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Sentencia CC-117-13 — Registro 5189

Resumen

En segunda instancia se reformó la sentencia definitiva en el juicio contentivo de la demanda indemnizatoria a título de daños y perjuicios causados por apropiación indebida de bienes y por inejecución de título valor (pagaré librado y no cancelado), embargo precautorio y prohibición de celebrar actos y contratos, dejando sin efecto aquel pasaje de la parte dispositiva de la sentencia apelada en la que se declara sin lugar la excepción material o perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada y declarando con lugar la excepción de prescripción antes referida; y confirmando y por consiguiente declarando subsistente y válida la parte dispositiva de la sentencia apelada en cuanto declara sin lugar la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios por apropiación indebida de bienes y por inejecución de título-valor (pagaré) librado y no cancelado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Argumentos de la Sala de lo Civil para inadmitir el primer motivo de casación. Este alto tribunal luego de examinar el primer motivo, resuelve su inadmisión en virtud de las razones siguientes: El petente citó el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, como precepto autorizante, debiendo por tanto desarrollar el motivo en relación a la infracción por aplicación o interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.

En este sentido cabe mencionar que el casacionista de entrada, señala en el motivo, que hubo infracción de forma y contenido de la sentencia, lo cual no corresponde a una técnica casacional adecuada, pues la ley exige que cada una de las violaciones sea objeto de un motivo por separado, lo cual se deduce de lo que expresa el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. Otra falta a la técnica casacional consiste en que el casacionista omitió por completo señalar de manera clara, precisa y con la suficiente separación, la norma o normas procesales que fueron infringidas por el juzgador. Al respecto el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, preceptúa la obligación de expresar las normas de derecho, cuya infracción sustenta cada motivo, debiéndose esto hacer de manera fundamentada con la suficiente separación, claridad y precisión. En correspondencia a lo antes expresado, la Sala de lo Civil estima que el presente motivo no es de recibo y debe ser desestimado, por concurrir la causal expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“4.- Argumentos de la Sala de lo Civil para inadmitir el segundo motivo de casación. Este alto tribunal luego de examinar el segundo motivo, resuelve su inadmisión en virtud de las razones siguientes: El impetrante cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, el cual contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación e las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Asimismo cita como norma infringida el artículo 90 Constitucional y 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil. En este sentido cabe señalar que el artículo 90 constitucional no aplica para la causal que invoca el recurrente, en virtud de que no es una norma que haya servido para resolver el fondo del juicio, o sea no es una norma cuya aplicación haya sido determinante para juzgar la procedencia o improcedencia del derecho subjetivo reclamado. Por el contrario es una norma que contiene la garantía judicial de que toda persona sea juzgada por juez competente y con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Asimismo en el párrafo segundo reconoce el fuero de guerra y a la vez prohíbe que éste se extienda a personas que no estén en servicio militar activo. De igual manera ocurre con el artículo 245 del Código Procesal Civil, cuya aplicación no está destinada para resolver el fondo del asunto, sino que es una norma instrumental al servicio del proceso, que brinda algunas reglas que todo juzgador debe observar a efecto de hacer una correcta valoración probatoria.En relación a la explicación del motivo, este alto tribunal da cuenta de que el casacionista reclama que el juzgador no hizo apreciación correcta de las pruebas vertidas en juicio, de las reclamaciones oportunamente deducidas, así como de la legalidad del reclamo. Hace esto reclamando que sus patrocinados probaron fuera de toda duda la procedencia de la demanda, tanto en sus hechos como en sus fundamentos legales, lo que en su criterio no fue apreciado, tanto por el juez como por el tribunal. En respuesta a dicha posición, este alto tribunal, hace ver al casacionista que los hechos tenidos como probados son intangibles; y por ende el artículo 720.1 del Código Procesal Civil excluye como regla general la revisión probatoria; en relación a esto mismo, la única vía permitida para solicitar el control de la motivación fáctica, es la que ofrece la causal del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, tal como lo dispone de manera expresa el artículo 720.2 del mismo código. El casacionista en el presente caso, además de los errores anteriormente apuntados, ha errado la vía causal, pues pretende desde la vía causal del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, imponer como válidos sus propios hechos probados, lo cual, como ya se explicó, constituye una evidente infracción a la técnica casacional. En virtud de todas las razones expuestas, el segundo motivo de casación no es de recibo, procediendo su inadmisibilidad por concurrir la causal expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, en virtud de haber incumplimiento a las exigencias y requisitos establecidos por el código para el escrito de interposición y formalización.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto de dos mil catorce.

La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA como Coordinadora, RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO designado ponente para la redacción de esta resolución, y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DÍAZ,

DICTA EL SIGUIENTE AUTO:

SON PARTES:

Los señores RUPERTO MONTERO BREGAL y otros, representados en juicio por el Abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ SOSA, en su condición de Recurrente; y la sociedad CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO (CORFINO), representada en juicio por el abogado RENÉ VELÁSQUEZ DÍAZ, en su condición de recurrido.

OBJETO DEL PROCESO:

DEMANDA INDEMNIZATORIA A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES Y POR INEJECUCIÓN DE TÍTULO VALOR (PAGARÉ LIBRADO Y NO CANCELADO), EMBARGO PRECAUTORIO Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, por el abogado JOSÉ ADALID RODRÍQUEZ ROSA, en su condición de apoderado legal de los señores RUPERTO MONTERO BREGAL, ROBERTO MENDOZA ROMERO, ALEJANDRO ANTÚNEZ ACOSTA, FERNANDO OQUELY MEJÍA CHACÓN, JIMMY RAMÍREZ, GERARDO ALFREDO MURILLO MARTÍNEZ, RAFAEL OSIRIS MEDINA MOTIÑO, JULIO CÉSAR RODRÍQUEZ CASTRO, ADÁN MEDINA PINEDA, HÉCTOR ATILIO LÓPEZ, PIO BETANCOURTH ALVARADO, CARLOS MEDINA PINEDA, OSCAR OSWALDO CASCO LÓPEZ, RAMÓN ANTONIO IZAGUIRRE, TONY MAUXIMINO ALVARADO LOBO, APOLONIO SAMBRANO CONTRERAS, CÉSAR ANTONIO CARDONA COLINDRES, SIXTO JESÚS MEJÍA FERNÁNDEZ, GEORGIRIO CONTRERAS, CARLOS ARTURO MEZA CHIRINOS, CLEMENTE CARDONA GARCÍA, FELIPE RODRÍQUEZ GUTIÉRREZ, ÁNGEL AUGUSTO TRÓCHEZ ISAULA, MARCO TULIO HERRERA GEORGE, MIGUEL ÁNGEL MENDEZ MEJÍA, JOSÉ ABRAHAM ORELLANA, CRISTOBAL ELVIR, EDILBERTO MARTÍNEZ GARRIDO, FRANCISCO MONTES RODAS, JOSÉ HÉCTOR MELGAR DÍAZ, AUDIE ALEXIS MEJÍA CHACÓN, JOSÉ JUBENAL ROMERO AGUIRIANO, JANIO FLORES CALDERÓN, SAUL ANTONIO MONTERROSA GUERRA, RODOLFO MONTOYA SANTOS, SANTOS HERMES ARITA, DIÓGENES EFRAÍN FLORES BANEGAS, MARCO ANTONIO NATARÉN, LUIS ANTONIO MENCÍA, LIONZO DE JESÚS OLIVA GUILLÉN, ELVIS ARNOLDO ORTEZ AMAYA, RUTILIO ALFONZO MARTÍNEZ, OSCAR AGUILAR, JOSÉ PABLO ALFARO SÁNCHEZ, MARIO BARDALES PINEDA, JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ, HERMENEGILDO SIMIÓN, JOSÉ MARIO LÓPEZ, SANTOS LARA LARA, CRUZ LÓPEZ, LOGNEY SIDNEY EUGENE, JOSÉ ADMED ARTICA ALVARADO, JOSÉ JAVIER RODRÍQUEZ, FELICIANO BENITEZ LÓPEZ, JUAN FERNANDO LEIVA PADILLA, ESTEBAN HERNÁNDEZ HERRERA, JORGE ALBERTO ORELLANA HERNÁNDEZ, RENÉ CARBAJAL LEMUS, HÉCTOR ORLANDO QUINTANILLA CRUZ, GILBERTO CÁCERES, CARLOS ALBERTO RIVAS MERCADO, JOSÉ GUADALUPE DE LA O, JUAN JOSÉ CARRANZA HENRÍQUEZ, HÉCTOR MANUEL LÓPEZ BARAHONA, JOSÉ JAVIER RUBÍ GARCÍA, LUIS ALONZO QUINTERO DELCID, TRÁNSITO ARNULFO BUSTILLO CRUZ, MÁXIMO DE JESÚS CERRATO, CERAPIO MOLINA MILLA, LUIS MOLINA MILLA, LUIS RAMÍREZ, NELSON ISMAEL OSEGUERA MENDOZA, JOSÉ IRENE BLANCO, FLORENTINO ARGUETA GONZÁLEZ, IFRAÏN AGUILERA ÁLVAREZ, JOSÉ LINO CARRANZA PINEDA, SIPRIANO GARMENDIA, MANUEL DE JESÚS PÉREZ RIVAS, RODOLFO GUSTAVO MEJÍA, JESÚS ALONZO OLIVA CHIRINOS, ALFREDO CENTENO, SANTOS ABRAHAM IRÍAS MARTÍNEZ, SANTOS EUCEBIO IRÍAS MARTÍNEZ, ROBERTO ULLOA ANARIBA, OMAR RODRÍQUEZ ESCOBAR, JOSÉ REGINO GIRÓN GUEVARA, SANTIAGO MONTES GARAY, MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA, JUAN RAMÓN GUEVARA, OLVIN JAVIER ZAPATA GALEANO, JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ CASTRO, DONALDO ESPINOZA, RAFAEL RAMÍREZ, SANTOS CENTENO, DAGOBERTO HERNÁNDEZ, JOSÉ EDUARDO ANDINO GALEAS, WILSON RICARDO MEJÍA, LUCAS LEIVA MADRID, ROLIN FRANCISCO LEIVA CASTRO, JERSON ARMANDO HERNÁNDEZ ORELLANA, OSCAR CASTILLO, MARVIN ALEXANDER DÍAZ MEJÍA, URBANO AGUILERA GARCÍA, MARCO ANTONIO PORTILLO CORTEZ, RICARDO ANTONIO FERNÁNDEZ IRIARTE, JOSÉ ANDRÉS MOLINA BORJAS, NORBERTO VALLADARES MORALES, ANDRÉS RODRÍQUEZ CALDERÓN, CECIL ANTONIO TURCIOS, JORGE OMAR PUERTO MEJÍA, OSCAR JOSÉ RUIZ, ÁNGEL ROBERTO MATUTE RUIZ, GENARO MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS AGUILAR GUZMÁN, JORGE ORLANDO FERNÁNDEZ IRIARTE, ALEX ARMANDO TEJEDA, ANDRÉS ABELINO MALDONADO BUESO, EDILBERTO GEOVANY MARTÍNEZ, FAUSTO MEJÍA MENDOZA, MARTHA YOLANDA ESCOBAR, JOSÉ ARMANDO LEMUS, JUANA EDITH SÁNCHEZ, RODOLFO SÁNCHEZ, JOEL JONATHAN AGUILERA RIVAS, SANDRA RODRÍQUEZ PINEDA, CARLOS ALBERTO CERRATO, JOSÉ OTONIEL RIVERA, JUAN ALBERTO ALVARADO, JUAN ANTONIO VILLATORIO AGUILAR, JOSÉ ARNULFO MÉNDEZ DÍAZ, LUIS MAYÉN BARRANTES, JOSÉ ANCELMO ZAVALA COLINDRES, JOSÉ ÁNGEL GARCÍA, ALBERTO ARITA, NIDIA ROSIBEL REYES TURCIOS, JUAN FERNANDO BARAHONA JIMÉNEZ, FAUSTO CRUZ MARTÍNEZ, OLMAN BENIGNO ROMERO ZAVALA, RIGOBERTO MOSOCO RODRÍQUEZ, MARÍA ELENA VASQUEZ DUBÓN, MARÍA MAGDALENA AGUILERA, VILMA EDITH GARCÍA MOYA, JAVIER ANTONIO MADRID RIVERA, ANA CAROLINA URBINA BLAIR, CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ LUQUE, RENÉ ALBERTO ESCALERAS MEJÍA, JUSTA FIGUEROA ÁLVAREZ, ANTONIO SISLAVA GODOY, GEORGE ROLANDO OOT ANDERSON, DENIA CLERIPCIA ANTÚNEZ ROSALES, JOSÉ OMAR MURILLO CRUZ, PEDRO LÓPEZ TEJEDA, JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ, OSWALDO MEJÍA HERNÁNDEZ, JOSÉ TRINIDAD LAGOS OLIVA, JOSÉ NOEL MATUTE, JOSÉ OMAR MURILLO CRUZ, ANTOLÍN PANCHAMÉ CRUZ, FAUSTO CRUZ MARTÍNEZ, LORENZO BLAS JUÁREZ, SANTOS MARCELINO GUILLÉN, NOÉ NEPTALY RAUDALES CRUZ, ANDRÉS ALONZO DÍAZ, SANTOS ANTONIO MATUTE GALEAS, JAIRO RIGOBERTO RIVERA, ROQUE ALCIDES FÚNEZ, RUFINO ANTONIO HERRERA NÁJERA, JOSUÉ ABEL MENOCAL, SANTOS ANTONIO AGUILERA RIVAS, JOSÉ FERMÍN LUN BARAHONA, JORGE NAHAMÁN VENTURA, DAVIS TOMÁS MEJÍA, OSCAR OMAR VINDEL, SANTOS ABELINO LÓPEZ, JOSÉ EDILBERTO HERNÁNDEZ FUENTES, ISAIAS ROMERO, ELMER LEONEL GIRÓN, ARMANDO ORDOÑEZ, ÁNGEL CACHO MORALES, JOSÉ ÁNGELGARCÍA, HÉCTOR MENDOZA GALINDO, LUIS CORTEZ, ARNULFO ALEMÁN, FAUSTINO OSAVAS, ARNULFO MIRALDA, PEDRO TEJEDA LÓPEZ, DIGNA ESPERANZA MARTÍNEZ, JUAN TEJEDA LÓPEZ, ARNULFO RODOLFO RODRÍQUEZ, JOSUÉ ALFARO BANEGAS, JOSÉ VIDAL RODRÍQUEZ, JOSÉ HÉCTOR MELGAR, JOSÉ ARNULFO MÉNDEZ, JOSÉ ÁNGEL MONTES, ANTONIO IRIARTE, contra la sociedad CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA (CORFINO S.A.).

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veinte de marzo de dos mil trece, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, conociendo por vía de apelación, reformó la sentencia definitiva de fecha cinco de octubre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo del departamento de Colón, en el juicio contentivo de la DEMANDA INDEMNIZATORIA A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES Y POR INEJECUCIÓN DE TÍTULO VALOR (PAGARÉ LIBRADO Y NO CANCELADO), EMBARGO PRECAUTORIO Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, por el abogado JOSÉ ADALID RODRÍQUEZ ROSA, en su condición de apoderado procesal de los señores RUPERTO MONTERO BREGAL, ROBERTO MENDOZA ROMERO, ALEJANDRO ANTÚNEZ ACOSTA, FERNANDO OQUELY MEJÍA CHACÓN, etcétera, contra la sociedad CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA (CORFINO S.A.)

La honorable corte de apelaciones al dictar sentencia dictó su decisum o fallo de la siguiente manera:

“FALLA: Declarando parcialmente con lugar y en consecuencia REFORMANDO la sentencia apelada de que se ha hecho mérito de la manera siguiente: Primero, dejando sin efecto aquel pasaje de la parte dispositiva de la sentencia apelada en la que se declara sin lugar la excepción material o perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada y declarando con lugar la excepción de prescripción antes referida; y Segundo, confirmando y por consiguiente declarando subsistente y válida la parte dispositiva de la sentencia apelada en cuanto declara sin lugar la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios por apropiación indebida de bienes y por inejecución de título-valor (pagaré) librado y no cancelado, promovida por el abogado José Adalid Rodríguez Rosa, en calidad de apoderado legal de las personas enumeradas el encabezamiento de esta resolución y dirigida contra la sociedad denominada Corporación Forestal Industrial de Olancho, S.A., (CORFINO) y en cuanto declara también sin lugar la excepción material o perentoria de falta de acción opuesta por la parte demandada. En relación con los alcances de la parte dispositiva de la sentencia apelada en que se declara sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito, dicha declaración implica que la demandada Corporación Forestal Industrial de Olancho, S.A., (CORFINO) ha sido absuelta de toda responsabilidad económica para con los demandantes derivada de los hechos alegados en la demanda y del pago las cantidades que en la misma se le reclaman…SIN COSTAS”. RESUELVE. PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de Demanda Indemnizatoria a Título de Daños y Perjuicios causados por la empresa CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO, S.A. (CORFINO, S.A.), presentadas por los señores RUPERTO MONTERO BREGAL, ROBERTO MENDOZA ROMERO, ALEJANDRO ANTÚNEZ ACOSTA y otros, plenamente identificados en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN presentada por la parte demandada, y SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCION OPUESTA por la misma parte demandada.- SIN COSTAS”, sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: El representante procesal de los señores RUPERTO MONTERO BREGAL, ROBERTO MENDOZA ROMERO, ALEJANDRO ANTÚNEZ ACOSTA, FERNANDO OQUELY MEJÍA CHACÓN, etcétera, presentó en fecha catorce de mayo del año dos mil trece, escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de marzo del dos mil trece, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida.

TERCERO: En fecha seis de junio del año dos mil trece, el representante procesal de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO (CORFINO), abogado RENÉ VELASQUEZ DÍAZ, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, tenerlo por pronunciado sobre el contenido de la interposición y formalización del recurso de casación y remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en este tribunal, el abogado RENÉ VELASQUEZ DÍAZ, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha trece de junio del año dos mil trece, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personado en tiempo.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea en sus dos motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la siguiente manera:

“PRIMER MOTIVO: “Infracción por violación de forma y contenido de la sentencia” PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719, numeral 1, inciso c, del Código Procesal Civil vigente. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La sentencia recurrida tiene una contradicción intrínseca de fondo. En el apartado “Séptimo” de los “Antecedentes de Hecho” en que se estructura la sentencia recurrida. La corte sentenciadora reconoce que siendo la obligación para reclamar daños y perjuicios una acción de carácter personal, regulada por lo que establecen los artículos 2292 y 2297 del Código Civil, “el término de prescripción aplicable a ella es de diez años...” “De manera que, habiéndose interpuesto la demanda el veintinueve de octubre de dos mil diez, según consta a folio diez de los antecedentes, resulta indudable, que en esa fecha la referida acción no había prescrito por no haber transcurrido más de diez años entre el momento en que dicha acción se pudo haber ejercitado y aquel en que se interpuso la demanda, sino tan solo nueve años, dos meses y doce días“. Hasta aquí claramente la corte sentenciadora en los argumentos que estructura la sentencia define con exactitud cabalística, que el término de diez años de prescripción no se cumple en el caso de autos, como lo alega el demandado. (Lo subrayado y resaltado es nuestro). Pero a contrario sensu, obviando toda lógica constructiva, en el fallo la corte sentenciadora “FALLA: Primero: “dejando sin efecto aquel pasaje de la parte dispositiva de la sentencia apelada en la que se declara sin lugar la excepción material o perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada y declarando con lugar la excepción de prescripción antes referida”. La contradicción y evidente infracción por violación de forma y contenido de la sentencia, es más que obvia, no requiere mayor explicación y los argumentos sobran. Pues por una parte en los fundamentos de la sentencia, el tribunal sentenciador reconoce no existir prescripción alguna. Mientras en el fallo, por el contrario; “declara con lugar la excepción de prescripción antes referida.” Parece curioso pero es tan evidente este contraste, que dicho fallo se contradice en si mismo, fuera de toda estructura lógica del pensamiento jurídico.

SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: “Aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto que autoriza este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 90 Constitucional y 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La corte sentenciadora al hacer suya en su totalidad, el fondo de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia, consiente, avala y ampara la negación clara de los derechos reclamados por mis patrocinados, entre ellos el derecho a una justicia que examine en el fondo el derecho de los demandantes, haciendo apreciación correcta de las pruebas vertidas en juicio, de las reclamaciones oportunamente deducidas, así como de la legalidad del reclamo. No obstante que mis patrocinados probaron fuera de toda duda en el juicio la procedencia de la demanda, tanto en sus hechos como en sus fundamentos legales, ni el Juez sentenciador ni la Corte recurrida, apreciaron en el fondo las pruebas producidas en juicio y no controvertidas. Aun y cuando, en el numeral octavo de la sentencia impugnada, dicho tribunal de alzada reconoce en su sentencia que “de acuerdo con lo que dispone el artículo 690 del Código Procesal Civil, la apelación puede contener, entre otros objetos, que se indican en dicha norma, la revisión de los hechos dados como probados en la sentencia apelada, así como la revisión de la valoración de la prueba, esto desde luego como un presupuesto necesario para que el tribunal superior modifique las decisiones contenidas en la parte dispositiva de la resolución apelada cuya causa haya sido un error cometido en determinaci6n de los hechos que en ella se aceptan como probados o una inadecuada valoración de la prueba, pues el derecho a los recursos esta al servicio del derecho de las personas a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y en consecuencia, si las infracciones cometidas en materia de declaración de hechos probados o de valoración probatoria no son la causa de un perjuicio causado al apelante por lo resuelto en la parte dispositiva de la resolución impugnada, tales infracciones no pueden ser apreciadas como agravios constitutivos de razón suficiente para modificar las decisiones contenidas en el fallo”. Así pues, aunque debe admitirse que los razonamientos expuestos por el juez de primera instancia en la parte motivada de su sentencia no constituyen un fundamento adecuado para el fallo absolutorio recurrido, es claro que la sentencia apelada se encuentra arreglada a derecho en cuanto declara sin lugar la demanda, porque, según ha quedado expuesto, en el proceso de que se conoce, la parte demandante no llegó a demostrar que los bienes que se desembargaron a instancia de la representación legal de CORFINO en las diligencias de ejecución de una sentencia favorable a los ahora demandantes fuesen propiedad de MADEXPO, de manera que no estando probado tal extremo, tampoco se estableció que el aludido desembargo constituyera una lesión al patrimonio de los demandantes cuya indemnización corresponda a CORFINO, por lo cual resulta claro que el recurrente no expuso en sus agravios razones de hecho o de derecho que constituyan una razón suficiente para revocar la parte del fallo recurrido en que se declara sin lugar la demanda y que sobre la base de los razonamientos expuestos en la presente resolución procede confirmar la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto declara sin lugar la demanda y absuelve a CORFINO de la obligación de pagar daños y perjuicios reclamados, debiendo en cambio dejarse sin efecto la parte resolutiva de dicha sentencia en cuanto declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada y declarar sin lugar dicha excepción conforme a las razones expuestas en esta sentencia que demuestra que no ha transcurrido el termino exigido por la ley para que opere la prescripción invocada por la parte demandada. También es procedente confirmar la sentencia apelada en aquel pasaje de su parte resolutiva que declara sin lugar la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar por no haber sido este punto objeto de impugnación por el recurrente”. En el contexto de la lectura de la parte de la sentencia reproducida, nos encontramos con que la Corte Sentenciadora admite que “aunque debe admitirse que los razonamiento expuestos por el juez de primera instancia en la parte motivada de su sentencia no constituyen un fundamento adecuado para el fallo absolutorio recurrido, es claro que la sentencia apelada se encuentra arreglada a derecho”. Lo cual equivale a admitir en buen castellano que aunque en esa muy elemental sentencia definitiva impugnada, el juez de primera instancia, obvió absolutamente en su fallo, apreciar los hechos probados por la parte demandante en el juicio, así como efectuar una valoración adecuada y correcta de la prueba producida en juicio, tal como se reclama en el recurso de apelación interpuesto; dicha sentenciada de conformidad al tribunal de alzada, “se encuentra arreglada a derecho”.

¿Podrá una sentencia judicial, teniendo una falla o vicio de origen, encontrarse arreglada a derecho? Tal razonamiento es inadmisible. Más adelante en esta misma sentencia, dicha corte, se reafirmó en su convicción de que la actual demanda no ha prescrito conforme las normas del Código Civil al señalar lo siguiente “debiendo en cambio dejarse sin efecto la parte resolutiva de dicha sentencia en cuanto declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada y declarar sin lugar dicha excepción conforme a las razones expuestas en esta sentencia que demuestra que no ha transcurrido el término exigido por la ley para que opere la prescripción invocada por la parte demandada”.

No obstante, en el fallo pronunciado y recurrido, la corte sentenciadora declara prescrita la acción de los demandantes, contradiciéndose en el fondo y de plano con sus propias argumentaciones expuestas en la sentencia recurrida.

De conformidad al artículo 245 del Código Procesal Civil “1.- La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”.2.- La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.”

Siendo que la sentencia impugnada se encuentra en clara contraposición a lo que disponen los artículos: 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 90 constitucional y 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil, es claro que el tribunal a quo, ha violentado garantías procesales relativas al debido proceso al apartarse de su obligación de fallar de conformidad a lo dispuesto en el articulo 245 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, y con ello, procede casar la sentencia por haberse efectuado con la sentencia recurrida en una aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, tal como se plantea en el presente recurso”.

II. MOTIVACIÓN JURÍDICA

1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional.

Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- Características del recurso de casación. Las características del recurso de casación son las siguientes:

a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas.

b) No constituye una nueva instancia por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias.

c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso.

3.- Argumentos de la Sala de lo Civil para inadmitir el primer motivo de casación. Este alto tribunal luego de examinar el primer motivo, resuelve su inadmisión en virtud de las razones siguientes:

El petente citó el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, como precepto autorizante, debiendo por tanto desarrollar el motivo en relación a la infracción por aplicación o interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.

En este sentido cabe mencionar que el casacionista de entrada, señala en el motivo, que hubo infracción de forma y contenido de la sentencia, lo cual no corresponde a una técnica casacional adecuada, pues la ley exige que cada una de las violaciones sea objeto de un motivo por separado, lo cual se deduce de lo que expresa el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.

Otra falta a la técnica casacional consiste en que el casacionista omitió por completo señalar de manera clara, precisa y con la suficiente separación, la norma o normas procesales que fueron infringidas por el juzgador. Al respecto el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, preceptúa la obligación de expresar las normas de derecho, cuya infracción sustenta cada motivo, debiéndose esto hacer de manera fundamentada con la suficiente separación, claridad y precisión.

En correspondencia a lo antes expresado, la Sala de lo Civil estima que el presente motivo no es de recibo y debe ser desestimado, por concurrir la causal expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.

4.- Argumentos de la Sala de lo Civil para inadmitir el segundo motivo de casación. Este alto tribunal luego de examinar el segundo motivo, resuelve su inadmisión en virtud de las razones siguientes:

El impetrante cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, el cual contiene la causal referida a la infracción por aplicación e interpretación e las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

Asimismo cita como norma infringida el artículo 90 Constitucional y 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil.

En este sentido cabe señalar que el artículo 90 constitucional no aplica para la causal que invoca el recurrente, en virtud de que no es una norma que haya servido para resolver el fondo del juicio, o sea no es una norma cuya aplicación haya sido determinante para juzgar la procedencia o improcedencia del derecho subjetivo reclamado. Por el contrario es una norma que contiene la garantía judicial de que toda persona sea juzgada por juez competente y con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Asimismo en el párrafo segundo reconoce el fuero de guerra y a la vez prohíbe que éste se extienda a personas que no estén en servicio militar activo.

De igual manera ocurre con el artículo 245 del Código Procesal Civil, cuya aplicación no está destinada para resolver el fondo del asunto, sino que es una norma instrumental al servicio del proceso, que brinda algunas reglas que todo juzgador debe observar a efecto de hacer una correcta valoración probatoria.

En relación a la explicación del motivo, este alto tribunal da cuenta de que el casacionista reclama que el juzgador no hizo apreciación correcta de las pruebas vertidas en juicio, de las reclamaciones oportunamente deducidas, así como de la legalidad del reclamo. Hace esto reclamando que sus patrocinados probaron fuera de toda duda la procedencia de la demanda, tanto en sus hechos como en sus fundamentos legales, lo que en su criterio no fue apreciado, tanto por el juez como por el tribunal.

En respuesta a dicha posición, este alto tribunal, hace ver al casacionista que los hechos tenidos como probados son intangibles; y por ende el artículo 720.1 del Código Procesal Civil excluye como regla general la revisión probatoria; en relación a esto mismo, la única vía permitida para solicitar el control de la motivación fáctica, es la que ofrece la causal del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, tal como lo dispone de manera expresa el artículo 720.2 del mismo código.

El casacionista en el presente caso, además de los errores anteriormente apuntados, ha errado la vía causal, pues pretende desde la vía causal del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, imponer como válidos sus propios hechos probados, lo cual, como ya se explicó, constituye una evidente infracción a la técnica casacional.

En virtud de todas las razones expuestas, el segundo motivo de casación no es de recibo, procediendo su inadmisibilidad por concurrir la causal expuesta en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, en virtud de haber incumplimiento a las exigencias y requisitos establecidos por el código para el escrito de interposición y formalización.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 715, 716, 717, 718, 719, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos, formalizado por el abogado José Adalid Rodríguez Rosa, actuando en su condición de representante procesal de RUPERTO MONTERO BREGAL, ROBERTO MENDOZA ROMERO, ALEJANDRO ANTÚNEZ ACOSTA, FERNANDO OQUELY MEJÍA CHACÓN, etcétera, contra la sentencia dictada en fecha veinte de marzo de dos mil trece por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba del departamento de Atlántida, en relación con la DEMANDA INDEMNIZATORIA A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES Y POR INEJECUCIÓN DE TÍTULO VALOR (PAGARÉ LIBRADO Y NO CANCELADO), EMBARGO PRECAUTORIO Y PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, promovida en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, por el abogado JOSÉ ADALID RODRÍQUEZ ROSA, en su condición antes mencionada, contra la sociedad CORPORACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL DE OLANCHO (CORFINO). 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha veinte de marzo de dos mil trece por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba del departamento de Atlántida, en el expediente de segunda instancia número 0201-2013-00032 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0201-2013-00032, del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA