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Sentencia CC-195-13 — Registro 5246

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda para obtener la nulidad de una inscripción de derechos hereditarios de contratos de compraventa y rectificación de contrato de compraventa, inscripciones en el registro prohibición de celebrar actos, ordenar la anotación; confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Argumento de la Sala de lo Civil para la inadmisión del MOTIVO ÚNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE DERECHO. La Sala de lo Civil al hacer el examen de admisibilidad de este motivo, toma en cuenta que el petente cita como precepto autorizante la vía causal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la infracción por aplicación o interpretación de normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Seguidamente el censor cita como infringidas los artículos 1537, 1552, 1575, 1586, del Código Civil. Al respecto este alto tribunal observa que el recurrente los citó sin delimitarlos, hecho que constituye una falta de precisión y por ende de claridad. Una correcta técnica casacional demanda transcribir únicamente la parte exacta del artículo que es útil en razón de la infracción alegada.

Por otro lado, al desarrollar el motivo, el impetrante devenía en la obligación de explicar en forma concreta, concisa, precisa y clara de que manera cada uno de los artículos citados fueron infringidos por la sentencia impugnada, debiendo centrarse para ello en el decisum, fallo o parte resolutiva de la sentencia; sin embargo en su lugar, el recurrente opta por hacer alegatos de instancia para con ellos intentar convencer a este alto tribunal de que hubo error por parte del juzgador en la estimación de los hechos probados. De esta manera incurre en una falta grave a la debida técnica casacional, que resulta de quebrantar la prohibición contenida en el artículo 720 del Código Procesal Civil, que limita la revisión probatoria a la vía causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil.

Habiendo incurrido el recurrente en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, le corresponde a la Sala de lo Civil declarar que el presente motivo no es de recibo.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce.

La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA como Coordinadora, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO designado ponente para la redacción de la resolución, y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ,

DICTAN EL SIGUIENTE AUTO:

SON PARTES:

La señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, representada en juicio por el abogado JOSÉ MARÍA DIAZ ROJAS; en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora LIGIA DOLORES MERLO Y OTROS, representados en juicio por la abogada NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN.

OBJETO DEL PROCESO:

DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA INSCRIPCIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS DE UNOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y UNA RECTIFICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, ASI COMO SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, QUE SE DECRETE CON CARÁCTER DE URGENTE LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE ESTAS INSCRIPCIONES, QUE SE ORDENE LA ANOTACIÓN RESPECTIVA AL MARGEN DEL ASIENTO No. 77 DEL TOMO XVI DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIÓNES PREVENTIVAS DE LA COMPRAVENTA DE ESE INMUEBLE DEJADO DE ANOTAR, promovida en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por la abogada NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN, en su condición de apoderada legal de las señoras ROSA ELISA, ANNIE LETICIA, LIGIA DOLORES, todas de apellidos MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ Y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, contra las señoras ERNESTINA MERLO MEJÍA, MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ y MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintidós de mayo del dos mil trece, la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación, confirmó la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA INSCRIPCIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS DE UNOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y UNA RECTIFICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, ASI COMO SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, QUE SE DECRETE CON CARÁCTER DE URGENTE LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE ESTAS INSCRIPCIONES, QUE SE ORDENE LA ANOTACIÓN RESPECTIVA AL MARGEN DEL ASIENTO No. 77 DEL TOMO XVI DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIÓNES PREVENTIVAS DE LA COMPRAVENTA DE ESE INMUEBLE DEJADO DE ANOTAR, promovida en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, por la abogada NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN, en su condición de apoderada legal de las señoras ROSA ELISA, ANNIE LETICIA, LIGIA DOLORES, todos de apellidos MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ Y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, contra las señoras ERNESTINA MERLO MEJÍA, MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ Y MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA.

El juzgado de primera instancia al dictar sentencia definitiva se pronunció de la siguiente manera:

“FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar la DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA INSCRIPCIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS DE UNOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y UNA RECTIFICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA ASI COMO SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, promovida por las señoras ROSA ELISA, ANNIE LETICIA, LIGIA DOLORES todas de apellidos MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ Y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, de generales ya expresadas, contra las señoras ERNESTINA MERLO MEJÍA, MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ Y MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA también de generales expresadas. SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta de la tradición de derechos hereditarios a favor de la señora ERNESTINA MERLO MEJÍA y de su inscripción bajo el asiento número 43 tomo 518 del Registro de la Propiedad. TERCERO: Declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre ERNESTINA MERLO MEJÍA Y MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ contenido en instrumento número 179 de fecha 6 de junio de 2006, autorizado por el Notario RUBÉN RODRÍGUEZ BETANCOURTH y la nulidad absoluta de su inscripción bajo el asiento número 8 tomo 643 del Registro de la Propiedad; asimismo anula absolutamente la escritura de rectificación autorizada mediante instrumento número 409 de fecha 5 de noviembre de 2007, por el notario LUIS ALONSO FOELLER, y nulidad absoluta de su inscripción bajo el número 66 tomo 715 del Registro de la Propiedad.- nulidad absoluta de la escritura de rectificación autorizada mediante instrumento número 262 de fecha 10 de mayo de 2010, autorizado por el notario RUBÉN RODRÍGUEZ BETANCOURTH y nulidad absoluta de su inscripción bajo el asiento número 82 tomo 842 del Registro de la Propiedad. CUARTO: Declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre ERNESTINA MERLO MEJÍA Y MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA contenido en instrumento número 89 de fecha 8 de marzo de 2010, autorizado por el Notario REYNALDO CHACÓN FERRUFINO y la nulidad absoluta de su inscripción bajo el asiento número 28 tomo 840 del Registro de la Propiedad; asimismo anula absolutamente la escritura de rectificación autorizada mediante instrumento número 264 de fecha 10 de mayo de 2010, por el notario RUBÉN RODRÍGUEZ BETANCOURTH y nulidad absoluta de su inscripción bajo el número 87 Tomo 842 del Registro de la Propiedad; procediendo a librar los mandamientos respectivos a fin de que el registrador de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas de esta sección registral, hoy Instituto de Propiedad, proceda a efectuar las cancelaciones de las inscripciones antes relacionadas en los márgenes de los asientos precitados. Asimismo se efectúe la anotación marginal en el asiento número 77 del tomo XVI en la que el señor APOLONIO MERLO CASTELLANOS vendió manzana y media de derechos de tierra a favor del señor HERNÁN MENDOZA MARTÍNEZ, en fecha 14 de febrero del año 1977, por haberse omitido su anotación por el registrador de la propiedad de aquél entonces. QUINTO: Declarar sin lugar la excepción perentoria de cosa juzgada opuesta por la demandada MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA. SEXTO: Se condena a las demandadas al pago de las costas personales y procesales del juicio”.

SEGUNDO: El representante procesal de la señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, abogado JOSÉ MARÍA DIAZ ROJAS, presentó en fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintidós de mayo del dos mil trece, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán.

TERCERO: La representante procesal de las señoras ROSA ELISA, ANNIE LETICIA, LIGIA DOLORES de apellidos MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ Y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, abogada NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil trece, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, tenerlo por admitido y ordenando remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en este tribunal, los abogados NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN Y JOSÉ MARÍA DIAZ ROJAS, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas nueve y diez de octubre del dos mil trece respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea en su único motivo su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, de la siguiente manera:

“EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. RECURSO DE CASACIÓN POR APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN INDEBIDA DE NORMAS PROCESALES. MOTIVO ÚNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES. EN CUANTO AL MOTIVO INVOCADO: PRECEPTO PROCESAL INFRINGIDO: “Aplicación e interpretación indebida del artículo 210 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 913 del Código Procesal Civil. Como precepto autorizante: Artículo 719 Código Procesal Civil, que literalmente dice: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. a)….b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, c) La forma y contenido de la sentencia. En cuanto a la exposición del motivo de casación. Aplicación e interpretación indebida del artículo 210 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 913 del Código Procesal Civil. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Que la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en los fundamentos de derecho expresa y tácitamente que: “…TERCERO: Que en cuanto a la excepción de cosa juzgada, era necesario que se acreditara la identidad que debe existir entre el presente juicio y el que se invoca juzgado, en cuanto al objeto del mismo y las partes, lo que no sucede en el presente caso ya que, tal como lo manifiesta la misma excepcionista, la parte demandada en el presente número 817 relacionado es diferente a la parte demandada en el presente juicio, por lo que lo resuelto en ese juicio no puede causar ninguna incidencia en el que nos ocupa, ya que se trata de derechos cuya titularidad le corresponde a diferentes personas, debiendo, en consecuencia desestimarse dicha excepción perentoria”. De la anterior fundamentación que toma la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, para declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de octubre del año 2012, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Danlí, sin lugar el recurso de apelación y confirmar el fallo dictado por el juzgado a quo se estima lo siguiente: 1. que mi representada la MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, en fecha compró de buena fe mediante instrumento público el lote de terreno ubicado en barrio La Ceibita de la ciudad de Danlí, a la señora ERNESTINA MERLO MEJÍA, heredera abintestato del señor APOLONIO MERLO CASTELLANOS, inscrita bajo matricula No. 89 autorizado por el notario Reynaldo Chacón Ferrufino, inscrita bajo asiento numero 28 tomo 840, en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danlí, departamento de El Paraíso. 2.- En fecha 16 de agosto del año 2010, mi representada la señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, fue demandada ante el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso por las señoras ROSA ELISA MERLO CRUZ, ANNIE LETICIA MERLO CRUZ, LIGIA DOLORES MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, alegando la nulidad del instrumento público que yo le compré a las señoras 3.- En fecha 19 de octubre del 2010, la señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, contestó la demanda, alegando que el instrumento no adolecía de ningún vicio de nulidad ni de forma ni de fondo, para que pretendiera anularlo, a la que también interpuso como excepción la cosa juzgada, establecida en el artículo 1537 del Código Civil. En vista de ya le habían interpuesto con anterioridad a esta demanda una demanda con al intención de anular los derechos hereditarios, a la persona que le vendió, que fue declarado sin lugar y firme la sentencia de aquella época, sobre los mismos bienes, con lo que se prueba que ha habido cosa juzgada y que el bien inmueble que compró de buena fe, tenía como antecedente la herencia dejada a su favor, y contra la cual ya se había intentado la nulidad, cuya prueba puede ser vista en la pieza principal. 4.- El Juzgado de Letras Seccional de Danlí, le restó importancia a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso, y mediante sentencia de fecha 30 de octubre del año 2012, declaro sin lugar las excepciones y declarando con lugar la demanda, mandando a anular el instrumento en el que mi representada compro de buena fe la propiedad a las señoras. 5.- Ante la sentencia proferida por el juzgado de letras seccional se interpuso recurso de apelación, misma que en fecha 22 de mayo del 2013, fue declarando sin lugar y confirmando la sentencia dictada por el a quo, que en su parte dispositiva establece que: “POR TANTO: Esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, siendo ponente la Magistrada RIVERA DE MORENO, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, de la Constitución de la República; FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto, contra la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil doce.- 2.- CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA. Pues si bien es cierto la demanda se interpuso antes de la vigencia del Código Procesal Civil, es decir en fecha 16 de agosto del 2010, lo que condujo a que se siguiera todo el proceso hasta su sentencia definitiva que recayó en fecha 30 de octubre del 2012, a lo cual desde ese momento se observan las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil vigente desde el 1 de noviembre del 2010, conforme lo dispone el artículo 913 que literalmente dice: Artículo 913. JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia este Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” Si es así, la honorable corte de apelaciones debió haber declarado con lugar el recurso de apelación tal y como lo manda el artículo 210 del Código Procesal Civil que literalmente dice: Artículo 210. COSA JUZGADA MATERIAL. 1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. 2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a la compensación y a la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda. 3. No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. 4. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte, a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos no litigantes titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en este Código. 5. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior, cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. y aplicando esta norma procesal que se refiere a la cosa juzgada material, que se alegó en el proceso, y que es vinculante para este caso, ya que se había discutido sobre lo mismo, y no como lo toma y estima la corte recurrida, por lo que se aprecia el error de la corte sentenciadora al desconocer y no aplicar esta norma procesal de estricto cumplimiento, al caso concreto que se discute, por lo que se estima que en el presente caso ha habido aplicación e interpretación indebida del artículo 210 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 913 del Código Procesal Civil. Por lo que con la sentencia de declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmando la proferida por el a quo, se ha violado los artículos precitados, en virtud de que se probó plenamente que si hay cosa juzgada, por lo que no se puede seguir dos o más procesos sobre los mismos hechos que motivaron la anterior demanda. Asimismo conforme lo dispone el artículo 720.2, en relación con el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, se solicita que se revise el control de la motivación efectuada por la corte sentenciadora, para revisar su existencia, suficiencia racionalidad y carácter lógico, ya que no es determinante la motivación con el fallo proferido habida cuenta que: su parte dispositiva establece que: “POR TANTO: Esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, siendo ponente la Magistrada RIVERA DE MORENO, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, de la Constitución de la República; FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil doce.- 2.-CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA. No siendo concorde el fallo proferido con la motivación para arribar que debe declarar sin lugar el recurso y confirmar el fallo proferido por el a quo. RECURSO DE CASACIÓN POR APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO. MOTIVO ÚNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE DERECHO PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO. EN CUANTO AL MOTIVO INVOCADO: PRECEPTO INFRINGIDO: “Aplicación e interpretación indebida de los artículos 1537, 1552, 1575, 1586, del Código Civil. Como Precepto Autorizante: Artículo 719 Código Procesal Civil, que literalmente dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En cuanto a la exposición del motivo de casación. Aplicación e INTERPRETACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 1537, 1552, 1575, 1586, del Código Civil. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Que la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en los fundamentos de derecho expresa y tácitamente que: FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO: Que no existe contrato si no concurren los requisitos de: 1) Consentimiento de los contratantes. 2) Objeto cierto que sea materia del contrato. 3) Causa de la obligación que se establezca. Es decir estas son las condiciones esenciales para la validez o la existencia de un acto o contrato, en consecuencia hay nulidad absoluta de un acto o contrato cuando falta alguna de las condiciones esenciales para esta validez o existencia, con una que falte el contrato es nulo. En el caso de autos ese juzgador es de la opinión, que no solo hay vicio en el consentimiento del acto o contrato si no que en el objeto del mismo por las razones siguientes: Los vicios que puede adolecer el consentimiento son error, violencia, intimidación o dolo; en el caso subjudice con respecto a la demandante ERNESTINA MERLO MEJÍA se aprecia que esta actuó con dolo, pues a sabiendas de que el bien inmueble ya no pertenecía el señor APOLONIO MERLO CASTELLANOS, verifica la tradición a su favor del inmueble que ha pertenecía a otras personas con el objeto de inducir al error a sus compradoras; el error se da en perjuicio de las compradoras MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA y MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ quienes creen adquirir un inmueble que no pertenecía a la señora ERNESTINA MERLO MEJÍA, recayendo el error sobre el objeto del contrato pues el objeto del contrato ya no era moralmente posible, de igual manera esta señora utiliza maquinaciones insidiosas y una astucia tal, que crea un marco aparentemente legal para simular ser dueña de un inmueble que posteriormente vendió a las señoras MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA y MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ, les recibe el dinero y no les da posesión porque esta la tienen otras personas, sin duda alguna si las señoras MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA y MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ hubiesen celebrado los contratos, sin embargo, resulta demostrado que posteriormente las señoras MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA y MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ, a sabiendas de que el inmueble que habían comprado no era de la vendedora, en contubernio con ésta, suscriben escrituras de rectificación adecuando las medidas y colindancias de los terrenos a las de las demandantes lo que demuestra también el dolo de ellas para pretender despojar a las demandantes de los inmuebles que legalmente les pertenecen.- SEGUNDO: Que en cuanto al alegato sobre la nulidad de la escritura publica otorgada ante el notario CARLOS RIVAS GARCIA por existir vínculos de parentesco entre el notario y sus otorgantes no es objeto de este juicio, por lo que es procedente hacer pronunciamientos algunos sobre dicha situación.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, siendo ponente la Magistrada RIVERA DE MORENO, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, de la Constitución de la Republica; FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil doce.- 2.-CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA.- MANDAMOS: Que firme que sea la sentencia con la certificación de estilo se devuelva al juzgado de su procedencia.- NOTIFÍQUESE. Pues en el acto de transacción de compraventa efectuado a favor de la señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA, se cumplen todos los requisitos de validez del acto o contrato exigido por las normas sustantivas para este tipo de casos como lo es el consentimiento objeto y causa, en primer término regulado en el artículo 1552 del Código Civil, así como también se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 1575 del Código Civil, es decir se hizo en instrumento público, y este no adolece de ningún vicio de nulidad para que así lo haya declarado la corte sentenciadora, lo que avizora la equivocación de la corte sentenciadora en este caso, interpretando indebidamente las normas sustantivas para darle solución al caso, pues la demandada señora MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA es compradora de buena fe, y para que pueda anularse un instrumento público como el que se anuló se debe establecer dos aspectos. 1. Si es de forma y 2. Si es de fondo, lo cual no concurre en el presente caso, y la parte demandante como la corte sentenciadora no se pronuncia sobre qué aspectos recayó la sentencia de nulidad del instrumento público. Ya que la EFICACIA JURÏDICA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO, habrá que verlo como: 1. Valor formal del instrumento público: Debemos de mencionar el valor del instrumento público; aquel instrumento que no adolece de nulidad y falsedad, por se tiene como plena prueba según la legislación hondureña. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio: Valor formal, cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que nuestro código regula. 2.- valor probatorio del instrumento público: Es en relación al negocio que contiene internamente el instrumento. Haciendo referencia a estos dos aspectos fundamentales en que debe recaer la eficacia de un instrumento público, tendremos entonces que determinar porque causa de debe impugnar su nulidad, pues existen dos causas de impugnación del instrumento los cuales son: Impugnación por causas de nulidad: a.- De fondo: ésta se produce cuando es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectado por vicio que lo invalida. Esta especie de nulidad se rige por las normas referentes a la nulidad de los actos jurídicos en Derecho Civil, artículos 1586 al 1600; y, b.- De forma o instrumental: En la cual se debe establecer que afecta al documento considerado en sí mismo, y no como contenido de un acto o negocio jurídico, sin perjuicio desde luego, que la nulidad instrumental afecte indirectamente la validez del acto o negocio que contiene. La nulidad de forma esta sometida a tres principios fundamentales, que son: 1. Principio de excepcionalidad: Los instrumentos públicos, sólo son nulos en los casos expresamente contemplados por la ley, ya sea en forma directa o indirecta; 2. Principio de finalidad: La finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad; y. 3. Principio de subsanabilidad: La subsanabilidad del instrumento puede realizarse por los medios que admite la ley. Aspectos estos que tanto las demandantes como la corte sentenciadora obviaron al declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar el fallo proferido en primera instancia, por lo que no se dan tales aspectos en el fallo proferido, por lo que se considera de aplicación e interpretación indebida de las normas que se señala como infringidas en el fallo que se recurre en casación. Por lo que se estima, que no se observaron estas normas sustantivas de estricto cumplimiento para emitir el fallo proferido que hoy se recurre”.

II. MOTIVACIÓN JURÍDICA

1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional.

Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- Argumento de la Sala de lo Civil para la inadmisión del MOTIVO ÚNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES. La Sala de lo Civil al hacer el examen de admisibilidad de este motivo, toma en cuenta que el petente cita como precepto autorizante la vía causal contenida en el artículo 719.1 literales b y c del Código Procesal Civil, que se refieren a la infracción por aplicación o interpretación de normas procesales que regulan respectivamente: Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y la forma y contenido de la sentencia.

Resulta evidente para este alto tribunal observar que el impetrante no ha cumplido con el requisito de separación contenido en el artículo 721.2 del Código Procesal, en virtud de que pretende abordar en el mismo motivo dos infracciones distintas.

Dicho requisito demanda del casacionista, que desarrolle cada infracción en un motivo distinto y por una sola vía causal, esto para asegurar los requisitos de: claridad y precisión, exigidos también en el mismo artículo citado.

Asimismo la técnica casacional exige, siempre en relación a los requisitos de separación, claridad y precisión que cada causal sea bien delimitada, debiendo para ello, citar únicamente la parte del artículo 719.1 que corresponde a la infracción alegada. Hecho que no concurre en el presente caso, en virtud de que consta en el escrito de interposición y formalización que el recurrente al citar el inciso c) del artículo 719.1 del Código Procesal Civil, no aclara si la infracción alegada es por forma o contenido de la sentencia.

Otra clara infracción a la técnica casacional consiste en que el artículo 210 del Código Procesal se divide en siete numerales, cada uno de ellos aborda al menos un tema relacionado con la cosa juzgada material. Entonces el casacionista devenía en la obligación de delimitar dicha norma citando únicamente la parte aprovechable en función a la infracción concreta que alega. Sin embargo al desarrollar el motivo el recurrente no se refiere a cada uno de los temas que componen todo el artículo 210 citado, lo cual es una falta a la claridad y precisión, requisitos que caracterizan a la casación.

En virtud de los errores cometidos en detrimento de una técnica casacional adecuada, este alto tribunal considera que el motivo sub iudice no es de recibo por haber incurrido en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

3.- Argumento de la Sala de lo Civil para la inadmisión del MOTIVO ÚNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE DERECHO. La Sala de lo Civil al hacer el examen de admisibilidad de este motivo, toma en cuenta que el petente cita como precepto autorizante la vía causal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la infracción por aplicación o interpretación de normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Seguidamente el censor cita como infringidas los artículos 1537, 1552, 1575, 1586, del Código Civil. Al respecto este alto tribunal observa que el recurrente los citó sin delimitarlos, hecho que constituye una falta de precisión y por ende de claridad. Una correcta técnica casacional demanda transcribir únicamente la parte exacta del artículo que es útil en razón de la infracción alegada.

Por otro lado, al desarrollar el motivo, el impetrante devenía en la obligación de explicar en forma concreta, concisa, precisa y clara de que manera cada uno de los artículos citados fueron infringidos por la sentencia impugnada, debiendo centrarse para ello en el decisum, fallo o parte resolutiva de la sentencia; sin embargo en su lugar, el recurrente opta por hacer alegatos de instancia para con ellos intentar convencer a este alto tribunal de que hubo error por parte del juzgador en la estimación de los hechos probados. De esta manera incurre en una falta grave a la debida técnica casacional, que resulta de quebrantar la prohibición contenida en el artículo 720 del Código Procesal Civil, que limita la revisión probatoria a la vía causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil.

Habiendo incurrido el recurrente en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, le corresponde a la Sala de lo Civil declarar que el presente motivo no es de recibo.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 718, 719, 720, 721.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión en sus dos motivos del recurso de casación, formalizado por el abogado José María Díaz Rojas, en su condición de representante procesal de la señora María Margarita Rojas Salandía, contra la sentencia dictada en fecha veintidós de mayo de dos mil trece por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en relación con la DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA INSCRIPCIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS DE UNOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y UNA RECTIFICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, ASÍ COMO SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, QUE SE DECRETE CON CARÁCTER DE URGENTE LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE ESTAS INSCRIPCIONES, QUE SE ORDENE LA ANOTACIÓN RESPECTIVA AL MARGEN DEL ASIENTO No. 77 DEL TOMO XVI DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIÓNES PREVENTIVAS DE LA COMPRAVENTA DE ESE INMUEBLE DEJADO DE ANOTAR, promovida en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por la abogada NYDIA ISABEL FERNÁNDEZ ARDÓN, en su condición de apoderada legal de las señoras ROSA ELISA, ANNIE LETICIA, LIGIA DOLORES, todas de apellidos MERLO CRUZ, ROSARIO SUYAPA CRUZ Y PETRONA ISABEL MERLO MEJÍA, contra las señoras ERNESTINA MERLO MEJÍA, MARITZA ROCÍO MEDINA ORDOÑEZ y MARÍA MARGARITA ROJAS SALANDÍA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, el veintidós de mayo de dos mil trece, en el expediente número 17-13, originada en los autos que conforman el expediente que se registra bajo el número 0703-2010-00261 del Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA