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Sentencia CC-236-13 — Registro 5280

Resumen

En primera instancia se declaró nulidad parcial en la demanda declaratoria de terminación de un contrato de representación y distribución exclusiva y no exclusiva sin responsabilidad para los concedentes por existir justa causa, indemnización por daños y perjuicios, en segunda se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“En el caso de autos, ha resultado obvio que el recurso de reposición contra el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), por disposición del Código de Procedimientos, debió substanciarse conforme a lo prevenido para los incidentes en apego a lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimientos de 1906 y al no observarse esa formalidad se acarrea nulidad absoluta, en consonancia con ello el artículo 211 del Código Procesal Civil dispone que “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 número 4) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” El haber vedado al recurrente el beneficio del incidente acarrea indefensión, aunado al hecho de que se ha ventilado el recurso de apelación bajo normas procesales que no le son aplicables por las razones que antes hemos dejado expuestas, por ello, cuando conste de autos la nulidad absoluta, debe declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen de conformidad con el artículo 1589 del Código Civil. Incluso, la infracción de las normas procesales relativas al procedimiento especial del recurso de reposición que mandaba el código de 1906, conlleva la violación al derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que establece que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”…Al no haber dictado la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán una sentencia que respete las formalidades que la ley establece con respecto al recurso de reposición contra el auto de caducidad de instancia y estando esta Sala de lo Civil sometida únicamente a la Constitución y a las leyes para hacer efectivo el Control de legalidad Constitucional que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, cabe posibilitar la subsanación de errores en las formas esenciales del procedimiento y el restablecimiento de las actuaciones al estado en que se encontraban de no haberse producido el acto nulo. Las partes tienen derecho, cualquiera que sea el sentido de un fallo, a que la resoluciones que pronuncien los órganos jurisdiccionales observen estrictamente las formas procesales como instrumentos que garantizan los derechos de las partes en litigio, pues como esta Sala ha dejado establecido, las formas no son simples caprichos del legislador, son ante todo instrumentos de garantía para la realización de una justicia efectiva y en ese propósito la sentencia recurrida ha quedado en deuda con los propósitos para los cuales las formas han sido creadas, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones ha tolerado la realización de un proceso recursivo totalmente al margen de la normativa aplicable y cuya inobservancia compromete los derechos de las partes en litigio.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés (23) de Julio de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de esta resolución, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Las Sociedades GLAXO GROUP LIMITED y SMITHKLINE BEECHAM PLC de aquí en adelante denominada como GLAXOSMITHKLINE, representadas en juicio por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO; en su condición de recurrente; siendo recurrida la Sociedad FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. (FARINTER), representada en juicio por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE DECLARATORIA DE TERMINACION DE UNOS CONTRATOS DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION EXCLUSIVA Y NO EXCLUSIVA SIN RESPONSABILIDAD PARA LOS CONCEDENTES POR EXISTIR JUSTA CAUSA, PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil tres (2003), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil, por el Abogado ENRIQUE FLORES LANZA, en su condición de Apoderado Legal de las Empresas Mercantiles denominadas GLAXO GROUP LIMITED Y SMITHKLINE BEECHAM PLC, contra la Empresa Mercantil denominada FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. (FARINTER).

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE DECLARATORIA DE TERMINACION DE UNOS CONTRATOS DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION EXCLUSIVA Y NO EXCLUSIVA SIN RESPONSABILIDAD PARA LOS CONCEDENTES POR EXISTIR JUSTA CAUSA, PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil tres (2003), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil, por el Abogado ENRIQUE FLORES LANZA, en su condición de Apoderado Legal de las Empresas Mercantiles denominadas GLAXO GROUP LIMITED Y SMITHKLINE BEECHAM PLC, contra la Empresa Mercantil denominada FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. (FARINTER), dictó sentencia CONFIRMANDO el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: “JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de octubre de dos mil doce. Visto el informe del Señor Secretario del Despacho, donde informa que en la pieza de autos ha transcurrido más de tres años entre la última actuación del Apoderado Legal de la parte demandante Abogado Enrique Flores Lanza en fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil cinco (f-80) y el apersonamiento del Abogado Ulises Mejía León Gómez como nuevo Apoderado Legal de la parte demandante se realiza en fecha ocho (8) de diciembre del dos mil nueve (f-215), además de la revisión del expediente de mérito se desprende la Sentencia Interlocutoria de fecha dos de agosto del dos mil diez (f-305) al f-309), que en el numeral 2 del fallo declara: “nulidad parcial de actuaciones procesales a partir inclusive de la providencia de fecha siete de noviembre del dos mil seis, folio ochenta y cinco y las posteriores actuaciones procesales que se deriven de la misma, dejando subsistentes las demás actuaciones procesales por estar conforme a derecho….”, tal sentencia produce unos efectos jurídicos en la presente pieza de autos en el cual declara una nulidad parcial sobre actuaciones realizadas por el Abogado JOSE RAMON PAZ PADILLA como Apoderado de Glaxosmithkline Honduras S.A. y las posteriores actuaciones derivativas, quien no es parte en el juicio, tal como reza el considerando quince (15) de la Sentencia Interlocutoria supra indicada. Entiéndase que las actuaciones validas de los Apoderados Legales de la parte demandante hay un abandono del proceso entre el (23) de febrero del dos mil cinco (f-80) y el ocho (8) de diciembre del dos mil nueve (f-215), ósea más de los tres años que establece el artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo siendo un criterio reiterado del Tribunal de Alzada con respecto a que se considera parte en el juicio a la parte demandada hasta tanto no haya sido citado para la contestación de la demanda, ya que la contestación es la respuesta que da el demandado confesando o contradiciendo la demanda del actor o proponiendo excepciones que la enerven o inutilicen; La contestación formaliza el combate judicial intentado por la demanda, constituyendo el acto más importante del demandado, porque comprende todas las defensas opuestas contra la acción y petición del actor. La contestación es el tramite esencial del juicio ordinario y hasta que ocurra la misma, puede el demandado hacer uso del derecho de interponer nulidades entre otras. La citación para contestar la demanda realizada por el Señor Receptor del Despacho a la parte demandada se da en fecha catorce de diciembre del dos mil nueve (f-224) y el escrito de contestación se presenta en fecha quince de diciembre del dos mil nueve (f-226 al f-230). En consecuencia está Juzgadora es del convencimiento que la Sentencia Interlocutoria de fecha dos de agosto del dos mil diez y ratificada mediante Sentencia de Segunda Instancia de fecha 18 de agosto del 2011, por haberse decretado la nulidad relativa en autos, consta el abandono de la instancia por la parte demandante por más de tres años. Todo lo anterior en base a que la Caducidad de Instancia son normas de orden público, las cuales no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, (Art. 11 Código Civil). Por lo tanto en la presente pieza de autos se tiene por abandonada la instancia y caducado de derecho, por lo que se manda a archivar las diligencias de mérito sin ulterior progreso, bajo la salvedad que la caducidad de la primera instancia no extingue la acción, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, entablando una nueva demanda. Artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República; 147, 149, 150, 151, 158, 185 del Código de Procedimientos Civiles. 11 del Código Civil. NOTIFIQUESE.

SEGUNDO: El Representante Procesal de las Sociedades GLAXO GROUP LIMITED Y SMITHKLINE BEECHAM PLC, de aquí en adelante identificada solo como GLAXOSMITHKLINE, Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, presentó en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil trece (2013), escrito de formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: El Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. (FARINTER), Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por presentado en tiempo y forma el pronunciamiento por parte del Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados WALDO RIVERA PORTILLO Y CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas veintitrés (23) y veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “V) MOTIVOS DE CASACIÓN. Como el Código Procesal Civil, de ahora en adelante identificado como CPC, con un sistema más flexible que la casación clásica regulada en el viejo Código de Procedimientos, ha establecido causales genéricas para el recurso de casación, que son las previstas en el Art. 719, eliminando aquella clasificación de específicos motivos y sub-motivos, por esa razón sus numerales “1 y 2”, comienzan su redacción con la frase “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas…”; en esta impugnación sólo se desarrollan infracciones procesales sancionadas con nulidad absoluta de actuaciones. V.I) PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación, por ser indebida, de los Arts. 147, 150 y 151 del Código de Procedimientos (1906), que son normas procesales empleadas para decretar la caducidad de la instancia, en relación con los Arts. 3 CPC y 90 primer párrafo de la Constitución de la República. El Art. 147 del Código de Procedimientos citado dice: “Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de juicios, y caducarán de derecho, si no se insta su curso: Dentro de tres años, cuando el pleito se hallare en primera instancia. De dos, si estuviere en segunda instancia. De uno, si estuviere pendiente de recurso de casación. Estos términos se contarán desde la última notificación, que se hubiere hecho a las partes.”. Por su parte el Art. 150 del expresado Código dice: “Si los autos se hallaren en primera instancia y resultare de ellos que han transcurrido los tres años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, pudiendo hacerlo, se tendrán por abandonada la instancia, y el Juez mandará a archivarlos sin ulterior progreso. En este caso, serán de cuenta de cada parte las costas causadas a su instancia.”. Por último el Art. 151 del mismo Código de Procedimientos, dice: “La caducidad de la primera instancia no extingue la acción, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, entablando nueva demanda, si no hubiere prescrito con arreglo a derecho.”. El CPC en su Art. 3 prescribe: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”, principio derecho fundamental reconocido previamente en el Art. 90 de nuestra Constitución, porque “Nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. El primero de los artículos transcritos, o sea, el 147, en su primer párrafo parte del presupuesto de inactividad absoluta de las partes, o sea, las partes no impulsan la prosecución del proceso, o es un no instar el curso de un juicio para tenerlo por abandonado y, como consecuencia, establece que “caducarán de derecho” y, además, en el segundo párrafo para la primera instancia establece el lapso de tiempo, el término, que debe transcurrir para configurar el expresado abandono. ESE ELEMENTO DE NO “INSTAR SU CURSO”, se refiere a que ninguna de las partes active, presente peticiones, promocione o realice actuación alguna en el juicio; sin embargo, en este caso concreto, ese elemento falta porque las partes no han dejado de instar el curso del juicio, incluso las peticiones de nulidad son actuaciones inequívocamente reales y efectivas, veamos algunas que son suficientes para estos efectos: 1) Luego de presentada la demanda por el Abogado Enrique Flores Lanza como apoderado de las sociedades GLAXO GROUP LIMITED y SMITHKLINE BEECHAM PLC, al año siguiente, el 6 de enero de 2004 el Abogado Rigoberto Chang Castillo, como apoderado de la sociedad FARINTER, se personó. Sin duda es un acto muy diligente, pero adelante se desentraña la verdadera intención de enervar el juicio con actitud clara de evitar el emplazamiento, pero cuando se práctica la citación y emplazamiento se abstienen de contestar la demanda y, en su lugar, proponen excepciones y una nulidad absoluta de actuaciones. 2) En adelante los apoderados de una y otra parte presentaron solicitudes de notificación o pidiendo fotocopias. 3) El 6 de noviembre de 2006 se personó en el juicio el Abogado José Ramón Paz Padilla, como apoderado de la sociedad mercantil GLAXOSMITHKLINE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, quien es la representante en Honduras de las sociedades que originalmente aparecen como demandantes, él también pidió fotocopia del expediente, asimismo sustituyó la dirección en el Abogado LEONIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNES y, la Procuración, en el Licenciado ADOLFO PINEDA PADILLA. 4) El 15 de agosto de 2007, el Abogado Rigoberto Chang Castillo presentó un escrito pidiendo se decrete de oficio nulidad absoluta de actuaciones, aduciendo que desde el 12 de marzo de 2007, se personó en la referida demanda y en cumplimiento de los artículos 131 y 133 del Código de Procedimientos Civiles, por existir vicios insubsanables en el procedimiento, solicitó se decretara la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda inclusive y en adelante, deliberadamente omitió que ya se había personado desde el 6 de enero de 2004, por lo que había consentido en el desarrollo de las actuaciones. El 27 de agosto de 2007 se notificó personalmente el Abogado Chang Castillo del auto que resolvió sobre su petición. 5) Consta del folio 226 y siguientes, que Waldo Rivera Portillo como apoderado de la demandada FARINTER en fecha quince (15) de diciembre presentó escrito absteniéndose de contestar la demanda e interponiendo excepciones dilatorias de falta de personalidad o representación legal de las demandantes y de su procurador, así como la nulidad absoluta de las actuaciones. Básicamente alegaron que las demandantes no existían al momento de presentarse la demanda, sin embargo reconocen que por fusión de sociedades se forma GLAXOSMITHKLINE, SERVICES LIMITED, pero nunca negaron que GLAXOSMITHKLINE HONDURAS, S.A. sea la representante de las compañías GLAXO GROUP LIMITED y SMITHKLINE BEECHAM PLC, quienes a través de aquella le confirieron poder al Abogado Enrique Flores Lanza para que presentara la demanda. Asimismo, alegó nulidad absoluta de actuaciones destacando la diferencia entre las sociedades GLAXO GROUP LIMITED y SMITHKLINE BEECHAM PLC. 8) La sentencia incidental sobre las excepciones dilatorias y la nulidad absoluta mencionadas, consta del folio 305 al 309 de la primera pieza, declara sin lugar las excepciones y la nulidad parcial de actuaciones a partir del folio ochenta y cinco (85) y las posteriores actuaciones que se deriven de la misma, dejando subsistente las demás actuaciones procesales por estar conforme a derecho, 7) El 29 de mayo de 2012, el Abogado Waldo Rivera Portillo, presentó escrito instando el curso del juicio y en resumen solicitó se decrete la caducidad de la instancia como consecuencia de la nulidad parcial de actuaciones procesales a partir e inclusive de la providencia de fecha 7 de noviembre de 2006, folio 85, y posteriores actuaciones procesales que se deriven de la misma, aduciendo que tomando la providencia de fecha 23 de febrero de 2005 (fº 80) como la última actuación realizada por el apoderado legal de la parte demandante, Abogado Enrique Flores Lanza, hasta el apersonamiento del nuevo apoderado legal, Abogado Ulises Mejía León Gómez, en fecha 8 de diciembre de 2009 (fº 215), se observa que han transcurrido 4 años, 8 meses y 15 días, lo cual es notablemente mayor que el tiempo de tres años establecidos en la Ley para que se declare caducada de derecho la instancia y después concluye que lo que es nulo no produce ningún efecto, de modo que propiamente no ha habido actividad y –por disposición de la ley- la instancia debe declararse caducada de derecho por inactividad completa de los interesados. 8) Que en virtud de apelación interpuesta el ocho (8) de julio de dos mil siete (2007), por el Abogado Waldo Rivera Portillo, en representación de la parte demandada (folio 192 pp), que fue concedida en ambos efectos y se suspendió la jurisdicción del juzgado de primera instancia por más de dos años, precisamente dentro del periodo que se computa como abandono de la instancia y decretó la caducidad de mérito, y desde luego toda petición, solicitud o actividad procesal realizada por una u otra parte dentro del período estimado base para decretar la caducidad, impide se tenga por abandonada la instancia. Cito lo que se encuentra en el tomo XVI de la Enciclopedia Jurídica OMEBA, donde se mantiene que cualquier acto de las partes reactiva el proceso y evita la perención. Este término sabemos que se emplea en Sur-América para identificar situaciones procesales que acá la hemos conocido como la caducidad de la instancia y, ahora, en el CPC, como abandono del proceso. Entonces al contrastar lo decidido en la sentencia de alzada recurrida, que declara sin lugar la apelación y confirma el auto de primera instancia que decreta la caducidad, para establecer el abandono porque las partes no instaron el curso del juicio, nos encontramos que no hay, nunca ha habido el tal abandono, porque existen numerosas actuaciones imputables a una y otra parte que instan el curso del juicio demostrando lo contrario, o sea, existe basta actividad procesal y, a tales efectos, la ley no distingue entre actuaciones válidas o inválidas, entonces no cabe hacer distinciones, pues el impulso procesal de las partes ha sido profuso. OBSERVACIÓN NECESARIA: El apoderado de la parte contraria, en la parte de su escrito que aparece a folio 326 de la primera pieza de autos, hace una cita del Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares, pero ocultó la verdadera opinión de este insigne procesalista respecto a aspectos interesantes a los efectos de la caducidad de la instancia, que la Corte recurrida confirma la resolución del Juzgado de primera instancia. Pero este mismo autor (ver octava edición, Edit. Porrúa, S.A., ave. República Argentina, 15, México, 1975, p 123 y ss), es de opinión contraria a aquella desleal petición, pues al abordar el tema de la caducidad, entre otros tópicos se refiere a la “Interrupción y suspensión de la caducidad”; -al respecto transcribo lo pertinente- “Sucede lo contrario en la llamada suspensión. Durante ella no corre el término, mientras que la simple interrupción no impide que corra”. –A continuación dicho jurista afirma-; “Casos en que tiene lugar la suspensión. Aunque la regla general es que tratándose de la caducidad no hay suspensión, lo cierto es que por razones diversas, es forzoso que aquélla tenga lugar.”. En la página 125 de la citada obra, Pallares hace la siguiente interrogante: “¿Para que los actos procesales de las partes tengan efectos interruptivos, han de ser necesariamente válidos? (el subrayado es mío) Y luego la despeja así: “Se ha discutido mucho esta cuestión en la que están muy divididos los jurisconsultos. Los puntos de vista que defienden gravitan sobre dos principios que al ser aplicados producen soluciones contrarias, a saber, el principio más general es el siguiente: lo que es nulo no produce ningún efecto, y el que la caducidad se produce por la inactividad completa de los interesados. Si se parte de aquél, se llega a la conclusión de que el acto nulo no interrumpirá el correr de la caducidad. En cambio, si se ve en esta institución una sanción fundada en la presunción de que cuando las partes no promueven nada, es lógico concluir que no tienen interés en la existencia del proceso. Entonces puede concluirse que una promoción que sea nula o irregular, al manifestar que subsiste el interés, será bastante para que la caducidad no se produzca. (El subrayado es mío). Nosotros (dice Pallares) vemos las cosas desde otro punto de vista que es el siguiente: que puede ser calificado de pragmático. ¿Cuál está más de acuerdo con la naturaleza misma de la caducidad? Si ésta es una medida extraordinaria y excepcional, establecida para evitar la subsistencia de procesos inútiles, sólo ha de aplicarse cuando sea posible dudar de que las partes han abandonado el ejercicio de la acción, pero no cuando con sus actos, aunque sean nulos o irregulares, están demostrando lo contrario.” (El subrayado es mío). Siguiendo las conclusiones de Eduardo Pallares, que son los dos subrayados anteriores, en el presente caso no ha operado la caducidad de la primera instancia, porque existen demasiados actos de impulso procesal o de promoción de ambas partes y lógicamente el otro elemento de que esa inactividad dure el término de tres años en primera instancia no se cumple, pues de ninguna notificación se puede partir para comenzar a contar el expresado término. Aquel Art. 150 del Código de Procedimientos ha sido aplicado indebidamente porque al contrastar el supuesto jurídico de que: “Si los autos se hallaren en primera instancia y resultare de ellos que han transcurrido los tres años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, pudiendo hacerlo…”, con la realidad o la verdad real, resulta que si es cierto que los autos se hallaban en primera instancia, pero de ellos no resulta que han transcurrido los tres años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, pudiendo hacerlo, porque a todas luces existen demasiadas actuaciones o diligencias o promociones de ambas partes que incontrastablemente demuestran que ambos han instado el curso del juicio, aún en el supuesto de actuaciones afectadas de invalidez, pero la actitud de las partes no deja lugar a dudas. Ahora bien, se nota un gran esfuerzo de la parte demandada en lograr su objetivo de no entrar a la etapa procesal de proponer excepciones ni mucho menos contestar la demanda y por ello se ha valido de muchos subterfugios legales para desconocer lo que otros apoderados han plasmado en documentación que la demandante presentó, y se trata de correspondencia cruzada entre las partes y apoderados de la demandada que reconocen la nueva estructura organizativa de la concedente donde se adopta la denominación de GLAXOSMITHKLINE y que en nuestro país esta registrada con esta denominación seguida de las palabras Honduras, Sociedad Anónima o S.A., o sea, se denomina GLAXOSMITHKLINE HONDURAS, S.A., que es quien le confirió el poder al Abogado Flores Lanza para proporcionar el presente juicio; y extraña sobremanera que después de reconocer esos cambios en la personalidad jurídica de la demandante y sostener en notas previas al inicio de este juicio, que no les afectaba por la normativa de la ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, Art. 16, proteccionista para el concesionario.- En consecuencia, en este caso concreto la Corte recurrida no debió emitir un fallo que ratificara la equivocada decisión de la Jueza de primera instancia, porque incluso la opinión del jurista mexicano Eduardo Pallares, es contraria a que en un caso como este, se tenga por abandonada la instancia, y el tribunal no puede mandar a archivar las actuaciones sin ulterior progreso y no procede pronunciamiento alguno sobre costas. Por último también está indebidamente aplicado el Art. 151 del citado Código de Procedimientos, porque no se dan los presupuestos para decretar la caducidad de la instancia como se dejó explicado, entonces no se puede extinguir la acción, esto es el proceso; tampoco cabe un ulterior proceso donde se ejerciten de nuevo las pretensiones para a través de una nueva demanda, y desde luego, como la demanda que inició el presente juicio fue admitida a trámite produjo el efecto de litis pendencia y también produjo la interrupción de la prescripción.”. Expuesto lo anterior se concluye que a mis representadas no se les está juzgando conforme al derecho que tienen de que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, en lo que respecta a la caducidad anómalamente decretada, y se les está irrespetando sus derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, pues con la caducidad decretada por el juzgado de primera instancia y confirmada por el tribunal recurrido, no se va a dictar por el órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, la sentencia como resolución de fondo justa y motivada, que implica las pretensiones consignadas en la demanda que inició este juicio, infringiéndose de paso el principio derecho fundamental reconocido previamente en el Art. 90 de nuestra Constitución, de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, y esas infracciones ahora en la segunda instancia son imputables a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, como tribunal recurrido, y obviamente con base en el Art. 6.2 CPC, relativo al principio de buena fe, conducta y ejercicio de la vía procesal adecuada, “el órgano jurisdiccional –en este caso la Honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil- hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principio del proceso, que son una clara manifestación de infracciones de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, procede ordenar reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta. De lo expresado, resulta que al no entenderlo así la Corte recurrida en vez de anular las actuaciones con base en el Art. 715.1 CPC, declaró sin lugar la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, haciendo suyo el contenido de la misma y consecuentemente, aplicó indebidamente los Arts. citados como infringidos, porque la caducidad de la instancia no tiene lugar con motivo de la declaración de nulidad como equivocadamente se viene decidiendo desde primera instancia. Este motivo se encuentra comprendido en el Art. 719.1 b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “1. Se podrá impugnar la aplicación… de las normas procesales que regulan: …b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad…”. V.II) SEGUNDO MOTIVO: Infracción por interpretación errónea del Art. 148 del Código de Procedimientos (1906). El Art. 148 del Código antes citado dice: “No procederá la caducidad de la instancia por el transcurso de los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes. En estos casos se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos.”. El Art. 148 citado y transcrito, en su primera parte que dice “No procederá la caducidad de la instancia por el transcurso de los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor…”, en principio esta frase no presenta gran dificultad en cuanto a desentrañar su verdadero sentido y alcance, pero la siguiente frase: “…o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes”, da margen a diferentes interpretaciones por parte de los juristas, incluyendo desde luego los Jueces y Magistrados; esta frase permite incluir diversos supuestos de hechos similares a la primera, con tal que sea independiente de la voluntad de los litigantes; una causa de esta última naturaleza podría ser la muerte del demandante que motiva que los herederos se personen e ingresen al proceso o juicio, como continuadores de la personalidad del causante, pero mientas no ocurre ese tipo de personamiento impida el ejercicio normal de los órganos jurisdiccionales, incluso un recurso de apelación puede calificar la suspensión de la jurisdicción cuando se admite en ambos efectos; una apelación o la admisión de un incidente que suspenda el curso del juicio principal, que son otras causas independientes de la voluntad de los litigantes que da lugar a que el pleito quedase sin curso, porque la suspensión de la jurisdicción está ordenada por la ley procesal; otra podría ser la pérdida o extravío e incluso destrucción por parte de terceros del expediente, lo que daría paso a una reconstrucción del mismo y, mientras esta se implementa se suscita una suspensión de los procedimientos hasta que esté completa la reconstrucción. En este caso, como está previsto en el segundo párrafo del art. 148 del Código de Procedimientos, se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos.”; en el caso de autos la Corte recurrida ha interpretado mal el contenido de este Art. porque no incluye las causas de suspensión del juicio en la parte del texto o contenido del mismo que dice: “…o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes”, como es el caso de la apelación con efecto suspensivo admitida en fecha 8 de julio de 2007 (fº 192 pp) e incluso el mismo incidente de nulidad, que por ley suspende el curso del pleito, o como cuando el Abogado Waldo Rivera Portillo interpuso recurso de amparo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones 1a de Apelaciones de esta Departamento, fechada el 18 de agosto de 2011, pero el amparo fue sobreseído y durante todo ese tiempo estuvo suspendido el trámite de primera instancia: y, al no entenderlo así la Honorable Corte Primera de Apelaciones interpretó mal dicha norma procesal, al grado tal que da lugar a pérdida de derechos procesales en perjuicio de mi representada. Y especialmente afectada la garantía del debido proceso contemplado en el Art. 3 CPC y 90 primer párrafo de la Constitución de la República, que encuadra en el literal b del Art. 719.1 CPC. Este motivo se encuentra comprendido en el Art. 719.1 b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “1. Se podrá impugnar la… e interpretación de las normas procesales que regulan: … b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad…”. V.III) TERCER MOTIVO: Infracción también por indebida aplicación del Art. 913 del Código Procesal Civil, que aunque no aparece invocado o citado en el fallo impugnado, si fue aplicado. En esta oportunidad se da también el caso como en la sentencia recurrida, que no aparece citado o invocado el citado Art. 913 del CPC, pero con fecha 26 de octubre de 2012 el Abogado Ulises Mejía León Gómez, en representación de la parte demandante interpuso recurso de reposición motivado con fundamento en el Art. 153 del Código de Procedimientos, el cual fue declarado sin lugar por la jueza de primera instancia razonado que el auto contra el cual se está interponiendo es un auto definitivo, el cual pone fin al proceso. Tal razonamiento que al confirmar el fallo lo adoptó el tribunal recurrido, es equivocado porque el último párrafo de ese Art. 153 manda que se substancie conforme a lo prevenido para los incidentes y el trámite de éstos culmina con una sentencia interlocutoria que, según el jurista patrio Tito Livio Tábora, es susceptible de reposición y subsidiariamente apelación. La reposición la declaró sin lugar y le dio un tratamiento como auto definitivo en el que declaró la caducidad, cuando según el Código de Procedimientos de 1906 debió darle trámite incidental. En consecuencia, no se observó el procedimiento adecuado tal como se desarrolla en motivo aparte. La Honorable Corte Primera de Apelaciones al declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado, no tuvo en cuenta que el supuesto para aplicar el Art. 913 del Código Procesal Civil, es que el juicio en cuestión –que es de los llamados proceso viejo- se encuentre pendiente en primera instancia, o sea, que no se había terminado la primera instancia, ya que ésta termina en forma normal con la sentencia de fondo y, en forma anormal, según el Código de Procedimientos de 1906, mediante una sentencia interlocutoria o incidental que declare la caducidad de la instancia, o acepte el desistimiento, o transacción, etc. En ese orden de ideas, y analizando el trámite de la caducidad previsto en el Código de Procedimientos, la reposición pedida contra el auto que declara la caducidad de la instancia, conforme a su Art. 153, no agotaba legal y procesalmente hablando la instancia pues excepcionalmente esa reposición se le da trámite incidental y, lógicamente, la decisión que se emita conforme al Art. 142 de ese viejo Código, es la decisión final que, aunque en forma anormal, si culminaba la primera instancia y es la que podría impugnarse mediante recurso de apelación; en consecuencia, siendo la caducidad una situación procesal excepcional la vía procesal para reclamar contra la resolución que la decreta según el Art. 153 del Código de Procedimientos, cuya infracción se desarrolla aparte, es pedir reposición, si creyere que se ha procedido con equivocación al declarar transcurrido el término legal en cuya virtud se hubiere tenido por caducada la instancia, o se hallare en el caso del Artículo 148 del mismo Código de Procedimientos, pero entonces, no cabía la fase de impugnación de la resolución de fecha 24 de octubre de 2012 mediante el recurso de apelación aplicando el Art. 913 del CPC, pues reitero la primera instancia aún en esa cuestión incidental no había terminado, estaba en trámite y este Art. sólo se aplica hasta que recaiga sentencia en la primera instancia, sin perjuicio de que este termine por auto motivado que le ponga fin a esa instancia. Al no entenderlo así la Honorable Corte Primera de Apelaciones, admitió una apelación que debió inadmitirse a trámite o, que mal admitida debió ser desestimada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1 a) en la parte que dice: “1. Se podrá impugnar la aplicación… de las normas procesales que regulan: a)… y adecuación de procedimiento…” del Código Procesal Civil V.IV) CUARTO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación o violación del Art. 153, en relación con el 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141 y 142, todos del Código de Procedimientos. El Art. 153 de ese Código de Procedimientos dice: “De las resoluciones a que se refieren los artículos 150 y 152, podrá el demandante, apelante o recurrente, pedir reposición, si creyere que se ha procedido con equivocación al declarar transcurrido el término legal en cuya virtud se hubiere tenido por caducada la instancia, o se hallare en el caso del Artículo 148. No podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo. Este recurso se substanciará conforme a lo prevenido para los incidentes,”. Se aprecia que el apoderado demandante si interpuso la reposición prevista en el art. 153 citado, en escrito motivado, pero la jueza desconoció la existencia del mismo, no la aplicó, razonando que se trataba de un auto definitivo, que el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) pone fin al proceso, pero no leyó el último párrafo de ese Art. que claramente le estaba indicando que ese no era un auto definitivo a los efectos de la caducidad de instancia cuestionada, pues interpuesto el recurso de reposición tenía que darle trámite incidental, mandando darle el traslado a la parte contraria; como la Corte de Apelaciones recurrida al desestimar la apelación contra dicho auto y confirmar lo decidido por la Jueza de primera instancia, hizo suya la argumentación y motivación de ésta.- Desde luego al observar el debido proceso, se abre la contradicción en relación a dicha cuestión incidental, donde según el orden de los Arts. citados en relación con el 153, se trata de una cuestión incidental de previo y especial pronunciamiento, que se sirve de obstáculo a la continuación del juicio y se sustancia en la pieza principal, suspendiendo el curso de la demanda, que encuadra también el supuesto del Art. 134 Nº 3º porque a la reposición mencionada se le da trámite incidental y sin cuya previa resolución es absolutamente imposible, de derecho la continuación de la demanda principal, además, debe dársele el traslado a la parte contraria en aplicación del Art. 136 y la posibilidad de apertura a prueba está previsto en el 137 y el plazo de 10 días comunes para proponer y evacuar prueba en el 139, de no solicitar la apertura a prueba se cita sin más trámites para sentencia la que se dicta en el plazo de tres días (Arts. 141 y 142) –todos estos Arts. antes relacionados del Código de Procedimientos-; lógicamente que esa sentencia que se dicte es la que clausura la primera instancia cuando se ha decretado la caducidad de la instancia y es la que conforme a aquel Art. 913 del CPC, la que puede impugnarse vía apelación. Al no entenderlo la Honorable Corte Primera de Apelaciones en la forma expuesta, admitió una apelación que debió inadmitirse a trámite o, que mal admitida debió ser desestimada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1 a) en la parte que dice “1. Se podría impugnar la aplicación… de las normas procesales que regulan: a)…y adecuación de procedimiento…” del Código Procesal Civil V.V) QUINTO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación o violación de los Arts. 70, 71, 72, 73, 74 tercer párrafo, 75, 76, 77, en relación con el 135, 136, 138 y 142, todos del Código de Procedimientos. Los citados Artículos en el anterior enunciado, en concreto su contenido se refiere a: El 70 al supuesto en que recusado un juez o jueza, si este no se considera comprendido en la causa alegada para la recusación, y el juicio fuere escrito, como ocurre con el caso de autos, se denegará y se mandará formar pieza separada para substanciarla en la forma señalada para los incidentes y eso es lo que consta en la pieza separada de recusación, formada por el escrito donde se promueve y el auto de fecha nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) en que se lee fue denegada la causa de recusación y se mandó formar la pieza separada, pero aunque la Jueza Coordinadora del Juzgado de primera instancia realizó el trámite interno para subrogar aleatoriamente a la jueza recusada, la jueza subrogante no se preocupó por adelantar la pieza de recusación, o sea, por substanciarlo; y aunque en principio se empezó a cumplir con el supuesto del Art. 71 del mismo Código, porque la jueza recusada no intervino en el incidente, o sea, en la pieza separada de recusación, ni en el pleito, al final no existió una verdadera substanciación del incidente conforme a ese mismo Art. 71, tal como consta en la respectiva pieza separada. El contenido del Art. 72 del Código de Procedimientos tampoco fue aplicado, aunque la recusación no detiene el curso del pleito, pero es que en este Art. existe esa prohibición, pero en el supuesto normal de seguir substanciándose la recusación y el pleito cuya pieza principal debe suspenderse antes de dictarse sentencia, para decidir primero la recusación. En el presente caso sucede que la jueza opta por concluir en forma anormal el proceso, o sea, el proceso no termina o concluirá por una sentencia definitiva sobre el fondo, sino que la jueza subrogante opta por dictar una auto declarando la caducidad de la instancia, auto que no debió dictarlo antes de decidir la pieza de recusación que estaba a su cargo, pues se trata de una resolución que al igual que una sentencia, aunque en forma anormal, termina un proceso, pero entonces tenía que decidir primero si la recusación se estimaba o no, y después concluir en forma normal el proceso o en forma anormal. El seis (6) de agosto de dos mil doce (2012) el Abogado Waldo Rivera Portillo presentó escrito de formal recusación contra la señora Jueza Bessy Victoria Aguilar Cantarero, indicando que está comprendida en la causa legítima de recusación de “Tener interés directo o indirecto en el pleito”, afirmando “lo cual consta manifiestamente en autos” (El escrito fue presentado después de la foliada 334 primera pieza) y consta la pieza separada que al respecto fue formada. En el primer hecho de esa recusación se afirmó: “PRIMERO: Mi representada considera que las actuaciones procesales de la señora Juez en la secuela del juicio dan un indicio razonable de cierto interés directo o indirecto en el pleito, puesto que permitió la entrada de un tercero en el juicio, lo que provocó una confusión tremenda en la que se tuvo que utilizar las excepciones dilatorias para tal fin. Además le ha generado un conflicto particular dado que al admitir un tercero en juicio como parte, le obligaba a actuar de oficio y rectificar la nulidad procesal, lo que no hizo, fue a instancia de parte que procedió a dictarla, anulando lo actuado, pero provocando que tal nulidad lleve implícita la caducidad de instancia, lo que la sitúa en un conflicto al momento de emitir resolución en la petición de caducidad invocada…”. Pero la verdadera intención del apoderado contrario, es aprovechar la negativa sentencia incidental sobre las excepciones dilatorias, para convertirlas en un efecto positivo a su favor porque en dicha resolución se declaró la nulidad de la actuación del Abogado José Ramón Paz Padilla, a quien equivocadamente se le tiene como apoderado de un tercero, cuando él compareció como apoderado de la representante de GLAXO GROUP LIMITED y SMITHKLINE BEECHAM PLC, por lo tanto no se trata de ninguna intervención de tercero, sino una variante de ingreso al juicio o proceso de la representante de aquellas dos sociedades inglesas. Como ya se había referido, el 29 de mayo de 2012, el Abogado Waldo Rivera Portillo presentó escrito(folios del 325 en adelante, primera pieza) instando el curso del juicio y en resumen solicitó se decrete la caducidad de la instancia como consecuencia de la nulidad parcial de actuaciones procesales a partir e inclusive de la providencia de fecha 7 de noviembre de 2006, folio 85, y posteriores actuaciones procesales que se deriven de la misma, aduciendo que tomando la providencia de fecha 23 de febrero de 2005 (fº 80) como la última actuación realizada por el apoderado legal de la parte demandante, Abogado Enrique Flores Lanza, hasta el apersonamiento del nuevo apoderado legal, Abogado Ulises Mejía León Gómez, en fecha 8 de diciembre de 2009(fº 215), se observa que han transcurrido 4 años, 8 meses y 15 días, lo cual es notablemente mayor que el tiempo de tres años establecidos en la Ley para que se declare caducada de derecho la instancia y después concluye que lo que es nulo no produce ningún efecto, de modo que propiamente no ha habido actividad y – por disposición de la ley- la instancia debe declararse caducada de derecho por inactividad completa de los interesados La anterior petición la jueza Bessy V. Aguilar Cantarero, en auto del ocho (8) de junio de dos mil doce (2012), la declaró “…SIN LUGAR en virtud de que revisadas y analizadas que fueron las presentes diligencias, se constató que inactividad completa del juicio no se ha producido, en todo caso la nulidad decretada vuelve al estado procesal en que se hallaban las diligencias si no hubiese existido la misma, pero no por ello debe proceder la caducidad de esta primera instancia ya que el juicio se ha estado instando…”, citando entre otros los “… Artículos 90 de la Constitución de la República; 80, 85, 147, 150, 158 y 185 del Código de Procedimientos…”.- Esto es lo que no le gustó a la parte contraria y luego de las notificaciones a las partes, el Abogado Waldo Rivera Portillo interpuso reposición contra el auto de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012), que fue declarado SIN LUGAR por la misma jueza, porque no consta en autos Resolución de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012). El efecto de haberse equivocado el Abogado Waldo Rivera Portillo y la denegatoria de la reposición, fue que aquel auto de fecha ocho (8) de junio de dos mil doce (2012) quedó firme; adquirió firmeza, o sea, que por el efecto de la invariabilidad de las resoluciones que quedan firmes, ahora en la nueva normativa procesal (CPC) se dice que adquirió cosa juzgada formal. Pero la estrategia para apartar a como dé lugar a dicha jueza, de parte del apoderado contrario, fue recusarla por un motivo donde la causal no está bien determinada porque o es que ella tiene interés directo o es indirecto el interés, pero no las dos cosas al mismo tiempo. La aplicación previa de los otros arts. citados como violados, o sea, que no se aplicaron son el 74 tercer párrafo porque la resolución que se dictare accediendo a la recusación, no será apelable. Y ese mismo Art. permite la apelación en ambos efectos de la resolución que deniegue la recusación; a continuación el siguiente Art., el 75 preceptúa “Cuando se deniegue la recusación, se condenará siembre en costas al que la hubiere propuesto.”. El contenido de este último Art. es simple y no necesita mayor explicación al igual que el 76 que establece la multa como una sanción al recusante que motivó el trámite de una recusación y que fue inefectiva, que en el caso concreto no puede ascender la multa a más de diez lempiras (L. 10.00).- Ahora bien es muy importante el contenido del Art. 77, pues denegada la recusación, debe continuar el recusado en el conocimiento de los autos, pero otorgada quedará separado del conocimiento de los mismos. Todo este trámite previsto en los Arts. citados y además los previstos de los Arts. 135, 136, 138y 142, todos del Código de Procedimientos relativos: El 135 a la formación de pieza separada porque se trata de un incidente que no pone obstáculo al seguimiento de la demanda principal y tampoco suspende el curso de aquella; tampoco se observó el contenido del Art. 136 pues no consta que se les haya dado traslado a la parte contraria por el término de tres días para que conteste concretamente sobre esa cuestión incidental; en el escrito en que el Abogado Waldo Rivera Portillo promovió la recusación no solicitó se reciba a prueba el incidente de recusación, entonces se debió aplicar el Art. 138 citando a las partes para oír sentencia sobre el incidente de recusación En conclusión, no se puede terminar en forma normal (con una sentencia de fondo) o en forma anormal (con un auto de carácter definitivo), estando pendiente de resolución una pieza separada de recusación, porque aún no está definido o determinado el juez competente funcionalmente, o sea, el juez natural. Al no entenderlo así la Honorable Corte Primera de Apelaciones, admitió una apelación que debió inadmitirse a trámite o, que mal admitida debió ser desestimada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1 a) en la parte que dice: “1. Se podrá impugnar la aplicación…de las normas procesales que regulan: a)…y adecuación de procedimiento…” del Código Procesal Civil V. VI) SEXTO MOTIVO POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.1.2 literal b), o sea, en las partes que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: …b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan elación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Art. 207 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Este tipo de infracción se dio por errores producidos en la sentencia misma. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, se suscitan en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración; en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Tal omisión patentiza sin lugar a dudas que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, y tampoco cumple con la exigencia del Art. 207.1, pues la expresión de los razonamientos fácticos, precisamente se encuentran en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con semejante omisión, que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas y, conforme al enunciado de su numeral 2, “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y así al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo, al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado; y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Art. 207 de ese mismo Cuerpo Legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos del Art. 147 y 148 del Código de Procedimientos de 1906, a fin de sostener que se dieron los presupuestos reales para declarar la caducidad de la instancia. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia porque no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación; pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada no se sustenta en los Arts. que cita en la parte dispositiva del fallo, no están bien relacionados con los razonamientos vertidos en la referida sentencia. Esas reglas de la lógica y de la razón han sido desconocidas por el tribunal de alzada recurrido, especialmente en cuanto a sostener una inactividad ficticia, cuando la ley adjetiva presupone una actividad real. Y precisamente esa falta de motivación y racionalidad sobre los aspectos antes apuntados, justifica el planteamiento de este motivo. Es decir, insisto, la motivación debe contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “…c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. VII. 1- DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como se puede apreciar los errores antes denunciados fueron cometidos unos antes de estructurarse la sentencia impugnada y, otros, al estructurarse ésta, pero los apoderados anteriores de mi representada han estado denunciado las irregularidades, excepto la cometida en la estructuración misma de la sentencia de segunda instancia. VII. 2.- SE TRATÓ DE SUBSANAR. En cuanto al requisito de intento de subsanación, reitero que los anteriores apoderados han tratado de que se subsanen las irregularidades, reclamando en tiempo y forma, tal como consta en la primera pieza de autos. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1. a) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “…c) La forma y contenido de la sentencia. VII.3 CELEBRACIÓN DE LA VISTA. La suscrita estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su fallo de fecha veintinueve (29) de Mayo del dos mil trece (2013), estimó que la caducidad de instancia es el abandono tácito o presunto de la instancia por no instarse el curso de los autos. Resuelve el recurso de apelación fundamentalmente en base a que, según su criterio, han transcurrido mas de tres años de inactividad procesal por ambas partes, configurándose con ello la caducidad de instancia, citando los artículos 147 y 150 del Código de Procedimientos de 1906 y por ello declaró sin lugar el recurso de apelaciones y confirmó el auto del juez de primera instancia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce que fue considerado como auto definitivo; nada expone la Corte de Apelaciones acerca del otro agravio manifestado por el apelante relativo al procedimiento que omitió seguirse ante el recurso de reposición que en primera instancia se interpuso contra el auto que decretó la caducidad de instancia, pues el recurrente alegó que debió dársele trámite incidental, sin embargo, el juez de primera instancia, consideró el auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, como un auto que ponía fin al proceso y por ello ordenó tramitar el recurso de apelación conforme al nuevo Código Procesal Civil.

II. La Sala de lo Civil recuerda nuevamente que el Recurso de Apelación es un medio procesal concedido a la parte que se cree agraviada por una resolución de un Juez o Tribunal de primera instancia, para acudir ante el órgano superior o de segunda instancia, con el objeto de obtener que este enmiende, con arreglo a derecho, la resolución pronunciada por el órgano jurisdiccional inferior y, mediante las formalidades procesales, puede confirmar o revocar la resolución del Juez o Tribunal de primera instancia y en estos dos últimos supuestos, dictar la sentencia sobre el fondo del asunto decidiendo todos los puntos objeto de litigio de conformidad con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en la instancia correspondiente.

III. Esta Sala de lo Civil estima necesario distinguir las distintas acepciones del vocablo instancia, comenzando por aclarar la mas común de ellas que significa requerimiento, petitorio, solicitud, por ello suele afirmarse frases como que los actos procesales se realizan a instancia de parte; en forma mas restringida podemos referirnos a la instancia como el ejercicio de la acción ante el juez, significando que además de requerimiento, instancia es acción, movimiento, impulso procesal, por ello es común en el lenguaje forense escuchar decir “instar” el proceso, “concluir la instancia” o en oposición a estos vocablos, “caducidad de instancia” y en tercer lugar la acepción técnica mas restringida: “instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre el se dicte”[1]. Expuestos estos conceptos, esta Sala de lo Civil, considera que la acepción que interesa para los efectos de la caducidad es la que hemos expuesto en segundo lugar, es decir, instancia como ejercicio de la acción ante juez, significando que además de requerimiento, instancia es acción, movimiento, impulso procesal, hablamos de “instar” el proceso, y por consiguiente cuando esto no se hace durante un determinado tiempo fijado en la ley puede producirse la denominada “caducidad de instancia” en cuyo caso supone bajo esta acepción que el asunto no queda resuelto en el fondo y consecuentemente puede reactivarse nuevamente el juicio o instancia, así lo deja expresamente establecido el artículo 151 del Código de Procedimientos de 1906.

IV. Resulta de los autos que tanto el juez de letras como el Tribunal de Apelaciones han considerado el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) dictado en primera instancia, como un auto definitivo que pone fin al proceso, en ese sentido es importante dilucidar a que se refiere el artículo 913 del Código Procesal Civil cuando dispone que los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia ese código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el nuevo código; en ese orden de ideas, es necesario dejar establecido lo siguiente: a) Si el juicio se tramita hasta que recaiga sentencia que le pone fin a dicha instancia, no cabe duda que se refiere a la sentencia definitiva porque solo así se termina el juicio normalmente. b) Tratándose de juicios regidos por el código de 1906, la forma de poner fin a los juicios distinta a las sentencias definitivas era mediante las sentencias interlocutorias o incidentales que en casos muy particulares resolvían el fondo del litigio, como por ejemplo la cosa juzgada (ver artículo 287 del Código de Procedimientos). c) El artículo 913 del Código Procesal Civil, si bien se refiere a juicios iniciados conforme al Código de Procedimientos, utiliza un lenguaje propio de la nueva normativa procesal y distinto al código anterior, de modo que cuando se refiere a las sentencias o autos que ponen fin a la instancia del antiguo proceso, sin duda se refiere a resoluciones que producen el mismo efecto sobre el fondo del juicio y aunque no haga mención expresa a las sentencias interlocutorias, bajo el vocablo de autos, sin duda comprende a estas. d) Solo cabe la posibilidad de seguir los recursos conforme a la nueva legislación procesal, cuando se trate de resoluciones definitivas, entendidas como aquellas que después de pronunciadas hagan imposible la realización de un nuevo juicio sobre el mismo asunto, en ese sentido, al no imposibilitar el auto de caducidad de instancia la reactivación de la instancia mediante la celebración de un nuevo juicio sobre la misma cuestión, no cae dentro de la categoría de auto definitivo contemplada en el citado artículo 913 del nuevo Código Procesal Civil, incluso ni dando cabida al trámite incidental previsto para este especial recurso de reposición y que termine en sentencia interlocutoria que puede ser apelada, pues tampoco esta sentencia interlocutoria pone fin al fondo del asunto, por ello, esta sala de lo civil estima que al haberse interpuesto recurso de reposición contra el auto que decretó la caducidad de instancia, debió tramitarse dicho recurso completamente conforme al código de procedimientos anterior, es decir, con trámite incidental, pronunciar sentencia interlocutoria y si esta era apelada, substanciarla conforme al código anterior; por lo anteriormente expuesto igualmente es posible concluir que no siendo estas resoluciones sentencias o autos que ponen fin al proceso en el fondo, tampoco son susceptibles de ser examinadas en casación.

V. Por disposición del artículo 1586 preámbulo y número 2 del Código Civil, hay nulidad absoluta en los actos o contratos, “cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene”. En el caso de autos, ha resultado obvio que el recurso de reposición contra el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), por disposición del Código de Procedimientos, debió substanciarse conforme a lo prevenido para los incidentes en apego a lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimientos de 1906 y al no observarse esa formalidad se acarrea nulidad absoluta, en consonancia con ello el artículo 211 del Código Procesal Civil dispone que “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 número 4) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” en ese orden de ideas, el haber vedado al recurrente el beneficio del incidente acarrea indefensión, aunado al hecho de que se ha ventilado el recurso de apelación bajo normas procesales que no le son aplicables por las razones que antes hemos dejado expuestas, por ello, cuando conste de autos la nulidad absoluta, debe declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen de conformidad con el artículo 1589 del Código Civil. Incluso, la infracción de las normas procesales relativas al procedimiento especial del recurso de reposición que mandaba el código de 1906, conlleva la violación al derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que establece que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.

VI. Al no haber dictado la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán una sentencia que respete las formalidades que la ley establece con respecto al recurso de reposición contra el auto de caducidad de instancia y estando esta Sala de lo Civil sometida únicamente a la Constitución y a las leyes para hacer efectivo el Control de legalidad Constitucional que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, cabe posibilitar la subsanación de errores en las formas esenciales del procedimiento y el restablecimiento de las actuaciones al estado en que se encontraban de no haberse producido el acto nulo. Las partes tienen derecho, cualquiera que sea el sentido de un fallo, a que la resoluciones que pronuncien los órganos jurisdiccionales observen estrictamente las formas procesales como instrumentos que garantizan los derechos de las partes en litigio, pues como esta Sala ha dejado establecido, las formas no son simples caprichos del legislador, son ante todo instrumentos de garantía para la realización de una justicia efectiva y en ese propósito la sentencia recurrida ha quedado en deuda con los propósitos para los cuales las formas han sido creadas, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones ha tolerado la realización de un proceso recursivo totalmente al margen de la normativa aplicable y cuya inobservancia compromete los derechos de las partes en litigio.

VII PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1586 preámbulo y número 2, 1589, 1602 del Código Civil; 151, 153 del Código de Procedimientos; 211, 212 preámbulo y número 4 y 913 del Código Procesal Civil, POR UNANIMIDAD DE VOTOS dicta auto irrecurrible y resuelve: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de actuaciones a partir e inclusive desde el auto de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil doce (2012) que obra a folio número trescientos cincuenta y seis de la primera pieza de autos y subsiguientes actuaciones que se derivan del auto que se anula, exceptuando la presente resolución. Y MANDA: Devolver los autos a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán con certificación de la presente resolución, a efecto de que proceda conforme a derecho. SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA

[1] Muy ilustrativo resulta Eduardo J. Couture en Fundamentos de Derecho Civil. Tercera Edición. Desalma. Buenos Aires. 1997. P 169 y 170 y nos explica que por ello se habla de sentencia de primera o segunda instancia…