Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-41-13 — Registro 5128

Resumen

Demanda ordinaria de nulidad de un punto de acta mediante el cual se aprueba un dominio útil y pleno a la vez del asiento registral que lo contiene, declarada sin lugar y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente viene invocando como único motivo de Casación por infracción procesal la violación del artículo 190 en relación con el artículo 200, ambos del Código de Procedimientos de 1906, señalando que ese motivo se haya comprendido en el numeral 2, del artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil. El recurrente, alega principalmente que impugna por falta de aplicación el artículo 190 del Código de Procedimientos de 1906, en relación con el artículo 914 del Código Procesal Civil porque aparece el primero citado en la sentencia de primera instancia y el segundo en la sentencia de segunda instancia; sobre este motivo cabe hacer notar que los dos artículos que se consideran violados (190 y 200) pertenecen al Código de Procedimientos de 1906, cometiendo un yerro el recurrente al impugnar una norma invocada en la sentencia de primera instancia, cuando la sentencia recurrida es la de segunda instancia que fue redactada conforme al nuevo Código Procesal Civil, en consecuencia, a efectos del recurso de casación, las normas procesales que pueden invocarse como infringidas son las del Código Procesal Civil, por ser este el que estaba vigente cuando se inició el trámite de la apelación y se dictó la sentencia de segunda instancia, pues luego de dictada la sentencia por el Juzgado de letras, se debía aplicar el Código Procesal Civil como en efecto lo hizo la Corte de Apelaciones recurrida, en apego al artículo 913 del Código Procesal Civil, por lo tanto, los artículos invocados como infringidos no se encontraban vigentes y por lo tanto no pueden invocarse en casación, resultando el recurso manifiestamente infundado y por ello es inadmisible de conformidad con el artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente viene invocando como Primer motivo de Casación por infracción de ley material, la aplicación indebida del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública en relación a los artículos 9 y 11 del Código Civil y los artículos 1, 15 a) 17, 34 letra c) y ch), 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que dicho motivo se encuentra comprendido en el numeral 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil. El recurrente, alega principalmente que el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública fue aplicado en forma indebida para solucionar el conflicto planteado y su aplicación fue determinante para que el juzgado de primera instancia pusiera fin al negocio jurídico que conocía y ese mismo criterio hizo suyo la Corte de Apelaciones aunque no en la parte resolutiva de la sentencia. El artículo antes citado establece que “Incurrirá en responsabilidad Criminal y Civil, aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos que tengan interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquellos que hubieren razonado su voto en contra” Sobre este precepto la Corte de Apelaciones sostuvo que en el caso subjudice, el secretario no tiene potestad de participar en las deliberaciones que se den al seno de la Corporación Municipal, sin embargo el recurrente afirma que quien prohíbe la participación del secretario en la aprobación del trámite es la Ley de Procedimiento Administrativo pero los juzgadores no le dieron ningún valor de aplicación a dicha ley. Sobre este motivo de casación cabe recordar que la aplicación indebida consiste en invocar para resolver el pleito preceptos jurídicos ajenos a la cuestión debatida o bien se trate de una ley ya derogada y que por consiguiente no puede aplicarse, dicho esto, esta Sala de lo Civil es del criterio que la norma fustigada es pertinente al caso concreto y que el censor ha errado en el modo de proponer el motivo porque si bien alega que ambas instancias tomaron en cuenta el precepto, al exponer que no lo tomaron en cuenta en la parte dispositiva, está aceptando que si es aplicable, el problema radica no en la aplicación de este artículo sino en el sentido o alcance que debe dársele al mismo sobre todo cuanto refiere que no se aplicaron algunos artículos de la ley de Procedimiento Administrativos que según él daban respuesta a la cuestión debatida, pero ello no es abordable vía aplicación indebida del artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, puesto que en todo caso ese artículo era cuestionable pero por la vía de la interpretación errónea no por aplicación indebida y con respecto a los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo no pueden abordarse desde la aplicación indebida en tanto que, como afirma el propio censor no fueron aplicados por el Tribunal de Apelaciones, correspondiendo en todo caso traerlos al conocimiento del Tribunal de Casación por la vía de la falta de aplicación, por lo tanto, el motivo de casación resulta inadmisible por falta de claridad y precisión de conformidad con el artículo 723 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente viene invocando como Segundo Motivo de Casación en el fondo, la impugnación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio citando como tales los artículos 146 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que dicho motivo se encuentra comprendido en el numeral 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil. El argumento principal del recurrente radica en afirmar que estos artículos son los que dan base a la Corte de Apelaciones para considerar probada la excepción de falta de acción o derecho para demandar, arguyendo que la parte demandante presentó prueba que no fue valorada y ni siquiera se pronuncia el señor juez de primera instancia, pero al desestimar dicha excepción perentoria omite el Tribunal de primera instancia el fundamento del porque la desestima. Este motivo de Casación en opinión de este Tribunal de Casación se ha presentado falto de claridad y precisión en tanto que se propone que las normas han sido indebidamente aplicadas sin embargo al momento de exponer el motivo se intenta la revisión de un hecho y de la valoración probatoria, en el primer caso inclusive se ataca un hecho del juez de primera instancia, (declarar sin lugar la excepción) ni siquiera del Tribunal recurrido, mas aún, no ve esta sala por ninguna parte el perjuicio al recurrente que siendo demandante le desestime el Juzgado de primera instancia una excepción de la parte demandada, por otra parte el Tribunal de Apelaciones modificó lo resuelto por el Juzgado de letras y declaró con lugar la excepción, además el censor invoca la aplicación de los artículo 89 y 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos sin haberlos introducido como parte del motivo de casación no habiendo explicado satisfactoriamente y con la debida claridad y precisión porque no eran aplicables los artículos 146 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo que era el objeto del recurso, por tal razón procede la inadmisibilidad de este motivo a tono con lo previsto en el artículo 723 preámbulo y número 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

ghasdgsdags

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO ENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El señor GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO, representado en juicio por la Abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ, en su condición de recurrido.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN PUNTO DE ACTA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA UN DOMINIO UTIL Y PLENO A LA VEZ DEL ASIENTO REGISTRAL QUE LO CONTIENE, promovida en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diez (2010), ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, por el señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON y el señor GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha trece (13) de diciembre del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle Departamento de Choluteca, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011), emitida por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN PUNTO DE ACTA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA UN DOMINIO UTIL Y PLENO A LA VEZ DEL ASIENTO REGISTRAL QUE LO CONTIENE, promovida en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diez (2010), ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, por el señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON y el señor GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011), emitida por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA:

  1. Declarar SIN LUGAR, la Demanda Ordinaria de Nulidad de Un Punto de Acta Mediante el Cual se Aprobó Un Dominio Útil y Pleno a La Vez y del Asiento Registral que lo contiene.- 2) Declarar SIN LUGAR La Excepción Perentoria de Prescripción de La Acción, interpuesta en la contestación de la Demanda por La Municipalidad de San Marcos de Colón.- 3) Esta Sentencia se emite hasta esta fecha por el hecho de el equipo de oficina del Juzgado resultó dañado para cuando las intensas lluvias azotaron la zona.- SIN COSTAS”.- Sentencia de Segunda Instancia, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RENE OBDULIO GUANDIQUE ORTIZ, en su condición apoderado legal de la parte demandante, contra la Sentencia Definitiva de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN PUNTO DE ACTA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA UN DOMINIO ÚTIL Y PLENO A LA VEZ DEL ASIENTO REGISTRAL QUE LA CONTIENE, promovida por el señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, de generales conocidas, contra GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO.- SEGUNDO: Declara CON LUGAR la adhesión parcial del recurso de apelación, interpuesto por la abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN PUNTO DE ACTA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA UN DOMINIO UTIL Y PLENO A LA VEZ DEL ASIENTO REGISTRAL QUE LA CONTIENE, promovida por el señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, de generales conocidas, contra GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO. TERCERO: CONFIRMAR la Sentencia Definitiva recurrida, y reformar la misma en el sentido de que debe admitirse en la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar alegada por los demandados.- TERCERO: SIN COSTAS.”

SEGUNDO: Que el Representante Procesal del señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, Abogado RENE OBDULIO GUANDIQUE ORTIZ, presentó en fecha uno (01) de febrero del dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca.

TERCERO: Mediante auto de fecha seis (6) de febrero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, tuvo por interpuesto y formalizado el Recurso de Casación por parte del Abogado RENE OBDULIO GUANDIQUE, en su condición ya indicada, y acordó conceder el plazo de diez (10) días a la parte contraria, para que dentro del mismo se pronuncie sobre el contenido del presente recurso de casación.

CUARTO: La Representante Procesal del señor GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO, Abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ, presentó en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil trece (2013), escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, admitir el escrito presentado por la Abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ, en su condición ya indicada, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento, en fecha uno (01) de marzo del año dos mil trece (2013), y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de la Sala de lo Civil de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvo por personada únicamente a la Abogada SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea su Recurso de Casación, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, de la siguiente manera: “V) MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN PROCESAL V.1) POR ERROR PRODUCIDO EN LA SENTENCIA Motivo único: infracción del articulo 190 en relación con el articulo 200, ambos del código de Procedimientos Comunes del 1906 que dice: “ las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito haciendo las declaraciones que exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. Se trata de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia o sea son vicios internos que se sucintan o manifiestan al estructurar la sentencia; es decir en su elaboración, en general se incurrieran en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y órganos que la rigen como la falta de motivación o la motivación insuficiente o pronunciamientos contradictorios por no se claros ni precisos, en este caso en las demás pretensiones deducidas oportunamente por la parte demandante paso a desarrollar este motivo de la forma siguiente: 1.- Se impugna la falta de aplicación, o sea violación del articulo 190 del Código de Procedimientos del año 1906, en relación con el articulo 914 del Código Procesal Civil, porque aparecen citados el primero en la sentencia del tribunal de primera instancia y el segundo en la sentencia de segunda instancia; relacionados estos, no se aplico a cabalidad, porque se afecto la forma y contenido de la sentencia en cuanto a que por medio del recurso de apelación conforme al código de procedimientos de 1906, según el articulo 200 el Recurso de Apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior, lo que implica que si el recurso es desestimado el fallo debe confirmar la sentencia de primera instancia; pero si es estimada la apelación, o sea, declarada con lugar, entonces el tribunal de alzada puede enmendar totalmente el fallo de primera instancia revocándola y dictando otra sentencia con arreglo a derecho, y solo en el caso en que el recurso de apelación es parcialmente estimado ósea declarado con lugar no totalmente entonces el tribunal de alzada si enmienda mediante la reforma del fallo; que implica confirmar unos pronunciamientos y revocar otros, además sin duda que es contradictorio resolver reformando y a la vez confirmando la sentencia en su totalidad lo que de paso contraria la doctrina legal que tiene establecida la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, sobre tal aspecto. La parte demandada GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO, a través de su apoderado legal interpuso apelación al mismo fallo del tribunal de primera instancia mediante la adhesión parcial del Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, en función que el tribunal no se había pronunciado sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción, la cual había interpuesto en su escrito de contestación de la demanda, no obstante que el tribunal había desestimado la demanda, pero el tribunal de alzada confirma la sentencia de primera instancia y a la vez declara con lugar la adhesión a la apelación, hecho este que es contradictorio ya que si se confirmo la sentencia definitiva dictada por el juez de primera instancia en fecha 18 de noviembre del 2011, entonces como es posible que el tribunal de segunda instancia declarara con lugar la apelación parcial interpuesta por vía de adhesión, este hecho es incongruente porque debió confirmar parcialmente la sentencia revocar unos considerando y confirma otros, pero esto la Corte de Apelaciones no lo hizo, con lo cual su sentencia violenta lo prescrito en los artículos 190 y 200 del Código de Procedimientos de 1906. Pero el hecho es que dicha excepción perentoria de prescripción de la acción fue desestimada por el tribunal de primera instancia en su sentencia definitiva, en el numeral dos (2) del por tanto de su fallo, pero este hecho hace que el tribunal de segunda instancia no pueda confirmar la sentencia definitiva venida en apelación lo cual debía hacerlo de forma parcial si es que consideraba que la sentencia era defectuosa, y emitir la correspondiente enmienda, al no entenderla si la Corte recurrida, ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados, en el enuncio de este motivo, quedando así precisada y justificada la incidencia de esa infracción en el sentido de que la sentencia impugnada perjudica a mi representado, este motivo se haya comprendido en el articulo 719.1 c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “la forma y contenido de la sentencia.”, V.2) DENUNCIA PREVIA EN INSTANCIA Como los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada no existe denuncia o previa en la segunda instancia V.3) SE TRATO DE SUBSANAR En cuanto a este requisito de intento de subsanar, tampoco lo encontramos por haberse dado la infracción de la norma procesal al emitir el fallo el tribunal de alzada. VI. MOTIVOS DE INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL Se impugna la sentencia por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, (caso controvertido- objeto del debate), el código procesal civil, ahora tiene una infracción genérica en la aplicación, aunque para una mejor explicación o conceptualización del motivo, se puede puntualizar la causa precisa de la infracción, como es el caso de que las normas que se señalan en los motivos fueron aplicadas indebidamente. O que la infracción tuvo lugar porque otros, siendo aplicables, se dejaron de aplicar, o bien, porque se falto a la interpretación que resulta de nuestra doctrina legal en casación, así se formulan los siguientes motivos: PRIMER MOTIVO: se impugna la aplicación indebida del articulo 115 de la ley General de la Administración Pública en relación a los artículos 9 y 11 del Código Civil, y los artículos 1, 15 a) 17, 34 letra c) y ch), 35, de la ley de Procedimiento Administrativo. Consiste la aplicación indebida del articulo 115, de la Ley General de la Administración Publica, ya que esta Ley y el articulo aplicado, de forma indebida para dar solución al conflicto jurídico planteado, y su aplicación ha sido determinante para que el tribunal de primera instancia ponga fin al negocio jurídico del cual conocía, y este mismo criterio lo hace suyo el tribunal de alzada en su fundamento de derecho, aunque no así en la parte dispositiva de la sentencia, articulo 115 de la Ley General de la Administración Publica: “incurrirán en responsabilidad Criminal y Civil, aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos que tengan interés o la tuvieren su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses de organismo a que pertenezca, exceptuando a aquellos que haya razonado su voto en contra”, y nos dice el tribunal tanto de alzada como de primera instancia “ en el caso subjudice” , el secretario no tiene potestad de participar en las deliberaciones que se de en el seno de la Corporación Municipal. Pero el caso, es que quien prohíbe la participación del secretario en la aprobación del tramite mediante el cual se recibe la solicitud, se aprueba y se certifica la resolución de aprobación del dominio útil y pleno de su padre y tío respectivamente, es la ley de procedimiento Administrativo pero los juzgadores de primera y segunda instancia, no le dieron ningún valor de aplicación de dicha ley. La Ley de Procedimiento Administrativo en su articulo 1 establece: “ Los órganos y entidades de la Administración Publica estarán sujetos a la presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares.” , y por tal razón la Corporación Municipal de San Marcos de Colon, esta y estaba obligada a observar y someterse al imperio de la Ley, en el tramite de aprobación de los Dominio Útiles y Pleno de lo contrario se estaría poniendo el alcalde y sus regidores por encima de la ley y ya esa es una violación al articulo 323 de la Constitución de la República, y el articulo 15 letra a) establece: “Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo podrán ser recusados cuando en ellos se de alguna de circunstancias siguientes: a) vinculo matrimonial, unión de hecho, parentesco dentro de del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los interesados o con los interesados o con los representantes legales, socios o apoderados de las entidades interesadas….” y fue debidamente probado aunque nunca estuvo en discusión que el señor Secretario Municipal de San Marcos de Colon, era y es pariente dentro del primero y segundo grado de los peticionarios, que eran padre y tío respectivamente del señor JUAN CARLOS FIALOS C.; el articulo 17 siempre de la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “los funcionarios y empleados en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 15, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicaran al superior respectivo, quienes resolverán dentro del tercer día, lo procedente. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes concurra alguna de las causales de recusación, que se abstengan de toda intervención en el procedimiento. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.” , y como el señor secretario no se abstuvo de participar en el procedimiento en el cual su padre y tío eran los solicitantes del dominio útil y pleno, y tampoco le pidieron por parte de la Corporación Municipal abstenerse del conocimiento de dicha solicitud, ya la ley manda que dará lugar a responsabilidad y como no se observo el debido proceso en la aprobación de dicho tramite es esta la razón que lo hace nulo, o anulable como lo mandan los artículos 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, este hecho en si fue declarado probado en la sentencia de primera instancia en el numeral siete letra “ D” , que dice: que efectivamente en la sesión antes relacionada, intervino el señor JUAN CARLOS FIALLOS C. secretario municipal y a la vez hijo y sobrino de los señores GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO, JAIME AUGUSTO CARCAMO FIALLOS. Ahora bien, como se podrá ver claramente que el Juzgador no observo la correcta aplicación de la ley para dirimir la discordia haciendo uso del articulo 115 de la Ley General de la Administración Publica, en lugar de aplicar los artículos 1, 15 letra a), y 17 de la ley de Procedimiento Administrativo, este hecho en si, conlleva la infracción y por tanto la habilitación para la interposición del motivo de casación amparado en el articulo 719.2 del Código Procesal Civil Vigente que establece: “igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”., y es esa sentencia la que confirma el tribunal de alzada en su fallo. SEGUNDO MOTIVO: Impugnación de la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; y la norma aplicada en este segundo motivo de casación, es la aplicación de los artículos 146 y 149 de ley de Procedimiento Administrativo y en su artículo 146 establece: “ no se podrá demandar judicialmente, en materia de derecho privado, al estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva .“ 149, establece: el interesado deberá presentar nuevamente el reclamo administrativo cuando no hubiere presentado la correspondiente demanda judicial dentro de los sesenta días siguientes a la notificación de la resolución negativa del reclamo, o en su caso, dentro del plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el articulo precedente” , mediante los cuales la Honorable Corte de Apelaciones, considera probada la excepción de falta de acción o de derecho para demandar, alegada por los demandados en la contestación de sus respectiva demanda, excepción perentoria que el tribunal de primera instancia había declarado sin lugar, y es que en este sentido la parte demandante, presento prueba que no fue valorada y ni siquiera se pronuncia el señor juez de primera instancia, pero al desestimar dicha excepción perentoria omite el tribunal del primera instancia el fundamento del porque la desestima pero si revisamos el expediente de merito, se probo a través de la inspección personal del señor juez, quien delego dicha diligencia en el juzgado de Paz de lo Civil, del Municipio de Choluteca, por no tener el Juez de segunda instancia Jurisdicción y competencia en la cabecera municipal, lugar donde se encuentra ubicada las oficinas la Gobernación Política, y se probo que la notificación era defectuosa pues no reunía los requisitos del articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: :“ en la notificación se expresara, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlo , y la notificación no expresaba dichas circunstancias si la misma ponía fin al proceso administrativo, los recursos que contra el mismo procedían el órgano competente para resolverlo, y lo mas importante el plazo para interponerlo, y como dicha resolución era defectuosa entonces se vuelve obligatorio la aplicación del articulo 91 del mismo ordenamiento jurídico antes citado que establece: “las notificaciones defectuosas surtirán sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente.” , y siendo que la notificación era defectuosa la misma surtía efecto hasta que se interpuso la demanda de merito en el Juzgado Segundo de Letras de lo Civil, de Choluteca, pero erróneamente el tribunal de primera instancia lejos de aplicar los artículos antes citado 89 y 91, de la Ley de Procedimiento Administrativo, erróneamente aplica los artículos 146 y 149 del mismo ordenamiento jurídico, con lo cual vicia la sentencia recurrida. Al tenor del artículo 719.2 del Código Procesal Civil vigente, amparo que motivo de casación. Queda así precisado y justificada la incidencia de esta infracción de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. VII) CELEBRACIÓN DE VISTA El suscrito estima innecesaria la celebración de la vista de conformidad con lo que establece el articulo 721.3 del código procesal civil.”

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.

2.- El recurrente viene invocando como único motivo de Casación por infracción procesal la violación del artículo 190 en relación con el artículo 200, ambos del Código de Procedimientos de 1906, señalando que ese motivo se haya comprendido en el numeral 2, del artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil. El recurrente, alega principalmente que impugna por falta de aplicación el artículo 190 del Código de Procedimientos de 1906, en relación con el artículo 914 del Código Procesal Civil porque aparece el primero citado en la sentencia de primera instancia y el segundo en la sentencia de segunda instancia; sobre este motivo cabe hacer notar que los dos artículos que se consideran violados (190 y 200) pertenecen al Código de Procedimientos de 1906, cometiendo un yerro el recurrente al impugnar una norma invocada en la sentencia de primera instancia, cuando la sentencia recurrida es la de segunda instancia que fue redactada conforme al nuevo Código Procesal Civil, en consecuencia, a efectos del recurso de casación, las normas procesales que pueden invocarse como infringidas son las del Código Procesal Civil, por ser este el que estaba vigente cuando se inició el trámite de la apelación y se dictó la sentencia de segunda instancia, pues luego de dictada la sentencia por el Juzgado de letras, se debía aplicar el Código Procesal Civil como en efecto lo hizo la Corte de Apelaciones recurrida, en apego al artículo 913 del Código Procesal Civil, por lo tanto, los artículos invocados como infringidos no se encontraban vigentes y por lo tanto no pueden invocarse en casación, resultando el recurso manifiestamente infundado y por ello es inadmisible de conformidad con el artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil.

3.- El recurrente viene invocando como Primer motivo de Casación por infracción de ley material, la aplicación indebida del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública en relación a los artículos 9 y 11 del Código Civil y los artículos 1, 15 a) 17, 34 letra c) y ch), 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que dicho motivo se encuentra comprendido en el numeral 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil. El recurrente, alega principalmente que el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública fue aplicado en forma indebida para solucionar el conflicto planteado y su aplicación fue determinante para que el juzgado de primera instancia pusiera fin al negocio jurídico que conocía y ese mismo criterio hizo suyo la Corte de Apelaciones aunque no en la parte resolutiva de la sentencia. El artículo antes citado establece que “Incurrirá en responsabilidad Criminal y Civil, aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos que tengan interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquellos que hubieren razonado su voto en contra” Sobre este precepto la Corte de Apelaciones sostuvo que en el caso subjudice, el secretario no tiene potestad de participar en las deliberaciones que se den al seno de la Corporación Municipal, sin embargo el recurrente afirma que quien prohíbe la participación del secretario en la aprobación del trámite es la Ley de Procedimiento Administrativo pero los juzgadores no le dieron ningún valor de aplicación a dicha ley. Sobre este motivo de casación cabe recordar que la aplicación indebida consiste en invocar para resolver el pleito preceptos jurídicos ajenos a la cuestión debatida o bien se trate de una ley ya derogada y que por consiguiente no puede aplicarse, dicho esto, esta Sala de lo Civil es del criterio que la norma fustigada es pertinente al caso concreto y que el censor ha errado en el modo de proponer el motivo porque si bien alega que ambas instancias tomaron en cuenta el precepto, al exponer que no lo tomaron en cuenta en la parte dispositiva, está aceptando que si es aplicable, el problema radica no en la aplicación de este artículo sino en el sentido o alcance que debe dársele al mismo sobre todo cuanto refiere que no se aplicaron algunos artículos de la ley de Procedimiento Administrativos que según él daban respuesta a la cuestión debatida, pero ello no es abordable vía aplicación indebida del artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, puesto que en todo caso ese artículo era cuestionable pero por la vía de la interpretación errónea no por aplicación indebida y con respecto a los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo no pueden abordarse desde la aplicación indebida en tanto que, como afirma el propio censor no fueron aplicados por el Tribunal de Apelaciones, correspondiendo en todo caso traerlos al conocimiento del Tribunal de Casación por la vía de la falta de aplicación, por lo tanto, el motivo de casación resulta inadmisible por falta de claridad y precisión de conformidad con el artículo 723 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil.

4.- El recurrente viene invocando como Segundo Motivo de Casación en el fondo, la impugnación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio citando como tales los artículos 146 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que dicho motivo se encuentra comprendido en el numeral 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil. El argumento principal del recurrente radica en afirmar que estos artículos son los que dan base a la Corte de Apelaciones para considerar probada la excepción de falta de acción o derecho para demandar, arguyendo que la parte demandante presentó prueba que no fue valorada y ni siquiera se pronuncia el señor juez de primera instancia, pero al desestimar dicha excepción perentoria omite el Tribunal de primera instancia el fundamento del porque la desestima. Este motivo de Casación en opinión de este Tribunal de Casación se ha presentado falto de claridad y precisión en tanto que se propone que las normas han sido indebidamente aplicadas sin embargo al momento de exponer el motivo se intenta la revisión de un hecho y de la valoración probatoria, en el primer caso inclusive se ataca un hecho del juez de primera instancia, (declarar sin lugar la excepción) ni siquiera del Tribunal recurrido, mas aún, no ve esta sala por ninguna parte el perjuicio al recurrente que siendo demandante le desestime el Juzgado de primera instancia una excepción de la parte demandada, por otra parte el Tribunal de Apelaciones modificó lo resuelto por el Juzgado de letras y declaró con lugar la excepción, además el censor invoca la aplicación de los artículo 89 y 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos sin haberlos introducido como parte del motivo de casación no habiendo explicado satisfactoriamente y con la debida claridad y precisión porque no eran aplicables los artículos 146 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo que era el objeto del recurso, por tal razón procede la inadmisibilidad de este motivo a tono con lo previsto en el artículo 723 preámbulo y número 2 a) del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 913 del Código Procesal Civil; 115 de la Ley General de Administración Publica; 146 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, en sus tres motivos, planteado por el Abogado RENE OBDULIO GUANDIQUE ORTIZ, en su condición de apoderada legal de CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS, en la demanda ordinaria de Nulidad de un punto de acta mediante el cual se aprueba un dominio útil y pleno a la vez y del asiento registral que lo contiene, promovida por el señor CAMILO AUGUSTO ORTEZ RAMOS contra la Municipalidad de San Marcos de Colón y contra el señor GUILLERMO ARTURO FIALLOS CARCAMO. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el trece de Diciembre del año dos mil doce, en el expediente de apelación número C 021-12 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 01-2010 del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA