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Sentencia CC-189-13 — Registro 5240

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso, se revocó la sentencia y sin lugar la demanda de nulidad de instrumento publico, restitución de dominio indemnización de daños y perjuicios, prohibición de actos y contratos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El recurrente en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto motivo omite por completo dar cumplimiento a lo señalado en los Artículos 704 y 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, específicamente porque omite expresar las normas de derecho cuya infracción sustenta cada motivo, fundamentado con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, por lo que los motivos resultan inadmisibles.

Legislación citada

Sentencia

FICHA

JURISPRUDENCIAL

Sala Constitucional

Honduras, C. A.

Nº EXPEDIENTE Y FECHA DEL FALLO:

524=09 fallado el 09 de noviembre de 2010

TIPO DE ACCION:

Amparo administrativo

DESCRIPCIÓN:

RECURRENTE: Douglas Josué Bonilla Andino.

AGRAVIADO: Cruz Armijo, S. de R. L.

AUTORIDAD RECURRIDA: Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

ACTO RECLAMADO: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-2008

PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:

El recurrente alega que el Presidente de la República mediante el acto impugnado fijó en términos generales el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país y distinguiendo, únicamente, las actividades económicas que se desarrollan en el área urbana de las que se desarrollan en el área rural, en contravención a lo estipulado en el art. 135 de la Constitución de la República, lo cual ha significado la ruptura del equilibrio que debe existir entre el capital y el trabajo, y no toma en cuenta los parámetros previstos en el art. 128 de la Constitución, para la determinación del salario mínimo, que son: las modalidades de cada trabajo, las particularidades de cada región y labor situación financiera de las empresas entre otros.

PROBLEMA JURÍDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):

Que el gobierno justifica su actuar en el exhorto que hace la Organización Internacional del Trabajo a los gobiernos para que demuestren su compromiso en proteger el poder adquisitivo de su población y la necesidad de aumentar los niveles de los salarios mínimos para proteger a los trabajadores más vulnerables y la intervención pública con medidas extraordinarias de apoyo a los ingresos; en relación a la decisión de obviar las regiones que establece la Ley del Salario Mínimo y dividir las comunidades en zonas rurales y urbanas el gobierno explica que lo hace con base a criterios derivados del estudio socioeconómico del mercado laboral de Honduras, asimismo señala que se tuvo en cuenta las modalidades de cada trabajo y las particulares condiciones de vida de cada región y labor, la aptitud relativa del trabajador y los sistemas de remuneración de las empresas.

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):

La Sala de lo constitucional estima que el Gobierno de Honduras estaba legitimado para tomar la decisión de fijar el salario mínimo y que además era su deber como Poder del Estado de garantizar una remuneración justa para alcanzar una vida digna para el trabajador y su familia, y que la única manera de que una empresa pueda ser amparada, es demostrar de manera incontrastable, que le resulta imposible el pago del salario mínimo fijado por la administración publica, sin poner en peligro su propia subsistencia y la vida digna de sus propietarios; en ese sentido este Tribunal hace la observación a los garantistas que deben demostrar el margen de utilidades que recibe y la imposibilidad ya mencionada, teniendo en cuenta que las utilidades deben ser en todo caso, razonables en relación con el pago que hacen a sus trabajadores, por que si se constata que las utilidades y el lucro es excesivo a merced de los magros ingresos de los trabajadores, se estimaría una relación de explotación injustificada.

DECISIÓN (decisum):

DENEGAR

LINEA JURISPRUDENCIAL:

EL salario mínimo de un trabajador, en cualquier actividad, es la fuente única o al menos principal de sus ingresos, constituyendo por consiguiente, el medio para satisfacer todas sus necesidades y las de su familia, que incluyen alimentación, salud, vestuario, educación, vivienda, transporte y cualquier otra propia de la persona dentro del ámbito de la dignidad humana; tiene como propósito fundamental, señalar el nivel mínimo en la escala salarial y social, por consiguiente lo que esté bajo de ello deja de ser digno para el sustento básico del ser humano, debe asegurar el estándar mínimo e indispensable de vida para que la mujer y/o el hombre puedan subsistir con decoro en su sociedad, razón por la cual no tiene como finalidad destruir las fuentes de trabajo o el quebrantamiento del derecho de todo empresario a obtener utilidades, producto de su actividad, sino de una equiparación del salario mínimo de sus empleados a la realidad social y sobre toda económica del mundo actual.

ARTÍCULOS COMENTADOS:

Artículo 245 numeral 42 de la Constitución de la República; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; art. 03 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de noviembre de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS JOSUE BONILLA ANDINO, a favor de la sociedad mercantil denominada CRUZ ARMIJO, S. de R.L., contra el Acuerdo Ejecutivo Nº STSS 374-STSS-08, emitido por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 31,797 del 27 de diciembre de 2008, que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, el abogado DOUGLAS JOSUE BONILLA ANDINO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CRUZ ARMIJO, S. de R.L., contra el Acuerdo Ejecutivo Nº STSS 374-STSS-08, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 31,797 del 27 de diciembre de 2008, que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país. 2) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil nueve, la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, presentó el dictamen correspondiente, siendo del parecer de que no se otorgue la presente acción de Amparo, por no haberse ultrajado los artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Salario Mínimo, sólo cabrá contra los Acuerdos de Fijación de Salario Mínimo, el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo el Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en La Gaceta, diario oficial de la República, No. 31,797 del día veintisiete de diciembre de dos mil ocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil nueve, contentivo del acuerdo que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país, emitido por el Señor Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. CONSIDERANDO: Que el amparista aduce al formalizar la acción de Amparo, que el Presidente de la República, mediante el acto impugnado fijó en términos generales, el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país, y distinguiendo, únicamente, las actividades económicas que se desarrollan en el área urbanas de aquellas que se desarrollan en el área rural; ,en contravención a lo establecido en el Artículo 135 de la Constitución de la República, que dice: "Las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital y ;el trabajo como, factores de producción.- El Estado deberá tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo, proteger al capital y al empleador".- El acto reclamado, ha significado la ruptura del equilibrio que debe existir entre el capital y el trabajo para que convivan en forma armónica, en paz, sin disputas entre unos y otros; al no tomar en cuenta, los parámetros previstos en el Artículo 128 numeral quinto de la Constitución de la República, para la determinación del salario mínimo, que son: las modalidades de cada trabajo, las particulares condiciones de cada región y labor, la aptitud relativa a los trabajadores, la situación financiera de las empresas y los sistemas de remuneración de las mismas, las condiciones y tendencias del empleo, condiciones de mercado, situación competitiva y demás circunstancias susceptibles de influir en el mercado de trabajo; que en definitiva, son las reglas para la fijación del salario mínimo pagadero a los trabajadores, que habrán de aplicar las diversas empresas dependiendo de su categoría: micro, pequeña, mediana o gran empresa, dadas sus posibilidades económicas. CONSIDERANDO: Que del informe rendido por la Secretaria de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, rendido en fecha trece de marzo de dos mil nueve se destaca que el Salario Mínimo es el pago que todo trabajador tiene por derecho para subvenir o sufragar sus necesidades esenciales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. También resulta esclarecedora la cita que el gobierno hace del Informe Mundial sobre Salarios 2008, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se advierte sobre la reducción de los salarios reales de muchos trabajadores, en particular en los hogares pobres y de salarios bajos; en ese sentido el gobierno justifica su actuar en el exhorto que hace la Organización Internacional del Trabajo(OIT) a los gobiernos para que demuestren su compromiso en proteger el poder adquisitivo de su población; del mismo modo la OIT establece la necesidad de aumentar los niveles de los salarios mínimos para proteger a los trabajadores más vulnerables y la intervención pública con medidas extraordinarias de apoyo a los ingresos. Menciona el gobierno que el rezago histórico del poder adquisitivo del salario excede al ochenta por ciento y especialmente se observa que la capacidad adquisitiva del hondureño ha mermado en los últimos meses como efecto del incremento del coste de vida en las diferentes regiones del país. En relación a la decisión de obviar las regiones que establece la Ley de Salario Mínimo y dividir las comunidades en zonas rurales y urbanas, el gobierno explica que lo hace con base a los criterios derivados del Estudio Socioeconómico del Mercado Laboral de Honduras, preparado por la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, que comprende la canasta básica de alimentos, calculado con la información y metodología proporcionada por el Banco Central de Honduras y las estimaciones del costo de vida generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE; asimismo señala que tuvo en cuenta las modalidades de cada trabajo y las particulares condiciones de vida de cada región y labor, la aptitud relativa del trabajador y los sistemas de remuneración de las empresas. Señala además que para definir las regiones se utilizaron los datos socioeconómicos y demográficos actualizados en el último Censo de Población y de Vivienda del año 2001, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE para la toma de decisiones 2001-2010, así como la definición conceptual de las áreas urbanas y rurales y la determinación de lugares poblados que se encuentran en cada una de ellas. Por otro lado en el informe que la honorable Secretaria de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, abogada Mayra Janeth Mejía del Cid rinde a esta alta judicatura, refiere básicamente lo siguiente:

  1. En fecha 3 de noviembre de 2008 el Director General de Salarios solicitó a las Centrales Obreras y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) la nómina de candidatos para integrar la Comisión de Salario Mínimo. 2) Una vez conformada la comisión con integrantes de ambos sectores se quedó a la espera del día de juramentación de todos los miembros.
  2. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio solicitó colaboración al Instituto Nacional de Estadística, Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas y al Banco Central de Honduras para que a través de sus técnicos expusieran e ilustraran a la Comisión en relación al mercado de trabajo, programas de inversión social ejecutados por el gobierno, principales variables macroeconómicas que muestren el comportamiento de la economía nacional, con el fin de obtener elementos de juicio para la revisión y fijación del salario mínimo. 4) En fecha 11 de diciembre se juramentó a todos los miembros de la comisión y en ese mismo acto se discutió y aprobó el Reglamento de Debates de la Comisión. 5) En fecha 16 de diciembre de 2008, durante la reunión, un funcionario del Instituto Nacional de Estadística hizo una exposición a la comisión sobre el mercado laboral, el representante de la Secretaría de Trabajo presentó un estudio socioeconómico del Mercado Laboral en Honduras, preparado por la Dirección General de Salarios; seguidamente el sector obrero hizo entrega de una propuesta de incremento al salario mínimo. El sector patronal de conformidad con la ley solicitó una reunión para el 24 de diciembre a fin de presentar observaciones al Estudio Socioeconómico de la Secretaría del Trabajo, un estudio de la Canasta Básica de Alimentos y una propuesta; asimismo solicitaron una propuesta del gobierno. 6) La tercera sesión de trabajo se realizó el veinte de diciembre en la cual el sector empleador disertó sobre el panorama internacional, la canasta básica de alimentos y el monitoreo que realiza el COHEP a los precios de dicha canasta; en este último aspecto indicaron que el costo de la canasta básica de alimentos asciende a 4 mil 442 lempiras haciendo referencia que Honduras tiene los salarios mínimos más altos de la zona. Después de una amplia discusión los representantes del sector patronal entregaron al resto de la comisión la respuesta del sector privado a la propuesta del incremento del salario y que fuera presentada antes por parte del sector laboral, en dicha respuesta el sector patronal propone que el Presidente de la República convoque a la formación de un Pacto Nacional por el Empleo, que involucre a gobierno, trabajadores y empleadores; que tenga por objetivo enfrentar los efectos de la crisis económica y financiera mundial, misma que empieza a afectar a Honduras; entonces proponen como ejes de dicho plan los siguientes: 1. Estabilización del Salario Mínimo en su valor actual.
  1. Estabilización de precios de la canasta básica en coherencia con el precio internacional del petróleo y de las materias primas. 3. Establecer una política monetaria congruente con la crisis. (Lo resaltado es del autor del informe) El sector obrero recibió la propuesta patronal y luego de un receso manifestó que su posición era continuar exigiendo un salario mínimo de 6 mil 239 lempiras con cuarenta centavos (cantidad que resultó del estudio de la Secretaría de Estado del Trabajo); por su parte el sector patronal insistió en el congelamiento del salario mínimo. Ambas propuestas se anexaron al acta para dar paso a la siguiente instancia. 7) En fecha 20 de diciembre de 2008 la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social recibió el expediente administrativo que contenía las propuestas citadas, resolviendo que se procediera a la devolución del expediente a la comisión, instándolos a que profundizaran en el análisis y generaran nuevos aportes, respecto a los criterios y elementos que permitieran al Presidente de la República fijar el nuevo salario mínimo. 8) En fecha 22 de diciembre se celebró la cuarta y última reunión de la comisión, convocada a efecto de conocer y discutir la reconsideración de la señora ministra a la resolución adoptada por la comisión, según el acta de cierre de la sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil ocho. La ministra en el informe que se comenta hace ver que uno de los representantes del sector patronal señaló que la comisión ya no existía en vista de que en que la sesión celebrada el día sábado veinte de diciembre se habían cerrado las negociaciones. Los representantes del ¿interés público? propusieron en carácter de moción que el costo de vida a utilizar para fijar el salario mínimo fuese de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS, cantidad obtenida, tal como se dijo antes, por el estudio realizado por la Secretaría de Trabajo, tomando en cuenta las variaciones por región utilizadas por el Banco Central de Honduras. Finalmente un representante de los patronos dijo que la resolución presentada por el gobierno era nula en vista de que no se había presentado como proyecto de acuerdo, extremo que pidió se hiciera constar en el acta. 9) En fecha 22 de diciembre la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social nuevamente recibió de parte de la comisión el informe de la última sesión, trasladando el mismo a la Presidencia de la República. 10) Con todos estos extremos el Presidente de la República resolvió emitir el Acuerdo No. STSS-374-STSS-2008 en virtud de la prerrogativa que le otorga el numeral 42 del artículo 245 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el Derecho individual del trabajo, tiene como propósito esencial asegurar a cada trabajador, un nivel decoroso de vida, su relación de trabajo crea, en la mayor parte de los casos, una condición de dependencia económica del trabajador hacia su patrono, sea esta última persona natural o jurídica. CONSIDERANDO: Que en nuestro tiempo el salario de un trabajador, en cualquier actividad, y en la mayor parte de los casos, es la fuente única o al menos principal de sus ingresos, constituyendo por consiguiente, el medio para satisfacer todas sus necesidades y las de su familia, mismas que incluyen alimentación, salud, vestuario, educación, vivienda, transporte y cualquier otra propia de la persona, dentro del ámbito de la dignidad humana. CONSIDERANDO: Que el salario mínimo tiene como propósito fundamental, señalar el nivel mínimo en la escala salarial y social, por consiguiente lo que esté bajo de ello deja de ser digno para el sustento básico del ser humano. CONSIDERANDO: Que el salario mínimo también se encamina a proteger a todos aquellos trabajadores y trabajadoras, que por diversas razones, no pudieron tener una profesión, técnica o calificada y por ello se les debe asegurar un nivel de vida conveniente y acorde a toda persona humana. CONSIDERANDO: Que el salario mínimo tiene como propósito primordial asegurar el estándar mínimo e indispensable de vida para que la mujer y/o el hombre puedan subsistir con decoro en su sociedad y más ahora en una sociedad tan cambiante en su economía mundial; razón por la cual dicho salario mínimo no tiene como finalidad destruir las fuentes de trabajo o el quebrantamiento del derecho de todo empresario a obtener sus utilidades, producto de su actividad, sino de una equiparación del salario mínimo de sus empleados a la realidad social y sobre todo económica del mundo actual; para que dicho salario sea digno y con ello pueda suplir las necesidades básicas de toda persona humana. CONSIDERANDO: Que el Artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia 1789 establece que: "Todos los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos; las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común." Y en ese sentido el Artículo 61 constitucional reza: “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.” CONSIDERANDO: Que la igualdad es un principio-derecho que intenta ordenar o ubicar a las personas en realidades similares, y una vez hecho ese ordenamiento, todas las personas son susceptibles de ser tratadas ante la ley con las mismas condiciones y situaciones de sus semejantes. Así, el Estado otorga derechos y obligaciones, de manera que, de igual forma, deben recibir un trato sin distinción alguna ante la ley. El planteamiento anterior es el mismo que da pie a entender que la igualdad ante la Ley no impide otorgar un trato desigual a los ciudadanos de acuerdo a determinadas circunstancias o condiciones, lo que puede ser por situaciones de hecho o por finalidad, el que debe ser razonable, y que garantice que el trato desigual sea consecuencia de una diferenciación constitucional legítima. CONSIDERANDO: Que si las relaciones jurídicas se realizan o establecen entre sujetos con iguales recursos materiales, el ordenamiento jurídico no requerirá brindar reglas que protejan a una de las partes frente a la otra; ahora bien, si las partes se encuentran en una situación de desigualdad, en la que una aventaja a la otra de manera desproporcionada, entonces es necesario que la normativa ponga pesos en uno de los extremos de la balanza a efecto de equilibrar el balance de las fuerzas en la relación; es decir y a manera de elemental conclusión que en el plano jurídico el trato desigual entre desiguales se debe dar para igualarlos materialmente. No debemos olvidar que un Estado de Derecho que tenga, tal como lo señala nuestra Constitución de la República en su artículo primero, como objetivo asegurar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social entre otros, deberá construir e implementar una concepción del derecho a la igualdad que permita fundamentar y robustecer a todos los derechos sociales. CONSIDERANDO: Que este tribunal estima que ambas dimensiones del derecho a la igualdad, la individual y la social, se encuentran reguladas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; para el caso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagra el principio de igualdad ante la ley en el artículo 26, fijándose adicionalmente la prohibición a toda discriminación; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé la obligación de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos sociales y culturales (artículo 3); la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley ( el subrayado es nuestro). CONSIDERANDO: Que las convenciones o tratados internacionales que buscan eliminar la discriminación contemplan la implementación de medidas especiales, tanto transitorias como permanentes, encaminadas a encontrar y alcanzar la igualdad de los desiguales. Dichas medidas o acciones positivas se caracterizan por ser preferencias en favor del grupo humano en desventaja, de cuya aplicación se obtienen como resultado la igualdad, pudiendo hablarse así de una discriminación positiva. Básicamente si la preferencia tiene como objeto mantener la diferencia, la discriminación es negativa, ahora bien si la preferencia tiene por finalidad asegurar el progreso de los grupos rezagados o excluidos, esta será positiva. CONSIDERANDO: Que a mayor abundamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-18/03, explica que es necesario adoptar ciertas medidas especiales para eliminar prácticas discriminatorias arraigadas en el comportamiento social, nos da un desarrollo interesante del derecho a la igualdad y las medidas para hacerlo una efectiva realidad, a saber: “104. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. (El subrayado es nuestro). “121. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.” CONSIDERANDO: Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la referida Opinión Consultiva OC-18/03, sostiene que el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación se configuran dentro del ámbito del jus cogens internacional: “101. En concordancia con ello, este tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.” CONSIDERANDO: Que para la plena observancia de los derechos sociales es imperativo que se encuentren y apliquen fórmulas que tutelen las demandas de igualdad material de forma más eficiente, nuevos mecanismos de redistribución de riqueza y de limitación del individualismo, compaginando los requerimientos que presenta la economía con la protección y el respeto de la vida humana y el medio ambiente, papel importante juega acá el salario mínimo. CONSIDERANDO: Que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y así lo consagra nuestra Constitución de la Republica. En este sentido nos parece ilustrativo referirnos a lo expresado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo "Justicia y Paz": “b) La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, cuanto sobre todo en “secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis”. “b) El derecho a la justa remuneración y distribución de la renta. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El “salario justo es el fruto legítimo del trabajo”; comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra: “La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de “justa” la remuneración acordada, porque ésta “no debe ser en manera alguna insuficiente” para el sustento del trabajador: la justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato. “303 El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Una justa distribución del rédito debe establecerse no sólo en base a los criterios de justicia conmutativa, sino también de justicia social, es decir, considerando, además del valor objetivo de las prestaciones laborales, la dignidad humana de los sujetos que las realizan. Un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las necesidades de todos los ciudadanos. “ CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional haciendo entonces un ejercicio analítico y armónico con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos; de doctrina, resoluciones, opiniones vertidas originadas en el seno del sistema interamericano de protección de derechos humanos; así como también de un responsable estudio y valoración de argumentos expresados por el amparisata, para luego contrastarla con las razones que el Gobierno de Honduras tuvo para emitir el Acuerdo No.STSS-374-STSS-2008, encuentra claro que en principio el Gobierno estaba legitimado para tomar una decisión en vista del fracaso de las negociaciones entre los sectores empleador-trabajador. Asimismo la cantidad de cinco mil quinientos lempiras mensuales (un mil ocho lempiras más del cálculo del sector empleador) es el resultado de estudios socioeconómicos que tuvieron como propósito calcular la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en relación a la subida constante de precios. Por otro lado la Sala de lo Constitucional estima que la Canasta Básica es un elemento importante para fijar el salario mínimo; pero también deberá tomarse en cuenta de que el salario debe cubrir, como bien lo dice la motivación del acuerdo impugnado, otros aspectos de la vida como son: el vestido, la educación, la salud, y el esparcimiento. En todo caso el ingreso salarial se encuentra íntimamente relacionado con el concepto de trabajo en condiciones de dignidad como corolario también del derecho a la vida digna. Al respecto la Sala de lo Constitucional estima verdadero el siguiente aserto: “Mejorar ingresos es/para disminuir pobreza y reducir desigualdad social.” Ejemplos de estándares dignos de vida son para el caso: tener acceso a una atención médica adecuada y medicamentos prontos y suficientes, cuestión que en un país como el nuestro, donde la cobertura del Seguro Social es tan limitada, el salario debe cubrir esta necesidad básica; puesto que resulta sabido que la mayor parte de la población hace uso de los servicios de salud mediante la modalidad denominada “gasto de bolsillo”, o sea al momento de requerirlos. Cuando es un problema de salud grave se habla de “gasto catastrófico” pues representa una alta proporción de los ingresos familiares aunque el problema no sea de consecuencias severas para la salud. En ambas situaciones hay un impacto importante de la economía familiar. De igual manera la educación aún con los esfuerzos que el gobierno hace para mejorar la cobertura mediante bonos y otros incentivos, en la práctica, buena parte de los instrumentos de estudio deben ser obtenidos con el salario de cada trabajador. Queda claro entonces que el concepto de salario mínimo no debe reducirse al aspecto puramente alimentario, sino que debe buscar dignificar la vida de todos los hondureños. Por otra parte, si bien el Estado debe encaminar todos sus esfuerzos para lograr el bienestar general de la población en los términos que señala el Artículo 1 de la Constitución, es deber del sector empresarial coadyuvar con este propósito de tal manera que la contribución de éste último debe ser significativo en razón de las utilidades que recibe a fin de que la generación de riqueza sea equitativa, genere prosperidad y paz social. Honduras cuenta con el porcentaje de incidencia de pobreza más alto de Centroamérica, según estudios en el año 2006 un sesenta y siete por ciento (67.8%) de la población vive en pobreza general, del cual el cuarenta y ocho punto uno por ciento (48.1%) es pobreza extrema; en el área urbana la pobreza general ascendía a un cuarenta y dos punto dos por ciento) (42.2%) y en el área rural un cincuenta y siete punto dos por ciento (57.8%); la extrema pobreza en el área rural es de un setenta y dos por ciento (72%) y un veintisiete punto ocho por ciento (27.8%) en la zona urbana. La Pobreza extrema significa que sus ingresos no alcanzan para cubrir requerimientos mínimos de alimentación. Al final todo esto se traduce en que Honduras con un bajo índice de Desarrollo Humano en el área centroamericana, se encuentre a treinta años de retraso de Costa Rica. Sin embargo, expertos coinciden en que lo anterior más que un problema de pobreza resulta ser un problema de exclusión. En un estudio practicado por FLACSO, UCA, y Fundación Friedrich Ebert sobre exclusión social, refieren que ésta es un enfoque que remite a una situación provocada por relaciones de poder desiguales. Para resolver esto, proponen, “…es necesario redefinir las relaciones de poder, lo que alude al contrato social existente y el papel del Estado como actor capaz de incidir en esas relaciones”[1] Entonces, retomando la idea de que el Gobierno de Honduras estaba legitimado para tomar la decisión de fijar el salario mínimo y que además era su deber como Poder del Estado de garantizar una remuneración justa para alcanzar una vida digna para el trabajador y su familia, la Sala de lo Constitucional estima que la única manera de que una empresa pueda ser amparada, es demostrar de manera incontrastable, que le resulta imposible el pago del salario mínimo fijado por la administración pública, sin poner en peligro su propia existencia y la vida digna de sus propietarios; en este sentido este alto tribunal hace la observación a los garantistas que deben demostrar el margen de utilidades que reciben y la imposibilidad ya mencionada, teniendo en cuenta que las utilidades deben ser en todo caso, razonables en relación con el pago que hacen a sus trabajadores, porque si se constata que las utilidades o lucro es excesivo a merced de los magros ingresos de los trabajadores, se estimaría una relación de explotación injustificada, que este alto tribunal no podría tolerar. CONSIDERANDO: Que del estudio del Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08, de las apreciaciones y valoraciones ilustradas por esta Sala, en las consideraciones anteriores, se arriba a la conclusión de que el recurrente no demostró concluyentemente la vulneración de los derechos invocados en perjuicio de su poderdante, por cuanto no lograron acreditar en forma indubitada el perjuicio que en sí les provocaba el acto impugnado, esta Sala no observa como el incremento del salario mínimo afecta su estabilidad o su subsistencia, por otra parte, en cada uno de ellos no se brinda información que permita establecer que el margen de ganancias o utilidades netas o totales se vea afectado hasta al punto de poner en riesgo la supervivencia de la empresa o el bienestar de sus propietarios o socios. Por esto y todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos 1, 62, 80, 127, 128 No. 5, 183, 221,303, 304, 313 atribución 5ª., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8, 10, 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 a), i) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 45 de la Ley de Salario Mínimo, FALLA: DENEGANDO la Garantía de amparo de que se ha hecho mérito. MANDA: Que se certifique el presente fallo para cada una de las partes y para la autoridad recurrida, para los efectos legales correspondientes y se ordena que se archiven las diligencias de mérito.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello.- JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y para ser entregada a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de lo ordenado en el presente fallo, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de abril de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diez, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el No. 524-p255i=09.


DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

COTEJADO: LMPL