Sentencia CC-54-12 — Registro 5145
Resumen
En primera instancia se declaro sin la demanda ordinaria de daños y perjuicios e indemnización por daño moral, en segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que la recurrente en su único motivo de casación, alega falta de aplicación del Artículo 868 del Código Civil y cita como precepto autorizante el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio pero es del caso hacer notar, que son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste el Artículo 868 del Código Civil citado como infringido en el presente recurso. Además, en la descripción del vicio la recurrente detalla los títulos de dominio a favor de la parte demandante y los títulos de dominio a favor de la parte demandada, que la parte actora y demandada han aportado como prueba en juicio, olvidando que la falta de aplicación que alega, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al juicio. Finalmente, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciéndole ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704, 721 numeral 2 del Código Procesal Civil (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA, por ausencia justificada del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La Señora ELIZABETH RIVERA HENDERSON, representada en juicio por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor ELMER SADY MAYES CISNEROS, representado en juicio por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL, promovida en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil siete (2007), ante el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por la Abogada LILIAM SIWADY SALAZAR actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora ELIZABETH RIVERA HENDERSON, contra la Sociedad Mercantil HOSPITAL MEDICAL CENTER y contra el Señor ELMER SADY MAYES CISNEROS, habiendo sido retirada la demanda parcialmente en lo que respecta a la sociedad Mercantil HONDURAS MEDICAL CENTER.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha trece (13) de enero de dos mil diez (2010), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL, promovida en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil siete (2007), ante el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada LILIAM SIWADY SALAZAR actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora ELIZABETH RIVERA HENDERSON, contra la Sociedad Mercantil HOSPITAL MEDICAL CENTER y contra el Señor ELMER SADY MAYES CISNEROS, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha trece (13) de enero de dos mil diez (2010), emitida por el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios e Indemnización por Daño Moral, de que se ha hecho mérito, promovida por la Abogada LILIAN SIWADY SALAZAR quien sustituyó su representación en el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ELIZABETH RIVERA HENDERSON, contra el DOCTOR ELMER SADY MAYES CISNEROS, en su condición personal.-SEGUNDO: Absuelve al Doctor ELMER SADY MAYES CISNEROS, de la acción deducida en su contra; todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente Sentencia.”
SEGUNDO: El Representante Procesal de la Señora ELIZABETH RIVERA HENDERSON presentó, en fecha treinta (30) de enero de dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha treinta y un (31) de enero de dos mil doce (2012), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandada-apelada, el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., presentó, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D. en su condición de demandado-apelado, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de demandante-apelante, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal los Abogados EDGARDO ORELLANA OSORIO y RAMON OVIDIO NAVARRO D., en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiocho (28) y veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), respectivamente y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cinco motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. I. MOTIVOS DE CASACION POR EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. Falta de carácter lógico de la sentencia. Precepto autorizante Artículo 720 Numeral 2 del Código Procesal Civil. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: El Considerando Cuatro (4) de la sentencia recurrida, textualmente dice: “Que la parte demandante propuso en tiempo y forma los siguientes medios de prueba: 1.- El medio de prueba número uno denominado documental, el cual fue evacuado, consistente en el expediente de la denuncia interpuesta ante el Comisionado de los Derecho Humanos, con el cual únicamente se acredita, que se promovió denuncia ante el Comisionado, manifestando el demandante que el Señor Elmer Sady Mayes Cisneros, confesó y aceptó que el tornillo se encontraba mal colocado, pero no aceptó que quien colocó mal el tornillo fue él al intervenir a la hoy recurrente, explicando los motivos que pudieron causar tanto la fractura del tornillo como el movimiento del tornillo; 2.- El medio de prueba número dos denominado documental el cual fue evacuado, consistente en correos electrónicos, los cuales no tienen fuerza probatoria, ya que en ningún momento el demandado aceptó durante el proceso en primera instancia que él es quien envió esos correos que hoy se pretenden como medios probatorios, ya que únicamente se constató que efectivamente el correo eorellana2005@yahoo.com pertenece al Abogado Orellana, quien es el Apoderado Legal de la demandante recurrente, pero no así quedó demostrado en juicio que con quien se sostuvo intercambio de correos es con él hoy demandado. 3.- El medio de prueba número tres denominado peritos el cual fue evacuado, concluyó el perito nominado por el Juzgado A Quo, en que en la placa de rayos X tomada el 28 de Enero del 2004 que corresponde a la Sra. Rivera Henderson, se observa que el tornillo superior izquierdo (5a vértebra lumbar) se encuentra en el espacio intervertebral L4/L5, fuera del pedículo. En la placa de rayos X tomada el 23 de marzo del año 2006, el tornillo superior derecho /5a vértebra lumbar está fracturado en su cuello; 4.- El medio de prueba número cuatro denominado inspección, el cual no fue evacuado”. El resaltado en negritas es nuestro. Analizando separadamente las motivaciones relacionadas en los tres primeros numerales, podemos señalar lo siguiente: 1.- En relación al numeral 1), referente al medio de prueba documental consistente en la Denuncia presentada ante el Comisionado de los Derechos Humanos, se incurre en falta de carácter lógico de la sentencia, cuando la Corte recurrida señala inexplicablemente que el demandado “no aceptó que quien colocó mal el tornillo fue él al intervenir a la hoy recurrente, explicando los motivos que pudieron causar tanto la fractura del tornillo como el movimiento del tornillo”. De la simple revisión del escrito de contestación de la demanda, se distingue y aprecia con suma claridad que el demandado Elmer Sady Mayes Cisneros fue quien intervino quirúrgicamente a la demandante, además de haber sido el que colocó los tornillos, aunque niegue la mala colocación, pero no la colocación en sí. De eso no hay absolutamente ninguna duda, ya que no pudo ser ni el médico anestesista ni los auxiliares que pudo haber tenido quienes hayan colocado los tomillos. El demandado fue el cirujano requerido para la intervención. Él mismo lo confirma tal como resulta de la lectura de los hechos primero, tercero, cuarto y quinto del escrito de contestación de la demanda. Además la afirmación de la mala colocación de los tornillos consta en el Expediente del Comisionado de los Derechos Humanos. Por otro lado, el supuesto silogismo jurídico que encierra la motivación contenida en el numeral 1) relacionado está elaborado defectuosamente, al terminar con la conclusión de que el demandado “no aceptó que quién colocó mal el tronillo fue él al intervenir a la hoy recurrente”. Construyendo adecuadamente el silogismo jurídico que debiera contener la motivación, podríamos elaborarlo así: PREMISA MAYOR:”Se promueve una demanda por mala colocación de unos tornillos, lo que queda evidenciado con el dictamen pericial según el cual el tornillo superior izquierdo (5a vértebra lumbar) se encuentra fuera del pedículo”; PREMISA MENOR “El demandado es el Doctor Elmer Sady Mayes Cisneros quien no negó que él haya sido el cirujano interviniente en la colocación de los tornillos”; CONCLUSION: “El Doctor Elmer Sady Mayes Cisneros es el responsable de la mala colocación de los tornillos”. Al analizar el contenido del numeral 1) del CONSIDERANDO CUATRO (4), podemos con propiedad señalar que el silogismo jurídico atrás relacionado debió constituir una de las motivaciones de la sentencia recurrida, ya que no resulta lógico que por un lado se reconozca que está acreditado por perito que un tornillo está fuera del pedículo (mal colocado), además que esté manifestado por el demandado en su escrito de contestación que fue él quien colocó los tomillos, y que por otro lado, esta motivación sirva para absolver a la parte demandada al concluirse por el tribunal, que el demandado no aceptó que quien colocó mal el tornillo fue él al intervenir a la demandante. De lo anterior se puede concluir, que la sentencia a dictarse debió haber sido en el sentido de declarar con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada, debido a la construcción defectuosa de la motivación relacionada. Simplemente encontramos una sentencia con falta de carácter lógico. 2.- En lo que se refiere al numeral 2), relativo al medio de prueba documental consistente en correos electrónicos, también se incurre en falta de carácter lógico de la sentencia, cuando la Corte recurrida señala fuera de toda lógica y en contra de principios procesales, “que en ningún momento el demandado aceptó durante el proceso en primera instancia que él es quien envió esos correos”. Con fecha 13 de Mayo del año 2008, accionando como parte demandante propusimos el Medio de Prueba Número Dos, Documental, consistente en dos correos electrónicos dirigidos a mi persona por el demandado Elmer Sady Mayes Cisneros. Con fecha 21 de Mayo siempre del 2008, el apoderado de la parte demandada propuso tres medios de prueba, y en ninguno de ellos se pretendió impugnar la autenticidad de los correos electrónicos que me enviara el demandado, a pesar de haber tenido suficiente tiempo para ello. La falta de impugnación sobre la autenticidad de los correos electrónicos que me enviara el demandado, constituye un tácito reconocimiento de su autenticidad. Aquí operan principios procesales, tales como el de que el hecho no rechazado se entiende aceptado, la prueba no impugnada queda fuera de controversia. Igual que en el numeral 1), el supuesto silogismo jurídico que encierra la motivación contenida en el numeral 2) relacionado, también está elaborado defectuosamente, al terminar con la conclusión de que “que en ningún momento el demandado aceptó durante el proceso en primera instancia que él es quien envió esos correos”. Construyendo adecuadamente el silogismo jurídico que debiera contener la motivación, podríamos elaborarlo así: PREMISA MAYOR:”El apoderado de la parte demandante presentó como medio de prueba documental unos correos electrónicos enviados por la parte demandada Elmer Sady Mayes Cisneros al apoderado de la parte demandante, en los que solicita plazo para realizar una propuesta de arreglo con la parte demandante”; PREMISA MENOR: “El apoderado del demandado Doctor Elmer Sady Mayes Cisneros, no impugnó la autenticidad de los correos electrónicos enviados por su representado al apoderado de la parte demandante”; CONCLUSION: “El Doctor Elmer Sady Mayes Cisneros fue la persona que envió los correos electrónicos presentados como medio de prueba al apoderado de la parte demandante”. Al analizar el contenido del numeral 2) del CONSIDERANDO CUATRO (4), podemos con propiedad señalar que el silogismo jurídico atrás relacionado debió constituir una de las motivaciones de la sentencia recurrida, ya que no resulta lógico ni racional que por un lado se reconozca que está acreditada la existencia de unos correos electrónicos, que fueron enviados por la parte demandada al apoderado de la parte demandante, además de que consta que dichos correos electrónicos no fueron impugnados sobre su autenticidad por la parte demandada, y que por otro lado, esta motivación sirva para absolver a la parte demandada al concluirse por el tribunal, “que en ningún momento el demandado aceptó durante el proceso en primera instancia que él es quien envió esos correos”. NO LE TOCA SL JUZGADOR EXCEPCIONAR POR LA PARTE DEMANDADA, LO QUE ESTA MISMA NO EXCEPCIONÓ. De lo anterior también se puede concluir, que la sentencia a dictarse debió haber sido en el sentido de declarar con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada, debido a la construcción defectuosa de la motivación relacionada. De la misma manera en relación al numeral 1), encontramos una sentencia con falta de carácter lógico. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Falta de suficiencia de la sentencia. Precepto autorizante Art. 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. En el numeral 3) relativo al medio de prueba pericial, se incurre en falta de suficiencia, cuando la Corte recurrida, a pesar de que reconoce estar acreditado que el tornillo superior izquierdo (5a vértebra lumbar) se encuentra en el espacio intervertebral L4/L5, fuera del pedículo, no emite ningún criterio de valoración del medio probatorio como lo hizo con los otros medios probatorios, entendiéndose que de haberlo emitido --dada la contundencia del dictamen en cuanto a la ubicación del tornillo, tendría que haber sido en el sentido de responsabilizar al demandado por la mala colocación de ese tornillo. La falta de suficiencia se produce cuando en una sentencia se hace alusión a un medio probatorio presentado por una de las partes, y no hay pronunciamiento sobre si se le concede o no alguna eficacia probatoria. II.-MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. SUB MODO. Falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, propiamente de los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c), 206 Numerales 1 y 2. y 207 Numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Precepto autorizante Artículo 719 Numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: El artículo 200 Numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil literalmente nos dice: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)..., b)..., c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. El artículo 206 Numeral 2 del mismo Código prescribe lo siguiente: “El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. El artículo 207 Numerales 1 y 2 del referido Código expresamente señalan: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. Lo resaltado es nuestro. Dado que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, era susceptible de ser recurrida en casación, y dado también que este medio de impugnación debería tramitarse conforme a las normas del nuevo ordenamiento procesal civil, aquella debió dictarse haciendo aplicación de la misma normativa procesal a que debía someterse su impugnación. Así vemos que las violaciones procesales señaladas son manifiestas en la estructura de la sentencia impugnada, como es en principio el caso de los considerandos, que carecen de los razonamientos jurídicos apropiados para la aplicación e interpretación del derecho, y de los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. En los considerandos cuatro, seis, siete y ocho, que supuestamente sirven de motivación al fallo recurrido, en ninguno de ellos se cita fundamento legal alguno ni normas jurídicas concretas aplicables al caso. Tampoco se resuelve conforme a las normas aplicables al caso, como lo demostramos en el cuarto motivo de casación, pues las normas de derecho sustantivo empleadas para la solución de fondo del litigio no son las apropiadas para la parte dispositiva del fallo, lo que hace que la sentencia carezca de la suficiencia que exige el ordenamiento jurídico. Además la motivación invocada no se ajusta a las reglas de la razón ni de la lógica, equivocando el uso de silogismos jurídicos como ya lo dejamos señalado en otro motivo de casación. III.-MOTIVO POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA O MATERIAL. CUARTO MOTIVO DE CASACION SUB MODO. Violación por aplicación indebida de los artículos 9, 10, 11 y 17 del Código Civil. Precepto autorizante: artículo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción se explica así: “El artículo 9 del Código Civil señala lo siguiente: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención”. El artículo 10 del mismo Código Civil nos dice que: “Cuando la ley declara nulo algún acto con el, fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley”. El artículo 11 del ordenamiento civil citado prescribe lo que sigue: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán ser eludidas ni modificadas por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia”. Y por último, el artículo 17 del Código en mención señala: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. La aplicación indebida como sub modo del recurso de casación por infracción de ley, se da cuando se aplican para la solución de fondo del litigio, normas jurídicas sustantivas ajenas a la cuestión debatida, ya que con ello la sentencia desfigura la litis, dándole a la relación de derecho que se discute una forma distinta de la propia. Al analizar el contenido de las normas jurídicas sustantivas reproducidas y utilizadas por la Corte recurrida como fundamentos de fondo de la sentencia, forzosamente se tiene que concluir que las mismas no tienen razón alguna para su invocación como fundamentos legales del fallo, ya que no guardan ninguna relación mediata ni inmediata con el tema del debate. QUINTO MOTIVO DE CASACION. SUB MODO. Violación por falta de aplicación de los artículos 1360, 1362 y 1363 del Código Civil. Precepto autorizante: artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción se explica así: El artículo 1360 del Código Civil señala: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier manera contravinieren al tenor de aquellas”. El artículo 1362 del mismo Código Civil nos dice: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Puede ser lata, leve o levísima. La culpa lata se opone a la diligencia y cuidado que aún las personas de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. La culpa leve se opone a la diligencia y cuidado de un buen padre de familia. La culpa levísima se opone a la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. El articulo 1363 del ordenamiento sustantivo citado prescribe: “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en las obligaciones que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve, en las obligaciones que se contraen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en las obligaciones en que el deudor es el único que reporta beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o sea que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega. Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes”. El resaltado en negritas es nuestro. Las disposiciones legales citadas, fueron omitidas y violadas por falta de aplicación en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, disposiciones que, debieron haber sido aplicadas si la sentencia dictada estuviere arreglada a derecho, pero al no estarla se hace caso omiso de las mismas, ya que de haberlas aplicado, la sentencia del tribunal de alzada, hubiere sido en el sentido de declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la sentencia absolutoria de primera instancia. Ya entrando al detalle de las violaciones cometidas y señaladas en este motivo de casación, especificamos la violación de cada artículo de la siguiente manera: Artículo 1360 del Código Civil. La mala praxis médica acreditada en el juicio --según lo reconoce la prueba pericial no valorada por la sentencia recurrida, consistió en la culpa o negligencia por la colocación indebida de uno tornillos transpendiculares de titanio en la región lumbar, durante la intervención quirúrgica que el demandado le practicara a mi representada por padecimiento de Espondilolistesis grado II. Esta actuación culposa de la parte demandada constituye la causa del debate. Artículo 1362 del Código Civil. La omisión de la diligencia en que incurrió la parte demandada, está en relación directa con la naturaleza de la obligación que había contraído de realizar todas las actuaciones médicas necesarias y a su alcance, para ayudar a la paciente en su problema de salud. La parte demandada no cumplió con las diligencias médicas derivadas de la naturaleza de su obligación, lo que está acreditado en el juicio mediante prueba pericial no valorada de ninguna manera por la sentencia recurrida. Artículo 1363 del Código Civil. Según esta norma violada se concluye indudablemente que la parte demandada es responsable de culpa leve, ya que las obligaciones contraídas y derivadas de la intervención quirúrgica practicada se contrajeron en beneficio recíproco de las partes. Por otro lado, la prueba de la diligencia o cuidado en el tratamiento de la paciente, correspondía a la parte demandada, y es visto y aceptado por el dictamen pericial la mala colocación de uno de los tornillos, de donde resulta inexplicable la absolución de responsabilidad para la parte demandada. Las normas sustantivas citadas y comentadas fueron violadas por falta de aplicación en la sentencia recurrida, dando lugar a una sentencia injusta e ilegal.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El recurrente en su primer motivo, alega falta de carácter lógico de la sentencia con fundamento en el Artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que permite solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo. Si bien el censor centra sus alegatos en pretender demostrar como se ha faltado al carácter lógico que debe contener la sentencia, omitió citar cuales son las normas procesales que según su criterio resultaron infringidas y cuya infracción sustenta el motivo; por otra parte, omitió el recurrente hacer relación al Artículo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil que es el precepto autorizante en relación con el 720 numeral 2 , siendo notoria la falta de vinculación de los artículos que se relacionan con la forma o contenido de la sentencia, obviando además indicar si viene impugnando por aplicación o interpretación de las normas procesales que no precisó, razones por las cuales este primer cargo resulta inadmisible por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con el 721.2 del Código Procesal Civil.
El impetrante en su segundo motivo de casación alega falta de suficiencia de la sentencia con fundamento en el Artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que permite solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo. Aunque el impetrante intenta brevemente exponer como en su opinión hay falta de suficiencia en la sentencia, el recurrente omitió hacer relación al Artículo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil y, por consiguiente, indicar el o los artículos que se relacionan con la forma o contenido de la sentencia y tampoco indica si la infracción se produjo por aplicación o interpretación de las normas procesales que omitió señalar, razones por las cuales este segundo cargo resulta inadmisible de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con el 721.2 del Código Procesal Civil.
Que el recurrente en su tercer motivo de casación alega falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia propiamente de los Artículos 200 numerales 1 y 2 literal c), 206 numerales 1 y 2 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, con fundamento en el Artículo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, poniendo en evidencia la falta de claridad al incluir en un mismo motivo dos causales diferentes como ser, por una parte, las que regulan el contenido formal de las sentencias y, por la otra, las que regulan los requisitos internos de las sentencias que son dos motivos diferentes y debieron, en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, fundamentar con la suficiente claridad. Además, olvida el recurrente que en casación, si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, igualmente cierto es que el demandante en casación debe precisar cuál es la indebidamente aplicada y cual la que no se aplicó, para hacer posible a la Corte el estudio de la casación, requisito que en el caso de autos omite el recurrente en la explicación del motivo, pese a que manifiesta que “Dado que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, era susceptible de ser recurrida en casación, y dado también que este medio de impugnación debería tramitarse conforme a las normas del nuevo ordenamiento procesal civil, aquella debió dictarse haciendo aplicación de la mima normativa procesal a que debía someterse la impugnación”, argumento totalmente improcedente en virtud de que en los juicios declarativos que se encontraban en segunda instancia cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, se tramitará esa instancia de conformidad con el código anterior y, a partir de la sentencia o auto que ponga fin al proceso, se aplicará el nuevo código, pues los recursos que se encontraban en trámite en toda clase de procesos e instancias , a la entrada en vigencia del nuevo código, se continuarán desarrollando y se resolverán de conformidad al régimen del recurso previsto por la legislación procesal civil anterior en consonancia con los artículos 914 y 916 del Código Procesal Civil, por lo tanto el cargo resulta incompleto e inadmisible de conformidad con el artículo 723.1 letra a) en relación con el 721.2 del Código Procesal Civil.
Que el impetrante en su cuarto motivo de casación alega violación por aplicación indebida de los Artículos 9, 10, 11 y 17 del Código Civil, con fundamento en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio pero resulta que el recurrente olvida que la censura es incompleta si únicamente se señala la aplicación indebida de una norma en tanto que la aplicación indebida supone la existencia de una norma que no se aplicó y era aplicable para la solución del fondo del asunto, lo que no hizo el impetrante al impugnar el fallo, por otra parte, solo se podrán impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y las normas que viene invocando el recurrente si bien fueron citadas en los fundamentos de derecho del fallo, no fueron las utilizadas por la Corte para resolver el caso en el fondo y por otra parte, se trata de normas de carácter general meramente enunciativas lo que hace el cargo incompleto e inadmisible.
Que el impetrante en su quinto y último motivo alega violación por falta de aplicación de los Artículos 1360, 1362 y 1363 del Código Civil, con fundamento en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio pero en la explicación del motivo expresa que “La parte demandada no cumplió con la diligencias médicas derivadas de la naturaleza de su obligación, lo que está acreditado en el juicio mediante prueba pericial no valorada de ninguna manera por la sentencia recurrida”, olvidando que la infracción por falta de aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio y, además, que en casación, si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, igualmente cierto es que el demandante en casación debe precisar cuál es la indebidamente aplicada y cual la que no se aplicó habiendo debido hacerlo, para hacer posible a la Corte el estudio de la casación, requisito que en el caso de autos omite el recurrente en la explicación del motivo, por lo que hace el quinto y último cargo incompleto e inadmisible.
Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los cinco motivos de casación expuesto, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil..
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cinco motivos, planteado por el Abogado Edgardo Orellana Osorio, en su condición de apoderado legal de la señora Elizabeth Rivera Henderson, en la demanda ordinaria de daños y perjuicios e indemnización por daño moral promovida por la Abogada Lilian Siwady Salazar en su condición de apoderado legal de la señora Elizabeth Rivera Henderson contra el señor Elmer Sady Mayes Cisneros. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el diecinueve de octubre de dos mil once, en el expediente de apelación número 0801-2007-23492 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-23492 del Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA
MAGISTRADA