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Sentencia CC-229-12 — Registro 5270

Resumen

En segunda instancia se dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal del Banco y se revoca la sentencia en la demanda ordinaria de pago por considerar que no esta conforme a derecho.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"CUARTO: Del debate generado en esta instancia, la Sala de lo Civil es del criterio que la legislación hondureña acierta en contar con un ordenamiento jurídico distinto para las obligaciones civiles con las mercantiles. Ambas están delimitadas por el Código de Comercio cuando en su artículo dos (2) se establece que son comerciantes las Sociedades constituidas en forma mercantil, tal como lo es la Sociedad BANCO CONTINENTAL, S.A., eslabonado con el articulo cinco (05) del mismo código que establece que si los actos son mercantiles aunque sea para una sola de las partes, imperará el Código de Comercio. En el presente proceso el Pagaré es una cosa mercantil tanto por ley y como negocio jurídico, por lo cual se encuentra sometido al imperio del Código de Comercio. Artículos 1, 2, 4, 5 del Código de Comercio. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"QUINTO: Se consideran como títulos-valores los documentos necesarios para ejercitar el Derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. El texto literal del documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones consignados en él. Artículos 449 y 460 del Código de Comercio. SEXTO: Se define al pagaré como un título valor con fines crediticios que contiene una promesa incondicional de pago dada por una persona llamada suscriptor o girador a otra llamada beneficiario o girado, de pagar una suma determinada de dinero en el lugar y fecha señalados en el documento. El mismo se encuentra expresamente regulado en el Código de Comercio y por ende le son atribuibles las disposiciones de prescripción pertinentes al Derecho Mercantil. Afirmación aceptada por las partes. Artículos 449, 590 del Código de Comercio."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"SEPTIMO: Analizados los motivos casacionales, sus preceptos autorizantes como el pronunciamiento del Abogado JOSÉ RENE GALINDO ACOSTA, en su condición expresada en la presente sentencia, se concluye que para el Primer Motivo de Casación el recurrente es preciso en determinar que comparece ante esta instancia en apego de lo que establece el artículo 719 numeral 2) en lo concerniente a la “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” bajo el argumento que la norma infringida es el artículo 579 del Código de Comercio que dispone sobre el término para que opere la prescripción de la acción cambiaria en títulos valores. Arguye también que la acción iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia es de carácter personalísimo, siguiendo el procedimiento establecido para los procesos ordinarios; y no por la vía del proceso ejecutivo, reconociendo que el pagaré perdió su fuerza ejecutiva por prescripción de acción, mas no las demás vías legales para reclamar su cobro, por lo cual su cobro judicial es vía acción personal. Sin embargo en su misma recurrencia el impugnante contradice su propio motivo de casación y da razón tanto a la sentencia apelada como al pronunciamiento de su contraparte al afirmar “…ya que la citada ley solo se refiere a la acción cambiaria directa; y, no a las demás acciones que se tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales, para la tutela efectiva del derecho consignado en el pagaré…” Con ello el recurrente inconfundiblemente deviene a la Corte Suprema de Justicia pretendiendo hacer valer el alcance de una acción personal, pero esgrimiendo el derecho que otorgan los títulos valores, en este caso el pagaré, argumento inverosímil ya que no hay duda alguna que la tutela efectiva del pagaré se encuentra prescrita y por ende carece de todo derecho a favor del posible acreedor. Dado caso vendría el cobro por la documentación de una posible deuda vía acción personal, sin la tutela jurídica que gozan los títulos valores por la prescripción no controvertida. Contradicción que nace del mismo casacionista que hace desestimar su recurrencia en su primer motivo. Artículos 1, 4, 5, 449, 450, 579, 590 del Código de Comercio. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."OCTAVO: Analizados los motivos casacionales, sus preceptos autorizantes como el pronunciamiento del Abogado JOSÉ RENE GALINDO ACOSTA, en su condición indicada, se concluye que para el Segundo Motivo de Casación el recurrente es preciso en determinar que comparece ante esta instancia en apego del articulo 719 numeral 2) por “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” manifestando que la norma infringida es el artículo 2292 del Código del Código Civil, cuando dispone que las acciones personales sin término prescriben en diez años. En su argumento que dice: “La interpretación indebida de la norma establecida en el artículo 2292 del Código Civil incide directamente en el fallo, porque la Corte Sentenciadora…estima que los títulos valores como el pagaré están regulados por el Código de Comercio, como ley especial, siendo vencido la acción para exigir el cumplimiento…” Al igual que en el primer motivo al argumentar que la interpretación indebida de la norma señalada se explica en que la sociedad recurrente está reclamando por la vía del proceso ordinario, no por el procedimiento ejecutivo, el cumplimiento de una obligación de pago consignada en el pagaré citado.” Con ello el recurrente inconfundiblemente pretende hacer valer el alcance del derecho que otorgan los títulos valores, argumento inverosímil, ya que no hay duda alguna que la tutela efectiva del Pagaré se encuentra prescrita. No puede alegar el alcance y tutela de un título valor prescrito, no importando la vía procedimental utilizada, que como expresamente lo ha manifestado en sus dos motivos pretende ejercer la obligación de pago consignada en el pagaré prescrito. El Pagaré dejo de ser título valor y gozar de obligatoriedad para los demandados al momento que ha prescrito transformándose en un simple documento no indubitado, por lo cual NO PUEDE EL RECURRENTE EXIGIR LA OBLIGACION DE PAGO CONSIGNADA EN UN DOCUMENTO YA NO EXISTENTE EN LA FORMA COMO FUE CREADO. Es de entender que Las acciones personales son las que tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, no de un documento categorizado como título ejecutivo, como contradictoriamente comparece impugnando el recurrente. Artículos 1, 4, 5, 449, 450, 579, 590 del Código de Comercio; 11, 1346, 1347 del Código Civil."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de lo Civil. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil catorce (2014). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación interpuesto por La Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., representada en juicio por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA. Conforman la Sala de lo Civil los honorables Magistrados de la Sala de lo Civil: Abogados RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, Magistradas. SON PARTES: La Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., representada en juicio por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de recurrente; siendo recurridas las señoras GISELA ALEJANDRA MORENO MEMBREÑO y MARIA MAGDALI MEMBREÑO ORELLANA, representadas en juicio por el Abogado JOSE RENE GALINDO ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO, promovida en fecha seis (06) de mayo del dos mil cinco (2005), ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., contra la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha seis (06) de abril del año dos mil doce (2012), procedente de la demanda ordinaria promovida por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de representante judicial del recurrente en contra de las señoras GISELA ALEJANDRA MORENO MEMBREÑO y MARIA MAGDALI MEMBREÑO ORELLANA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, ambas mayores de edad, y hondureñas, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contraída al pago de la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L. 238,250.02), más intereses y costas del juicio. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha seis (06) de abril del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la Sociedad BANCO CONTINENTAL, S.A. y como consecuencia revoca la sentencia definitiva dictada por la Juez de Letras Tercero de lo Civil de esa ciudad fechada veinticinco(25) de septiembre del dos mil siete (2007), por considerar que no esta conforme a derecho. SEGUNDO: En fecha dieciséis (16) de agosto del año doce (2012), el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Representante Procesal de BANCO CONTINENTAL, S.A. formalizó el recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada en segunda instancia en fecha diecinueve (19) de Abril de ese mismo año. Sustenta su derecho en dos motivos casacionales: PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 579 del Código de Comercio que dispone que la acción cambiaria directa prescribe en tres (03) años contados a partir del día del vencimiento de la letra. Continúa formalizando el casacionista que para demostrar la violación por la indebida aplicación para la solución de fondo del litigio exponiendo que mediante el procedimiento de la vía ordinaria, la sociedad mercantil denominada Banco Continental, S.A., interpuso en fecha seis (06) de Mayo de dos mil cinco (2005), demanda de pago contra la señora Gisela Alejandra Moreno Membreño y contra la señora María Magdali Membreño Orellana en su condición personal y como representante legal de sus menores hijos, Álvaro Jose Moreno Membreño y Ernesto Josué Moreno Membreño. Acompañando con la demanda como fundamento un pagaré con fecha de vencimiento, del dieciocho (18) de Octubre de dos mil (2000). Por lo cual, se ha ejercido una acción personal por la vía ordinaria. La aplicación de la norma establecida en el artículo 579 del Código de Comercio incide directamente en el fallo, debido a que la Corte Sentenciadora incurrió en una aplicación indebida de la citada norma a la solución de fondo del litigio. Ya que estima que la demanda para reclamar el pago del pagaré fue presentada el seis (06) de Mayo de dos mil cinco (2005), demanda que debió promoverse el dieciocho (18) de Octubre de dos mil tres (2003), como lo establece la citada norma, o sea que la acción ya había prescrito y el pagaré ya estaba caducado. La aplicación indebida de la norma señalada se explica en el hecho de que la sociedad mercantil denominada Banco Continental, S.A., era titular de una acción cambiaria directa derivada del pagaré en mención, teniendo el derecho de exigir su pago dentro del plazo de tres (03) años contados desde su vencimiento, mediante la acción cambiaria directa a través de un procedimiento de ejecución forzosa. Al no ejercer la acción durante ese plazo, el pagaré perdió su fuerza ejecutiva, consecuentemente ejercer la acción por la vía del procedimiento ejecutivo, pero no perdió el derecho de ejercer la acción ordinaria, ya que la citada ley solo se refiere a la acción cambiaria directa; y, no a las demás acciones que se tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales, para la tutela efectiva del derecho consignado en el pagaré. Habiendo tramitado una acción personal por la vía del procedimiento ordinaria, no es aplicable la norma citada a la solución de fondo del asunto, ya que esa norma es aplicable para la acción cambiaria directa por la vía del procedimiento ejecutivo. SEGUNDO MOTIVO. Disposición infringida la norma contenida en el artículo 2292 del Código Civil, que dispone que las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben a los diez años. Formaliza el impetrante este segundo motivo casacional en la pretensión de pago del referido pagaré la sociedad mercantil denominada Banco Continental, S.A., les exige a la señora Gisela Alejandra Moreno Membreño; y, a la señora María Magdali Membreño Orellana en su condición personal y como Representante Legal de sus menores hijos, Álvaro José Moreno Membreño y Ernesto Josué Moreno Membreño, el pago de la cantidad de Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con Dos Centavos (L. 238,250.02), mediante la vía judicial del procedimiento ordinario. Por ser una acción personal tiene el derecho a interponerla durante el plazo de diez (10) años contado a partir del vencimiento de la obligación, el día dieciocho (18) de Octubre de dos mil (2000), habiéndose interpuesto la demanda en fecha seis (06) de Mayo de dos mil cinco (2005). La interpretación indebida de la norma establecida en el artículo 2292 del Código Civil incide directamente en el fallo, porque la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, ya que estima que los títulos valores como el pagaré están regulados por el Código de Comercio, como ley especial, y siendo vencida la acción para exigir el cumplimiento del pagaré prescribió a los tres (03) años contados a partir de su vencimiento. La sociedad mercantil denominada Banco Continental, S.A., mediante el pagaré puede ejercer la acción cambiaria directa, dentro del plazo de tres (03) años contados desde su vencimiento, mediante el procedimiento ejecutivo. La interpretación indebida de la norma señalada se explica en el hecho de que la sociedad mercantil denominada Banco Continental, S.A., a través de su apoderado legal está reclamando por vía del procedimiento ordinario, no por vía del procedimiento ejecutivo, el cumplimiento de una obligación de pago consignada en el pagaré citado. Habiéndose ejercido una acción personal, no una acción cambiaria directa, por lo cual tiene el derecho a interponer la acción personal durante el plazo de diez (10) años contado a partir del vencimiento de la obligación. Ambos motivos de casación tienen como precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. TERCERO: El abogado JOSE RENE GALINDO ACOSTA, en su condición indicada, en derecho de contradicción se opone al recurso extraordinario de casación interpuesto expresando: En cuanto al PRIMER MOTIVO: Que el Código de Comercio en su Titulo Preliminar, Disposiciones Generales, articulo 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por dicho código. El articulo 4 de la misma Codificación establece los Títulos Valores son cosas mercantiles. Que dentro de la misma normativa, el articulo 5 establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. Por su parte, el articulo 449 del Código de Comercio determina que los títulos valores son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ello se consigna y siempre dentro del mismo Código reconoce el articulo 590 al Pagaré como titulo valor. Con lo antes relacionado no se puede dejar de entender que existe una Ley Especial que es el Código de Comercio, por lo cual todas las relaciones Mercantiles y sus derivaciones de acuerdo a su contenido se regirán por estas, no importando si es un proceso Ordinario o Ejecutivo, por lo cual no se puede tener un criterio que siendo la Ley general solo aplica para acciones ejecutivas y no ordinarias. SEGUNDO MOTIVO: Se opone totalmente a la misma argumentando que el Articulo 4 del Código Civil establece que las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás especiales, se aplicaran preferentemente las normas de ese código. Continua manifestando que el articulo 1685 del Código de comercio establece que la prescripción comienza a correr desde el día que el derecho pudo hacerse valer y que el apoderado legal de la sociedad Banco de Occidente ha interpuesto una demanda ordinaria de pago sustentando su acción en normas legales que corresponden a una Acción Cambiaria Directa que es un Juicio ejecutivo y ahora en el escrito de formalización de Casación pretende hacer valer los preceptos legales establecidas en el Código Civil. CUARTO: Esta Sala de lo Civil, en nombre la Corte Suprema de Justicia, consideró que el recurso interpuesto se encuentra estructurado conforme a derecho, delimitando de forma clara el alcance de la infracción y el precepto que le permite la recurrencia, por tal motivo y por haberlo solicitado el propio recurrente se celebró audiencia en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diez (2010), con la comparecencia única del Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA en su condición ya indicada, quien autorizado para hacer uso de la palabra manifestó que su representada se mantiene firme su oposición al Recurso de Casación, especialmente en los hechos y fundamentos expuestos en todo su alcance, y especialmente en el articulo número 4 del Código de Comercio, por lo cual no procede la recurrencia. Dicha audiencia se verificó con la presencia de los Magistrados Raúl Antonio Henríquez Interiano como Coordinador de Sala, Edith María Lopez Rivera y Reina Sagrario Solórzano Juárez, Magistradas. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 numeral 1), 3, 7 numeral 1), 723 numeral 1), 724, 726, 728 del Código Procesal Civil y con especial aplicación a los razonamientos y fundamentos siguientes: PRIMERO: El recurso de casación es un medio de impugnación que por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a una sentencia que le perjudica[1]. Sus fines son la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo y así lo dispone el Artículo 716 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: La presente impugnación deviene contra la sentencia de fecha seis (06) de abril del año dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, quien conoció vía recurso de apelación la sentencia definitiva de fecha veinticinco(25) de septiembre del año dos mil siete (2007), dictada por el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO, promovida por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., contra las señoras GISELA ALEJANDRA MORENO MEMBREÑO y MARIA MAGDALI MEMBREÑO ORELLANA, resolviendo la referida Corte REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el A Quo. La Parte Resolutiva de la sentencia impugnada reza lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE RENE GALINDO ACOSTA, contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco de Septiembre del año dos mil siete (2007), dictado por la Juez de Letras Tercero de lo Civil de esta ciudad. En la Demanda ordinaria de pago promovida por el abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. contra GISELA ALEJANDRA MORENO MEMBREÑO y MARIA MAGDALI MEMBREÑO ORELLANA en su condición personal y como representante legal de sus menores hijos: ALVARO JOSE y ERNESTO JOSUE ambos de apellidos MORENO MEMBREÑO. SEGUNDO: Revocando la sentencia apelada por no, estar dictada conforme a derecho. TERCERO: Se declara CON LUGAR excepción perentoria de prescripción. CUARTO: Se desestima la demanda de merito. QUINTO: Se absuelve a los demandados, al pago de doscientos treinta y ocho mil, doscientos cincuenta lempiras con dos centavos y los intereses (L. 238, 250.02). SEXTO: En cuanto a la adhesión de la apelación solicitada por el apelado SIN LUGAR…SIN COSTAS”.- TERCERO: Del estudio de los antecedentes procesales y los argumentos traídos a casación, nace en primer lugar determinar si el titulo valor es un negocio jurídico. No cabe duda que para la legislación nacional el titulo valor si es un negocio jurídico, ya que parte de un hecho con esta relevancia; hecho voluntario y por ende acto jurídico, y mediante el cual el suscriptor esta regulando intereses propios en relación con otros. Es innegable que el título nace por obra de un acto voluntario, que es la suscripción del documento; es asimismo innegable que mediante dicho libramiento se está configurando un tipo negocial que el ordenamiento legal pertinente (ley mercantil), recoge y cuyas relaciones jurídicas son reguladas por éste[2]. CUARTO: Del debate generado en esta instancia, la Sala de lo Civil es del criterio que la legislación hondureña acierta en contar con un ordenamiento jurídico distinto para las obligaciones civiles con las mercantiles. Ambas están delimitadas por el Código de Comercio cuando en su artículo dos (2) se establece que son comerciantes las Sociedades constituidas en forma mercantil, tal como lo es la Sociedad BANCO CONTINENTAL, S.A., eslabonado con el articulo cinco (05) del mismo código que establece que si los actos son mercantiles aunque sea para una sola de las partes, imperará el Código de Comercio. En el presente proceso el Pagaré es una cosa mercantil tanto por ley y como negocio jurídico, por lo cual se encuentra sometido al imperio del Código de Comercio. Artículos 1, 2, 4, 5 del Código de Comercio. QUINTO: Se consideran como títulos-valores los documentos necesarios para ejercitar el Derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. El texto literal del documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones consignados en él. Artículos 449 y 460 del Código de Comercio. SEXTO: Se define al pagaré como un título valor con fines crediticios que contiene una promesa incondicional de pago dada por una persona llamada suscriptor o girador a otra llamada beneficiario o girado, de pagar una suma determinada de dinero en el lugar y fecha señalados en el documento.[3] El mismo se encuentra expresamente regulado en el Código de Comercio y por ende le son atribuibles las disposiciones de prescripción pertinentes al Derecho Mercantil. Afirmación aceptada por las partes. Artículos 449, 590 del Código de Comercio. SEPTIMO: Analizados los motivos casacionales, sus preceptos autorizantes como el pronunciamiento del Abogado JOSÉ RENE GALINDO ACOSTA, en su condición expresada en la presente sentencia, se concluye que para el Primer Motivo de Casación el recurrente es preciso en determinar que comparece ante esta instancia en apego de lo que establece el articulo 719 numeral 2) en lo concerniente a la “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” bajo el argumento que la norma infringida es el articulo 579 del Código de Comercio que dispone sobre el término para que opere la prescripción de la acción cambiaria en títulos valores. Arguye también que la acción iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia es de carácter personalísimo, siguiendo el procedimiento establecido para los procesos ordinarios; y no por la vía del proceso ejecutivo, reconociendo que el pagaré perdió su fuerza ejecutiva por prescripción de acción, mas no las demás vías legales para reclamar su cobro, por lo cual su cobro judicial es vía acción personal. Sin embargo en su misma recurrencia el impugnante contradice su propio motivo de casación y da razón tanto a la sentencia apelada como al pronunciamiento de su contraparte al afirmar “…ya que la citada ley solo se refiere a la acción cambiaria directa; y, no a las demás acciones que se tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales, para la tutela efectiva del derecho consignado en el pagaré…” Con ello el recurrente inconfundiblemente deviene a la Corte Suprema de Justicia pretendiendo hacer valer el alcance de una acción personal, pero esgrimiendo el derecho que otorgan los títulos valores, en este caso el pagaré, argumento inverosímil ya que no hay duda alguna que la tutela efectiva del pagaré se encuentra prescrita y por ende carece de todo derecho a favor del posible acreedor. Dado caso vendría el cobro por la documentación de una posible deuda vía acción personal, sin la tutela jurídica que gozan los títulos valores por la prescripción no controvertida. Contradicción que nace del mismo casacionista que hace desestimar su recurrencia en su primer motivo. Artículos 1, 4, 5, 449, 450, 579, 590 del Código de Comercio. OCTAVO: Analizados los motivos casacionales, sus preceptos autorizantes como el pronunciamiento del Abogado JOSÉ RENE GALINDO ACOSTA, en su condición indicada, se concluye que para el Segundo Motivo de Casación el recurrente es preciso en determinar que comparece ante esta instancia en apego del articulo 719 numeral 2) por “aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” manifestando que la norma infringida es el articulo 2292 del Código del Código Civil, cuando dispone que las acciones personales sin término prescriben en diez años. En su argumento que dice: “La interpretación indebida de la norma establecida en el articulo 2292 del Código Civil incide directamente en el fallo, porque la Corte Sentenciadora…estima que los títulos valores como el pagaré están regulados por el Código de Comercio, como ley especial, siendo vencido la acción para exigir el cumplimiento…” Al igual que en el primer motivo al argumentar que la interpretación indebida de la norma señalada se explica en que la sociedad recurrente esta reclamando por la vía del proceso ordinario, no por el procedimiento ejecutivo, el cumplimiento de una obligación de pago consignada en el pagaré citado.” Con ello el recurrente inconfundiblemente pretende hacer valer el alcance del derecho que otorgan los títulos valores, argumento inverosímil, ya que no hay duda alguna que la tutela efectiva del Pagaré se encuentra prescrita. No puede alegar el alcance y tutela de un título valor prescrito, no importando la vía procedimental utilizada, que como expresamente lo ha manifestado en sus dos motivos pretende ejercer la obligación de pago consignada en el pagaré prescrito. El Pagaré dejo de ser título valor y gozar de obligatoriedad para los demandados al momento que ha prescrito transformándose en un simple documento no indubitado, por lo cual NO PUEDE EL RECURRENTE EXIGIR LA OBLIGACION DE PAGO CONSIGNADA EN UN DOCUMENTO YA NO EXISTENTE EN LA FORMA COMO FUE CREADO. Es de entender que Las acciones personales son las que tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, no de un documento categorizado como título ejecutivo, como contradictoriamente comparece impugnando el recurrente. Artículos 1, 4, 5, 449, 450, 579, 590 del Código de Comercio; 11, 1346, 1347 del Código Civil. NOVENO: En síntesis, el recurrente comparece a esta instancia alegando actuaciones personalísimas cuando solicita tutela jurídica para hacer valer los derechos consignados y propios de un Pagaré, que por naturaleza son tutelados por el Derecho Mercantil. DECIMO: Aunque no es debatido, no pasa por alto para esta Sala de lo Civil lo que establece el articulo 475 del Código de Comercio al preceptuar que: “extinguida por caducidad o por prescripción la acción cambiaria contra El emisor, el tenedor del titulo-valor que carezca de acción causal contra éste, y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir al emisor la suma de que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en un año contado desde el día en que caducó o prescribió la acción cambiaria”. III. PARTE DISPOSITIVA. Por todo lo anterior, la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos FALLA: 1) NO HA LUGAR al Recurso de Casación en su PRIMER MOTIVO, en vista que el impetrante no acreditó ni en su escrito de recurso ni en la audiencia, que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés haya infringido por aplicación e interpretación de la norma empleada para la solución del fondo litigioso lo preceptuado en el articulo 579 del Código de Comercio. 2) NO HA LUGAR al Recurso de Casación en su SEGUNDO MOTIVO, en vista que el impetrante no acreditó en su escrito de recurso ni en la audiencia, que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés haya infringido por aplicación e interpretación de la norma empleada para la solución del fondo litigioso lo preceptuado en el articulo 2292 del Código Civil. 3) DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha diecinueve (19) de abril de abril del año dos mil doce (2012) e identificada en esta instancia bajo Expediente S.C. 229-2012. 4) CONDENA en costas al recurrente. 5) La presente sentencia es de carácter irrecurrible. NOTIFIQUESE. FIRMAS. RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO. MAGISTRADO COORDINADOR. EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA. RECEPTOR ADSCRITO”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete días del mes de Febrero de Dos Mil Catorce; Certificación del Auto de fecha Diecisiete de Enero de Dos Mil Catorce, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 229=2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Guasp i Puyol, Manuel, La Casación Civil, Pág. 98

[2] Gutiérrez Falla, Laureano.- Apuntes de Derecho Mercantil.- Págs.222-223

[3] García Rodríguez, Salvador.- Los Títulos de Crédito.- Pág.71