Sentencia CC-152-13 — Registro 5214
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda de pago y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acusa la sentencia recurrida por ser violatoria de la Ley Sustantiva “…por Infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la Prueba Documental consistente en el Normativo Operacional con el cual funciona la Empresa Nacional Portuaria…” y en el cual establece en su artículo 44 en su primer punto que: “La ENP hará responsables a los dueños, Operadores o Agentes Representantes de los buques, vehículos y equipos o empresas que hayan sido autorizados para prestar sus servicios o ejecutar maniobras dentro del recinto portuario, por los daños y perjuicios que estas ocasionaren a los empleados, instalaciones y equipos de la ENP, o la mercadería y otros bienes o empleados de terceros. Agrega que también serán responsables dichas personas o empresas por cualquier perdida, daño o hurto cometido por personal a su servicio mientras se encuentran operando dentro de la zona perimetral portuaria, o que resulten de datos incorrectos en la documentación de tales personas o empresas y que tales personas o empresas deben entregar a la ENP.” De igual manera en su artículo 45 del Normativo antes citado establece en el punto dos, inciso tercero que tampoco será responsable la ENP “Por daños, averías o pérdidas que ocurran en áreas dadas en arrendamiento o en operaciones ejecutadas de manera directa por el Cliente o por medio de particulares contratados por él.” En consecuencia claramente se dispone que la Empresa Nacional Portuaria no tiene ningún grado de responsabilidad al momento de que se extravían o averíen algún tipo de mercadería en el recinto portuario.- “Por lo que en el presente caso los encargados de realizar la revisión del furgón RB-1401 era la Agencia Aduanera Digna Rodríguez junto a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y por consiguiente la Empresa Nacional Portuaria no tenía ninguna intervención en el asunto ni conocimiento del mismo ya que la documentación referente tanto al ingreso o como a la salida de dicho módulo era responsabilidad de la Aduanera y la entidad del Estado antes mencionada (DEI).- El tribunal recurrido, tenía que tomar en consideración tales extremos, puesto de ahí es de donde nace el fondo del presente litigio”. Continua motivando el recurso al hacer la “EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia y Declarar la demanda Con Lugar y por ende condenar en cantidades monetarias a favor del demandante, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en el Normativo Operacional de la Empresa Nacional Portuaria y que corre agregado en el Expediente de mérito, se extralimita al estimar que el objeto fáctico sobre el cual se produce el conflicto en el caso de autos, es que se basa en lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil en cuanto a lo que se refiere al depósito y lo que establece el artículo 1360 del mismo Cuerpo Legal antes citado que concierne a la indemnización de daños y perjuicios; cuando en ningún momento de la secuela del juicio se hablo ni se fundamento el depósito del contenedor extraviado.” 2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE. El recurrente establece como causal de casación el Artículo el 719, numeral 2, sin diferenciar si se encuentra invocado por aplicación o por interpretación de norma de derecho. 2.2 El Recurrente inobserva la técnica casacional en su primer motivo, por una parte cuando establece la infracción basado en que “…la Ley Sustantiva Nacional por infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental…” Por otro lado comparece interponiendo las causales de casación establecidas en el artículo 719 numeral 2), mismas que son impugnatorias por la aplicación e interpretación de las NORMAS DE DERECHO empleadas para la solución del fondo del litigio. Cabe señalar la diferencia substancial que existe entre la valoración de una prueba contra el alcance de una norma de derecho. Además es de agregar que cuando el casacionista hace su motivación procediendo a manifestar su parecer en cuanto al alcance legal del artículo 44 del Normativo Operacional con el cual funciona la Empresa Nacional Portuaria. Por lo tanto el escrito de impugnación es absolutamente incongruente a los principios casacionales cuando se entremezclan la falta de apreciación de prueba la cual encausa con aplicación junto con interpretación de normas de derecho para finalizar con una interpretación personal del alcance de la norma referida. El artículo 720 del Código Procesal Civil establece que en el Recurso Extraordinario de Casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba contenida en las sentencias de instancia, a lo cual la Corte Suprema de Justicia se vería en la ineludible necesidad de pronunciarse.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ, designada como Ponente, en la fecha indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el Abogado JONATHAN RENE GALLARDO REYES, en su condición de recurrente; siendo recurrida la Sociedad ”DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. DE C.V.” (DESATUR), representada en juicio por el Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS A VENTILARSE POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO, promovida en fecha trece (13) de octubre del año dos mil once (2011), ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA, en su condición de Representante Judicial de la Sociedad denominada ”DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. DE C.V.” (DESATUR), contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva dictada en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil doce (2012), por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS A VENTILARSE POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO, promovida en fecha trece (13) de octubre del año dos mil once (2011), ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA, en su condición de Representante Judicial de la Sociedad denominada “DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. DE C.V.” (DESATUR), contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil doce (2012), por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda de pago mediante el proceso ordinario promovida por el abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. de C.V. (DESATUR) contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través de su gerente general el señor MAYNOR FERNANDO PINTO VALLE. SEGUNDO: Condenar a la demandada al pago de TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($ 33,028.00) o su equivalente en Lempiras de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100 (Lps. 627,181.90), más los intereses legales y las costas del presente juicio”.
SEGUNDO: El Representante Procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, Abogado JONATHAN RENE GALLARDO REYES, presentó en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
TERCERO: Mediante auto de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto el Recurso de Casación por parte del Abogado JONATHAN RENE GALLARDO REYES, en su condición ya indicada y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del recurso.
CUARTO: El Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada “DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. DE C.V.” (DESATUR), Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento por parte del Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados JANO CRISTO DE LEON RIVERA y JONATHAN RENE GALLARDO REYES, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas ocho (08) y trece (13) de agosto del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional por Infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la Prueba Documental consistente en el Normativo Operacional con el cual funciona la Empresa Nacional Portuaria; PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil.- CONCEPTO DE LA VIOLACION.- El documento en mención corre agregado en autos y en el cual establece en su artículo 44 en su primer punto establece que: “La ENP hará responsables a los dueños, Operadores o Agentes Representantes de los buques, vehículos y equipos o empresas que hayan sido autorizados para prestar sus servicios o ejecutar maniobras dentro del recinto portuaria, por los daños y perjuicios que estas ocasionaren a los empleados, instalaciones y equipos de la ENP, o la mercadería y otros bienes o empleados de terceros. También serán responsables dichas personas o empresas por cualquier perdida, daño o hurto cometido por personal a su servicio mientras se encuentran operando dentro de la zona perimetral portuaria, o que resulten de datos incorrectos en la documentación de tales personas o empresas y que tales personas o empresas deben entregar a la ENP.” Asimismo en su artículo 45 del Normativo antes citado establece en el punto dos, inciso tercero que tampoco será responsable la ENP “Por daños, averías o pérdidas que ocurran en áreas dadas en arrendamiento o en operaciones ejecutadas de manera directa por el Cliente o por medio de particulares contratados por él.” En consecuencia claramente se dispone que la Empresa Nacional Portuaria no tiene ningún grado de responsabilidad al momento de que se extravían o averíen algún tipo de mercadería en el recinto portuario.- Por lo que en el presente caso los encargados de realizar la revisión del furgón RB-1401 era la Agencia Aduanera Digna Rodríguez junto a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y por consiguiente la Empresa Nacional Portuaria no tenía ninguna intervención en el asunto ni conocimiento del mismo ya que la documentación referente tanto al ingreso o como a la salida de dicho modulo era responsabilidad de la Aduanera y la entidad del Estado antes mencionada (DEI).- El tribunal recurrido, tenía que tomar en consideración tales extremos, puesto de ahí es de donde nace el fondo del presente litigio, ya que mi mandante se debe regir a lo que dispone y establece su Normativo Operacional, por lo que, no puede salirse de los parámetros ahí establecidos.- Cabe mencionar que cualquier interesado que desea ejecutar o practicar diligencias con la Empresa Nacional Portuaria sabe y tiene conocimiento que hay que cumplir lo tipificado en el Normativo Operacional y por ende se somete a tal documento. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia y Declarar la demanda Con Lugar y por ende condenar en cantidades monetarias a favor del demandante, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en el Normativo Operacional de la Empresa Nacional Portuaria y que corre agregado en el Expediente de mérito, se extralimita al estimar que el objeto fáctico sobre el cual se produce el conflicto en el caso de autos, es que se basa en lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil en cuanto a lo que se refiere al depósito y lo que establece el artículo 1360 del mismo Cuerpo Legal antes citado que concierne a la indemnización de daños y perjuicios; cuando en ningún momento de la secuela del juicio se hablo ni se fundamento el depósito del contenedor extraviado. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: La sentencia recurrida es violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta proveniente de falta de contenido formal de la sentencia dictada. En este orden, la Corte de Apelaciones incurre en error de hecho al no estampar en su Sentencia dictada en fecha Treinta y Uno de Mayo del año dos mil Trece la respectiva fundamentación legal que tuvo para dictar dicho fallo, infringiendo el artículo 200 numeral
- y 2) – c) del Código Procesal Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 1) - c) del Código Procesal Civil.- CONCEPTO DE LA VIOLACION: La Corte Sentenciadora al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, que es naturalmente, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia y por ende condenar a mi representada al pago de cantidades monetarias, de manera evidente, incurre en error de hecho, por omitir la fundamentación legal en que se basa y fundamenta para emitir su fallo, ya que únicamente hace una relación de lo acontecido y de las pruebas aportadas; así como también efectúa una apreciación de lo que es su criterio, pero en ningún momento expone los motivos de fundamentación expresa en la que se basa para llegar a tal fallo, dejando a mi mandante de un lado de desventaja ya que no apoya su decisión ni argumentos de su fallo en alguna base legal estampada en nuestra legislación.- Que la fundamentación legal tanto de las resoluciones judiciales como las sentencias tienen que estar debidamente fundamentadas para que conlleven el efecto legal que en ellas se mandan.- EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia y Declarar la demanda Con Lugar y por ende condenar en cantidades monetarias a favor del demandante, incurrió en error de hecho, al no fundamentar su sentencia, ya que claramente el artículo 200 del Código Procesal Civil establece el Contenido Formal de las Sentencias que dispone lo siguiente: 1.- Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derechos en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)…b)…c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijado por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Situación ésta que expresamente omitió la Corte Sentenciadora en el fallo dictado en fecha treinta y uno de Mayo del año dos mil trece y que conlleva a uno de los motivos de casación de la sentencia recurrida”.-.
II. MOTIVACION Y FUNDAMENTACION JURÍDICA
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
El recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013), proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Denuncia dos motivos de casación de conformidad a lo que disponen los Artículos 716, 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.
PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acusa la sentencia recurrida por ser violatoria de la Ley Sustantiva “…por Infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la Prueba Documental consistente en el Normativo Operacional con el cual funciona la Empresa Nacional Portuaria…” y en el cual establece en su artículo 44 en su primer punto que: “La ENP hará responsables a los dueños, Operadores o Agentes Representantes de los buques, vehículos y equipos o empresas que hayan sido autorizados para prestar sus servicios o ejecutar maniobras dentro del recinto portuario, por los daños y perjuicios que estas ocasionaren a los empleados, instalaciones y equipos de la ENP, o la mercadería y otros bienes o empleados de terceros. Agrega que también serán responsables dichas personas o empresas por cualquier perdida, daño o hurto cometido por personal a su servicio mientras se encuentran operando dentro de la zona perimetral portuaria, o que resulten de datos incorrectos en la documentación de tales personas o empresas y que tales personas o empresas deben entregar a la ENP.” De igual manera en su artículo 45 del Normativo antes citado establece en el punto dos, inciso tercero que tampoco será responsable la ENP “Por daños, averías o pérdidas que ocurran en áreas dadas en arrendamiento o en operaciones ejecutadas de manera directa por el Cliente o por medio de particulares contratados por él.” En consecuencia claramente se dispone que la Empresa Nacional Portuaria no tiene ningún grado de responsabilidad al momento de que se extravían o averíen algún tipo de mercadería en el recinto portuario.- “Por lo que en el presente caso los encargados de realizar la revisión del furgón RB-1401 era la Agencia Aduanera Digna Rodríguez junto a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y por consiguiente la Empresa Nacional Portuaria no tenía ninguna intervención en el asunto ni conocimiento del mismo ya que la documentación referente tanto al ingreso o como a la salida de dicho módulo era responsabilidad de la Aduanera y la entidad del Estado antes mencionada (DEI).- El tribunal recurrido, tenía que tomar en consideración tales extremos, puesto de ahí es de donde nace el fondo del presente litigio”. Continua motivando el recurso al hacer la “EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia y Declarar la demanda Con Lugar y por ende condenar en cantidades monetarias a favor del demandante, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en el Normativo Operacional de la Empresa Nacional Portuaria y que corre agregado en el Expediente de mérito, se extralimita al estimar que el objeto fáctico sobre el cual se produce el conflicto en el caso de autos, es que se basa en lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil en cuanto a lo que se refiere al depósito y lo que establece el artículo 1360 del mismo Cuerpo Legal antes citado que concierne a la indemnización de daños y perjuicios; cuando en ningún momento de la secuela del juicio se hablo ni se fundamento el depósito del contenedor extraviado.”
2.1 PRECEPTO AUTORIZANTE. El recurrente establece como causal de casación el Artículo el 719, numeral 2, sin diferenciar si se encuentra invocado por aplicación o por interpretación de norma de derecho.
2.2 El Recurrente inobserva la técnica casacional en su primer motivo, por una parte cuando establece la infracción basado en que “…la Ley Sustantiva Nacional por infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental…” Por otro lado comparece interponiendo las causales de casación establecidas en el artículo 719 numeral 2), mismas que son impugnatorias por la aplicación e interpretación de las NORMAS DE DERECHO empleadas para la solución del fondo del litigio. Cabe señalar la diferencia substancial que existe entre la valoración de una prueba contra el alcance de una norma de derecho. Además es de agregar que cuando el casacionista hace su motivación procediendo a manifestar su parecer en cuanto al alcance legal del artículo 44 del Normativo Operacional con el cual funciona la Empresa Nacional Portuaria. Por lo tanto el escrito de impugnación es absolutamente incongruente a los principios casacionales cuando se entremezclan la falta de apreciación de prueba la cual encausa con aplicación junto con interpretación de normas de derecho para finalizar con una interpretación personal del alcance de la norma referida. El artículo 720 del Código Procesal Civil establece que en el Recurso Extraordinario de Casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba contenida en las sentencias de instancia, a lo cual la Corte Suprema de Justicia se vería en la ineludible necesidad de pronunciarse.
SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. En forma breve el impetrante sostiene este motivo en que “La sentencia recurrida es violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta proveniente de falta de contenido formal. Además agrega que la Corte Sentenciadora al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, que es naturalmente, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia y por ende condenar a su representada al pago de cantidades monetarias, de manera evidente, incurre en error de hecho, por omitir la fundamentación legal en que se basa y fundamenta para emitir su fallo, ya que únicamente hace una relación de lo acontecido y de las pruebas aportadas…”
3.1. PRINCIPIO AUTORIZANTE: Lo basa en el Artículo 719, numeral 1 inciso c), sin especificar si el recurso es en contra la forma o contenido de la sentencia.
3.2. Este segundo motivo es incomprensible al denunciar falta de fundamentación jurídica en la sentencia impetrada, cuando analizada la misma, en su acápite MOTIVACION FÁCTICA Y JURIDICA se encuentran los fundamentos de derecho que valora el Tribunal sentenciador para lograr la convicción de su fallo. Importante es tener en cuenta que en la estructuración de resoluciones, la fundamentación jurídica debe ir concatenada con su respectiva motivación, las cuales deberán versar sobre el debate y la resolución del mismo para lograr dar un sentido lógico y jurídico al fallo proferido contra cualquier pretensión; situación que se ha respetado en la sentencia que nos ocupa. Agregando a lo antes expuesto que cuando el Ad Quem confirma totalmente la sentencia del Ad Quo hace suyos los fundamentos y motivaciones ya existentes.
Del escrito que es contentivo al recurso interpuesto, se hace evidente la inobservancia de los requisitos fundamentales exigidos por ley para su admisibilidad. En el presente caso existe carencia de las exigencias que sustentan el rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación como Recurso Extraordinario. Procede recordar lo siguiente: 1. El Código Procesal Civil establece que el fin de la casación es la protección del ordenamiento jurídico, procurando promover la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, por lo cual es menester ser concretos en el alcance de la recurrencia. 2. Para lograr dicho fin es indispensable crear el preciso vínculo por parte del recurrente estableciendo la relación rectora entre el motivo con la causal invocada a fin de concretar la infracción denunciada, situación que no ocurre en el presente caso, al tenor de lo que disponen los Artículos 704 y 721 numeral 2) del Código Procesal Civil.
Analizado el escrito contentivo al recurso de casación, es propio hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[1] Por demás queda claro que nuestro legislador, mediante el decreto 211-2006 contentivo del Código Procesal Civil, disminuyó la rigidez de carácter procesal al establecer normas y actos que coadyuvan al acceso de Acceso a los Tribunales, más en ningún momento dicho decreto afecta el rigor técnico y preciso que de fondo debe observar dicha recurrencia.
El presente recurso de casación presenta irregularidades insubsanables que se encuentran expresamente señaladas en lo que dispone el artículo 723 en sus numerales 1) y
- inciso a), en cuanto al incumplimiento de las exigencias establecidas en el Código Procesal Civil y carencia manifiesta de fundamento, respectivamente, lo que imposibilita lograr su conocimiento por falta de claridad e inobservancia estructural de fondo. Artículos 704, 719, 720, 721 numeral 2) y 723 numerales
- y 2) del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA
Esta Sala de lo Civil, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos que ha sido interpuesto en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013), promovido por la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada procesalmente por el Abogado JONATHAN RENE GALLARDO REYES. 2. DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013) e identificada en esta Sala bajo el Expediente S.C. 152-2013. 3. Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia, para los efectos consecuentes.-Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. NOTIFÍQUESE.
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada Coordinadora
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.
Magistrado
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.
Magistrada
[1] Bermúdez M., Antonio. El Recurso de Casación en Materia Civil. Pág. 64. Primera Edición.