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Sentencia CC-181-13 — Registro 5234

Resumen

En segunda instancia se reformo la demanda vía ordinaria de indemnización por daños materiales y morales y demás perjuicios, nulidad de instrumento publico de compra venta por inexistencia de bien inmueble vendido así como su inscripción en el instituto de la propiedad, declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación del que se ha hecho merito en el único sentido de declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Cabe señalar que la Casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer apartado de su recurso, es necesario señalar que las resoluciones proferidas en las instancias ordinarias no han sido favorables conforme a la pretensión deducida en la demanda, lo que es propio en todo proceso civil que termine con sentencia contradictoria. La recurrente debe entender que desestimar la pretensión y la consecuente condena en costas es una posibilidad según se desarrolle el debido proceso. Sin embargo en este primer apartado la casacionista hace absoluto silencio de las razones que la hacen recurrir ante esta jurisdicción, al no establecer que infracción ha agraviado a su representada con la decisión impetrada. No se ocupa en determinar en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, o bien tampoco establece cuales normas de derecho se encuentran indebidamente aplicadas o interpretadas conforme a la causal contenida en el numeral 2 del articulo 719, (ambos invocados como preceptos autorizantes). En este primer apartado realmente se observa que no presenta impugnación alguna, puesto que únicamente se limita a determinar un hecho, por lo cual no es susceptible el Recurso Extraordinario de Casación. Es evidente que en este primer apartado se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“3.1 Analizado también lo impetrado en el segundo apartado del presente recurso de casación, la Sala de lo Civil determina: Que la impugnante indica el artículo 1552 del Código Civil, más no establece en que forma considera que esa normativa le ha infringido derecho alguno. También en su exposición considera que la Corte Sentenciadora “no ha aplicado correctamente las normas empleadas” sin establecer en qué consiste la inaplicación, cuál sería su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta. Sigue señalando diferentes clases de leyes, tales como la nulidad de contratos cuando expone el artículo 1586 del Código Civil y el derecho a propiedad privada contemplado en el artículo 103 de la Constitución de la República, pero finalmente no concreta una causa recursiva. La causa del recurso es carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto, y como consecuencia lógica la recurrente no estableció hechos o realidades históricas que le sirven como razón o causa de pedir (causa petendi), tal como lo establecen claramente los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso b. del citado Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“3.2 En cuanto al apartado tercero, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador de Sala, REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada como Ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, llamada a integrar por excusa de la Magistrada EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA, en la fecha indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La señora ORIETHA IVON ESPINAL, representada en juicio por la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINAREZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la Sociedad BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A. (BAC/HONDURAS), representada en juicio por la Abogada NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA VIA ORDINARIA DE INDEMNIZACION POR DAÑOS MATERIALES Y MORALES Y DEMAS PERJUICIOS, NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO DE COMPRA VENTA POR INEXISTENCIA DE BIEN INMUEBLE VENDIDO ASI COMO SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida en fecha quince (15) de marzo del año dos mil once (2011), ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición de Representante Procesal de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, contra la Institución Financiera denominada BAC DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA VIA ORDINARIA DE INDEMNIZACION POR DAÑOS MATERIALES Y MORALES Y DEMAS PERJUICIOS, NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO DE COMPRA VENTA POR INEXISTENCIA DE BIEN INMUEBLE VENDIDO ASI COMO SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida en fecha quince (15) de marzo del año dos mil once (2011), ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición de Representante Procesal de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, contra la Institución Financiera denominada BAC DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho merito; SEGUNDO: REFORMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha Treinta (30) de Abril del año dos mil doce (2012) en el único sentido de: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, opuesta por la Abogada NOHEMI ELIZABETH GIRON GONZALEZ, en su condición de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A. (BAC/Honduras), confirmando la sentencia en los demás apartados.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA“, sentencia de la primera instancia que se profirió en los términos siguientes: ”FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de indemnización por daños y perjuicios materiales y morales y de nulidad del Instrumento Público de Compraventa por inexistencia de bien inmueble vendido, así como de su inscripción en el Instituto de la Propiedad, presentada por la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición de representante procesal de la Señora ORIETHA IVON ESPINAL, contra la Institución Financiera denominada BAC DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, representada por su Presidente del Consejo de Administración Señor ERNESTO CASTEGNARO ODIO, de generales expresadas en el encabezamiento de esta Sentencia, por los argumentos de hecho y de derecho antes esgrimidos.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción alegada por la Abogada NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ, en su condición de representante procesal de la Institución Financiera denominada BAC DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, representada por su Presidente del Consejo de Administración Señor ERNESTO CASTEGNARO ODIO…CON COSTAS”, sentencia de primera instancia.-“

SEGUNDO: La Representante Procesal de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, presentó en fecha quince (15) de marzo del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: Mediante auto de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de Casación en tiempo y forma, por parte de la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición ya indicada y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días para que se pronunciara sobre el contenido del recurso, debiendo entregársele copia del mismo.

CUARTO: La Representante Procesal del BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A. (BAC/Honduras), Abogada NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por presentado en tiempo y forma el escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación por parte de la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, las Abogadas NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ y AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, ambas en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas treinta y uno (31) de julio y cinco (05) de agosto del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personadas en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en su único motivo su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVACIÓN DEL RECURSO. Mueve a mi interposición de este recurso en base a lo siguiente: PRIMERO: Cabe el Recurso de casación contra esta sentencia definitiva dictada por el Juzgado ad quem en vista que de obtener el carácter de firme pone fin al proceso ordinario incoado y mi representada sigue siendo dañada en su derecho de propiedad ya que tanto la sentencia dictada en primera y luego en segunda instancia, ésta dictada reformándose parcialmente, no le resuelve su problema jurídico por la tenencia de un lote de terreno que materialmente se ha comprobado en el juicio no existe, en tal sentido se recurre esta sentencia definitiva amparada en el artículo 716, 717, 718 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Se invoca como causal del recurso lo establecido en el artículo 719 inciso c y numeral 2 del Código Procesal Civil por lo que se relaciona a continuación: En la fundamentación legal relacionada en la sentencia que nos ocupa se indica el artículo 1552 del Código Civil, el cual también fue invocado por mi representada para solicitar la nulidad del Instrumento número 45 de compra venta suscrito con la Institución financiera denominada BAC HONDURAS sobre un bien inmueble identificado como lote número 3, bloque 4 del sector 6-A de la Colonia Hato de En medio de esta ciudad de Tegucigalpa, dicho extremo fue ampliamente probado en el juicio por medio de dos pruebas contundentes como ser la presentación del Instrumento número tres (3) de fecha veinticinco (25) de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) constando su antecedente bajo el número ocho (8) del Tomo mil ciento sesenta y cuatro (1164) del Registro de la propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento a nombre de la señora MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO y la escritura número 45 relacionada anteriormente a favor de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, por lo que se determina que no hay dos lotes número 3 en el mismo bloque 4 del sector 6-A de la colonia en referencia, asimismo con la prueba pericial de la Ingeniera FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL se determinó que el lote número 3 del bloque 4 sector 6-A tal y como se describe en el antecedente de dominio a favor de mi representada tampoco existe ya que su relación de medidas y rumbos no concuerdan con lo constatado físicamente y con el plano general del Bloque 4 que consta en el expediente se prueba que no hay dos lotes número 3, por lo que cabe la nulidad absoluta del contrato y por ende del Instrumento que lo contiene así como de su inscripción en el Registro de la Propiedad relacionado con el artículo 1586 del Código Civil donde señala la nulidad absoluta de los actos y contratos en su numeral 1: Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su existencia, es decir Honorables Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que tanto el juzgado de primera como el de segunda instancia no han aplicado correctamente las normas empleadas para la solución de este litigio al no querer ver que no existe el lote objeto de la venta y se esta violando el derecho de mi representada consignado en el artículo 103 de la Constitución de la República donde el Estado garantiza la propiedad privada, la cual formalmente existe en una escritura pública pero que materialmente no existe y sobre la cual no se puede llevar a cabo ningún contrato ya sea de compra venta ni hipoteca posterior a esta escritura. TERCERO: Asimismo Honorables Magistrados se pide se valoren los daños materiales que están cuantificados, los cuales si están probados para el caso: a) Por no existir el terreno vendido pierde la cantidad pagada de L. 90,000.00; b) Constituye también para ella una pérdida por cuanto cuando celebró el contrato privado de promesa de venta con el señor OSMIN ARMANDO GOMEZ BANEGAS pactaron su precio en L.230,000.00, eso también para ella es una pérdida porque con esta sentencia no puede vender a ningún precio dicho terreno ya que quién le va comprar algo que no existe; c) Constituye también para ella un daño material los intereses que ha dejado de percibir la cantidad primera de L. 90,000.00 desde el año 2005 y la cantidad segunda de L.230,000.00 desde el año 2008 que no tenido en su poder dicho dinero y que está probado por medio del dictamen del perito nombrado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ que hizo el cálculo de dichos intereses que ascienden a la cantidad de L. 84,903.18, d) Constituye para mi representada daño material el pago de dichos peritos, constan en el expediente los recibos que se suman a cantidades que ha tenido que desembolsar por una situación donde no ha tenido ninguna culpa. Por lo antes expuesto al señor Juez con todo respeto, Pido: Tener por presentado en tiempo y forma este recurso, darle el trámite legal correspondiente y reformar en su totalidad la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en este juicio declarando con lugar la demanda ordinaria promovida por mi representada y en consecuencia se declare la nulidad del Instrumento que contiene la compra venta del lote número 3 bloque 4 sector 6-A de la Colonia Hato de En medio y condenando al Banco vendedor al pago de los daños materiales y las costas del juicio, resolver conforme.”

II. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION JURÍDICA.

Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:

La recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil doce (2012), proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Denuncia un motivo de casación distribuido en tres acápites, al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.

  1. MOTIVO DE CASACION: Que la parte recurrente plantea en su único motivo la impugnación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual lo divide en tres apartados, que pese a estar enunciado en los antecedentes de hecho del presente auto, se procede a transcribirlos de la siguiente manera: “MOTIVACIÓN DEL RECURSO. PRIMERO: Cabe el Recurso de casación contra esta sentencia definitiva dictada por el Juzgado ad quem en vista que de obtener el carácter de firme pone fin al proceso ordinario incoado y mi representada sigue siendo dañada en su derecho de propiedad ya que tanto la sentencia dictada en primera y luego en segunda instancia, ésta dictada reformándose parcialmente, no le resuelve su problema jurídico por la tenencia de un lote de terreno que materialmente se ha comprobado en el juicio no existe, en tal sentido se recurre esta sentencia definitiva amparada en el artículo 716, 717, 718 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Por lo que se relaciona a continuación: En la fundamentación legal relacionada en la sentencia que nos ocupa se indica el artículo 1552 del Código Civil, el cual también fue invocado por mi representada para solicitar la nulidad del Instrumento número 45 de compra venta suscrito con la Institución financiera denominada BAC HONDURAS sobre un bien inmueble identificado como lote número 3, bloque 4 del sector 6-A de la Colonia Hato de En medio de esta ciudad de Tegucigalpa, dicho extremo fue ampliamente probado en el juicio por medio de dos pruebas contundentes como ser la presentación del Instrumento número tres (3) de fecha veinticinco (25) de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) constando su antecedente bajo el número ocho (8) del Tomo mil ciento sesenta y cuatro (1164) del Registro de la propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento a nombre de la señora MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO y la escritura número 45 relacionada anteriormente a favor de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, por lo que se determina que no hay dos lotes número 3 en el mismo bloque 4 del sector 6-A de la colonia en referencia, asimismo con la prueba pericial de la Ingeniera FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL se determinó que el lote número 3 del bloque 4 sector 6-A tal y como se describe en el antecedente de dominio a favor de mi representada tampoco existe ya que su relación de medidas y rumbos no concuerdan con lo constatado físicamente y con el plano general del Bloque 4 que consta en el expediente se prueba que no hay dos lotes número 3, por lo que cabe la nulidad absoluta del contrato y por ende del Instrumento que lo contiene así como de su inscripción en el Registro de la Propiedad relacionado con el artículo 1586 del Código Civil donde señala la nulidad absoluta de los actos y contratos en su numeral 1: Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su existencia, es decir Honorables Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que tanto el juzgado de primera como el de segunda instancia no han aplicado correctamente las normas empleadas para la solución de este litigio al no querer ver que no existe el lote objeto de la venta y se esta violando el derecho de mi representada consignado en el artículo 103 de la Constitución de la República donde el Estado garantiza la propiedad privada, la cual formalmente existe en una escritura pública pero que materialmente no existe y sobre la cual no se puede llevar a cabo ningún contrato ya sea de compra venta ni hipoteca posterior a esta escritura. TERCERO: Asimismo Honorables Magistrados se pide se valoren los daños materiales que están cuantificados, los cuales si están probados para el caso: a) Por no existir el terreno vendido pierde la cantidad pagada de L. 90,000.00; b) Constituye también para ella una pérdida por cuanto cuando celebró el contrato privado de promesa de venta con el señor OSMIN ARMANDO GOMEZ BANEGAS pactaron su precio en L. 230,000.00, eso también para ella es una pérdida porque con esta sentencia no puede vender a ningún precio dicho terreno ya que quién le va comprar algo que no existe; c) Constituye también para ella un daño material los intereses que ha dejado de percibir la cantidad primera de L. 90,000.00 desde el año 2005 y la cantidad segunda de L. 230,000.00 desde el año 2008 que no tenido en su poder dicho dinero y que está probado por medio del dictamen del perito nombrado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ que hizo el cálculo de dichos intereses que ascienden a la cantidad de L. 84,903.18, d) Constituye para mi representada daño material el pago de dichos peritos, constan en el expediente los recibos que se suman a cantidades que ha tenido que desembolsar por una situación donde no ha tenido ninguna culpa. Por lo antes expuesto al señor Juez con todo respeto, Pido: Tener por presentado en tiempo y forma este recurso, darle el trámite legal correspondiente y reformar en su totalidad la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en este juicio declarando con lugar la demanda ordinaria promovida por mi representada y en consecuencia se declare la nulidad del Instrumento que contiene la compra venta del lote número 3 bloque 4 sector 6-A de la Colonia Hato de En medio y condenando al Banco vendedor al pago de los daños materiales y las costas del juicio, resolver conforme.”

2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE.- La recurrente fundamenta este motivo y sin mayor detalle, en el artículo 719 inciso c y número 2 del Código Procesal Civil, considerando al recurso como integral impugnatorio.

Cabe señalar que la Casacionista no es clara en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación. En el primer apartado de su recurso, es necesario señalar que las resoluciones proferidas en las instancias ordinarias no han sido favorables conforme a la pretensión deducida en la demanda, lo que es propio en todo proceso civil que termine con sentencia contradictoria. La recurrente debe entender que desestimar la pretensión y la consecuente condena en costas es una posibilidad según se desarrolle el debido proceso. Sin embargo en este primer apartado la casacionista hace absoluto silencio de las razones que la hacen recurrir ante esta jurisdicción, al no establecer que infracción ha agraviado a su representada con la decisión impetrada. No se ocupa en determinar en ilustrar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida en el inciso “c” numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, o bien tampoco establece cuales normas de derecho se encuentran indebidamente aplicadas o interpretadas conforme a la causal contenida en el numeral 2 del articulo 719, (ambos invocados como preceptos autorizantes). En este primer apartado realmente se observa que no presenta impugnación alguna, puesto que únicamente se limita a determinar un hecho, por lo cual no es susceptible el Recurso Extraordinario de Casación. Es evidente que en este primer apartado se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.

3.1 Analizado también lo impetrado en el segundo apartado del presente recurso de casación, la Sala de lo Civil determina: Que la impugnante indica el artículo 1552 del Código Civil, más no establece en que forma considera que esa normativa le ha infringido derecho alguno. También en su exposición considera que la Corte Sentenciadora “no ha aplicado correctamente las normas empleadas” sin establecer en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta. Sigue señalando diferentes clases de leyes, tales como la nulidad de contratos cuando expone el artículo 1586 del Código Civil y el derecho a propiedad privada contemplado en el artículo 103 de la Constitución de la República, pero finalmente no concreta una causa recursiva. La causa del recurso es carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto, y como consecuencia lógica la recurrente no estableció hechos o realidades históricas que le sirven como razón o causa de pedir (causa petendi), tal como lo establecen claramente los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso b. del citado Código Procesal Civil.

3.2 En cuanto al apartado tercero, sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia.

  1. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, no determina la infracción concreta que amparan las causales utilizadas. En fin, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que como técnica general el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien, se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones civiles y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.

Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a esta Sala las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

  1. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Sentenciadora.

  2. Se le hace la observación a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a que el fallo o decisum dictado se encuentra fuera del ámbito de lo que dispone el artículo 715 del Código Procesal Civil; por ello este alto Tribunal de Justicia le recuerda al Tribunal Ad quem que en lo sucesivo se limite al alcance que le permite el citado artículo 715 del Código Procesal Civil, que dispone: “… ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN.

  3. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probado o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” (Lo resaltado es de este Alto Tribunal).

Resumiendo lo anterior, se observa que el Ad quem, está facultado por la ley, para declarar la nulidad de: a) Actuaciones procesales; y b) La resolución apelada. Asimismo le permite revocar cuando aprecie infracción en la fijación de los hechos probados o al hacer su valoración, pero que no afecte a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el iudex deberá resolver directamente o si por el contrario si se afecta a la existencia de elementos de juicio, anulará y devolverá las actuaciones. De igual manera revocará si aprecia aplicación o interpretación equivocada del derecho, debiendo dictar lo que corresponda.

Conforme a lo anterior, es claro que la reforma de la resolución de primera instancia se encuentra fuera del ámbito de decisiones que debe adoptar el iudex ad quem.

III. PARTE DISPOSITIVA.

Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo, que ha sido promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil doce (2012), formalizado por la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, en su condición representante procesal de la señora ORIETHA IVON ESPINAL, en el proceso promovido en contra de la sociedad mercantil denominada BAC DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA. 2.- DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil doce (2012) e identificada en esta Sala bajo el Expediente número S.C.181-2013. 3.- CONDENA A COSTAS AL RECURRENTE. Y MANDA: a) Hacerle un llamado de atención a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que en lo sucesivo dicte sus fallos dentro de los alcances que le permite el artículo 715 del Código Procesal Civil.- b) Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE.

RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.

Magistrado Coordinador

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.

Magistrada

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

Magistrada