Sentencia CC-66-13 — Registro 5157
Resumen
En segunda instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida y con lugar la nulidad absoluta de escritura.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En cuanto a la impugnación alegando infracción de errores producidos en la sentencia al incoarse artículos del Código de Procedimientos, particularmente los artículos 183, 187, 190, 192, 200, 420 y 421. La Motivación de los mismos por la Corte Tercera de Apelaciones, no fue explícita en cuanto a las razones por la cual hace aplicación de los mismos, al encontrarse únicamente enumerados sin precisión y exhaustividad en cuanto a su aplicación en relación a la litis. Estos artículos fueron derogados mediante decreto 211-2006, pero la ley aplicada en su momento histórico fue el Código de Procedimientos (1906). La ley no es retroactiva (articulo 7 del Código Civil). Cierto es que la sentencia se estructura conforme a las normas del Código Procesal Civil. La falta de motivación para emplear dichas normas al caso concreto si son dignas a la tutela efectiva adecuada, en este caso la aclaración de sentencia (articulo 204 del Código Procesal Civil), por ende linda con el derecho a recurrencia. Los motivos genéricos no son sujeto a recurso. La aplicación de los artículos antes referidos no significa inadecuación de procedimiento, ya que se entiende como tal la aplicación de una vía PROCEDIMENTAL equivocada para la solución de una controversia. De más está estimar que la parte que viene en recurso tuvo su momento procesal oportuno de conformidad a lo establecido en el articulo 205 del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En cuanto a la impugnación por infracción de ley material se impetra la aplicación al sentenciar la demanda con aplicación indebida de los artículos 715, 718, 733, 871, 1586, 1589, 2263, 2264, 2265, 2287 y 2288, todos del Código Civil y que sustentan los tres motivos de infracción invocando las causales de: 1) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2. 2) Por adecuación del procedimiento. 3) Por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En estos tres motivos de recurrencia por aplicación indebida de los artículos del Código Civil ya anunciados. Resulta difuso que no habiendo la Honorable Corte Tercera de Apelación de Francisco Morazán motivado la aplicación de dichas normas al caso controvertido, el recurrente presente tan exhaustivo recurso sobre pronunciamientos no vertidos, por lo que la inobservancia de motivación por la Honorable Corte Juzgadora, hace hipotéticos los motivos de casación por infracción material invocados, siendo esta parte del escrito contentivo al recurso, la declaración de una opinión jurídica y no una impugnación contra criterios definidos. Dado caso, ante la carencia de argumentación, seria motivo de casación para este acápite el articulo 719 numeral 1) en cuanto a la forma de la sentencia… El escrito que contiene el recurso interpuesto e indebidamente formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad en sus cinco motivos, señalándole al Recurrente que por la falta de precisión contra pronunciamiento proferido, requisito que permanece incólume en el Recurso de Casación (siendo de fondo lo vuelve insubsanable), así como la necesidad de que la infracción alegada sea objeto de motivación adecuada, con fundamentación acorde a lo declarado en la resolución recurrida y la inexistencia de una relación entre ambas. En otras palabras, la ley ha modernizado a favor de las partes la aclaración y subsanación por omisiones o defectos que pudiesen adolecer las sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto las mismas. El presente escrito al carecer de elementos y causales ya definidas, impide que este Máximo Tribunal pueda tutelar el cumplimiento de la norma precisa contra una infracción concreta, de tal suerte que no resulta posible llegar a una decisión de fondo justa y adecuada a derecho por el indebido planteamiento del Recurso."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes febrero de de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora de la Sala, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES, representado en juicio por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO, representados en juicio por el Abogado ANGEL AUGUSTO MONTES MOLINA.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA REIVINDICATORIA O ACCION DE DOMINIO, promovida en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil nueve (2009), ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por el Abogado MAURICIO ESPINAL OSORTO, en su condición de Apoderado Judicial del señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES, contra los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha uno (01) de febrero del año dos mil trece (2013), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA REIVINDICATORIA O ACCION DE DOMINIO, promovida en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil nueve (2009), ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por el Abogado MAURICIO ESPINAL OSORTO, en su condición de Apoderado Judicial del señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES, contra los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA Y JUAN DE JESUS MERCADO, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, la cual falló de la siguiente manera: “FALLO: 1º. DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Ángel Augusto Montes Molina en su condición expresada. 2º. REVOCANDO la Sentencia Definitiva de fecha veinticinco de octubre del dos mil doce. 3º. DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio promovida por el señor Rubén Alberto Mejía Cáceres contra los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO. 4º. ABSOLVER a los demandados señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO, de toda responsabilidad civil; 5º. DECLARAR CON LUGAR la nulidad absoluta de Escritura de Remedida y del Asiento 1819 interpuesta por la vía de Reconvención por los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO, contra el señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES. 6º. ORDENAR al Juzgado de Primera Instancia LIBRAR COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN ESTA SENTENCIA. 7º. DECLARAR CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria a favor de los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO, en la parte que podría corresponderles en la partición del inmueble pro-indiviso”.
SEGUNDO: El Representante Procesal del señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES, Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MOREMO, presentó en fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha uno (01) de febrero del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
TERCERO: Mediante auto de fecha veinte (20) de marzo del dos mil trece (2013), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tuvo por hecho en tiempo y forma la formalización del Recurso de Casación por infracción de Ley por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, en su condición ya indicada y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que dentro del término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El Representante Procesal de los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA Y JUAN DE JESUS MERCADO, Abogado ANGEL AUGUSTO MONTES MOLINA, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil trece (2013), presentó escrito de Pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tener por pronunciado sobre la interposición del recurso de casación al Abogado ANGEL AUGUSTO MONTES MOLINA, dentro del término legal concedido, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados ANGEL AUGUSTO MONTES MOLINA y CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas dos (02) y tres (03) de mayo del dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de la siguiente manera: “V) MOTIVOS DE CASACION. Ahora en el Código Procesal Civil, en lo sucesivo sólo CPC, las causales del recurso son genéricas y están previstas en el Articulo 719, por ello ambos numerales “1 y 2” de este Articulo, comienza la redacción con la frase “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas…”. En esta impugnación primero se desarrollan las infracciones procesales y después las de fondo. V.I) POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO: Infracción del Articulo 200.1.2 literal b), o sea, en las partes que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas… 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: …b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y condición posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesadas, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Articulo 207 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Este tipo de infracción se dio por errores producidos en la sentencia misma. ACLARACIONES NECESARIAS: El presente juicio se inició durante la vigencia del Código de Procedimientos y conforme a sus disposiciones fue fallado en primera instancia, pero a partir de la sentencia se debe aplicar el CPC, por mandato de su Artículo 913, pero como puede observarse la Honorable Corte Tercera de Apelaciones recurrida aplicó las disposiciones del viejo Código de Procedimientos. Además, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y están relacionados e inciden en éste. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, se suscitan en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración; en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Como fácilmente se puede apreciar como en la sentencia recurrida, se invocaron y aplicaron los Artículos “183, 187, 190, 192, 200, 420 y 421 del Código de Procedimientos Civiles”, ella no tiene “los hechos probados”, exigencia que integra la motivación de hecho, o sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos; esa declaración es necesaria para conjurar las resabidas prácticas que causaban y causan indefensión a las partes y, adicionalmente, dificultan extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia. Tal omisión patentiza sin lugar a dudas que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, y tampoco cumple con la exigencia del Articulo 207.1, pues la expresión de los razonamientos fácticos, precisamente se encuentran en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con semejante omisión, que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. El Articulo 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas y, conforme al enunciado de su numeral 2, “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y así al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo, al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado; y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Articulo 207 de ese mismo Cuerpo Legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos del Articulo 48 de la Ley de Propiedad, a fin de sostener que el inmueble remedido no fue confirmada mediante resolución judicial, pues la remedida que resultó de la evacuación del auto para mejor proveer, confirmó que era necesario una medida y más bien la efectuada a instancia de mi representado resultaba en una menor cabida que no perjudica a los demandados y, tampoco, existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre la diferencia del área o linderos, que demuestren fehacientemente que ésta no se encuentra comprendida dentro del rango de tolerancia que determine el Reglamento de mensura Catastral que se emita para ser aceptado. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia porque no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Articulo 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación. Esas reglas de la lógica y de la razón han sido desconocidas por el Tribunal de alzada recurrido, especialmente en la prueba testifical que en el numeral “Noveno” –respecto a la demanda ordinaria de nulidad de un Acto unilateral de remedida y del instrumento que lo contiene y de su inscripción en el Registro de la propiedad, promovida por vía de reconvención- según dicha Corte de Apelaciones: “…Se constata la posesión de buena fe de la parte demandada reconvincente, por más de cuarenta años en el terreno pro-indiviso remedido objeto de este negocio jurídico, con la prueba testifical conformada por los señores Maximino Lira, Sergio Colindres, Rolando Vallecillo Colindres, Rigoberto Chacón, Hermenegildo Ramírez y Mercedes Ramos…”, pero si LUPARIO MEJÍA era el abuelo tanto de los demandados como del demandante, la posesión no sólo es en interés de un comunero sino que aprovecha a los demás. Así como no existen hechos probados, tampoco existen razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a una razonable apreciación de la prueba practicada conforme al auto para mejor proveer (folio 305 al 326), de la primera pieza tomo II), especialmente la racionalidad de su motivación fáctica, pues se trata de una mensura elaborada por un Ingeniero Agrónomo donde no tomó en cuenta que el polígono de las áreas por el norte no lindan directamente con el Río Grande o Choluteca, sino que de por medio existe la carretera que conduce a Alauca, y tampoco por el lindero o colindancia con la propiedad de Soledad Osejo de Lorenzana, no tomo en cuenta que hay una calle o callejón de por medio, lo omitió, lo cual fácilmente se aprecia al contrastar los planos elaborados por el Ing. Civil Luís Armando Velásquez, como se aprecia en la escritura de remedida que aparece en la primera pieza acompañando la demanda, con el elaborado por el Ingeniero Agrónomo José René Chacón Cálix (folio 324 primera pieza), el cual no vio ni tomó en cuenta las áreas de la carretera ni de la calle o callejón referidos, pues en su plano no existen, el terreno aparece con mayor cabida porque incluye el área de la carretera y de la calle o callejón, evidenciando su falta de racionalidad y de carácter lógico, lo cual es determinante de un sentido diferente del fallo, porque en él se atribuye una mayor cabida, ello ha permitido incluso, conforme a los numerales “Décimo Tercero y Décimo Cuarto”, que mi representado y los demandados procedan a remedir su propiedad e inscribirla en el Registro de la propiedad según mensura realizada por el perito y que los interesados efectúen tradición a su favor de bienes sucesorales del causante señor Lupario Mejía y seguir los trámites de partición de la herencia, también no fue considerado por la Corte recurrida que a la fecha en que está emitiendo el fallo el Código Procesal Civil, respecto a planos de ubicación y perimétricos, según su Articulo 625.2, deben estar suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado debidamente autorizados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien, y que ya en vigencia este último Código mencionado, no se puede anular una escritura pública aún de remedida autorizada por un Ingeniero Civil contradicha por otra mensura realizada por un Ingeniero Agrónomo, y peor en el caso de que se ordenó un auto para mejor proveer donde las partes no tienen amplitud para contradecir la prueba mandada a practicar de oficio y de cuyo contenido hubo discordia entre la mensura practicada por el Ingeniero Civil y la otra practicada por el Ingeniero Agrónomo nombrado para mejor proveer, no dándose la oportunidad a las partes para el nombramiento de un tercer perito, como lo ordenaba el Articulo 366 del Código de Procedimientos y como la fuerza probatoria del juicio o dictamen de los peritos, se hacía en conformidad a las reglas de la sana crítica, sin duda que se necesitaba una motivación donde se plasmaran los criterios por los cuales una mensura de un Ingeniero Agrónomo se prefiere a la de un Ingeniero Civil, y tomando en cuenta que en los planos del primero de estos profesionales no aparece, no existe el polígono correspondiente a la parte de construcción y rehabilitación carretera Arauca-Oropolí no obstante que se acompaño testimonio de la escritura pública Nº 22 autorizada por la Notaria, Abogada Digna Ávila de Díaz, y copia del plano respectivo, y precisamente esa falta de motivación y racionalidad sobre los respectos antes apuntados, justifica el planteamiento de este motivo. Obsérvese que el ingeniero agrónomo se limita a presentar planos, sin explicar que documentos tuvo a la vista, las circunstancias de su recorrido en su caso, incluyendo los pasajes. Es decir la motivación debe contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos que, con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.1 c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “…c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación parcial o aplicación omisa parcial del Articulo 913, en relación con el 403 en la parte que dice: “CARÁCTER IMPERATIVO DE LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADECUADO. 1. Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez…”, ambos del Código Procesal Civil, que es otra de las normas procesales que debió emplear en forma completa para la solución de fondo del litigio. El caso de autos es otro de los tantos del derecho transitorio en materia procesal civil nuestro, y como el Código Procesal Civil entrara nuevamente en vigencia el (1º) primero de noviembre de dos mil diez (2010), entonces los casos pendientes o que se estuvieren tramitando en primera instancia al entrar por segunda vez en vigencia, se continúan tramitando por la normativa del viejo Código de Procedimientos de 1906, pero a partir de la fecha de la sentencia se debe aplicar al caso de mérito el nuevo Código. De esa manera, en este caso la sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí en fecha 25 de octubre de 2012, por lo que de ahí en adelante se aplicó el Código Procesal Civil, por ello, al momento de dictar su sentencia la Corte Tercera de Apelaciones, debió citar Artículos del Código Procesal Civil, pero aunque no los citó en verdad si encontramos la aplicación de varios de ellos al estructurar la sentencia, aunque como se expresó no aplicó los ya citados en el motivo por infracción de normas procesales. Aunque parezca paradójico, después de la sentencia de primera instancia, se observan los trámites del recurso de apelación que normalmente están previstos para que se realicen en el juzgado de primera instancia, pero si el contenido del Articulo 913 del CPC es que a partir de la sentencia o resolución que le ponga fin al juicio, se aplicará este Código, entonces ante una pretensión de prescripción adquisitiva que no fue promovida por vía de demanda ordinaria ni por vía de reconvención, no puede la Corte actuante declararla cuando la ley procesal en materia civil tiene prescrito como proceso adecuado el proceso declarativo abreviado para declarar esa clase de prescripción. Entonces, legal y procesalmente hablando, la Corte recurrida no puede declarar la prescripción adquisitiva porque dicho Código está en plena vigencia y ha reservado que ese tipo de pretensión se encuentra dentro del ámbito del proceso abreviado, o sea, el procedimiento adecuado como vía procesal lo establece en los Artículos 400.1 letra g) en relación con el 623, 624, y 625 y 626 del mismo CPC; conforme a la observancia de esta especialidad del proceso abreviado las partes en contienda tienen, en igualdad de armas procesales, derecho a que el proceso se desarrolle en cumplimiento de los principios derechos de defensa y del debido proceso, y con clara oportunidad de haber podido contradecir lo sostenido por la contraparte, lo cual no ocurre cuando por vía excepción se plantea una prescripción adquisitiva, que en realidad es un error del Abogado de los demandados haberla planteado así, pues es la prescripción extintiva la que se plantea por excepción perentoria, sin embargo como ya se explicará en los siguientes motivos en este caso concreto no cabía alegar ninguna de las clases de prescripciones porque se trata de un terreno pro-indiviso y entre si los comuneros no puede alegarse prescripción contra sí mismos. Respecto a lo dicho anteriormente cabe citar el autorizado criterio del ilustre extinto jurista nacional, Abogado don Reinaldo Cruz López, en su libro LOS BIENES, Apuntes de Derecho Civil, Tegucigalpa, M.D.C, 3ª edición, 1989, pag.89 dice en cuanto a la “Alegación de la prescripción”. Algunos sostienen que la prescripción adquisitiva puede ser alegada por vía de acción y por vía de excepción; otros dicen que sólo puede ser por vía de excepción, y otra opinión es que la prescripción adquisitiva debe ser alegada por vía de acción y no de excepción. Creemos más aceptable esta última. Cuando el prescribiente demanda, los derechos que le concede la prescripción adquisitiva deben ser ejercidos por las acciones que competan. Y en tales casos, podría invocar la prescripción adquisitiva, como causa de pedir; por ejemplo, cuando pide la restitución de la cosa de que no está en posesión mediante la acción reivindicatoria. Cuando el prescribiente es el demandado, debe oponer la prescripción en una reconvención y ha de hacerlo por vía de acción. En consecuencia, cualquiera que sea la posición procesal del prescribiente nunca puede entablar la prescripción adquisitiva como excepción perentoria. Esto sólo podría hacerlo cuando se trata de alegar la prescripción extintiva.”. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.1.a) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “…a) La… y adecuación de procedimiento. V.I.1.-DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Como los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia. V.I.2.- SE TRATÓ DE SUBSANAR En cuanto al requisito de intento de subsanación, tampoco lo encontramos por haberse dado la infracción de las normas procesales al emitir el fallo. V.II) MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación, por ser indebida, de los Artículos 2263, 2264, 2265, 2266, 2287 y 2288, todos del Código Civil, en relación con el párrafo segundo del 2231 también del mismo Código, que son normas de derecho (materiales o sustantivas) empleadas para la solución de fondo del litigio. Se hace la aclaración necesaria, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y también están relacionados e inciden en éste. La Honorable Corte Tercera de Apelaciones ha declarado vía excepción perentoria una prescripción adquisitiva, cuando esta pretensión sólo puede ser declarada cuando se consigna vía acción en una demanda o bien cuando se consigna vía reconvención en una contra-demanda, y en el caso de autos no sucedió así, pues los demandados la prescripción la plantearon como excepción, cuya consecuencia natural es la de extinguir la pretensión y acción y, por ende, declarar sin lugar la demanda. Además, a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia, cuando una Corte de Apelaciones como la recurrida ha llevado a cabo el trámite que le corresponde y conocido un recurso de apelación, en aplicación del Articulo 913 del Código Procesal Civil, legal y procesalmente hablando, no puede declarar la prescripción adquisitiva porque dicho Código ha reservado que ese tipo de pretensión se encuentra dentro del ámbito del proceso abreviado, o sea, el procedimiento adecuado como vía procesal lo establece en los Artículos 400.1 letra g) en relación con el 623, 624, 625 y 626 del mismo CPC, normativa ésta cuya inaplicación se desarrolla en motivo separado; pero lo grave es que en el presente caso, los demandados a través de su Abogado en su expresión de agravios han afirmado que de ellos sólo OSCAR RODRÍGUEZ MEJÍA y FIDELINA MEJÍA HERRERA, son los que están en posesión de los terrenos y que se han declarado herederos, en cambio REINA SULEMA LÓPEZ MEJÍA, NERY EDGARDO CERRATO, SAÚL ANIBAL LÓPEZ MEJÍA Y JUAN DE JESÚS MERCADO, no han estado en posesión, resultando así contradictorio que en la sentencia recurrida se declare la prescripción a favor de todos, a éstos últimos porque el mismo Abogado que los representa reconoce que no han estado en posesión, por lo tanto, tendría derecho a prescribir así como ocurrió con MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, que la Corte recurrida lo excluyó por lo afirmado en la contestación a la demanda, de que su permanencia en el inmueble se debe a que es compañero de hogar de la señora Sulema López Mejía, pues lo mismo tenía que hacer el tribunal recurrido con aquellos con base en lo manifestado por su mandatario, y con respecto a Oscar Rodríguez Mejía y Fidelina Mejía Herrera, porque con el demandante resulta que son nietos de LUPARIO MEJÍA y, por ende, comuneros. Aquellos Artículos 2263, 2264, 2265, 2266, 2287 y 2288, en relación con el 2231 segundo párrafo, todos del Código Civil que se refieren en el mismo orden a: La prescripción para adquirir el dominio y demás derechos reales y prescribir los derechos y las acciones, que las personas capaces pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción, en perjuicio de quienes se extinguen los derechos y las acciones, a la prescripción extraordinaria, a las reglas a observar para el computo del tiempo necesario para prescribir, y al efecto de la prescripción ganada por un copropietario o comunero que aprovecha a los demás. En la parte dispositiva del fallo se citan o invocan estos artículos, pero sin duda fueron aplicados indebidamente porque ellos no son aplicables al caso concreto, no sirven para solucionarlo, a pesar de que la prescripción fue alegada por la parte demandada, pero el supuesto fáctico no está relacionado en los antecedentes estructurados en la sentencia, además, porque en la realidad no se dio dicho supuesto y, por ende, no se le puede aplicar la consecuencia de que la prescripción ganada por un copropietario o comunero, aprovecha a los demás, pues esta norma tiene como presupuesto una posesión contra un tercero que obviamente no tiene la calidad de copropietario o comunero, pero en el caso de autos el conflicto es entre sujetos que si tienen esta calidad, o sea, son copropietarios o comuneros. Es importante denotar que la remedida no ha sido cuestionada por otros colindantes, que si tienen la calidad de terceros, respecto a las partes intervinientes en este causa, como la Abogada Soledad Osejo de Lorenzana, los Nolasco Mendoza, Porfirio y Rolando Vallecillo o Geonavy Fonseca, de donde lo manifestado en el motivo anterior, respecto a que la Corte Tercera de Apelaciones expresó que “…Se constata la posesión de buena fe de la parte demandada reconvincente, por más de cuarenta años en el terreno pro-indiviso remedido objeto de este negocio jurídico, con la prueba testifical conformada por los señores Maximino Lira, Sergio Colindres, Rolando Vallecillo Colindres, Rigoberto Chacón, Hermenegildo Ramírez y Mercedes Ramos…” y que más adelante en el numeral “Décimo Segundo” argumentó: “…Demostrada la posesión de buena fe por más de cuarenta años de la parte demandada, opera la prescripción extraordinaria peticionada en el área que por la división le cupiere a cada uno de los poseedores, sobre los terrenos que pertenecen a los herederos del señor LUPARIO MEJÍA, conforme a las inspecciones realizadas en el Registro de la Propiedad de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, área de 140.68 Hectáreas, equivalente a 201.78 Manzanas, reflejada en forma precisa en el Plano elaborado por el Perito nombrado, configurándose la Excepción Perentoria de Prescripción Extraordinaria…” la conclusión contraría no sólo el texto del segundo párrafo del Articulo 2231 del Código Civil que dice: “…La acción de los comuneros, respecto a lo que por este artículo y los anteriores se les concede, no prescribe mientras exista la comunidad.” (este subrayado es nuestro), sino especialmente el Articulo 2266 del Código Civil, que fue invocado, pero en verdad no aplicado, porque expresa: “La prescripción ganada por un copropietario o comunero aprovecha a los demás”, y si en este caso particular tanto los demandados como el demandante son copropietarios o comuneros en los terrenos que dejó su abuelo LUPARIO MEJÍA, entonces, aprovecha a unos como al otro, y consecuentemente, entre ellos no pueden prescribir contra ellos mismos. Respecto a lo dicho anteriormente cabe citar el autorizado criterio del ilustre extinto jurista nacional, Abogado don Reinaldo Cruz López, en su libro LOS BIENES, Apuntes de Derecho Civil, Tegucigalpa, M.D.C. 3ª edición, 1989, p. 87. “…Cosas que no se pueden adquirir por prescripción…6) La cuota de un comunero no puede ser adquirida por prescripción por otro comunero aunque éste haya poseído la cosa común como único dueño, porque según el Articulo 2266 “La prescripción ganada por un propietario comunero aprovecha a los demás”, es decir, que la posesión del comunero no es personal de éste, sino que posee por sí y a nombre de los demás comuneros…”. También me remito a lo expresado por el mismo jurista antes citado, en la página 89 sobre la oportunidad para la “Alegación de la prescripción, que ya transcribimos en el segundo motivo por infracción procesal. De lo expuesto, resulta que al no entenderlo así la Corte recurrida ha aplicado indebidamente los referidos Artículos porque la prescripción adquisitiva no se puede alegar entre comuneros y, en los casos que cabe los demandados debieron alegarla vía reconvención o vía acción en juicio ordinario durante la vigencia del Código de Procedimientos de 1906, entonces en el caso de autos, en realidad la alegaron como excepción para extinguir la acción del demandante, sin embargo, si todos son nietos del mismo LUPARIO MEJÍA, no cabe la extinción por prescripción entre comuneros, por lo que tal excepción debió declararse sin lugar. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. SEGUNDO MOTIVO: También se impugna la aplicación indebida de los Artículos 715, 718, 733 y 871 del Código Civil, que son otras de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Se hace la aclaración necesaria, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y están relacionados e inciden en éste. Los Artículos 715, 718, 733 y 871 del Código Civil, básicamente se refieren, en el mismo orden citados, a: Que la sentencia ejecutoriada donde se reconoce como adquirido por prescripción el dominio servirá de título después de su registro en la oficina respectiva, que se puede poseer una cosa por varios títulos, que el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión; salvo el caso de prescripción extraordinaria, y que se puede reivindicar una cuota determinada pro-indiviso de una cosa singular. Y, en este caso particular su aplicación lo ha sido indebidamente porque dichos preceptos no son aplicables al caso concreto, por cuanto el supuesto fáctico no está relacionado en los antecedentes estructurados en la sentencia, además, porque en la realidad no se dio dicho supuesto y, por ende, no se le puede aplicar la consecuencia de prescripción adquisitiva entre los comuneros que derivan sus derechos hereditarios de su abuelo LUPARIO MEJÍA. Si los demandados tanto en la contestación a la demanda, como a través de su apoderado al expresar los agravios en la apelación que interpusieron contra la sentencia de primera instancia, han expresado que son nietos de LUPARIO MEJÍA, el mismo padre del padre de mi representado, y primero en aquella afirmaron que nunca habían realizado el trámite de declaratoria de herederos, refiriéndose a los bienes dejados por su padre y, después, en la expresión de agravios, también reconocieron esto pero que la situación había cambiado porque Fidelina Mejía Herrera y Oscar Rodríguez Mejía, ya se había declarado herederos del señor Lupario Mejía, entonces teniendo un título de herederos es un contradictorio declarar en la sentencia la prescripción adquisitiva de dominio, porque este es un título constitutivo que presupone que no existe un título de dominio preexistente de donde se derive el derecho de los que prescriben, lo cual no ocurre con esos demandados respecto a los terrenos del Sitio San Pedro, con relación al cual todavía está pendiente determinar quiénes son los causahabientes o comuneros en el mismo, porque el terreno primero era del bisabuelo Jesús Mejía y después del abuelo Lupario Mejía tanto de los demandados como del demandante, y lógicamente, por ello dice la Corte recurrida en el “Décimo Cuarto” “que tienen acceso los interesados a efectuar la tradición a su favor de bienes sucesorales del causante señor Lupario Mejía y a seguir los trámites de partición de la herencia para hacer valer el derecho que pueda corresponderles”. Pero a la Corte recurrida teniendo certeza y claridad en que todos esos derechos se derivan de la mortual de Lupario Mejía, jurídicamente le estaba vedado emitir una sentencia declarando la prescripción adquisitiva con posibilidad de adquirir la calidad de ejecutoriada, donde se reconoce como adquirido por prescripción el dominio a favor de comuneros contra quien, como el demandante tiene la calidad de nieto de Lupario Mejía y bisnieto de Jesús Mejía, después de su registro en la oficina regional del Instituto de la Propiedad, que es la oficina respectiva a que se refiere el Articulo 715 del Código Civil, sea título constitutivo de un dominio ya adquirido por herencia. Y si bien es cierto que el Articulo 718 permite que se pueda adquirir una cosa por varios títulos, por lógica jurídica, un título preexistente excluye a los constitutivos u originarios; así las cosas, no cabe el supuesto fáctico del Articulo 733 porque tanto el demandante como los demandados han basado sus respectivos derechos en títulos traslaticios de dominio, o sea, su posesión legal sobre los terrenos en la forma en que han argumentado es a título de dueños, no han sostenido que tenían los terrenos en nombre y por cuenta de otro, y que por una enajenación a otro, de una fecha determinada se tornó en posesión; y, por último, en este caso concreto no existe pretensión alguna de los demandados ni del demandante que, en base Al Articulo 871 del Código Civil, el fundamento fáctico sea el que han estado en posesión de una cuota determinada pro-indiviso de una cosa singular, como que ésta sea el Sitio San Pedro y los demandados hayan delimitado en su reconvención un fracción de este Sitio como la cuota determinada pro-indiviso, o que la fracción del terreno que es objeto de la pretensión reivindicatoria sea una cuota determinada pro-indiviso, cuando el demandante ha expresado que su terreno fue separado del expresado Sitio San Pedro. Entonces, la Corte recurrida empleó en la solución de fondo del presente litigio los expresados Artículos, citados en el enunciado de este motivo, relativos a la posesión como elemento de la prescripción adquisitiva, sin ser aplicables porque no sirven para resolver en el fondo el caso sub judice, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. TERCER MOTIVO: Se impugna la aplicación también indebida de los Artículos 48 de la Ley de Propiedad, 1586 y 1589 del Código Civil, en relación con el Artículo 2294 del Código Civil, que son otras de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En la estructura de la sentencia, en la parte fundamentación jurídica es que se mencionan los artículos antes citados, pero dada la innovación en la estructura de la sentencia se entiende que trascienden a la parte dispositiva del fallo, pero sin duda fueron aplicados indebidamente en el fallo recurrido; y digo indebidamente porque dichos preceptos no son aplicables al caso concreto, por cuanto el supuesto fáctico no está relacionado en los antecedentes estructurados en la sentencia, además, porque en la realidad no se dio dicho supuesto y, por ende, no se le puede aplicar la consecuencia de nulidad. Como se puede apreciar en la sentencia recurrida no se cita expresamente el Articulo 2294 del Código Civil, pero si lo aplica la Corte recurrida, porque antes de la parte dispositiva en los numerales “Décimo Tercero” expresa: “Queda expedito el camino para que el señor RUBEN ALBERTO MEJÍA CÁCERES proceda a remedir su propiedad e inscribirla en el Registro de la Propiedad según mensura realizada por el perito”, y en el “Décimo Cuarto: “Tienen acceso los interesados a efectuar la tradición a su favor de los bienes sucesorales del causante señor Lupario Mejía y a seguir los trámites de partición de la herencia para hacer valer el derecho que pueda corresponderles”; o sea, y empleando las voces del Articulo 2294 citado “No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas”, esto quiere decir que mientras no sea ventilada en juicio la pretensión de deslinde y amojonamiento que le corresponde a cualquiera de los colindantes, esto es, tanto al demandante como a los demandados, no es oportuno anular la escritura pública de remedida por la Corte Tercera de Apelaciones antes de llevarse a cabo el juicio de deslinde y amojonamiento, que era un acto judicial no contencioso y se regulaba del Articulo 1072 al 1081 del Código de Procedimientos, pero ahora es conforme a una especialidad del proceso declarativo abreviado que se ventila y juzga, pero este nuevo juicio como aquel acto no contencioso permiten que los colindantes junto con el juez y los peritos puedan llevar a cabo las operaciones y determinar concretamente dónde existe oposición o desacuerdo para dilucidarla, y como tal decisión sólo producirá efectos de cosa juzgada formal, o sea, es sin perjuicio de la promoción de un ulterior proceso declarativo ordinario donde con amplitud tendrán las partes oportunidad de plantear sus pretensiones, contradecir, defenderse y un verdadero debido proceso con las técnicas modernas de los nuevos procesos que son más garantistas para las partes. Lo expresado permite concluir que el Articulo 48 de la Ley de Propiedad, una vez inscrita una remedida, como se trata de materia registral la nulidad se rige principalmente por el contenido del Articulo 51 de esa misma Ley, el cual no sanciona con la nulidad la omisión o inexactitud de alguna o algunas de las circunstancias exigidas para las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones, porque en principio las tiene como que no perjudican la validez de ellas y al final es que manda: “Para que se declare la nulidad, es necesario que por causa de la expresa omisión o inexactitud resulte una inseguridad absoluta sobre las personas de los contratantes, su capacidad civil, el derecho adquirido o el inmueble que constituye su objeto.”, y lógicamente, con relación a una remedida para establecer si por omisiones o inexactitudes que tenga, es necesario efectuar el deslinde y amojonamiento, que es una pretensión que por sus características ameritó una regulación como especialidad en el CPC, para verificar si las partes están de acuerdo en cada uno de los puntos de la remedida y contrastada, en lo posible por el perito privado de la otra parte y, en su caso el oficial, para establecer si resulta una inseguridad absoluta sobre los intervinientes en la remedida, su capacidad civil, el derecho dominio sobre el derecho adquirido o el inmueble remedido que constituye su objeto, entonces faltando esto, no podemos colegir que se da alguno de los supuestos previstos en el Articulo 1586 del Código Civil y tampoco se trata de una nulidad absoluta como las reguladas en el Articulo 1589 de este último Código, pues los colindantes perfectamente pueden incluso confirmar o ratificar una remedida con alguna omisión o inexactitud, pues se trata de un asunto de derecho privado donde las partes tienen amplitud para arreglar el conflicto mediante una auto-composición. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. VI CELEBRACIÓN DE LA VISTA El suscrito estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada”.
II. FUNDAMENTACION JURÍDICA
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
1.- De los antecedentes de hecho, de manera sucinta el recurrente anuncia como primer motivo de casación: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA: PRIMER MOTIVO: Infracción del Articulo 200.1.2 literal b), que rezan: “1. Las sentencias serán siempre motivadas… 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: …b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y condición posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Articulo 207 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugna la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Considera que este tipo de infracción se dio por errores producidos en la sentencia misma.
1.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Manifiesta el casacionista que este primer motivo se halla comprendido en el Articulo 719.1 c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “…c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo…”.
SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación parcial o aplicación omisa parcial del Articulo 913, en relación con el 403 en la parte que dice: “CARÁCTER IMPERATIVO DE LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADECUADO. Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez…”, ambos del Código Procesal Civil, que es otra de las normas procesales que debió emplear en forma completa para la solución de fondo del litigio. A lo largo del escrito se van desarrollando los argumentos del presente motivo.
2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se enmarca en el Articulo 719.1.a) del Código Procesal Civil, por adecuación de procedimiento.
MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL:
- PRIMER MOTIVO: Impugna la indebida aplicación de los Artículos 2263, 2264, 2265, 2266, 2287 y 2288, todos del Código Civil, en relación con el párrafo segundo del 2231 también del mismo Código, que son normas de derecho (materiales o sustantivas) empleadas para la solución de fondo del litigio. El Casacionista establece que a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia, la Corte de Apelaciones recurrida ha llevado a cabo el trámite y conocido un recurso de apelación, en aplicación del Articulo 913 del Código Procesal Civil. Por otro lado impetra que legal y procesalmente no se puede declarar la prescripción adquisitiva por excepción, ya que dicho Código ha reservado este tipo de pretensión dentro del ámbito del proceso abreviado, o sea, el procedimiento adecuado como vía procesal lo establece en los Artículos 400.1 letra g) en relación con el 623, 624, 625 y 626 del mismo Código Procesal Civil.
3.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo lo enmarca en el Articulo 719.2 por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
- SEGUNDO MOTIVO: También impugna la aplicación indebida de los Artículos 715, 718, 733 y 871 del Código Civil, como normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En la estructura de la sentencia, en la parte fundamentación jurídica es que se mencionan los artículos antes citados, pero dada la innovación en la estructura de la sentencia se entiende que trascienden indebidamente a la parte dispositiva del fallo. Establece que la Corte recurrida al emplear la solución de fondo en el presente litigio los expresados artículos relativos a la posesión como elemento de la prescripción adquisitiva, sin ser aplicables porque no sirven para resolver en el fondo el caso sub judice, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a su representado.
4.1 Invoca como causal casacional el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil por considerar aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio
TERCER MOTIVO: Se impugna la aplicación también indebida de los Artículos 48 de la Ley de Propiedad, 1586 y 1589 del Código Civil, en relación con el Artículo 2294 del Código Civil, que son otras de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Cabe destacar que tanto el articulo 48 de la Ley de Propiedad como el 2294 en relación, no fueron fundamentos jurídicos expresados en la parte dispositiva de la sentencia recurrida.
5.1 PRECEPTO AUTORIZANTE: Motivo comprendido como causal en el Articulo 719.2 por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
5.2 La sentencia de fecha uno (01) de febrero del año dos mil trece (2013) una vez examinada en su parte resolutiva, denota que en la fundamentación jurídica contiene una serie de artículos de orden Constitucional, de Leyes Sustantivas y Adjetivas que hoy se ven impetradas. Entre las normas constitucionales encontramos que son atributivas para la competencia, la cual no se encuentra recurrida, razón por la que no se hace pronunciamiento alguno. Sin embargo, en lo que respecta a las normas de orden sustantivo y adjetivo merecen especial mención.
5.3 En cuanto a la impugnación alegando infracción de errores producidos en la sentencia al incoarse artículos del Código de Procedimientos, particularmente los artículos 183, 187, 190, 192, 200, 420 y 421. La Motivación de los mismos por la Corte Tercera de Apelaciones, no fue explícita en cuanto a las razones por la cual hace aplicación de los mismos, al encontrarse únicamente enumerados sin precisión y exhaustividad en cuanto a su aplicación en relación a la litis. Estos artículos fueron derogados mediante decreto 211-2006, pero la ley aplicada en su momento histórico fue el Código de Procedimientos (1906). La ley no es retroactiva (articulo 7 del Código Civil). Cierto es que la sentencia se estructura conforme a las normas del Código Procesal Civil. La falta de motivación para emplear dichas normas al caso concreto si son dignas a la tutela efectiva adecuada, en este caso la aclaración de sentencia (articulo 204 del Código Procesal Civil), por ende linda con el derecho a recurrencia. Los motivos genéricos no son sujeto a recurso. La aplicación de los artículos antes referidos no significa inadecuación de procedimiento, ya que se entiende como tal la aplicación de una vía PROCEDIMENTAL equivocada para la solución de una controversia. De más está estimar que la parte que viene en recurso tuvo su momento procesal oportuno de conformidad a lo establecido en el articulo 205 del Código Procesal Civil.
5.4 En cuanto a la impugnación por infracción de ley material se impetra la aplicación al sentenciar la demanda con aplicación indebida de los artículos 715, 718, 733, 871, 1586, 1589, 2263, 2264, 2265, 2287 y 2288, todos del Código Civil y que sustentan los tres motivos de infracción invocando las causales de: 1) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2. 2) Por adecuación del procedimiento. 3) Por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En estos tres motivos de recurrencia por aplicación indebida de los artículos del Código Civil ya anunciados. Resulta difuso que no habiendo la Honorable Corte Tercera de Apelación de Francisco Morazán motivado la aplicación de dichas normas al caso controvertido, el recurrente presente tan exhaustivo recurso sobre pronunciamientos no vertidos, por lo que la inobservancia de motivación por la Honorable Corte Juzgadora, hace hipotéticos los motivos de casación por infracción material invocados, siendo esta parte del escrito contentivo al recurso, la declaración de una opinión jurídica y no una impugnación contra criterios definidos. Dado caso, ante la carencia de argumentación, seria motivo de casación para este acápite el articulo 719 numeral 1) en cuanto a la forma de la sentencia.
5.5 El escrito que contiene el recurso interpuesto e indebidamente formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad en sus cinco motivos, señalándole al Recurrente que por la falta de precisión contra pronunciamiento proferido, requisito que permanece incólume en el Recurso de Casación (siendo de fondo lo vuelve insubsanable), así como la necesidad de que la infracción alegada sea objeto de motivación adecuada, con fundamentación acorde a lo declarado en la resolución recurrida y la inexistencia de una relación entre ambas. En otras palabras, la ley ha modernizado a favor de las partes la aclaración y subsanación por omisiones o defectos que pudiesen adolecer las sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto las mismas. El presente escrito al carecer de elementos y causales ya definidas, impide que este Máximo Tribunal pueda tutelar el cumplimiento de la norma precisa contra una infracción concreta, de tal suerte que no resulta posible llegar a una decisión de fondo justa y adecuada a derecho por el indebido planteamiento del Recurso.
III. PARTE DISPOSITIVA.
Esta Sala de lo Civil, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en todos sus Motivos, mismo que ha sido promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha uno (01) de febrero del año dos mil trece (2013), por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, en su condición Representante Procesal del señor RUBEN ALBERTO MEJIA CACERES, en el proceso promovido contra los señores OSCAR RODRIGUEZ MEJIA, MARCO TULIO FERRUFINO VALLECILLO, REINA SULEMA LOPEZ MEJIA, NERY EDGARDO CERRATO, FIDELINA MEJIA HERRERA, SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA y JUAN DE JESUS MERCADO, representados en juicio por el Abogado ANGEL AUGUSTO MONTES MOLINA. 2. DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (01) de febrero del año dos mil trece (2013) e identificada en esta Sala bajo el Expediente S.C. 66-2013 y en el de apelación registrado bajo el Número 01-2013, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra en el Expediente Número 0703-2009-00388 del Juzgado de Letras Segundo Seccional de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso. 3.- CONDENA A COSTAS AL RECURRENTE. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, para los efectos legales consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE.
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada Coordinadora
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.
Magistrado
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.
Magistrada