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Sentencia CC-110-13 — Registro 6699

Resumen

En segunda instancia se revocó la sentencia y el fallo deberá leerse así sin lugar la nulidad absoluta del negocio jurídico, alegada por el demandado, por considerar que el actor no estaba habilitado al momento de suscribir el contrato; estimar la acción declarativa por la vía del proceso ordinario para el reconocimiento y pago de una obligación consistente en cantidades liquidas exigibles en concepto de construcción de una obra de infraestructura.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..“El recurrente, en su primer motivo como precepto autorizante cita el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y cita el Artículo 1573 del Código Civil sin indicar si la infracción es por aplicación o interpretación del mismo; además, este Tribunal tiene establecido que los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, característica que reviste la norma citada como infringida en el presente recurso, es inviolables para efectos de casación. También en la explicación del motivo indica “Pero la prueba fundamental que no relaciona en lo absoluto la honorable Corte, es el “acta especial de verificación” que obra a folio 87 …” haciendo evidente que se refiere a la prueba aportada el juicio, olvidando que la infracción por aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, con fundamento en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso, por lo que el motivo es inadmisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..“El impetrante en su segundo motivo, con fundamento en el Artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia también solicita la revisión de la motivación fáctica de la misma pero la revisión probatoria en casación no se puede instar conforme lo ordena el numeral 1 del Artículo 720 del Código Procesal Civil a menos que tal revisión se fundamente en el numeral 2 del Artículo 720 del mismo Código Procesal Civil, en relación en el Artículo 719, numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, no habiéndolo hecho así, el cargo resulta incompleto y por consiguiente inadmisible.”

Legislación citada

Sentencia

EXPEDIENTE S.C. 110-2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14 ) días del mes de enero de dos mil catorce (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, representado en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores WALDINA GAVARRETE, JOSE ARISTIDE FLORES NAGERA Y LA SOCIEDAD MARINOS PESCADERIA, S. DE R.L., representados en juicio por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA.

OBJETO DEL PROCESO: ACCION DECLARATIVA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA OBLIGACION CONSISTENTE EN CANTIDADES LIQUIDAS ACTUALMENTE EXIGIBLES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (EDIFICO), INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES, COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en su condición de Representante Legal del señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, contra los señores JOSE ARISTIDE FLORES NAGERA, WALDINA LIZZETTE GAVARRETE ORTEGA, LA SOCIEDAD INVERSIONES ALIMENTARIAS Y TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INATUR S.A. DE C.V.) Y LA SOCIEDAD MARINOS S SEAFOOD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, conocida como “Marinos Pescadería S. de R.L. de C.V.”

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la ACCION DECLARATIVA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA OBLIGACION CONSISTENTE EN CANTIDADES LIQUIDAS ACTUALMENTE EXIGIBLES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (EDIFICO), INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES, COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en su condición de Representante Legal del señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, contra los señores JOSE ARISTIDE FLORES NAGERA, WALDINA LIZZETTE GAVARRETE ORTEGA, LA SOCIEDAD INVERSIONES ALIMENTARIAS Y TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INATUR S.A. DE C.V.) Y LA SOCIEDAD MARINOS S SEAFOOD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, conocida como “Marinos Pescadería S. de R.L. de C.V., dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA en su condición de apoderado legal del señor JOSE ARISTIDES FLORES NAGERA, la señora WALDINA GAVARRETE, de la sociedad MARINOS PESCADERIA S de R.L., INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A. y MARINOS SEAFOOD S. de R.L. contra la sentencia definitiva de fecha diez de septiembre de dos mil doce (F296), dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés.- SEGUNDO: REVOCANDO la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil doce (F296), dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, agregada al expediente de merito; emitiendo resolución, cuyo fallo deberá leerse así: 1) Sin lugar la nulidad absoluta del negocio jurídico, alegada por el demandado, por considerar que el actor no estaba habilitado al momento de suscribir el contrato.- 2) Estimar la acción declarativa por la vía del proceso ordinario para el reconocimiento y pago de una obligación consistente en cantidades liquidas exigibles en concepto de construcción de una obra de infraestructura.- 3) Condenando al señor JOSE ARISTIDES FLORES NAGERA al pago de trescientos noventa y seis mil ochocientos setenta y siete con cuarenta centavos (L 396,877.40) en concepto de obligación pendiente de pago del contrato original; mas el siete por cuanto (7%) del interés legal anual, a partir del ultimo pago de fecha catorce de noviembre de dos mil once, no así en cuanto al pago reclamado en concepto de obras adicionales, pago de daños y perjuicios, daño moral y patrimonial.- 4) Sin lugar la acción declarativa para el reconocimiento y pago de una obligación consistente en cantidades liquidas exigibles en concepto de construcción de una obra de infraestructura e indemnización por daños y perjuicios ocasionados, intereses legales y costas del juicio, promovida contra la señora WALDINA LISSETTE GAVARRETTE ORTEGA, así como contra las sociedad MARINOS SEAFOOD S DE R.L. de CV., MARINOS PESCADERIA S DE R.L. de CV., MARINOS PESCADERIA S de R.L., INVERSIONES ALIMENTICIAS Y TURISTICAS S.A. de CV. (INATUR).- 5) SIN COSTAS en primera instancia.- TERCERO: Se absuelve a los demandados, la señora WALDINA LISSETTE GAVARRETTE ORTEGA, así como contra las sociedad MARINOS SEAFOOD S DE R.L. de CV., MARINOS PESCADERIA S DE R.L. de C.V., MARINOS PESCADERIA S de R.L., INVERSIONES ALIMENTICIAS Y TURISTICAS S.A. de CV. (INATUR); al pago de los trescientos noventa y seis mil ochocientos setenta y siete con cuarenta centavos (L 396,877.40) en concepto de obligación pendiente de pago del contrato original; mas el siete por cuanto (7%) del interés legal anual, a partir del ultimo pago de fecha catorce de noviembre de dos mil once, así en cuanto al pago reclamado en concepto de obras adicionales, pago de daños y perjuicios, daño moral y patrimonial, reclamados por el demandante señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA…SIN COSTAS en segunda instancia”.”.

SEGUNDO: El Representante Procesal del señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Abogado OMAR MENJIVAR ROSALES, presentó en fecha seis (06) de mayo del año dos mil trece (2013), escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés.

TERCERO: Mediante auto de fecha siete (07) de mayo del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de Casación por parte del Abogado OMAR MENJIVAR ROSALES, en su condición ya indicada y acordó concederle a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles, para que se pronunciara sobre el contenido del escrito.

CUARTO: El Representante Procesal de los señores JOSE ARISTIDE FLORES NAGERA, WALDINA GAVARRETE, Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil trece (2013), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados JUMY MAURICIO FLORES MEJIA Y LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fecha once (11) de junio del dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “I. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY La solución de fondo del conflicto, contenida en el fallo resolutivo de la Corte, carece de una fundamentación jurídica suficiente, al hacer una interpretación restringida las normas de derecho sustantivo aplicables al caso. Precepto autorizante: El motivo de casación invocado lo autoriza el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”. Explicación del motivo: Esta Honorable Corte al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los demandados, en el ordinal tercero de la motivación fáctica y jurídica, arriba a la conclusión de que los demandados no deben el pago de obras adicionales a mi representado, aduciendo que si bien existen obras adicionales (incluso cita algunas), no fue acreditado que las mismas hubiesen sido autorizadas por el Señor José Aristide Flores Nagera, quien fue el suscriptor del contrato que originó la acción civil que nos ocupa, tal como lo establece la cláusula octava del referido contrato, el cual obra entre los folios 26 al 28. Efectivamente la cláusula octava del contrato establece que “El contratista por indicaciones del contratante hará obras adicionales de mano de obra de construcción…”. No obstante la Honorable Corte de Apelaciones, al arribar a esa afirmación, en primer lugar desconoce el conjunto de medios probatorios que fueron agotados durante la audiencia de debate y considera sólo parcialmente una de ellas (reconocimiento judicial), con lo cual implícitamente niega el hecho de que el demandado: a) delegó la responsabilidad de supervisar y ocuparse del proyecto, al Señor Edy Gavarrete (hermano de Waldina Gabarrete, también demandada y esposa de José Aristide Flores Nagera) y era este quien solicitaba y ordenaba las obras adicionales. b) en virtud de lo anterior, el demandado José Aristide Flores Nájera, tuvo conocimiento de las obras adicionales reclamadas por mi representado; c) consintió las mismas al no protestar su construcción y d) realizó actos de reconocimiento de tales obras y asumió compromiso de pago de las mismas. Los puntos a, b, c y d, citados, quedan demostrados con el propio interrogatorio de parte que rindió el Señor José Aristide Flores Nagera, así como el interrogatorio de la demandada Waldina Gabarrete y la declaración del Señor Edy Gabarrete, testimonios que al respecto coinciden con lo manifestado por los testigos Fredy Castellón Rodríguez y Jerson Joel Villanueva (todas van del folio 66 vuelto, al folio 269 vuelto) Pero la prueba fundamental que no relaciona en absoluto la honorable Corte, es el “acta especial de verificación” que obra a folio 87, la cual es suscrita por profesionales de la ingeniería y del derecho, representando en paridad tanto al Señor Flores Nagera como a mi representado, la cual tuvo por objeto, de común acuerdo, determinar pericialmente la existencia de las obras adicionales, llegando a la conclusión común de que existieron 135.72 metros cuadrados de construcción adicional, de lo cual resulta un valor de Setecientos veinticuatro mil setecientos ochenta y cinco lempiras con treinta centavos (L. 724,785.30), al tenor de los honorarios pactados en el contrato, por metro cuadrado. Conviene insistir que la constatación de tal excedente de construcción fue determinado mediante el nombramiento de ingenieros por ambas partes, los cuales emitieron un informe conjunto, al que denominaron acta especial de verificación. Precisamente la falta de apreciación de los medios de prueba ya relacionados es lo que lleva a la honorable Corte a incurrir en el error in iudicando, consistente en la falta de aplicación correcta del derecho al desconocer que efectivamente existieron las obras adicionales, las cuales jamás podrían haber sido construidas como consecuencia de un acto deliberado de parte de mi representado, sino mas bien porque alguien, con autoridad para ello, se lo ordenó o pidió, dentro de los límites que establecía el contrato. Demás está decir que dichas obras adicionales han sido y son aprovechadas por los demandados y por ende deben pagar por ellas, ya que de otro modo estarían sacando un provecho injusto y el derecho, como sistema que garantiza la armónica convivencia y solución pacífica de los conflictos, estaría fracasado al desproteger a quien de buena fe cumplió un contrato y los lineamientos de su contratante. El artículo 1573 del Código Civil establece que “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.” Las obras adicionales están contempladas en el contrato, en su cláusula octava y esa es la fuente original de la obligación de pago, fuente que encuentra legitimación jurídica en el citado artículo 1573 del Código Civil. II. MOTIVO DE CASACIÓN POR INOBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES La sentencia que hoy impugnamos violenta la rigurosa forma que determina el artículo 200 del Código Procesal, para las sentencias y es carente del contenido sustancia que supone su estructura. Precepto autorizante: El artículo 719.1.c del Código Procesal Civil establece como una de las causales del recurso de casación, la forma y contenido de la sentencia. Explicación del Motivo: El artículo 200 del Código Procesal Civil establece como imperativo a los Jueces y Magistrados los lineamientos que determinan el contenido formal de las sentencias estableciendo en el numeral 2, letras b y c, que las sentencias deberán contener lo siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. De la simple lectura de la sentencia que ahora impugnamos se deduce que la misma no está ajustada a la forma y contenido que dispone el citado artículo 200 del Código Procesal Civil, especialmente en lo referente al numeral 2, letras b) y c) ya que no cuenta con una definición precisa de los hechos que estimó como probados, alrededor de los cuales tendría que girar la motivación jurídica, la cual es también insuficiente, en lo siguiente: 1) Al justificar la denegación, el ordinal tercero de la “motivación fáctica y jurídica”, el pago de las obras adicionales, no hace ninguna referencia a fundamentos jurídicos que le den asidero legal a su determinación. 2) En el ordinal cuarto de la motivación “fáctica y jurídica”, deniega la condición de todos los demandados, reconociéndole tal calidad sólo al Señor José Aristide Flores Nagera, y obvia pronunciamiento alguno sobre la argumentación nuestra, planteada en el recurso de apelación, con relación a la condición de obligados que tenía Marino’s Pescadería y a la condición de rebeldes de las otras demandadas (Marino’s Sea Food S. de R.L. e Inversiones Alimenticias y Turísticas S.A. de C.V –INATUR-), las cuales permanecieron en rebeldía durante todo el proceso, aún habiendo sido notificadas y emplazadas oportunamente para que contestaran la demanda. Así fueron declaradas en la audiencia preliminar. 3) Con relación a la denegación de los daños y perjuicios, cuya justificación se aprecia en el ordinal quinto de la referida “motivación fáctica y jurídica”, no existe ninguna referencia a disposición legal concreta que le de sustento legal a tal decisión. En las condiciones antes dichas, es evidente que la sentencia impugnada no se ajusta a los requerimientos que establecen los literales b y c del numeral 2 del artículo 200 del Código procesal Civil, con lo cual el motivo de casación invocado queda meridianamente acreditado”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sual, Departamento de Cortés, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Omar Menjivar Rosales, en su condición de representante procesal del señor Wilfredo Rodríguez Villafranca, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 21 de marzo de 2013; recurso de casación que formalizó en dos motivos, en el primero como precepto autorizante cita el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y cita el Artículo 1573 del Código Civil sin indicar si la infracción es por aplicación o interpretación del mismo; y, en el segundo con fundamento en el Artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicita la revisión de la motivación fáctica de la misma.

  2. El recurrente, en su primer motivo como precepto autorizante cita el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y cita el Artículo 1573 del Código Civil sin indicar si la infracción es por aplicación o interpretación del mismo; además, este Tribunal tiene establecido que los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, característica que reviste la norma citada como infringida en el presente recurso, es inviolables para efectos de casación. También en la explicación del motivo indica “Pero la prueba fundamental que no relaciona en lo absoluto la honorable Corte, es el “acta especial de verificación” que obra a folio 87 …” haciendo evidente que se refiere a la prueba aportada el juicio, olvidando que la infracción por aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, con fundamento en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso, por lo que el motivo es inadmisible.

  3. El impetrante en su segundo motivo, con fundamento en el Artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia también solicita la revisión de la motivación fáctica de la misma pero la revisión probatoria en casación no se puede instar conforme lo ordena el numeral 1 del Artículo 720 del Código Procesal Civil a menos que tal revisión se fundamente en el numeral 2 del Artículo 720 del mismo Código Procesal Civil, en relación en el Artículo 719, numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, no habiéndolo hecho así, el cargo resulta incompleto y por consiguiente inadmisible.

  4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus dos motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  5. Que el apoderado legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.

  6. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por el Abogado Omar Menjivar Rosales, en su condición de representante procesal del señor Wilfredo Rodríguez Villafranca, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la demanda ordinaria para el reconocimiento y pago de una obligación consistente en cantidades liquidadas actualmente exigibles en concepto de construcción de una obra de infraestructura (edificio), indemnización por daños y perjuicios ocasionados, intereses legales correspondientes y costas del juicio, interpuesta por el señor Wilfredo Rodríguez Villafranca, contra los señores José Arístides Flores Nágera, Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, la sociedad Inversiones Alimentarias y Turísticas, S. A. de C.V. (INATUR) y la sociedad Marinos Seafood, S. de R.L. de C.V., conocida como Marinos Pescadería, S. de R.L. de C.V. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Francisco Morazán, el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), en el expediente de apelación número tres mil trescientos trece - CV (3313-CV), originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número cero cinco cero uno, dos mil doce, cero cero trescientos veintiséis – LCO (0501-2012-00326-LCO) del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA

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