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Sentencia CC-77-13 — Registro 5165

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar las excepciones perentorias de Pago, falta de derecho para demandar, enriquecimiento ilícito y prescripción demanda ordinaria de pago, indemnización de daños y perjuicios y costas del juicio y con lugar la demanda ordinaria de pago e indemnización de daños, en segunda instancia se confirmó.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Analizado el escrito que contiene el recurso de casación interpuesto, se desprende: Que en este Primer Motivo la recurrente no es nada clara al querer entremezclar doctrinas, jurisprudencia y actos difusos en la parte dispositiva de la demanda. Lo anterior se desprende en los siguientes extremos: 1) Que la recurrente manifiesta que en la sentencia denunciada existe infracción que lleva a nulidad por Extra Petita. Lo anterior estriba en la incongruencia que lo desarrolla la recurrente al denunciar LA OMISION DE PRONUNCIAMIENTO en cuanto a la Nulidad Subsidiaria invocada en el escrito de expresión de agravios en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el A Quo. La causal de nulidad de la sentencia ultra petita o extra petita, no sólo se reduce a otorgar más de lo pedido por las partes sino que admite como variantes las alteraciones tanto en la causa de pedir como en el objeto pedido, modificando los términos en que las partes situaron la controversia que se somete a la decisión del tribunal. En el presente caso no procede la figura por la misma forma en que la recurrente formula la petición de nulidad, misma que es digna de recordar en su literalidad: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Siendo que ha quedado demostrado en el presente escrito que la sentencia recurrida contraviene disposiciones de orden público de obligada observancia, cuya inobservancia a causado perjuicio a mi representada a quien se le ha negado e debido proceso en el presente litigio se pide subsidiariamente al presente recurso de apelación, se declare la Nulidad de la referida sentencia por las razones ante señaladas”. La nulidad invocada por la recurrente es carente de explicaciones y motivaciones que induzcan al juzgador a establecer la existencia de defectos que conlleven a este efecto. Siendo de petición subsidiaria, deja como única idea (a falta de argumentos) que la misma no puede considerarse que es subsidiaria, sino como consecuencia del mismo recurso de apelación en el caso de ser estimado, ya que en su petitum solicita: “…se declare la Nulidad de la referida sentencia por las razones antes señaladas…” La Recurrente nunca señaló motivo alguno de nulidad. Por consiguiente con tan lacónica solicitud, no proporciona a la Corte de Apelaciones sentenciadora posibilidad alguna de pronunciarse sobre algo que resulta relevante y que sea ajeno a los agravios expresados, razón por la cual la resolución de agravios da respuesta expresa a la impugnación y tácitamente a la mal estructurada nulidad subsidiaria. No se considera omisión de pronunciamiento concreto sobre una nulidad ya que la misma carece de todos los requisitos necesarios para su petición, tales como determinar, de manera clara y exhaustiva las razones por las cuáles debe operar la misma, su fundamentación jurídica particular y la relación vinculante entre los errores sujetos a nulidad con la sentencia impetrada. En el procedimiento empleado para el recurso contemplaba el conocimiento de la denuncia de nulidad en caso que el recurso de Apelación fuere desestimado. En el presente caso tenemos que se anuncia la referida nulidad pero no se desarrolla la misma, por lo cual se encuentra indebidamente solicitada. Consecuentemente, no se puede juzgar lo que no ha sido invocado. 2) Por otro lado la impetrante establece la existencia de jurisprudencia, sin embargo no determina las sentencias proferidas que dan origen a la jurisprudencia que invoca. Cabe recordar que no basta con anunciar jurisprudencia, hay que señalar el tracto de la misma. 3) La casacionista no establece en que consiste la inadecuación o desviaron del proceso, por lo cual esta Sala de lo Civil se abstiene de hacer comentario alguno para no caer en un campo totalmente especulativo; al amparo de lo que disponen los Artículos 1 numeral 1), 404, 704, 716, 719 numeral 1 inciso b), 721 numeral 2), 723 numeral 2 b) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“La casacionista se fundamenta en este segundo motivo invocando interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia, sin hacer distinción si la afectación es sobre la forma, el contenido o ambos. Hay que recordar que la PRECISION es uno de los principios fundamentales del recurso extraordinario de casación. Dicha separación resulta imperativa para quien pretenda valer sus derechos en este tipo de recursos. Además de ello el casacionista comparece ante este segundo motivo invocando la causal contemplada en el articulo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, que permite a la Corte Suprema de Justicia determinar lo pertinente a la existencia, la suficiencia, la racionalidad o carácter lógico de la motivación fáctica de la sentencia venida en recurso. En este motivo en particular la recurrente hace un basto análisis de la motivación de la prueba y las razones que de ellas se llego a la convicción para proferir el fallo que hoy esta siendo impugnado. Paralelamente hace un análisis propio de lo que para la casacionista tiene el alcance de sus pruebas y que afectaron sus intereses como demandado. En ningún motivo hace una real impetración que conecte una motivación fáctica errónea con la parte dispositiva de la sentencia. En un estudio de fondo del Código Civil que exhorta por este motivo, se denota que lejos del alcance de la causal invocada, realmente lo que se pretende es una reconsideración de la prueba practicada en la instancia. Se le acuerda a la impetrante el alcance del articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil que establece que en casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación para un debido control de la motivación fáctica. Razón por la cual la forma y alcance de este motivo se encuentra ajeno a las normas propias del recurso de casación. Por otro lado, la impetrante está en la obligación de determinar el alcance e infracción del derecho por el cual cada una de las normas jurídicas han sido invocadas en su motivación, para de esta manera pueda obtener una respuesta precisa. Ya que no basta articular el motivo y transcribir el mismo, es preciso denunciar claramente la infracción y establecer la correcta aplicación a criterio del recurrente, a fin de que valoradas unas contra las otras se pueda resolver conforme a derecho, como así lo disponen los Artículos 3, 7, 704, 716, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“TERCER MOTIVO DE CASACION: La impetrante en el escrito de casación establece en su tercer motivo, lo siguiente: Que invoca infracción por interpretación errónea de los artículos del Código Civil siguientes: Artículo 1346; Artículo 1348; Artículo 1351; Artículo 1353; Artículo 1355; Artículo 1362; todos del Código Civil con respecto de las obligaciones. Asimismo, violación de los Artículos 17; Artículo 1576 y Artículo 1577 todos del Código Civil, en relación con el Artículo 1422, Artículo 1427; Artículo35; Artículo 1545, Artículo 1546, Artículo 1548, Artículo 1606, Artículo 1659 y Artículo 1660.-…4.2 Analizado el presente motivo de casación, resulta que la impetrante comete la misma imprecisión suscitada en su primer motivo al no vincular individualmente y concretamente cada uno de los artículos que considera infringidos con la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Esta inobservancia vuelve difuso su recurso e imposibilita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tener una certeza sobre el fondo del mismo, viéndose este Alto Tribunal imposibilitado en una decisión sobre una petición confusa. Agregado a la cantidad de artículos vinculados con el precepto autorizante. Toda la presentación de este motivo es propio para alegatos dispositivos, pero impropios para un recurso extraordinario.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ, designada Ponente en el presente caso, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La sociedad AGRÍCOLA SANTA INES, S.A. (ASISA), representada en juicio por el Abogado JOSÉ SALVADOR AGUILAR VILLAFRANCA, en su condición de recurrente; siendo recurrida la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN “ISLETAS” (EACI); representada en juicio por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil (2000), ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de Representante Judicial de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN “ISLETAS” (EACI), contra la SOCIEDAD AGRICOLA SANTA INES, S.A. (ASISA).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha catorce (14) de febrero del año dos mil trece (2013), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil siete (2007), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil (2000), ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de Apoderado de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI), contra la SOCIEDAD AGRICOLA SANTA INES, S.A. (ASISA), dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil siete (2007), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las excepciones perentorias de Pago, Falta de Derecho para Demandar, Enriquecimiento Ilícito y Prescripción, opuestas por la demandada Sociedad Agrícola Santa Inés S.A. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR: LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por la Empresa Asociativa de Campesinos de Producción ISLETAS (EACI) en contra de la sociedad AGRÍCOLA SANTA INES S.A (ASISA). TERCERO: CONDENANDO a la sociedad AGRICOLA SANTA INES S.A. (ASISA) a pagar a la demandante EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI), la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS (L. 15,509,960.00), más los intereses legales del seis por ciento (06%) anual, calculados a partir del veintiocho de junio de mil novecientos noventa, hasta la fecha en que se ejecute esta sentencia. CON COSTAS...”

SEGUNDO: La Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada AGRICOLA SANTA INES S.A. (ASISA), Abogada ALMA ROSA FERNANDEZ, presentó en fecha ocho (08) de abril del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida.

TERCERO: Mediante auto de fecha nueve (09) de abril del año dos mil trece (2013), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto el Recurso de Casación por parte de la Abogada ALMA ROSA FERNÁNDEZ, en su condición ya indicada, y ordena entregar copia del escrito a la parte contraria para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo.

CUARTO: El Representante Procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI), Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tener por admitido el pronunciamiento por parte del Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados JOSE SALVADOR AGUILAR VILLAFRANCA y GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas nueve (09) y trece (13) de mayo del dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la Representante Procesal de la parte recurrente plantea en sus tres motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “IV MOTIVOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LAS NORMAS PROCESALES (INFRACCIÓN PROCESAL).- Que la naturaleza de recurso extraordinario por infracción de normas procesales del que ahora se formaliza se patentiza: a) En que tan sólo puede fundarse en alguno de los concretos motivos enumerados en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil; b) En la exigencia de la denuncia de la infracción procesal a instancia, y si se ha producido en la primera, reproducirse en la segunda, cuando la infracción de los actos y garantías procesales suponga la nulidad o produjera indefensión; c) Que por infracción por aplicación o interpretación de normas procesales en la forma y contenido de la sentencia, se permite la posibilidad de solicitar en Casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Motivo Primero: Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan “los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por interpretación errónea del Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, causando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 90 de la Constitución de la República), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra enmarcado en el artículo 719.1 literal b), en relación a “los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión” por interpretación errónea del Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Las normas contenidas el Artículo 190 y 956 del antiguo Código de Procedimientos Civiles, señalan: “ARTÍCULO 190.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” “ARTÍCULO 956.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, pueden los Tribunales, conociendo por vía de apelación o de casación, invalidar de oficio las sentencias cuando aparecen de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan lugar a la casación en la forma.” Normas éstas de obligatoria observancia para el Tribunal de Segunda Instancia en el presente asunto, dado que, tanto la doctrina como la jurisprudencia acorde a nuestro derecho positivo señalan que: la congruencia procesal, en cuanto inadecuación o desvirtuación de las resoluciones judiciales respecto de las pretensiones de las partes, comporta una vulneración de este derecho al debido proceso cuando la inadecuación o desviación altera de modo decisivo los términos en que se desarrolla el proceso, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo no ajustado sustancialmente a las reciprocas pretensiones…En consecuencia, la dimensión constitucional de la incongruencia es vinculada con la situación de indefensión y la ha extendido a todos los tipos de incongruencia, incluida la que se produce por omisión de pronunciamiento. Si la congruencia omisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquella en la concurren al unísono las anteriores clases de incongruencia: se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razone sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquella sin respuestas... La incongruencia extra petitum, que es la modalidad que ahora interesa, constituye siempre una infracción al principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, donde ahora nos movemos, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercidas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos dominio litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo ( partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidades históricas que les sirve como razón o causa de pedir (causa petendi).- Este principio dispositivo rige también en nuestro sistema procesal en la segunda instancia civil y con figura las facultados de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud de principio tantum devolutum «quantum» appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación. En cualquier caso, la incongruencia de la sentencia ha de estimarse mediante la confrontación de la parte dispositiva con los términos en que en las demandas o en los escritos fundamentales del pleito se configuran las acciones o las excepciones ejercitadas o la que se derive de los escritos de expresión de agravios y contestación de los mismos con motivo de la sustanciación de un recurso, en el presente caso, esta representación denunció oportunamente e interpuso subsidiariamente al recurso de Apelación, en aplicación de lo dispuesto en los artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 903 Numerales 1, 2, 3 y 7, la Nulidad o invalidación de la sentencia recurrida por considerar que de la misma aparecían de manifiesto causales de casación por el quebrantamiento de las formas del juicio conforme la legislación aplicable en ese momento procesal, sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia, en el presente asunto de ninguna forma resolvió sobre dicho extremo debidamente solicitado, incurriendo con ello en el vicio de incongruencia, entendido éste como desajuste entro el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensiones en esa Instancia. Pues bien; ante ello, la respuesta del Tribunal de Segunda Instancia no solamente es la de no efectuar ningún pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de nulidad de la sentencia solicitada subsidiariamente al recurso de apelación en conformidad al Artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles y de no dar una respuesta clara y sin ambigüedades a lo peticionado por esta parte en el escrito de expresión de Agravios, por tratarse de uno de los puntos litigiosos en dicha Instancia objeto del debate, tal como se exige en el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, sino que, sin hacer mención alguna y sin tener en cuenta para nada lo dicho por esta defensa sobre semejante cuestión, no consideró y tampoco se pronunció como estaba obligada a hacerlo, sobre la Nulidad subsidiaria invocada en dicho escrito de expresión de agravios. Lo más grave de la infracción en que se ha incurrido por parte del Tribunal de Segunda Instancia, consiste en que además de que se omitió resolver sobre los puntos litigiosos objeto del recurso reclamados por el único apelante mediante la Nulidad subsidiaria, en su lugar, apartándose de los límites establecidos en la expresión de los agravios expuestos por el único apelante y su contestación, sin fundamento legal que le autorice, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, a partir del CONSIDERANDO (8) y siguientes y por la vía de la complementación adicional a las motivaciones asumidas por el juzgador de primera instancia, procedió a suplir las omisiones, modificando o reformando la motivación fáctica y jurídica en la valoración de la prueba de la Sentencia Definitiva proferida por el Juzgador de Primera instancia, sin expresar en el fallo la reforma o modificación sufrida de la sentencia proferida en perjuicio de la única apelante, en un claro desdeño de las normas jurídicas que la vinculan al principio de congruencia que le prohíben la reformatio in peius. Para el Maestro L. Alfredo de Diego Diez, la congruencia (Artículos 10.2 y 208.1 del CPC) no ciñe su ámbito de aplicación exclusivamente a la fase declarativa; también es reclamada en la fase de impugnación. El tribunal superior (iudex ad quem), en los recursos de apelación y de casación, está vinculado por la pretensión y resistencia del recurrente y del recurrido (Artículo 701.1 del CPC). Se aplica así el brocardo tantum devolutum quantum apellatum, proyección a su vez del principio dispositivo que inspira toda la organización del proceso Civil (SSTC 91/1988 y 87/2006) Por eso, el órgano que conozca de un recurso no podrá gravar al recurrente más de lo que ya lo estaba por la sentencia impugnada del tribunal a quo.. Motivo Segundo: Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regula “la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por interpretación errónea de los Artículo 187 numeral 2, en relación al Artículo 190, y falta de aplicación de los Artículos 125, 304, 336, 337, 352, 353, 356, 357 del Código de Procedimientos Civiles; Artículo 1495, 1510, 1522, 1523 y 1524 del Código Civil y Artículos 443, 444 del Código de Comercio; la interpretación errónea de tales normas procesales que regulan la forma y contenido de la Sentencia, causan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva con indefensión (Artículo 90 de la Constitución de la República), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de casación se encuentra enmarcado en el artículo 719.1 literal

c) que se refiere a “la forma y contenido de la sentencia” en relación con el Artículo 720.2 del CPC, que permite solicitar en el presente recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que determinante de un sentido diferente del fallo. CONCEPTO DE LA INFRACÓDIGO CIVILIÓN: EL Artículo 187 numeral 2 del antiguo Código de Procedimientos Civiles manda: “ARTICULO 187.- Las sentencias definitivas contendrán con la claridad y concisión posibles:1)...2) En los Considerandos, la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, dando razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse. 3)...” Se considera infringida dicha norma procesal, en relación con el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles antes relacionado en el primer motivo de casación, porque se refiere a los requisitos esenciales de forma y contenido de la sentencia definitiva, que entrañan y desarrollan, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la obtención de una resolución debidamente motivada y fundada en Derecho; su alcance no se agota con la simple construcción material de una resolución que contiene una decisión o resolución que pone fin a una controversia, sino que dicha resolución judicial debe ajustarse o enmarcarse o fundarse en las normas aplicables del ordenamiento jurídico vigente, que impiden que el fallo que se dicte contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al pleito, asegurando que la sentencia sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; que de su rigurosa observancia, se garantiza que el fallo no otorgue más de lo pedido, o que contenga declaración sobre las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito; que de la rigurosa observancia de las normas aplicables en la apreciación de las pruebas, no se incurre en el error de derecho, o error de hecho. Para el caso, el Maestro Tomás Javier Aliste Santos, expone que la motivación de la sentencia constituye el acogimiento al principio de legitimación democrática en el que se articula constitucionalmente la sumisión del juez a la ley. La respuesta Judicial debe corresponderse con una norma del ordenamiento jurídico ya creada...la satisfacción procesal que ha de otorgar la sentencia se caracteriza por estar necesariamente fundada en derecho. En el presente caso, dicha norma ha sido gravemente infringida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en virtud de que la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, ha incurrido en la arbitrariedad al haber interpretado erróneamente las normas contenidas en los Artículo 1495, 1510, 1522, 1523 y 1524 del Código Civil que se refieren respectivamente a la carga de la prueba de las obligaciones, el establecimiento de la pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba que debe recaer sobre los hechos sustanciales y controvertidos, las regulaciones para los medios de prueba consistentes en documentos privados, Inspección Personal del Juez y el dictamen de peritos, igualmente infringiendo dicha norma por falta de aplicación de los Artículo 125, 304, 336, 337, 352, 353, 356, 357 del Código de Procedimientos Civiles de 1906 y los Artículos 430, 431, 443 y 444 del Código de Comercio al momento de valorar la prueba propuesta y evacuada en el juicio, especialmente las disposiciones citadas que regulan la practica de la prueba de dichos medios probatorios consistente en documentos privados, dictamen pericial e inspección personal del señor Juez; infracción de normas que produjo un error de derecho al momento de valorar la prueba aportada y evacuada por esta parte (normas éstas actualmente derogadas, pero aplicables durante la tramitación del juicio en primera y segunda instancia por las razones de derecho antes expuestas) como se desprende del considerando trece de la sentencia que se impugna que dice:

CONSIDERANDO (13): Que este A-Quem es de el criterio que aun y cuando la parte demandada aporto prueba documental, pericial e inspección judicial, no logro demostrar el cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de compraventa en virtud de lo siguiente: A.) Respecto a los medios de prueba documental uno y dos consistente en Instrumento Público de fecha 21 de Junio de 1990 autorizado por el Notario CESAR A. BATRES mediante el cual se formalizo el contrato de compraventa suscrito entre la parte demandante y demandada y el Instrumento público de fecha seis de Junio de 1994 autorizado por el Notario CESAR A BATRES no resultan pertinentes para acreditar el pago de los quince millones quinientos nueve mil novecientos sesenta lempiras (L. 15,509,960.00) que reclama la demandante y que según la demandada pago conforme la modalidad convenida en el contrato. B.) Medio de prueba documental numero tres consistente en una certificación del contador de la empresa demandada de fecha seis de septiembre del año dos mil cuatro, medio de prueba este que por su naturaleza (Privado) al no ser reconocido por la parte contraria no puede tenerse como cierto el contenido del mismo ello al tenor de lo que dispone el articulo 1510 del Código Civil y que versa sobre valoración probatoria de un documento privado. C.) Medio de prueba número cuatro Inspección Judicial. Siendo este un medio de prueba que solo resulta eficaz siempre y cuando el Juez que a practica establece con precisión y claridad los hechos y circunstancias constatados como resultado de su propia observación sin que ello implique realizar deducciones o valoraciones de la misma al momento de su práctica, en el caso que nos ocupa el acta de inspección de fecha veintiocho de Junio del año dos mil cinco visible a folio 294 frente de la primera pieza se contrae a describir de forma escueta la documentación presentada por personal que labora para la empresa demandada cuyas copias fueron adjuntadas a la referida acta, documentación esta que de conformidad al artículo 1510 del Código Civil tiene el carácter de documentos privados y que según se aprecia están redactados en hojas sueltas, sin firma del redactor y lo más importante no fueron reconocidos por la parte contraria mucho menos existe un reconocimiento de parte del estado que dichos gastos descritos fueron efectivamente realizados por la sociedad Mercantil Agrícola Santa Inés SA (ASISA). Inclusive se constató en la inspección a la empresa ASISA de fecha veintidós de Junio del año dos mil cinco propuesta por la parte demandante la existencia del balance general de varios años, 1991-2000 (folios 275 al 293) en donde se observa que según dicho balance en los años 1991 hasta 1993 refleja un pasivo diferido por la cantidad de quince millones quinientos nueve mil novecientos sesenta lempiras (L.15,509,960.00) sin sufrir modificación alguna durante dichos años. D. Medio de prueba pericial número cinco, emitido por el perito nombrado FABIO LUIS LAMELAS y que según su dictamen lo realizo sobre una serie de documentos que se encuentran en las oficinas de la sociedad demandada (ASISA) pero que al ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corte aprecia que el referido dictamen se limito a referir que tuvo a la vista una serie de documentos proporcionados por la entidad demandada acompañando al mismo una hoja en donde se desglosan cantidades determinadas por años (1990 - 1999) consecuentemente debe entenderse que al haberse practicado la pericia sobre documentos privados de los cuales ya se hizo una valoración en la inspección judicial practicada por el Juez A-Quo el referido peritaje no da certeza de que la demandada haya realizado los gastos desglosados en. el mismo, consecuentemente no se acredita el cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de compraventa que no era más que honrar la deuda que la EACI contrajo con COHBANA-Estado de Honduras. E.) Medio de prueba número siete consistente en la Constancia emitida por la Secretaria de Finanzas mediante la cual se establece que en fecha 22 de Junio del año 2004, el Abogado JOSE SALVADOR AGUILAR VILLAFRANCA Apoderado de ASISA presentó ante esa Secretaría de estado, se reconocieran como créditos a favor de la Empresa Asociativa de Producción Campesina de Isletas (EACI) los gastos en las áreas de educación, salud y mantenimiento de vías públicas efectuados por la sociedad Mercantil Agrícola Santa Inés SA, Constancia ésta que solo refiere sobre la solicitud presentada, pero en ningún momento la Secretaría de Finanzas reconoce como cierto que ASISA realizó los gastos referidos mucho menos que estos hayan sido a cuenta de la deuda de EACI con el Estado de Honduras, de lo anterior se colige que con dicho medio de prueba tampoco se acreditó que la sociedad Mercantil Agrícola Santa Inés S.A haya cumplido con la obligación pactada por el contrario, quedó constancia en autos a través de la inspección practicada en esa entidad del Estado de la resolución final emitida por dicha dependencia bajo el numero 347/2004 en donde se desestimó la solicitud presentada por ASISA (ver folios 461 al 469).” El Tribunal de segunda Instancia infringió por interpretación errónea, lo dispuesto en el Articulo 187 del Código de Procedimientos, en relación al Artículo 1495 del Código Civil que ordena que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, debiendo entenderse que la prueba propuesta, para su eficaz valoración debe ser evacuada observando las normas del ordenamiento jurídico aplicable como medio de garantía del debido proceso. Sin embargo, en el presente asunto resulta mas que evidente el Tribunal de Segunda Instancia, dispensó injustificadamente a la parte demandante de su carga procesal de probar en juicio, el supuesto hecho de que mi representada ASISA dejo de cumplir su obligación contractual asumida en los términos expresados en literal c de la cláusula tercera de la escritura de compraventa otorgada por las partes que dice: “agrícola Santa Inés S.A. asume los gastos a que se refiere el artículo tercero del Decreto Ejecutivo Número 4-88 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros el 5 de abril de 1988 y publicado en el diario oficial La Gaceta número 25,517 correspondiente al 3 de mayo de 1988, sin que la obligación por ese concepto pueda exceder de L. 18,509,960” y que el citado decreto dispone: “Artículo 3: La empresa Asociativa Campesina de Isletas, deberá continuar asumiendo los gastos de las áreas de educación, salud y mantenimiento de vías públicas, los que se le reconocerán como créditos anualmente y se acreditarán al saldo de la deuda a partir de 1988.” Que su obligación no consiste en pagar al Estado de Honduras suma determinada, sino en realizar como efectivamente hizo, los gastos por cuenta de EACI en el sector del domicilio de lo demandante y por cuenta de asta, consistentes en gastos de las áreas de educación, salud y mantenimiento de vías públicas, los que se le reconocerán como créditos anualmente y se acreditarán al saldo de la deuda a partir de 1988. No existe prueba en el proceso aportada y evacuada por la parte demandante en la que resulte demostrado que mi representada no cumplió con su obligación de pagar hasta la suma de L. 15,509,960.00 mediante la realización de los gastos en las áreas de educación, salud y mantenimiento de vías públicas, ni siquiera se solicitó la constatación en el sitio o lugar de la realización de tales obligaciones, el dictamen pericial para determinar que tales gastos no fueron incurridos o la declaración testifical de personas que puedan dar noticia al juzgador que tales gastos no fueron realizados en la comunidad, por lo que en la correcta interpretación de lo dispuesto en el Artículo 1495 del C. Civil el demandante no probó dicho extremo. En contrario, esta representación aportó y fueron debidamente evacuados para probar la extinción de la obligación contraída, los siguientes medios de Prueba: 1.- INSTRUMENTO PRIVADO consistente en la certificación extendida por el Contador General de mí representada de fecha seis de Septiembre del año dos mil cuatro, (ver folio 171 de la pieza principal) mediante la cual se certifica que conforme los libros contables de la sociedad y documentos soportes ASISA ha realizado pagos en concepto de gastos en las áreas de educación, salud y mantenimiento de las vías publicas en las zonas de Isletas, Municipio Sonaguera y Sava, departamento de Colón por un monto de L 21,214,193.14. II.- DICTAMEN DE PERITO por tratarse de puntos de hecho que para apreciarlos son necesarios los conocimientos científicos en la materia, consistentes en verificar la certeza de la realización por parte de mi mandante de los gastos en las áreas de educación, salud y mantenimiento de vías públicas en la comunidad en donde tenia su domicilio EACI hasta por la suma L.15,509,960.00 estaba obligada mi representada a realizar a favor de la EACI para cuya apreciación se necesitan indispensablemente los conocimientos especiales de la contaduría pública, quien para rendir su dictamen en razón de su profesión, esta obligado al examinarla contabilidad de la empresa de que es titular mi representada, que los registros están llevados de conformidad con las normas aplicables a que se refieren los Artículos 430, 431, 443 y 444 del Código de Comercio, y III.- INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ realizada por el Juzgador de Primera Instancia, en apego a lo dispuesto en los Artículos 337, 352, 353 en relación a los artículos 430, 431, 443 y 444 del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo, e! Tribunal de segunda Instancia, supliendo las omisiones incurridas respecto a la no valoración de la prueba en que incurrió el Juzgado de Primera Instancia, procedió a desestimar todos los medios de prueba propuestos y evacuados aportados por ésta parte, infringiendo las normas jurídicas que establecen las reglas para la valoración de la prueba, así: (¡) En el literal b) del CONSIDERANDO (13) se ha infraccionando por interpretación errónea el Artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles de 1906 en relación a la falta de aplicación de los Artículos 125, 304, 336, 337 del mismo Código, y falta de aplicación en relación a los Artículos 430, 431, 443 y 444 del Código de Comercio e interpretado erróneamente lo señalado en el Artículo 1510 del Código Civil, de cuya norma se desprende que “los asientos, registros y papeles privados, únicamente hace n prueba contra el que los ha escrito en todo aquello que conste con claridad, pero el que quiera aprovecharse de ellos, habrá de aceptarlos en la parte que le perjudique.” Empero, en el presente caso, el Tribunal tuvo por no cierto el contenido del mismo al tenor de lo dispuesto en el Artículo 1510 antes citado, infraccionando por falta de aplicación de lo dispuesto en los Artículos 125, 304, 336 del Código de Procedimientos Civiles, que requieren que para no tenerse como cierto el contenido de un documento privado, éste debe ser impugnado en legal forma por la parte a quien le perjudique y en el presente juicio, dicho medio de prueba no fue impugnado de ninguna forma por la parte demandante ni establecida contra el mismo la debida oposición a su evacuación o deducidas observaciones en los términos expuestos en los Artículo 125 y 304 del Código de Procedimientos, ni fue solicitado por el demandante su reconocimiento bajo juramento a la presencia judicial en los términos expuestos en el Artículo 336 del mismo Código, cuya aplicación ha sido omitida en la sentencia, por tanto, el citado medio de prueba fue evacuado en legal y debida forma y debió ser valorado conforme las normas jurídicas antes señaladas. (¡¡) En el literal C) del CONSIDERANDO (13) y CONSIDERANDO (16) de la sentencia se ha infraccionando por interpretación errónea en el Artículo 187 en relación a los Artículos 1510, 1522 del Código Civil, y por falta de aplicación de lo dispuesto en los Artículos 337, 352, 353 del Código de Procedimientos Civiles y Artículos 430, 43 1,443, 444 del Código de Comercio, en cuyo considerando se examina el valor probatorio del la Inspección Personal del Juez realizada en el establecimiento mercantil de mí representada sobre los libros contables de la misma. Los libros contables de los comerciantes no se tratan de simples papeles ya que el legislador les proveyó de normas especiales que exigen que los mismos sean previamente autorizados por la autoridad competente para revestirles de certeza en sus asientos, los cuales deben ser llevados con claridad, por orden de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras y sin presentar señales de haber sido alterados, etc, y para graduar su fuerza probatoria a los mismos establecieron reglas especiales en la que no aparece que tales documentos deben ser reconocidos bajo juramento por la parte contraria como erradamente se señala en la sentencia que se impugna, en virtud de que en tales registros se hacen constar todas las operaciones mercantiles que realiza el comerciante deben estar revestidos de una cierta certeza. De ello, que el examen o reconocimiento general de los libros contables, correspondencia y demás papeles mercantiles del comerciante (documentos privados) debe necesariamente realizarse ante el Juez competente, previo decreto y no puede realizarse fuera del escritorio, casa o establecimiento del comerciante y a su presencia o de la persona que comisione, de tal suerte que la inspección personal del Juez es el medio de prueba idóneo y pertinente para examinar la contabilidad de un comerciante y en el presente caso, (como consta a folio 273 de la pieza principal) en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 353 del Código de procedimientos Civiles, esta representación se hizo acompañar de una persona practica en la materia, el contador Héctor Lara quien luego de ser juramentado en legal y debida forma por el Juez que realizó la inspección, concluyó del examen de los registros contables y demás de documentos de la sociedad relacionados con el registro contable del adeudo reclamado, que: “la operación fue registrada en el año mil novecientos noventa y se ha ido reduciendo año con año como lo reflejan los balances, hasta cancelar el saldo” habiendo proporcionado mi representada copias simples de algunos documentos soportes sin que los mismos puedan suplir la fuerza probatoria de los registros contables examinados por la Juez como establece la ley. Por lo expuesto en el considerando dieciséis de la sentencia en comento, se desprende que el Tribunal de Segunda Instancia estima que la prueba de Inspección Personal del Juez debe ser valorado bajo las regias de la sana crítica, pese a que no hay disposición legal alguna que así se le autorice, sino que por el contrario, la Inspección Personal del Juez consiste en el examen que por sí mismo realiza el juez de la cosa litigiosa y en el caso particular del examen de los libros contables de un comerciante, dicha constatación se contrae a examinar por si los registros del comerciante conforme los asientos que se conservan y con el auxilio de los prácticos que las partes puedan valerse para auxiliar al juez en dicha constatación. (iii) En el literal D) del CONSIDERANDO (13) se ha infraccionando por interpretación errónea el Artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles, en relación al artículo 352 del mismo Código y falta de aplicación a lo dispuesto en los Artículos 356, 357 No.1, 361, 364 del Código de procedimientos Civiles y 1524 del Código Civil, en virtud de que se niega totalmente valor probatorio al dictamen del perito nombrado por el Juzgado de Primera Instancia emitido por el señor FABIO LUIS LAMELAS CARCAMO, del que se desprende que mi representada su cumplió con la obligación contractual objeto de la controversia al haber realizado todas y cada uno de los gastos ocasionados en el área de educación, salud y mantenimiento de las vías públicas a que se obligó la EACI frente al Estado. La valoración que hace el Tribunal a dicho medio de prueba, si bien debe hacerlo conforme las reglas de la sana crítica, esto no significa que el Juzgado quede relevado de su obligación de examinar el medio de prueba conforme el ordenamiento jurídico aplicable de forma particular y detenidamente, habida cuenta de que en dicha valoración se limitó a censurar dicho medio de prueba por el hecho de ya se hizo una valoración sobre los documentos objeto de la pericia con motivo de la Inspección realizada por el Juzgado y que por ello el referido peritaje no da certeza de que la demandada haya realizado los gastos desglosados en el mismos, consecuentemente no se acredita el cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de compraventa. Sin embargo, omite considerar las reglas de la pertinencia probatoria contenidas en las normas 356, 357 No. 1, de las que se desprende que precisamente la utilidad y pertinencia de dicho medio de prueba pues para su evacuación se requieren Conocimientos técnicos o científicos de la ciencia contable, que no pueden ser suplidos por ningún otro medio de prueba.(iv) En el literal E) del CONSIDERANDO (13) se ha infraccionado por interpretación errónea en el Artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles, al haberse apreciado erróneamente los puntos de derecho en la valoración de dicho medio de prueba dándole un sentido distinto al que nace del propio medio de prueba consistente en un documento público. La motivación en comento, se refiere a la solicitud que realizó ASÍSA ante la Secretaria do Estado en el Despacho de Finanzas para el reconocimiento del Crédito a favor de EACI, en virtud de que éste negligentemente dejó de presentar oportunamente; dicha petición fue denegada en virtud de que la obligación contractual de pagar dicha suma mediante la realización de los gastos para educación, salud y mantenimiento de vías públicas es un acuerdo entre ASISA y la EACI, un acto mercantil entre particulares, sin la participación de COHBANA como acreedor, por lo que el Estado de Honduras no puede reconocerle créditos a favor de la solicitante la suma de L. 15,509,960.00, ya que el titular del mismo o la propia EACI quien deberá reclamarlo. La motivación realizada en dicho considerando, se aparta completamente del contenido del documento público valorado equivocadamente, puesto que se afirma que con dicho documento no se acredita que se hayan realizado los gastos, omitiéndose señalar que con el referido documento lo queda demostrado es que EACI es la única que pude solicitar el crédito para amortizar su adeudo frente al Estado de Honduras con la documentación contable y que negligentemente no ha realizado, resultándole más ventajoso cobrarle a mi representada dos veces por el mismo inmueble. Al no haberse valorado la prueba evacuada conforme las normas jurídicas aplicables que han sido denunciadas por haber sido infringidas, se ha privado de hacer la correcta valoración de documentos, dictámenes y actuaciones judiciales que obran el proceso en donde se recoge la certificación de un registro contable extendida por un contador General de una sociedad mercantil ASISA, el reconocimiento de los libros del comerciante mediante Inspección personal del juez con la intervención de un práctico en el acto de la audiencia de inspección realizada por el Juzgado por un profesional, así como el dictamen pericial emitido por un profesional totalmente ajeno a las partes interesadas en el pleito. Al no haberse realizado la motivación fáctica de la sentencia conforme las normas jurídicas aplicables, ha influido de modo negativo en el resultado del proceso, al privar a esta parte de varios y esenciales medios de prueba de que disponía para la demostración de sus pretensiones. Siendo que se permite por medio del presente recurso de casación se llegue a controlarla motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo y en el presente caso, resulta más que evidente que la sentencia definitiva carece de una racionalidad y lógica en la motivación fáctica por apartarse o negarse a darle cumplimiento a la legislación vigente, allegando a una conclusión equivocada, infringiendo de esa manera los Artículos 187, 190, del Código Procedimientos Civiles en relación a las demás normas procesales señaladas, dándoles un sentido distinto al que prescribe el Código provocándole una grave infracción al derecho a la tutela judicial efectiva, habida cuenta de que la motivación no es más que el razonamiento lógico que resulta del análisis de las pretensiones de las partes y de las pruebas practicadas y valoradas conforme las normas del proceso aplicables, subsumiéndolas en la norma jurídica para establecer una conclusión; actividad de Juzgar que no ha sido cabalmente cumplida, puesto que para condenar a mi representada al pago de una suma de dinero, el Tribunal sentenciador se ha apartado en la forma y contenido de la sentencia de las normas jurídicas aplicables que garantizan además el derecho a un debido proceso protegido Constitucionalmente. V. MOTIVOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRA ORDINARIO DE CASACIÓN POR INFRACCION EN APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. MOTIVO TERCERO: DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se invoca infracción por interpretación errónea de los artículos del Código Civil siguientes: Artículo 1346 (“Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia’); Artículo 1348 (Las obligaciones que nacen de los contratos tiene fuerza de ley entre las panes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.); Artículo 1351 (“La obligación de dar contiene la de entregar la cosa); Artículo 1353 (El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o mas personas por obligaciones distintas.) Artículo 1355 (“El obligado incurre en mora: 1. cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora.); Artículo 1362, (“ La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y lugar...”) todos del Código Civil con respecto de las obligaciones. Asimismo, violación de los Artículos 17 (No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismo debe existir y la intención del legislador), Artículo 1576 (Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquella.) y Artículo 1577 (Para juzgarla intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos, y posteriores al contrato.) todos del Código Civil, en relación con el Artículo 1422 (Se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiere entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía.) Artículo 1427 (El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o otra persona autorizada para recibirlo en su nombre.), Artículo 1435 (El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plato u oro que tenga curso legal en Honduras.) Artículo 1545 (Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial); Artículo 1546 (Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ella se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.) Artículo 1548 (La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.) Artículo 1606 (Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, se calificare el contrato por la intención manifiesta de los contratantes. No constando esta, se tendrá por permuta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por venta, en el caso contrario. Artículo 1659 (El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato. Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.) Artículo 1660 (El comprador deberá intereses por el tiempo que medie en la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes: 1°. Se así se hubiere convenido. 2°. Si la vendida y entregada produce frutos o renta. 3° Si se hubiese constituido en mora, con arreglo al artículo 1356.) PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurso se fundamenta en la infracción de normas aplicables para resolver cuestiones objeto del proceso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 719.2 del CPC, en relación a la infracción de los artículos 17, 1346, 1348, 1351, 1353, 1355, 1362, 1422, 1427, 1435, 1445, 1606, 1659, 1660, 1546, 1547, 1548, 1576 y 1577 del Código Civil CONCEPTO DE LA INFRACCION: En tal sentido, debe advertirse que la sentencia definitiva recurrida, se confirma la dictada en primera Instancia, en sus considerandos número ocho (8), nueve (9), Diez (10), once (11), doce (12), trece (13), catorce (14), quince (15) y dieciséis (16) haciendo uso de razonamientos ilógicos en la apreciación de los puntos fijados por las partes, dando razones y fundamentos legales interpretados erróneamente en forma equivocada allegó a la errada conclusión de que ASISA incumplió el pago de precio de la venta por el hecho de que el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Finanzas a señalado que ASISA no ha pagado ni abonada la deuda que EACI mantiene con COHBANA. Dicha motivación no solo vulnera normas procesales como hemos visto en el presente recurso, sino que además infringen por interpretación errónea y falta de aplicación de las normas sustantivas aplicables a las obligaciones nacidas de los contratos antes enunciadas, Código Civil a la pretensión de EACI, de obligar en forma unilateral a mi representada a realizar otra prestación de distinta especie ya realizada y previamente establecida en el contrato modificando válidamente en sus términos sin que le haya sido solicitado por la demandante; tal conducta en el fallo constituye una infracción por falta de aplicación lo dispuesto en los Artículos 1422 y 1606 del C. Civil en relación a los Artículos 17, 1548, 1573, 1576, 1577 del mismo Código, condenándole a pagar el importe una suma de dinero en efectivo, sin haberse aportado al juicio prueba alguna de que se desprenda que ASISA se encuentra en mora de cumplir mediante culpa o negligencia de la expresa obligación asumida. En dicho considerando, no se reconoce la extinción dé la obligación mediante la realización de prestación convenida en una especie o modalidad distinta en el contrato, como ser la realización de obras de mantenimiento en vías públicas, la asunción de los gastos por salud y educación en el sector de Isletas y otros, infringiendo por falta de aplicación Pues bien, no cabe duda que el contrato objeto de la controversia solo puede ser examinado e interpretado a la luz de las normas contenidas en los Artículos 17, 1556, 1577 y 1578 del Código Civil para determinar si existe o no el incumplimiento contractual de que se acusa a la demandada ASISA; por lo que del simple examen del contrato en la aplicación debida de dichas normas, no hay lugar a duda, que al tenor del Artículo 1606 del CÓDIGO CIVIL, el precio de la venta consistió parte en dinero en efectivo y parte en otra cosa, consistente en la obligación de hacer el mantenimiento de la vías públicas, los gastos necesarios en Educación y Salud en el sector; que dicha obligación por contenerse en un contrato es obligatorio para ambas partes contratantes y que no puede ser modificado por el solo interés o arbitrio de uno de los mismos y por su parte ASISA esta en la obligación de ejecutar la obligación asumida con la diligencia debida. De las normas antes dichas se desprende que EACI no podrá válidamente reclamarse en efectivo la parte del precio de la venta destinado para la ejecución de ciertos actos consistente el mantenimiento de las vías públicas, el pago de gastos que ésta realizaba en la comunidad a cuenta de educación y salud porque la intención de las partes al celebrar el contrato de compraventa siempre fue que ASISA asumiera por cuenta de EACI el pago de gastos que ésta realizaba en la comunidad a cuenta de educación, salud y mantenimiento de carreteras y que ASISA debía ejecutar de buena fe conforme dispone el Artículo 1646 del CÓDIGO CIVIL; que en razón de lo anterior según dispone el Artículo 1548 del CÓDIGO CIVIL, no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez y cumplimiento de una obligación, que de sus propios términos no cabe otro sentido. También es claro que por la ejecución de ASISA, de las obligaciones asumidas por EACI ante el Estado de Honduras, se dan reconocidos dichos valores como crédito a favor de la EACI frente adeudos que ésta mantiene con el Estado, las cuales serian acreditadas cuando EACI acreditara ante el Estado el cumplimiento de tales obligaciones de carácter social asumidas, sin embargo, EACI no ha dado muestras de estar interesada en extinguir su obligación frente al Estado, por lo cual negligentemente no ha solicitado el crédito que le corresponde para amortizar el adeudo que mantiene con el Estado, pese a que están a su disposición todos los documentos comprobatorios de los gastos realizados en tales obras y gastos. Vulneraciones éstas que dan lugar a casar la sentencia por la falta de aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. En el caso presente, Por lo expuesto, SUPLICO A LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES: Que tenga por presentado este escrito, con sus copias, en tiempo y forma, se sirva admitirlo y, en su virtud, se tenga por interpuesto y formalizado en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones con sede en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida en base a los motivos anteriormente expuestos, entregar copia a la parte contraria para que en el plazo que señala la Ley proceda a exponer su pronunciamiento y oportunamente hacer la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia, por ser el Tribunal que habrá de resolver sobre la admisión y decisión con motivo del presente Recurso y previos los trámites legales de rigor, y de conformidad con lo dispuesto en 726. 2 del CRO, resuelva, en primer lugar, el recurso extraordinario por infracción de normas procesales, dictando Sentencia revocando la de segunda instancia y reponiendo las actuaciones al estado y momento en que las vulneraciones de derechos fundamentales del Artículo 90 Constitucional se cometieron reenviando el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días y, en el eventual caso de que el mismo fuese desestimado, resuelva el recurso de casación interpuesto en el sentido de declarar haber lugar al mismo y casar la recurrida en base a los motivos antedichos en el cuerpo de este escrito.”

II. FUNDAMENTACION JURÍDICA.

Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:

1.- La recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo Recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil trece (2013), proferida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba. Departamento de Atlántida. Denuncia tres motivos de casación, de conformidad a lo que establecen los Artículos 716, 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.

2.- PRIMER MOTIVO DE CASACION: Sucintamente se analiza que la casacionista recurre ante la Corte Suprema de Justicia considerando éste en lo siguiente: Motivo Primero: Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan “los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Alega la existencia de DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por interpretación errónea del Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, causando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 90 de la Constitución de la República), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías. Continua manifestando la recurrente que estas normas son de obligatoria observancia para el Tribunal de Segunda Instancia en el presente asunto, dado que, asegura que tanto la doctrina como la jurisprudencia acorde a nuestro derecho positivo señalan que: la congruencia procesal, en cuanto inadecuación o desvirtuación de las resoluciones judiciales respecto de las pretensiones de las partes, comporta una vulneración de este derecho al debido proceso afirmando que cuando la inadecuación o desviación altera de modo decisivo los términos en que se desarrolla el proceso, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo no ajustado sustancialmente a las reciprocas pretensiones… En consecuencia afirma que la dimensión constitucional de la incongruencia es vinculada con la situación de indefensión y la ha extendido a todos los tipos de incongruencia, incluida la que se produce por omisión de pronunciamiento. Si la congruencia omisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. La transcripción textual de este primer motivo se encuentra en esta misma sentencia en el acápite denominado Antecedentes de Hecho.

2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: La impetrante fundamenta este motivo en el Artículo, manifestando que el presente motivo de casación se encuentra enmarcado en el artículo 719.1 literal b), en relación a “los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”.

2.2 Analizado el escrito que contiene el recurso de casación interpuesto, se desprende: Que en este Primer Motivo la recurrente no es nada clara al querer entremezclar doctrinas, jurisprudencia y actos difusos en la parte dispositiva de la demanda. Lo anterior se desprende en los siguientes extremos: 1) Que la recurrente manifiesta que en la sentencia denunciada existe infracción que lleva a nulidad por Extra Petita. Lo anterior estriba en la incongruencia que lo desarrolla la recurrente al denunciar LA OMISION DE PRONUNCIAMIENTO en cuanto a la Nulidad Subsidiaria invocada en el escrito de expresión de agravios en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el A Quo. La causal de nulidad de la sentencia ultra petita o extra petita, no sólo se reduce a otorgar más de lo pedido por las partes sino que admite como variantes las alteraciones tanto en la causa de pedir como en el objeto pedido, modificando los términos en que las partes situaron la controversia que se somete a la decisión del tribunal. En el presente caso no procede la figura por la misma forma en que la recurrente formula la petición de nulidad, misma que es digna de recordar en su literalidad: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Siendo que ha quedado demostrado en el presente escrito que la sentencia recurrida contraviene disposiciones de orden público de obligada observancia, cuya inobservancia a causado perjuicio a mi representada a quien se le ha negado e debido proceso en el presente litigio se pide subsidiariamente al presente recurso de apelación, se declare la Nulidad de la referida sentencia por las razones ante señaladas”. La nulidad invocada por la recurrente es carente de explicaciones y motivaciones que induzcan al juzgador a establecer la existencia de defectos que conlleven a este efecto. Siendo de petición subsidiaria, deja como única idea (a falta de argumentos) que la misma no puede considerarse que es subsidiaria, sino como consecuencia del mismo recurso de apelación en el caso de ser estimado, ya que en su petitum solicita: “…se declare la Nulidad de la referida sentencia por las razones antes señaladas…” La Recurrente nunca señaló motivo alguno de nulidad. Por consiguiente con tan lacónica solicitud, no proporciona a la Corte de Apelaciones sentenciadora posibilidad alguna de pronunciarse sobre algo que resulta relevante y que sea ajeno a los agravios expresados, razón por la cual la resolución de agravios da respuesta expresa a la impugnación y tácitamente a la mal estructurada nulidad subsidiaria. No se considera omisión de pronunciamiento concreto sobre una nulidad ya que la misma carece de todos los requisitos necesarios para su petición, tales como determinar, de manera clara y exhaustiva las razones por las cuáles debe operar la misma, su fundamentación jurídica particular y la relación vinculante entre los errores sujetos a nulidad con la sentencia impetrada. En el procedimiento empleado para el recurso contemplaba el conocimiento de la denuncia de nulidad en caso que el recurso de Apelación fuere desestimado. En el presente caso tenemos que se anuncia la referida nulidad pero no se desarrolla la misma, por lo cual se encuentra indebidamente solicitada. Consecuentemente, no se puede juzgar lo que no ha sido invocado. 2) Por otro lado la impetrante establece la existencia de jurisprudencia, sin embargo no determina las sentencias proferidas que dan origen a la jurisprudencia que invoca. Cabe recordar que no basta con anunciar jurisprudencia, hay que señalar el tracto de la misma. 3) La casacionista no establece en que consiste la inadecuación o desviaron del proceso, por lo cual esta Sala de lo Civil se abstiene de hacer comentario alguno para no caer en un campo totalmente especulativo; al amparo de lo que disponen los Artículos 1 numeral 1), 404, 704, 716, 719 numeral 1 inciso b), 721 numeral 2), 723 numeral 2 b) del Código Procesal Civil.

SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Deviene en casación impugnando la interpretación errónea de los artículos que regula “la forma y contenido de la sentencia. Y considera como DISPOSICIONES INFRINGIDAS los Artículos 187 numeral 2, en relación al Artículo 190 y falta de aplicación de los Artículos 125, 304, 336, 337, 352, 353, 356, 357 del Código de Procedimientos Civiles; Artículo 1495, 1510, 1522, 1523 y 1524 del Código Civil y Artículos 443, 444 del Código de Comercio; la interpretación errónea de tales normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Continúa manifestando la casacionista que el Artículo 187 numeral 2 del antiguo Código de Procedimientos Civiles puesto que la considera infringida en relación con el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, porque se refiere a los requisitos esenciales de forma y contenido de la sentencia definitiva, que entrañan y desarrollan, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la obtención de una resolución debidamente motivada y fundada en Derecho. Asegura que su alcance no se agota con la simple construcción material de una resolución que contiene una decisión o resolución que pone fin a una controversia, sino que dicha resolución judicial debe ajustarse o enmarcarse o fundarse en las normas aplicables del ordenamiento jurídico vigente, que impiden que el fallo que se dicte contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al pleito, asegurando que la sentencia sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Continua manifestando la casacionista que dicha norma ha sido gravemente infringida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en virtud de que la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, ha incurrido en la arbitrariedad al haber interpretado erróneamente las normas contenidas en los Artículos 1495, 1510, 1522, 1523 y 1524 del Código Civil que se refieren respectivamente a la carga de la prueba de las obligaciones, el establecimiento de la pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba que debe recaer sobre los hechos sustanciales y controvertidos, las regulaciones para los medios de prueba consistentes en documentos privados, Inspección Personal del Juez y el dictamen de peritos, igualmente infringiendo dicha norma por falta de aplicación de los Artículos 125, 304, 336, 337, 352, 353, 356, 357 del Código de Procedimientos Civiles de 1906 y los Artículos 430, 431, 443 y 444 del Código de Comercio al momento de valorar la prueba propuesta y evacuada en el juicio, especialmente las disposiciones citadas que regulan la práctica de la prueba de dichos medios probatorios consistentes en documentos privados, dictamen pericial e inspección personal del señor Juez.- Agregando que la infracción de normas produjo un error de derecho al momento de valorar la prueba aportada y evacuada por su parte. El texto completo de este segundo motivo se encuentra en los Antecedentes de Hecho de esta misma sentencia.

3.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación lo considera que está comprendido en el artículo 719.1 literal c) que se refiere a “la forma y contenido de la sentencia” en relación con el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil, que permite el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que determinante de un sentido diferente del fallo.

3.2 La casacionista se fundamenta en este segundo motivo invocando interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia, sin hacer distinción si la afectación es sobre la forma, el contenido o ambos. Hay que recordar que la PRECISION es uno de los principios fundamentales del recurso extraordinario de casación. Dicha separación resulta imperativa para quien pretenda valer sus derechos en este tipo de recursos. Además de ello el casacionista comparece ante este segundo motivo invocando la causal contemplada en el articulo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, que permite a la Corte Suprema de Justicia determinar lo pertinente a la existencia, la suficiencia, la racionalidad o carácter lógico de la motivación fáctica de la sentencia venida en recurso. En este motivo en particular la recurrente hace un basto análisis de la motivación de la prueba y las razones que de ellas se llego a la convicción para proferir el fallo que hoy esta siendo impugnado. Paralelamente hace un análisis propio de lo que para la casacionista tiene el alcance de sus pruebas y que afectaron sus intereses como demandado. En ningún motivo hace una real impetración que conecte una motivación fáctica errónea con la parte dispositiva de la sentencia. En un estudio de fondo del Código Civil que exhorta por este motivo, se denota que lejos del alcance de la causal invocada, realmente lo que se pretende es una reconsideración de la prueba practicada en la instancia. Se le acuerda a la impetrante el alcance del articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil que establece que en casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación para un debido control de la motivación fáctica. Razón por la cual la forma y alcance de este motivo se encuentra ajeno a las normas propias del recurso de casación. Por otro lado, la impetrante está en la obligación de determinar el alcance e infracción del derecho por el cual cada una de las normas jurídicas han sido invocadas en su motivación, para de esta manera pueda obtener una respuesta precisa. Ya que no basta articular el motivo y transcribir el mismo, es preciso denunciar claramente la infracción y establecer la correcta aplicación a criterio del recurrente, a fin de que valoradas unas contra las otras se pueda resolver conforme a derecho, como así lo disponen los Artículos 3, 7, 704, 716, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2) del Código Procesal Civil.

  1. TERCER MOTIVO DE CASACION: La impetrante en el escrito de casación establece en su tercer motivo, lo siguiente: Que invoca infracción por interpretación errónea de los artículos del Código Civil siguientes: Artículo 1346; Artículo 1348; Artículo 1351; Artículo 1353; Artículo 1355; Artículo 1362; todos del Código Civil con respecto de las obligaciones. Asimismo, violación de los Artículos 17; Artículo 1576 y Artículo 1577 todos del Código Civil, en relación con el Artículo 1422, Artículo 1427; Artículo 1435; Artículo 1545, Artículo 1546, Artículo 1548, Artículo 1606, Artículo 1659 y Artículo 1660.- La casacionista manifiesta el CONCEPTO DE LA INFRACCION: de la siguiente manera: “…debe advertirse que la sentencia definitiva recurrida, se confirma la dictada en primera Instancia, en sus considerandos número ocho (8), nueve (9), Diez (10), once (11), doce (12), trece (13), catorce (14), quince (15) y dieciséis (16) haciendo uso de razonamientos ilógicos en la apreciación de los puntos fijados por las partes, dando razones y fundamentos legales interpretándolos erróneamente en forma equivocada lo que lo allegó a la errada conclusión de que ASISA incumplió el pago del precio de la venta por el hecho de que el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Finanzas ha señalado que ASISA no ha pagado ni abonado la deuda que EACI mantiene con COHBANA. Dicha motivación no sólo vulnera normas procesales, como hemos visto en el presente recurso, sino que además infringen por interpretación errónea y falta de aplicación de las normas sustantivas aplicables a las obligaciones nacidas de los contratos antes enunciadas…” Y además continua manifestando la casacionista que “…En dicho considerando, no se reconoce la extinción de la obligación mediante la realización de prestación convenida en una especie o modalidad distinta en el contrato, como ser la realización de obras de mantenimiento en vías públicas, la asunción de los gastos por salud y educación en el sector de Isletas y otros, infringiendo por falta de aplicación.- Pues bien, agrega que no cabe duda que el contrato objeto de la controversia solo puede ser examinado e interpretado a la luz de las normas contenidas en los Artículos 17, 1556, 1577 y 1578 del Código Civil para determinar si existe o no el incumplimiento contractual de que se acusa a la demandada ASISA... “que dicha obligación por contenerse en un contrato es obligatorio para ambas partes contratantes y que no puede ser modificado por el sólo interés o arbitrio de uno de los mismos y por su parte ASISA esta en la obligación de ejecutar la obligación asumida con la diligencia debida. De las normas antes dichas se desprende que EACI no podrá válidamente reclamarse en efectivo la parte del precio de la venta destinado para la ejecución de ciertos actos consistentes en el mantenimiento de las vías públicas, el pago de gastos que ésta realizaba en la comunidad a cuenta de educación y salud porque la intención de las partes al celebrar el contrato de compraventa siempre fue que ASISA asumiera por cuenta de EACI el pago de gastos que ésta realizaba en la comunidad a cuenta de educación, salud y mantenimiento de carreteras y que ASISA debía ejecutar de buena fe conforme dispone el Artículo 1646 del CÓDIGO CIVIL; que en razón de lo anterior según dispone el Artículo 1548 del CÓDIGO CIVIL, no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez y cumplimiento de una obligación, que de sus propios términos no cabe otro sentido…”. El texto completo se encuentra en los Antecedentes de Hecho

4.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: El recurso lo fundamenta en la infracción de normas aplicables para resolver cuestiones objeto del proceso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 719.2 del CPC, en relación a la infracción de los artículos 17, 1346, 1348, 1351, 1353, 1355, 1362, 1422, 1427, 1435, 1445, 1606, 1659, 1660, 1546, 1547, 1548,1576, 1577 del Código Civil.

4.2 Analizado el presente motivo de casación, resulta que la impetrante comete la misma imprecisión suscitada en su primer motivo al no vincular individualmente y concretamente cada uno de los artículos que considera infringidos con la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Esta inobservancia vuelve difuso su recurso e imposibilita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tener una certeza sobre el fondo del mismo, viéndose este Alto Tribunal imposibilitado en una decisión sobre una petición confusa. Agregado a la cantidad de artículos vinculados con el precepto autorizante. Toda la presentación de este motivo es propio para alegatos dispositivos, pero impropios para un recurso extraordinario.

Como técnica general, la casacionista debe ser absolutamente precisa en determinar la lesión jurídica que a los intereses de su representada le causa una sentencia impetrada, no basta con transcribir la literalidad de los artículos denunciados. Hay que diferenciar claramente que las estipulaciones contenidas en el Código Procesal Civil velan únicamente por la accesibilidad y seguridad del procedimiento o sea su carácter procesal/adjetivo. Sin embargo la ciencia del derecho establece normas técnicas-generales. La casación vela para cubrir los vacíos que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien, se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones civiles y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.

5.1 Precisa recordar el alcance del articulo 704 del Código Procesal Civil, que es atinente a todos los recursos, cuando establece que los escritos de interposición de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, en la formulación del recurso se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Esta falta determinación del error o vicio que lo causa y la carencia de relación jurídica por parte del recurrente, entre el agravio, la interpretación indebida, sobre que recae la misma y cual seria la correcta, dan razón a la inadmisión a trámite del presente recurso. Concluyendo que todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.

5.2 Se repite, que el derecho de casación busca como premisa principal, determinar de una manera inconfundible la existencia de una violación o infracción a una norma de fondo que afecte los intereses particulares o generales, según sea el caso, causados en la sentencia recurrida. Si es cierto que el Código Procesal Civil en aras de flexibilizar el rigor que antaño observaba el escrito contentivo a este tipo de recursos; no menos resulta cierto que en ningún momento ha desvalorizado la expresión del mismo, bajo la observancia de la máxima legal que debe contener como fondo el recurso. Ya que este tipo de impugnación tiene como fin garantizar el control motivacional en cuanto a los defectos de apreciación o de interpretación que puedan contener las resoluciones que se dicten en segunda instancia, más sin embargo, esta disposición se ve limitada en materia civil, a la presentación que haga el recurrente bajo una debida y detallada denuncia sobre las violaciones que a su criterio considera le afectan a la ley, al debido proceso y al ordenamiento jurídico. Por la inobservancia de una adecuada estructuración de la motivación de los derechos que considera infringidos el recurrente, imposibilita a este Alto Tribunal determinar de manera clara, separada, relacionada y precisa el derecho invocado. Sumado a lo anterior, constituye obligación de todo recurrente distinguir y precisar de manera individualizada la indicación precisa de las sentencias que conociendo una misma causa a pedir hayan causado jurisprudencia, situación que omitió la impetrante al plantear su recurso.

  1. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, por lo que se encuentra tipificada en las causales previstas en el Procesal Civil en el numeral 2, literal a) del Artículo 723, de las cuales se ha hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida.

III. PARTE DISPOSITIVA.

Esta Sala de lo Civil, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos que ha sido promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil trece (2013), por la Abogada ALMA ROSA FERNANDEZ en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada AGRICOLA SANTA INES, S.A. (ASISA) en la Demanda Ordinaria de Pago promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION “ISLETAS” (EACI); representada en juicio por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO.- 2. DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA e identificada en esta Sala bajo el Expediente Número S.C. 77-2013 y en el Expediente de apelación Número 1713-07-12, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el Número0101-2011-00002 del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida. 3.- CONDENA A COSTAS AL RECURRENTE. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Apelaciones de su procedencia, para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE.

EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.

Magistrada Coordinadora

RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.

Magistrado

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.

Magistrada