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Sentencia CC-44-11 — Registro 5131

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escritura y del instrumento que la contiene, cancelación de la inscripción en el registro de la propiedad. En segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que los recurrentes en su primer motivo, por infracción de ley material, alegan infracción de los Artículos 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación de la infracción se refiere a la escritura de compraventa que es uno de los medios de prueba aportados al juicio, olvidando que la infracción por interpretación, que alegan, se produce con independencia del haz probatorio."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que los impetrantes en su segundo motivo de casación, por infracción de ley material, impugnan la aplicación del Artículo 1499 del Código Civil en relación con el 921.2 del Código Procesal Civil, por ser aquella una norma de derecho derogada empleada para la solución del fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, pero es de hacer notar que el Artículo 1499 del Código Civil, citado por los recurrentes, es una disposición de carácter general inviolable para los efectos del recurso de casación; por otra parte, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones considera que con la prueba evacuada en juicio de primera instancia y específicamente la inspección practicada, la venta efectuada, que es objeto del presente juicio, reúne los requisitos establecidos en la ley y no fue probado vicio alguno que diese lugar a la nulidad pretendida con lo que hace evidente que el medio de prueba especialmente la inspección practicada, junto de los otros evacuados, fue el que la Corte de Apelaciones consideró decisivo para declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada."

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LÓPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación Interpuesto, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Recurrente: El señor SANTOS MAGÍN TORRES HERNÁNDEZ, representado en juicio por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO; y Recurrido: el señor SANTOS JACINTO HERNANDEZ representado en juicio por la Abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA.

OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una Escritura y del Instrumento que la contiene, Cancelación de la Inscripción en el Registro de la Propiedad, promovida por el señor SANTOS MAGÍN TORRES HERNÁNDEZ conocido también como MAGÍN TORRES, ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, contra el señor SANTOS JACINTO HERNÁNDEZ.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha once (11) de noviembre de dos mil diez (2010) la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha once (11) de junio de dos mil diez (2010) en el juicio contentivo de la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una Escritura y del Instrumento que la contiene, Cancelación de la Inscripción en el Registro de la Propiedad, promovida por el señor SANTOS MAGÍN TORRES HERNÁNDEZ conocido también como MAGÍN TORRES, ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, contra el señor SANTOS JACINTO HERNÁNDEZ; dictó sentencia declarando: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, en su condición de parte demandante, contra la Sentencia Definitiva de fecha once de junio del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Segundo Departamento de Choluteca, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA Y DEL INSTRUMENTO QUE LA CONTIENE.- CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida por el señor SANTOS MAGIN TORRES HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, labrador, hondureño con tarjeta de identidad Nº 0611-1940-00317 y con residencia en San Juan Bautista, municipio de Pespire, departamento de Choluteca, contra el señor SANTOS JACINTO HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, labrador, Hondureño, con domicilio en San Felipe, municipio de Pespire, departamento de Choluteca; 2) CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva recurrida; 3) SIN COSTAS.-”

SEGUNDO: La Representación Procesal del señor SANTOS JACINTO HERNÁNDEZ presentó, en fecha seis (6) de enero de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada, en fecha once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca.

TERCERO: Mediante providencia de fecha once (11) de enero del año dos mil once (2011) la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.

CUARTO: La Representación Procesal del demandado, sustentada por la Abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, presentó, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil once (2011) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez (10) de febrero de dos mil once (2011) por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a las partes en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil once (2011).

