contratantes, aún cuando una de ellas no fue parte en el juicio. La doctrina judicial hondureña[3] establece que: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citra petita o “extra petita partium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que en este comentario interesan, en los siguientes puntos: a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal con infracción del artículo 4 CPC. El juicio sobre la congruencia de la resoluciòn judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos- (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum). Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el tema decidendi. B) La incongruencia omisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, y la denominada “incongruencia por exceso o extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación que no fue entre el fallo o la parte dispositiva de la resoluciòn judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada “incongruencia por error”, que es aquella en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia: se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta; c) La incongruencia extra petitum, que es la modalidad más frecuente, constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercidas por las partes, al ser estas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que les sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). D) El principio dispositivo y de aportación de parte del Art. 10 y 11 CPC, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum “quantum” appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación lo dicho no comporta que el juez deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado, el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el juez o tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercida, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. e) Para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia procesal constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la “tutela judicial efectiva” se requiere una desviación esencial generadora de indefensión: “que el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones.” En el caso que nos ocupa, existe incongruencia por exceso en virtud del desajuste entre el fallo judicial y los términos en que el demandante formuló la demanda y en la forma en la que el demandado formuló su defensa, lo que implica que hubo ultra petitum en el fallo al conceder más de lo pedido, y vulnerar el derecho de defensa al demandado, por no haber tenido mi representada la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa. SEXTO MOTIVO: INFRACCIÓN: Aplicación indebida de los artículos 206 y 208.1 con relación a los artículos 3 y 485 del Código Procesal Civil y al artículo 11 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1.c. y 2 y 720.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISIÒN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Artículo 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las de más pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Al proferir la sentencia que hoy se impugna, el tribunal de alzada, omitió pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO contra lo resuelto por el a quo, dado que la sentencia de primera instancia ordenaba en el apartado número 5) del fallo, que se remitieran las diligencias al Ministerio Público a efecto de que se investigara la comisión del delito de fraude de ley, por haberse allanado la señora Erazo a las pretensiones de su hijo en perjuicio de INCORHSA. Esta motivación de la sentencia definitiva de primera instancia se encuentra establecida en el artículo 485 del Código Procesal Civil, que establece: ARTÍCULO 485. ALLANAMIENTO. 1. El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del actor, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda que el allanamiento es contradictorio a la ley, al orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso. A su vez, el artículo 11 del Código Civil establece: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.” La señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO renunció al derecho de defensa, renuncia que no sólo afectaba sus propios intereses, sino que los de mi representada, por lo mismo, el allanamiento no fue admitido, y el juez consideró como lo manda el artículo 485 CPC, que tal allanamiento encubría un fraude de ley. Sobre esta resolución, la señora Erazo interpuso apelación. El tribunal de alzada no se pronunció al respecto. La incongruencia omisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, lo que ha ocurrido en el caso de autos, dado que el tribunal omitió pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO, no obstante haberla relacionado en el fallo en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de los ANTECEDENTES DE HECHO. Por lo anteriormente expuesto, no obstante que el recurso de casación no tiene por objeto la revisión de los hechos probados, sino que tiene como finalidad analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de ley, el artículo 720.2 con relación al 719 literal c) de ese código procesal, permite solicitar el control fáctico de la sentencia de manera de revisar la motivación de la misma, la que debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y estos a su vez que conduzcan a una correcta apreciación y valoración de la prueba; la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce la infracción de la norma jurídica. En el caso de autos, se produce claramente infracción de la norma jurídica en la sentencia proferida por el tribunal de alzada, cuando no se apreció que la contestación de la demanda por parte de la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO, fue un allanamiento a las pretensiones de su hijo en perjuicio de INCORHSA, el que fue catalogado por el juez a quo como fraude de ley. Al inexistir razonamiento sobre lo anterior en la emisión de la sentencia, el ad quem produce un fallo completamente contrario al derecho de la parte recurrente, infringiendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben prevalecer en las resoluciones judiciales, violentando el principio de la tutela efectiva y el principio de legalidad procesal.”

II. MOTIVACIÓN JURÍDICA

1.- Naturaleza y función del recurso de casación. La función nomofiláctica del recurso de casación consiste conforme al artículo 716 del Código Procesal Civil: la protección de las normas del ordenamiento jurídico, examinando la adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional en razón de garantizar la igualdad ante la ley, la seguridad y certidumbre jurídicas.

La casación no constituye una nueva instancia, sino un recurso extraordinario reservado únicamente a las resoluciones que reúnan los requisitos del artículo 717 del Código Procesal Civil, delimitado por causales predeterminadas en el artículo 719 del Código Procesal Civil.

2.- Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación.

Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: se declare de iure la firmeza de la resolución recurrida, se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la corte de apelaciones correspondiente.

En caso de declarar la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil en relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto, la fijación directa de día para la votación y fallo.

3.- Sobre el examen de admisibilidad. Este alto tribunal de justicia deberá examinar, si el escrito de casación reúne los siguientes requisitos señalados por el artículo 721 del Código Procesal Civil: a) Interposición y formalización de la casación dentro del término legal; b) Exposición de los motivos en que la casación se base; c) Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo; d) Fundamentación de cada motivo con suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Asimismo este alto tribunal suma a estas disposiciones las reglas de técnica casacional que van tomando forma de acuerdo a las resoluciones dictadas por este alto tribunal en los casos sometidos a su decisión jurisdiccional.

4.- Preceptos autorizantes de los motivos y orden en que deben ser resueltos. En referencia al caso sub iudice el abogado recurrente WALDO RIVERA PORTILLO funda la casación en seis motivos.

Los primeros cuatro son fundados en la causal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, o sea la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Los últimos dos, o sea el quinto y sexto, se fundan básicamente en la causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, o sea la infracción por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.

Dado el orden de los motivos planteado por el recurrente, este alto tribunal en aplicación del artículo 726.2 del Código Procesal Civil, lo cambia examinando primero los motivos quinto y sexto; y después del primero al cuarto motivo.

5.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del quinto motivo de casación. El petente cita erróneamente en forma conjunta las causales de casación contenidas en los artículos: 719.1 literal c) y 719.2 del Código Procesal Civil, lo cual no se adecua a la técnica casacional que demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, en relación a desarrollar cada infracción o motivo por separado y en una sola vía causal.

Por otra parte, siempre en relación a lo que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, este alto tribunal constata que el recurrente en quebranto a la técnica casacional, no ha hecho distinción en el precepto autorizante si las normas procesales que cita como infringidas, son de las que regulan la sentencia en relación al contenido o la forma.

Luego observa que el recurrente cita como infringidos los artículos 208.1 con relación al artículo 12.5, ambos del Código Procesal Civil. Acto seguido delimita correctamente el primero de ellos trascribiéndolo de la siguiente manera:

Artículo 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.

Sin embargo, en relación con el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, consta que el censor no hizo trascripción alguna de éste, lo que para la Sala de lo Civil era necesario, en virtud de que el numeral 5 del artículo 12 presenta posibilidad de equívoco, al establecer:

Artículo 12.- FACULTADES PROCESALES. 1.… 2… 3…. 4… 5. El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

Como se puede constatar al examinar dicho artículo 12.5 mencionado, en aras de la claridad y precisión propios de este recurso, el censor devenía en el deber de hacer saber al tribunal de casación, si la infracción del juez a su obligación de resolver el litigio conforme a derecho fue infringida, por haber: a) resuelto contra legem, incluyéndose no recurrir al principio de iura novit curiae; b) alterado el petitorio, es decir resolviendo pretensiones no pedidas; o c) fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes. Hecho que demuestra que el recurrente debió delimitar el artículo aludido, citando únicamente la parte que se subsume a la infracción alegada. El no hacerlo, constituyó por tanto una falta a la técnica casacional.

Por lo expuesto, este alto tribunal de justicia estima que el presente no es de recibo en virtud de que concurre la causal de inadmisión expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

6.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del sexto motivo de casación. Este alto tribunal de justicia al practicar examen sobre el cumplimiento de la técnica casacional requerida, para determinar la admisibilidad del presente motivo, constata que el recurrente cita como precepto autorizante los artículos 719.1 c), 719.2 y 720.2 del Código Procesal Civil.

Al hacerlo incurre en una causa de inadmisibilidad en virtud de que cada infracción debe ser impugnada por una sola vía causal, a efecto de dar cumplimiento a los requisitos de claridad, separación y precisión que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. En conclusión, la infracción debió encausarse por la vía del 719.1 literal c) o del 719.2, pero no por ambas.

Por otra parte el recurrente cita como infringidos los artículos 206 y 208.1 con relación a los artículos 3 y 485 del Código Procesal Civil y al artículo 11 del Código Civil; y seguidamente delimita el contenido de tres de las cinco normas que cita en relación a la infracción que alega, así:

“Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISIÒN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.”

“Artículo 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las de más pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.

“Artículo 11 del Código Civil. “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.”

Luego al desarrollar o explicar el motivo, el recurrente debió en relación al artículo 206.1 del Código Procesal Civil, pronunciarse en relación a cada uno de los requisitos exigidos por dicha norma, es decir: claridad, precisión y exhaustividad; sin embargo este alto tribunal observa, que el impetrante sólo se refirió a la omisión que a su criterio cometió el ad quem al no pronunciarse sobre un elemento de la apelación, sin señalar si este hecho constituye un vicio que afecta: la claridad, precisión o exhaustividad; y sin dar razón de otras infracciones, de manera que dos de los tres requisitos quedaron sin ser abordados.

Por otra parte el censor alega que hubo incongruencia, el cual es un elemento distinto de la claridad, precisión y exhaustividad, por lo que debió señalar con precisión cuál de todos estos requisitos internos de la sentencia fue conculcado con motivo de la omisión alegada.

La carga de la motivación del recurso de casación es para el recurrente de manera que no le corresponde a este alto tribunal llenar los vacíos o mejorar los alegatos del escrito. Es distinto cuando del alegato se observa que debió citarse una norma omitida, en cuyo caso el tribunal haciendo acopio del principio iura novit cuariae, la aplica.

Habiéndose incurrido en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, es procedente así declararlo.

7.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del primer motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Cita como infracción la falta de aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 1587 del Código Civil e interpretación y aplicación errónea del artículo 1586, también del Código Civil.

Delimita la infracción del artículo 1587 del Código Civil de la siguiente manera:

“Artículo 1587. Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos: 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes.”

Al no haber transcrito la parte del artículo 1586 del Código Civil que se relaciona con la infracción, este alto tribunal de justicia asume que se refiere a todo su contenido, así:

“Artículo 1586. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.”

Tomando en cuenta lo anterior la Sala de lo Civil confronta el ámbito de la infracción fijado por el recurrente en relación a la explicación o desarrollo que da del mismo; y al hacerlo, comprueba que no existe correspondencia de una parte con la otra, pues en su exposición, el recurrente no se refiere a cada uno de los extremos que forman parte de los artículos tenidos como infringidos.

Cuando se refiere al artículo 1586 del Código Civil, únicamente aborda el tema del consentimiento, como elemento esencial del contrato; pero nada refiere a los otros extremos que expone dicho artículo, de manera que existe incongruencia entre el ámbito de la infracción planteado, respecto de su explicación o desarrollo.

Asimismo el censor al desarrollar el motivo hace mención de los artículos 1589 y 1593 del Código Civil, los cuales no fueron citados oportunamente como infringidos, faltando de esta manera a la claridad y precisión que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.

De esta manera concurre la causal de inadmisibilidad comprendida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

8.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del segundo motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Señala en ese sentido como norma infringida la del artículo 1594, en relación con el artículo 1593 y 1589, todas del Código Civil. De manera que el ámbito de la infracción se delimita así:

“Artículo 1594. La prescripción de que habla el artículo anterior se refiere únicamente a las acciones relativas al patrimonio, y solo puede oponerse entre las partes que han intervenido en el acto o contrato y las que de ellas tuvieren su derecho.”

“Artículo 1593. El plazo para pedir la rescisión, será de cuatro años, que se contarán: En el caso de violencia, desde que hubiere cesado. En los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, madre o guardador tuvieren conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese conocimiento, desde que el menor tuviese habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido veintiún años. En los demás casos, desde la fecha de la celebración del acto o contrato. Todo lo cual se entiende y se observará, cuando la ley no hubiere señalado especialmente otro plazo.”

“Artículo 1589. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.”

Al desarrollar el concepto de la infracción, la Sala de lo Civil observa que el recurrente nada expone en relación a la parte del artículo 1593 del Código Civil que se refiere al plazo de prescripción en el caso de violencia, tampoco expone nada en relación a los dos últimos párrafos de dicho artículo.

De manera que al recurrente le hizo falta la precisión necesaria para que su motivo fuera claro. Este tribunal ha repetido constantemente que el petente está obligado a delimitar la cita del artículo únicamente a la parte que va a desarrollar como infracción, porque de esa manera se cumple la exigencia contenida en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.

Siempre en relación a la claridad, el impetrante al referirse al artículo 1593 del Código Civil, reclama que el plazo para solicitar la nulidad relativa y por ende la rescisión, en el presente caso comenzó a correr desde que “el menor tuvo habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido los veintiún años, conforme a este artículo.”

Al respecto la Sala de lo Civil observa que ambos supuestos son excluyentes, por lo tanto el impetrante estaba obligado a decantarse por uno sólo, por lo que al citar ambos resta precisión y por ende claridad al motivo.

De igual manera el motivo carece de precisión y claridad, pues consta en el desarrollo del motivo que el recurrente hace alusión del artículo 2291 del Código Civil, el cual no fue mencionado al momento de fijar el ámbito de la infracción, razón también, para desestimar el presente motivo.

En general el recurrente incurrió en la causal de inadmisión contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

9.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del tercer motivo de casación. El casacionista en el presente motivo cita como preceptos autorizantes los artículos 719.2 y 720.2 del Código Procesal Civil, que contienen por su orden lo siguiente: el primero, la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; y el segundo, la excepción a la exclusión de la revisión probatoria.

Lo anterior quebranta la técnica casacional, pues el mismo artículo citado 720.2 del Código Procesal Civil es claro al señalar que la revisión probatoria únicamente podrá llevarse a cabo bajo la causal casacional contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, razón por la cual el presente motivo no es de recibo.

Por lo que no habiendo seguido lo preceptuado por la ley, se ha incurrido en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

10.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del cuarto motivo de casación. El petente en el presente motivo cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Manifiesta que hubo infracción de los artículos 1552, 1600 y 1602 con relación a los artículos 1553, 1554, 1573 y 2132, todos del Código Civil.

Delimita el ámbito de la infracción trascribiendo la parte de los artículos 1552, 1600 y 2132 del Código Civil, que interesan para el motivo.

Artículo 1552. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca.

Artículo 1600. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras.

“Artículo 2132. Cada uno de los condueños de un inmueble puede hipotecar su parte indivisa en el inmueble común, o una parte materialmente determinada del inmueble; pero los efectos de tal constitución quedan absorbidos al resultado de la participación o licitación entre los condueños.”

En virtud de que el recurrente no hace lo mismo con los artículos 1553, 1554, 1573 y 1602, todos del Código Civil, este alto tribunal entiende que asume el contenido de dichas normas, así:

“Artículo 1553. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llego a su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.”

“Artículo 1554. Para que el consentimiento sea válido se necesita que el que lo manifiesta sea legalmente capaz.”

“Artículo 1573. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”

“Artículo 1602. La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o solo parcial. La nulidad parcial de una disposición en el acto no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables.”

Al examinar la técnica casacional, en referencia al desarrollo de la infracción por parte del recurrente, la Sala de lo Civil constató que no existe la debida correspondencia entre las normas citadas como infringidas y los argumentos del casacionista en la explicación del motivo.

Para que el motivo sea de recibo es necesario que el recurrente sólo cite los artículos que va a desarrollar, de manera que exista coherencia en el cuerpo del motivo. Hacerlo de manera que se citen normas que luego son olvidadas por el recurrente, es incurrir en una falta a la claridad que condena el motivo a la inadmisibilidad.

Por lo que el censor ha incurrido en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

11.- Llamado de atención a la honorable Corte Tercera de Apelaciones de la sección judicial de Francisco Morazán, en relación al fallo o decisum dictado, fuera del ámbito del artículo 715 del Código Procesal Civil. Este alto tribunal de justicia con todo respeto pone en antecedente al ad quem para que en lo sucesivo se limite al alcance que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil.

Dicha norma legal literalmente manda:

“Artículo 715. ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.”

Haciendo resumen de lo anterior, se observa que el ad quem, está facultado únicamente por la ley, para declarar: 1) la nulidad de: a) actuaciones procesales y b) la resolución apelada. 2) Revocar cuando aprecie infracción en la fijación de los hechos probados o al hacer su valoración, pero que no afecte a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el iudex deberá resolver directamente o si por el contrario si se afecta a la existencia de elementos de juicio, anulará y devolverá las actuaciones. De igual manera revocará si aprecia aplicación o interpretación equivocada del derecho, debiendo dictar lo que corresponda. 3) Obviamente confirmará aunque el artículo 715 no lo mencione, cuando esté totalmente de acuerdo con la sentencia apelada dictada en primera instancia.

Conforme a lo anterior es claro que la reforma de la resolución de primera instancia se encuentra fuera del ámbito de decisiones que debe adoptar el iudex ad quem.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en sus seis motivos, formalizado por el abogado Waldo Rivera Portillo, en su condición de representante procesal de la sociedad Inversiones Corporativas Hondureñas, S.A. (INCORHSA), antes denominada Banco de las Fuerzas Armadas, S.A. (BANFFAA), contra la sentencia dictada en fecha uno (01) de febrero de dos mil trece (2013) por la honorable Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en relación con la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS CONTIENE Y POR CONSIGUIENTE LOS ASIENTOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SE SOLICITA DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha veintiocho (28) de junio del dos mil doce (2012), ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, por la abogada GLADYS AÍDA ARÉVALO, en su condición de apoderada del señor CÉSAR AUGUSTO DIAZ ERAZO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA) y contra la señora ROSINDA DEL CARMEN ERAZO OSEGUERA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha uno (01) de febrero de dos mil trece (2013) por la honorable Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en el expediente de segunda instancia número cero dos, dos mil trece (02-2013), originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número doscientos noventa y nueve, dos mil doce (299-2012) del Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho. 3) Se hace un llamado de atención a la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, para que en lo sucesivo dicte sus fallos dentro del alcance que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil. 4) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA

[1] “Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes, por ejemplo cuando en la venta de bienes de los incapaces no se ha obtenido la autorización judicial en los casos que la ley lo exige.” CRUZ LOPEZ REINALDO. OBLIGACIONES Y CONTRATOS EN GENERAL. APUNTES DE DERECHO CIVIL. Segunda edición. 1984. Pàg. 225.

[2] Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 23ª Edición. Editorial Heliasta. Cabanellas, Guillermo.

[3] Código Procesal Civil Comentado de Honduras. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Cooperación Española. Pàg. 213-214