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Sentencia CC-93-11 — Registro 5173

Resumen

Demanda ordinaria de nulidad parcial de una escritura pública y su inscripción que fue declarada sin lugar. En segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El recurrente en su primer motivo, viene invocando como causal de casación los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, señalando que esta causal está en el literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, ahora bien, este artículo que cita establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan esos actos, de modo que el censor deviene obligado a fijar con claridad y precisión si lo que viene impugnando es la aplicación o la interpretación de determinados preceptos procesales que conduzcan a la causal citada, sin embargo, al examinar el libelo del impetrante resulta notorio que se da a la tarea de citar como infringidas una serie de preceptos del Código Civil, que en todo caso serían normas de derecho que eventualmente podrían ser citadas para la solución del fondo del litigio y no se trata de normas que regulan actos o garantías de orden procesal, pese a que el recurrente las relaciona con los artículos 270 numeral 2, 274, 320 numeral 2 y 336 del Código de Procedimientos, no obstante al desarrollar el recurso formula una serie de alegatos de instancia pretendiendo una revisión probatoria sin puntualizar en ningún momento cuales son las normas procesales infringidas y como es que ello implica la nulidad o produce indefensión al vulnerar actos o garantías procesales, pues finalmente en su alegato insiste en que se han violentado los artículos 1610 y 2362 numeral 4 del Código Civil, resultando un recurso inadmisible por las razones siguientes: a) Se señala una causal de casación relativa a normas procesales que regulan actos o garantías cuya infracción supone la nulidad o produce indefensión, sin embargo se citan normas sustantivas. b) Se pretende una revisión probatoria y c) Para invocar normas sustantivas debió haberse invocado la causal del artículo 719.2 del Código Procesal Civil pero partiendo de las normas que indebidamente aplicó el tribunal para poder traer a colación las que si debió aplicar. Estas razones hacen inadmisible este primer cargo por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con los artículos 720 y 721.2 del Código Procesal Civil, en tanto que el recurso debía fundarse con la suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnado, lo que no logró establecer el recurrente."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"El recurrente en su Segundo motivo de casación viene invocando, como causal de casación la prevista en el literal c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, por violación del artículo 190 del Código de Procedimientos, que refiere que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, sin embargo, por disposición del artículo 719.1 c), únicamente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas, es decir, aquellas que el juzgador haya utilizado, lo que significa que para invocar la violación (falta de aplicación de una norma determinada) habrá que impugnar primero aquellas que indebidamente fueron aplicadas, ahora bien, un examen detenido de los autos demuestra que si bien el Tribunal de Segunda instancia no cita expresamente ni hace alusión al contenido del artículo 190 citado por el censor, resulta que al confirmar la Corte de Apelaciones la Sentencia de primera instancia, hace suyos los fundamentos utilizados por el Juez, en donde se aprecia que si se ha citado expresamente el artículo 190 del Código de Procedimientos y que hace suyo la Corte de Apelaciones, por tanto, resulta de autos que la normativa invocada si fue aplicada y no cabe hablar de violación (falta de aplicación), por otra parte, aunque no hubiese sido citado expresamente ese artículo, se observa tanto en la sentencia del Juez como la del Tribunal, que el órgano jurisdiccional si fallo congruentemente conforme las pretensiones de las partes, en tanto que una pretensión era la anulatoria de los instrumentos públicos y la otra era que se desestimara esa demanda, en ese sentido las declaraciones en la sentencia de la Corte de Apelaciones, de, Sin lugar el Recurso de Apelación y confirmando la sentencia recurrida mediante la cual se declara sin lugar la demanda y absolviendo al demandado, satisfacen esas exigencias, consecuentemente no cabe impugnar por violación o falta de aplicación, por otra parte, si bien es cierto se observa que una de los puntos de derecho fijados por el demandante era lo relativo al interventor, aspecto sobre el cual ambas instancias guardaron silencio, igualmente cierto es que al declarar sin lugar la demanda se desestima esa pretensión, sin embargo, en opinión de esta Sala de lo civil, este punto en particular pudo haberse llevado al examen del Tribunal de casación vía el artículo 187 preámbulo y número 2 del Código de Procedimientos que se refiere al contenido específico de la sentencia que manda que en los considerándoos se aprecien los puntos de derecho fijados por las partes y se de las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de pronunciarse, pero que no entra al examen del supremo tribunal por no haber sido instado por el recurrente, en consecuencia, el motivo de casación planteado resulta inadmisible por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con el 721.2 del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de junio del año dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO como Coordinador, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación Interpuesto, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Recurrente: La señora J. T., representada en juicio por el Abogado D. U. A. L.; y Recurridas: los señores J. R. R. y V. R. representados en juicio por los Abogados M. H. D. M. y K. N. F. B., respectivamente.

OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria de Nulidad Parcial de una Escritura Pública y asimismo se decrete la cancelación de su inscripción en el Instituto de la Propiedad de Comayagua, promovida por la señora J. T. contra el señor J. R. R. y la señora V. R. ante el Juzgado de Letras Primero de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha uno (1) de marzo de dos mil once (2011) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diez (2010) en la Demanda Ordinaria de Nulidad Parcial de una Escritura Pública y asimismo se decrete la cancelación de su inscripción en el Instituto de la Propiedad de Comayagua, promovida por la señora J. T. contra el señor J. R. R. y V. R., ante el Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua; dictó sentencia declarando: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, la Apelación interpuesta por el Abogado D. U. A. L., en su condición de Apoderado de la Señora J. T., contra LA SENTENCIA DEFINITIVA, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Veinticuatro de Septiembre del año Dos Mil Diez, mediante la cual, Declara SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD PARCIAL DE UNA ESCRITURA PUBLICA Y ASIMISMO SE DECRETE LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA, promovida por la Señora J. T., contra los Señores J. R. R. Y V. R.- SEGUNDO: CONFIRMA la SENTENCIA DEFINITIVA, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Veinticuatro de Septiembre del año Dos Mil Diez, mediante la cual, Declara SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD PARCIAL DE UNA ESCRITURA PUBLICA Y ASIMISMO SE DECRETE LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA, promovida por la Señora J. T., contra los Señores J. R. R. Y V. R..- TERCERO: SIN COSTAS.”

SEGUNDO: La representación procesal de la señora J. T. presentó, en fecha trece (13) de abril de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha uno (1) de marzo de dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua.

TERCERO: Mediante providencia de fecha catorce (14) de abril del año dos mil once (2011) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.

CUARTO: La Representación Procesal de los señores J. R. y V. R., los Abogados M. H. D. M. y K. N. F. B., no presentaron pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto, por lo que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua emitió providencia en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), mediante la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los Abogados D. U. A. L., M. H. D. M. y K. N. F. B., el primero en fecha veintitrés (23) y los dos últimos el treinta (30) de mayo de dos mil once (2011).

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado D. U. A. L., en su condición de Representante Legal de la señora J. T. presentó escrito en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), personándose en concepto de parte recurrente y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia se tuvo por personado en tiempo y forma al Abogado D. U. A. L.; y en vista de que los Abogados K. N. F. B. y M. H. D. M., no se personaron, se tuvo por precluido el plazo dejado de utilizar.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea el presente recurso de casación en dos motivos contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN.- Este motivo de casación esta comprendido en el Literal b del Artículo 719 del Código Procesal Civil, por infracción a los Artículos 1348, 1610, 2318 y 2362 numeral 4 del Código Civil en relación con los Artículos 270 numeral 2, 274, 320 numeral 2 y 336 del Código de Procedimientos Civiles; el concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Juntamente con la Demanda se presento Copia fotostática debidamente autenticada del Documento Privado de Promesa de Venta de un bien inmueble de fecha 6 de Enero del año 2001, como consta a Folio 13 y 14 de la referida Demanda, describiéndose en dicho Documento así como en los hechos primero y segundo de la Demanda en referencia el inmueble objeto de litigio y las condiciones que la Demandante pacto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito ... Limitada. El contrato celebrado entre la Señora J. T. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito ... Limitada tiene fuerza de Ley y debe cumplirse al tenor del mismo, en tal sentido el INTERVENTOR JUDICIAL tuvo conocimiento de este Contrato y además que se cumplió el pago pactado en el mismo, no así la referida Cooperativa que no hizo la Tradición de Dominio a favor de la Señora J. T., estando el INTERVENTOR JUDICIAL obligado en este caso a dar informe al Juzgado del abuso cometido por la Cooperativa, en virtud de que la Señora J. T. canceló en su totalidad el crédito que dicha Cooperativa le había otorgado precisamente para la Compra del inmueble objeto de litigio como reza el Documento privado de Promesas de Venta, tal como se acredita con la Constancia extendida por el Oficial de Crédito de dicha Cooperativa de fecha 2 de Julio del 2001 visible a Folio 15 del Expediente de la Demanda. Al tenor del Articulo 1610 del Código Civil la venta se perfeccionó entre la Señora J. T. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito... Limitada siendo esta obligatoria para ambas partes, por reunir los requisitos siguientes: 1) El convenio en la cosa objeto del contrato, en este caso el inmueble.- 2) El precio, es decir el valor que la Señora J. T. pago por la compra del inmueble. Una de las medidas precautorias establecida en Articulo 270 del Código de Procedimientos Civiles, es el nombramiento de uno o mas interventores, cuya medida se solicita únicamente con el propósito de asegurar el resultado del juicio, teniendo las facultades que expresamente le otorga el Articulo 274 del mismo cuerpo legal, en este sentido el INTERVENTOR JUDICIAL no tiene la facultad de representación de la referida Cooperativa, por lo que el requerimiento de pago que se le hizo al Señor A. E. V. Z. en su Condición de INTERVENTOR JUDICIAL en la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Demandado J. R. R. contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito ... Limitada, registrada bajo el Expediente Numero 201-2001 y promovida en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esta Ciudad de Comayagua, visible en el Medio de Prueba Numero Seis Inspección Personal del Señor Juez bajo Folios 126 y 167 es ilegal, por consiguiente la venta forzosa efectuada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua a favor del Demandado J. R. R. en el Instrumento Publico Numero 271, autorizado por el Notario J. R. H. V., el día 30 de abril del 2007 es nula por estar viciado el procedimiento que culmino con la venta forzosa del inmueble objeto de litigio junto con otros dos inmuebles, como se acredita plenamente en el Testimonio 271 y donde consta que se requirió al INTERVENTOR JUDICIAL y es por eso que se solicito la nulidad parcial del referido Instrumento, consecuentemente dicha nulidad arrastra también la posterior venta hecha a la otra Demandada V. R. visibles a Folios 7, 8, 9, 10, 11, 41 y 42 del Expediente de la Demanda, acreditándose mediante el Medio de Prueba Numero Cinco Documental que consta a Folios 123 y 124 del Expediente en mención, que el REPRESENTANTE PROPIETARIO Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA de la referida Cooperativa era el Señor R. R. M. nombrado por el IHDECOOP, desde el 4 de abril del año 2001 hasta el 16 de septiembre del año 2009. Visto lo anterior y al tenor del Articulo 2362 numeral 4 del Código Civil que dice: LA CANCELACIÓN YA SEA TOTAL O PARCIAL, PROCEDE: 4) CUANDO SE JUSTIFIQUE MEJOR DERECHO POR UN TERCERO, AUNQUE SU TITULO NO ESTE INSCRITO, en tal sentido la Señora J. T. con el Documento Privado de Promesa de Venta de un bien inmueble, la Constancia del Oficial de Crédito de la referida Cooperativa, así como el avaluó del Predio Urbano, área de construcción y plano del inmueble (Folios 13, 14, 15, 16, 17, 18 del Expediente de la Demanda) que le fueron entregados, agregando a esto también las facturas de compra de materiales para la construcción de vivienda visibles a Folios del 96 al 119 de la referida Demanda, ya que en dicho inmueble no había ninguna edificación al momento de haberle dado la posesión dicha Cooperativa, se justifica que la Señora J. T. tiene mejor derecho que los Demandados J. R. R. y V. R. aunque su Titulo no este inscrito, con relación al Instrumento Publico Numero 271 de fecha 30 de abril del 2007 a favor del Demandado J. R. R. y el Instrumento Publico Numero 242 de fecha 12 de marzo del 2008 a favor de la otra Demandada V. R. (Folio 41 del Expediente de la Demanda) en vista de que el referido Documento Privado de Promesa de Venta del bien inmueble es mas antiguo aunque no estaba inscrito y además estaba en posesión del inmueble por ser su legitima dueña y el cual le fue quitado el 26 de Septiembre del año 2008 y puesto en posesión del Demandado J. R. R. sin ser ya su dueña, como se acredita con el Medio de Prueba Numero Seis Inspección Personal del Señor Juez visibles a Folios 126 y 167 del Expediente en mención habiéndose constatado plenamente mediante esta prueba documental que la señora J. T. justificaba tener mejor derecho aunque su Titulo no este inscrito de acuerdo con el Articulo 2362 numeral 4 del Código Civil en relación a los Artículos 320 numeral 2, 4 y 6, 336 del Código de Procedimientos Civiles. Con la declaración de los Testigos J. A. A. A., N. R., R. C. B. y G. E. A. se acredito plenamente que la Señora J. T. es la legitima y verdadera dueña del solar en donde ha construido las paredes con ladrillo rafon y un muro de contención con un relleno de tierra que se hizo en la parte de atrás del referido solar, como consta en el Medio de Prueba Numero Siete Inspección Personal del Señor Juez, visible a Folios 128 y 166 de la referida Demanda, cuya nulidad parcial del Instrumento Publico que se solicita, constituyendo la declaración de dos o mas testigos plena prueba, cuando no ha sido desvirtuada por otra prueba en contrario, como ocurre en el presente caso, dando los testigos razón de sus dichos, fueron legalmente juramentados y examinados en legal forma, no siendo objeto de tacha, por el contrario las partes demandadas no propusieron pruebas de ninguna naturaleza. Los Demandados J. R. R. y V. R. en sus escritos de contestación no discreparon en cuanto al Documento Privado de Promesa de Venta del bien inmueble ni mucho menos al INTERVENTOR JUDICIAL requerido de pago y por el cual se adjudico judicialmente en venta forzosa varios inmuebles incluyendo el inmueble propiedad de la Señora J. T., formalizándose así el Debate Jurídico y fijándose los puntos de este debate, por lo que el Tribunal Ad-Quem, a violado por falta de aplicación los preceptos jurídicos invocados, al afirmar en el considerando tercero de la Sentencia que el Demandado J. R. R. acredito de manera fehaciente, haber adquirido el inmueble a que se refiere la Demandante en venta forzosa a raíz de la Demanda Ejecutiva que promoviera su Apoderado el Licenciado Miguel Honorio Domínguez contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito ... Limitada por intermedio del Señor A. E. V. Z. en su condición de INTERVENTOR JUDICIAL de dicha Cooperativa, aun a sabiendas que se esta violentando el debido proceso, pues nadie dice el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, ya que el INTERVENTOR JUDICIAL no tiene la facultad de representación, habiéndose acreditado que el REPRESENTANTE PROPIETARIO Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA de la referida Cooperativa era el Señor R. R. M. se hizo caso omiso de esté hecho trascendental, asimismo en el considerando cuarto de la Sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem hay una contradicción en cuanto al Articulo 1348 del Código Civil al que se refiere dicho Tribunal al expresar en una de sus partes, para que los Contratos sean obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hallan celebrado deben concurrir las obligaciones esenciales para su validez y que las obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos; debe entenderse que son aquellos Contratos validamente celebrados, en pocas palabras que el único Contrato valido para el Tribunal es la Escritura de los Demandados J. R. R. y V. R. y en cuanto al Documento Privado de Promesa de Venta del bien inmueble de la Señora J. T. no tiene validez según dicho Tribunal, violentándose de esta forma el Articulo 1610 y 2362 numeral 4 del Código Civil. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- Comprendido en el Artículo 719 literal c del Código Procesal Civil, por violación al Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que dice: LAS SENTENCIAS DEBEN SER CLARAS, PRECISAS Y CONGRUENTES CON LAS DEMANDAS Y CON LAS DEMAS PRETENSIONES DEDUCIDAS OPORTUNAMENTE EN EL PLEITO, HACIENDO LAS DECLARACIONES QUE ESTAS EXIGAN, CONDENANDO O ABSOLVIENDO AL DEMANDADO Y DECIDIENDO TODOS LOS PUNTOS LITIGIOSOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL DEBATE.- El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Al hacer el estudio del Expediente, al presentar la Demanda y en todo el proceso del juicio se baso en el Documento Privado de Promesa de Venta del inmueble que la Señora J. T. hizo a la Cooperativa, que dicho inmueble lo compra mediante un crédito que la Cooperativa le otorgo, que se construyó las paredes de su casa y además que el INTERVENTOR JUDICIAL no tenia la facultad de representación de la Cooperativa; todos estos puntos litigiosos fueron plenamente probados durante el tramite del juicio, mediante Medios de Prueba Documentales, Testifícales e Inspecciones, y el tribunal Ad-quem solo basa su Sentencia enfocando como punto principal del debate el Documento Privado de Promesa de Venta, desestimando los demás puntos litigiosos que fueron objeto del debate así como también le resto importancia a los demás Medios de Prueba, con lo cual no solo violenta el debida proceso según lo establece el Articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica sino que también en la Sentencia no se pronuncia sobre el INTERVENTOR JUDICIAL, declaración de testigos e inspección violentando el Articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. El recurrente en su primer motivo, viene invocando como causal de casación los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, señalando que esta causal está en el literal b) del Artículo 719 del Código Procesal Civil, ahora bien, este artículo que cita establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan esos actos, de modo que el censor deviene obligado a fijar con claridad y precisión si lo que viene impugnando es la aplicación o la interpretación de determinados preceptos procesales que conduzcan a la causal citada, sin embargo, al examinar el libelo del impetrante resulta notorio que se da a la tarea de citar como infringidas una serie de preceptos del Código Civil, que en todo caso serian normas de derecho que eventualmente podrían ser citadas para la solución del fondo del litigio y no se trata de normas que regulan actos o garantías de orden procesal, pese a que el recurrente las relaciona con los artículos 270 numeral 2, 274, 320 numeral 2 y 336 del Código de Procedimientos, no obstante al desarrollar el recurso formula una serie de alegatos de instancia pretendiendo una revisión probatoria sin puntualizar en ningún momento cuales son las normas procesales infringidas y como es que ello implica la nulidad o produce indefensión al vulnerar actos o garantías procesales, pues finalmente en su alegato insiste en que se han violentado los artículos 1610 y 2362 numeral 4 del Código Civil, resultando un recurso inadmisible por las razones siguientes: a) Se señala una causal de casación relativa a normas procesales que regulan actos o garantías cuya infracción supone la nulidad o produce indefensión, sin embargo se citan normas sustantivas. b) Se pretende una revisión probatoria y c) Para invocar normas sustantivas debió haberse invocado la causal del artículo 719.2 del Código Procesal Civil pero partiendo de las normas que indebidamente aplicó el tribunal para poder traer a colación las que si debió aplicar. Estas razones hacen inadmisible este primer cargo por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con los artículos 720 y 721.2 del Código Procesal Civil, en tanto que el recurso debía fundarse con la suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnado, lo que no logró establecer el recurrente.

  2. El recurrente en su Segundo motivo de casación viene invocando, como causal de casación la prevista en el literal c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, por violación del artículo 190 del Código de Procedimientos, que refiere que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, sin embargo, por disposición del artículo 719.1 c), únicamente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas, es decir, aquellas que el juzgador haya utilizado, lo que significa que para invocar la violación (falta de aplicación de una norma determinada) habrá que impugnar primero aquellas que indebidamente fueron aplicadas, ahora bien, un examen detenido de los autos demuestra que si bien el Tribunal de Segunda instancia no cita expresamente ni hace alusión al contenido del artículo 190 citado por el censor, resulta que al confirmar la Corte de Apelaciones la Sentencia de primera instancia, hace suyos los fundamentos utilizados por el Juez, en donde se aprecia que si se ha citado expresamente el artículo 190 del Código de Procedimientos y que hace suyo la Corte de Apelaciones, por tanto, resulta de autos que la normativa invocada si fue aplicada y no cabe hablar de violación (falta de aplicación), por otra parte, aunque no hubiese sido citado expresamente ese artículo, se observa tanto en la sentencia del Juez como la del Tribunal, que el órgano jurisdiccional si fallo congruentemente conforme las pretensiones de las partes, en tanto que una pretensión era la anulatoria de los instrumentos públicos y la otra era que se desestimara esa demanda, en ese sentido las declaraciones en la sentencia de la Corte de Apelaciones, de, Sin lugar el Recurso de Apelación y confirmando la sentencia recurrida mediante la cual se declara sin lugar la demanda y absolviendo al demandado, satisfacen esas exigencias, consecuentemente no cabe impugnar por violación o falta de aplicación, por otra parte, si bien es cierto se observa que una de los puntos de derecho fijados por el demandante era lo relativo al interventor, aspecto sobre el cual ambas instancias guardaron silencio, igualmente cierto es que al declarar sin lugar la demanda se desestima esa pretensión, sin embargo, en opinión de esta Sala de lo civil, este punto en particular pudo haberse llevado al examen del Tribunal de casación vía el artículo 187 preámbulo y número 2 del Código de Procedimientos que se refiere al contenido específico de la sentencia que manda que en los considerándoos se aprecien los puntos de derecho fijados por las partes y se de las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de pronunciarse, pero que no entra al examen del supremo tribunal por no haber sido instado por el recurrente, en consecuencia, el motivo de casación planteado resulta inadmisible por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con el 721.2 del Código Procesal Civil.

  3. La defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmitirlo por concurrir en los dos motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil..

  4. Por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 914 y 916 del Código Procesal Civil; 183, 184, 187, 190, del Código de Procedimientos Comunes, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos, planteado por el Abogado D. U. A. L., en su condición de apoderado legal de la señora J. T., en Demanda Ordinaria de Nulidad Parcial de una Escritura Pública y asimismo se decrete la cancelación de su inscripción en el Instituto de la Propiedad de Comayagua, promovida por la señora J. T. contra el señor J. R. R. y la señora V. R.. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, el uno de Marzo de dos mil once, en el expediente de apelación número 44,143 originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 30-08 del Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua.- 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA