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Sentencia CC-223-13 — Registro 5263

Resumen

En segunda instancia se revoco la resolución impugnada en cuanto a la Indemnización de daños y perjuicios como pretensión accesoria y con lugar la demanda de reivindicación de dominio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El recurrente en su primer motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y en la explicación del motivo expresa “las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo” pero cita disposiciones del Código Procesal Civil, haciendo evidente que confunde unas y otras a pesar de que el numeral 1 del Artículo 719 se refiere a las primeras y el numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, se refiere a las segundas.

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de Agosto del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación; RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El Señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, representado en juicio por el Abogado JACOBO RIVERA DIAZ, en su condición de recurrente; y el señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, representado en juicio por el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN; en su condición de recurrido.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO, SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE SE DECRETE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, COSTAS JUDICIALES, promovida en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil once (2011), ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, por el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, en su condición de Apoderado Legal del señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, contra el Señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha dos (02) de septiembre del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO, SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE SE DECRETE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, COSTAS JUDICIALES, promovida en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil once (2011), ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, por el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, en su condición de Apoderado Legal del señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, contra el Señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, la cual falló de la siguiente manera: “RESUELVE; PRIMERO: Declarar HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, en la condición con que actúa, y en contra de la resolución dictada por el señor Juez Titular del Juzgado Segundo de Letras Departamental, de fecha treinta de marzo del año dos mil doce, visible a folios ciento ocho (108) al ciento doce (112) de la Primera pieza de autos, en la demanda de reivindicación de dominio promovida en contra del señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, de generales expresadas en el preámbulo de ésta resolución. SEGUNDO: REVOCAR la resolución impugnada, y confirmar solamente en la parte dispositiva de la resolución impugnada en cuanto a la Indemnización de daños y perjuicios como pretensión accesoria. TERCERO: Declarar CON LUGAR la demanda de Reivindicación de dominio, promovida por el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, quien actúa en su condición de Apoderado Procesal del señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, y en contra del señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, ambos de generales expresadas en el preámbulo de ésta resolución. Sin costas en esta instancia”.

SEGUNDO: El Representante Procesal del Señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, Abogado JACOBO RIVERA DIAZ, presento en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.

TERCERO: Mediante auto de fecha uno (01) de octubre del dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, tuvo por interpuesto el recurso de casación por parte del Abogado JACOBO RIVERA DIAZ, en su condición ya indicada, y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del escrito.

CUARTO: El Representante Procesal del señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, presento en fecha quince (15) de octubre del año dos mil trece (2013), escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, tener por contestado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el Abogado FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha veintitrés (23) de octubre del dos mil trece (2013), y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personado en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de la siguiente manera: “IDENTIFICACION DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA. El vicio o error que causa esos agravios, consiste en errores en la estructuración misma de la sentencia, que dan lugar tanto a la infracción de Ley procesal como a la infracción de ley sustantiva o sea de las normas jurídicas empleadas para resolver el fondo del litigio, infracciones que se desarrollan en los motivos siguientes. PRIMER MOTIVO Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilitan como licito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia recurrida: a) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido”. b) Artículo 245 numeral 1) del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. c) Artículo 271 numeral 5) del Código Procesal Civil, dispone: “Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso... 5) Las certificaciones expedidas por los registradores en los asientos regístrales. d) Artículo 272 numeral 1) del Código Procesal Civil, establece: “Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el Artículo siguiente (el 273) si se aportaren al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada o certificación fehaciente o sí, habiendo sido aportado por copia simple, no se hubiere impugnado su autenticidad” e) Finalmente, el Artículo 273 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos públicos, imperativamente en su numeral 1) expresa que “los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. He citado, Honorable Corte, las normas procesales relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por la demandada y toral a los efectos de la litis, cuales son los títulos de dominio en que ostenta la posesión de los inmuebles que son objeto de reivindicación y cuyo titular de los mismos es el señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH mismos que se encuentra debidamente inscritos en el Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Santa Bárbara, y que el Tribunal acusado debió determinar a su favor dicho dominio, llegando a la conclusión que además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en documentos públicos en cuyo concepto se refunde o subsume la titularidad y dominio y posesión del señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH sobre la fracción del terreno objeto de reivindicación, a la cual, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 numeral 1), todos del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documento público le corresponde, ya que como se puede apreciar la parte demandada se defendió de la acción alegando ser igualmente propietario legítimo de un terreno que se encuentra localizado en la fracción en litigio; lo que lleva a Censurar la sentencia recurrida no sólo en la falta de requisitos en al forma y contenido de la misma, sino en la violación por parte de la Corte sentenciadora de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada, luego de haber dejado de valorar y consecuentemente aplicar al caso concreto la documental publica aportada al litigio. Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta, que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte de Apelaciones parte de una premisa falsa, al estimar que no encuentra sustento alguno para dar por acreditado la existencia de un derecho de propiedad sobre el terreno objeto de reivindicación a favor de mi representado, todo con motivo de hacer caso omiso a la documental publica en donde deriva la titularidad, dominio y posesión de mi representado es indiscutible que tuvo que arribar como en efecto arribó a una conclusión falsa, cual es, la ilegal, arbitraria e injusta sentencia de declaración con lugar de la demanda de reivindicación interpuesta en contra de mi representado. Se señala y puntualiza en que consistió la violación de las normas invocadas por parte de la Corte de Apelaciones: La Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, al hacer una valoración subjetiva de los medios de prueba documental propuesto por el demandante y el demandado al referirse a los mismos, no encontramos sustento alguno, para dar por acreditado la inexistencia de la posesión, por parte de mi representado señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH, SOBRE LA FRACCION DE TERRENO OBJETO DE REIVINDICACION, por ende es procedente el reclamo de la misma, porque se probó que ni previa ni durante estos actos mi representado se desposeyó de la misma y por el contrario llevo a cabo actos de posesión sobre dicha fracción del inmueble de su propiedad, como tampoco se ha acreditado que por algún medio haya llegado a su conocimiento la existencia de que esa fracción de terreno le corresponde al ahora demandante. Es importante reseñar que debemos entender como agravios aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho o de derecho, que tienden a demostrar y puntualizar la violación o inexacta violación de la ley que se materialicen en una ausencia de tutela judicial efectiva, lo cual encontramos en la sentencia recurrida. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haber valorado los documento públicos de titularidad de dominio a favor de mi representado específicamente los instrumentos públicos números 2079 y 501, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, habría arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de reivindicación de algo que es de pertenencia de mi representado. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido, al expresaros que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó en el numeral 1 y 2 Segundo de la parte dispositiva de su sentencia, la sustentó, desmereciendo con ello el crédito que la normativa le atribuye a los instrumentos públicos, que es un documento público.- Es lógico que al hacer equivocadamente la apreciación que hizo en su numeral séptimo y por ende no darle el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 5), 272 numeral 1) y 273 numeral 1) del Código Procesal Civil, provocando una indefensión a mi representado ‘por no haber llevado la vinculación del debido proceso en el desarrollo del referido juicio. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Como los errores denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplico porque como manifestamos la infracción de las normas procesales se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. SEGUNDO MOTIVO Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilitan como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce indefensión, por no hacer valoración a la cosa juzgada material. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. Infracción del artículo 210 numerales 1, 5 y 7 del Código Procesal Civil, en lo relacionado a la Cosa Juzgada Material. Se señala y puntualiza en que consistió la violación de las normas invocadas por parte de la Corte de Apelaciones: Honorable Corte, los hechos en que se fundamenta el escrito de Demanda, y la sentencia objeto de este Recurso, son los mismos hechos en que se fundamentaron las demandas y contestaciones que fueron fallada en la sentencia que conoció y dictamino el Juzgado Segundo de Letras Departamental de la ciudad de Santa Bárbara en fecha 27 de noviembre del año dos mil siete, en el juicio contentivo de Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Instrumento Publico y del Contrato que lo contiene y de su Inscripción Registral promovida por el mismo señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA en contra de mi representado señor JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH.- Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada Honorable Corte, No ha existido ni existe, ninguna declaración judicial que establezca que la sentencia recaída en el referido proceso, haya sido cuestionada para ser revocada por parte del propio demandante JULVIO ARMANDO ALVARENGA, pero el ahora mismo demandante, en la demanda de Reivindicación que es objeto del presente juicio, viene con esta acción de reivindicación, a dar la razón y el sentido de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de la ciudad de Santa Bárbara en fecha 27 de noviembre del año dos mil siete, ya que la presente demanda reivindicatoria, la viene establecer sobre los mismos hechos, los mismos protagonistas, donde ya existe una sentencia denegatoria a los intereses del demandante JULVIO ARMANDO ALVARENGA, por consiguiente, estamos ante una Cosa Juzgada Material, razón por la cual, es procedente que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia declare la revocatoria de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, mediante el presente Recurso de Casación que se interpone, ya que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones señalada, acoge en sus antecedentes, en sus fundamentos de derecho y parte dispositiva de su sentencia dictada, aspectos tomados y considerados en la sentencia de fecha 27 de noviembre del año dos mil siete, y el Artículo 210 del actual Código Procesal Civil en sus numerales 5 y 7, prohíbe expresamente el doble juzgamiento, aunque se modifique la calificación o se aleguen nuevas circunstancias, esto como consecuencia del Articulo 95 de nuestra Constitución de la República que claramente establece “que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”, por consiguiente, aunque se aleguen nuevos hechos o absurdamente se indique un cambio de figura en la demanda en este caso la figura de la Reivindicación, lo cierto es que esa expresión no abona en nada la posición del demandante, sino todo lo contrario, ya que los hechos señalados en su demanda se encuentran firmes en cuanto a la apreciación de los instrumentos públicos en que ampara la titularidad, dominio y posesión de mi representado, como tampoco le corresponde a un Tribunal de primera o segunda instancia venir a reabrir ningún juicio ni cuestionar una sentencia judicial pasada en autoridad de Cosa Juzgada, porque estaría transgrediendo los límites de su función y evidentemente estaría parcializándose como una de las partes en el proceso, tal como ocurre en el caso de autos por parte de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, que hace caso omiso a lo establecido en la sentencia de primera instancia en lo relacionado a la apreciación de la Cosa Juzgada valorada apropiadamente por el Juzgador Aquo. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Sobre este particular existe una denuncia previa en la segunda instancia, específicamente en la contestación de agravios presentada ente la referida Corte de Apelaciones, al señalársele la existencia de la cosa juzgada y aun advirtiendo dicha situación jurídica procesal, no fue observada por la referida Corte, conllevando a la infracción de las norma procesal 210 numerales 5 y 7 del Código Procesal Civil que se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. MOTIVOS DE CASACIÓN IMPUGNACION EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACION DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA

SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO Que es el caso que la Corte Sentenciadora empleo para el fondo del litigio el artículo 868, del Código Civil en relación con los artículos 869, 872, 874 y 613, 614, 697, 698, 700, 701, 702 de la referida ley, artículo 868 que por este acto se impugnan por ser ajena su aplicación (aplicación indebida de los mismos) a la esencia del caso controvertido, ya que el referido artículo en este caso concreto no pueden operar para enervar lo solicitado por el demandante, al no existir las causa que se mencionan en el mismo, por lo que la aplicación de dicho artículo se vuelve superflua, ya que la invocación de estas norma no resuelve el fondo del litigio para decretar una reivindicación a favor del demandante señor JULVIO ARMANDO ALVARENGA, en contra de mi representado, en relación con una fracción de terreno de la que el demandante dice ser dueño legítimo y que está comprendida dentro de un lote identificado en el sitio como el Aguacate, y mi representado se defendió de la acción alegando ser igualmente propietario legítimo de un terreno pero dentro del lugar determinado la Laguna, dentro de cuya extensión se encuentra localizada la fracción en litigio. Honorables Magistrados se establece que se ha incurrido en la violación indicada de aplicación indebida del artículo 868 del Código Civil, porque para que pueda prosperar una acción de reivindicación de dominio, estableciendo las premisas que es necesario e indispensable, que el actor demuestre y compruebe al Juez, con los medios de prueba pertinente, si la ubicación, medidas, capacidad y colindancias a que se refiere el documento o titulo, es el mismo que ocupan los demandados, ya que legalmente para que proceda una acción de reivindicación de dominio deben reunirse obligatoriamente los requisitos como son la propiedad de la cosa, individualizar el bien inmueble y señalar los actos de posesiona que esta realizando el actual poseedor, aspectos que no ha logrado demostrar el demandante, ya que el inmueble que pretende reivindicar el mismo no es el mismo inmueble pretendido por el demandante, ya que cuenta con antecedentes de dominio propio, por lo que no se le esta lesionando en sus intereses en lo absoluto. El inmueble del que esta en posesión mi representado, se encuentra inscrito a favor del mismo demostrándose que son total y absolutamente diferente las medidas y colindancias, así como el antecedente de dominio correspondiente, no obstante dichas circunstancias el Tribunal A-Quem no lo considero y aplico indebidamente la norma señalada como infringida en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara al haber sido aplicadas indebidamente en la sentencia dictada, ya que si se les hubiese dado a las misma la aplicación correcta, la sentencia recurrida hubiese quedado arreglada a derecho, en el sentido de declarar sin lugar la demanda de merito y absolver a mi representado de las acciones deducidas contra el mismo, como bien lo decreto el Juzgado Segundo de Letras Departamental.

Que la referida aplicación indebida incide de una manera directa y notable en la resolución dictada, pues la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, infringe la ley que manda lo expresado en dichas norma al aplicarla en la forma indebida para la solución del fondo del litigio, resultando claramente que su aplicación indebida, llevo a que la sentencia recurrida en casación fue en el sentido de declarar con lugar el recurso de apelación y en consecuencia se revocar parcialmente la sentencia de primera instancia. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 causal del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. CELEBRACION DE LA VISTA. El suscrito estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Jacobo Rivera Díaz en su condición de representante procesal del señor José Guillermo Milla French, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el dos (02) de septiembre de dos mil trece (2013); recurso de casación que formalizó en tres motivos; en el primero alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; en el segundo motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y, en el tercero que él denomina primero alega aplicación indebida del Artículo 868 con relación a los Artículos 869, 872, 874, 613, 614, 697, 698, 700, 701 y 702, todos del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. El recurrente en su primer motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y en la explicación del motivo expresa “las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo” pero cita disposiciones del Código Procesal Civil, haciendo evidente que confunde unas y otras a pesar de que el numeral 1 del Artículo 719 se refiere a las primeras y el numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, se refiere a las segundas. Por otra parte, indica “Es lógico que al hacer equivocadamente la apreciación que hizo en su numeral séptimo y por ende no darle el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó los Artículos 13, 245 numeral 1, 271 numeral 5, 272 numeral 1 y 273 numeral 1 de Código Procesal Civil, provocando una indefensión a mi representado por no haber llevado la vinculación del debido proceso en el desarrollo del referido juicio”, con lo que se comprueba que por una parte alega hacer equívocamente la apreciación y por otra la violación a la que no se refiere el Artículo 719 del Código Procesal Civil que se limita a señalar la apreciación e interpretación de las normas procesales o de derecho.

  3. En el segundo motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. En la explicación del motivo el impetrante señala el artículo 210 numerales 1, 5 y 7 del Código Procesal Civil como normas de derecho cuya infracción sustenta, haciendo evidente que confunde las normas procesales con las normas de derecho a que se refiere el Artículo 719 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil y hace alegatos como de instancia no permitidos en este recurso extraordinario, por lo que el motivo resulta inadmisible.

  4. En el tercer motivo que él denomina primero alega aplicación indebida del Artículo 868 con relación a los Artículos 869, 872, 874, 613, 614, 697, 698, 700, 701 y 702, todos del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El impetrante en la explicación del motivo indica “que se ha incurrido en la violación indicada de aplicación indebida del Artículo 868 del Código Civil” con lo que se comprueba que por una parte alega haber incurrido en violación que no es una causal del recurso de casación y por otra la aplicación indebida de la misma norma. El Artículo 719 del Código Procesal Civil se limita a señalar como causales del recurso la apreciación e interpretación de las normas procesales o de derecho por lo que el cargo resulta inadmisible.

  5. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace improcedente su admisión por lo que concurre en sus tres motivos de casación expuesto, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  6. Que el apoderado legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.

  7. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por el Abogado Jacobo Rivera Díaz en su condición de representante procesal del señor José Guillermo Milla French, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la demanda de reivindicación de dominio por la vía del proceso declarativo ordinario, interpuesta por el Abogado Francisco Rafael Zepeda Guzmán, en su condición de representante procesal del señor Julvio Armando Alvarenga, contra el señor José Guillermo Milla French. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el 2 de septiembre de 2013, en el expediente de apelación número 14-12 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 21-12 del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA