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Sentencia CC-115-14 — Registro 5187

Resumen

Se declaro con lugar el recurso por adhesión reformando la sentencia apelada en el sentido de condenar a la parte demandante reconvenida al pago de las costas en primera instancia por haber sido vencida en juicio, confirmando la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos. Sentencia de primera instancia que fallo de la siguiente manera: “declarando sin lugar la demanda ordinaria principal como la que se mando acumular de nulidad de doble inscripción y declarando con lugar la nulidad absoluta del instrumento numero publico así como la tradición”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La sala de lo civil recuerda que conforme al artículo 705 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto: a) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. b) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente y c) la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.4.- Por disposición del artículo 211 del Código Procesal Civil, “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 número 4) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” en ese sentido, examinados los autos por esta Sala de lo Civil, se aprecian las siguientes irregularidades procesales: a) Consta en la primera pieza de autos, de los folios 516 al 540 que al momento de interponer el recurso de apelación el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, acompañó un documentos público y solicitó audiencia de pruebas en segunda instancia dando las justificaciones que él estimó procedentes para hacer llegar dicho documento en ese momento procesal, sin embargo no se aprecia ninguna respuesta del Tribunal de apelaciones ya sea estimando que procede la evacuación de esa prueba en segunda instancia o bien justificando su inadmisibilidad de conformidad con los presupuesto previstos en el Código Procesal Civil, incluso guarda absoluto silencio al respecto en la sentencia misma; esta Sala de lo Civil si bien no puede entrar a hacer valoraciones sobre el contenido del documento y su efecto en el proceso, cierto es que es un derecho de las partes a recibir una respuesta sobre una petición concreta formulada en tiempo, el silencio puede llegar a comprometer el derecho de defensa pues no sabemos si realizadas las valoraciones para la admisibilidad o inadmisibilidad de ese documento ofertado podría llegar a ser considerado por el juzgador para resolver las cuestiones de fondo, esa es una cuestión que atañe al juzgador de instancia que este Tribunal respeta, centrándose nuestra apreciación en el hecho de que no se dio respuesta sobre este aspecto en concreto. b) En el preámbulo de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones se describe que el Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA INSCRIPCIÒN REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHO, promovida por GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, contra RAUL MEJIA ERAZO, nada se contempla acerca de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD POR VIA DE RECONVENCION Y DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS que conoció la Corte de Apelaciones entre las mismas partes. De conformidad con el artículo 200.2 a) del Código Procesal Civil, en el encabezamiento de la sentencia deberá expresarse no solo los nombres de las partes y los nombres de los profesionales que las defiendan y representen, sino que debe expresarse el objeto del proceso y eso faltó en la sentencia en relación a la reconvención, esta omisión le resta congruencia a la sentencia pues resulta que en la parte resolutiva se resuelven pretensiones vinculadas con la reconvención. C) Las Cortes de Apelaciones, ante un recurso de apelación, por virtud de lo previsto en el artículo 715 del Código Procesal Civil, podrá adoptar cualquiera de las opciones siguientes: 1) Declarar la nulidad absoluta de actuaciones o de parte de ellas y ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2) Anular la resolución apelada y devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3) Revocar la sentencia apelada y resolver directamente cuando se aprecie infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración siempre que no afecte la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir. 4) Si se afectare la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 5) Revocar la sentencia apelada y dictar la que estime procedente si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. Como se puede observar en los supuestos anteriormente expuestos, no se puede colegir que el Tribunal de Apelaciones tenga atribuciones para declarar con lugar un recurso de apelaciones interpuesto por adhesión, reformar la sentencia apelada en un determinado sentido y confirmar el resto de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia, pues este supuesto no se encuentra autorizado en la nueva legislación procesal civil. Si el Tribunal de Apelaciones quería pronunciarse sobre aspectos objeto del debate, solo podía hacerlo si estimaba el recurso de apelación y revocaba la sentencia recurrida a efectos de pronunciar él la que estima conforme a derecho a efectos de que la sentencia de segunda instancia sustituya la de primera instancia, pues de lo contrario y tal y como sucede con la sentencia recurrida, los efectos jurídicos de lo decidido habría que extraerlos de las dos sentencias, la de primera y la de segunda instancia. Por las razones antes expuestas esta Sala de lo Civil reitera que las sentencias tienen requisitos o formalidades que la ley exige y que al no ser observados acarrea nulidad absoluta, en consonancia con los citados artículos 211 y 212 número 4 del Código Procesal Civil, pues en el caso de autos compromete el derecho de defensa y el debido proceso, en consecuencia, al no haber dictado la Corte de Apelaciones una sentencia que respete las formalidades que la ley establece y estando esta Sala de lo Civil sometida únicamente a la Constitución y a las leyes para hacer efectivo el Control de legalidad que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, cabe posibilitar la subsanación de errores en las formas esenciales del procedimiento y el restablecimiento de las actuaciones al estado en que se encontraban de no haberse producido el acto nulo. Las partes tienen derecho, cualquiera que sea el sentido de un fallo, a que la resoluciones que pronuncien los órganos jurisdiccionales observen estrictamente las formas procesales como instrumentos que garantizan los derechos de las partes en litigio, pues como esta Sala ha dejado establecido, las formas no son simples caprichos del legislador, son ante todo instrumentos de garantía para la realización de una justicia efectiva y en ese propósito la sentencia recurrida ha quedado en deuda con los propósitos para los cuales las formas han sido creadas, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones ha vulnerado las formas en que deben redactarse las sentencias, comprometiendo con ello los derechos de las partes involucradas en el litigio.”

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución Y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, representada en juicio por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE; en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor RAUL MEJIA ERAZO, representado en juicio por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA INSCRIPCION REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN VIRTUD DE EXISTIR DOBLE INSCRIPCION SOBRE EL MISMO BIEN INMUEBLE DETERMINADO, promovida por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, en su condición de Apoderado Legal de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, contra el señor RAUL MEJIA ERAZO. DEMANDA ORDINARIA POR VIA DE RECONVENCION DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DEL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SU INSCRIPCION, ASIMISMO DE UNA INSCRIPCION DE TRADICION DE DOMINIO SOBRE UN DERECHO HEREDITARIO INEXISTENTE Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA representando al señor RAUL MEJIA ERAZO contra la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha trece (13) de noviembre del año dos mil trece (2013), la Corte Tercera de Apelaciones, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA INSCRIPCION REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN VIRTUD DE EXISTIR DOBLE INSCRIPCION SOBRE EL MISMO BIEN INMUEBLE DETERMINADO, promovida por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, en su condición de Apoderado Legal de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, contra el señor RAUL MEJIA ERAZO, y en la DEMANDA ORDINARIA POR VIA DE RECONVENCION DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DEL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SU INSCRIPCION, ASIMISMO DE UNA INSCRIPCION DE TRADICION DE DOMINIO SOBRE UN DERECHO HEREDITARIO INEXISTENTE Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA representando al señor RAUL MEJIA ERAZO contra la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, dictó sentencia en la cual “FALLO: 1º. DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCÍA PONCE. 2º. DECLARANDO CON LUGAR el Recurso por Adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAÚL OCHOA CABRERA. 3º. REFORMAR la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a la parte demandante reconvenida al pago de las COSTAS EN Primera Instancia por haber sido vencida en juicio. 4º. CONFIRMAR la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos”.- Sentencia de Primera Instancia que fallo de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria principal como la que se mando acumular de Nulidad de doble inscripción de un instrumento publico y de los asientos 70 del tomo 733 y 76 del tomo 854 del Instituto de la propiedad de Olancho, presentada por la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, de generales ya expresada en el preámbulo de esta sentencia, contra el señor RAUL MEJIA ERAZO también de generales ya expresadas.- 2. Declarando con lugar la nulidad absoluta del instrumento numero 29 de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, así como su inscripción en el numero 682, del tomo 235 y 236 del tomo XI, así como la tradición a favor de la señora Gloria María Mejia Maradiaga en el Instituto de la propiedad de olancho, y para tal efecto que se envíe la comunicación respectiva al mencionado registro inmueble 3.- Se declara SIN LUGAR, el pago de Daños y Perjuicios solicitados por la parte demandada y reconvincente por no estar probados los mismos 4.- Se declara SIN LUGAR Las excepciones perentorias de prescripción extintiva y adquisitiva de dominio y acción presentada por la parte demandada por no haberse probados las mismas”.

SEGUNDO: El Representante Procesal de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, presento en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil catorce (2014), escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: El Representante Procesal del señor RAUL MEJIA ERAZO, Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, presento en fecha veintitrés (23) de abril del dos mil catorce (2014), escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado sobre el contenido del Recurso de Casación al Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados NESTOR RAUL OCHOA CABRERA Y JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, ambos en su condición ya indicada, presentaron escrito de personamiento en fechas veintinueve (29) de abril y dos (02) de mayo del año dos mil catorce (2014) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

QUINTO: Que la parte recurrente plantea en sus cinco motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO

Se impugna la falta de aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil que regula el contenido formal de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la sentencia.

CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 200 del Código Procesal Civil prescribe: “CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derechos, se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.”

En el caso sub judice, la Corte Tercera de Apelaciones hizo a un lado la aplicación de este artículo 200 en cuanto a la formalidad de la sentencia puesto que omitió pronunciarse sobre algunos puntos que dicho artículo dispone proceder en forma expresa, veamos:- En el encabezamiento de la sentencia solo se hace referencia a la demanda promovida por mi representada, sin embargo, en la parte dispositiva se declara sin lugar nuestro recurso de apelación y reforma la sentencia para confirmar algunos puntos del fallo de primera

instancia que involucra la demanda que se promoviera por vía de reconvención en contra de GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, lo que significa una contradicción al juzgar por motivos distintos de los que se fija en el encabezamiento de la sentencia. - En los antecedentes de hecho no se consignan los hechos probados, que si bien el Tribunal hace relación solo a algunas pruebas, no dice en forma expresa como lo manda el literal c) del número 2 del artículo 200 del Código Procesal Civil, cuáles son esos hechos probados, indispensables para sustentar la motivación del fallo. Y en el fallo el Tribunal Ad quem declara sin lugar nuestro recurso de apelación, con lugar el recurso de apelación por adhesión presentado por la parte contraria y reforma la sentencia en cuanto a condenar en costas a GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA y confirmar los demás pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. Pero de acuerdo con el inciso d), en el fallo debió hacerse mención expresa de que como consecuencia de declararse sin lugar el recurso de apelación la sentencia de primera instancia se confirmaba SEGUNDO MOTIVO Se impugna la falta de aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil que ha debido emplearse para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, y que confirma la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos.- CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe…” Mi representada la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, presentó con su demanda el instrumento público número 29 autorizado en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, por el Notario RAIMUNDO ORELLANA, con fecha primero de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, e inscrito con el número 682, folios 235 y 236 del tomo XI del Registro de la Propiedad Inmueble del departamento de Olancho, inscripción que se hizo con fecha 23 de marzo de 1965. El impuesto de tradición que se pagó en ese entonces y cuya transcripción obra a continuación de la copia del testimonio en cuestión es del 2 de marzo de 1965. Por simple lógica elemental se deduce que el año de 1964 y que aparece como el año en que se otorgó dicho instrumento corresponde a un error material que no puede causar los efectos que le ha dado el Tribunal sentenciador, pues corresponde al año 1965, ya que de haberlo hecho en el año 1964 y pagado el impuesto un año después, habría tenido que pagar la multa por no haberlo hecho dentro de los tres días de su otorgamiento y tal como consta en el recibo de pago del impuesto no consta que se haya pagado fuera de tiempo, repito, por haberse presentado en tiempo, un día después de su otorgamiento, y reiterando también que el año del otorgamiento corresponde a 1965. No obstante lo anterior, el Tribunal sentenciador, con fecha trece de noviembre de dos mil trece dictó sentencia conociendo del proceso por vía de apelación, declarando sin lugar nuestro recurso de apelación aplicando en forma indebida los artículos 1552 y 1586 del Código Civil, omitiendo por completo lo dispuesto en el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil el que prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.” Mi representada siempre ha actuado con buena fe y adquirió los inmuebles relacionados en el instrumento número 29 mediante herencia de su difunto padre JOSE SANTIAGO MEJIA, quien a su vez lo hubo por compra que le hizo a su hermano RAUL MEJIA TORRES, cuyo hijo, el demandado reconviniente RAUL MEJIA ERAZO ahora ha obtenido una sentencia en donde se le ha anulado su título dominical y el Tribunal de Alzada al declarar sin lugar nuestro recurso de apelación así lo ha dispuesto, pero sin observar lo dispuesto en el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero, puesto que, tratándose de un justo error en materia de hecho no puede considerarse como mala fe y menos para que produzca la nulidad de un instrumento de compra venta. En tal sentido, la omisión en la aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil evidencia la infracción de dicha disposición y la vulneración del derecho de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, siendo, por tanto, admisible este motivo de casación. TERCER MOTIVO Se impugna la aplicación indebida de los artículos 1552 número 1º y 1586 número 1º en relación con el artículo 1548 también del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado, empleados para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, y que confirma la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Transcribo a continuación los artículos del Código Civil en que se apoya el Tribunal Sentenciador para dictar la sentencia en contra de mi representada: “Artículo 1552: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de las partes.” “Artículo 1586. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1º Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia.” “Artículo 1548. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” De la Ley del Notariado:“Artículo 55. Primera copia es el traslado de la escritura matriz a que tienen derecho los otorgantes.” “Artículo 22. Escritura matriz es la original redactada por el Notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización.” El Tribunal Sentenciador en los fundamentos de derecho, al exponer la motivación expresó: “PRIMERO: Que el Código Civil en su artículo 1662 establece que no hay contrato, si no cuando concurren los requisitos siguientes: a) Consentimiento de los contratantes, b) Objeto cierto y c) causa de la obligación. Que la validez de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y en el contrato de compra venta, una parte se obliga a entregar una cosa y el otro a pagar un precio cierto y en el presente caso no se acreditó la existencia del instrumento número 29 de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro en que la parte demandante sustenta su petición, conforme a lo que establece la Ley del Notariado en su artículo 55 que es primera copia, el traslado de la escritura matriz a que tienen derecho los otorgantes, y el artículo 22 de la misma ley, dice que escritura matriz es la original redactada por el notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización, y con la inspección al protocolo del notario Raimundo Orellana quedó acreditado que no existe tal instrumento 29 que contenga la matriz, por tanto la primera copia carece de validez. SEGUNDO: Que hay nulidad absoluta de los actos o contratos cuando falta algún requisito o formalidad establecida por la ley y en el presente caso existe la falta de un elemento esencial del contrato como lo es “el consentimiento” ya que no existe matriz en el protocolo, del instrumento número 29 de mil novecientos sesenta y cuatro en el que la demandante basa su reclamo, por lo que no podía disponer de los bienes que no eran de su propiedad; por lo que la decisión del Juzgado de Primera Instancia se encuentra fundamentada en derecho al decretar la nulidad solicitada por el demandado reconviniente, por referirse a un derecho hereditario inexistente.” Las disposiciones antes citadas, así como la motivación del Tribunal de Alzada responden en efecto a una situación particular en donde no ha existido un contrato y por tanto tampoco el consentimiento, pues según dicho Tribunal cuando se llevó a cabo la inspección en el protocolo del Notario RAIMUNDO ORELLANA del año 1964 se encontró con que el instrumento número 29 correspondía a otro contrato y no al contrato en donde el señor RAUL MEJIA TORRES vendió dos inmuebles al señor JOSE SANTIAGO MEJIA, pero esa no es la realidad de los hechos, ya que sí existe el contrato en cuestión y por consiguiente también existe el consentimiento otorgado por el señor RAUL MEJIA TORRES. Efectivamente, el instrumento número 29 que autorizó el Notario RAIMUNDO ORELLANA consta en el protocolo del año 1965 y que por un error en la transcripción de la primera copia se consignó el año 1964, y todo esto queda comprobado con la transcripción del recibo de pago del impuesto de tradición que tiene fecha 2 de marzo de 1965, quedando constancia que el pago se hizo un día después de su otorgamiento, como también queda comprobado con la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble que consigna el año 1965. De ahí entonces, que existiendo el contrato celebrado entre RAUL MEJIA TORRES y JOSE SANTIAGO MEJIA, no puede por manera alguna la Corte recurrida declarar sin lugar el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de primera instancia, pues un error en el año no quiere decir que el contrato sea nulo, pues como se dijo, sí_existe, como también existe el consentimiento otorgado por uno a favor del otro. Por las razones expuestas, resulta manifiesta la aplicación indebida de los artículos 1552 número 1º y 1586 número 1º en relación con el artículo 1548 también del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado, y en su lugar debió aplicarse el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil, en ese sentido, se impone la necesidad de casar la sentencia recurrida. CUARTO MOTIVO Se impugna la aplicación indebida del artículo 219 del Código Procesal Civil empleado para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia en donde se declara con lugar el recurso por adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA y que reforma la sentencia apelada en el sentido de condenar a la parte demandante reconvenida al pago de las costas en primera instancia por haber sido vencida en juicio. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Una de las pretensiones de la parte demandada reconviniente fue la condena en costas, que en primera instancia el Juzgado desestimó por tener motivos racionales para litigar mi representada ya que su demanda fue declarada sin lugar, pero en la segunda instancia, el Tribunal Ad quem acogiendo la apelación de la parte demandada reconviniente condenó a las costas. El Tribunal Sentenciador en el numeral TERCERO de los fundamentos de derecho de la sentencia impetrada expresa: “Que según el artículo 219 del Código Procesal Civil: “EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones...” y en el caso de autos, el recurrente por adhesión manifiesta que a pesar de haber ganado el juicio, no se señaló la condena en costas correspondiente, por lo que dicho pronunciamiento debe determinarse por medio de este fallo.” Y en la parte dispositiva el Tribunal de Apelación dispuso: “FALLO: 1… 2º DECLARANDO CON LUGAR el Recurso por Adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA. 3º. REFORMAR la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a la parte demandante reconvenida al pago de las COSTAS EN Primera Instancia por haber sido vencida en juicio. 4º. CONFIRMAR la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos. NOTIFIQUESE.” La demanda que promovió mi representada GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA contra RAUL MEJIA ERAZO se inició estando en vigencia el Código de Procedimientos Civiles, y por tanto todo el procedimiento estaba regulado por dicho Código, incluido lo relativo a las costas. El Código Procesal Civil entró en vigencia cuando este proceso ya estaba en curso, habiéndose dispuesto en el artículo 913 sobre los “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA”, lo siguiente: “Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga la sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” Este artículo es claro en su redacción, salvo para la Corte Tercera de Apelaciones que condena en costas a mi representado aplicando el artículo 219 del Código Procesal Civil, el cual resulta inaplicable porque dicho Código no estaba vigente cuando se inició este proceso, debiendo aplicarse el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles que era el que correspondía por ser el vigente en ese momento. QUINTO MOTIVO Se impugna la falta de aplicación del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles que ha debido emplearse para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia en donde se declara con lugar el recurso por adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA y que reforma la sentencia apelada en el sentido de condenar a la parte demandante reconvenida al pago de las costas en primera instancia por haber sido vencida en juicio.

CONCEPTO DE LA INFRACCION. Una de las pretensiones de la parte demandada reconviniente fue la condena en costas, que en primera instancia fueron desestimadas por tener motivos racionales para litigar mi representada ya que su demanda fue declarada sin lugar, pero en la segunda instancia, el Tribunal Ad quem acogiendo la apelación de la demandada reconviniente condenó a las costas en la primera instancia.

Pero el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en la tramitación del proceso en la primera instancia disponía: “La parte que fuere vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenada al pago de las costas. Podrá, con todo, el Juez o Tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que ha tenido motivos racionales para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la sentencia. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo preceptuado especialmente en este Código.” En la sentencia dictada en primera instancia se declaró sin lugar el pago de daños y perjuicios solicitados por la parte demandada y reconviniente por no estar probados los mismos y también se declaró sin lugar las excepciones perentorias de prescripción extintiva y adquisitiva de dominio y la falta de acción para demandar presentada por la parte demandada por no estar probadas las mismas, lo que significa que la parte demandante no fue vencida totalmente en juicio por lo que no procede condena en costas en la primera instancia, sin embargo la Corte Sentenciadora al condenar a mi representada lo hizo en rebeldía de lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, aplicando en forma indebida el artículo 219 del Código Procesal Civil, en tal sentido se impone la procedencia de este motivo de casación”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa en su fallo de fecha trece de Noviembre del 2013, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, declaró sin lugar el recurso por adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, reformó la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar a la parte demandante reconvenida al pago de las costas en primera instancia, confirmando la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos.

2.- La sala de lo civil reitera que el recurso de Apelación es un medio procesal concedido a la parte que se cree agraviada por una resolución de un Juez o Tribunal de primera instancia, para acudir ante el órgano superior o de segunda instancia, con el objeto de obtener de este que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución pronunciada por el órgano jurisdiccional inferior y, mediante las formalidades procesales, puede confirmar o revocar la resolución del Juez o Tribunal de primera instancia y en este últimos supuesto, dictar la sentencia sobre el fondo del asunto decidiendo todos los puntos objeto de litigio de conformidad con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en la instancia correspondiente.

3.- La sala de lo civil recuerda que conforme al artículo 705 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto: a) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. b) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente y c) la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.

4.- Por disposición del artículo 211 del Código Procesal Civil, “El incumplimiento de los requisitos contemplado por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes” y el siguiente artículo (212 número 4) establece que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” en ese sentido, examinados los autos por esta Sala de lo Civil, se aprecian las siguientes irregularidades procesales: a) Consta en la primera pieza de autos, de los folios 516 al 540 que al momento de interponer el recurso de apelación el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, acompañó un documentos público y solicitó audiencia de pruebas en segunda instancia dando las justificaciones que él estimó procedentes para hacer llegar dicho documento en ese momento procesal, sin embargo no se aprecia ninguna respuesta del Tribunal de apelaciones ya sea estimando que procede la evacuación de esa prueba en segunda instancia o bien justificando su inadmisibilidad de conformidad con los presupuesto previstos en el Código Procesal Civil, incluso guarda absoluto silencio al respecto en la sentencia misma; esta Sala de lo Civil si bien no puede entrar a hacer valoraciones sobre el contenido del documento y su efecto en el proceso, cierto es que es un derecho de las partes a recibir una respuesta sobre una petición concreta formulada en tiempo, el silencio puede llegar a comprometer el derecho de defensa pues no sabemos si realizadas las valoraciones para la admisibilidad o inadmisibilidad de ese documento ofertado podría llegar a ser considerado por el juzgador para resolver las cuestiones de fondo, esa es una cuestión que atañe al juzgador de instancia que este Tribunal respeta, centrándose nuestra apreciación en el hecho de que no se dio respuesta sobre este aspecto en concreto. b) En el preámbulo de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones se describe que el Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA INSCRIPCIÒN REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHO, promovida por GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, contra RAUL MEJIA ERAZO, nada se contempla acerca de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD POR VIA DE RECONVENCION Y DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS que conoció la Corte de Apelaciones entre las mismas partes. De conformidad con el artículo 200.2 a) del Código Procesal Civil, en el encabezamiento de la sentencia deberá expresarse no solo los nombres de las partes y los nombres de los profesionales que las defiendan y representen, sino que debe expresarse el objeto del proceso y eso faltó en la sentencia en relación a la reconvención, esta omisión le resta congruencia a la sentencia pues resulta que en la parte resolutiva se resuelven pretensiones vinculadas con la reconvención. C) Las Cortes de Apelaciones, ante un recurso de apelación, por virtud de lo previsto en el artículo 715 del Código Procesal Civil, podrá adoptar cualquiera de las opciones siguientes: 1) Declarar la nulidad absoluta de actuaciones o de parte de ellas y ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2) Anular la resolución apelada y devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3) Revocar la sentencia apelada y resolver directamente cuando se aprecie infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración siempre que no afecte la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir. 4) Si se afectare la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 5) Revocar la sentencia apelada y dictar la que estime procedente si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. Como se puede observar en los supuestos anteriormente expuestos, no se puede colegir que el Tribunal de Apelaciones tenga atribuciones para declarar con lugar un recurso de apelaciones interpuesto por adhesión, reformar la sentencia apelada en un determinado sentido y confirmar el resto de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia, pues este supuesto no se encuentra autorizado en la nueva legislación procesal civil. Si el Tribunal de Apelaciones quería pronunciarse sobre aspectos objeto del debate, solo podía hacerlo si estimaba el recurso de apelación y revocaba la sentencia recurrida a efectos de pronunciar él la que estima conforme a derecho a efectos de que la sentencia de segunda instancia sustituya la de primera instancia, pues de lo contrario y tal y como sucede con la sentencia recurrida, los efectos jurídicos de lo decidido habría que extraerlos de las dos sentencias, la de primera y la de segunda instancia. Por las razones antes expuestas esta Sala de lo Civil reitera que las sentencias tienen requisitos o formalidades que la ley exige y que al no ser observados acarrea nulidad absoluta, en consonancia con los citados artículos 211 y 212 número 4 del Código Procesal Civil, pues en el caso de autos compromete el derecho de defensa y el debido proceso, en consecuencia, al no haber dictado la Corte de Apelaciones una sentencia que respete las formalidades que la ley establece y estando esta Sala de lo Civil sometida únicamente a la Constitución y a las leyes para hacer efectivo el Control de legalidad que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, cabe posibilitar la subsanación de errores en las formas esenciales del procedimiento y el restablecimiento de las actuaciones al estado en que se encontraban de no haberse producido el acto nulo. Las partes tienen derecho, cualquiera que sea el sentido de un fallo, a que la resoluciones que pronuncien los órganos jurisdiccionales observen estrictamente las formas procesales como instrumentos que garantizan los derechos de las partes en litigio, pues como esta Sala ha dejado establecido, las formas no son simples caprichos del legislador, son ante todo instrumentos de garantía para la realización de una justicia efectiva y en ese propósito la sentencia recurrida ha quedado en deuda con los propósitos para los cuales las formas han sido creadas, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones ha vulnerado las formas en que deben redactarse las sentencias, comprometiendo con ello los derechos de las partes involucradas en el litigio.

III PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7.1, 200, 211, 212 preámbulo y número 4, 705, 715, del Código Procesal Civil, POR UNANIMIDAD DE VOTOS dicta auto irrecurrible y resuelve: Declarar de oficio la Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive desde la sentencia de fecha trece de Noviembre del año dos mil trece dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa y subsiguientes actuaciones que se derivan de la resolución que se anula, exceptuando la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos a la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán con certificación de la presente resolución, a efecto de que proceda conforme a derecho.- SIN COSTAS. NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA