Sentencia CC-135-13 — Registro 5208
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda de pago y se confirmo en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “7.-Argumentos de la Sala de lo Civil que resultan de confrontar el motivo de casación admitido con la sentencia impugnada. Desestimatoria del recurso de casación. Como se puede observar la razón sustentada por el a quo para desestimar la demanda de mérito se debió básicamente por insuficiencia probatoria basada en el hecho de que la prueba documental aportada, consistente en el balance general de CORANORTE al treinta y uno de diciembre de 2007, extendido por el contador general Alex L. Suazo, colegiado bajo el número 38177-2 y la certificación de deuda extendida el 4 de mayo de 2009 en San Pedro Sula, por el mismo contador general, no reúnen los requisitos de veracidad y exactitud al no cumplir fielmente lo señalado por el artículo 437 del Código de Comercio, señalándose además como otras irregularidades el desconocimiento completo de los acreedores de los ex socios de CORANORTE y los montos que ellos prestaron; también la falta de documentación de respaldo en relación a dichos extremos. Todo lo cual no permite hacer comparación alguna y determinar el origen de la cantidad reclamada, negando de esta forma al cumplimiento a uno de los objetivos de las NIIF (normas internacionales de información financiera). … El ataque del casacionista a lo anterior, se funda en la opinión de que dicha motivación “no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados estos individualmente y en conjunto,” ajustándose -expresa el recurrente- siempre a las reglas de la lógica y de la razón, de conformidad a la parte que cita del artículo 207.2 del Código Procesal Civil. Menciona en ese sentido que dicha motivación fáctica sea revisada en su existencia, suficiencia y racionalidad y carácter lógico. Este alto tribunal rechaza desde ya la posibilidad de que dicha motivación fáctica sea inexistente o insuficiente, observando que las imputaciones que hace el casacionista se dirigen más bien a cuestionar su racionalidad y carácter lógico… simismo este alto tribunal de justicia juzga que si el cuestionamiento casacional se dirige en contra de la motivación fáctica de la sentencia debatida, a fortiori el petente devenía en la obligación de argumentar y convencer en su motivo de casación que no hubo insuficiencia probatoria, sino que por el contrario el ad quem valoró la prueba faltando a la razón y al carácter lógico, concluyendo erróneamente que la parte actora no logró acreditar la existencia de una deuda contraída por CORANORTE a favor de sus poderdantes, tras haber pagado estos, adeudos que le correspondía sufragar aquella…La Sala de lo Civil estima que las argumentaciones del recurrente descritas ut supra, deben someterse al examen conducente a decidir si se casa o no la sentencia impugnada, asegurándose de responder a la pregunta: ¿En el presente caso, resulta suficiente para acreditar la existencia de un adeudo de cuentas por pagar a largo plazo, la presentación de un balance general y la certificación de deuda que contiene adjunto la descripción de valores adeudados a la familia Mejía por parte de ALFICESA? En ese sentido la Sala de lo Civil observa que la respuesta negativa que brindan los órganos jurisdiccionales de instancia, resultan convincentes, teniendo en cuenta que se dirigen a cuestionar la insuficiencia probatoria de dichos documentos. En la sentencia de primera instancia, exactamente en el numeral 4.3 de los fundamentos de derecho, el juzgador concluye que ninguno de los documentos contables tiene soporte que lo ampare. En este sentido el a quo indica que la parte actora debió presentar el documento donde consta el origen de la deuda reclamada (facturas, recibos, cheques, etc.) Luego haciendo una valoración producto de la inmediación, menciona que el señor Guillermo Eduardo Mejía Munguía no mencionó en ningún momento a qué acreedores de CORANORTE pagó él; asimismo que el compareciente afirmó en la declaración de parte, que a la fecha del estudio, éste era incompleto reconociendo además: “… lo que no estuviera declarado lo asumían ellos demandantes.” Esta aseveración toma aún más sentido cuando el mismo compareciente demandante, reconoce en su declaración de parte, que la falencia del estudio se debió a la falta de información contable y oportuna, en virtud de que no fue proporcionada por la misma sociedad CORANORTE, en el tiempo que los demandantes eran socios de ésta. De igual manera el juzgador a quo destacó, según consta en el apartado 4.5 de los fundamentos de derecho la declaración del testigo Marcial Alvarado Campos, al referirse que: “… un contador debe regirse por los principios de las normas de contabilidad para hacer un balance y éste debe estar documentado con originales y que algunos de estos valores no tenían soporte, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas…” Finalmente el juez de primera instancia hizo observaciones sobre la falta de firmas y de fechas en los documentos aportados por la parte actora, sumando esto como elementos que hacen de estos documentos prueba no fiable. El ad quem haciendo suyos los fundamentos de derecho de la sentencia dictada en primera instancia, en su propia sentencia señala en el fundamento quinto, que: “… los balances aportados al juicio, resultaron confusos y contradictorios entre sí, resultando difícil tener la certeza o veracidad de las cosas que alegan las partes.” En virtud de todo lo anterior la Sala de lo Civil estima procedente lo resuelto por ambas instancias y como consecuencia de ello es imperativo declarar no haber lugar al recurso de casación."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo de dos mil catorce.
La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA como Coordinadora, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO designado ponente para la redacción de esta resolución y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, DICTA LA SIGUIENTE SENTENCIA:
SON PARTES:
Los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, representados en juicio por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, en su condición de recurrente; siendo recurridas, las sociedades CORPORACIÓN ADUANERA DEL NORTE, S. de R.L. (CORANORTE) y ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V. (ALFICESA), representadas en juicio por el abogado RENÉ ROLANDO FAJARDO LEITZELAR.
OBJETO DEL PROCESO:
DEMANDA DE PAGO, promovida en fecha dos de junio del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, entablada en contra de las sociedades CORPORACIÓN ADUANERA DEL NORTE, S. de R.L. (CORANORTE) y ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V. (ALFICESA), representadas en juicio por el abogado RENÉ ROLANDO FAJARDO LEITZELAR.
I. ANTECEDENTES PROCESALES
PRIMERO: Con fecha dos de junio de dos mil once, el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, entabló ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, DEMANDA ORDINARIA DE PAGO, contra la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN ADUANERA DEL NORTE S. de R.L. de C.V. y la sociedad mercantil ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V.
SEGUNDO: En fecha dos de septiembre de dos mil once el abogado RENÉ ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, accionando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN ADUANERA DEL NORTE, S. de R.L. de C.V. (CORANORTE) contestó la demanda entablada en contra de su poderdante; asimismo opone excepción de novación de deuda, alegando que hubo subrogación en los derechos que como acreedores tenían los demandantes a favor de la sociedad ALFICESA. Asimismo opone la excepción de falta de legitimación activa, alegando que ALFICESA compró todos los créditos que los demandantes pudiesen tener con la sociedad CORANORTE, por lo que las deudas reclamadas por la parte actora pertenecen a ésta, careciendo en consecuencia los demandantes de legitimación activa. De igual manera y en la misma fecha, el abogado RENÉ ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, accionando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V., (ALFICESA) contestó la demanda entablada en contra de su poderdante; asimismo opuso excepción de falta de legitimación activa en los mismos términos expresados anteriormente, oponiendo también la excepción de pago y argumentando que la deuda se canceló en el mismo contrato de compraventa de las partes sociales de la sociedad CORANORTE. Además opuso una tercera excepción por falta de legitimación pasiva, alegando que en la demanda en ningún momento se menciona ALFICESA como parte demandada y por ende debió el juzgador inadmitir ad limini litis la demanda de mérito; y una cuarta excepción de existencia de compromiso arbitral fundada en la cláusula octava del contrato de promesa de venta firmada el 30 de octubre de 2008 entre los demandantes, Roberto Emilio Rivera Zavala con ALFICESA.
TERCERO: En fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el Juzgado Civil Seccional del departamento de Cortés, falló de la siguiente manera:
“FALLA: 1) DESESTIMAR la excepción de NOVACIÓN promovida por la parte demandada sociedad mercantil denominada Corporación Aduanera del Norte S.A de C.V.(CORANORTE); 2) DESESTIMAR la excepción de pago promovida por la parte demandada sociedad mercantil denominada ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V.(ALFICESA) por la cantidad de cinco millones trescientos treinta y un mil ciento noventa y seis lempiras con veintidós centavos (L.5331,196.22); 3) DESESTIMAR la presente demanda de proceso declarativo ordinario de pago, promovida por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de apoderado legal de los señores José Guillermo Mejía Soler y Guillermo Edgardo Mejía Munguía, contra la sociedad mercantil denominada Corporación Aduanera del Norte S. de R.L. (CORANORTE) y la sociedad mercantil denominada ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V.(ALFICESA), representada por el Presidente del Consejo de Administración Ángel Eduardo Ramos Sarmiento, todos de generales conocidas; 4) ABSUELVE a la sociedad mercantil denominada Corporación Aduanera del Norte S. de R.L. (CORANORTE), representada a través del gerente general Ángel Eduardo Ramos Sarmiento y la sociedad mercantil denominada ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V.(ALFICESA) a pagar a favor de José Guillermo Mejía Soler y Guillermo Edgardo Mejía Munguía, la cantidad de cinco millones trescientos treinta y un mil ciento noventa y seis lempiras con veintidós centavos (L.5,331,196.22) en concepto de cuentas por pagar a largo plazo como acreedores particulares el cual pretendía se pagara de la manera siguiente: al señor José Guillermo Mejía Soler tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L.3,684,645.87) y al señor Guillermo Edgardo Mejía Munguía la cantidad de un millón seiscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta lempiras con treinta y cinco centavos (L.1,646,550.35), más los gastos y costas; 5) Con costas para los demandantes…”.
CUARTO: Con fecha veinticinco de abril de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO y haciendo suya la de primera instancia.
QUINTO: El representante procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, presentó en fecha seis de junio del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia.
SEXTO: La Sala de lo Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante auto de fecha seis de mayo de dos mil catorce, admitió el recurso de casación interpuesto, expresando en su decisum lo siguiente:
“…DECLARA:
- La admisión del MOTIVO ÚNICO por infracción de norma procesal, formalizado por el abogado Oscar Raúl Matute, en su condición de representante procesal de los señores José Guillermo Mejía Soler y Guillermo Edgardo Mejía Munguía, contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil trece por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial de Cortés, en relación con la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO promovida en fecha dos de junio de dos mil once, ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA contra la sociedad mercantil denominada CORPORACION ADUANERA DEL NORTE S. de R.L. de C.V. y la sociedad mercantil ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A de C.V.
- Señálese el día trece de mayo para la votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esta fecha Redactó el Magistrado Raúl Antonio Henríquez Interiano. NOTIFIQUESE.”
SÉPTIMO: En fecha ocho de mayo de dos mil catorce, se realizó la votación y fallo.
II. MOTIVACIÓN JURÍDICA
1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional.
Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.
2.- Contenido y alcance formal y material de la casación. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente a la vinculación que nace del motivo de casación formalizado por el censor y admitido por este tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil.
3.- Confrontación del decisum de la sentencia con el motivo que lo impugna. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil deberá confrontar el MOTIVO ÚNICO de casación, el cual fue admitido por este alto tribunal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional del departamento de Cortés, en fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, que fue confirmada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortés en fecha veinticinco de abril de dos mil trece.
4.- Resumen de los argumentos del motivo de casación admitido. La Sala de lo Civil resume el motivo único de casación por infracción procesal de la siguiente manera:
Expresa el recurrente que hubo infracción del artículo 207.2 del Código Procesal Civil que contiene la norma procesal que dice:
“Artículo 207.- MOTIVACIÓN…..2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón…”
Dicha infracción la subsume en la causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil que se refiere a la infracción por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma para revisar su existencia, suficiencia y racionalidad y carácter lógico. Asimismo hace relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil.
El petente al desarrollar este motivo expresa lo siguiente:
(1) La infracción procesal del artículo 207.2 del Código Procesal Civil incide en la sentencia impugnada ya que los elementos fácticos y jurídicos del pleito considerados por el ad quem no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón, negando el derecho que tienen sus representados a que CORANORTE y ALFICESA paguen las obligaciones pendientes en concepto de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.
En este sentido expresa que la motivación fáctica de la sentencia carece de los requisitos necesarios, lo que produce la infracción de la norma jurídica.
El primer momento de la sentencia en que se produce la infracción es en el numeral PRIMERO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA cuando el tribunal ad quem profiere:
“….PRIMERO: El presente caso se trata de una demanda ordinaria de pago, por la cantidad de cinco millones, trescientos treinta y un mil, ciento noventa y seis lempiras con veintidós centavos (L.5,331,196.22), en concepto de cuentas a largo plazo, pendientes de pago a favor de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, en sus condiciones de acreedores particulares, correspondiéndole al señor JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de tres millones, seiscientos ochenta y cuatro mil, seiscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L 3,684,645.87), y al señor GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de un millón seiscientos cuarenta y seis mil, quinientos cincuenta lempiras con treinta y cinco centavos (L 1,646.550.35)….”
Explica el recurrente que la infracción se da porque inicialmente en la demanda de mérito se pretendió el pago de una cantidad superior o sea de L.5,331,196.22 en varios conceptos, pero conforme al PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE es una REALIDAD que el OBJETO DEL PROCESO, es que las sociedades mercantiles CORANORTE (deudora u obligada principal) y ALFICESA (deudora u obligada solidaria) paguen obligaciones en concepto de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO a los acreedores particulares JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA más los gastos y costas del proceso.
Sostiene que es inmodificable que el pago de las CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO es el objeto del proceso, esto ciertamente gravita sobre todo lo relacionado con el desarrollo del mismo, pudiéndose concluir que la cuantía primigenia de la demanda, que incluía otros conceptos de obligaciones, se modificó en el proceso.
El petente indica que una simple operación aritmética de suma determina: que tanto en el Balance del 2007 y en la Certificación de deuda que contiene adjunta la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA ambos certificados por CONTADOR PÚBLICO, aparecen en ambas que se le debe a JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00 sumando la cantidad total de L.2,500,000.00 en el concepto de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO.
Luego, señala que con lo anterior expresado, queda identificado que el ad quem se CONFUNDE al razonar que la demanda es por L.5,331,196.22 cuando verdaderamente ya quedó establecido que el objeto del proceso es que se les paguen a mis representados en el concepto de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO a JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00, sumando la cantidad total de L.2,500,000.00.
(2) El segundo momento de la sentencia en que se produce la infracción es en el numeral SEGUNDO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA cuando el ad quem profiere
“…..SEGUNDO: Del estudio de los autos se observa que los demandantes como socios de la entidad CORPORACION ADUANERA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. (CORANORTE), celebraron un contrato de promesa de venta de partes sociales de la entidad antes referida, contrato en el que se estipuló que la compradora pagaría la cantidad de seis millones de lempiras (L.6,000,000.00), por la compra del cien por ciento del capital social de CORANORTE, con lo cual estaría adquiriendo activos y pasivos de dicha empresa.- Posteriormente en fecha tres de abril de dos mil nueve, consta en autos, el instrumento número 564, que contiene la formalización de la compraventa de las partes sociales, pagando en dicho acto la sociedad ALMACENADORA FISCAL CENTRAL S.A. DE C.V. los mismos seis millones que se pactaron en el contrato de promesa de venta, mismo que se distribuyó así: cien mil lempiras (L 100,000.00) en concepto de pago del valor nominal de las aportaciones sociales de los socios de CORPORACION ADUANERA DEL NORTE S DE R.L. DE C.V; tres millones, quinientos noventa y seis mil seiscientos catorce lempiras con sesenta y siete centavos (L.3,596,614.67) en concepto de préstamos pendientes de pago por parte de la sociedad CORPORACIÓN ADUANERA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. a los antiguos socios JOSÉ GUILLERMO SOLER, GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA Y ROBERTO EMILIO RIVERA ZAVALA; y dos millones, trescientos tres mil trescientos ochenta cinco lempiras con treinta y tres centavos (L.2,303,385.33) en concepto de pago por derecho de llaves (goodwill)……”
Dice el casacionista que el ad quem se aparta de la lógica y de la verdad cuando razona que en el contrato de compraventa se pagaron los mismos L.6,000,000.00 que se habían pactado en el contrato de promesa de venta, acotando el recurrente, QUE ESTO NO ES CIERTO.
Dice que conforme al PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE es una REALIDAD que lo que se pactó en el contrato de promesa de venta fue que ALFICESA pagaría L.6,000,000.00 por la compra del 100% del capital social de CORANORTE.
Que al celebrarse con posterioridad el contrato de compraventa se pagó en varios conceptos y precisamente uno de ellos fue el pago de L.100,000.00 en el concepto de pago del valor nominal de las aportaciones sociales de los socios de CORANORTE, el referido concepto de pago es el que verdaderamente corresponde al capital social.
Con lo anterior –concluye el casacionista- queda identificado que el tribunal de alzada concluye INEXISTENCIAS, efectuando un razonamiento que a la luz del concepto de pago antes indicado y en ninguno de los otros dos conceptos de pago aparece el pago de L.6,000,000.00 por la compra del 100% del capital social de CORANORTE. En COHERENCIA a lo expresado nuestra legislación mercantil define lo que es CAPITAL SOCIAL.
“…Artículo 21. El capital social está representado por la suma del valor nominal de aportaciones prometidas por los socios. Fungirá siempre del lado pasivo del balance, de modo que en el patrimonio deberá existir un conjunto de bienes igual, por lo menos a la cifra del capital.”
(3) El tercer momento de la sentencia en que se produce la infracción es en el numeral TERCERO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA cuando el ad quem profiere:
“….TERCERO: Los demandantes fundan su pretensión en un balance general clasificado, de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil siete, realizado por el contador ALEX L. SUAZO, en cuyo anexo cuatro (F 38) establece que existen cuentas por pagar a largo plazo a favor de ambos demandantes, ascendiendo a la suma de dos millones, quinientos mil lempiras (L.2,500,000.00), cantidad que no coincide con la reclamada en su libelo de demanda y tampoco con la prueba documental, denominada descripción de valores adeudados a familia Mejía por parte de la entidad ALMACENADORA FISCAL CENTRAL S.A. DE C.V., siendo cantidades completamente diferentes entre sí, siendo importante agregar además, que este último documento que se relacionó, no tiene fecha de elaboración, por ende resulta imposible determinar si dicho cálculo se realizó previo o después de la celebración del contrato de compraventa.-……”.
Esta infracción –expresa el recurrente- se da por cuanto el mismo Tribunal razona y llega a la conclusión que el documento fundante de la demanda es el Balance General Clasificado de fecha 31 de diciembre del año 2007 realizado por CONTADOR PÚBLICO ALEX L. SUAZO, en cuyo anexo cuatro (F 38) se establece QUE SI EXISTEN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO a favor de sus representados que ascienden a la suma de L.2,500,000.00.
Precisamente –agrega- el OBJETO DEL PROCESO, es que las sociedades mercantiles CORANORTE y ALFICESA paguen obligaciones en concepto de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO a los acreedores particulares JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00 sumando la cantidad total de L. 2,500,000.00 en el concepto indicado.
Asimismo señala que conforme al PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE es una REALIDAD que una simple operación aritmética de suma, determina verdaderamente que tanto en el Balance del 2007 y Certificación de deuda que contiene adjunta la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA, certificados por CONTADOR PÚBLICO, en ambos aparece que se le debe a JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00 sumando la cantidad total de L.2,500,000.00 en el concepto de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO.
Concluyendo entonces que con lo expresado queda identificado que el ad quem si efectuó la suma en el Balance del 2007 determinando que las CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO suman la cantidad total de L.2,500,000.00, pero que extrañamente no sumó en la Certificación de deuda que contiene adjunto la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA.
Luego el recurrente refiere que la indicada certificación es un solo documento compuesto por dos hojas, una donde aparece la constancia, y la otra donde aparece la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA que se ampara en el Balance del 2007.
Al punto, refiere que no insertar los datos suficientes que aparecen verdaderamente en la Certificación de deuda que contiene adjunto la Descripción de Valores adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA antes referida condujo a la CONFUSIÓN a dicho Tribunal y a proferir que las cantidades son contradictorias o diferentes entre sí, cuando evidentemente –dice- no lo son, ya que con la operación aritmética de suma se determina verdaderamente que las cantidades son coincidentes, idénticas y exactas en cuanto al concepto de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO que se le debe a sus representados respectivamente por lo tanto NO ES CIERTO que son cantidades diferentes entre sí.
(4) El cuarto momento de la sentencia en que se produce la infracción es en el también denominado numeral TERCERO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA cuando el ad quem profiere:
“…TERCERO: A folio 70 de los autos, aparece constancia de fecha ocho de agosto de dos mil once, extendido por un contador público, en el que hace constar que los soportes contables y financieros de la sociedad CORPORACION ADUANERA DEL NORTE S DE R.L. DE C.V, no se encontraban ordenados y detallados como corresponde, por el contrario agrega el contador, que dicha sociedad no contaba con estados financieros confiables y además que no existían libros contables que obligatoriamente la empresa debe tener, asimismo certifica otro contador (F 71), en fecha veinticinco de agosto de dos mil once, es decir en fechas recientes, que en los estados financieros de CORANORTE del año dos mil diez, no existe obligación pendiente de pago a favor de los demandantes, encontrándose como única cuenta por pagar a largo plazo, el préstamo otorgado a favor de la sociedad antes indicada por parte del BANCO DEL PAÍS.- Pudiéndose concluir que existió la deuda que alegan los demandantes por pagos que estos hicieran a los acreedores de CORANORTE, no obstante con las constancias emitidas por los contadores en fechas recientes y actuales, nos indican que a la fecha en que se celebró el contrato de compraventa, esta obligación ya no existía, caso contrario por analogía estos valores también se hubiesen incluido en el mismo, extremo que no se dio, por cuanto se puede observar que la empresa ALMACENADORA FISCAL CENTRAL S.A. DE C.V. pagó la cantidad de seis millones (L.6,000,000.00), aplicados a varios conceptos, trato y pago que fue aceptado conformemente por los demandantes al firmar la escritura de venta de las partes sociales de CORANORTE.- Aunado a lo ya mencionado, también es importante agregar que si bien, como dicen los demandantes, esta deuda pendiente de pago que reclaman, se debe a pagos de la sociedad CORANORTE que ellos tuvieron que realizar, no aparece en autos ni existe prueba alguna que acredite el referido extremo, por cuanto la prueba aportada por estos se limita básicamente a los balances financieros, que como se mencionó antes, son contradictorios entre sí.”
La infracción se da por cuanto a pesar de haber acertado y concluido el propio ad quem que verdaderamente: “…existió la deuda que alegan los demandantes por pagos que estos hicieran a los acreedores de CORANORTE…..” sus posteriores razonamientos son ilógicos y se apartan de la COHERENCIA y violentan el universalmente conocido PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN.
Conforme al PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE es una REALIDAD confirmada por el mismo ad quem que las CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO que aparecen tanto en el Balance del 2007 y en la Certificación de deuda que contiene adjunto la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA, ambos certificados por CONTADOR PÚBLICO, SI EXISTEN, por lo tanto se les deben a JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00 sumando la cantidad total de L.2,500,000.00.
El momento en que se aparta de la COHERENCIA el indicado Tribunal –observa el recurrente- se da cuando mal razona que al momento de la compraventa de CORANORTE estas obligaciones ya no existían, tal razonamiento del indicado Tribunal no tiene lógica puesto que: en primer lugar no es lógico concluir que por qué no se insertaron las obligaciones en las constancias de fechas recientes del 2011, estas obligaciones ya no existen, si ya se ha concluido por el mismo Tribunal que si existen; en segundo lugar los conceptos pagados según concluyó este mismo Tribunal en dicha compraventa verdaderamente fueron: a. L.100,000.00 en concepto de pago del valor nominal de las aportaciones sociales de los socios de CORANORTE; b. 2. L.3,596,614.67 en concepto de préstamos pendientes de pago por parte de la sociedad CORANORTE a los antiguos socios JOSÉ GUILLERMO SOLER, GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA y ROBERTO EMILIO RIVERA ZAVALA; y c. L.2,303,385.33 en concepto de pago por derecho de llaves (goodwill) por lo tanto –dice- no observa en ninguno de los documentos antes referidos, como es que se EXTINGUIERON LAS OBLIGACIONES conforme a la normativa legal no reflejan pago sobre las CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO pendientes de pago y objeto del proceso; y en tercer lugar no tiene sentido aportar prueba alguna para demostrar lo que ya EXISTE cual es la deuda pendiente de pago que tienen las demandadas con mis representados según Balance del 2,007 y Certificación de deuda que contiene adjunta la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA ambos certificados por CONTADOR PUBLICO y supra referidos en esta casación.
Con lo anterior expresado queda identificado que el tribunal ad quem sigue CONFUNDIDO con sus razonamientos que no son lógicos cuando a luz de la verdad no existe prueba alguna aportada por las partes demandadas que acredite por medio de figura jurídica alguna la liberación del pago de la deuda que tienen pendientes para con sus representados.
(5) El quinto momento de la sentencia en que se produce la infracción es en el numeral CUARTO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA cuando el tribunal ad quem profiere:
“…….Finalmente a folio 99, también aparece una constancia emitida por otro nuevo contador de fecha veinte de agosto de dos mil once, en el que si bien en el informe que acompaña incluye como reembolso de cuentas por pagar a socios de CORANORTE (es decir a los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA) el total de dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil, ciento diecinueve lempiras (L 2,487,119.00), sin embargo en éste se detalla, específicamente en la constancia que acompaña junto con el estudio, que realizó el mismo con muchas reservas en cuanto a la información contable que le presentó la empresa, en virtud de que en ningún momento le entregaron los estados financieros de los años 2008 y 2009 firmado por el contador anterior, tampoco la documentación original que soporta la forma en que se aportó el capital adicional, ni la correspondiente a los pasivos y activos de septiembre y de diciembre del dos mil siete, por cuanto este es un informe más, que contradice tanto el balance general clasificado, así como la descripción de valores adeudados en que funda su demanda los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y el señor GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, por lo que resulta ineficaz la prueba aportada para acreditar los extremos que alega la parte actora en su escrito de demanda.- Al analizar la prueba allegada por la parte demandada y evacuada oportunamente se observa, que ésta probó el cumplimiento del contrato de compraventa suscrito entre las partes, así como los pagos que realizó producto del referido contrato mediante cheques que se encuentran agregados al expediente de mérito a folio 98.-……”
El casacionista opina que el ad quem se aparta de la COHERENCIA y de la lógica, ya que no se observa que, la constancia del informe mencionado, acredite inexistencia del Balance General Clasificado, de fecha 31 de diciembre del año 2007, realizado por el CONTADOR PÚBLICO ALEX L. SUAZO, en cuyo anexo cuatro (F 38) se establece QUE SI EXISTEN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO a favor de sus representados que ascienden a la suma total de L.2,500,000.00. Dice que tampoco se observa otro Balance del 2007 diferente o que contradiga el que existe. Entonces señala que, es lógico razonar que si en su momento no fue entregado dicho Balance del 2007 pues esa situación se tuvo que solventar con el entonces gerente general en ese momento o antes de la suscripción del contrato de compraventa de CORANORTE; pero que igual esa situación no modifica la realidad de que el Balance del 2007 si existe y contiene la deuda objeto del presente proceso que está pendiente de pago.
Conforme al PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE –expresa el recurrente- no es lógico razonar que la constancia del informe exima del pago de la deuda pendiente que tienen las demandadas para con su representada, ni se puede deducir una contradicción, ya que es una REALIDAD confirmada por el mismo ad quem que las CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO que aparecen tanto en el Balance del 2007 y en la Certificación de deuda que contiene adjunta la Descripción de Valores Adeudados a Familia Mejía por parte de ALFICESA, ambos certificados por CONTADOR PÚBLICO, SI EXISTEN, por lo tanto se le debe a JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER la cantidad de L.2,246,000.00 y a GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA la cantidad de L.254,000.00 sumando la cantidad total de L.2,500,000.00 en el concepto antes indicado.
Con respecto al contrato de compraventa, el casacionista refiere que no se puede concluir que los conceptos que aparecen ahí, que se pagaron incluyan el pago de las CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO supra indicadas al contrario –aclara- lógico es concluir que al no aparecer incluidas las mismas en el contrato indicado, estas obligaciones subsisten, son reales y deben ser pagadas por las deudoras CORANORTE y ALFICESA a sus representados.
(6) Concluye el casacionista expresando que la motivación fáctica proferida por el ad quem carece de raciocinio y lógica, incurriendo en infracción de la norma procesal contenida en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil en los momentos de la sentencia antes aludidos, produciendo un fallo completamente contrario al derecho, absolviendo de pago a las demandadas cuando son deudoras por tener obligación pendiente con sus representados, infringiendo los vitales principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben prevalecer en las resoluciones judiciales, ya que si las deudas existen, la forma jurídica de liberarse de ellas podría haber sido por la extinción de las mismas, conforme lo dispone el ordenamiento legal, lo cual no aparece en autos del presente proceso.
5.- Resumen de los argumentos contenidos en la sentencia del a quo, confirmada por la segunda instancia. Habiéndose resumido las alegaciones del casacionista, este alto tribunal de justicia procede ahora a resumir los fundamentos jurídicos de la sentencia del a quo en función del artículo que se estima infringido por parte del casacionista.
De tal manera que no se abordará lo referido en la sentencia respecto de las excepciones de pago, cláusula arbitral, novación, legitimación pasiva y activa.
Por otra parte el único hecho controvertido por las partes fue el cuarto de la demanda de mérito. En dicho hecho la parte actora refiere que la sociedad mercantil denominada Corporación Aduanera del Norte S. de R.L. de C.V., debe a los demandantes la suma de cinco millones trescientos treinta y un mil ciento noventa y seis lempiras con veintidós centavos; de esa cantidad tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L.3,684,645.87) al señor José Guillermo Mejía Soler y al señor Guillermo Mejía Munguía, la cantidad de un millón seiscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta lempiras con treinta y cinco centavos, según balance y certificación de deuda anexados.
Finalmente, se tiene en cuenta que básicamente el iudex a quo desestimó la demanda POR INSUFICIENCIA PROBATORIA.
Teniendo en cuenta estas acotaciones se advierte que el juzgador de primera instancia en el extremo número 2. de los fundamentos de derecho de la sentencia, expresa que al revisar la promesa de venta de fecha treinta de julio de 2008 observa que se hace referencia a la compra de la totalidad de las partes sociales de la sociedad mercantil CORANORTE, incluyendo la adquisición de activos y pasivos, entre otros acuerdos, el cual fue reconocido por ambas partes; pero –advierte- que fue con el instrumento No.563 que se estableció en asamblea de socios la venta de las partes sociales de CORANORTE; y en el instrumento No.564 que se verificó la venta de dicha sociedad mercantil a la denominada ALFICESA, originada esta compraventa –dice- por el primer contrato o sea la promesa de venta, pero dejando claro de que no debe partirse de la promesa de venta sino del contrato de compraventa. -Concluyendo entonces:- “… por lo que no se puede pretender reclamar obligaciones que se excluyeron con el contrato de compraventa, lográndose el fin principal que era la venta de la empresa CORANORTE y estableciendo nuevos pactos”. Por esta razón desestimó la excepción de existencia de compromiso arbitral. La escritura de venta celebrada el tres de abril de 2009 desvanece el contrato de promesa de venta de fecha treinta de julio de 2008.
En el extremo número 6. de los fundamentos de derecho de la sentencia, el iudex a quo expresa que:
“Aun cuando la compraventa se haya realizado hasta el 2009 y los pagos de la venta de CORANORTE se haya realizado en la misma fecha, como lo dijo el señor José Guillermo Mejía, lo que no estuviera en el balance ellos asumían las obligaciones, pudiendo en todo caso en el lapso de el año 2008, presentar antes de vender la empresa los estados contables y financieros actualizados y los valores que supuestamente se le adeudaba a largo plazo a la fecha 9 de abril de 2009, como acreedores particulares o como socios en ese entonces de CORANORTE, antes de concluir con la relación contractual con ALFICESA a fin de reclamarlos, teniendo más de un año para actualizar la información contable y financiera, evidenciado su conformidad con el contrato realizado con ALFICESA.”
Seguidamente en el extremo número 7. de los fundamentos de derecho de la sentencia, -expresa que:
“Si bien es cierto la escritura de venta de CORANORTE, coincide con el balance general clasificado al 31 de diciembre de 2007 en su anexo tres, referente a cuentas por pagar a corto plazo,…” “no tiene claro si el monto que pagó a ALFICESA a favor de CORANORTE a los demandantes corresponde a este valor; porque del estudio emitido por el testigo Marcial Álvaro Campos, y conforme a su declaración, él sólo pudo verificar la información contable hasta el 30 de septiembre de 2007.” Lo resaltado en negrita pertenece a la Sala de lo Civil.
Al respecto acota que:
“Efectivamente se dio un pago tanto de la parte social como de los préstamos pendientes de pago y que este fue superior al establecido en el estudio de valoración financiera [...] y que corresponde al balance del treinta de septiembre de 2007.”
Para concluir lo siguiente:
“Pero de los hechos se determina que los acreedores particulares demandantes, recibieron conformes estos pagos en calidad de acreedores, no por la cantidad que demandan, pero si en concepto de acreedores particulares, porque al referirse el contrato de compraventa de préstamos pendientes de pago a los socios, inmediatamente estos se convierten en acreedores particulares”
Para finalmente agregar las conclusiones siguientes:
a) Se dan los elementos de pago respecto a las cuentas por pagar a corto plazo a los ex socios.
b) Estos pagos por cuentas a corto plazo, se realizaron en relación al estudio emitido por el señor Marcial Alvarado Campos.
c) Que los pagos reclamados en la demanda son de las cuentas a largo plazo
d) Por esa razón desestimó la excepción de pago opuesta por la parte demandada.
En el extremo número 8. de los fundamentos de derecho de la sentencia, el juzgador de primera instancia, refiriéndose a las cuentas por pagar a largo plazo manifiesta que los documentos con los que la parte actora pretende hacer valer su demanda no reúnen los requisitos de veracidad y exactitud.
Refiere que los demandantes al momento de realizar la compraventa de la sociedad no aportaron en su totalidad el resumen de valoración de todo pasivo, que conforme al artículo 437 del Comercio debe indicar: los créditos con garantía real, las obligaciones emitidas que no hayan sido amortizadas y además las deudas del comerciante o empresa.
Luego apunta lo siguiente:
“…desconociéndose completamente quienes eran los acreedores de los ex socios de CORANORTE, o los montos que ellos prestaron con la documentación que los sustentaba.”
Para luego hacer el señalamiento de que en este caso la información contable presentada por la parte actora no permite hacer comparación y determinar el origen de la cantidad reclamada, al respecto agrega:
“Que uno de los objetivos de NIF (normas internacionales de información financiera), es que los estados financieros de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, contengan información de alta calidad, sean transparentes para el usuario y comparables para todos los ejercicios que se presenten,…”
Después manifiesta que toda obligación que se reclama debe estar amparada también en el principio de realidad, citando en ese sentido el artículo 25 del Código de Comercio en el sentido de que el socio que aportare uno o más créditos responderá de la existencia y legitimidad de ellos. Para luego hacer mención de que el onus probandi corresponde a la parte actora y que en el presente asunto como juzgador no adquirió certeza sobre si la obligación que se reclama es veraz o creíble y con base en el artículo 283.3 del Código Procesal Civil desestima la demanda.
6.- Resumen de los argumentos contenidos en la sentencia del ad quem, que confirma la de primera instancia, en los extremos relacionados con el motivo de casación admitido por la Sala de lo Civil. Este alto tribunal procede a resumir la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, dictada por el tribunal de segunda instancia, tomando en consideración el thema decidendi resultado del motivo de casación admitido.
En el acápite segundo el ad quem señala que ALFICESA pagó en el acto de la compraventa de CORANORTE, un monto de seis millones de lempiras, o sea la misma cantidad que fue pactada en el contrato de compraventa. Que dicha cantidad se distribuyó así: cien mil lempiras en concepto de pago del valor nominal de las aportaciones sociales de los socios de CORANORTE; tres millones quinientos noventa y seis mil seiscientos catorce lempiras con sesenta y siete centavos en concepto de préstamos pendientes de pago por parte de CORANORTE a los antiguos socios José Guillermo Soler, Guillermo Edgardo Mejía Munguía y Roberto Emilio Rivera Zavala; y dos millones trescientos tres mil trescientos ochenta y cinco lempiras con treinta y tres centavos, en concepto de pago por derecho de llaves (goodwill).
Seguidamente en el acápite tercero, el tribunal de alzada señala que el documento que funda la pretensión objeto de la demanda es el balance general clasificado ya aludido, en el cual se establecen que existen cuentas pendientes por pagar a largo plazo a favor de ambos demandantes, ascendiendo a la suma de dos millones quinientos mil lempiras, cantidad que no coincide con la exigida en la demanda y tampoco con la prueba documental denominada: Descripción de valores adeudados a familia Mejía por ALFICESA. En relación a este último documento el ad quem observa que carece de fecha de elaboración y por ende concluye que resulta imposible determinar si dicho cálculo se realizó previo o después de la celebración del contrato de compraventa. También hace mención que en autos se encuentra una constancia extendida el ocho de agosto de 2011, donde se indica que los soportes contables y financieros de CORANORTE no se encontraban ordenados y detallados como corresponde, que por el contrario dicha sociedad no contaba con estados financieros confiables y además que no existían libros contables que obligatoriamente la empresa debe tener; asimismo otro contador certifica que en fecha veinticinco de agosto de dos mil once, o sea de manera más reciente, que en los estados financieros de CORANORTE del año 2010, no existe obligación pendiente de pago a favor de los demandantes, encontrándose como única cuenta por pagar a largo plazo el préstamo otorgado a favor de CORANORTE por el Banco del País, S.A.
Con lo anterior el ad quem concluye:
“Aunado a lo ya mencionado, también es importante agregar, que si bien, como dicen los demandantes, esta deuda pendiente de pago que reclaman, se debe a pagos de la sociedad CORANORTE que ellos tuvieron que realizar, no aparece en autos ni existe prueba alguna que acredite el referido extremo, por cuanto la prueba aportada por estos se limita básicamente a los balances financieros que como se mencionó antes, son contradictorios entre sí.”
En el acápite cuatro menciona una constancia emitida por otro contador en fecha 20 de agosto de 2011, en donde aparece un informe que incluye como reembolso de cuentas por pagar a socios de CORANORTE (entre ellos los demandantes), el total de dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento diecinueve lempiras; sin embargo en éste se indica que:
“… realizó el mismo con muchas reservas en cuanto a la información contable que le presentó la empresa en virtud de que en ningún momento le entregaron los estados financieros de los años 2008 y 2009 firmado por el contador anterior, tampoco la documentación original que soporta la forma en que se aportó el capital adicional, ni la correspondiente a los pasivos y activos de septiembre y de diciembre de 2007, por cuanto éste es un informe más que, contradice tanto, el balance general clasificado, así como la descripción de los valores adeudados en que se funda su demanda…” “por lo que resulta ineficaz la prueba aportada para acreditar los extremos que alega la parte actora…”
7.-Argumentos de la Sala de lo Civil que resultan de confrontar el motivo de casación admitido con la sentencia impugnada. Desestimatoria del recurso de casación. Como se puede observar la razón sustentada por el a quo para desestimar la demanda de mérito se debió básicamente por insuficiencia probatoria basada en el hecho de que la prueba documental aportada, consistente en el balance general de CORANORTE al treinta y uno de diciembre de 2007, extendido por el contador general Alex L. Suazo, colegiado bajo el número 38177-2 y la certificación de deuda extendida el 4 de mayo de 2009 en San Pedro Sula, por el mismo contador general, no reúnen los requisitos de veracidad y exactitud al no cumplir fielmente lo señalado por el artículo 437 del Código de Comercio, señalándose además como otras irregularidades el desconocimiento completo de los acreedores de los ex socios de CORANORTE y los montos que ellos prestaron; también la falta de documentación de respaldo en relación a dichos extremos. Todo lo cual no permite hacer comparación alguna y determinar el origen de la cantidad reclamada, negando de esta forma al cumplimiento a uno de los objetivos de las NIIF (normas internacionales de información financiera).
Siempre en relación al balance general y la certificación en mención, el tribunal de alzada refiere la existencia de la constancia de fecha ocho de agosto de 2011, la cual señala que los soportes contables y financieros de CORANORTE no se encontraban ordenados y detallados como corresponde, que sus estados financieros no eran confiables y que no existían los libros contables que la ley manda; asimismo menciona que otro contador certificó en fecha más reciente, que no existe obligación pendiente de pago a favor de los demandantes, agregando que la única cuenta por pagar a largo plazo es el préstamo otorgado a favor de CORANORTE por el Banco del País, S.A.
El ataque del casacionista a lo anterior, se funda en la opinión de que dicha motivación “no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados estos individualmente y en conjunto,” ajustándose -expresa el recurrente- siempre a las reglas de la lógica y de la razón, de conformidad a la parte que cita del artículo 207.2 del Código Procesal Civil. Menciona en ese sentido que dicha motivación fáctica sea revisada en su existencia, suficiencia y racionalidad y carácter lógico.
Este alto tribunal rechaza desde ya la posibilidad de que dicha motivación fáctica sea inexistente o insuficiente, observando que las imputaciones que hace el casacionista se dirigen más bien a cuestionar su racionalidad y carácter lógico.
Asimismo este alto tribunal de justicia juzga que si el cuestionamiento casacional se dirige en contra de la motivación fáctica de la sentencia debatida, a fortiori el petente devenía en la obligación de argumentar y convencer en su motivo de casación que no hubo insuficiencia probatoria, sino que por el contrario el ad quem valoró la prueba faltando a la razón y al carácter lógico, concluyendo erróneamente que la parte actora no logró acreditar la existencia de una deuda contraída por CORANORTE a favor de sus poderdantes, tras haber pagado estos, adeudos que le correspondía sufragar aquella.
Al hilo de lo anterior, con el análisis que hace este alto tribunal de justicia del motivo de casación sub examine, se constata que el recurrente se limita a insistir que el crédito y la cantidad demandada, constan en los documentos que sirven de prueba en el juicio; sus argumentos giran en derredor de esta idea, señalando como cuestiones circunstanciales las siguientes: a) que durante el proceso se modificó la cuantía de la demanda o sea su objeto y que consta el adeudo de dos millones y medio a favor de los demandantes en: el balance del año 2007, la certificación de deuda que contiene adjunto el documento denominado Descripción de valores adeudados a la familia Mejía, todos los certificados por contador público por parte de ALFICESA; b) que la cantidad de seis millones de lempiras pagados por la compraventa de CORANORTE no son los mismos pactados en la promesa de venta y que dicha cantidad pagada se desglosa en: cien mil lempiras por concepto de pago del valor nominal de las aportaciones sociales de los socios de CORANORTE, tres millones, quinientos noventa y seis mil seiscientos catorce con sesenta y siete centavos en concepto de préstamos pendientes de pago por parte de CORANORTE a los antiguos socios o sea los demandantes más Roberto Emilio Rivera Zavala, y dos millones trescientos tres mil trescientos ochenta y cinco lempiras con treinta y tres centavos en concepto de pago por derecho de llaves (goodwill); c) que con la operación aritmética de suma se determina verdaderamente que las cantidades son coincidentes, idénticas y exactas en cuanto al concepto de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO que se le debe a sus representados respectivamente, por lo tanto NO ES CIERTO que son cantidades diferentes entre sí; d) que el ad quem razonó en forma ilógica determinando que las obligaciones a favor de los demandantes ya no existían, basado únicamente en que éstas no se insertaron en las constancias de fechas recientes del 2011, sin referir como es que se extinguieron las obligaciones conforme a la normativa legal; e) que no tiene sentido aportar prueba para demostrar lo que ya existe refiriéndose a la deuda objeto de la demanda; f) que no se observa otro Balance del 2007 diferente o que contradiga el que existe.
La Sala de lo Civil estima que las argumentaciones del recurrente descritas ut supra, deben someterse al examen conducente a decidir si se casa o no la sentencia impugnada, asegurándose de responder a la pregunta: ¿En el presente caso, resulta suficiente para acreditar la existencia de un adeudo de cuentas por pagar a largo plazo, la presentación de un balance general y la certificación de deuda que contiene adjunto la descripción de valores adeudados a la familia Mejía por parte de ALFICESA?
En ese sentido la Sala de lo Civil observa que la respuesta negativa que brindan los órganos jurisdiccionales de instancia, resultan convincentes, teniendo en cuenta que se dirigen a cuestionar la insuficiencia probatoria de dichos documentos.
En la sentencia de primera instancia, exactamente en el numeral 4.3 de los fundamentos de derecho, el juzgador concluye que ninguno de los documentos contables tiene soporte que lo ampare. En este sentido el a quo indica que la parte actora debió presentar el documento donde consta el origen de la deuda reclamada (facturas, recibos, cheques, etc.) Luego haciendo una valoración producto de la inmediación, menciona que el señor Guillermo Eduardo Mejía Munguía no mencionó en ningún momento a qué acreedores de CORANORTE pagó él; asimismo que el compareciente afirmó en la declaración de parte, que a la fecha del estudio, éste era incompleto reconociendo además: “… lo que no estuviera declarado lo asumían ellos demandantes.” Esta aseveración toma aún más sentido cuando el mismo compareciente demandante, reconoce en su declaración de parte, que la falencia del estudio se debió a la falta de información contable y oportuna, en virtud de que no fue proporcionada por la misma sociedad CORANORTE, en el tiempo que los demandantes eran socios de ésta.
De igual manera el juzgador a quo destacó, según consta en el apartado 4.5 de los fundamentos de derecho la declaración del testigo Marcial Alvarado Campos, al referirse que: “… un contador debe regirse por los principios de las normas de contabilidad para hacer un balance y éste debe estar documentado con originales y que algunos de estos valores no tenían soporte, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas…”
Finalmente el juez de primera instancia hizo observaciones sobre la falta de firmas y de fechas en los documentos aportados por la parte actora, sumando esto como elementos que hacen de estos documentos prueba no fiable.
El ad quem haciendo suyos los fundamentos de derecho de la sentencia dictada en primera instancia, en su propia sentencia señala en el fundamento quinto, que: “… los balances aportados al juicio, resultaron confusos y contradictorios entre sí, resultando difícil tener la certeza o veracidad de las cosas que alegan las partes.”
En virtud de todo lo anterior la Sala de lo Civil estima procedente lo resuelto por ambas instancias y como consecuencia de ello es imperativo declarar no haber lugar al recurso de casación.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2292, 2295 No.2 del Código Civil; 193.2 literal c), 701, 716, 718, 719, 725, 726.1, 728.1, del Código Procesal Civil; profiere el presente FALLO:
- Desestima y declara NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el abogado Oscar Raúl Matute Cruz. 2) NO CASA la sentencia proferida en fecha veinticinco de abril de dos mil trece por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortés. 3) Declara firme la sentencia aludida, que pone fin a la DEMANDA DE PAGO, promovida en fecha dos de junio del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MEJÍA SOLER y GUILLERMO EDGARDO MEJÍA MUNGUÍA, entablada en contra de las Sociedades CORPORACION ADUANERA DEL NORTE, S. de R.L. (CORANORTE) y ALMACENADORA FISCAL CENTRAL, S.A. de C.V. (ALFICESA), representadas en juicio por el abogado RENÉ ROLANDO FAJARDO LEITZELAR. 4) Condena a costas. 5) Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes y que las presentes diligencias sean devueltas a la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortés, para que disponga el curso a seguir de conformidad con la ley. Asimismo devuélvanse dentro de los tres días siguientes al de la notificación, el expediente de primera instancia con testimonio de la ejecutoria y constancia de las notificaciones.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
COORDINADORA
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA