Sentencia CC-95-12 — Registro 4362
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de una escritura pública, en segunda instancia se declaró ha lugar parcialmente el recurso de apelación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Tras estudio al presente recurso no se encuentra un vínculo racional por parte del impetrante que concatenen las infracciones denunciadas con el precepto autorizante del primer motivo. Lo anterior se deriva que lo alegado como infracción proviene de dos diferentes preceptos legales (Artículo 287 y Artículo 712, ambos de Código Procesal Civil) y siendo deber del recurrente establecer las infracciones de manera clara, individualizada y precisa, por consiguiente el primer motivo tal como se encuentra interpuesto, carece de los requisitos establecidos en el articulo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil. Se adiciona que la sentencia impetrada EN NINGUNA DE SUS PARTES establece la inadmisión de prueba testifical, por lo cual la recurrencia no esta apegada a derecho. Dado caso la inadmisión a prueba no fue en la sentencia recurrida, sino en el auto anterior de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012), el cual tuvo que traerse para casación. Se fundamenta también esta inadmisión en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" El impetrante en su tercer motivo de casación se refiere a actuaciones realizadas en primera instancia, “coartando con ello el derecho de defensa como garantía inviolable que establece la Constitución de la República de Honduras en su artículo 82, sin indicar el precepto autorizante en que fundamenta este tercer motivo, que pudo ser el numeral 1, literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Además, el recurrente olvida que contra lo que recurrió, en este recurso extraordinario de casación, es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el 15 de febrero de 2012 y, contra ella, no se pronunció por lo que al no haberla atacado, para el impugnante fue dictada conforme a derecho; por consiguiente, el cargo resulta inadmisible."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
AUTO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de octubre del dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: El señor EDWIN ROBERTO LEIVA, representado en juicio por el Abogado CASTULO VEGA CALDERON, y recurridos: Los señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO, representados en juicio por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE Y SE CANCELE SU INSCRIPCION REGISTRAL Y SE DECLARE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha, diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010), por el Abogado MARIO ADALID RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal de los señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO, contra el señor EDWIN ROBERTO LEIVA.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil once (2011), falló: “Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES en su condición antes indicada y en contra de la sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Segundo de Letras Departamental, visible a folios 309 al 311 de la primera pieza de autos, en la demanda ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de una escritura pública que contiene un contrato de compra y venta de un inmueble y su inscripción registral, interpuesta por el Abogado MARIO ADALID RODRIGUEZ, quien actuó en su condición de apoderado judicial de lo señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALERO AMAYA y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO, todos de generales a expresadas en el preámbulo de ésta resolución y que le promovieron a los señores EDWIN ROBERTO LEIVA y CARMEN MIRAMAR CABALLERO LEIVA también de generales expresadas. SEGUNDO: REVOCAR el fallo impugnado. TERCERO: Declarar HA LUGAR parcialmente la demanda planteada por los señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA y TONI CABALLERO VALLECILLO, en contra de los señores EDWIN ROBERTO LEIVA Y CARMEN MIRAMAR CABALLERO LEIVA. CUARTO: Declarar la nulidad parcial del instrumento Público No. 100, de fecha Ocho de Mayo del Año Dos Mil Ocho, autorizado en la ciudad de Santa Bárbara, por el Notario MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, e inscrito su de la Propiedad de ésta sección judicial, que contiene una compra y venta de un inmueble descrito en los folios 11 al 12, 192 al 192 al 194 de la primera pieza de autos. QUINTO: Ordenarle al señor Notario MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, del Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la cancelación parcial del instrumento No.100 autorizado en ésta ciudad el día Ocho de Mayo del Año Dos Mil Ocho, en donde comparece el señor EDWIN ROBERTO LEIVA, vendiéndosele a la señora CARMEN MIRAMAR CABALLERO LEIVA, CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA CUATRO TREINTA Y TRES VARAS CUADARDAS ( 441.33V2) desmembramiento que hace de un lote de mayor cabida, o sea de una casa de habitación en el municipio de San Nicolás de éste departamento y dejar válido y subsistente la compra y venta que le hace la señora ESTELA LEIVA CABALLERO, AL SEÑOR edwin Roberto Leiva sobre un inmueble descrito en el ordinal segundo de dicho instrumento. Se condene al pago de costas de primera y segunda instancia a los demandados.” El Juzgado A-quo falló: “Primero: Se declara SIN LUGARN la Demanda Ordinaria LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICO QUE CONTIENEN UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE Y SE CANCELE TOTALOMENTE SU INSCRIPCIO RREGSITRAL Promovida por el Abogado: MARIO ADALID RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Judicial de el de los señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA Y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO, todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- Segundo: Con especial condena en costas a la parte demandante por no haber tenido razones para litigar.”
SEGUNDO: Que la representación procesal del señor EDWIN ROBERTO LEIVA, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), interpuso recurso de casación contra la sentencia de fecha doce (12) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por el Juzgado Segundo de Letras departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara.
TERCERO: Mediante auto de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo, notificándose los Abogados ALICIA OSMUNDA ENAMORADO CABALLERO y CASTULO VEGA CALDERON, ambos en fecha veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012).
CUARTO: La representación procesal de los señores PEDRO CABALLERO AMAYA, DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO, presentó en fecha TREINTA (30) de marzo de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, el cual fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara en fecha nueve (9) remitiendo las piezas primera y segunda instancia a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012), y formado el presente expediente, se personaron los Abogados OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADAREZ y CASTULO VEGA CALDERON, en fechas diecinueve (19) y veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), respectivamente.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Impugno la aplicación e interpretación de las normas procesales que = regulan la aplicación e interpretación de actos y garantías procesales que se han infringido y que me han producido indefensión si quedara firme la sentencia definitiva que dictó este Tribunal el quince de febrero del año dos = mil doce, en la que se tiene en ambas instancias al Abogado BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ en su condición de Curador AD-LITEM del señor EDWIN ROBERIO LEIVA como apelado; fundándome para ello en los hechos y disposiciones de = ley, siguientes: Existe violación flagrante de los párrafos segundo y tercero del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente establece: “Si fuere conocido el domicilio del demandado, se le citará personalmente; y si no lo fuere, o se ignorare su paradero, por ocultación o ausencia y careciere de representante, se hará la citación a un curador especial, quien representará al demandado hasta que comparezca personalmente o por medio de = Procurador. El nombramiento de curador especial se hará a solicitud del demandante, previa información sumaria, con intervención del Fiscal.” lo.= El domicilio mío es conocido, prueba de ello es que en el preámbulo de la demanda en el folio uno 1, el apoderado de los demandantes expresa y claramente consigna: “acción judicial que interpongo contra las siguientes personas: 1) EDWIN ROBERTO LEIVA CABALLERO, mayor de edad, casado, ingeniero civil, hondureño, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa Distrito Central;” Está claro y probado por el mismo apoderado de los demandantes, que el domicilio del demandado ES CONOCIDO, en consecuencia debió como manda la ley citada, CITARSEME PERSONALMENTE y emplazarme para contestar dicha demanda ordinaria. - Pero NO SE ME CITO NI EMPLAZO, PARA CONTESTAR LA DEMANDA.- Al no citárseme personalmente se infringió lo establecido en el artículo 1º DEL Código de Procedimientos Civiles; y se coartó mi derecho de DEFENSA que ES INVIOLABLE, como garantía establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras. SEGUNDO MOTIVO: 2º. = El párrafo último o tercero del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, establece: ”El nombramiento de curador especial se hará a solicitud del demandante, previa información sumaria, con intervención del Fiscal.” En el folio noventa y uno 91 de la primera pieza de autos, se encuentra el auto de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil once, que el Juez Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, en que a petición del apoderado de los demandantes, nombró como Curador Ad-Litem del señor Edwin Roberto Leiva Caballero al Abogado BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ. Sin intentar ni proponer la parte demandante, que previamente se siguiera como manda la ley, la INFORMACION SUMARIA, y el Juez A-quo omitió dicho requisito establecido en una ley de orden público.= Con lo que se infringió lo establecido en el articulo citado, y el cual NO = citó en el auto o providencia relacionado; coartando con esa violación mi derecho de DEFENSA que ES INVIOLABLE, como garantía expresamente establecida en el articulo 82 de la Constitución de la República de Honduras. TERCER MOTIVO: 3.= El apoderado de los demandantes, fraguó un subterfugio para que el Juez Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, nombrara el Curador Ad-Litem, aparentando llenar requisitos; pero dejó las huellas en las mismas diligencias, en la forma siguiente: A) Hizo que la Receptora del Juzgado de Paz Civil del Distrito Central se constituyera en una casa de la colonia Miraflores y hablara con == una empleada doméstica de nombre SUYAPA AMADOR, extremo que consta en las CONSTANCIAS selladas y firmadas por ella, y que se encuentran en los folios setenta y tres 73, setenta y cuatro 74, y setenta y cinco 75 de la Primera Pieza de autos. - En estas CONSTANCIAS se puede leer fácilmente en la del folio setenta y cinco 75: “HACE CONSTAR: que en fecha 21 de Octubre del año 2010, me constituí en la colonia Miraflores, la cual dicha dirección fue proporcionada por la parte interesada en las presentes diligencias y con el inicio fin de citar y emplazar personalmente en legal y debida forma a EDWIN ROBERTO LEIVA CABALLEPO Y CARMEN MIRAMAR CABALLERO LEIVA”. La demandada Carmen Miramar Caballero Leiva, a petición de la parte demandante, fue citada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, lo que consta en el folio sesenta y seis vuelto 66, en cumplimiento de la comunicación que el A-quo le había librado, después que el Juzgado de Paz del municipio de San Nicolás del departamento de Santa Bárbara no la había encontrado en San Nicolás.= Cabe aclarar que el apoderado de la parte demandante, para citar a la demandada Carmen Miramar Caballero Leiva, había solicitado habilitación de días y horas inhábiles, en el escrito que se encuentra en el folio sesenta y tres 63, a lo que accedió el Juez A-quo, razón por la cual fue buscada el DOMINGO VEINTE Y CUATRO DE OCTUBRE por el Secretario del Juzgado de Paz de San Nicolás. Así que la Receptora del Juzgado Civil de Paz Civil del Distrito Central, NO podía tratar de citarla, pues no se le habían delegado facultades para citar en días y horas inhábiles a Carmen Miramar Caballero Leiva, en la comunicación que le había librado el A-quo.= El día 21 de octubre es feriado nacional, por consiguiente inhábil para que la Receptora del Juzgado de Paz Civil del Distrito Central, practicara la citación y emplazamiento del demandado EDWIN ROBERTO LEIVA CABALLERO, porque para esa diligencia NO se hablan habilitado días ni horas inhábiles. B)La persona o personas interesadas en suministrar a la Receptora del = Juzgado de Paz Civil del Distrito Central, por ser sobrinos los demandantes de los demandados, conocen bien la casa de habitación de Edwin Roberto Leiva Caballero en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa y == por ello también conocen a la empleada doméstica, por eso le suministraron a la Receptora el nombre de SUYAPA AMADOR, pero se equivocaron, porque esa empleada tiene por nombre MARTHA SUYAPA LOPEZ SANCHEZ cuya certificación de partida de nacimiento acompaño, también = acompaño fotocopia de su identidad y una constancia de dos personas vecinas de la casa de habitación del demandado. C) Los AVISOS que se extendieron para su publicación en un periódico = de circulación nacional y en una emisora, fueron emitidos: el de fecha 11 de Febrero del año dos mil once, por el Secretario por Ley = Marco Antonio Sabillón Turcios; y el de fecha 4 de abril del 2011, = por el Secretario José Luis Zúniqa Rodríguez, literalmente se lee: = “para que represente al Demandado señor EDWIN ROBERTO LEIVA CABALLERO en la presente Demanda en virtud de desconocerse su domicilio y = no tener Apoderado Legal que lo Represente.” Con esos avisos se estaba faltando a la verdad, por Ministros de Fe, haciéndolos falsos al engañar al público en general.= Coartando con = ello mi derecho de defensa como garantía inviolable que establece la Constitución de la República de Honduras en su artículo 82. D) En el folio noventa y uno 91 de la primara pieza, se encuentra el auto de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil Once, nombrando al Abogado BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ Curador Ad-Litem de Edwin Roberto Leiva Caballero, y en el mismo frente de ese folio, seguidamente del = auto, fue notificado el nombrado y en el mismo acto aceptó el nombramiento, sin estar firme el auto, pues en el mismo folio a la vuelta se encuentra con fecha uno de abril o sea el día siguiente del auto, la notificación que del auto hizo el Secretario a la apoderada de la demandada Carmen Miramar Caballero Leiva, y al apoderado de los demandantes; y hasta el día de hoy, no aparece notificación al Fiscal, a quien se le había dado participación para que emitiera dictamen a fin de nombrar el Curador Ad-Litem, y que por consiguiente se le debió notificar conforme a la ley. Con todo lo antes expuesto y con las pruebas que se encuentran formando parte de la primera y segunda pieza de autos, NO puede que dar la menor duda, de que con las infracciones de los actos y garantías procesales y constitucionales desde la Demanda hasta la misma sentencia definitiva, se produjeron y siguen produciendo INDEFENSION en mi perjuicio, por lo que es procedente el recurso de Casación interpuesto y formalizado. CELEBRACION DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL Fundándome en el inciso 3 del artículo 721 del Código Procesal Civil esturo que se debe celebrar una audiencia, la que si este honorable Tribunal tiene a bien mandarla celebrar conforme a su leal saber y entender, en la que se puedan subsanar errores o anomalías emitidas, que los demandantes puedan hacer uso e su derecho de defensa. El inciso en que me fundó, literalmente establece: “Artículo 721. INTERPOSICION Y FORMALIZACION. También se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante auto de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce (2012), tuvo por personado al señor Edwin Roberto Leiva, al Abogado Cástulo Vega Calderón como apoderado judicial del demandado y admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado Cástulo Vega Calderón, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012); recurso de casación que formalizó en tres motivos; en el primero impugna “la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la aplicación e interpretación de actos y garantías procesales que se han infringido y que han producido indefensión …” y cita como disposición violada los párrafos segundo y tercero del Artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles sin señalar el precepto autorizante en que fundamenta su motivo; en el segundo alega infracción del párrafo tercero del Artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles, “coartando con esa violación el derecho de DEFENSA que ES INVIOLABLE, como garantía expresamente establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras”, omitiendo también señalar el precepto autorizante en que fundamenta este segundo motivo, y, como tercer motivo se refiere a actuaciones realizadas en primera instancia, “coartando con ello el derecho de defensa como garantía inviolable que establece la Constitución de la República de Honduras en su artículo 82, sin indicar el precepto autorizante en que fundamenta este tercer motivo.
El recurrente en su primer motivo de casación impugna “la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la aplicación e interpretación de actos y garantías procesales que se han infringido y que han producido indefensión …” y cita como disposición violada los párrafos segundo y tercero del Artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles, sin señalar el precepto autorizante en que fundamenta su motivo que pudo ser el numeral 1, literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Además de que el impetrante omite señalar el precepto autorizante en que fundamenta el cargo, se observa que el motivo carece de la separación y claridad exigida por el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil, cuando impugna, en el mismo motivo, la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la aplicación e interpretación de actos y garantías procesales, dos causales de casación que se producen por causas diferentes, como lo son la aplicación e interpretación, que debió haber alegado en motivos diferentes y separados para hacer posible a la Corte el estudio del recurso. Finalmente, en el desarrollo del cargo, el impetrante incumple lo señalado en el Artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación, no habiéndolo hecho, el cargo resulta incompleto.
El impugnante en su segundo motivo de casación alega infracción del párrafo tercero del Artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles, “coartando con esa violación el derecho de DEFENSA que ES INVIOLABLE, como garantía expresamente establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras” omitiendo también señalar el precepto autorizante en que fundamenta este segundo motivo que pudo ser el numeral 1, literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Además de no señalar el precepto autorizante, el impetrante en el desarrollo del cargo incumple lo señalado en el Artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recurso devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación, no habiéndolo hecho, el cargo resulta incompleto.
El impetrante en su tercer motivo de casación se refiere a actuaciones realizadas en primera instancia, “coartando con ello el derecho de defensa como garantía inviolable que establece la Constitución de la República de Honduras en su artículo 82, sin indicar el precepto autorizante en que fundamenta este tercer motivo, que pudo ser el numeral 1, literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Además, el recurrente olvida que contra lo que recurrió, en este recurso extraordinario de casación, es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el 15 de febrero de 2012 y, contra ella, no se pronunció por lo que al no haberla atacado, para el impugnante fue dictada conforme a derecho; por consiguiente, el cargo resulta inadmisible.
En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literales a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
Que el apoderado legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por el Abogado Cástulo Vega Calderón, en su condición de apoderado legal del señor Edwin Roberto Leiva Caballero, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la demanda ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de una escritura pública que contiene un contrato de compraventa, promovida por el Abogado Mario Adalid Rodríguez, en su condición de apoderado legal de los señores Pedro Caballero Amaya, Danny Bladimir Caballero Amaya y Tony Alexander Caballero Vallecillo, contra los señores Edwin Roberto Leiva Caballero y Carmen Miramar Caballero Leiva. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), en el expediente de apelación número 04-12 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 160-2010 del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Se recuerda a la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que la admisión a trámite o no de un recurso de casación, conforme al numeral 1 del Artículo 723 del Código Procesal Civil, corresponde a la Corte Suprema de Justicia y no a las Cortes de Apelaciones que sólo podrán tenerlo por interpuesto y formalizado, darle el trámite que mandan el numeral 5 del Artículo 721 y Artículo 722 del Código Procesal Civil. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA