Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-65-12 — Registro 4264

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de pago, daños y perjuicios, intereses comerciales y costas del juicio, declarando con lugar. En segunda instancia se confirmó.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“En el recurso de apelación que interpusiera en su oportunidad la actual impetrante procede a exponer agravios contra la sentencia definitiva en primera instancia, mismas que van dirigidos contra varias de las Consideraciones que llevaron al Juzgador a su convicción. Muy levemente y con carácter enunciativo en el primer agravio hace mención sobre asuntos relacionados con jurisdicción y competencia. Lo anterior se enfatiza ya que se ha inobservado lo preceptuado en el articulo 700 del Código Procesal Civil que establece:” Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Así lo dispone el Artículo 700 numeral 1 del Código Procesal Civil. … En vista que obra sentencia incidental con carácter firme del Juzgado de Primera Instancia que se pronuncia desestimando la excepción dilatoria sobre la excepción dilatoria de Incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la demanda, misma que fue consentida por el Estado de Honduras al no ser recurrida y que en la segunda instancia se incumplió la exigencia del articulo 700 numeral 1 del ya citado Código Procesal Civil, resulta improcedente dar curso al actual recurso de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centra, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLEZ ROSALES, en su condición de recurrente; siendo recurrida, la sociedad Mercantil “TECNOLOGÍA MÉDICA AVANZADA, S.A.”, (TECMA), representada en juicio por el Abogado OSWALDO NAVARRO O.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO. DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERESES COMERCIALES Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil cinco (2005), por la Licenciada BELINDA MARIBEL RAMOS AMADOR, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil “TECNOLOGÍA MÉDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.”, (TECMA)”, ante el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por el Procurador General de la República Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha doce (12) de agosto de dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO. DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERESES COMERCIALES Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil cinco (2005), por la Licenciada BELINDA MARIBEL RAMOS AMADOR, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil “TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.”, (TECMA), ante el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por el Procurador General de la República Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008), proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: FALLA: “1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de pago promovida por la Sociedad Mercantil TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. (TECMA) contra el Estado de Honduras; 2) CONDENA al Estado de Honduras a través de su representante legal, el Procurador General de la República, a pagar a la Sociedad Mercantil TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V. (TECMA) la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (L.173,600.00), más los intereses comerciales; 3) Se exime a la demandada del pago de daños y perjuicios; SIN COSTAS.”

SEGUNDO: La Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, Licenciada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, presentó en fecha uno (1) de noviembre de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha doce (12) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: Mediante auto de fecha tres (3) de noviembre de dos mil once (2011), la Corte de Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación contra la sentencia de fecha doce (12) de agosto del dos mil once (20119, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por parte de la Licenciada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, y acordó dar copia del mismo a la contraparte, para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.

