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Sentencia CC-166-13 — Registro 5221

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escritura pública, las clausulas que contiene y su inscripción registral, se acumula acción ordinaria de pagos de daños e indemnización de perjuicios, prohibición de celebrar actos y contratos y costas del juicio, declarada con lugar y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La recurrente en su primero motivo “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad en relación con los Artículos 723, 724 y 2347 del Código Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pero es del caso hacer notar que el Artículo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad que considera infringido por falta de aplicación es una disposición de carácter general que, como ya lo tiene establecido este Tribunal, los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste la norma citada como infringida en el presente recurso, son inviolables para efectos de casación. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

La impugnante en su segundo motivo de casación “denuncia la infracción por interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia” y lo comprendido en el “Artículo 719 numeral 1, literal c) en relación con el Artículo 207 y 720.2 del Código Procesal Civil a efecto de que revise la motivación fáctica de la sentencia”; sin embargo la impugnante omite indicar la norma que considera infringida por interpretación y, además, el Artículo 207 del Código Procesal Civil que cita en relación con el Artículo 719 numeral 1, literal c) del mismo cuerpo de Ley, no es una causal del recurso extraordinario de casación, por lo que este motivo es inadmisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“En su tercer motivo, la impetrante “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 1707 del Código de Comercio en relación con el Artículo 5 del mismo cuerpo legal” y lo considera comprendido en el Artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación del motivo la impetrante no logra demostrar la infracción alegada pues no basta que se citen disposiciones legales que se consideran infringidas por aplicación o interpretación de normas de derecho sino que es preciso demostrar cómo se produjo la infracción, en este caso por la no aplicación del Artículo 1707 del Código de Comercio en relación con el Artículo 5 del mismo cuerpo legal.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación; RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La Sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA; en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, representado en juicio por el Abogado JOSUE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA, LAS CLAUSULAS QUE CONTIENE Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, SE ACUMULA ACCION ORDINARIA DE PAGOS DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil cuatro (2004), ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por el Abogado JOSE E. CASTRO MARTINEZ, en su condición de Apoderado legal del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha siete (07) de diciembre del dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA, LAS CLAUSULAS QUE CONTIENE Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, SE ACUMULA ACCION ORDINARIA DE PAGOS DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil cuatro (2004), ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por el Abogado JOSE E. CASTRO MARTINEZ, en su condición de Apoderado legal del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha siete (07) de diciembre del dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria de Nulidad de la Escritura Publica que contiene la rectificación de medidas en el terreno La Habana, otorgada por el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES a favor del mismo, consecuentemente se decreta la Nulidad del asiento numero 5 del tomo 68 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad.- 2) Se CONDENA al señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES al pago de la cantidad de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS.200,000.00) a favor del demandante en concepto de pago de Daños y Perjuicios por la explotación de productos Forestales del mencionado terreno.- 3) Declara CON LUGAR la Ampliación de la Demanda en el sentido de que se Decreta la Nulidad absoluta de la Escritura Publica de compra venta otorgada por el señor Ronal Javier Murillo Fuentes a favor de la Empresa YODECO DE HONDURAS S.A. de C.V. en virtud de que procede de una rectificación de medida realizada en forma arbitraria sobre el terreno de condueños.- 4) Se ordena se cancele su inscripción realizada bajo el numero 90 del tomo 172 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad.-5) CONDENA al demandado Ronal Javier Murillo Fuentes al pago de la cantidad de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS.300.000.00) a favor del demandante en concepto de beneficios y utilidades provenientes de las ventas y comercialización de los productos forestales del Terreno La Habana.- 6) Se Declara Con Lugar la Acción ordinaria de pago por beneficios y utilidades de comunero en contra de la Empresa Mercantil YODECO DE HONDURAS S.A. de C.V. al pago a favor del demandante por la cantidad de SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps. 600,000.00), ya que según dictamen pericial dicha Empresa exploto los productos forestales del terreno la Habana por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 3,543,357.95).- 7) Se declara Sin Lugar la Excepción perentoria de Prescripción alegada por el apoderado Legal de la Empresa Yodeco de Honduras, S.A. de C.V. ya que no tiene fundamento la misma ya que el peticionario no aporto prueba alguna para sustentar la misma..-8).- SIN COSTAS“.

SEGUNDO: La Representante Procesal de la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, presentó en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés.

TERCERO: Mediante auto de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición ya indicada y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del recurso.

CUARTO: El Representante Procesal del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, en fecha seis (06) de agosto del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ Y EVELYN MONTERROSA SIERRA, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas quince (15) y diecinueve (19) de agosto del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en sus tres motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION EN QUE SE BASA EL RECURSO PRIMER MOTIVO: Con el presente recurso se denuncia la infracción por la no aplicación del articulo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad en relación con los artículos 723, 724 y 2347 del Código Civil.- El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el articulo 719 numero 2 del Código Procesal Civil. Dicho motivo lo explico así: El artículo 25 de la Ley de Propiedad reza: “El Registro tiene por objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúan bajo los principios de organización, EFICACIA REGISTRAL, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y FE PÚBLICA REGISTRAL.” Los registros públicos son La piedra angular del sistema de seguridad jurídica que brinda el Estado a los ciudadanos que contratan amparados en lo información que esos mismos registros brindan. La normativa de los registros públicos como la legislación civil defienden no sólo al titular registrado sino que también defienden a aquellos que amparados en la información que, a través de la publicidad registral brindan las oficinas registrales.

Es por ello que el denominado TERCERO REGISTRAL, quien es el titular registral (comprador que ya inscribió su derecho) y que adquirió a título oneroso un bien y que se encuentra protegido por LA PRESUNCION DE BUENA FE, al haber contratado en base a la publicidad, la Legalidad y la fe pública registral. El Principio de la Fe Pública Registral actúa a modo de ficción de veracidad, que la ley inviste a los asientos practicados en la correspondiente hoja registral que constata la existencia, extensión y titularidad de los derechos reales inmobiliarios registrados, y cuya adquisición por el tercero es mantenida en las circunstancias especificadas por la Ley. El comprador adquirente de un derecho sobre un predio y lo registra a su favor, no se verá afectado por una eventual invalidez del título de quien se lo transfirió. Para que ello se de así se requiere: Adquirir de buena fe y como lo dispone la legislación civil LA BUENA FE DEL ADQUIRENTE SE PRESUME. La BUENA FE proporciona un blindaje particular a las pretensiones que como la presente tienden en forma ineficaz a retrotraer negociaciones protegidas al amparo de la FE PUBLICA DEL REGISTRO. De consiguiente, basado en la presunción del principio de la BUENA FE que del tercero se presume, siempre y cuando no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro La infracción por la no aplicación constituye una violación directa de la norma material o sustancial, con consecuencias jurídicas, es decir, que en este caso concreto hay un razonamiento equivocado del Tribunal Ad quem ya que el contenido de la norma jurídica no es tomado en cuenta, lo que produce una equivocación en el espíritu de la norma no aplicada. Asimismo lo es, la norma contenida en el articulo 2347 del Código Civil que regula que “las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra terceros de buena fe que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos.” que produce una equivocacion en el alcance de la norma no aplicada. SEGUNDO MOTIVO.- Con el presente recurso se denuncia la infracción por interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.- El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el artículo 719 numero 1 literal “c” en relación con el articulo 207 y 720.2 del Código Procesal Civil a efecto de que se revise la motivación fáctica de la sentencia. EL motivo se explica así. El Adquem en la Motivación Fáctica de su sentencia expresa en su número: “QUINTO: Manifiesta el apelante que la juzgadora condena a YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., siendo este tercer adquirente de buena fe, que amparado en la inscripción registral del inmueble en litigio, procedió a la compra del mismo; sin embargo con las pruebas aportadas al juicio, y más precisamemte con el tracto sucesivo que aportó la entidad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., al juicio, en el que constan los antecedentes del inmueble en mención, se pudo apreciar la extensión del mismo, así como también se acreditó La existencia de la comunidad de bienes y que si bien en el mismo, se pudo apreciar que el demandante realizó varias ventas de los derechos que posee o poseía sobre dicho inmueble, no es menos cierto que las referidas ventas datan de tiempo después de entablada la presente acción, por cuando se deduce que la entidad mercantil demandada tenía pleno conocimiento de que los derechos que poseía el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES sobre ese inmueble, formaban parte de una totalidad que se encontraba en comunidad con otras personas, por cuanto al adquirir los derechos del señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, la entidad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. pasó a formar parte de dicha comunidad, siendo necesario el consentimiento de los comuneros para realizar los efectos de utilidad del inmueble, en el presente caso para realizar las actividades forestales que al efecto se realizaron, siendo esta prueba documental, complementada con la prueba denominada inspección personal de juez, pues a través de esta se acredito que la rectificación de mediadas de cuya nulidad se pide, se realizó en forma unilateral a pesar de que consta en el Instituto de la Propiedad que dicho terreno es mancomunado, afectando al resto de los comuneros pues no consta que haya cesación de comunidad, siendo oportuno otorgarle al demandado los beneficios y utilidades generadas producto de la explotación forestal, realizada en el inmueble en conflicto.”

En dicha motivación fáctica el Ad quem erróneamente acusa a la sociedad demandada de tener conocimiento de que los derechos que poseía el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES sobre ese inmueble formaba parte de una totalidad que estaba en comunidad, lo cual carece de todo fundamento y está fuera de la realidad; mi representada al momento de contratar con el señor Murillo lo hizo en base a la información proporcionada por el Registro público.- Las ventas hechas por el demandante fueron realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda como señala la Juez en la sentencia de primera instancia, que da por probadoe que ese tracto sucesivo fue elaborado con posterioridad a dicha presentación (2012) y al confirmar el Tribunal de Alzada la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro hace suyo las razones y los considerandos señalados por dicho juzgado en su fallo. La sentencia recurrida ha infringido las normas esenciales sobre la forma y contenido de la sentencia. Así el articulo 207 del Código Procesal Civil indica que las sentencias se motivarán, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del Derecho. Por su parte, el artículo 720.2 deL Código Procesal Civil señala que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia pare revisar su existencias, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo. En virtud del razonamiento utilizado por el Tribunal de Apelación que incide en la motivación fáctica de su sentencia, en especial en este numero Quinto, es que se insta su revisión en cuanto a su suficiencia, racionalidad y su carácter Lógico, ya que es determinante del fallo. La libre valoración utilizada no puede ser arbitraria, ni su conclusión irracional, pues afecta la esencia de la presente sentencia como acto razonado. Si la motivación de la sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, los cuales conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba, la ausencia racional y carácter lógico de los requisitos de la sentencia recurrida trae como consecuencia la infracción jurídica en el contenido de la sentencia. La defensa de la parte demandada es haber contratado con buena fe y con base en la información de un registro público (Registro de la Propiedad). La infracción de la norma procesal se produce por cuanto el Tribunal Adquem ha declarado como hecho probado que la demandada compro el bien inmueble con el conocimiento de que ese bien inmueble era parte de una comunidad; hecho que era totalmente desconocido al momento de celebrar el contrato de compra venta.- En consecuencia, se justifica que la infracción procesal incide en la sentencia que se recurre en virtud de que si la motivación de la misma debe ser hecha en base a los razonamiento de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, los que conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba, si hay ausencia de razón y de carácter lógico en los requisitos en la sentencia se produce la infracción jurídica en su contenido. TERCER MOTIVO: Con el presente recurso se denuncia la infracción por la no aplicación del articulo 1707 del Código de Comercio en relación con el artículo 5 del mismo cuerpo legal. En Lo que respecta a la prescripción de la acción de dos años y el concepto de que para el caso de que uno de los contratantes sea comerciante, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el artículo 719 numero 2 del Código Procesal Civil. EL motivo se explica así: Establece el articulo 1707 del Código de Comercio: “Prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, correduría, de las operaciones de crédito y bancarias, de los contratos de seguro, edición, hospedaje, participación y garantía y demás quo no tuvieren plazos especiales o distintos previstos en este Código o en leyes especiales.” Al igual que las obligaciones civiles, las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones mercantiles prescriben por el mero transcurso del tiempo acompañado de la inactividad del demandante. EL concepto, el fundamento y el régimen general propio de la prescripción civil es aplicable a la prescripción de las obligaciones mercantiles. Sin embargo, el Código de Comercio señala expresamente algunas especialidades para la prescripción de las obligaciones o acciones mercantiles tal como dispone el artículo 1700 que dice: “El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley.” No omitimos manifestar que nuestra legislación establece en forma contundente que cuando se realiza una actividad tal como lo es la compra-venta con la presencia de una sociedad mercantil, el fuero y materia de competencia es de naturaleza mercantil tal como lo dispone el artículo 5 del Código de Comercio que señala: “Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código.”. Y es precisamente el artículo 1707 que establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de compra-venta mercantil. NO SE ESTIMA NECESARIO LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Por considerar esta parte recurrente que no es necesaria la celebración de la audiencia en el presente recurso, y estimarse que el presente proceso e una cuestión de mero derecho a este Honorable Corte Suprema de Justicia no se le formula tal solicitud, el cual se cumple con el requisito que establece el artículo 721.3 del Código Procesal Civil. SE IDENTIFICA CON TOTAL PRECISIÓN EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna el pronunciamiento contenido en la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo del año dos mil trece (2013) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que dice: “Esta Corte fundamenta esta sentencia en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 95, 303, 304, 305 de la Constitución de la República de Honduras; 45, 4 8, 49, 50, 286, 288, 289 del Código de Procedimientos Civiles; 2213, 2214, 2215, 2220, 2228, 2231, 2263, 2289, 2291, 2292, 2297 del Código Civil; 1, 3, 7, 13, 398.1, 919, 700, 701, 705, 706.2, 707, 713 del Código Procesal Civil; y en su parte dispositiva, el Tribunal Ad quem FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado PERFECTO GEORGE en su condición de apoderado apelante, contra la sentencia definitiva de fecha siete de diciembre de dos mil doce (F564), en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escritura pública, las cláusulas que contiene y su inscripción registral, acción ordinaria de pago de daños e indemnización de perjuicios y acumulación ordinaria de pago por beneficio de utilidades de comuneros por ventas de producto forestal promovida por el señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON contra el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES y contra la entidad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.. dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha siete de diciembre de dos mil doce (F564); agregado al expediente de mérito. Y MANDA….”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por la ABOGADA EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de representante procesal de la SOCIEDAD YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento Cortés, el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013); recurso de casación que formalizó en tres motivos, en el primero “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad en relación con los Artículos 723, 724 y 2347 del Código Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en el segundo “denuncia la infracción por interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia” y lo considera comprendido en el “Artículo 719 numeral 1, literal c) en relación con el Artículo 207 y 720.2 del Código Procesal Civil a efecto de que revise la motivación fáctica de la sentencia”; y en el tercero “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 1707 del Código de Comercio en relación con el Artículo 5 del mismo cuerpo legal” y lo considera comprendido en el Artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los Artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, que el impetrante debió cumplir para que la Corte pueda considerarlo.

  3. La recurrente en su primero motivo “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad en relación con los Artículos 723, 724 y 2347 del Código Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pero es del caso hacer notar que el Artículo 25 de la Ley del Registro de la Propiedad que considera infringido por falta de aplicación es una disposición de carácter general que, como ya lo tiene establecido este Tribunal, los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste la norma citada como infringida en el presente recurso, son inviolables para efectos de casación. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.

  4. La impugnante en su segundo motivo de casación “denuncia la infracción por interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia” y lo comprendido en el “Artículo 719 numeral 1, literal c) en relación con el Artículo 207 y 720.2 del Código Procesal Civil a efecto de que revise la motivación fáctica de la sentencia”; sin embargo la impugnante omite indicar la norma que considera infringida por interpretación y, además, el Artículo 207 del Código Procesal Civil que cita en relación con el Artículo 719 numeral 1, literal c) del mismo cuerpo de Ley, no es una causal del recurso extraordinario de casación, por lo que este motivo es inadmisible.

  5. En su tercer motivo, la impetrante “denuncia la infracción por la no aplicación del Artículo 1707 del Código de Comercio en relación con el Artículo 5 del mismo cuerpo legal” y lo considera comprendido en el Artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación del motivo la impetrante no logra demostrar la infracción alegada pues no basta que se citen disposiciones legales que se consideran infringidas por aplicación o interpretación de normas de derecho sino que es preciso demostrar cómo se produjo la infracción, en este caso por la no aplicación del Artículo 1707 del Código de Comercio en relación con el Artículo 5 del mismo cuerpo legal.

  6. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literales a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  7. Que el apoderado legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por la apoderada de la parte recurrente, rechazando los argumentos de la impugnante.

  8. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por la apoderada de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por la ABOGADA EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de representante procesal de la SOCIEDAD YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en la demanda ordinario de nulidad absoluta de una escritura pública, las cláusulas que contiene y su inscripción registral, daños perjuicios, interpuesta por el SEÑOR VÍCTOR MANUEL MONTES CHACÓN, contra la SOCIEDAD YODECO DE HONDURAS, S. A. DE C.V. y el SEÑOR RONAL JAVIER MURILLO FUENTES. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), en el expediente de apelación número 65-13 C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número cero veintiséis, dos mil cuatro (026-2004) del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA