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Sentencia CC-208-13 — Registro 5251

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria para el pago de los cánones por incumplimiento de un contrato rescindido unilateralmente por parte del arrendatario; en segunda instancia se declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación reformando la sentencia apelada en el sentido de condenar a la empresa CADECA al pago.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Argumentos de la Sala de lo Civil que resultan de confrontar el motivo de casación admitido con la sentencia impugnada… Antes de examinar las posiciones y resultados anteriores, la Sala de lo Civil aclara que la casacionista no introduce ex novo a la litis de mérito, la reconducción tácita del contrato de arrendamiento, tal como lo aduce la parte recurrida; lo que sucede es que el caso que se contiene o subsume en el artículo 1722 del Código Civil, se conoce con dicho nombre. Esta figura no se interpreta como una prórroga del contrato de arrendamiento, sino que constituye una renovación del contrato, en los mismos términos que los convenidos por las partes, salvo lo referido al plazo de vigencia, el cual es señalado por la ley. Para que se constituya este nuevo contrato se deben de cumplir los requisitos que el artículo mencionado exige; y que en el presente caso, este alto tribunal de justicia constata que concurren. De manera que es aplicable el artículo 1722 del Código Civil en el caso bajo estudio….Para comenzar el presente examen, se está claro que existe tácita reconducción del contrato de arrendamiento en virtud de que se cumplen los requisitos siguientes del artículo 1722 del Código Civil: a) La terminación del contrato por cumplimiento del plazo fijado, lo cual se encuentra subsumido en la norma que menciona al desahucio o cualquier otro modo distinto; b) La retención del inmueble (bien raíz) por el arrendatario; c) beneplácito del arrendador en el pago de la renta que hace el arrendatario o la existencia de un hecho inequívoco de ambas partes que constituya una manifestación de perseverar en el arriendo. …Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia fundamenta su decisión de conformidad a los argumentos de derecho siguientes: 1º Habiendo finalizado el contrato de arrendamiento por haber transcurrido el plazo de tres años convenido entre el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA), sin que se haya suscrito nuevo contrato, quince días antes de vencerse éste, tal como se estipulaba en el mismo contrato, lo procedente era la devolución del inmueble al arrendador por parte del arrendatario, observando la cláusula segunda literal j) del referido contrato, el que de manera expresa indicaba que debía devolverse en perfecto estado y con la limpieza necesaria. 2º Sin embargo al continuar la relación de arrendamiento mediante el pago de la renta con la connivencia del arrendador, concurrió el supuesto dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1722 del Código Civil, en el sentido de que siendo el objeto del contrato un predio rústico, se renovó el contrato de arrendamiento antes suscrito, pero con la salvedad de que el plazo ya no era de tres años, sino “el necesario para utilizar las labores y coger los frutos pendientes, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera.”. 3º De tal forma que el contrato de arrendamiento renovado entre el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA) es el resultado de la tácita reconducción dispuesta en el párrafo tercero del artículo 1722 del Código Civil, y por ende el plazo de duración de éste, es un asunto de prueba. En el presente caso el tiempo necesario para obtener los frutos de la crianza de pollos, el cual fue determinado por la parte arrendataria al momento de indicar mediante nota cuándo iba a devolver el inmueble a su propietario, sin alegato en contra por parte de este último. 4º Queda claro entonces para este alto tribunal de justicia que el contrato de arrendamiento renovado por tácita reconducción finalizaba el mes de enero de dos mil cuatro, debiendo en ese caso el arrendatario pagar hasta entonces la renta y devolver el inmueble en los términos previstos en la cláusula segunda literal i) del contrato de arrendamiento originario, es decir en buen estado y con la limpieza necesaria.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."“ La Sala de lo Civil en relación a las costas aclara que corresponde pronunciarse sobre las generadas por el juicio y las generadas por el recurso de casación…En ambos casos, este alto tribunal es del criterio que el Código Procesal Civil resulta ser la normativa aplicable para resolver, conforme a lo que se interpreta a contrario sensu en el artículo 916 del Código Procesal Civil… En el caso de las costas del pleito, cabe señalar que en aplicación del principio no reformatio in peius contenido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, no cabe condenar en costas; en virtud de que dicha norma legal dispone: “Artículo 692.- Principio de prohibición de la reforma peyorativa. La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución.”… La aplicación de dicho principio obedece a que en las diligencias del presente juicio consta que la parte demandada fue eximida por sendos órganos jurisdiccionales de instancia, hecho que fue consentido por la parte demandante al no recurrir en casación para revertir tal situación. En consecuencia no procede dictar condena en costas en la sentencia de instancia dictada en casación… En relación a las costas del recurso de casación, procede, en virtud de lo señalado en el artículo 221 del Código Procesal Civil, la no condena en costas, en virtud de que la pretensión de la parte demandada deducida en el recurso de casación fue estimada"

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014).

La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación; RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada DICTA LA SIGUIENTE SENTENCIA:

SON PARTES:

La sociedad COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V. (CADECA), representada en juicio por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA; en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID, también conocido como EVELIO SABILLÓN; representado en juicio por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN.

OBJETO DEL PROCESO:

DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Y PAGO DE LOS CÁNONES POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR PARTE DEL ARRENDATARIO, promovida en fecha veintidós de marzo del año dos mil seis, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, en su condición de apoderado legal del señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID, también conocido como EVELIO SABILLÓN, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S. de R.L., (CADECA); ahora conocida como sociedad mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V., (CADECA).

I. ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO: Con fecha veintidós de marzo del año dos mil seis, el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, en su condición de apoderado legal del señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID, también conocido como EVELIO SABILLÓN, entabló ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Y PAGO DE LOS CÁNONES POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR PARTE DEL ARRENDATARIO, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S. de R.L., (CADECA); ahora conocida como sociedad mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V., (CADECA).

SEGUNDO: En fecha veintiséis de mayo de dos mil once la abogada ALBA LUZ OTERO ALEMÁN, accionando en su condición de curadora ad litem de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V., (CADECA), contestó la demanda entablada en contra de su poderdante.

TERCERO: En fecha quince de marzo de dos mil trece, el Juzgado Civil Seccional del departamento de Cortés, falló de la siguiente manera:

“FALLA: I) Decretando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE LOS CÁNONES POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR PARTE DEL ARRENDATARIO…. promovida por el señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID conocido igualmente como “Evelio Sabillón”, contra la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. transformada en COMPAÑÍA AVÍCOLA CENTROAMERICANA S.A DE C.V. (CADECA) por la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA MIL , CIENTO DOCE LEMPIRAS (L. 980,112,00). II. CONDENA a COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMERICA S. DE R.L. transformada en COMPAÑÍA AVÍCOLA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (CADECA) a pagarle al señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID conocido igualmente como “Evelio Sabillón”, la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 3,776,226.40) desglosados de la siguiente manera: 1. NOVECIENTOS OCHENTA MIL, CIENTO DOCE LEMPIRAS (L. 980,112.00) en concepto de cánones dejados de pagar hasta la finalización del contrato; 2. DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 2, 297,114.40) en concepto de perjuicios; 3. No se condena en COSTAS al demandado por haber tenido motivos para defenderse. …”

CUARTO: Con fecha uno de agosto de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés, dictó en la sentencia de apelación el fallo siguiente:

“RESUELVE: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha quince de marzo del dos mil trece por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes. 2) REFORMANDO la sentencia apelada en el sentido de condenar a la empresa CADECA al pago de DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS (L. 280,032.00) y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS en concepto de perjuicios, confirmando en todo lo demás.- SIN COSTAS”.

QUINTO: La representante procesal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. (CADECA), abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, presentó en fecha diez de septiembre del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia dictada en segunda instancia.

SEXTO: La honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil, admitió el recurso de casación interpuesto, expresando en su decisum lo siguiente.

“…DECLARA:

  1. La ADMISIÓN del primer motivo e inadmisión del segundo y tercer motivo de la casación interpuesta por la abogada Evelyn Monterrosa Sierra contra la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Cortés en fecha uno (01) de agosto de dos mil trece (2013). 3) Se hace un llamado de atención a la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, para que en lo sucesivo dicte sus fallos dentro del alcance que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil. 4) Señálese el día veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014) para la votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esta fecha. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.”

SÉPTIMO: En fecha veinte (20) de agosto dos mil catorce (2014), se celebró la votación y fallo para la decisión de la presente casación, corriendo a partir de esa fecha los quince días que señala la ley para dictar la presente sentencia.

II. MOTIVACIÓN JURÍDICA

1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional.

Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- Contenido y alcance formal y material de la casación. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente a la vinculación que nace del motivo de casación formalizado por la censora y admitido por este tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil.

3.- Confrontación del decisum de la sentencia con el motivo que lo impugna. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil deberá confrontar el PRIMER MOTIVO de casación, el cual fue admitido por este alto tribunal, contra la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortés en fecha uno (01) de agosto de dos mil trece (2013).

4.- Resumen de los argumentos del motivo de casación admitido. La casacionista al momento de explicar el primer motivo de casación señala que existe interpretación errónea del artículo 1722 del Código Civil, el cual prescribe:

“Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo [no]* se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario, es una renovación del contrato.

Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el arrendador para exigirla cuando quiera.

Con todo, si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios urbanos y EL NECESARIO PARA UTILIZAR LAS LABORES PRINCIPIADAS Y COGER LOS FRUTOS PENDIENTES EN LOS PREDIOS RÚSTICOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA EXPIRACIÓN DE ESTE TIEMPO VUELVA A RENOVARSE EL ARRIENDO DE LA MISMA MANERA. (El subrayado y la mayúscula es nuestro).

Manifiesta que a esta figura se le denomina TÁCITA RECONDUCCIÓN y que supone un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma cosa, regido por las previsiones contractuales anteriores; excepto por lo que se refiere a la duración del mismo y a lo relativo a cualquier obligación accesoria incorporadas al contrato; como serían las garantías prestadas por un tercero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el arrendatario que no se extienden al nuevo contrato.

Resalta de todo lo expresado que este nuevo contrato tiene la limitante dispuesta normativamente, sobre la duración del mismo; ya que establece el plazo de tres meses cuando se refiere a predios urbanos y hasta la próxima recolección de frutos en los rústicos, sin perjuicio de que la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera. (Que en el caso de autos es de dos meses).

Entonces concluye que expirado el primer contrato entra como fuente de la obligación, el artículo 1722 del Código Civil normando la nueva situación jurídica con las mismas características del contrato anterior pero con la limitación respecto al tiempo del mismo.

Refiriéndose al caso sub iudice manifiesta que hubo entre las partes una renovación del contrato por el hecho de haberse retenido la cosa por parte de la sociedad arrendataria y por la aparente aquiescencia por parte del arrendador a que la arrendataria la retuviera. Acota que en este caso, la renovación no opera por el acuerdo manifiesto de voluntades de ambas partes, sino por lo dispuesto en el artículo 1722 que entiende renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, por tres meses si se trata de predios urbanos y si es sobre predios rústicos por el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes, sin perjuicio de que la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera.

5.- Resumen de los argumentos contenidos en la sentencia impugnada, relacionados con el motivo de casación admitido por la Sala de lo Civil. Habiéndose resumido las alegaciones de la casacionista, este alto tribunal de justicia procede ahora a resumir los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada en función del artículo que se estima infringido, objeto del motivo.

Expresa el ad quem en su sentencia que la causa por la cual se demandó en el presente caso es la contenida en el artículo 1716 del Código Civil que se refiere a la expiración del arrendamiento.

Luego, del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes destaca, que específicamente en su parte segunda, letra A, referida al plazo de arrendamiento, fue convenido éste en tres años, con inicio desde el uno (01) de mayo de dos mil (2000) y finalizando el treinta (30) de abril de dos mil tres (2003), siendo renovable mediante la suscripción de un nuevo contrato quince días antes del vencimiento del contrato.

Destaca también la notificación enviada por el apoderado legal de CADECA en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil tres (2003) mediante la cual hace saber al señor Evelio Sabillón que entre la semana del veintidós (22) al treinta (30) de enero del dos mil cuatro (2004) se le estaría haciendo la devolución del inmueble arrendado con la entrega del equipo, comprometiéndose al pago de la renta hasta el mes de enero de dos mil cuatro (2004).

El ad quem establece que el contrato suscrito fue renovado por las partes de manera tácita y que prueba de ello fue la nota enviada por el apoderado legal de CADECA ya mencionada.

De esta manera explica el ad quem, la aplicación del artículo 1722 del Código Civil: ya que el arrendamiento no terminó por desahucio o cualquier otro modo y que el párrafo tres de dicha norma establece, que si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si las partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más de tres meses en los predios urbanos y el necesario para utilizar las labores principales y coger los frutos pendientes en los predios rústicos.

Asimismo el tribunal de alzada manifiesta que según la notificación enviada por el arrendatario sobre la devolución del inmueble y equipo, ocho meses después de vencido el contrato, el arrendatario con dicha nota da por terminado un contrato que tácitamente había sido prorrogado, en atención a lo dispuesto en la norma antes apuntada que se refiere al límite del término de renovación del contrato. Señala que deben tomarse en cuenta los ocho meses que transcurrieron del término pactado hasta la notificación de devolución del inmueble como el necesario para utilizar las labores principales, resultando la cantidad a pagar de DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS.

6.- Resumen de los argumentos expuestos por la parte recurrida en casación. El recurrido manifiesta que la casacionista introduce al juicio, como litis nueva en casación la figura de la “tácita reconducción”. Completa la idea diciendo que esta figura no fue objeto del juicio y que el artículo 1722 del Código Civil no tiene aplicación en el presente asunto.

Menciona que en el caso bajo estudio el arrendatario firmó un contrato de arrendamiento por el término de tres años cuya vigencia se inició el uno de mayo del año dos mil y vencería el treinta de abril del año dos mil tres, pero resultó que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres, el arrendador recibió una notificación de parte del abogado de CADECA, expresando que en vista de que había vencido el contrato de arrendamiento firmado por el arrendador, devolverían el inmueble y el equipo que formaba parte del equipo. Al respecto el recurrido en casación resalta que ocho meses después de renovado tácitamente el contrato, el arrendatario unilateralmente decide ponerle término no obstante éste se encontraba legalmente prorrogado.

Menciona también que el abogado que notificó el cese del contrato no ostentaba las facultades legales necesarias para hacerlo como representante legal de CADECA, quien todavía no se ha expresado sobre la relación contractual.

7.- Argumentos de la Sala de lo Civil que resultan de confrontar el motivo de casación admitido con la sentencia impugnada. La impetrante refiere que la sentencia del ad quem infringe el artículo 1722 del Código Civil.

Explica la infracción o motivo básicamente en que este precepto legal fue interpretado erróneamente por el ad quem en virtud de que esta norma da vida a un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma cosa, regido por las mismas previsiones del contrato anterior, salvo lo relacionado con la duración de éste, agrega diciendo que esto se denomina tácita reconducción.

En cambio la corte de apelaciones afirma que hubo una renovación tácita de tres años del contrato suscrito por las partes, y que por la notificación enviada por el arrendatario para la devolución del inmueble y equipo, ocho meses después de vencido el contrato, éste da por terminado el contrato que tácitamente había sido prorrogado. Concluyendo entonces que en atención a lo dispuesto en la norma de mérito, deben tomarse en cuenta los ocho meses que transcurrieron del término pactado hasta la notificación de devolución del inmueble como el necesario para utilizar las labores principales, resultando la cantidad a pagar de doscientos ochenta mil treinta y dos lempiras y dos millones seiscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con cuarenta centavos en concepto de perjuicios.

Antes de que el tribunal de alzada pronunciara su fallo, el juzgador de primera instancia había condenado a la parte demandada a pagar al actor la cantidad de tres millones seiscientos setenta y siete mil doscientos veintiséis lempiras con cuarenta centavos desglosados en novecientos ochenta mil ciento doce lempiras en concepto de cánones dejados de pagar hasta la finalización del contrato, más dos millones doscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con catorce centavos en concepto de perjuicios. Este resultado se debe a que el iudex a quo no reconoce la tácita reconducción del contrato, contenida en el artículo 1722 del Código Civil, en su lugar acoge la tesis de la parte actora consistente en la prórroga del contrato de arrendamiento, con una vigencia de tres años más, contados desde que finalizó el contrato originario; razón por la cual condena a la parte demandada a pagar la renta de tres años, descontando los ocho meses que fueron pagados por la empresa demandada.

Pues bien, como se expresó antes, la corte de apelaciones, decidió condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de: “doscientos ochenta mil treinta y dos lempiras más otra cantidad de dos millones seiscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con cuarenta centavos en concepto de perjuicios”. En el caso de la primera cantidad, ésta corresponde al pago de los ocho meses que pasaron desde que finalizó el contrato y que el inmueble fue aprovechado por el arrendatario, hasta que anunció por nota su intención de poner fin al contrato. La otra cantidad corresponde a los perjuicios, tal como lo expresó en su fallo, el ad quem.

Antes de examinar las posiciones y resultados anteriores, la Sala de lo Civil aclara que la casacionista no introduce ex novo a la litis de mérito, la reconducción tácita del contrato de arrendamiento, tal como lo aduce la parte recurrida; lo que sucede es que el caso que se contiene o subsume en el artículo 1722 del Código Civil, se conoce con dicho nombre.

Esta figura no se interpreta como una prórroga del contrato de arrendamiento, sino que constituye una renovación del contrato, en los mismos términos que los convenidos por las partes, salvo lo referido al plazo de vigencia, el cual es señalado por la ley.

Para que se constituya este nuevo contrato se deben de cumplir los requisitos que el artículo mencionado exige; y que en el presente caso, este alto tribunal de justicia constata que concurren. De manera que es aplicable el artículo 1722 del Código Civil en el caso bajo estudio.

Ya en relación a la interpretación que se ha hecho en la sentencia que resuelve la apelación, este alto tribunal es del parecer que el iudex ad quem no lo hizo correctamente y por ende su aplicación se hizo de manera errada, provocando efectos carentes de fundamento legal.

Para comenzar el presente examen, se está claro que existe tácita reconducción del contrato de arrendamiento en virtud de que se cumplen los requisitos siguientes del artículo 1722 del Código Civil: a) La terminación del contrato por cumplimiento del plazo fijado, lo cual se encuentra subsumido en la norma que menciona al desahucio o cualquier otro modo distinto; b) La retención del inmueble (bien raíz) por el arrendatario; c) beneplácito del arrendador en el pago de la renta que hace el arrendatario o la existencia de un hecho inequívoco de ambas partes que constituya una manifestación de perseverar en el arriendo.

En virtud de lo cual operan los plazos dispuestos en el mismo artículo 1722 del Código Civil, que en el caso que nos ocupa, siendo un bien inmueble rural, más específicamente crianza de pollos, corresponde el siguiente: EL NECESARIO PARA UTILIZAR LAS LABORES PRINCIPIADAS Y COGER LOS FRUTOS PENDIENTES EN LOS PREDIOS RÚSTICOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA EXPIRACIÓN DE ESTE TIEMPO VUELVA A RENOVARSE EL ARRIENDO DE LA MISMA MANERA.

Sin embargo como se constata dicho plazo no está determinado expresamente por la ley, sino que debe ser fijado, en primer término por las partes o por el juez como en el caso bajo examen. En este sentido se observa que la regla para fijar el plazo que da la norma, está dispuesta a favor del arrendatario, pues la ley da especial relevancia a que éste pueda recoger los frutos o productos de las labores ya iniciadas.

En el presente caso el arrendatario señaló al arrendador el tiempo suficiente que le era necesario para obtener los frutos pendientes, eso lo hizo mediante nota en la que le señalaba el tiempo de entrega del inmueble.

Cabe señalar que los ochos meses que transcurrieron desde que finalizó el plazo de tres años dispuesto en el contrato, fueron pagados por el arrendatario, en virtud de que así lo señala el arrendador en su escrito de demanda, en virtud de lo cual no procede la condena por la cantidad de: doscientos ochenta mil treinta y dos lempiras, establecida por el ad quem en su fallo impugnado en casación.

De todo lo anterior se colige que la corte sentenciadora de segunda instancia no interpretó y aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 1722 del Código Procesal Civil, en virtud de que si bien es cierto corrigió el error cometido por el a quo en relación a la decisión de considerar prorrogado el contrato por tres años más; y en ese sentido, condenar por el resto de meses que hacía falta hasta el cumplimiento total de éste, condenó erróneamente a la parte demandada a pagar las rentas que corresponden a ocho meses, o sea por el tiempo que estuvo en poder del inmueble, sin percatarse de que dichos arriendos fueron pagados por el arrendatario, según lo señaló la misma parte actora en el escrito de su demanda.

En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia estima procedente casar la sentencia dictada en fecha uno de agosto del año dos mil trece, por la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en virtud de haber interpretado erróneamente el sentido y alcance del artículo 1722 del Código Civil.

8.- Efecto de la procedencia de la casación y contenido de la decisión. El artículo 727 del Código Procesal Civil dispone que si la Corte Suprema de Justicia estima el recurso de casación, case la resolución recurrida en una sola sentencia, y resuelva de conformidad a derecho. En ese sentido el artículo 727.5 del Código Procesal Civil, manda que si la infracción apreciada fuere de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia procederá a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio.

9.- Sentencia que resuelve el litigio. A continuación la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia que resuelve el presente litigio.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, este alto tribunal consigna las pretensiones de las partes, los hechos en que las fundan y las pruebas practicadas oportunamente; asimismo se consignan los hechos probados de conformidad al resultado de la valoración probatoria practicada.

A efecto de lo anterior se procede de la siguiente manera:

A.- Pretensiones de la parte actora según petitum de la demanda: Pago de la cantidad de novecientos ochenta mil ciento doce lempiras en concepto de cánones no pagados; y pago en concepto de indemnización de perjuicios; más intereses y costas.

B.- Hechos en que se funda la demanda: Los hechos de la demanda son:

a) El señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón procedió judicialmente en contra de la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA), entablando demanda ordinaria para obtener la indemnización de perjuicios y pago de los cánones por incumplimiento de un contrato rescindido unilateralmente por parte del arrendatario.

b) El cuadro fáctico planteado por la parte actora refiere: I: En fecha uno de mayo de dos mil fue suscrito entre las partes un contrato de arrendamiento, por el cual el señor Evelio René Sabillón dio en arrendamiento a la parte ahora demandada un bien inmueble ubicado en San Buenaventura, jurisdicción de San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés, en el cual se encuentran tres galpones especiales para la crianza y engorde de pollos. Dicho inmueble se suscribió por un plazo de tres años, cuya vigencia iniciaba el uno de mayo del año dos mil y concluía el treinta de abril de dos mil tres. II: El precio de arriendo era de treinta y cinco mil cuatro lempiras mensuales. III: En la estipulación “E” de la cláusula segunda del referido contrato, se establece: Que ambas partes de común acuerdo, evalúan la vida útil de los galpones y del equipo objeto de arrendamiento en cinco años y que después de ese tiempo, la arrendataria haría las reparaciones locativas correspondientes, cargando los gastos al arrendador, valor que será pagado a prorrata entre los meses que falten a la finalización del contrato, o ampliando el mismo por el tiempo convenido entre ambas partes, comprometiéndose asimismo la arrendataria a hacer las reparaciones originadas por accidentes o descuidos de sus empleados. IV: Que transcurrido el plazo de tres años ninguna de las partes contratantes hizo manifestación para poner fin a la relación contractual, siguiendo lo pactado en la estipulación “H”, de la cláusula segunda del referido contrato, que establece: El presente contrato se rescindirá por las razones siguientes: numeral 2) Por acuerdo de las partes o con notificación de sesenta días de anticipación, por cualquiera de las partes después de transcurridos los dos primeros años de arrendamiento. V: Que finalizado el plazo estipulado en el contrato, CADECA pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de mayo a diciembre de dos mil tres. VI: Que CADECA no pagó las rentas correspondientes a los años dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis, debiendo por tanto la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS, luego de haberse renovado el contrato de arrendamiento bajo las mismas condiciones del anterior. VII: Cita como fundamentos los artículos 6, 1711 y 1722 del Código Civil. Expresa que no habría habido renovación del contrato si después de su vencimiento, el arrendatario se hubiere limitado a cosechar la última remesa o lote de pollos, pero que en el presente caso no se limitó a ello, sino que con poste4rioridad al treinta de abril de dos mil tres procesó o completó la cría, engorde y cosecha de cuatro lotes o remesas, lo que incuestionablemente ha implicado la renovación del contrato. VIII: Refiere que recibió nota fechada con diecisiete de diciembre de dos mil tres, con la que el abogado Rafael Emiliano Verdial Romero en su condición de apoderado leal de la sociedad mercantil, Compañía Avícola de Centroamérica S. de R.L. (CADECA), le hacia saber que habiendo transcurrido el plazo fijado en el contrato, harían la devolución de los inmuebles arrendados y entrega del equipo que formaba parte del contrato. Esto ocurrió después de ocho meses de haber vencido el contrato de arrendamiento. El demandante aduce que el contrato no fue firmado con el abogado Rafael Emiliano Verdial, sino con quien fungía en ese momento como gerente general, el señor Jacobo Alberto Paz Bodden, razón por la que desconoce la notificación realizada por el abogado antes mencionado. IX: Menciona que los contratantes se sometieron en la cláusula cuarta del contrato a la competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes.

c) La demanda fue contestada por la abogada Alba Luz Otero Alemán en su condición de curadora ad litem de la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA). Ésta se limita a exigir que la parte actora acredite los hechos que alega.

C.- Medios probatorios evacuados en juicio: Los medios de prueba que fueron admitidos y evacuados oportunamente fueron:

  1. Documento privado. Copia del contrato de arrendamiento firmado por los contratantes: Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA, en fecha uno de mayo de dos mil cuyo original se encuentra en poder de la parte demandada.

Documento privado. Copia fotostática debidamente autenticada de la notificación enviada por el apoderado legal de la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica S. de R.L. CADECA, transformada ahora en compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V., CADECA, en fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres, en la que manifiesta la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento.

  1. Documento público. Instrumento número setecientos treinta y cinco de fecha treinta y uno de marzo de dos mil siete, autorizado por el notario público Jorge Luis Chinchilla Rodríguez, que contiene el levantamiento de un acta notarial en el lugar donde se encuentran localizados los galpones para la cría y engorde de pollos, dados en arrendamiento a la demandada. Dicho notario da cuenta de que se hizo presente al inmueble en compañía del requirente (demandante) y constata que tres galeras de cien por diez metros se encuentran en completo abandono, el sistema eléctrico destruido y que toda la propiedad se encuentra llena de maleza. En el interior de las galeras los bebedores están dañados, los comederos en mal estado, el sistema eléctrico destruido, las cortinas destruidas y mallas de las galeras semidestruidas; que la madera de la estructura y puertas está destruida; dañado el sistema de conexión de agua, faltan láminas en el techo, una de las galeras que se encuentra situada en la parte de arriba tiene caído uno de sus extremos, etc.

  2. Inspección personal del juez. Para constatar personalmente el estado actual de abandono y destrucción de las instalaciones físicas de los galpones para la cría y engorde de pollos; el robo casi total del equipo que se utiliza para la cría y engorde de pollos, planta eléctrica de emergencia, sistema eléctrico interior y exterior de los galpones, transformador de energía, etc.

  3. Dictamen de peritos. Para cuantificar los daños que se han causado en el inmueble arrendado por el abandono de la demandada. Para su evacuación fue nombrado de manera oficiosa el ingeniero agrónomo Francisco Rodríguez Perdomo, miembro inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos con el número 640. En su informe rendido el 1 de septiembre de 2001, señala que la reposición de los galpones, requiere una inversión en materiales, equipo y mano de obra de dos millones seiscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con cuarenta centavos.

  4. Documento público. Instrumento número treinta y ocho autorizado por el notario público Hernán Molina López en fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa, mediante el cual se acredita que el señor Evelio René Sabillón es propietario del inmueble arrendado.

  5. Información testifical. Declaración de los testigos Emilio Gallegos Lone y Martín Antonio Rodriguez Ponce, quienes fueron contestes y afirmativos en relación a la existencia del contrato de arrendamiento entre las partes; al pago de ocho meses de arriendo después de haber finalizado el contrato de arrendamiento en fecha treinta de abril de dos mil tres; que debido al abandono del inmueble éste ha sido saqueado y destruido por la delincuencia común y por la inclemencia del tiempo y que por falta de mantenimiento algunos galpones se encuentran en estado ruinoso e inservible; y que a la fecha la sociedad mercantil demandada no ha entregado legalmente el inmueble y tampoco ha pagado los cánones de arrendamiento desde enero de dos mil cuatro, no obstante que el respectivo contrato de arrendamiento no ha sido rescindido por las partes, siendo en consecuencia vigente.

D.- Valoración probatoria que hace la Sala de lo Civil: Este alto tribunal de justicia procede siguiendo los postulados expuestos en el artículo 245 del Código Procesal Civil al momento de hacer el análisis y valoración individual y en conjunto de los siguientes medios de prueba evacuados en el juicio:

En relación a los medios de prueba documentales: Este alto tribunal da plena credibilidad a lo contenido en los documentos públicos consistentes en: El instrumento número treinta y ocho autorizado por el notario público Hernán Molina López en fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa, mediante el cual se acredita que el señor Evelio René Sabillón es propietario del inmueble arrendado. Asimismo en el instrumento número setecientos treinta y cinco de fecha treinta y uno de marzo de dos mil siete, autorizado por el notario público Jorge Luis Chinchilla Rodríguez, que contiene el levantamiento de un acta notarial en el inmueble objeto del contrato de arrendamiento de mérito. Constando en dicho documento el abandono en que se encuentra éste y el deterioro de las mejoras construidas en él. No existe alegato ni prueba en contrario sobre el contenido de estos dos documentos.

De igual manera este alto tribunal da plena credibilidad al documento privado que contiene el arrendamiento suscrito entre las partes litigantes. No existe alegato y prueba en contrario. De igual manera se tiene por veraz el contenido del documento privado que consiste en la nota enviada por el abogado Rafael Emiliano Verdial mediante la cual notifica la intención de la sociedad mercantil, Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. de C.V., de devolver el inmueble arrendado en enero del año dos mil catorce, más el pago de dicho mes.

En relación al medio de prueba testifical: Los testigos Emilio Gallegos Lone y Martín Antonio Rodriguez Ponce, fueron contestes y afirmativos en relación a: la existencia de la relación contractual de arrendamiento entre las partes litigantes; al pago de treinta y cinco mil cuatro lempiras mensuales por concepto de renta, por parte del arrendatario, inclusive los ocho meses después de haber finalizado el contrato de arrendamiento, según plazo fijado en éste; el abandono y falta de vigilancia, razón por la que las mejoras de dicho inmueble se encuentran deterioradas o destruidas; finalmente que hasta la fecha no ha habido una entrega o devolución del inmueble por parte de CADECA al señor Evelio Sabillón. Respecto de estas declaraciones, este alto tribunal confirma que los dichos de los testigos se encuentran confirmados por lo contenido en la prueba documental, en referencia a la existencia del contrato de arrendamiento y los términos de éste. Asimismo en relación al pago de las rentas y la cantidad pagada mensualmente son extremos reconocidos por la misma parte demandante en el libelo de la demanda, por lo que siendo puntos que podrían afectarle en sus intereses, al ser admitidos por esta parte, se tienen por ciertos.

En relación al medio de prueba inspección personal. El juez de instancia constato in situ el estado de abandono del inmueble y el deterioro de las instalaciones.

En relación al medio de prueba pericial. La Sala de lo Civil da plena credibilidad al justiprecio presentado en el correspondiente dictamen en virtud de que no existe alegato ni prueba en contrario.

E.- Hechos probados estimados por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Con base al análisis de los medios de prueba enunciados ut supra son hechos probados los siguientes:

(a) En fecha uno (01) de mayo del año dos mil (2000) se suscribió un contrato de arrendamiento entre el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA), en el cual se convino entre otros puntos, que CADECA pagaría una renta de treinta y cinco mil cuatro lempiras exactos mensuales por el alquiler de un inmueble y mejoras, propiedad del arrendador, ubicado en la aldea San Buenaventura, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, denominado “Granja Avícola Evelio”. Las rentas pagaderas por adelantado y sin necesidad de requerimiento en los primeros cinco días de cada mes.

(b) Que dicho contrato de arrendamiento terminó el 30 de abril de 2003, sin embargo la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. (CADECA, continuó utilizando y pagando en alquiler el inmueble objeto de arrendamiento durante ocho meses más, o sea hasta el mes de diciembre de dos mil tres, con la aquiescencia del señor Evelio Sabillón.

(c) El arrendador don Evelio Sabillón mediante nota de fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres fue notificado por el abogado Rafael Emiliano Verdial Romero de la intención de entregarle el inmueble y el equipo arrendado entre la semana del 22 al 30 de enero de dos mil cuatro, en virtud de haber concluido el plazo de tres años fijado en el contrato; asimismo se compromete a pagar el mes de enero de dos mil cuatro.

(d) En fecha 22 de marzo de dos mil seis el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón demandó judicialmente a la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA).

(e) El inmueble objeto del arrendamiento ya señalado, ubicado en la aldea San Buenaventura, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, más las mejoras construidas en él, cuyo conjunto ha sido denominado “Granja Avícola Evelio”; ha estado en abandono, razón por la que las instalaciones de dicha granja se encuentran en total deterioro y cuya reparación a la fecha uno de septiembre de dos mil once, tiene un coste que asciende a la cantidad de dos millones seiscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con catorce centavos.

F.- Exposición de los fundamentos de derecho que resuelven el fondo del litigio. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia fundamenta su decisión de conformidad a los argumentos de derecho siguientes:

1º Habiendo finalizado el contrato de arrendamiento por haber transcurrido el plazo de tres años convenido entre el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA), sin que se haya suscrito nuevo contrato, quince días antes de vencerse éste, tal como se estipulaba en el mismo contrato, lo procedente era la devolución del inmueble al arrendador por parte del arrendatario, observando la cláusula segunda literal j) del referido contrato, el que de manera expresa indicaba que debía devolverse en perfecto estado y con la limpieza necesaria.

2º Sin embargo al continuar la relación de arrendamiento mediante el pago de la renta con la connivencia del arrendador, concurrió el supuesto dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1722 del Código Civil, en el sentido de que siendo el objeto del contrato un predio rústico, se renovó el contrato de arrendamiento antes suscrito, pero con la salvedad de que el plazo ya no era de tres años, sino “el necesario para utilizar las labores y coger los frutos pendientes, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera.”

3º De tal forma que el contrato de arrendamiento renovado entre el señor Evelio René Sabillón también conocido como Evelio Sabillón y la sociedad mercantil Compañía Avícola de Centroamérica, S. de R.L. (CADECA) es el resultado de la tácita reconducción dispuesta en el párrafo tercero del artículo 1722 del Código Civil, y por ende el plazo de duración de éste, es un asunto de prueba. En el presente caso el tiempo necesario para obtener los frutos de la crianza de pollos, el cual fue determinado por la parte arrendataria al momento de indicar mediante nota cuándo iba a devolver el inmueble a su propietario, sin alegato en contra por parte de este último.

4º Queda claro entonces para este alto tribunal de justicia que el contrato de arrendamiento renovado por tácita reconducción finalizaba el mes de enero de dos mil cuatro, debiendo en ese caso el arrendatario pagar hasta entonces la renta y devolver el inmueble en los términos previstos en la cláusula segunda literal i) del contrato de arrendamiento originario, es decir en buen estado y con la limpieza necesaria.

En los alegatos de la parte demandante, al momento de señalar los hechos acaecidos, se reconoce el haber recibido el pago de los ocho meses que transcurrieron desde que finalizó el contrato hasta que se recibió la nota de parte del arrendatario (hasta diciembre de dos mil tres). De manera que el único mes que no fue pagado pese al ofrecimiento que se hizo en la nota referida, fue el mes de enero de dos mil cuatro. Esto se deduce de lo expresado en la demanda y lo acreditado testificalmente, sin prueba en contrario de parte de CADECA. Siendo esta mensualidad la única que no fue pagada o consignada.

5º En relación a la pretensión consistente en el pago de perjuicios, debe tomarse en cuenta que la devolución del inmueble debió hacerse de conformidad con la ley.

La devolución del inmueble al arrendador por parte del arrendatario, una vez finalizada la relación arrendaticia, es una obligación de dar. Entonces conforme lo que dice el artículo 1351 del Código Civil, quien debe dar o “devolver la cosa”, está obligado también a conservar la cosa hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Dicha norma explica en el párrafo último que la obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado.

6º En el presente caso CADECA notificó la entrega del inmueble, acto que realizaría en enero del año dos mil cuatro; sin embargo a falta de datos o explicaciones de descargo, todo indica que abandonó el inmueble, lo que es una cuestión muy distinta a entregarla.

La entrega de la cosa es un acto que no sólo implica “dejarla o salirse de ella”, sino que debe en casos como este, tratándose de un bien raíz con sus mejoras, asegurarlo de manera que no se deteriore o mucho menos inutilice como ha sucedido en el presente caso. Por tanto el abandono es actuar con negligencia.

Habiéndose comprometido CADECA en entregar el predio en el mes de enero de dos mil cuatro sin hacerlo, es decir sin verificar que efectivamente el arrendador recibió su inmueble, le constituye en mora y queda a cargo del riesgo hasta su entrega, tal como lo dispone el artículo 1353 del Código Civil.

No existe en el presente juicio, elemento alguno que permita dudar en relación al abandono del inmueble por parte de CADECA; o de que haya actuado de manera distinta a la negligente; tampoco existe elemento que permita asumir que el arrendador y propietario del inmueble, Evelio René Sabillón, haya entrado en mora de recibir; por lo que este alto tribunal de justicia estima que CADECA de conformidad a lo establecido en los artículos 1630 y 1632 del Código Civil, es responsable del deterioro e inutilización de la “Granja avícola Evelio” y por ende debe indemnizar al demandante en virtud de su negligencia.

El artículo 1745 del Código Civil dispone que el arrendatario del predio rústico está obligado a gozar de la cosa como un buen padre de familia, de manera que de conformidad a lo establecido por el artículo 1362 del Código Civil responde de la culpa leve.

En el caso sub examine el actor tiene como pretensión el pago de perjuicios por el deterioro del inmueble de su propiedad y que fue arrendado a CADECA. En el juicio estos perjuicios fueron justipreciados por perito nombrado por el juez, quien señaló un monto de dos millones seiscientos noventa y siete mil ciento catorce lempiras con cuarenta centavos.

7º La Sala de lo Civil en relación a las costas aclara que corresponde pronunciarse sobre las generadas por el juicio y las generadas por el recurso de casación.

En ambos casos, este alto tribunal es del criterio que el Código Procesal Civil resulta ser la normativa aplicable para resolver, conforme a lo que se interpreta a contrario sensu en el artículo 916 del Código Procesal Civil.

En el caso de las costas del pleito, cabe señalar que en aplicación del principio no reformatio in peius contenido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, no cabe condenar en costas; en virtud de que dicha norma legal dispone:

“Artículo 692.- PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA. La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución.”

La aplicación de dicho principio obedece a que en las diligencias del presente juicio consta que la parte demandada fue eximida por sendos órganos jurisdiccionales de instancia, hecho que fue consentido por la parte demandante al no recurrir en casación para revertir tal situación. En consecuencia no procede dictar condena en costas en la sentencia de instancia dictada en casación.

En relación a las costas del recurso de casación, procede, en virtud de lo señalado en el artículo 221 del Código Procesal Civil, la no condena en costas, en virtud de que la pretensión de la parte demandada deducida en el recurso de casación fue estimada.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1353, 1360, 1362, 1722 y 1745 del Código Civil; 219, 221, 692, 701, 704, 716, 718, 719, 725, 726.1, 727.5, 729 y 916 del Código Procesal Civil; profiere el presente FALLO: 1) Estima y declara HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la abogada Evelyn Monterrosa Sierra. 2) CASA la sentencia proferida en fecha uno de agosto de dos mil trece por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortés. 3) Declara CON LUGAR las dos pretensiones deducidas en la demanda ordinaria para el pago de los cánones por incumplimiento de un contrato rescindido unilateralmente por parte del arrendatario, más los perjuicios, intereses y costas, promovida por el señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID conocido igualmente como “Evelio Sabillón”, contra la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA S. de R.L. transformada en COMPAÑÍA AVÍCOLA CENTROAMERICANA S.A. de C.V. (CADECA). 4) CONDENA a la COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMERICA S. de R.L. transformada en COMPAÑÍA AVÍCOLA CENTROAMERICANA S.A. de C.V. (CADECA) a pagarle al señor EVELIO RENÉ SABILLÓN MADRID conocido igualmente como “Evelio Sabillón”, la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 2,732,118.40; desglosados de la siguiente manera: 1. TREINTA Y CINCO MIL CUATRO LEMPIRAS (L. 35,004.00) en concepto del mes de enero de dos mil cuatro, que corresponde al canon dejado de pagar. 2. DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 2,697,114.40) en concepto de perjuicios; a dichas cantidades se suma el interés legal del seis por ciento (6%), calculado cada monto de la siguiente manera: a) Desde que se dejó de pagar el canon o sea el mes de enero de dos mil cuatro; b) Los perjuicios desde que se constituyó en mora de entregar el inmueble el condenado a pagar. 5) Absuelve a la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA S. de R.L. transformada en COMPAÑÍA AVÍCOLA CENTROAMERICANA S.A. de C.V. (CADECA) a pagar las costas del pleito; asimismo exime de pagar costas de casación a la parte que recurre. 6) Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes y que las presentes diligencias sean devueltas a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de Cortés, para que disponga el curso que seguir de conformidad con la ley.- Redactó la Magistrada Edith María López Rivera.- NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA

  • Lapsus calami de la casacionista que consiste en haber omitido la palabra: [no].