CUARTO: El Representante Procesal de la sociedad mercantil “TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.” (TECMA), Abogado OSWALDO NAVARRO O., presentó en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), tener por pronunciado sobre el contenido del recurso de casación en tiempo y forma, por parte del Abogado OSWALDO NAVARRO O., en su condición ya indicada, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley para proseguir con el tramite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Licenciada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES y el Abogado OSWALDO NAVARRO O., ambos en su condición indicada, presentaron sendos escritos de personamiento, en fechas tres (3) de febrero y cinco (5) de marzo de dos mil doce (2012) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvieron por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos su recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE MOTIVOS DE LA CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 321, 324 de la Constitución de la República; artículos 1, 2 literal a), 3 literal b); 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 116 Y 120 de la Ley General de la Administración Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia. EXPLICACION DE LA INFRACCION: El artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”. En el artículo 2 literal b), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El poder ejecutivo;..” En el artículo 3 literal b), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a)...; b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales; En el artículo 6, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es improrrogable. Los órganos de la jurisdicción podrán declarar, incluso de oficio, la falta de jurisdicción, previa audiencia de las partes sobre la misma…” De conformidad a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esta jurisdicción debe conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo.- es por ello que el artículo 3 literal b), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a)...; b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales”; Tomando en cuenta este precepto Legal en el presente caso se pretende deducir responsabilidad patrimonial al Estado de Honduras, pues la Apoderada Legal interpuso ante la Jurisdicción Civil, la demanda, violentando el artículo enunciado anteriormente, ya que la jurisdicción Contencioso Administrativo es improrrogable, por lo tanto el Juzgado de Letras de lo Civil debió abstenerse de conocer la demanda. La Responsabilidad Patrimonial del Estado es clave para entender el funcionamiento real del Estado, por lo que se busca resarcir el daño a un tercero junto con los perjuicios por virtud de acciones realizadas por los funcionarios en el ejercicio de su cargo, es así que la Constitución de la República en su artículo 324 señala: “Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Como podrán observar la parte demandante manifiesta que obtuvo del Estado de Honduras un acto administrativo, mediante el cual se declaro SIN LUGAR el Reclamo administrativo promovido por su representada ante la Secretaria de Salud.- Es importante señalar que la acción Administrativa Pública, solamente puede expresar su voluntad a través de un acto administrativo, ya que la forma de un acto permite conocer su existencia y conocer su contenido, es por ello que los actos de los órganos de la administración pública según el artículo 116 de la Ley General de la administración Pública, adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o providencias. De conformidad al artículo 120 de la Ley antes referida señala que se emitan por resolución las decisiones que se tomen para dar por concluido el proceso en que intervengan los particulares como parte interesada. Por lo anterior se deduce que la apoderada legal demandante pretende impugnar un acto emitido por la administración pública pero ésta no es la jurisdicción que debió conocer el asunto, más bien debió de ser la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que su jurisdicción es improrrogable por disposición Legal, por lo que el Juzgado de Oficio debió de declararse incompetente de conocer el caso según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que se trata de una cuestión de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE HONDURAS. En virtud de tratarse de la reparación de la Planta Procesadora de Oxigeno del Hospital San Felipe; misma que fue reparada sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado. SEGUNDO MOTIVO: Se impugnan la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 321, 324 de la Constitución de la República; artículos 1, 4, 23, 38, 59, 60 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado; artículos 1, 2 literal a), 3 literal b); 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; artículos 116 Y 120 de la Ley General de la Administración Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La Empresa Demandante denominada TECNOLOGIA MÉDICA AVANZADA, S.A. de C.V. (TECMA); a través de su Apoderada Legal, la Abogada BELINDA MARIBEL RAMOS AMADOR, inicialmente interpuso la Demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con orden de ingreso No. 16-05, sin embargo ésta retiró la demanda, sin ningún fundamento para posteriormente interponerla en el Juzgado de Letras de lo Civil, en donde solicita el pago de la Cantidad de (L..173,600.00), más intereses comerciales y costas, mas daños y perjuicios causados; fundamentándola en que en fecha cinco (5) de junio del 2002, fue autorizada la reparación de la Maquina Procesadora de Oxigeno del Hospital San Felipe, aduciendo que no existía ninguna otra empresa que se dedicara a ese giro, o que no está comprobado Legalmente, además de que el Estado se debe a la Aplicación irrestricta de las Leyes, dentro de la que se encuentra la Ley de Contratación del Estado que es la que regula las contrataciones del Estado, ley que es del conocimiento público por lo que dicha empresa no puede alegar ignorancia en la aplicación de la misma para poder realizar trabajos con el Estado y siendo que en su artículo 60 de la Ley citada se establece lo Siguiente: “ Supuestos específicos. Procederá también la Licitación Privada en los casos siguientes: 1), 2), 3), 4), 5) Cuando una licitación Pública resulte desierta o fracasada por causas no imputables a los funcionarios responsables del procedimiento, siempre que por razones de urgencias debidamente calificadas no fuere posible repetir dicho procedimiento. Para llevar a cabo la Licitación Privada en los casos que anteceden, se requerirá autorización del Presidente de la República, cuando se trate de Contratos de la Administración descentralizada o de los demás organismos públicos a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, debiendo emitirse Acuerdo expresando detalladamente sus motivos.” Por lo que en ningún momento se justifica que dicha empresa haya procedido a la reparación de la Planta Generadora de Oxígeno a través de una simple orden emanada del oficio A164-2002, del 05 de junio del 2002, sin especificar el monto de dicha reparación; por lo que dicha empresa actuó dolosamente ya que conocían el procedimiento y la cuantía de dicha reparación, que administrativamente no puede ser pagada sin una Licitación Privada previa y sin seguir el procedimiento establecido para tales fines. Por todo lo anterior las sentencias emitidas en contra de ni representada aduciendo el pago en materia civil por la prestación del servicio, por lo que deberá de ser casada y declarar improcedente la acción realizada por la parte demandante; en virtud que el Estado en los casos de prestación de servicios está regido por las Ley de contratación del Estado y las Leyes de Derecho Administrativo, no así las Civiles.”

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5., 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:

  1. Que en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil once (2011), la Licenciada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, representante procesal sustituta de la Procuraduría General de la República, interpuso Recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha doce (12) de agosto del año dos mil once (2011), dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones De Francisco Morazán. En dicho Recurso invoca dos motivos casacionales al amparo de lo dispuesto en los Artículos 14 y 690, 716 y 719 del Código Procesal Civil.

  2. Motivos de Casación: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento por infringir los artículos 321, 324 de la Constitución de la República; artículos 1, 2 literal a), 3 literal b); 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 116 Y 120 de la Ley General de la Administración Pública. Justifica este motivo en el alcance de cada uno de los artículos mencionados, en donde recalca que es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el llamado por ley para conocer sobre la litis.

PRECEPTO AUTORIZANTE: Establece el articulo 719 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil.

2.1 Por a la nueva normativa adjetiva, el Recurso de Casación ha sido flexibilizada en cuanto a su accesibilidad en comparación a la rigurosidad admisiva de la ley de 1906, sin embargo esto en ningún momento significa que el mismo ha cedido en las solemnidades y rigor formal que como Recurso Extraordinario se ve afecto. En el presente escrito contentivo al Recurso impetrado, en su Primer Motivo, la casacionista establece el precepto que autoriza la comparecencia como norma infringidas: el artículo 719.1 y 2 del Código Procesal Civil; sin embargo, no especifica concretamente cuál de los diferentes alcances es el que de él se desprende según el tipo de infracción. La falta de precisión y ante la flexibilidad antes referida, por la exposición del motivo nos induce indudablemente al alcance que establece las cuestiones de Jurisdicción y Competencia, empero no se expuso nada referente a la adecuación del procedimiento.

2.2 Tras detenido análisis y estudio de proceso que nos ocupa, y teniendo la Casación como de sus principales fines la protección de las garantías pertinentes a un debido proceso, se desprende que el primer acto procesal que hizo la recurrente fue en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil cinco (2005), donde se abstuvo de contestar demanda e interpuso en su defecto la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal ante el cual se interpuso la demanda. De dicha incidencia, el Juez de Primera Instancia dictó sentencia declarando SIN LUGAR la excepción incoada (f.58), considerándose el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán como competente para conocer sobre la pretensión deducida. Ante tal decisión, el Estado de Honduras a través de su representante procesal no hizo uso al derecho que la ley le confiere para recurrir dicha decisión, tal como lo disponía el articulo 431 del Capitulo III, del Titulo IX, Sección 8ª.del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles. Por el contrario continuó con el trámite ordinario civil tanto en primera como segunda instancia al tenor de lo dispuesto en el Articulo 431 del Código de Procedimientos Civiles (1906) que preceptúa: “Todas las apelaciones, tanto de autos como de sentencias, excepto las definitivas de mayor cuantía, a que se refiere el Capítulo anterior, se substanciarán por los trámites que en éste se establecen.- También se exceptúan las apelaciones de juicios verbales, las que se ventilarán por sus trámites especiales”.

2.3 En el recurso de apelación que interpusiera en su oportunidad la actual impetrante procede a exponer agravios contra la sentencia definitiva en primera instancia, mismas que van dirigidos contra varias de las Consideraciones que llevaron al Juzgador a su convicción. Muy levemente y con carácter enunciativo en el primer agravio hace mención sobre asuntos relacionados con jurisdicción y competencia. Lo anterior se enfatiza ya que se ha inobservado lo preceptuado en el articulo 700 del Código Procesal Civil que establece:” Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación”. Así lo dispone el Artículo 700 numeral 1 del Código Procesal Civil.

2.4 En vista que obra sentencia incidental con carácter firme del Juzgado de Primera Instancia que se pronuncia desestimando la excepción dilatoria sobre la excepción dilatoria de Incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la demanda, misma que fue consentida por el Estado de Honduras al no ser recurrida y que en la segunda instancia se incumplió la exigencia del articulo 700 numeral 1 del ya citado Código Procesal Civil, resulta improcedente dar curso al actual recurso de casación.

Adicional a lo expresado en el numeral anterior el recurso en su conjunto estima viable su recurrencia por la Aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio de los artículos 321 y 324 de la Constitución de la República; 1, 4, 23, 38, 59, 60, numeral cinco de la Ley de Contratación del Estado; 1,2 literal a), 3 Literal b), 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 116 y 120 de la Ley General de la Administración Pública. Dicho Precepto invocado en el escrito del recurso en ningún momento establece la recurrente en qué consiste la Aplicación indebida o indebida interpretación de toda la normativa invocada y de que manera afecta directamente las normas alegadas, según lo disponen los Artículos 690, 701, 719 y 723 numeral 2 incisos a) y b) del Código Procesal Civil.

En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación presentado en sus dos motivos, tanto por considerar como infringidos asuntos dilucidados en juicio, bajo el amparo de las garantías procesales y además por recurrir contra una sentencia cuya motivación y fundamentación es ajena a la actual recurrencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo 723 numeral 2 del citado Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA

Esta Sala de lo Civil, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus Dos Motivos interpuesto por la Licenciada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal sustituta del Estado de Honduras, en contra de la sentencia dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha doce (12) de agosto del año dos mil once (2011), en la Demanda Ordinaria de Pago.- Daños y Perjuicios, Costas e Intereses Comerciales, promovida por la Licenciada BELINDA MARIBEL RAMOS AMADOR en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil TECNOLOGÍA MÉDICA AVANZADA, S.A. de C.V. (TECMA). 2.- DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha doce (12) de agosto del año dos mil once (2011) e identificada en esta Sala bajo el Expediente número S.C. 65-2012 y en el expediente de apelación número 0801-2007-19191, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-19191 CO del Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE.

RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.

Magistrado Coordinador

EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.

Magistrada

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.

Magistrada