Sentencia CC-65-13 — Registro 6697
Resumen
En segunda instancia se falló primero: sin lugar el recurso de apelación.- segundo: reforma la sentencia recurrida, en el segundo pronunciamiento únicamente en cuanto declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, y en consecuencia declara con lugar la referida excepción perentoria de prescripción. tercera: dejando vigente los demás pronunciamientos.- Sin costas, por estimar que la parte vencida en juicio tuvo motivos para litigar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
La impetrante en su “Segundo Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción directa por falta de interpretación al caso concreto de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución del fondo del litigio, considera infringidos el Artículo 1692, Romano II, y señala como precepto autorizante el Artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo sostiene que se probó en juicio extremos que hubiesen arribado a la conclusión de declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción, pero que al constituir un hecho probado olvida que la falta de aplicación que alega la recurrente al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de Casación fundamentado en el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al Juzgador tal infracción pero sin alegar como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone el norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el Juzgador de Alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible, al amparo en lo dispuesto en los Artículos 82 de la Constitución de la República; 1 numeral 1), 7 numeral 1), 719 numeral 2), 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
La impetrante en su “Tercer Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, porque considera infringidos los artículos: 13, 245 numeral 1, y 335 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el artículo 719, numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; olvidando la Impetrante que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán al dictar la sentencia recurrida en Casación la dictó de conformidad con el Código de Procedimientos Comunes de 1906 contra la cual interpuso el Recurso de Casación que nos ocupa; y que por lo tanto, de conformidad con el Artículo 914 del Código Procesal Civil, fue a partir de la referida Sentencia Definitiva dictada en Segunda Instancia el día quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), en que se empezó a aplicar el Código Procesal Civil vigente; por lo tanto, a la Sentencia de Apelación recurrida en casación no se le puede imputar falta de aplicación de normas procesales del Código Procesal Civil que no estaban vigentes en la tramitación de la Segunda Instancia en que se dictó la referida Sentencia recurrida, por lo que el cargo es inadmisible.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 914 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
La recurrente en su “Cuarto Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los Artículos 13, 245 numeral 1, 280.1, 273.1 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; olvidando la Impetrante que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán al dictar la Sentencia recurrida en casación, la dictó de conformidad con el Código de Procedimientos Comunes de 1906, contra la cual interpuso el Recurso de Casación que nos ocupa; y que por lo tanto, de conformidad con lo que establece el Artículo 914 del Código Procesal Civil, fue a partir de la referida Sentencia Definitiva dictada en Segunda Instancia el día quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), en que se empezó a aplicar el Código Procesal Civil vigente; por lo tanto, a la Sentencia de Apelación recurrida en Casación no se le puede imputar falta de aplicación de normas procesales del Código Procesal Civil que no estaban vigentes en la tramitación de la Segunda Instancia en que se dictó la referida Sentencia recurrida, por lo que el cargo es inadmisible.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 914 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“ La Recurrente en su “Primer Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el Artículo 753 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo sostiene entre otras cosas que si bien es cierto que el supuestamente infringido Artículo 753 del Código de Comercio dispone que “Cuando alguien impulsado por extrema necesidad, celebre un contrato en condiciones inicuas podrá rescindirlo si así lo demandare. El Juez al declarar la rescisión podrá fijar una compensación equitativa al otro contratante”; también es cierto, que para que dicha disposición legal se aplique en juicio no basta invocarla, es jurídicamente indispensable demostrar su procedencia; es decir, es necesario probar en juicio los extremos de la misma, tales como: la extrema necesidad del contratante demandante, la desproporción de la prestación, la intimidación y presión a que fue sometido, etc. El demandante no probó en juicio la procedencia del invocado Artículo 753 del Código de Comercio, olvidando que la falta de aplicación que alega la impetrante al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al Juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida en relación lo resuelto por el Juzgador de Alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
La impugnante en su “Quinto Motivo de Casación”, alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula forma y contenido de la sentencia, considera infringido el artículo 200 numeral 2, letra b) del Código Procesal Civil, la recurrente invoca como Precepto Autorizante el Artículo 719, numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pero resulta que al leer la sentencia impugnada, si bien es cierto no contiene el acápite de “hechos probados” también es cierto que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), impugnada tuvo hechos probados, como por ejemplo cuando tiene por probada la relación contractual de tipo mercantil entre el demandante y el demandado, también señala que quedó probado que el BANCO DEL PAÍS, S.A solicitó al Demandante el pago de los préstamos otorgados, argumentando que se demostró en juicio que tales documentos que el indicado requirió de pago a la Demandante, no puede considerarse como presión, mucho menos intimidación concluyendo que como toda institución financiera que tiene por actividad realizar operaciones de préstamos, de la misma manera deviene obligada a efectuar cobros al Demandante que se encontraba en mora en el pago de los préstamos que se le habían concedido, señalando que todo eso quedó probado en juicio.
6.1 Asimismo la Corte Sentenciadora agrega que quedó probado en juicio que el BANCO GRUPO AHORRO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A., no fue parte de este juicio ya que el día veintinueve (29) de abril del dos mil cuatro (2004), el Apoderado Legal de la sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de C.V. presentó escrito mediante el cual solicitó tener por retirada y por no presentada la demanda contra la sociedad BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A.- También quedó plenamente probado en juicio que la escritura pública número 134 autorizada por el Notario Julio César Melara Hernández, el día veintiséis (26) de julio del año dos mil dos (2002), no presenta ningún vicio en su elaboración y redacción y que la compradora DEINSA, tuvo que desembolsar una cantidad equivalente a doscientos noventa millones quinientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y seis lempiras con noventa y nueve centavos (L 290,546,596.99), por lo que no se configura la violación del artículo 200 numeral 2, letra b) del Código Procesal Civil alegada, y el carácter subsidiario en que se plantea este motivo, no está contemplado en la ley, contrariando lo establecido en el artículo 726.2 del Código Procesal Civil, por lo que el cargo es inadmisible.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
EXPEDIENTE NÚMERO S.C.065-2013
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de julio del dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La Sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada CLARIBEL MEDINA, como recurrente y las Sociedades DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (DEINSA) y BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), representados en juicio por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, como recurridos.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE RESCISION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, PRESTAMO E HIPOTECA, promovida en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil tres (2003), ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ANGEL SANTOS PORTILLO ANGEL, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., contra las Sociedades DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (DEINSA) y contra el BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS).
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, PRÉSTA E HIPOTECA, promovida en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil tres (2003), ante el Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ÁNGEL SANTOS PORTILLO ÁNGEL, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de C.V., dictando sentencia REFORMANDO la sentencia de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diez (2010) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: ”FALLA: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION.- SEGUNDO: REFORMA LA SENTENCIA RECURRIDA, EN EL SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO UNICAMENTE EN CUANTO DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, Y EN CONSECUENCIA DECLARA CON LUGAR LA REFERIDA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION. TERCERA: Dejando vigente los demás pronunciamientos.- Sin costas, por estimar que la parte vencida en juicio tuvo motivos para litigar”.
SEGUNDO: La representación procesal de la parte recurrente, Abogada CLARIBEL MEDINA, presentó en fecha dos (02) de noviembre de dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante Auto de fecha cinco (05) de noviembre de dos mil doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.
CUARTO: La Representante Procesal de la parte recurrida, abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, presentó en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido a la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición ya indicada, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) por la Abogada CLARIBEL MEDINA, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal la Abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V. y la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de Representante Procesal de las Sociedades DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (DEINSA) y BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), presentaron sendos escritos de personamiento en fechas dieciocho (18) y veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvieron por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en Cinco Motivos el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO Contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enunció al inicio de este motivo, impugnó la sentencia por contener la misma violación directa o infracción por falta de aplicación al caso concreto, de una norma de derecho que debió ser empleada para la solución de fondo del litigio.- Hago énfasis en que para los efectos de casación, no basta con citar una norma en la parte dispositiva de la sentencia, sino que es necesario que en el cuerpo y fundamentos de la misma al menos asome el contenido de la misma, que es propiamente lo que aconteció respecto de este Motivo. Expresión de la Norma de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, del Artículo 753 del Código de Comercio que a la letra dice: "Cuando alguien, impulsado por extrema necesidad, celebrare un contrato en condiciones inicuas podrá rescindirlo si así lo demandare.- El Juez al declarar la rescisión podrá fijar una compensación equitativa al otro contratante.” Se Señala Puntualiza en que Consistió la Violación de esta Norma Invocada. Por Parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil: Como expuse anteriormente, uno de los hechos controvertidos lo constituye la extrema necesidad de la sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. que la condujo a celebrar el contrato contenido en la escritura 134 de fecha 26 de julio de 2002 autorizada por el Notario Julio César Melara Hernández, en condiciones inicuas, lo que le de derecho para reclamar su rescisión como así se ha demandado.- La inocuidad es lo contrario a la equidad y la justicia y la misma resalta, además de los medios de coacción que utilizaron nuestros contendores para obligar a mi mandante a suscribir aquella escritura, de lo establecido en la cláusula TERCERA de la misma escritura pública, cuando se hace referencia que las obligaciones de AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. para con el Banco del País, S.A. y el entonces Banco Grupo el Ahorro, S.A. (BGA), totalizaban L 67,077,815.58, que es el precio que se le asignó al hotel, precio inicuo éste. Concepto de la Infracción. Es muy sencillo explicar entonces, el concepto en que ha sido violada por parte de la Corte de Apelaciones la norma citada; violación directa por haber dejado de aplicar al caso concreto, debiendo hacerlo, el Artículo 753 del Código de Comercio. Siendo el derecho un todo orgánico, las disposiciones que lo integran no deben verse aisladamente sino en el contexto y espíritu de toda la legislación; de manera que es incorrecto a todas luces y por ende inaceptable que en la sentencia hoy impugnada, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán haga apreciaciones en relación a la rescisión por lesión, pero haga caso omiso de una disposición aplicable al caso concreto como lo es el citado Artículo 753 del Código de Comercio.- Y es que, como lo dejó dicho, no se trata simplemente de citar en la parte dispositiva del fallo una norma (verbigracia, en la sentencia objetada se cita el Artículo 753 del Código de Comercio), cuando en la aplicación o interpretación de la misma al caso concreto que nos ocupa se yerra, porque sencillamente no se le tomó en cuenta para proferir como debió proferirse un fallo acorde a las pretensiones de la demandante. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada. La violación por falta de aplicación del Artículo 753 del Código de Comercio al caso en comento, ha incidido determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, habida cuenta que si la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán hubiese aplicado tal norma, la parte dispositiva de su fallo se habría pronunciado revocando la sentencia de primera instancia, sencillamente porque se demostró de manera incontrovertible que mi representado, impulsado por extrema necesidad, celebró aquel contrato contenido en la escritura reseñada, en condiciones inicuas.- Ergo, la falta de aplicación del Artículo 753 del Código de Comercio, sin lugar a dudas incidió directamente en el sentido de la Resolución que hoy impugno. SEGUNDO MOTIVO: Contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugnó la sentencia por contener la misma infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Expresión de la Norma de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola por interpretación errónea el Artículo 1692 del Código de Comercio en su primer párrafo y romano II también primer párrafo, que a la letra dice: "Artículo 1692.- La prescripción se interrumpirá: ............... 11.- Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso." Se señala puntualiza en que consistió la violación de la norma invocada por parte de la Corte de Apelaciones: He citado la norma de derecho relacionada con el presente motivo de casación, que se explica por sí sola y que siendo soberanamente clara en su texto, nos dice en el mismo que transcribo, que hay dos formas de interrumpir la prescripción: a) La primera es por la demanda; y b) La segunda es por cualquier otro género de interpelación judicial que se notifique al deudor; lo anterior deriva de la conjunción disyuntiva "o" que denota alternativa o diferencia.- En este orden de ideas, señalo y puntualizo que la violación de la norma invocada por parte de la Corte de Apelaciones, consistió en interpretar erróneamente la misma y creer que la frase "por la demanda o cualquier otro género de interpelación notificada al deudor" se refiere a una sola forma de prescripción, lo cual es un craso error, toda vez que, como lo dejo acotado, el precepto se refiere a dos formas distintas de interrumpir la prescripción, o a través de la interposición de una demanda, o a través de una interpelación judicial que se notifique al deudor. Concepto de la Infracción: La Corte sentenciadora inexcusablemente violó el Artículo 1692 del Código de Comercio en el primer párrafo de su romano 11, al interpretarlo erróneamente y hacer referencia a ello en el décimo primer CONSIDERANDO de su sentencia, al hacer referencia que "en el presente caso el demandado fue notificado de la demanda en fecha 10 de septiembre del 2003, cuando ya había prescrito la acción", apreciación errónea, ya que la notificación a que se refiere la norma no es de la demanda sino sólo se da cuando se produce "otro género de interpelación judicial", que naturalmente, es distinto de la demanda. De lo expuesto en el párrafo anterior, resalta evidente la interpretación errónea en que incurrió la Corte de Apelaciones respecto del Artículo 1692 romano II párrafo primero del Código de Comercio, pues contrario a lo que la norma se refiere, la misma se refiere a dos formas distintas de interrumpir la prescripción: La demanda y cualquier otro género de interpelación judicial que se notifique al deudor. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada: Al exponer el concepto de la infracción, fácil es determinar que la interpretación errónea del Artículo 1692 romano II párrafo primero del Código de Comercio por parte de la Corte de Apelaciones, incidió determinantemente en la decisión que la condujo a proferir el cuestionado fallo en los términos que lo hizo, habida cuenta que si hubiese interpretado el precepto en forma correcta, la Corte sentenciadora hubiese sencillamente arribado a la conclusión de declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesto por la parte demandada. TERCER MOTIVO: Contener la sentencia violación directa por falta de aplicación al caso en concreto de normas que regulan los actos su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo: A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 15 de mayo de 2012: a) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: "El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa v razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido". b) Artículo 245 numeral 1. del Código Procesal Civil, que expresa: "La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca". c) El Artículo 335 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria del Dictamen Pericial, imperativamente establece: "1. El juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre estas se hubiere practicado. 2. En el caso de que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia." Se señala puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 13, 245 numeral 1) y 335 del Código Procesal Civil, le ordenan a la Corte hoy recurrida, valorar la prueba de manera precisa y razonada en su sentencia, excluyendo en todo caso la arbitrariedad y, fundamentalmente, valorar los dictámenes periciales de manera precisa y razonada tomando en cuenta la razón de ciencia que le hubieren dado los peritos y, en el caso que tuviese que apartarse de las conclusiones de un dictamen, está obligada a motivarlo expresamente en su fallo. Resulta que en el caso particular la parte demandada propuso, además de otros, el denominado "Medio de Prueba Número Doce Pericial", habiendo el perito oficial nombrado por el Juzgado de primera instancia Licenciado Raúl Morán, evacuado su pericia acreditando con su experticia lo siguiente: a) El daño económico o lesión causada a AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. por DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (DEINSA) y BANCO DEL PAÍS, S.A., al haberle obligado en condiciones inicuas y totalmente lesivas, a vender su mejor activo; b) Fue categórico y contundente en sus conclusiones torales, tanto que ponderó el coste de la inversión que hizo la demandante AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. en el Hotel Crown Plaza Tegucigalpa, hoy Marriot, la lesión patrimonial que se le causó al despojarlo del mismo, el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de valor del dinero en el tiempo, arribando a la conclusión que los daños y perjuicios causados a mi mandante por los demandados ascienden a US $21,838,126.75 equivalentes a L 333,379,081.29 hasta el 21 de julio de 2003. Pero es el caso, que la Corte sentenciadora lejos de valorar esa prueba pericial de manera precisa y razonada, excluyendo en todo caso la arbitrariedad; y además dejando de valorar el dictamen pericial sin tomar en consideración la razón de ciencia que dio el perito, hizo caso omiso del mismo dictamen en el fallo impugnado.- Y más aún, si la Corte decidió apartarse de las conclusiones del perito, debió entonces motivarlo expresamente en su sentencia, lo cual no hizo. Concepto de la Infracción Consecuencia de lo anterior, fácil es explicar el concepto en que fueron infringidas las normas anteriormente citadas y cómo esa infracción de las mismas produjo indefensión.- En efecto, además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en el dictamen pericial al que, conforme el Artículo 335 del Código Procesal Civil, debe de valorarlo de manera precisa y razonada, tomando en consideración la razón de ciencia que el perito le haya dado, otorgándole el crédito que como tal le corresponde, tanto más cuanto que se trata de un dictamen que no fue controvertido por las partes demandadas, lo que hace tener y constituir plena prueba en el proceso civil, porque, reitero, no fue impugnado por la parte a quien perjudica que son los demandados. Censuro entonces la sentencia del 15 de mayo de 2012, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada; violación perpetrada al haber dejado de valorar en lo que corresponde el dictamen pericial evacuado por el perito Raúl Morán. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán?- Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las normas invocadas como violadas, ultrajando con ello los términos de las mismas, lo cual se tradujo y produjo indefensión para la parte actora desde que se hizo caso omiso de apreciar en toda su dimensión el dictamen pericial contenido en el Medio de Prueba Número Doce. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada: La infracción censurada, esto es, el no haberle atribuido al denominado "Medio de Prueba Número Doce Pericial" propuesto por la parte demandante y consistente en el dictamen rendido por el perito oficial nombrado por el Juzgado de primera instancia Licenciado Raúl Morán, todo el crédito o valor probatorio que le corresponde, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, ya que si la Corte de Apelaciones lo hubiese apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, hubiese arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de absolución a favor de los demandados, confirmando el de primera instancia.- Es lógico que al haber dejado de apreciar ese medio de prueba y consecuentemente no darle el valor jurídico que merece, la Corte de Apelaciones violó las invocadas normas, incidiendo tal infracción en el sentido de la Resolución impugnada. CUARTO MOTIVO Contener la sentencia violación directa por falta de aplicación al caso en concreto de normas que regulan los actos y garantías procesales cundo su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo: A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 15 de mayo de 2012: a) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: "El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa v razonada en la sentencia, atendiendo siempre" las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido". b) Artículo 245 numeral 1. del Código Procesal Civil, que expresa: "La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa v razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca". c) El Artículo 280 del Código Procesal Civil en su numeral 1. al regular la fuerza probatoria de los Documentos Privados, imperativamente establece: "1. Los Documentos Privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique…". d) El Artículo 273 del Código Procesal Civil en su numeral 1., que relaciono con el invocado en el literal anterior, establece: "1. Los Documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en él". Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, los Artículos 13, 245 numeral 1) y 280 número 1., éste en relación con el 273 número 1., todos del Código Procesal Civil, le ordenan a la Corte hoy recurrida, valorar la prueba de manera precisa y razonada en su sentencia, excluyendo en todo caso la arbitrariedad y, fundamentalmente, valorar los documentos privados en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique. Resulta que en el caso particular la parte demandada propuso, además de otros, los denominados "Medio de Prueba Número Tres Documental" y "Medio de Prueba Número Seis Documental", con los cuales que a pesar de estar sujetos al contradictorio no fueron impugnados por las partes demandadas, acreditándose plenamente con ellos: a) Con el primero de los mencionados, que el avalúo del Hotel Crowne Plaza es de L 316,972,492.62 y el Estudio de Factibilidad Económico-Financiero que en relación al proyecto hotelero elaboró la firma Consultores Asociados Internacionales, S. de R.L.; y, b) Con el segundo de esos medios de prueba, se acreditaron las distintas medidas de presión con que los acreedores Banco Grupo el Ahorro, S.A. y Banco del País, S.A., obligaron a la sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. a suscribir en condiciones totalmente lesivas e inicuas, el Contrato de Compraventa cuya rescisión se demanda. Pero es el caso, que la Corte sentenciadora lejos de valorar esas pruebas documentales en los términos que corresponden para los documentos públicos, porque no fueron impugnados por las partes demandadas a quienes perjudican, y atribuirles como a los documentos públicos el carácter de plena prueba, aún contra terceros, hizo caso omiso de los mismos perpetrando con ello la violación de las normas invocadas. Concepto de la Infracción Consecuencia de lo anterior, fácil es explicar el concepto en que fueron infringidas las normas anteriormente citadas y cómo esa infracción de las mismas produjo indefensión.- En efecto, además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas, entre otras, son aquellas que como los documentos privados que hacen prueba en el proceso civil en los términos previstos para los documentos públicos, cuando aquellos no son impugnados por la parte a quien perjudiquen; en el caso particular, los denominados "Medio de Prueba Número Tres Documental" y "Medio de Prueba Número Seis Documental" propuestos por la parte demandante, no fueron impugnados por los demandados y, por consiguiente, por imperio de lo dispuesto en el Artículo 280 número 1. del Código Procesal Civil, su apreciación se remite a la que para los documentos públicos establece el Artículo 273 numeral 1. del mismo ordenamiento jurídico, lo que hace que ambos tengan y constituyan plena prueba en el proceso civil, porque, reitero, no fueron impugnados por la parte a quien perjudica que son los demandados. Censuro entonces la sentencia del 15 de mayo de 2012, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada; violación perpetrada al haber dejado de valorar en lo que corresponde los dos medios de prueba referidos. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán?- Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las normas invocadas como violadas, ultrajando con ello los términos de las mismas, lo cual se tradujo y produjo indefensión para la parte actora, desde que se hizo caso omiso de apreciar en toda su dimensión los denominados "Medio de Prueba Número Tres Documental" y "Medio de Prueba Número Seis Documental" de la parte demandante. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada La infracción censurada, esto es, el no haberle atribuido los denominados "Medio de Prueba Número Tres Documental" y "Medio de Prueba Número Seis Documental" propuestos por la parte demandante todo el crédito o valor probatorio que les corresponde, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, ya que si la Corte de Apelaciones los hubiese apreciado, como estaba obligada a hacerla, como prueba tasada que son y con base en las normas de valoración de la prueba, hubiese arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de absolución a favor de los demandados, confirmando el de primera instancia.- Es lógico que al haber dejado de apreciar esos medios de prueba y consecuentemente no darles el valor jurídico que merecen, la Corte de Apelaciones violó las invocadas normas, incidiendo tal infracción en el sentido de la Resolución impugnada. QUINTO MOTIVO Contener el fallo impugnado, violación de una norma la forma v contenido de la sentencia. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra c) del Código Procesal Civil, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Expresión de la norma de derecho cuya infracción sustenta el motivo Cito como norma infringida el Artículo 200 numeral 2. letra b) del Código Procesal Civil, en lo que establece como uno de los requisitos del contenido formal de las sentencias, los hechos probados. Concepto de la Infracción Para explicar el presente motivo de casación, basta expresar que, en efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y en el numeral 2. letra b) de tal precepto, exige se consignen en el fallo los hechos probados. Pero es visto, de la simple lectura de la sentencia del 15 de mayo de 2012, que la misma adolece de hechos probados, lo que la vicia y hace casable; empero, es importante significar que este Quinto Motivo de Casación lo planteo con carácter subsidiario, para si y sólo si hipotéticamente se desestimasen los demás. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada Desde luego que si la sentencia que impugno adolece de hechos probados, ello incidió determinantemente en el fallo censurado, habida cuenta que mediante la consignación de aquellos hechos probados se hubiese arribado a las siguientes conclusiones: a) Que en la escritura número 134 de fecha 26 de julio del año 2002 autorizada por el Notario Julio César Melara Hernández, fue suscrita por mi mandante AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. en condiciones inicuas, existiendo una enorme desproporción entre las prestaciones de las partes, debido a la necesidad de AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de la que se aprovecharon las hoy demandadas, produciéndole por ello un daño o lesión patrimonial; b) Que la lesión causada a la hoy demandante, excedió de la mitad del valor que tenía al tiempo de celebrarse el contrato, la prestación hecha o prometida, pues existe una enorme desproporción entre el valor de la compraventa que se fijó en L 67,077,815.58 y el valor real del inmueble que en aquel momento de la escritura era de L 362,679,000.00; e) Que la necesidad de suscribir aquella escritura, fue una circunstancia que era del pleno conocimiento de la compradora Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (DEINSA); d) Que el Contrato de Compraventa cuya rescisión se impetra, no es aleatorio; y, e) Que la lesión existió en el momento de pedirse la resolución del contrato y por ende ha lugar a la demanda, a la rescisión impetrada y a la indemnización de daños y perjuicios. SOLICITO EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA REVISAR SU RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO, TODA VEZ QUE ESTE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, con base en los Artículos 719 numeral 1. letra c) y 720 numeral 2. del Código Procesal Civil, solicito en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán el 15 de mayo de 2012, para que se revise su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éstos son determinantes de un sentido diferente del fallo. Es principio de derecho, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- En este orden de ideas observo que tal fallo adolece de la debida congruencia y motivación fáctica lo que, con todo respeto, me lleva a dudar de la racionalidad y carácter lógico de ese fallo pues, a mi juicio, no veo razonables ni lógicas las conclusiones a que la Corte sentenciadora llegó. CONCLUSION: Por las razones legales anteriormente expuestas, resalta que hay en la sentencia que hoy impugno, violación directa por falta de aplicación al caso debatido de las normas citadas, lesividad en cuanto al proceso de valoración de la prueba, interpretación errónea e infracción a las normas del procedimiento, todo lo cual justifico en los Motivos de Casación, por lo cual se hace menester que en el momento procesal oportuno, remitidos que sean los autos a la Honorable Corte de Suprema de Justicia, en el orden, motive auto admitiendo el Recurso de Casación en todos los Motivos desarrollados; y oportunamente, estimando procedente el Recurso de Casación en todos sus Motivos, en un solo fallo casar la sentencia recurrida y convertido tal Tribunal a través de la Sala de lo Civil en sede de instancia, dicte la nueva sentencia que corresponde en derecho, resolviendo el litigio en el sentido de declarar con lugar la demanda principal, rescindir el contrato impugnado haciendo las demás declaraciones reclamadas en el petitum y condenar en costas a las demandadas por no tener motivos racionales para litigar”.
II. FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN JURÍDICA.
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
Del examen de los antecedentes procesales seguidos en las instancia, se desprende que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de Casación, accediendo a la justicia por parte de la Sociedad Mercantil AVANTI INVERSIONES HOTELERAS, S.A. a través de su representante procesal la Abogada CLARIBEL MEDINA, quien bajo las normas del proceso ordinario pretensiona la RESCISION DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, PRESTAMO E HIPOTECA y recurre contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha quince (15) de mayo del año dos mil doce (2012), recurso que formalizó en cinco motivos, en el primer motivo, alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el artículo 753 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- En el segundo motivo, alega contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, considera como infringido el artículo 1692 Romano II párrafo primero del Código de Comercio y lo considera comprendido en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- En el tercer motivo, alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los artículos 13, 245 numeral 1 y 335 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. En el cuarto motivo, la recurrente alega contener la sentencia infracción de actos y garantía procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los artículos 13, 245 numeral 1, 273 y 280 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. En el quinto motivo, alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia, considera infringido el artículo 200, numeral 2) letra b) del Código Procesal Civil, y lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia parea revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo.
La Recurrente en su “Primer Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el Artículo 753 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo sostiene entre otras cosas que si bien es cierto que el supuestamente infringido Artículo 753 del Código de Comercio dispone que “Cuando alguien impulsado por extrema necesidad, celebre un contrato en condiciones inicuas podrá rescindirlo si así lo demandare. El Juez al declarar la rescisión podrá fijar una compensación equitativa al otro contratante”; también es cierto, que para que dicha disposición legal se aplique en juicio no basta invocarla, es jurídicamente indispensable demostrar su procedencia; es decir, es necesario probar en juicio los extremos de la misma, tales como: la extrema necesidad del contratante demandante, la desproporción de la prestación, la intimidación y presión a que fue sometido, etc. El demandante no probó en juicio la procedencia del invocado Artículo 753 del Código de Comercio, olvidando que la falta de aplicación que alega la impetrante al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al Juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida en relación lo resuelto por el Juzgador de Alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.
La impetrante en su “Segundo Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción directa por falta de interpretación al caso concreto de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución del fondo del litigio, considera infringidos el Artículo 1692, Romano II, y señala como precepto autorizante el Artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo sostiene que se probó en juicio extremos que hubiesen arribado a la conclusión de declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción, pero que al constituir un hecho probado olvida que la falta de aplicación que alega la recurrente al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de Casación fundamentado en el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al Juzgador tal infracción pero sin alegar como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone el norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el Juzgador de Alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible, al amparo en lo dispuesto en los Artículos 82 de la Constitución de la República; 1 numeral 1), 7 numeral 1), 719 numeral 2), 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.
La impetrante en su “Tercer Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, porque considera infringidos los artículos: 13, 245 numeral 1, y 335 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el artículo 719, numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; olvidando la Impetrante que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán al dictar la sentencia recurrida en Casación la dictó de conformidad con el Código de Procedimientos Comunes de 1906 contra la cual interpuso el Recurso de Casación que nos ocupa; y que por lo tanto, de conformidad con el Artículo 914 del Código Procesal Civil, fue a partir de la referida Sentencia Definitiva dictada en Segunda Instancia el día quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), en que se empezó a aplicar el Código Procesal Civil vigente; por lo tanto, a la Sentencia de Apelación recurrida en casación no se le puede imputar falta de aplicación de normas procesales del Código Procesal Civil que no estaban vigentes en la tramitación de la Segunda Instancia en que se dictó la referida Sentencia recurrida, por lo que el cargo es inadmisible.
La recurrente en su “Cuarto Motivo de Casación”, alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los Artículos 13, 245 numeral 1, 280.1, 273.1 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1, letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; olvidando la Impetrante que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán al dictar la Sentencia recurrida en casación, la dictó de conformidad con el Código de Procedimientos Comunes de 1906, contra la cual interpuso el Recurso de Casación que nos ocupa; y que por lo tanto, de conformidad con lo que establece el Artículo 914 del Código Procesal Civil, fue a partir de la referida Sentencia Definitiva dictada en Segunda Instancia el día quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), en que se empezó a aplicar el Código Procesal Civil vigente; por lo tanto, a la Sentencia de Apelación recurrida en Casación no se le puede imputar falta de aplicación de normas procesales del Código Procesal Civil que no estaban vigentes en la tramitación de la Segunda Instancia en que se dictó la referida Sentencia recurrida, por lo que el cargo es inadmisible.
La impugnante en su “Quinto Motivo de Casación”, alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula forma y contenido de la sentencia, considera infringido el artículo 200 numeral 2, letra b) del Código Procesal Civil, la recurrente invoca como Precepto Autorizante el Artículo 719, numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pero resulta que al leer la sentencia impugnada, si bien es cierto no contiene el acápite de “hechos probados” también es cierto que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha quince (15) de mayo del dos mil doce (2012), impugnada tuvo hechos probados, como por ejemplo cuando tiene por probada la relación contractual de tipo mercantil entre el demandante y el demandado, también señala que quedó probado que el BANCO DEL PAÍS, S.A solicitó al Demandante el pago de los préstamos otorgados, argumentando que se demostró en juicio que tales documentos que el indicado requirió de pago a la Demandante, no puede considerarse como presión, mucho menos intimidación concluyendo que como toda institución financiera que tiene por actividad realizar operaciones de préstamos, de la misma manera deviene obligada a efectuar cobros al Demandante que se encontraba en mora en el pago de los préstamos que se le habían concedido, señalando que todo eso quedó probado en juicio.
6.1 Asimismo la Corte Sentenciadora agrega que quedó probado en juicio que el BANCO GRUPO AHORRO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A., no fue parte de este juicio ya que el día veintinueve (29) de abril del dos mil cuatro (2004), el Apoderado Legal de la sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de C.V. presentó escrito mediante el cual solicitó tener por retirada y por no presentada la demanda contra la sociedad BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A.- También quedó plenamente probado en juicio que la escritura pública número 134 autorizada por el Notario Julio César Melara Hernández, el día veintiséis (26) de julio del año dos mil dos (2002), no presenta ningún vicio en su elaboración y redacción y que la compradora DEINSA, tuvo que desembolsar una cantidad equivalente a doscientos noventa millones quinientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y seis lempiras con noventa y nueve centavos (L 290,546,596.99), por lo que no se configura la violación del artículo 200 numeral 2, letra b) del Código Procesal Civil alegada, y el carácter subsidiario en que se plantea este motivo, no está contemplado en la ley, contrariando lo establecido en el artículo 726.2 del Código Procesal Civil, por lo que el cargo es inadmisible.
En conclusión, el presente recurso de casación presenta irregularidades insubsanables y por la defectuosa presentación del mismo por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus cinco motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
La Apoderada Legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por la Apoderada Legal de la parte recurrente, rechazando sus alegatos.
Por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de Casación planteado por la Apoderada Legal de la parte Recurrente, por lo que es procedente tener por firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte impugnante y ordenar la remisión de los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución al tribunal de su procedencia, en aplicación de lo que establecen los Artículos 7 numeral 1, 719, 720 y 721 del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA.
Esta Sala de lo Civil, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite el presente AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1) DECLARAR LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, en sus cinco motivos, interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de C.V., contra la sentencia de fecha quince (15) de mayo del año dos mil doce (2012), dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, PRÉSTAMO E HIPOTECA, interpuesta por el Abogado ANGEL SANTOS PORTILLO, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. de C.V., en contra de las Sociedades DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (DEINSA) y contra BANCO DEL PAÍS, S.A. (BANPAIS).- 2) DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada en fecha quince (15) de mayo del año dos mil doce (2012) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de Apelación número 19161-07, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-19161 del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, identificado en esta Sala bajo el Expediente número S.C. 65-2013. 3) CONDENA A COSTAS A LA PARTE RECURRENTE.- Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus Representantes legalmente constituidos en juicio.- Magistrada Ponente: Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE.
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada Coordinadora
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO
Magistrado
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ
Magistrada
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