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Sentencia CC-192-13 — Registro 5243

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda de pago por daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en el primer motivo de Casación expresa que viene impugnando la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional, y la adecuación de procedimiento. Argumenta el censor principalmente que la supuesta obligación que se reclama nace de un delito, por lo que la regla aplicable es la establecida en el artículo 1349 del Código Civil vigente, el que establece que: “Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos y faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal”; alega el recurrente que según el artículo 60 del Código Procesal Penal en su último párrafo “También será de la competencia de los Jueces de Ejecución conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos”. Termina su exposición argumentando que los actos dictados por los órganos judiciales son nulos y carecen de fuerza legal en virtud de que la ley (Código Procesal Penal) señala de forma expresa la competencia y procedimiento a seguir en los casos que se pretendan deducir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Como puede apreciarse el recurrente empieza citando un artículo que no corresponde a norma procedimental sino de derecho sustantivo (artículo 1349 código civil) que no regula aspectos de la competencia de los órganos jurisdiccionales sino del fondo del asunto en tanto direcciona el criterio para establecer las obligaciones civiles provenientes del delito, en otras palabras, este artículo lo que hace es establecer las reglas de indemnización en estos casos que remiten al código penal que también es sustantivo, hablamos de los artículos 105 a 114 de mismo código, que se refiere a criterios de determinación de responsabilidad civil y no a cuestiones de competencia y jurisdicción, por otra parte, al haber asumido la Corte de Apelaciones tener competencia y jurisdicción para conocer el asunto que llegó a su conocimiento y siendo que el impetrante viene impugnando supuestamente normas procesales que regulan la jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento, sin duda alguna que el recurrente devenía obligado a fustigar las normas procesales civiles que llevaron al órgano jurisdiccional a asumir que tenía atribuciones para resolver el caso en apelación, señalando y explicando como estas normas fueron indebidamente aplicadas, nos referimos a las normas que regulan la jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento contenidas del artículo 23 al 47 del Código Procesal Civil y que no han sido denunciadas por el casacionista, por lo tanto, el motivo de casación es falto de claridad y precisión y no satisface las exigencias del artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, siendo consecuentemente inadmisible este motivo de Casación de conformidad con el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. Por otra parte, se aprecia que el recurrente no ha acreditado en la interposición del recurso que haya procedido a denunciar el defecto procesal que acusa en la instancia en que se produjo o que en su caso reprodujo la denuncia en apelación, tal y como lo prevé el artículo 700.1 del mismo código.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“En el segundo motivo de casación el recurrente manifiesta que impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, volviendo a la falta de claridad y precisión pues comienza fundando este motivo en lo manifestado en el Motivo primero de casación, faltando a la separación exigida para la interposición del recurso, cita el artículo 212 del Código Procesal Civil que establece que los actos procesales serán nulos cuando se produzcan por o ante tribunales con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional concluyendo que el expediente que nos ocupa es materia exclusiva de los Juzgados de lo Penal según el artículo 60 del Código Procesal Penal, sin embargo no es suficientemente claro y preciso sobre la forma en que viene impugnando la infracción del artículo 212; por otra parte, al haber asumido la Corte de Apelaciones tener competencia y jurisdicción para conocer el asunto que llegó a su conocimiento y siendo que el impetrante viene impugnando supuestamente normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuya infracción supone la nulidad o produce indefensión, el recurrente devenía obligado a impugnar primero aquellas normas procesales civiles que llevaron al órgano jurisdiccional a asumir que tenía atribuciones para resolver el caso en apelación, señalando y explicando como estas normas fueron indebidamente aplicadas y como estas normas se relacionan con el artículo 212 del Código Procesal Civil, además se aprecia que el recurrente no ha acreditado en la interposición del recurso que haya procedido a denunciar el defecto procesal que acusa en la instancia en que se produjo o que en su caso reprodujo la denuncia en apelación, tal y como lo prevé el artículo 700.1 del mismo código. Este motivo también resulta inadmisible conforme el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“En su tercer motivo de casación, pretende el recurrente invocar la impugnación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, principalmente alrededor de los artículo 1350 y 2236 del Código Civil, sin embargo la exposición resulta totalmente contradictoria y por lo tanto falta de claridad y precisión pues por una parte alega una equivocada e inadecuada aplicación de los artículos 1350 y 2236 del código civil y por otra parte alega que lo lógico era que se aplicara el artículo 1349 del Código Civil con lo que reconoce la competencia del Tribunal de Apelaciones, pero luego contradictoriamente alega que el Tribunal de Apelaciones era incompetente para conocer la acción incoada, arguyendo que el litigio es nulo por haber sido dictado por un órgano completamente incompetente, lo que coloca la impugnación en el ámbito procedimental no de normas relacionadas con el fondo del litigio, consecuentemente este motivo de casación resulta inadmisible de conformidad con el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El cuarto motivo de casación resulta confuso y por lo tanto falto de claridad y precisión en tanto que comienza señalando como precepto autorizante el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando el precepto autorizante originario en principio debe ser el artículo 719 en cualquiera de sus numerales e incisos del mismo código, y solo después relacionarlo con el 720 numeral 2 del mismo cuerpo legal. Es fundamental centrar el alegato en principio en la forma o contenido de la sentencia y desde ahí instar el control de la motivación fàctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, pero nunca pretender una interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, pues ello está vedado de conformidad con el artículo 720.1 del citado código, y es justamente esto lo que viene pretendiendo el censor al sugerir como debió valorarse la prueba, alejándose del análisis del ejercicio intelectivo empleado por el juzgador mediante el empleo de racionalidad y logicidad, por otra parte, se desborda en el motivo al interesar una nulidad de actuaciones en los términos del artículo 213 del Código Procesal Civil con lo que viene a inobservar la obligación de presentar los motivos con la suficiente separación, claridad y precisión, con lo que incurre nuevamente en la causal de inadmisión autorizada por el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como coordinador por ley, y siendo designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, esta última llamada a integrar en virtud de abstención de la Magistrada EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El señor ALEXANDER HEDMAN ALAS, representado en juicio por el Abogado HECTOR RENE MALDONADO R., en su condición de recurrente; siendo recurrida la Señora JUDY BARH MAZZONI, representada en juicio por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO OTORGADO POR SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA RATIFICADA POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES, Y LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha once (11) de enero del año dos mil ocho (2008), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora JUDY BAHR MAZZONI, contra el señor ALEXANDER HEDMAN ALAS.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha dieciocho(18) de julio de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha quince (15) de febrero de dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO OTORGADO POR SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA RATIFICADA POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES, Y LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha once (11) de enero del año dos mil ocho (2008), ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora JUDY BAHR MAZZONI, contra el señor ALEXANDER HEDMAN ALAS, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha quince (15) de febrero de dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1.-) Declarando sin lugar las excepciones perentorias de excepciones perentorias: a) la falta de acción o derecho para demandar bajo el argumento que ya se refirió en el numero 3 de este considerando precisando que es la madre de la menor AELXANDRA MICHELL HERNÁNDEZ MAYORGA por representación legal la que tiene acción o derecho para demandar; b) de pago alegando que su poderdante oportunamente indemnizó con el pago de cantidades de dinero a la señora CLAUDIA YADIRA MAYORGA; 2.-) Declarando con lugar la demanda ordinaria de pago otorgado por sentencia firme y definitiva ratificada por la honorable Corte Suprema de Justicia, en concepto de daños materiales y morales, y la indemnización de perjuicios promovida por el Abogado LUIS ALBERTO MORALES ROVELO en su condición de apoderado legal de JUDY BAHR MAZZONI y contra ALEXANDER HEDMAN ALAS; 3.- Condenando a ALEXANDER HEDMAN ALAS a pagar a JUDY BAHR MAZZONI la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (145,811.60) en concepto de daño emergente por los gastos de movilización declarados por la demandante en el estudio actuarial que comprende el periodo comprendido de dos mil cuatro a dos mil siete para atender la situación fúnebre y legal respecto de su fallecido hijo, más el interés legal que devengue dicha cantidad desde la fecha en que se ha promovido ésta demanda hasta la fecha en que se haga efectiva la sentencia que se dicta en concepto de perjuicios, se excluyen los gastos identificados como peritaje; 4.-) Condenando a ALEXANDER HEDMAN ALAS a pagar a JUDY BAHR MAZZONI la cantidad de SIETE MILLONES DE LEMPIRAS (L. 7,000,000.00) en concepto de daño moral que le ha causado y ha sufrido por la muerte de su hijo ocasionada de manera culposa por el hoy condenado, cantidad que se fija en atendiendo las circunstancias, condiciones y consecuencias y los agravios sufridos por la demandante; 5.-) Condenando al demandado ALEXANDER HEDMAN ALAS a pagar las costas del juicio; 6.-) Declarando sin lugar por improcedente la demanda ordinaria para el pago de daños e indemnización de perjuicios contra JUDY BAHR MAZZONI promovida por el Abogado HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ en la condición que tiene acreditada en autos como apoderado de ALEXANDER HEDMAN ALAS. Todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 5.- Condena en costas al demandante por vía de reconvención”.

SEGUNDO: El Representante Procesal del señor ALEXANDER HEDMAN ALAS, Abogado HECTOR R. MALDONADO, presentó en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil trece (2013), escrito de formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés.

TERCERO: Mediante auto de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por admitido a trámite el Recurso de Casación interpuesto por parte del Abogado HECTOR RENE MALDONADO, en su condición ya indicada y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días para que se pronunciara sobre el contenido del mismo.

CUARTO: El Representante Procesal de la Señora JUDY BARH MAZZONI, Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil trece (2013), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados LUIS ALBERTO ROVELO MORALES Y HECTOR RENE MALDONADO R., ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en sus cuatro motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “CAUSALES DEL RECURSO PRIMER MOTIVO Nos sirve de Primer Motivo de Casación el señalado en el Articulo 719 Numeral 1 inciso 1: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO.

  1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional, y la adecuación de procedimiento. HECHOS AL PRIMER MOTIVO DE CASACION: PRIMERO: Por medio del presento motivo se procede a impugnar la aplicación e interpretación en relación a la competencia y adecuación del procedimiento empleado para resolver el presente litigio. Como se puede apreciar del estudio del expediente de merito en el presente caso se trata de obtener el Pago de la Indemnización de Daños y Perjuicios ocasionados por la comisión de un delito, sirviendo como Titulo Obligacional para las pretensiones de la parte Actora Demandante la Sentencia Dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de la ciudad de Santa Rosa de Copán de fecha trece (13) de Octubre del año dos mil seis (2006), donde declaran a mi representado ALEXANDER HEDMAN ALAS civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados en contra de MARIO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHR y otros. Como se puede concluir de forma clara esta supuesta obligación que se reclama nace de un delito, por lo que regla aplicable es la establecida en el Artículo 1349 del Código Civil vigente, el que establece lo siguiente: “Las obligaciones civiles que nazca de los delitos y faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal”.- SEGUNDO: Honorables señores Magistrados, continuando con el estudio del título obligacional mencionado en el numeral primero de este recurso, (sentencia de fecha 13 de octubre de 2006) específicamente en el numeral Duodécimo en cuanto a la fundamentación jurídica párrafo ultimo establece literalmente lo siguiente: “No corresponde a este tribunal, pronunciarse sobre estos extremos concretos (personas perjudicadas contenido de la responsabilidad civil), los que se declaran, en su caso de acuerdo con lo prevenido por los artículos 432 y siguientes del código Procesal Penal”. De lo antes transcrito podemos concluir que la misma sentencia judicial penal que condena a mi representado, señala la forma en que la responsabilidad civil se va a tramitar, es decir la establecida en el código procesal penal, sentencia que se encuentra agregada a los autos de la primera pieza a folios 12 al 30, lugar que señalo para verificar lo expuesto. TERCERO: Honorables señores magistrados, habiendo aclarado la procedencia del título en que la parte actora demandante funda su pretensión, nos queda ahora establecer con claridad precisión cuál es el Tribunal competente para conocer del procedimiento para deducir la responsabilidad civil en materia penal. En tal sentido es oportuno expresar que el Código Procesal Penal en su artículo 54 establece que la jurisdicción Penal será improrrogable, por lo que en concordancia a lo antes señalado y estudiado la competencia Penal por Razón de Materia y Función según lo que establece el artículo 60 del Código Procesal Penal, en estos casos es exclusiva de los Jueces de Ejecución y procedo a transcribir literalmente lo que establece el artículo antes citado en su último párrafo: “También será de la competencia de los Jueces de Ejecución conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos.” Con lo señalado en el Artículo 60 del Código Procesal Penal queda claro que la facultad de conocer los asuntos relacionados a la responsabilidad civil provenientes de los delitos, no es ningún otro que no sea el Juez de Ejecución, en virtud de que es la misma ley que ha colocado este negocio dentro de la esfera de sus atribuciones (Art 137 L.O.A.T.)

CUARTO: De los numerales que anteceden queda comprobado y demostrado de forma clara, que la sentencia dictada en Primera Instancia en fecha Quince (15) de Febrero del 2013, así como la Sentencia dictada por el Tribunal Aquo hoy Impugnada mediante este Recurso fueron dictadas por Órganos Judiciales que carecían de Competencia Genérica y Objetiva para conocer del asunto puesto a su disposición, y como tal estos actos procesales dictados por los órganos judiciales señalados son nulos y carecen de fuerza legal, en virtud de que la ley (Código Procesal Penal) señala de forma expresa la competencia y procedimiento a seguir en los casos que se pretendan deducir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Otro punto importante es señalar que todo el proceso incoado a la fecha violenta uno de las garantías fundamentales de nuestra Constitución, como ser el Debido Proceso establecido en el Articulo 90 de la Constitución de la Republica que establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.- SEGUNDO MOTIVO El Segundo Motivo que señalo es el consignado en el articulo 719 Numeral 1 inciso B.- Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. HECHOS AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION PRIMERO: De lo manifestado en el Motivo Primero de esta Casación, se ha podido comprobar que los actos procesales contenidos en el expediente de merito fueron dictado por un juzgado de primera instancia y un tribunal de alzada (Tribunal Aquo) sin Competencia Genérica y Objetiva para conocer del asunto. El Código Procesal Civil en su artículo 212 Numeral Primero establece lo siguiente: “Articulo 212 Nulidad: Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante tribunales con falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional. 2.. .3.. ..4. . .5.. .6...”. Como está plenamente probado en autos, el expediente que nos ocupa es materia exclusiva de los Juzgados de lo Penal, en especial del Juzgado de Ejecución tal y como lo establece el Artículo 60 del Código Procesal Penal, al señalar de forma expresa que es de su competencia conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos.- SEGUNDO: Honorables señores Magistrados, queda plenamente demostrado en el presente caso que los actos procesales de merito fueron dictados por órganos que carecían de competencia, por tanto volviéndose estos Actos Nulos. Nuestro Código Civil en relación a la Nulidad Absoluta establece lo siguiente: “Articulo 1589: La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen, y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.” Dicho lo anterior, no cabe duda que lo que procede en la presente pieza de autos es declarar la Nulidad Absoluta, inclusive desde el auto de admisión de la improcedente Demanda Ordinaria, señalándole a la parte Demandante Actora el correcto procedimiento a seguir tal y como está establecido en el artículo 727 Numeral 1 del Código de Procesal Civil.- TERCER MOTIVO El Tercer Motivo de Casación es el consignado en el Articulo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil.- Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. …2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación de la normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.- En especial los artículos 1350 y 2236 del Código Civil los que dicen: Artículo 1350: Las que se deriven de actos u omisiones en que intervengan culpa o negligencia, no penadas por la ley, quedaran sometidas a las disposiciones del Capítulo II del Titulo XIV de este Libro.- Artículo 2236: El que por acción u omisión causa daño a otro, intervenido culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.- HECHOS AL TERCER MOTIVO DE CASACION. PRIMERO: El Tribunal Aquo fundamenta su Resolución aplicando entre otros el Artículo 1350 relativo a las Disposiciones Generales de las Obligaciones enmarcando la misma en aquellas que se derivan en actos u omisiones en que intervengan culpa o negligencia. EN LA MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA de la Sentencia dictada por el Tribunal Aquo y por este acto impugnado, en el Hecho Segundo el tribunal manifiesta lo siguiente que a continuación transcribo: “ SEGUNDO: De la lectura de las actuaciones contenidas en el expediente de merito se pudo apreciar que se está reclamando el pago de daño material, moral así como daño emergente producto de la responsabilidad civil originada por un accidente de tránsito en el que se declaro culpable de la comisión del delito de homicidio culposo al señor ALEXANDER HEDMAN ALAS por la muerte del señor MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BAHR, hijo de la demandante señora JUDY BAHR MAZZONI, quien pide la indemnización de los daños y perjuicios por si……” De lo transcrito de la Sentencia Impugnada se puede apreciar que el mismo Tribunal Aquo estableció que el proceso era para determinar el daño originado por un accidente de tránsito en el que se declara culpable de la COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO. Concluyendo que la obligación que se reclama proviene de la comisión de un delito y de la posterior responsabilidad civil que se declara en la Sentencia dictada el Trece (13) octubre del 2006 por el Tribunal Seccional de la Cuidad de Santa Rosa de Copan. Habiendo aclarado la procedencia de la pretensión de la parte Actora Demandante, lo lógico y procedente en cuanto a Derecho y en especial a las Obligaciones es aplicar e interpretar la norma 1349 que establece lo siguiente “Articulo 1349: Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal”, ya que esta es la norma que aplica al caso concreto y no aplicar e interpretar de forma equivoca la norma establecida en el Artículo 1350 del Código Civil como lo fue y quedo plasmado en la Sentencia dictada por el Juez Aquo, Sentencia que se impugna mediante este recurso. SEGUNDO: Asimismo se puede apreciar la equivoca e inadecuada aplicación e interpretación del Artículo 1350 del Código Civil, ya que el Tribunal A quo determinó aplicar e interpretar el artículo 2236 como el precepto autorizante para confirmar y calcular la condena de los Daños y Perjuicios. Por considerar el Tribunal Aquo que la obligación que mí representado supuestamente adeuda es por una acción u omisión en la que intervino culpa o negligencia. Como se ha demostrado en el caso que nos ocupa, lo que se está reclamando en juicio proviene de la responsabilidad civil deducida por la comisión de un delito, por tanto se entiende que ya existió una acción u omisión punible. Por lo que el modo de calcular, los daños sufridos son aquellos preceptos contenido en el Código Penal Titulo IX de la Responsabilidad Civil y no los supra mencionados por el Tribunal Aquo en la Sentencia Impugnada. TERCERO: Señores Honorables Magistrados independientemente del resultado de los Motivos Primero y Segundo enunciados en el presente Recurso en relación a la Falta de Competencia del Tribunal se quiere dejar evidencia, así como impugnar el hecho de que aun siendo el Tribunal Aquo incompetente de conocer la acción incoada ante el. La Resolución dictada por el mismo contiene defectos en la aplicación e interpretación de las normas legales y de derecho que se establecieron para la solución del litigio, litigio que es nulo por haber sido dictado por un órgano completamente incompetente para conocer estas acciones civiles que provienen de la comisión de un delito.- CUARTO MOTIVO El Cuarto Motivo de Casación es el Consignado en el Articulo 720 Numeral 2 del Código Procesal Civil.- Artículo 720.- EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN.:1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral uno (1) del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. HECHOS AL CUARTO MOTIVO DE CASACION PRIMERO: EN LA MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA de la Sentencia dictada por el Tribunal Aquo y por este acto impugnado, en el Hecho Sexto se establece de una manera vaga y de poca importancia el hecho de que mi representado había cumplido con la obligación que se reclama en autos y expresa la sentencia lo siguiente “ siendo oportuno agregar también que el demandado alega que el ya pago a la señora CLAUDIA YADIRA MAYORGA madre de la menor hija del difunto, una indemnización en concepto de gastos fúnebres, no hay que dejar de lejos el hecho de que la madre del difunto también realizo gestiones y gastos que deben honrarse oportunamente y que el demandado tampoco desvirtuó”. Como quedo plenamente comprado en Juicio con la prueba aportada en su oportunidad pero no apreciada por el Juzgador se acredito un Recibo de pago y Finiquito de Solvencia a favor de mi representado que lo liberaba de cualquier responsabilidad futura ya sea civil o criminal. SEGUNDO: Como es de su conocimiento Señores Honorables Magistrados, la motivación son el objeto del razonamiento, este ha de ser la prueba y la norma o normas aplicables al caso concreto. Es decir, que la motivación incide en los elementos facticos y jurídicos del proceso, desarrollando la operación de subsunción en donde tenemos un hecho que produce una determinada consecuencia jurídica. En el caso que nos ocupa se probó en el momento procesal oportuno que mi representado ALEXANDER HEDMAN ALAS cumplió con su obligación al realizar el pago a la Madre de la menor ALEXANDRA MICHELLE HERNANDEZ MAYORGA hija del señor MARIO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHR, extremos que fueron acreditados en el momento procesal oportuno y que constan en autos a folios 605 al 610 de la primera pieza de autos. Con el pago realizado y que está acreditado en autos podemos entonces afirmar que estamos frente a una acción cuya consecuencia jurídica seria la extinción de la obligación en favor de mi representado. TERCERO: Según lo establecido en el Código Penal en el articulo 115 el que transcribo a continuación “ARTICULO 115. La responsabilidad civil por delito se extingue según los modos establecidos por el Código Civil respecto de las obligaciones de esta naturaleza.” En aplicación al artículo antes mencionado y relacionándolo al Artículo 1421 del Código Civil relacionado a la Extinción de las Obligaciones en el numeral 1 se puede apreciar que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento. Asimismo el Artículo 1429 establece que el pago de buena fe hecho al que estuviera posesión del crédito liberara al deudor, hecho que se encuentra plenamente acreditado en autos de la primera pieza a folios 605 al 610 mediante el respectivo finiquito de solvencia y eficaz carta de pago extendido por la persona facultado para ello, por tal razón es evidente que mi representado ALEXANDER HEDMAN ALAS cumplió efectivamente con la obligación debida, pues en su oportunidad pago de buena fe a la madre de la menor ALEXANDRA MICHELLE HERNÁNDEZ MAYORGA hija del señor MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BAHR, por considerar que era a esta menor a quien le correspondía este pago.- CUARTO: En tal sentido, si el Juzgado de Primera Instancia y el Tribunal Aquo hubieran apreciado y valorado la prueba presentada en relación al Pago de la Obligación y el Finiquito de Solvencia extendido, y hubieran aplicado la norma concreta estaríamos frente a la extinción de la acción reclamada, por lo que el sentido del fallo hubiese sido diferente. Es importante mencionar además que las reglas de la motivación son la lógica y la razón, por lo cual es necesario que las sentencias no tengan contradicciones internas, contradicciones que se dejan de manifiesto en la sentencia impugnada, al condenar a mi representado y por otra parte reconocer que realizó un pago, pago que para el A quo erróneamente no extingue la obligación como debe ser, aplicando la regla general del artículo 1421 numeral 1 del código civil. Íntimamente ligado a lo anterior, el artículo 207 del Código Procesal Civil establece que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, razonamiento que el A quo ha infringido en la sentencia que hoy se impugna. En consecuencia y por las razones de hecho y de derecho expuestas, es que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia.- Por los motivos antes expuestos es que comparezco ante ustedes Honorables Señores Magistrados, a presentar e Impugnar por medio del presente Recurso de Casación la sentencia dictada en fecha dieciocho de Julio de dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula.- NULIDAD DEL ACTO PROCESAL. PRIMERO: De los antecedentes se puede apreciar de forma clara que la Parte Actora Demandante pretende el Pago de Daños y Perjuicios basando sus pretensiones en una Sentencia Dictada en Materia Penal por un Tribunal de Sentencias seccional de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Sentencia por medio de la cual se declara a mi representado ALEXANDER HEDMAN ALAS civilmente responsable de los Daños y Perjuicios ocasionados por el delito cometido en perjuicios del señor MARIO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHR. SEGUNDO: Considero de suma importancia señalar Señores Honorables Magistrados, que nuestra Constitución de la Republica y específicamente en el Articulo 90 en relación a los Derechos y Garantías establece lo siguiente: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.- Dicho lo anterior se puede concluir que si los herederos del señor MARIO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHR tenían las intenciones de reclamar de mi representado otras cantidades de dinero en concepto de Daños y Perjuicios, tuvieron que haberlo realizado por medio del Procedimiento establecido en el Código Procesal Penal Capítulo VI, contentiva del procedimiento para deducir la responsabilidad civil, norma sustantiva de carácter imperativa señalada en el derecho positivo hondureño para ese tipo de pretensiones, esta de mas decir Honorables Señores Magistrados que los actos procesales dictados tanto por el Juzgado de Letras Civil de la Sección de San Pedro Sula como por el Tribunal A quo, violan las Garantías y Derechos Constitucionales de mi representado señor ALEXANDER HEDMAN ALAS.- TERCERO: Señores Honorables Magistrados continuando con los motivos de Nulidad del Acto Procesal, así como las obvias violaciones a la Constitución de la Republica contenidas en la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Cortes en el expediente 106-13. Queda demostrado de forma clara que el asunto que nos ocupa es de materia PENAL, materia que es regulada por el Código Penal y el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en su Artículo 60 otorga de manera expresa la competencia de conocer los asuntos relacionados a las demandas donde se exijan la responsabilidad civil proveniente de delitos, a los Jueces de Ejecución. Por lo tanto, se puede concluir fácilmente que en base a lo ordenado en el artículo 60 del Código Procesal Penal y demás preceptos de la Materia Penal, la Demanda 11277-2010 tuvo que haber sido declarada inadmisible por falta de jurisdicción y competencia. Por los hechos, violaciones a la Constitución de la Republica y fundamentos de derecho mencionados en el presente escrito y en aplicación a los Artículo 213 numeral 1, y 4 del Código Procesal Civil que literalmente dice: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional; 2……;3……; 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión……“. Artículo 214 del Código Procesal Civil en su numeral Segundo: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL. 2. Sin perjuicio de ello el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. Artículo 1589 del Código Civil que Literalmente Dice: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En consecuencia y por las razones y fundamentos de derecho expuestas, es que comparezco ante ustedes Honorables Señores Magistrados solicitando la Nulidad del Acto Procesal en su totalidad, por estar dictado en contra de los Derechos y Garantías Constitucionales y los preceptos legales en materia Penal vigente en la Republica de Honduras”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.

2.- El recurrente en el primer motivo de Casación expresa que viene impugnando la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional, y la adecuación de procedimiento. Argumenta el censor principalmente que la supuesta obligación que se reclama nace de un delito, por lo que la regla aplicable es la establecida en el artículo 1349 del Código Civil vigente, el que establece que: “Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos y faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal”; alega el recurrente que según el artículo 60 del Código Procesal Penal en su último párrafo “También será de la competencia de los Jueces de Ejecución conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos”. Termina su exposición argumentando que los actos dictados por los órganos judiciales son nulos y carecen de fuerza legal en virtud de que la ley (Código Procesal Penal) señala de forma expresa la competencia y procedimiento a seguir en los casos que se pretendan deducir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Como puede apreciarse el recurrente empieza citando un artículo que no corresponde a norma procedimental sino de derecho sustantivo (artículo 1349 código civil) que no regula aspectos de la competencia de los órganos jurisdiccionales sino del fondo del asunto en tanto direcciona el criterio para establecer las obligaciones civiles provenientes del delito, en otras palabras, este artículo lo que hace es establecer las reglas de indemnización en estos casos que remiten al código penal que también es sustantivo, hablamos de los artículos 105 a 114 de mismo código, que se refiere a criterios de determinación de responsabilidad civil y no a cuestiones de competencia y jurisdicción, por otra parte, al haber asumido la Corte de Apelaciones tener competencia y jurisdicción para conocer el asunto que llegó a su conocimiento y siendo que el impetrante viene impugnando supuestamente normas procesales que regulan la jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento, sin duda alguna que el recurrente devenía obligado a fustigar las normas procesales civiles que llevaron al órgano jurisdiccional a asumir que tenía atribuciones para resolver el caso en apelación, señalando y explicando como estas normas fueron indebidamente aplicadas, nos referimos a las normas que regulan la jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento contenidas del artículo 23 al 47 del Código Procesal Civil y que no han sido denunciadas por el casacionista, por lo tanto, el motivo de casación es falto de claridad y precisión y no satisface las exigencias del artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, siendo consecuentemente inadmisible este motivo de Casación de conformidad con el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. Por otra parte, se aprecia que el recurrente no ha acreditado en la interposición del recurso que haya procedido a denunciar el defecto procesal que acusa en la instancia en que se produjo o que en su caso reprodujo la denuncia en apelación, tal y como lo prevé el artículo 700.1 del mismo código.

3.- En el segundo motivo de casación el recurrente manifiesta que impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, volviendo a la falta de claridad y precisión pues comienza fundando este motivo en lo manifestado en el Motivo primero de casación, faltando a la separación exigida para la interposición del recurso, cita el artículo 212 del Código Procesal Civil que establece que los actos procesales serán nulos cuando se produzcan por o ante tribunales con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional concluyendo que el expediente que nos ocupa es materia exclusiva de los Juzgados de lo Penal según el artículo 60 del Código Procesal Penal, sin embargo no es suficientemente claro y preciso sobre la forma en que viene impugnando la infracción del artículo 212; por otra parte, al haber asumido la Corte de Apelaciones tener competencia y jurisdicción para conocer el asunto que llegó a su conocimiento y siendo que el impetrante viene impugnando supuestamente normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuya infracción supone la nulidad o produce indefensión, el recurrente devenía obligado a impugnar primero aquellas normas procesales civiles que llevaron al órgano jurisdiccional a asumir que tenía atribuciones para resolver el caso en apelación, señalando y explicando como estas normas fueron indebidamente aplicadas y como estas normas se relacionan con el artículo 212 del Código Procesal Civil, además se aprecia que el recurrente no ha acreditado en la interposición del recurso que haya procedido a denunciar el defecto procesal que acusa en la instancia en que se produjo o que en su caso reprodujo la denuncia en apelación, tal y como lo prevé el artículo 700.1 del mismo código. Este motivo también resulta inadmisible conforme el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.

4.- En su tercer motivo de casación, pretende el recurrente invocar la impugnación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, principalmente alrededor de los artículo 1350 y 2236 del Código Civil, sin embargo la exposición resulta totalmente contradictoria y por lo tanto falta de claridad y precisión pues por una parte alega una equivocada e inadecuada aplicación de los artículos 1350 y 2236 del código civil y por otra parte alega que lo lógico era que se aplicara el artículo 1349 del Código Civil con lo que reconoce la competencia del Tribunal de Apelaciones, pero luego contradictoriamente alega que el Tribunal de Apelaciones era incompetente para conocer la acción incoada, arguyendo que el litigio es nulo por haber sido dictado por un órgano completamente incompetente, lo que coloca la impugnación en el ámbito procedimiental no de normas relacionadas con el fondo del litigio, consecuentemente este motivo de casación resulta inadmisible de conformidad con el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.

5.- El cuarto motivo de casación resulta confuso y por lo tanto falto de claridad y precisión en tanto que comienza señalando como precepto autorizante el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando el precepto autorizante originario en principio debe ser el artículo 719 en cualquiera de sus numerales e incisos del mismo código, y solo después relacionarlo con el 720 numeral 2 del mismo cuerpo legal. Es fundamental centrar el alegato en principio en la forma o contenido de la sentencia y desde ahí instar el control de la motivación fàctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, pero nunca pretender una interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, pues ello está vedado de conformidad con el artículo 720.1 del citado código, y es justamente esto lo que viene pretendiendo el censor al sugerir como debió valorarse la prueba, alejándose del análisis del ejercicio intelectivo empleado por el juzgador mediante el empleo de racionalidad y logicidad, por otra parte, se desborda en el motivo al interesar una nulidad de actuaciones en los términos del artículo 213 del Código Procesal Civil con lo que viene a inobservar la obligación de presentar los motivos con la suficiente separación, claridad y precisión, con lo que incurre nuevamente en la causal de inadmisiòn autorizada por el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 700, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723. 2 a), 724 y 913 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos, planteado por el Abogado HECTOR R. MALDONADO, en su condición de apoderado legal de ALEXANDER HEDMAN ALAS, en la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO OTORGADO POR SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA RATIFICADA POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES Y LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, promovida en fecha once (11) de Enero del año dos mil ocho (2008), ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición de Representante Legal de la señora JUDY BAHR MAZZONI, contra el señor ALEXANDER HEDMAN ALAS. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el dieciocho de Julio del año dos mil trece, en el expediente de apelación número 106-13 C.V. originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2010-1277 del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

COORDINADOR POR LEY

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

MAGISTRADA