Sentencia CC-71-13 — Registro 5161
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia vía procedimiento declarativo ordinario de nulidad de contratos de compraventa de los instrumentos que lo contienen.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El recurrente en el primer motivo alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantía procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, en relación a la errónea valoración de las pruebas legales o errónea valoración de las presunciones, según los artículos 280, 477 y 478 del Código Procesal Civil que transcribe íntegramente. Señala como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1 b del mismo código. El recurrente desde la enunciación del motivo comete un yerro al exponer, transcribiendo íntegramente los artículos de que viene impugnando, en relación a errónea valoración de las pruebas legales o errónea valoración de las presunciones, no definiendo claramente cual de las dos motivos elige para impugnar y luego de transcribir los tres preceptos legales, centra su alegato únicamente alrededor de los artículos 477 y 478 del Código Procesal Civil, alegando que las afirmaciones del Tribunal de Apelaciones son esgrimidas por aplicación indebida del articulo 477 (o sea que no correspondía aplicar este artículo según el recurrente) y por no aplicación del artículo 478 del citado código (véase folio 23), sin embargo a folio 25 en su mismo libelo el censor expone que la Corte de Apelaciones comete el error por la inobservancia del artículo 477 (no haberlo aplicado) cuando antes había afirmado que el error era haberlo aplicado indebidamente y siempre en la misma página expone que se da una aplicación e interpretación indebida de los artículos 477 y 478 del Código Procesal civil, generando una falta de claridad y precisión en el planteamiento del recurso y sobre todo no exponiendo las infracciones con la suficiente separación que se exige para recurrir en casación pues lo correcto era que se expusieran las infracciones por separado, atendiendo a la exigencia del artículo 221 del Código Procesal Civil; por otra parte es necesario hacer notar que los supuestos de nulidad son los casos en que la propia ley sanciona con nulidad, y que deben ser expuestos y desarrollados partiendo de tales supuestos de conformidad con el artículo 212 del código procesal civil que no ha sido expuesto por el recurrente, consecuentemente resulta inadmisible este motivo de Casación de conformidad con el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numerales 1) y 2) (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2) (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Inciso b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el segundo motivo de casación el recurrente viene alegando aplicación e interpretación indebida de los artículos 1552, 1573, 1574, 1575 numeral 1, 1586 numeral 2, 1589 del código civil; 2, 12 numeral 1, 14, 15 párrafo segundo y 19 del Código del Notariado, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El recurrente en opinión de esta sala infringe las reglas de interposición del recurso de casación en dos aspectos: primero al no interponer el recurso con la debida separación de motivos pues intenta bajo un mismo motivo de casación interesar la revisión de varios preceptos jurídicos que establecen supuestos distintos y que debieron exponerse por separado y en segundo lugar porque no es suficientemente claro y preciso en su exposición. En el caso del artículo 1552 del código civil que regula los elementos esenciales del contrato, el impetrante no ha sido capaz de precisar si se viola por aplicación indebida, por falta de aplicación o por una interpretación errónea, pues introduce alguna confusión al expresar luego de citar íntegramente ese artículo que debe entenderse en una clara aplicación e interpretación indebida, es decir, por una parte acepta que es aplicable pero que ha sido indebidamente interpretado, sin embargo al explicar la infracción únicamente expone que interpretación le da él a este supuesto al reflexionar que como es posible que exista consentimiento si el señor GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID encontraba fuera del país al momento de la suscripción, sin decir nada de la interpretación que el juzgador le dio a este precepto para poner de manifiesto el yerro. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, incluso se puede dar por carta desde que llega a conocimiento del destinatario, de modo que no aparece necesariamente ligado al momento exacto de la suscripción, dicho esto, es de hacer notar que no aparece explicación alguna del recurrente con respecto a un sentido del precepto que pueda romper con las posibilidades que comprende el otorgamiento del consentimiento y que dimanan de los artículos 1553 y 1554 del código civil. Con respecto a los artículos 1573 del Código Civil y 12 del notariado, al momento de la explicación el recurrente no expresa en que forma se da la infracción (aplicación indebida, interpretación errónea etc…), limitándose a reprochar que como pudo el notario autorizar una escritura sobre unas supuestas instrucciones de alguien que se encontraba fuera del país, como si las instrucciones solo pudieran darse en el momento justo de la suscripción del contrato, no justificando la imposibilidad de que las instrucciones pudieran haberse dado en otro momento. Al pretender explicar la violación del artículo 1586 del código civil numeral dos, no expone con la suficiente claridad como se da esa infracción en tanto que se limita a exponer que el contrato carece de requisitos y formalidades notariales para su otorgamiento, alegando que al momento del otorgamiento no estaba en el país, sin explicar como es posible que se presente la nulidad de un instrumento por el hecho de haber dado el consentimiento en un momento diverso a la fecha de la suscripción o por haber incluso firmado en fecha distinta a la que aparece en el instrumento. Con respecto a los artículos 15, 19 del Código del Notariado y 1589 del código civil, es de manifestar que el impetrante no expone con la debida claridad y precisión como es que se presenta la infracción pues se limita a cuestionar que como iba a suceder una pericia calígrafa para determinar si el demandante firmó y estampó su huella en una matriz inexistente, orientando el argumento a cuestiones probatorias y que no fueron acreditadas en juicio, por lo tanto, el impetrante incumple la obligación que impone el artículo 721 del Código Procesal Civil de fundamentar los motivos con la suficiente separación y claridad, resultando inadmisible conforme el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, inciso 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, y REINA SAGRARIO SOLORZANO SUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El señor GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID, representado en juicio por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, como recurrente y el señor HECTOR SAUL BUENO FERRERA, representada en juicio por el Abogado MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA, como recurrido, habiéndose personado en casación únicamente la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA VIA PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO DE NULIDAD DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE LOS INSTRUMENTOS QUE LOS CONTIENEN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINADOS DE DICHOS INSTRUMENTOS, SUS CORRESPONDIENTES INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, promovida por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, en su condición de Representante Procesal del señor GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID, contra los señores ALBERTO CRUZ y HECTOR SAUL BUENO FERRERA.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha Doce (12) de Febrero de Dos Mil Trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación, REVOCO la sentencia definitiva de fecha dos (02) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa; Departamento de Colón, FALLANDO DICHA CORTE DE APELACIONES de la siguiente manera: “PRIMERO: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mario Rodolfo Castillo Montoya, en su condición de postulante procesal del señor Héctor Saúl Bueno Ferrera en las referidas diligencias. SEGUNDO: Revocando la Sentencia dictada en fecha dos de noviembre del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón en la demanda promovida por la Abogada Ayling V. Pérez Fiallos en su condición de apoderada del señor Gumersindo Márquez del Cid, contra los señores Alberto Cruz y Héctor Saúl Bueno Ferrera, vía procedimiento declarativo ordinario de Nulidad de Contratos de Compraventa de los Instrumentos que lo contienen de los instrumentos originados de dichos instrumentos. TERCERO: Sin Costas”.
SEGUNDO: La representación procesal del recurrente, Abogada AYLIN V. PEREZ FIALLOS, presentó en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha doce (12) de febrero de dos mil trece (2013) dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida.
TERCERO: Mediante Auto de fecha veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el plazo de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.
CUARTO: En fecha veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida, tuvo por precluído el plazo concedido al Abogado MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA, en su condición ya indicada, contra el recurso de Casación interpuesto, contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha doce (12) de febrero de dos mil trece (2013), por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, en su condición de Representante Procesal del Señor GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID, presentó escrito de personamiento en fecha treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvo por personada en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba; Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO APLICACION E INTERPRETACION INDEBIDA DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIA PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION, en relación a errónea valoración de las pruebas legales (documentos públicos y privados) o errónea valoración de las presunciones, según los artículos 280, 477 y 478 del Código Procesal Civil: ARTÍCULO 280.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. 1. Los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique. 2. Si se impugnare la autenticidad de un documento privado, quien lo presentara al proceso podrá pedir el cotejo pericial de letras, firmas, huellas o proponer cualquier otro medio de prueba útil y pertinente para demostrar su autenticidad. 3. ... 4. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará libremente. 5. ...; ARTÍCULO 477.- PRESUNCIONES LEGALES. 1..., 2. Cuando la presunción legal admita prueba en contrario, la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados conducen a un hecho distinto del presumido por la ley, o a ninguno, como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer su inexistencia. 3. …Artículo 478.- PRESUNCIONES JUDICIALES. 1. El juez o tribunal puede presumir la existencia de un hecho a partir de los indicios que se hayan logrado probar durante la audiencia. Esta presunción constituirá argumento de prueba sólo cuando se funde en hechos reales y probados y cuando tales indicios, por su precisión, gravedad, número y concordancia, produjeren la convicción judicial de conformidad con las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humanos. 2.… 3….PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se encuentra autorizado Artículo 719 numeral 1 b del Código Procesal Civil; que dice: CAUSALES DEL RECURSO. 1. a.., b. POR APLICACIÓN E INTERPRETACION INDEBIDA DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIA PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Con la Puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sido sabia en instruir la aplicación de dicha norma jurídica a través de la publicación del Código Procesal Civil Comentado; sobre el mismo es importante citar lo que refiere a página 890 y 891 referente al artículo 719 CPC; “Comentario: En relación a las causales o motivos del recurso no obstante que el CPC distinguen causales por aplicación e interpretación de normas procesales cuando motivan errores en el procedimiento, que antes daban lugar a la casación por quebrantamiento de forma, también drásticamente hace un cambio con respecto a lo regulado por el Código de Procedimientos actual, pues se abandona el elenco tradicional de las siete causales de casación por infracción de ley y las ocho de quebrantamiento de forma, optando por una causal genérica para el primero y tres relativas a la jurisdicción, competencia, procedimiento adecuado, a la afectación de los actos y garantías procesales si producen nulidad o indefensión, y a la forma y contenido de la sentencia, para sustituir al de quebrantamiento de forma.… En el literal b) del 719.1 el CPC ha previsto como causal de casación los supuestos de aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, en los cuales según los Drs. Jorge Jiménez Martín y Miguel Angel Larrosa Amante[1], se trata de infracciones que afectan la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos, durante el iter procesal, incluyendo: a.1) …; a.2) …; a.5) Errores referentes a la prueba, v.gr. sobre admisión extemporánea de documentos, admisión de pruebas ilícitas, denegación indebida de prueba, práctica viciosa de las mismas, errónea valoración de las pruebas legales (documentos públicos y privados) o errónea valoración de las presunciones y, errónea aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba.” El anterior atestado del CPCC legítima vuelve pertinente el presente motivo de casación; pero se requiere para su correcta interpretación citar de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDIA de la Sentencia recurrida las afirmaciones de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que en nuestro juicio provocan la indebida aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías del proceso: “… Segundo: Que si bien existe un contrato laboral concerniente a un documento privado de prestación de servicios entre el señor Gumersindo Marques del Cid y la Empresa de Royal Cribbean Cruises Ltd iniciando dicha relación laboral en fecha quince de Octubre del año Dos Mil Once y finalizado en fecha Quince de mayo del año Dos Mil del año Dos mil doce, boletos de avión y el pasaporte del señor Gumersindo Marques del Cid con la que se demuestra las entradas y salidas lo cierto es que si bien son útiles y pertinentes dichos medios de prueba resultan insuficientes como para poder declarar la nulidad de instrumentos públicos autorizados por Notario Público ya que no es la prueba idónea para establecer que la firma y la huella no sea la del señor Gumersindo Marques del Cid y que de otorgarle mayor valor probatorio que a los instrumentos públicos suscritos antes notario seria atentar contra la fe notarial y crear inseguridad jurídica a las personas y los actos suscritos por ellos antes los notarios facultad del Estado otorgada por la ley al notario. La fe del Notario es pública porque viene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad, consiste en la certeza y eficacia que del poder público a los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios, definitivamente no es suficiente presentar un documento privado de una relación laboral realizada en el extranjero y un pasaporte que establezca las entradas y salidas ya que si bien son útiles y pertinentes las mismas debieron ser complementarias a prueba idónea como ser el cotejo de firma ya que lo que se pretendía era establecer que dicha firma y huella puesta en el documento no corresponde al señor Gumersindo Marquez del Cid o prueba caligráfica para determinar si la matriz fue firmada por el demandante o no y si la huella que aparece es de el. Porque el documento notarial es producto de la autorización del notario, … En consecuencia su función juega un papel muy importante de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo en el fundamento de la fe pública entre ellas podemos mencionar dos : a) La realización normal del derecho; b) La necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza, por cuanto las actas y testimonios serán prueba plena de que los otorgantes manifestaron la voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura; que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de que el notario dio fe, y de que este observo las formalidades correspondientes, no cabe duda que esta prueba es esencial la cual no se debió omitir en el presente caso para poder llegar al fondo y a la claridad del asunto plasmado por el demandante y así poder acreditar la falsedad que desfigura la verdad y la realidad lo que produce la nulidad de los actos jurídicos según las leyes civiles o sancionadas como delitos en los códigos penales, siendo que la nulidad del contrato radica en las partes; en tanto que la nulidad de la escritura depende del notario, pues bien mientras no haya prueba en contrario, los instrumentos no pierden la legitimidad jurídica de que están revestidos y dotados por el …, el A-quo ni le ha otorgado el valor tasado a los documentos públicos ni tampoco ha valorado conforme a las reglas de la sana critica ya que el documento público hace plena prueba si no se impugna su autenticidad y en la presente causa no se ha impugnado con prueba idónea pues no se acreditado que no sea la firma y huella del otorgante y no se le puede dar el mismo valor probatorio a un documento público en la cual consta la voluntad de dos personas como ser comprador y vendedor y un documento público extendido publico extendido por funcionarios publico que da fe de las salidas de un país pues no tiene los mismos efectos jurídicos y por lo tanto no se les puede dar el mismo valor probatorio” Estas afirmaciones que sustentan el injustificado fallo recurrido, son esgrimidas por aplicación indebida del artículo 477 del CPC y por no aplicación del artículo 478 del CPC, aquí es oportuno citar lo que nos enseña el CPCC en sus páginas 630 a la 632 al respecto: “Comentario: En general, la presunción es el proceso racional que se usa para que, partiendo de hechos conocidos o de indicios, se logre determinar un hecho desconocido. Es decir, para conocer lo desconocido, se parte con suficientes motivos racionales de cosas o situaciones que se conocen para finalmente tener suficientes elementos como para dar por conocido un hecho al cual no podría haber llegado de otra forma. Un ejemplo de presunción en la vida jurisdiccional es el de la legitimidad de un sello del profesional del derecho. Si una persona presenta un escrito ante un juzgado en el que se cita a sí mismo como abogado, tiene un carné del Colegio de Abogados de Honduras, coloca un sello de profesional del derecho en el que consta su nombre y un número de colegiación y presenta un poder otorgado a su favor ante notario, pues se puede presumir que se trata de un abogado que debe estar debidamente colegiado. De los elementos o indicios conocidos, llegamos al desconocido presumiendo que por todo lo anterior es un abogado inscrito. Sin embargo, las presunciones pueden o no admitir prueba en contra. En el ejemplo anterior tenemos una presunción juris tantum porque admite prueba en contrario. Las presunciones que no admiten prueba en contrario y que por lo general así lo establece alguna ley, se denominan juris et de jure. Se recomienda estudiar la presunción para cada caso antes de ir a la audiencia probatoria, puesto que los artículos 477 y 478 establecen la necesidad de utilizar la audiencia probatoria como el momento de probar que no se puede presumir determinada circunstancia. … Para el Código Procesal Civil existen dos clases de presunciones: Las presunciones legales que en general son las que establece la ley como tales...”
- Las presunciones judiciales que son las que realice el juez en su capacidad intelectual y racional de deducción. Deducir es tomar información existente para aplicarla a una situación desconocida o inexistente para poder tener certeza del hecho desconocido, es decir, la presunción. …Al numeral 2 del artículo 477: si la presunción legal es juris tantum, o sea que admite prueba en contrario, la prueba se puede dirigir a mostrar: 1.1 Que los indicios probados conducen a un hecho distinto 1.2 Que los indicios probados no conducen a ningún hecho 1.3 Que los indicios no están del todo acreditados y por consiguiente son inexistentes. … Al numeral 1 del artículo 478: en este artículo se establecen las condiciones y requisitos para que el juez pueda presumir la existencia de un hecho. Se inicia diciendo que constituye un argumento de prueba sólo cuando se funde en hechos reales y probados. De ahí entenderemos que los indicios fueron probados en la audiencia probatoria. Además es requisito que los indicios produzcan una convicción judicial por su precisión, gravedad, número y concordancia. Interesante es ver que la convicción judicial tiene que estar basada en las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son específicamente las reglas de la valoración de la prueba y que se analizan en el siguiente artículo. Esto es así puesto que, como argumento de prueba, tendrá fuerza probatoria suficiente como para crear la convicción que pueda inclinar la sentencia hacia la parte beneficiada con la presunción.” Finalmente se hace necesario a los fines del presente recurso concretizar lo que hemos dicho y citado de la siguiente manera: I. La Corte recurrida reconoce que “Segundo: Que si bien existe un contrato laboral concerniente a un documento privado de prestación de servicios entre el señor Gumersindo Marques del Cid y la Empresa de Royal Cribbean Cruises Ltd iniciando dicha relación laboral en fecha quince de Octubre del año Dos Mil Once y finalizado en fecha Quince de mayo del año Dos Mil del año Dos mil doce, boletos de avión y el pasaporte del señor Gumersindo Marques del Cid con la que se demuestra las entradas y salidas lo cierto es que si bien son útiles y pertinentes”; pero seguidamente incurre en el error procesal al aplicar e interpretar incorrectamente el artículo 478 CPC, en vista que como lo cita el CPCC estos indicios probados conducen al hecho distinto de afirmar que por la sola existencia de un testimonio público otorgado supuestamente por notario público es que el señor Gumercindo Márquez Del Cid compareció ante el notario José Dolores Cantarero, es distinto el hecho afirmado en la fe pública notarial en vista que los indicios demuestran mas allá de toda duda que el demandante no solo nunca compareció ante el notario, sino que esa comparecencia era totalmente imposible por razones por demás lógicas. II. Seguidamente la Corte recurrida incurre en error en la aplicación e interpretación de las normas procesales al afirmar que “En consecuencia su función juega un papel muy importante de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo en el fundamento de la fe pública entre ellas podemos mencionar dos : a) …; b) La necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza, por cuanto las actas y testimonios serán prueba plena de que los otorgantes manifestaron la voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura; que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de que el notario dio fe”; este error lo comete por la inobservancia del artículo 477 CPC en cuanto a que lo dicho en el CPCC claramente se establece que la presunción a la veracidad del acto y función notarial, s una presunción juris tantum en cuanto acepta prueba en contrario; en consecuencia de ello, si la Corte recurrida dice que la función notarial se basa en la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza, por cuanto las actas y testimonios serán prueba plena de que los otorgantes manifestaron la voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura; que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de que el notario dio fe, ya que se convierte en una contradicción que se pretenda asegurar que Gumercindo Márquez Del Cid compareció ante el notario José Dolores Cantarero a manifestar su voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura numero 3849, que hizo las declaraciones y se realizaron los hechos que el notario dio fe en esa escritura, como la comparecencia del referido demandante cuando esto nunca pudo suceder, habida cuenta que con los indicios que la misma Corte da por probados son suficiente prueba que lo afirmado en ese supuesto testimonio público no sucedió de esa manera; siendo que la fe pública notarial como lo pretende hacer ver la Corte Segunda de Apelaciones se basa en la certeza del acto, declaraciones y manifestación de la voluntad del compareciente, y siendo que esta función acepta prueba en contrario es inaudito creer que el demandante sin haber estado en el país haya comparecido al notario José Dolores Cantarero a afirmar algo que no pudo suceder.- Con lo anterior dejamos plenamente demostrado una aplicación e interpretación indebida de los artículos 477 y 478 CPC, la conclusión es por demás sencilla, si Gumercindo Márquez Del Cid dado los indicios de presunción judicial reconocidos no pudo comparecer ante el notario José Dolores Cantarero por encontrarse fuera de país, las manifestaciones y declaraciones atribuidas a su persona en el testimonio del cual se pide su nulidad son falsas, haciendo a la fe pública del notario José Dolores Cantarero, contraria a la necesidad de la sociedad en la certeza de los actos en los que intervenga un notario público, no haber reconocido esto la Corte recurrida es lo que motiva el presente motivo de casación. III. Para finalizar el Ad-quem dice que el A-quo ni le ha otorgado el valor tasado a los documentos públicos ni tampoco ha valorado conforme a las reglas de la sana critica ya que el documento público hace plena prueba si no se impugna su autenticidad y en la presente causa no se ha impugnado con prueba idónea pues no se acreditado que no sea la firma y huella del otorgante y no se le puede dar el mismo valor probatorio a un documento público en la cual consta la voluntad de dos personas como ser comprador y vendedor y un documento público extendido publico extendido por funcionarios publico que da fe de las salidas de un país pues no tiene los mismos efectos jurídicos y por lo tanto no se les puede dar el mismo valor probatorio; esta aseveración es igual violatoria a la aplicación e interpretación de las normas procesales 477 y 478 CPC que regulan los actos y garantías procesales de presunción legal y presunción judicial; y es que la sola interposición de la presente demanda es un acto concreto de impugnación al supuesto documento público de escritura de compraventa numero 3849; ya hemos afirmado que los indicios reconocidos constituyen una base de presunción judicial que desvirtúa la voluntad del demandante en querer vender un bien inmueble de su propiedad mediante la escritura de compraventa número 3849, decir que el documento público con el cual se acredita las salidas del país del demandante no tiene los mismos efectos jurídicos que la escritura de compraventa número 3849 es dicho en total y completa violación de los artículos 477 y 478 CPC, ya que como hemos afirmado la fe pública notarial acepta prueba en contrario y si ha sido debidamente comprobado que el demandante no dio su consentimiento y no lo pudo dar en la escritura pública número 3849, el Ad-Quem debió aplicar su facultad de presunción judicial y determinar que la escritura impugnada es nula por el solo hecho sencillo que el demandante no compareció a ese acto notarial.- Vale afirmar que el celo del Ad-Quem para hacer valer la función notarial, no está por encima del celo que debe de tener a que con la función jurisdiccional no se legitimen actos contrarios a la ley notarial, no se legitimen actos notariales que no sucedieron por un artificio de afirmación jurisdiccional y que por el contrario la sociedad ya no tenga certeza ni de la veracidad en la función notarial y mucho menos en la aplicación certera del derecho cuando se busca la tutela jurisdiccional al caso en particular; esto es algo que invoco debe ser corregido por vos Augusta Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia declarando con lugar el presente motivo de casación, que por ser producido por el Ad-quem mediante Sentencia de Apelación procede y es conforme a derecho subsanar la aplicación indebida de las normas procesales dictando por Vos Ilustre Sala de lo Civil una nueva Sentencia conforme a derecho o simplemente revocando el fallo de apelaciones y confirmando el fallo del Juzgado de Letras que en la presente causa actuó conforme a derecho. SEGUNDO MOTIVO APLICACIÓN E INTERPRETACION INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 1552, 1573, 1574, 1575 numeral 1, 1577, 1586 numeral 2, 1589 DEL CODIGO CIVIL DE HONDURAS; 2, 12 numeral 1, 14, 15 párrafo 2do y 19 del Código del Notariado en los párrafos o frases invocados por el Ad-quem en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida como se citan a continuación: “1552: No hay contrato sino concurren los requisitos siguientes: 1.- Consentimiento de los contratantes. 2.- Objeto cierto que sea materia de contrato. 3.- Causan de la obligación que se establezca”; “1573: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se halla celebrado, siempre que en ellas concurran las condiciones esenciales para su validez”; “1574: Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”; “1575 numeral 1: Deberán constar en documento público: Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extensión de derechos reales sobre bienes inmuebles…”; “1577: Para Juzgar la intensión de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato.”; “1586 numeral 2: Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que interviene en ellos”; “1589: La nulidad absoluta puede alegarse por todo lo que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declaraciones de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la afirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menos que el que se exige para la prescripción ordinaria.” “2: El Notariado es la institución del Estado que garantiza la seguridad jurídica y la perpetua constancia de los actos, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte…” “12: …1) Autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren los otorgantes…” “14: Son instrumentos públicos las escrituras públicas” “15 párrafo 2do.: Dichos protocolos al igual que sus fotocopias solamente pueden revisarse por resolución judicial o por la Contraloría del Notariado para cotejos, reconocimiento caligráficos, confrontación de firmas y otros fines análogos” “19: Escritura matriz es el original redactado por el notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización, con la firma y huella de los otorgantes, testigos en los casos previstos por la ley y el notario y sello de este.” PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se encuentra autorizado Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil; que dice: CAUSALES DEL RECURSO. 2. IGUALMENTE, SE PODRÁ IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO.EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El ya citado Código Procesal Civil Comentado sobre la claridad presión y exhaustividad de la sentencia, nos dice a página 191: Que “en mira de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda República)”; definitivamente la Sentencia Civil y la aplicación del derecho en la cual se basa no debe provocar confusión e incertidumbre que conlleve inseguridad jurídica.Si el artículo 17 del Código Civil de Honduras dice que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos”; como a los fines de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda República) y la aplicación del derecho en la cual se basa no debe provocar confusión e incertidumbre que conlleve inseguridad jurídica, debe de entenderse o tratar de comprender lo siguiente: I. Si el artículo 1552 del Código Civil dice que “No hay contrato sino concurren los requisitos siguientes: 1.- Consentimiento de los contratantes. 2.- Objeto cierto que sea materia de contrato. 3.- Causan de la obligación que se establezca” atendiendo que a dicha ley no podrá atribuirse otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos: como debe de entenderse en una total y clara aplicación e interpretación indebida de las normas del derecho, que exista CONSENTIMIENTO del señor Gumercindo Márquez Del Cid en el otorgamiento del Instrumento Público si al momento de su supuesta suscripción él se encontraba fuera del país. II. Si el artículo 1573 del Código Civil dice que “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se halla celebrado, siempre que en ellas concurran las condiciones esenciales para su validez”; si el Instrumento Publico número 3849 que es objeto del presente juicio, recae sobre un derecho real, para lo cual es exigido que en su otorgamiento concurran las condiciones esenciales para su validez, siendo que es exigido en la ley como bien cita el Ad-quem que todo derecho real deba ser transferido en escritura pública “artículo 1575 numeral 1 del Código Civil: Deberán constar en documento público: Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extensión de derechos reales sobre bienes inmuebles…”; y dado que la ley notarial como bien cita el Ad-quem exige en su artículo 12 numeral 1 Que el Notario debe Autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren los otorgantes…”; como debe de entenderse que el Notario José Dolores Cantarero autorizo la escritura pública número 3849 sobre unas supuestas instrucciones de alguien que se encontraba fuera del país, definitivamente que una sentencia judicial pretenda darle validez a algo que no ha sucedido y en el cual no concurren las condiciones esenciales para su validez, es una justicia no de cara al pueblo como bien supremo de la sociedad, sino por el contrario de espaldas al pueblo que produce confusión e incertidumbre y conlleva inseguridad jurídica. III. En atención al artículo 17 del Código Civil que hemos citado, si la ley se interpreta en el sentido que resulta explícitamente de sus propios términos, si el artículo “1586 numeral 2 del Código Civil dice que hay nulidad absoluta en los actos o contratos: Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que interviene en ellos”; si como ya hemos citado y cita el Ad-quem en su fundamentación jurídica que deberán constar en documento público: Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extensión de derechos reales sobre bienes inmuebles; e igualmente dice que el Notario debe Autorizar los instrumentos públicos que constituyen documento público según el artículo 14 del Código del Notariado, de acuerdo con las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren los otorgantes, si el otorgante en la escritura pública numero 3849 autorizada supuestamente por el Notario José Dolores Cantarero el otorgante es el señor Gumercindo Márquez Del Cid y siendo que al momento de dicho otorgamiento el Señor Demandante no se encontraba en el país y aun con todo esto el Ad-quem pretende darle validez a un instrumento publico que contiene un contrato de compraventa que carece de los requisitos y formalidades notariales para su otorgamiento, está provocando sin lugar a dudas una aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho para la aplicación del fondo del asunto. IV. Estoy por demás segura que el órgano jurisdiccional podrá señalar que he realizado un acto procesal de manera extemporánea y fuera del momento procesal oportuno; como ser la incorporación al proceso adjunto al escrito de Contestación de Agravios del Acta de Audiencia ante la Contraloría del Notariado por parte de los Notarios MARIO FRANCISCO PEREZ y JOSE DOLORES CANTARERO en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil doce (2012); más que la legalidad procesal aquí debemos preguntarnos sobre la legalidad y seguridad de los actos que deben de realizarse ante notario público; el Ad-quem ha insistido en la insuficiencia probatoria de la parte que represento, para fundamentarse ha citado el artículo 15 párrafo 2do del Código del Notariado cuando dice que los protocolos al igual que sus fotocopias solamente pueden revisarse por resolución judicial o por la Contraloría del Notariado para cotejos, reconocimiento caligráficos, confrontación de firmas y otros fines análogos; pero no es menos cierto, como bien lo afirma citando el artículo “1589 del Código Civil: La nulidad absoluta puede alegarse por todo lo que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declaraciones de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la afirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menos que el que se exige para la prescripción ordinaria.”; que no desvirtúa el hecho real y sin discusión alguna que la pericia que se dice faltó en las presentes diligencias, aun y cuando fue solicitado por la parte que represento desde la presentación de la demanda, de haberse podido practicar hubiese recaído sobre un objeto inexistente porque como lo dice José Dolores Cantarero no conoce la demandante, no ha otorgado el testimonio público número 3849, el Instrumento Público 3849 que es objeto del presente juicio no es igual al que obra en su protocolo, en dicho testimonio público no calza su firma notarial, Si de acuerdo al artículo 19 del Código del Notariado la escritura matriz es el original redactado por el notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización, con la firma y huella de los otorgantes, testigos en los casos previstos por la ley y el notario y sello de este, ¿Cómo iba a suceder la tan reiterada pericia calígrafa, para determinar si el demandante firmó y estampo su huella en una matriz inexistente? y consideramos que al constar dichos motivos de nulidad en autos, por encima de la legalidad procesal que no puede ser antepuesta a la seguridad notarial, a fin de garantizar la seguridad jurídica y con una justicia de cara al pueblo debió el Ad-quem aplicar e interpretar la norma de derecho debidamente citada y ratificar la nulidad del instrumento público número 3849 debidamente decretada por el A-quo. La esencia del presente motivo de casación en atención a la indebida aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio se basa sustancialmente en que precisamente las normas de derecho invocadas por el Ad-quem permiten aseverar que el instrumento público número 3849 en cuanto no fue otorgado por el demandante, no fue otorgado atendiendo a sus instrucciones, no consta en dicho testimonio su consentimiento en el acto o contrato sobre el cual versa, por faltar los requisitos o formalidades que la ley exige e los instrumentos públicos es que procede ratificar la nulidad decretada por el A-quo y aquí es importante citar como bien lo hace el Ad-quem del artículo 1577 del Código Civil que el demandado de acuerdo a los actos posteriores al supuesto contrato del cual se pide su nulidad, no puede invocar buena fe, es evidente que no encontramos ante actos propios de conductas fraudulentas: ¿Qué comprador procede en menos de 15 días a vender el bien inmueble adquirido?, la máximas de la experiencias nos dice que estos actos son propios a una conducta fraudulenta que unidos al de un testimonio extendido sobre una matriz inexistente determina que era conforme a derecho la sentencia dictada por el A-qou e indebidamente revocada por el Ad-quem y que con las garantías de una justicia de cara al pueblo deviene a Vos Augusta e Ilustre Sala de lo Civil de la corte Suprema de Justicia decretar con lugar el presente Recurso de Casación.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.
2.- El recurrente en el primer motivo alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantía procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, en relación a la errónea valoración de las pruebas legales o errónea valoración de las presunciones, según los artículos 280, 477 y 478 del Código Procesal Civil que transcribe íntegramente. Señala como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1 b del mismo código. El recurrente desde la enunciación del motivo comete un yerro al exponer, transcribiendo íntegramente los artículos de que viene impugnando, en relación a errónea valoración de las pruebas legales o errónea valoración de las presunciones, no definiendo claramente cual de las dos motivos elige para impugnar y luego de transcribir los tres preceptos legales, centra su alegato únicamente alrededor de los artículos 477 y 478 del Código Procesal Civil, alegando que las afirmaciones del Tribunal de Apelaciones son esgrimidas por aplicación indebida del articulo 477 (o sea que no correspondía aplicar este artículo según el recurrente) y por no aplicación del artículo 478 del citado código (véase folio 23), sin embargo a folio 25 en su mismo libelo el censor expone que la Corte de Apelaciones comete el error por la inobservancia del artículo 477 (no haberlo aplicado) cuando antes había afirmado que el error era haberlo aplicado indebidamente y siempre en la misma página expone que se da una aplicación e interpretación indebida de los artículos 477 y 478 del Código Procesal civil, generando una falta de claridad y precisión en el planteamiento del recurso y sobre todo no exponiendo las infracciones con la suficiente separación que se exige para recurrir en casación pues lo correcto era que se expusieran las infracciones por separado, atendiendo a la exigencia del artículo 221 del Código Procesal Civil; por otra parte es necesario hacer notar que los supuestos de nulidad son los casos en que la propia ley sanciona con nulidad, y que deben ser expuestos y desarrollados partiendo de tales supuestos de conformidad con el artículo 212 del código procesal civil que no ha sido expuesto por el recurrente, consecuentemente resulta inadmisible este motivo de Casación de conformidad con el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil.
3.- En el segundo motivo de casación el recurrente viene alegando aplicación e interpretación indebida de los artículos 1552, 1573, 1574, 1575 numeral 1, 1586 numeral 2, 1589 del código civil; 2, 12 numeral 1, 14, 15 párrafo segundo y 19 del Código del Notariado, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El recurrente en opinión de esta sala infringe las reglas de interposición del recurso de casación en dos aspectos: primero al no interponer el recurso con la debida separación de motivos pues intenta bajo un mismo motivo de casación interesar la revisión de varios preceptos jurídicos que establecen supuestos distintos y que debieron exponerse por separado y en segundo lugar porque no es suficientemente claro y preciso en su exposición. En el caso del artículo 1552 del código civil que regula los elementos esenciales del contrato, el impetrante no ha sido capaz de precisar si se viola por aplicación indebida, por falta de aplicación o por una interpretación errónea, pues introduce alguna confusión al expresar luego de citar íntegramente ese artículo que debe entenderse en una clara aplicación e interpretación indebida, es decir, por una parte acepta que es aplicable pero que ha sido indebidamente interpretado, sin embargo al explicar la infracción únicamente expone que interpretación le da él a este supuesto al reflexionar que como es posible que exista consentimiento si el señor GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID encontraba fuera del país al momento de la suscripción, sin decir nada de la interpretación que el juzgador le dio a este precepto para poner de manifiesto el yerro. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, incluso se puede dar por carta desde que llega a conocimiento del destinatario, de modo que no aparece necesariamente ligado al momento exacto de la suscripción, dicho esto, es de hacer notar que no aparece explicación alguna del recurrente con respecto a un sentido del precepto que pueda romper con las posibilidades que comprende el otorgamiento del consentimiento y que dimanan de los artículos 1553 y 1554 del código civil. Con respecto a los artículos 1573 del Código Civil y 12 del notariado, al momento de la explicación el recurrente no expresa en que forma se da la infracción (aplicación indebida, interpretación errónea etc…), limitándose a reprochar que como pudo el notario autorizar una escritura sobre unas supuestas instrucciones de alguien que se encontraba fuera del país, como si las instrucciones solo pudieran darse en el momento justo de la suscripción del contrato, no justificando la imposibilidad de que las instrucciones pudieran haberse dado en otro momento. Al pretender explicar la violación del artículo 1586 del código civil numeral dos, no expone con la suficiente claridad como se da esa infracción en tanto que se limita a exponer que el contrato carece de requisitos y formalidades notariales para su otorgamiento, alegando que al momento del otorgamiento no estaba en el país, sin explicar como es posible que se presente la nulidad de un instrumento por el hecho de haber dado el consentimiento en un momento diverso a la fecha de la suscripción o por haber incluso firmado en fecha distinta a la que aparece en el instrumento. Con respecto a los artículos 15, 19 del Código del Notariado y 1589 del código civil, es de manifestar que el impetrante no expone con la debida claridad y precisión como es que se presenta la infracción pues se limita a cuestionar que como iba a suceder una pericia calígrafa para determinar si el demandante firmó y estampó su huella en una matriz inexistente, orientando el argumento a cuestiones probatorias y que no fueron acreditadas en juicio, por lo tanto, el impetrante incumple la obligación que impone el artículo 721 del Código Procesal Civil de fundamentar los motivos con la suficiente separación y claridad, resultando inadmisible conforme el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723. 2 a), 724 y 913 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos, planteado por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, en su condición de apoderada legal de GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID, en la DEMANDA POR VIA DE PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO DE NULIDAD DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, promovida en fecha dos (02) de Febrero del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, del Departamento de Colón, por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, en su condición de apoderado legal de GUMERCINDO MARQUEZ DEL CID contra el señor ALBERTO CRUZ y HECTOR SAUL BUENO FERRERA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba del departamento de Atlántida, el doce de febrero del año dos mil trece, en el expediente de apelación número 0209-2013-00031 originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 07-NCPC-12 del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- NOTIFIQUESE.
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
COORDINADORA
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA
[1] Módulo Instruccional, Recursos del Código Procesal Civil, Curso para Formación de Formadores de la Escuela Judicial, p. 148.