Sentencia CC-55-12 — Registro 5147
Resumen
En segunda instancia se declaro con lugar el recurso de apelación en la demanda ordinaria para que declare la nulidad de una sentencia de declaratoria de herencia y la cancelación de un asiento en el registro correspondiente. Se decrete la nulidad de la tradición de dominio de los derechos declarados en dicha sentencia y se decrete la cancelación de un asiento registral, la nulidad de una partición extrajudicial y la cancelación de su inscripción registral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“De los escritos contentivos a los recursos interpuestos y formalizados por los Recurrentes, se hace evidente la inobservancia de los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad, señalándole al Recurrente la exigencia de invocar el precepto preciso que autorice la admisibilidad del Recurso de Casación. De igual manera existe la necesidad de que las diversas infracciones alegadas se sujeten a la exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación como recurso extraordinario. Cabe extraer del Artículo 721.2 del Código Procesal Civil que establece que se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, fundamentándose, precisando y justificando la existencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. En el presente caso, la inadecuada precisión en la fundamentación de los Recursos presentados con los preceptos autorizantes invocados por ambos recurrentes son discordantes con su motivación por la inobservancia en la sentencia recurrida de los preceptos establecidos en el artículo 200.2 del Código Procesal Civil. Por otro lado la conjunción de motivos procesales y materiales que entrelazan ambos recursos no permite una sentencia de fondo, por la evidente existencia de defectos de forma. Esto conlleva a la obligación de decretar la Nulidad de la Sentencia de fecha 14 de Octubre del año 2011, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán a fin de emendar el proceso a una debida forma, que permita la valoración fáctica de toda la prueba admitida, sin que medie presunciones especulativas, a efecto de garantizar una tutela judicial acorde a nuestro ordenamiento interno y a las pretensiones deducidas. 7. Se considera defectuosa la estructuración ambos Recursos de Casación de los cuales se ha hecho merito, lo cual se enmarca en las causales previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión de cada uno de ellos. Declarar nula la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.8.- Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en materia de costas, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento. Artículo 221 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 10, Numeral 1 y 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
AUTO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Septiembre de dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA QUE: DECLARE LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA DE DECLARATORIA DE HERENCIA Y LA CANCELACION DE UN ASIENTO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. SE DECRETE LA NULIDAD DE LA TRADICIÓN DE DOMINIO DE LOS DERECHOS DECLARADOS EN DICHA SENTENCIA Y SE DECRETE LA CANCELACIÓN DE UN ASIENTO REGISTRAL, LA NULIDAD DE UNA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL Y LA CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCION REGISTRAL. Promovida en fecha diez (10) de marzo del año mil novecientos noventa y dos (1992), ante el otrora Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado LEONARDO MATUTE MURILLO, en su condición de Procurador General de la Republica en contra de los señores FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, conocida también como MARIA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, todos de generales acreditadas en el proceso.
SON PARTES: La señora MARÍA ANTONIA FIGUEROA DÍAZ, también conocida como MARÍA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, representada en juicio por el Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA LICONA; y el señor FRANCISCO FIGUEROA LÓPEZ, representado en juicio por los Abogados JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER y RAMÓN OVIDIO NAVARRO D., ambos en su condición de recurrentes; siendo recurrido El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada EMMA RUTH BÚ CONTRERAS.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA SENTENCIA DE DECLARATORIA DE HERENCIA, Y LA CANCELACION DE SU ASIENTO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.- ASIMISMO SE DECRETE LA NULIDAD DE LA TRADICIÓN DE DOMINIO DE LOS DERECHOS DECLARADOS EN DICHA SENTENCIA Y PARA QUE SE DECRETE LA CANCELACION DE SU ASIENTOEN EL MISMO REGISTRO.- EN IGUAL CIRCUNSTANCIA SE DECRETE LA NULIDAD DE UNA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL Y LA CANCELACION EN SU REGISTRO CORRESPONDIENTE, promovida en fecha diez (10) de marzo del año mil novecientos noventa y dos (1992), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado LEONARDO MATUTE MURILLO, en su condición de Procurador General y por ende Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra los señores FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, también conocida como MARIA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010), emitida por el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de octubre del año 2010, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; 2) REVOCAR la sentencia de fecha 27 de octubre del año 2010 dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; 3) Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Nulidad de la sentencia declaratoria de herencia Ab Intestato a favor de los señores FRANCISCO FIGUEROA LÓPEZ Y MARIA ANTONIA FIGUEROA de fecha 24 de enero de 1986 dictada por el aquel entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento ahora Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán CON RELACIÓN al terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías, inscrito bajo el numero 233 folios 396 y 397 del tomo 20 en el año 1917 del antes Registro de la Propiedad de este departamento ahora Instituto de la Propiedad, la cancelación de su asiento en el Registro correspondiente, asimismo la Nulidad de la tradición de dominio de los derechos declarados en dicha sentencia y la cancelación de su asiento en el mismo registro, la nulidad de una partición extrajudicial y la cancelación en su registro correspondiente; 4) SE DECLARA LA NULIDAD de la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 1986 por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento en aquel entonces ahora Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declara herederos Ab Intestato a los demandados FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, de sus padres don ANTONIO RAMON FIGUEROA Y MAXIMO FIGUEROA, respectivamente CON RELACIÓN al terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías, inscrito bajo el numero 233 folios 396 y 397 del tomo 20 en el año 1917 del antes Registro de la Propiedad de este departamento ahora Instituto de la Propiedad; 5) SE ORDENA LA CANCELACION del Registro número 14 del Tomo 112 del Registro de Sentencias del aquel entonces Registro de la Propiedad ahora Instituto de la Propiedad en el que consta la inscripción de la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 1986 por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de este Departamento en aquel entonces, ahora Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declara herederos Ab Intestato a los demandados FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, de sus padres don ANTONIO RAMON FIGUEROA Y MAXIMO FIGUEROA, respectivamente CON RELACIÓN al terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías; 6) SE DECLARA LA NULIDAD Y ORDENA LA CANCELACION DEL ASIENTO de la Tradición de dominio sobre el terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías, inscrita bajo el numero 233 folios 396 y 397 del tomo 20 en el año 1917 del antes Registro de la Propiedad de este departamento ahora Instituto de la Propiedad, TRADICIÓN QUE SE EFECTUÓ con el número 96 del Tomo 1067 del Libro del Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Departamento ahora Instituto de la Propiedad; 7) SE DECLARA LA NULIDAD de la Escritura Pública otorgada ante los oficios del Notario Nicolás Cruz Madrid, con fecha 22 de septiembre de 1987, y del Contrato de Partición extrajudicial celebrado entre los señores FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, esta última por medio de su Apoderado el señor ROBERTO ARTURO MEMBREÑO FERRERA referentes al terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías, inscrito bajo el numero 233 folios 396 y 397 del tomo 20 en el año 1917 del antes Registro de la Propiedad de este departamento ahora Instituto de la Propiedad; 8) SE ORDENA LA CANCELACION DEL ASIENTO del Contrato de Partición extrajudicial, celebrado entre los señores FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ y MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, ésta última por medio de su Apoderado el señor ROBERTO ARTURO MEMBREÑO FERRERA referentes al terreno conocido con el nombre de la Planada del Picacho sito en el Común de la Plazuela, consta de cuatro a cinco caballerías, inscrito bajo el numero 233 folios 396 y 397 del tomo 20 en el año 1917 del antes Registro de la Propiedad de este departamento ahora Instituto de la Propiedad, INSCRITA BAJO los números 44 del Tomo 1180 y 62 del Tomo 1154 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Departamento, respectivamente, ahora Instituto de la Propiedad; 9) Para dar cumplimiento a la presente resolución se libre atenta comunicación con las inserciones necesarias al Registrador del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán; 10) Sin condena en costas al Demandante; 11) Sin Condena en costas en esta instancia.”
SEGUNDO: Los Representantes Procesales del señor FRANCISCO FIGUEROA LÓPEZ presentaron, en fecha catorce (31) de enero del año dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Asimismo, el Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZÁLEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora MARÍA ANTONIA FIGUEROA DÍAZ, conocida también como MARÍA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, presentó en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la misma sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante autos de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) y uno (01) de febrero de dos mil doce (2012), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo los Recursos y acordó dar copia de los mismos a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: La Representante Procesal de la parte demandante-apelante, la Abogada EMMA RUTH BÚ CONTRERAS, presentó, en fechas veinticuatro (24) de enero y dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012), escritos de pronunciamiento sobre los recursos de casación interpuestos y formalizados por las contrapartes, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por devueltos e impugnados en tiempo y forma los pronunciamientos concedidos a la Abogada EMMA RUTH BÚ CONTRERAS en su condición de demandante-apelante, contra los recursos de Casación interpuestos contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha catorce (14) de octubre de dos mil once (2011) y veinticuatro (24)de enero del año dos mil doce (2012), por los Abogados JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZALEZ; y por los Abogados JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER y RAMÓN OVIDIO NAVARRO D., respectivamente, en sus condiciones de demandados-apelados, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal los Abogados RAMÓN OVIDIO NAVARRO y JOHANNA WALESKA LÓPEZ WAGNER; EMMA RUTH BÚ CONTRERAS y JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZÁLEZ, en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas siete (07), veintidós (22), veintisiete (27) y veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, los mismos fueron presentados en tiempo.
SEXTO: Que el Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZÁLEZ plantea en un motivo su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. Establece nuestro Código Procesal Civil en su artículo 200 Contenido formal de las sentencias.- Numeral 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará el siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 incisos c) La forma y contenido de la sentencia. EXPLICACION DE LA INFRACCION: La Infracción directa de la ley sustantiva se produce cuando la ley es clara de modo que su interpretación no ofrezca dudas, que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la Sentencia esté en contradicción con la ley, porque el Juzgador negó la aplicación debiendo haberla aplicado, pues como podréis apreciar Honorables Magistrados, en la sentencia de segunda instancia y en la DESIGNACIÓN DE LAS PARTES, la Corte Primera de Apelaciones de Lo Civil de este departamento, omitió mi representación como apoderado de una de las partes, o sea la señora MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, conocida también como MARIA ANTONIA FIGUEROA DE GALINDO, ya que la PARTE DEMANDADA son los señores: FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ, está representado por el Abogado TITO HERNÁNDEZ; y la señora MARIA ANTONIA FIGUEROA DIAZ, conocida también como MARIA ANTONIA FIGUEROA DE GALINDO, está representada por este impetrante JOSE AUGUSTO AVILA GONZALEZ.”
SEPTIMO: Que los Abogados JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER y RAMON OVIDIO NAVARRO D. plantean en dos motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Siendo que el Recurso de Casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, en ese sentido, permítasenos exponer, sin subestimar y sin dejar de reconocer la alta sabiduría de los Honorables Magistrados tanto de Apelación como de la Corte Suprema de Justicia, que el Derecho objetivo comprende en la clásica clasificación del Derecho la división entre objetivo y subjetivo. Entendiéndose el primero como el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente en su universalidad y el segundo, como aquellas facultades que dichas normas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas, lo que nos obliga e inclina a releer y estudiar o recordar los conceptos de Ihering, de Emmanuel Kant y Wolf, que concluyendo ellos y otros en un criterio ecléctico, que todo el Derecho tiene siempre como objetivo posibilitar el cumplimiento de los fines humanos, tanto si se considera que los individuales deben prevalecer sobre los colectivos, como si, al contrario, se entiende que los colectivos, tienen primacía sobre los otros. Vale decir, entonces, que nuestro sistema procesal en orden al recurso de casación, debe responder a esos objetivos, plasmados, por cierto, en el artículo 716.1 del Código Procesal Civil. Es así que invocamos en este PRIMER MOTIVO que la sentencia no responde a los actos y garantías procesales, porque su infracción supone nulidad de todo lo actuado al omitirse en la parte dispositiva los fundamentos jurídicos del Derecho vigente, esto es en cuanto a incumplir la observancia de reglas procesales al proferir la sentencia omitiendo la normativa del Código Civil que se refiere al fondo del litigio, como lo es la aplicable a la institución del DOMINIO, en el artículo 613, que sí fue aplicado debidamente por el juzgado de primera instancia, así como la restante normativa: 697, 699, 700, 713, 930, 932, 980, 1496, 1497, 1586, 2321 y 2343 del mismo ordenamiento (Código Civil). La Corte cuya sentencia se impetra, se limitó a fundamentar su sentencia en las disposiciones relativas a la SUCESION POR CAUSA DE MUERTE Y DE LA NULIDAD ABSOLUTA, no obstante que está en evidencia en el litigio que independientemente de la declaratoria de Herencia, se trata principalmente del ejercicio del dominio que corresponde a nuestro representado, adquirido en la forma abundantemente explicada y probada en el juicio, no siendo susceptible de nulidad la citada declaratoria de herencia tantas veces mencionada. Es necesario adicionar, que siendo objeto principal del juicio la cuestión del dominio o tradición de los bienes, cuya extensión también es parte del litigio, no tiene relación alguna la decisión revocatoria de la Corte de Apelaciones, con la sentencia recaída en las diligencias de herencia, por cuanto ésta sólo es el origen de ese dominio, no así el fundamento para deslegitimar a los herederos, objeto real de la controversia, lo cual necesariamente nos hace afirmar que no es procedente destruir la institución sucesor al de nuestro mandante, porque la misma ha tenido y observado el procedimiento que autoriza la ley, con las formalidades y garantías del debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo lo autoriza el artículo 719. 1) Literal b) del Código Procesal Civil. SEGUNDO MOTIVO: Impugno la Sentencia recurrida porque infringe los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad, atendiendo a que la fundamentación en las consideraciones y parte dispositiva no es congruente con la realidad de los hechos en controversia, entendiéndose que si bien , la acción pretende la nulidad de una sentencia, que para proferirla se observaron los procedimientos aplicables y el debido proceso, lo vinculante con la pretendida nulidad es la tradición del dominio de los bienes en cuestión, lo que genera nulidad absoluta de todo el proceso, habida consideración del improcedente fundamento para perseguir la nulidad de la sentencia sucesoral. Por otra parte, se infringe con la sentencia recurrida la omisión del artículo 702 del Código Civil, por la Corte sentenciadora, porque la declaratoria de herencia genera un título traslaticio de dominio válido y según la Corte de Apelaciones se desconoce la adquisición del dominio por sucesión, habiéndose acreditado por nuestro representado su calidad de heredero, no teniendo fundamentación alguna la pretensión de nulidad de esa sentencia, tal como quedó establecido en el fallo de primera instancia. Consecuentemente infringe el artículo 702 precitado, lo que se desprende del contenido de la sentencia, en el numeral DOS de los Fundamentos de Derecho de su estructura. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo lo autoriza el Artículo 719.2) del Código Procesal Civil.”
II. FUNDAMENTACION JURÍDICA
Aplicando los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
1.Que el abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZÁLEZ en representación procesal de la señora MARÍA ANTONIA FIGUEROA DÍAZ, conocida también como MARÍA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, interpuso recurso de Casación en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil once (2011) en contra de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil once (2011), basándose como precepto autorizante el artículo 719 inciso c) del Código Procesal Civil, contentivo a la forma y contenido de la sentencia. TIENE como único motivo la OMISION en la sentencia proferida en segunda instancia, en su acápite denominado PARTES, sobre la representación legal en esa instancia del impetrante.
1.1 Teniendo a la vista la sentencia recurrida y estudiada la misma, resulta evidente que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, al momento de dictar la resolución contentiva a los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia definitiva de Primera Instancia fechada veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010), omitió el reconocimiento de la postulación procesal que ostentaba en su momento el Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA GONZÁLEZ en su condición referida, por lo cual existe inobservancia en el contenido formal en la redacción de sentencias, contenida en el artículo 200 numeral 2, inciso a), que establece “…así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado…”. Por su redacción el artículo en mención se encuentra establecido con carácter imperativo para el juzgador, por lo cual la omisión denunciada por el impetrante es digna de tutela jurídica por infracción procesal, más no bajo el precepto autorizante que invoca el recurrente ya que le comprende la norma establecida en el artículo 719.1.b). Con el fin de mantener un debido orden formal en las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales es menester para esta Sala el velar por el debido orden procesal, tal como se está haciendo mediante la presente resolución.
- Los abogados JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER y RAMON OVIDIO NAVARRO D., tras reconocida su acreditación legal (folio 98 de la pieza contentiva al recurso de Apelación), en representación procesal del co-demandado, señor FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ, interpusieron recurso de Casación en fecha 31 de enero del año 2012, en contra de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 14 de octubre del año 2011, basándose en dos motivos de casación.
2.1 PRIMER MOTIVO CASACIONAL cuenta como precepto autorizante el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, motivando el mismo a la forma y contenido de la sentencia. Recurre como motivo el “…incumplir la observancia de las reglas procesales al proferir la sentencia omitiendo la normativa del Código Civil que se refiere al fondo del litigio, como lo es la aplicable a la institución del DOMINIO…”. “La Corte cuya sentencia se impetra, se limitó a fundamentar su sentencia en las disposiciones relativas a la sucesión por causa de muerte y de la nulidad absoluta…” en la sentencia proferida en segunda instancia, en su acápite denominado PARTES, violando lo establecido en el artículo 200.2 el Código Procesal Civil.
2.2- Importante es tener en mente el tenor del precepto autorizante invocado para el Primer Motivo que reza: “Causales del recurso… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Artículo 719.1.b).
2.3- Esta Honorable Sala de lo Civil, a la luz de lo impetrado como PRIMER MOTIVO DE CASACION, considera dos realidades: La PRIMERA que traída a vista y estudio la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán se observa que la misma revoca la sentencia definitiva de primera instancia que conoce sobre varias pretensiones a la vez: a) DECLARE LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA DE DECLARATORIA DE HERENCIA. b) LA CANCELACION DE UN ASIENTO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. c) SE DECRETE LA NULIDAD DE LA TRADICION DE DOMINIO DE LOS DERECHOS DECLARADOS EN DICHA SENTENCIA. d) SE DECRETE LA CANCELACION DE UN ASIENTO REGISTRAL. e) LA NULIDAD DE UNA PARTICION EXTRAJUDICIAL. f) LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL. LA SEGUNDA: Es que el fallo proferido carece de determinar toda la fundamentación jurídica necesaria empleada en la segunda instancia para validar la resolución con cada una de las pretensiones cuya tutela jurídica se solicita.
2.4 La Sentencia de Segunda Instancia al revocar la proferida en primera instancia sólo se concentra en fundamentar su decisión en preceptos y normas sustantivas que implican una pretensión específica y otra general, como bien lo ha determinado el recurrente, cuales son las Disposiciones de Sucesión y relativas a la nulidad absoluta en general, obviando ilustrar a las partes sobre las normas que sustentan la revocación de las demás pretensiones, por lo cual no existe congruencia entre la tutela solicitada con la sentencia, por carencia de fundamentación jurídica que de origen a la parte dispositiva de la sentencia recurrida, igual denota carencia de los argumentos y disposiciones fácticas que llevan a la convicción del juzgador. El articulo 200.2 d) en su parte conducente establece: “…El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos…” Como puede apreciarse en la sentencia recurrida no existe un claro eslabón entre estos tres requisitos de sentencia. En un Estado de Derecho no puede haber sentencia sin sustento legal.
2.5 Con lo antes dicho es preciso establecer que existe infracción de forma procedimental, pero no como denuncia el impetrante como precepto autorizante, sino más bien al espíritu del Legislador contemplado en el artículo 719.1.c). La técnica casacional es de rigurosa observancia, sin embargo el debido proceso es una garantía constitucional (Artículo 304 de la Constitución de la República).
2.6 SEGUNDO MOTIVO CASACIONAL. Cuenta como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, motivando el mismo en el fondo y contenido de la sentencia al obviar el derecho sustantivo (procedimiento sin ley). Recurre como motivo “… la acción pretende la nulidad de una sentencia, que para proferirla se observaron los procedimientos aplicables y el debido proceso, lo vinculante con la pretendida nulidad es la tradición del dominio de los bienes en cuestión, lo que genera nulidad absoluta de todo el proceso…”
2.7 Importante es tener en mente el tenor del precepto autorizante invocado para el Segundo Motivo que reza: “Causales del recurso… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Artículo 719.2.
2.8 Esta Honorable Sala de lo Civil, a la luz de lo impetrado como SEGUNDO MOTIVO DE CASACION, garante al respeto a las normas y técnicas de casación y bajo el análisis de ley y por analogía a la disposición contemplada en el artículo 726.2 cuyo espíritu es mantener un orden lógico, determinante y garantista sobre los motivos que llegan a su conocimiento, OBSERVA que el impetrante ha invocado en su motivo primero infracción de normas procedimentales y en su segundo motivo invoca motivos relativos a normas materiales y considerando que realmente si existe infracción de normas procedimentales, excluye lo posibilidad de pronunciamiento de este segundo motivo. Articulo 726.2 Código Procesal Civil.
3.- Llama la atención de esta Honorable Sala la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones donde revoca la sentencia dictada en primera instancia, ya que el Código Procesal Civil enmarca el ámbito de atribuciones de la Corte de Apelaciones, y entre ellas encontramos claramente el precepto legal que establece: “Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó”. En el presente caso el orden procesal legal se violentó al no evacuarse la prueba propuesta, admitida y no renunciada por la parte demandante, denominada Peritaje. Articulo 715.1 del Código Procesal Civil.
3.1 En concordancia con el numeral anterior, la juez de primera instancia hace énfasis en que no se evacuaron todos los medios de prueba admitidos que le pudieron haber ayudado a tener una mejor convicción en su fallo, dictando una sentencia dubitativa en su motivación, tal como se puede apreciar en sus considerandos 57, 59 (sentencia definitiva, tomo II), situación observada en segunda instancia quienes hacen mención de ello, recordándole las facultades que tiene el juzgador para solventar este tipo de situaciones, como puede observarse a folio 59 vuelto de la sentencia de segunda instancia. No obstante revoca la sentencia apelada sin haber depurado los elementos que pueden llevar al juzgador a una decisión resolutiva debidamente valorada, de manera fáctica, de haberse practicado debidamente toda aquella prueba que no pudo evacuarse estando admitida y bajo resolución para su debida práctica. Hay que recordar que es deber de todo juez el control legal del proceso. Artículos 170 del Código de Procedimientos Civiles (1906); 2, 10 del Código Procesal Civil.
3.2 En la etapa recurrente es preceptivo las normas establecidas en el Código Procesal Civil al alcance de su artículo 913, por lo cual el Juzgador en los procesos dispositivos (el cual nos ocupa), NO PUEDE APORTAR PRUEBA, ya que ésta es potestad UNICA de las partes, como se desprende del artículo 11 del mismo cuerpo legal. La Corte Primera de Apelaciones inobserva lo antes dicho al sentenciar aduciendo “las pruebas que se hubiesen propuesto...” (Folio 60 vuelto del expediente contentivo al recurso de apelación), con lo cual toma una posición que no le es potestativa.
4.- La tutela en la efectiva impartición de justicia conlleva consigo como norma imperativa el desarrollo de un proceso que observe el fiel cumplimiento de los derechos procesales establecidos, tanto en la Constitución de la Republica como en las leyes ordinarias, bajo una resolución motivada. Si no se ha practicado toda la prueba que el juez tiene o pueda tener a su alcance (situación que no ha sucedido en el presente proceso), no se puede lograr una valoración precisa, acorde a derecho, por lo cual procedía a la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán observar el alcance del artículo 705.2 Código Procesal Civil. Artículos 305 de la Constitución de la Republica; 1,3,7 del Código Procesal Civil.
El tribunal que resuelva los recursos casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente, tal como se desprende del artículo 701.3 del Código Procesal Civil y se aplica en el presente proceso ya que no todas las pretensiones fueron de pronunciamiento por la Corte juzgadora.
De los escritos contentivos a los recursos interpuestos y formalizados por los Recurrentes, se hace evidente la inobservancia de los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad, señalándole al Recurrente la exigencia de invocar el precepto preciso que autorice la admisibilidad del Recurso de Casación. De igual manera existe la necesidad de que las diversas infracciones alegadas se sujeten a la exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación como recurso extraordinario. Cabe extraer del Artículo 721.2 del Código Procesal Civil que establece que se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, fundamentándose, precisando y justificando la existencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. En el presente caso, la inadecuada precisión en la fundamentación de los Recursos presentados con los preceptos autorizantes invocados por ambos recurrentes son discordantes con su motivación por la inobservancia en la sentencia recurrida de los preceptos establecidos en el artículo 200.2 del Código Procesal Civil. Por otro lado la conjunción de motivos procesales y materiales que entrelazan ambos recursos no permite una sentencia de fondo, por la evidente existencia de defectos de forma. Esto conlleva a la obligación de decretar la Nulidad de la Sentencia de fecha 14 de Octubre del año 2011, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán a fin de emendar el proceso a una debida forma, que permita la valoración fáctica de toda la prueba admitida, sin que medie presunciones especulativas, a efecto de garantizar una tutela judicial acorde a nuestro ordenamiento interno y a las pretensiones deducidas.
Se considera defectuosa la estructuración ambos Recursos de Casación de los cuales se ha hecho merito, lo cual se enmarca en las causales previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión de cada uno de ellos. Declarar nula la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
8.- Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en materia de costas, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento. Artículo 221 del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA
Esta Sala de lo Civil, administrando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARA INADMISIBLES LOS RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por: a) El Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA LICONA en representación procesal de la señora MARÍA ANTONIA FIGUEROA DÍAZ, conocida también como MARÍA ANTONIA FIGUEROA GALINDO, en su único motivo, por error en la invocación del precepto autorizante. b) El de los Abogados JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER y RAMON OVIDIO NAVARRO D., en su condición de Representante Legal del señor FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ, en sus dos motivos, todos ellos en la demanda ordinaria para que se DECLARE LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA DE DECLARATORIA DE HERENCIA Y LA CANCELACION DE UN ASIENTO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. SE DECRETE LA NULIDAD DE LA TRADICION DE DOMINIO DE LOS DERECHOS DECLARADOS EN DICHA SENTENCIA. SE DECRETE LA CANCELACION DE UN ASIENTO REGISTRAL, LA NULIDAD DE UNA PARTICION EXTRAJUDICIAL Y LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL, por error en la invocación de los preceptos autorizantes en ambos motivos. Todo ello en la demanda ordinaria promovida por el Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la Republica, en contra de los impetrantes. 2.- DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil once (2011), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán e identificada bajo Expediente 0801-2007-06212 CO. por inobservancia a las formalidades que deben contener este tipo de resoluciones y por haber procedido a revocar sentencia inobservando motivos que conllevan a la nulidad absoluta de la misma, tal como se ha expresado a lo largo del presente auto 3.- CONDENA A COSTAS A LOS RECURRENTES. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para los efectos consecuentes. Magistrada Ponente Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE.
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO
Coordinador
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ
Magistrada