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, en su condición ya indicada, presentó escrito en fecha dos (2) de marzo de dos mil once (2011), personándose en concepto de parte recurrida. Asimismo, en fecha cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011) los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y CARLOS ALBERTO GÓMEZ MORENO presentaron escrito personándose en concepto de parte recurrente y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia fueron efectuados en tiempo y forma.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea el presente recurso de casación en tres motivos por infracción procesal y dos motivos por infracción de ley material contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCIÓN PROCESAL. Este tipo de infracción nos obliga a distinguir bien los errores anteriores a la sentencia y los producidos en la sentencia misma. V.1.- POR ERRORES ANTERIORES A LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO: Infracción del Art. 1527 segundo párrafo del Código Civil. Impugno la interpretación de esa norma procesal aplicada en el inter procesal sobre actos y garantías procesales y su infracción supone la nulidad de actuaciones procesales. Se trata de los errores relativos a la observancia de las normas legales, que regulan la producción de los actos procesales, durante el iter procesal. Es decir, que esta clase de motivo tiene lugar por los errores cometidos por el tribunal de alzada antes de la emisión de la sentencia impugnada, siempre y cuando su infracción supone la nulidad de las actuaciones procesales. Cuando dichas infracciones inciden en el procedimiento probatorio, o sea, en la producción de la prueba como en este caso concreto, da lugar a prueba prohibida, desde el momento en que arbitrariamente se abusa de la facultad de dirección que tiene el órgano jurisdiccional al no observar las normas procesales reguladoras de tales actuaciones y, que la ilicitud de la prueba, estricto sensu, queda reservada a las transgresiones de las normas constitucionales que operan en el tema probatorio. Siendo el proceso el medio, el instrumento o mecanismo a través del cual el Estado de Honduras, conforme al Art. 1 de la Constitución de la República, garantiza el goce de la justicia, después de descartadas la auto-tutela y la auto-composición como medios para resolver el conflicto, y excluido también el arbitraje, entonces se impone el control del más alto Tribunal de Justicia Hondureño para establecer si se trata de un debido proceso, que se ha desarrollado bajo la dirección y control de juez competente, de acuerdo con la ley y las formalidades que la misma establece. Pero en este caso concreto no ha acontecido así, al contrario, se observa que anómalamente se admitió prueba de testigos para alterar lo que los contratantes en la compraventa cuya nulidad se pidió en la demanda, expresaron respecto al monto del precio, proveyendo en contra de la prohibición legal contenida en el segundo párrafo del Art. 1527 del Código Civil, pero en su lugar se procedió así: a) Del folio 137 al 40 de la primera pieza, consta el escrito de proposición de medios de prueba presentado por la Abogada Dilenia Elizabeth Herrera García como apoderada legal del demandado Santos Jacinto Hernández, donde ofreció o propuso la declaración de los testigos PEDRO PABLO TORRES, RUDY WILLIANS ORTÍZ LAÍNEZ y TRINIDAD TORRES ORTÍZ, apreciándose a folio 39 el capítulo III del interrogatorio propuesto, que dice: “III.- Digan los testigos nominados ser cierto como efectivamente lo es y por constarles personalmente, que dicho inmueble se lo vendió por la cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (Lps. 1,250.00) el señor SANTOS MAGIN TORRES HERNÁNDEZ, y que el vendedor nunca antes había entrado en ningún conflicto con mi representado, puesto que dicho contrato de compraventa fue llevado a cabo bajo el consentimiento de ambos”. b) A folio 41 de la primera pieza de autos, se aprecia el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, por medio del cual el Juez de primera instancia, con conocimiento de la parte contraria, entre otros, admitió el medio de prueba número tres testifical, ordenando que en su oportunidad se evacúen, citando los Arts. 300, 309 y 320 del Código de Procedimientos Civiles. c) A folios 70, 71 y 72 de la misma primera pieza de autos, constan las declaraciones rendidas por dichos testigos, pretendiendo alterar lo pactado por vendedor y comprador sobre el precio de la compraventa, en abierta contradicción a la prohibición legal sobre la admisibilidad de la prueba testifical en tal sentido. d) Y el contenido del “Considerando (14)” de la sentencia de primera instancia, que trasciende al fallo y, por ende, al ser confirmada por la sentencia de segunda instancia emitida por la Corte de Apelaciones recurrida, es aceptado por este tribunal de alzada; estimación o considerando que literalmente: “...CONSIDERANDO (14): Que la prueba testifical de la parte demandada, constituida por la declaración de los señores Pedro Pablo Torres, Rudy Willians Ortiz Laínez y Trinidad Torres Ortiz, fueron contestes a los hechos relacionados por el demandado en la contestación de la demanda, cuando aseguran que esas cinco (5) manzanas Santos Jacinto Hernández se las compró a Santos Magín Torres Hernández por la cantidad de Un Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps. 1,250.00) y que ese terreno es totalmente distinto al que el demandante le vendió alguna vez a Vidal Hernández”. Arbitraria apreciación de la sentencia impugnada acerca de tener por contestes a los referidos testigos, porque no solo está contradicho su testimonio por el instrumento público objeto de la nulidad, que como mientras no se declara judicialmente su nulidad tiene plena validez y eficacia, sino que también, a la repregunta de si les gustaría que el juicio lo ganara el señor SANTOS JACINTO HERNÁNDEZ casi todos respondieron “si les gustaría”, denotando su parcialidad a favor de la parte demandada al exteriorizar así el interés indirecto en beneficio del demandado y evidenciándose su inhabilidad conforme al Art. 372 numeral 6 del Código de Procedimientos. En otras palabras, la declaración de tales testigos al estar viciada tal prueba por ser inadmisible y siendo evidente que no son contestes, no puede ser apreciada legalmente por el juzgador. La consecuencia de no atender las reglas legales sobre el procedimiento probatorio, o sea, no aplicar en su esencia la prohibición transgredida, constituye claramente infracción a esa norma cuya verdadera esencia procesal es innegable. Tratándose esa trasgresión de inobservancia de leyes procesales, de orden público, sin duda que tal infracción supone la nulidad de las actuaciones, tal como lo ha declarado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.b) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: ...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad...”. SEGUNDO MOTIVO: Infracción del Art. 428 en relación con el 158 y el 169 del Código de Procedimientos, y con los Arts. 64 y 65 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. El Art. 428 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, dice: “Devueltos los traslados se dictará providencia mandando traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, la que se dictará en el término de diez días”. El Art. 158 del Código citado en el párrafo anterior dice: “Los Jueces y Magistrados verán por sí mismos los autos para dictar providencias y sentencias”. El Art. 169 del Código de Procedimientos dice: “fuera del caso a que se refiere el artículo anterior, se discutirán y votarán las sentencias inmediatamente después de la vista; y si no fuere posible, dentro del término señalado por la ley”. El Art. 64 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales dice: “No podrán tomar parte en ningún acuerdo de las Cortes de Apelaciones, los Jueces que no hubieren concurrido como Magistrados a la vista del negocio. Y el 65 de dicha Ley dice: “Tampoco dejará de intervenir en el acuerdo ninguno de los Magistrados que hubiere concurrido a la vista del negocio, salvo los casos de los artículos siguientes”. Este conjunto o bloque de normas constituyen la regulación toral de la integración del Tribunal que cita a las parte para sentencia, señalando la vista al efecto, previo a tomar el acuerdo que conforma la decisión de fondo del asunto o, en su caso, para invalidar la sentencia de primera instancia. Cuya infracción se encuentra al final del iter procesal e integra también lo que antes se denominaba la citación para sentencia, cuya infracción era una causal de casación en la forma según el Código de Procedimientos derogado. El primero de dichos Arts., o sea, el 428 opera después de que las partes han formulado sus conclusiones, como complemento de lo ordenado por el Art. 158 del mismo Código de Procedimientos, en cuanto a que los jueces y magistrados verán por sí mismos los autos para dictar providencias y sentencias, esto es, que se impondrán del desarrollo o curso del proceso, o sea, del iter procesal, con el objeto de conocer del asunto o conflicto sometido a su decisión, pues sólo así actuarán con conocimiento de la causa en todas sus incidencias. El Art. 169 regula el supuesto en donde después de la vista ninguno de los Magistrados del Tribunal pidieron los autos para reconocerlos privadamente, como lo prevé el Art. 168 del Código de Procedimientos, entonces los magistrados están obligados a discutir y votar las sentencias inmediatamente después de la vista, y sólo en el caso que no fuere posible, entonces tendrán que llevar a cabo esas labores dentro del término señalado por la ley. Los Arts. 64 y 65 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales son complementarios, el primero, prohíbe que tomen parte en el acuerdo para decidir un asunto, los jueces (debe entenderse, los magistrados) que no hubieren concurrido como Magistrados a la vista del negocio; es decir, obligadamente los Magistrados debidamente integrados al pleno que vieron por sí mismos el asunto o caso, son los únicos que pueden tomar el acuerdo decidiendo el negocio; lo cual se completa con el contenido del segundo de dichos preceptos, porque reafirma que tampoco dejará de intervenir en el acuerdo ninguno de los Magistrados que hubieren concurrido a la vista del negocio, con las salvedades que prevén los Arts. siguientes. 1) En el presente caso consta en la segunda pieza de autos que el cinco (5) de octubre de dos mil diez (2010), se citó a las partes para oír sentencia, señalando la vista para el día jueves once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), a las dos de la tarde (2:00pm), con base en el Art. 428 del Código de Procedimientos, firmando el auto los Magistrados, Abogados Teodoro Bonilla Euceda, Antonio Pacheco Valle y Remberto Ordóñez. 2) Dicho auto fue notificado a las partes el dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010) mediante cédula fijada en la tabla de avisos del despacho. 3) El diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), mediante auto los Magistrados Teodoro Bonilla y Remberto Ordóñez, aduciendo ausencia justificada del Magistrado Antonio Pacheco Valle, se llamó a integrar al Abogado Daniel Adán Bustillo Vásquez en su condición de Magistrado suplente, para que se integre al pleno de dicho tribunal de alzada y pueda conocer del presente caso, para el día jueves once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), citando los Arts. 61, 101, 102, 103 y 104 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. 4) El acta de aceptación del Magistrado Suplente Daniel Adán Bustillo aparece con fecha diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), a las tres p.m., pero la referida providencia no fue notificada a las partes, por lo cual no tuvieron oportunidad de ejercer el derecho de recusación en su caso. 5) Con fecha once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), en la hora y fecha de la vista señalada, aparece la constancia de que no comparecieron las partes y cierran con la fórmula de VISTOS, firmando los Magistrados Teodoro Bonilla Euceda, Remberto Ordóñez y Daniel Adán Bustillo Vásquez, sin que este ultimo Magistrado verdaderamente haya visto tenido un conocimiento cabal de los autos. En el iter procesal de la segunda instancia después de lo que se puede llamar la etapa de promoción de la impugnación, esto es, después de la expresión de agravios y su contestación, sin perjuicio de la etapa probatoria si se llevó a cabo, se cita a las partes para sentencia señalando fecha y hora para la celebración de la vista, lo cual lo hacen los Magistrados que están integrando el tribunal de alzada como Propietarios, en su caso el suplente que haya sido llamado correctamente a integrarlo, a fin de cumplir a cabalidad con el principio de predeterminación del juez. Si bien es cierto en el presente caso los Magistrados que concurrieron a la vista, son los mismos que firmaron la sentencia y, por ende, que tomaron parte en el acuerdo para decidir en segunda instancia; también es cierto, que la integración del Magistrado Adán Bustillo Vásquez no fue notificada a las partes afectando el principio de predeterminación del juez y, por ende, no se conformó en normal ni correctamente, lo que afecta el señalamiento de la vista que debe hacerse por los mismos Magistrados que celebraron la vista y formaron el acuerdo, de suerte que solo así se encontrarán los Magistrados con la calidad de juez natural, o juez competente, debidamente en funciones, habiendo previamente conformando el principio de “predeterminación del juez”. La consecuencia de no atender las reglas legales cuya infracción se alega, conforma una trasgresión por inobservancia de leyes procesales de orden público, infracciones que sin duda conllevan la nulidad de las actuaciones, tal como lo ha declarado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este Motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.b) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice:...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad...”. V.2.- POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. TERCER MOTIVO: Infracción del Art. 407 regla 2ª del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, impugnando la aplicación de esa norma procesal que aunque no aparece citada expresamente en el fallo fue estimada su aplicación con trascendencia al contenido del fallo y, por ende, solicitamos el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir en su elaboración; en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen en cuanto a la motivación para revisar, en este caso concreto, su racionalidad y carácter lógico. Se impugna la aplicación del Art. 407 regla 2ª del Código de Procedimientos mencionado, que afecta en este caso el contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. El Art. 187 Nº 2) del Código de Procedimientos, entre otros requisitos exige en los Considerandos, la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse.- En el caso de la sentencia impugnada se encuentra la estimación que literalmente dice: “...CONSIDERANDO (14): Que la prueba testifical de la parte demandada, constituida por la declaración de los señores Pedro Pablo Torres, Rudy Willians Ortiz Laínez y Trinidad Torres Ortiz, fueron contestes a los hechos relacionados por el demandado en la contestación de la demanda, cuando aseguran que esas cinco (5) manzanas Santos Jacinto Hernández se las compró a Santos Magín Torres Hernández por la cantidad de Un Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps. 1,250.00) y que ese terreno es totalmente distinto al que el demandante le vendió alguna vez a Vidal Hernández”. Sin embargo constando en autos certificación del asiento registral del testimonio de la escritura pública Nº 303 autorizada en la ciudad de Choluteca por el Notario Humberto Rivera Rápalo, objeto de la pretensión de nulidad del demandante, el Tribunal de alzada recurrido al confirmar la sentencia de primera instancia, ha adoptado y hecho suyas las consideraciones o estimaciones del juez de primera instancia y con ello la falta de racionalidad y carácter ilógico de dicha motivación en cuanto a la admisibilidad y valor de la prueba testifical aplicando una regla como la 2ª del Art. 407, que resulta improcedente aplicar, precisamente por la prohibición de la admisibilidad del medio probatorio testifical para alterar el contenido de un instrumento público como la escritura cuya nulidad se pretende, motivación que no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, en ese aspecto. Ante la prohibición legal en cuanto a la admisibilidad de la prueba testifical para alterar el contenido de instrumentos públicos, se necesitan razonamientos fácticos, pero especialmente jurídicos, o sea, las razones que permitan que la prueba testifical altere el contenido de instrumentos públicos; y, como tenemos seguridad que no existen razones valederas en ese sentido, tal circunstancia permite al Tribunal competente en casación la revisión del carácter lógico de esa admisibilidad contraria a la ley, porque ese vicio de motivación sin duda alguna es vicio de razonamiento, lo que se extiende hasta vicios de justificación. Así las cosas, la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de las que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, de manera que permitan no solo un control democrático a lo interno del proceso, o sea, para permitir el control de las partes y al tribunal en la vía de recurso, sino, también, un control más generalizado que se difunde al aspecto extraprocesal, esto es, por cualquier ciudadano, lo que equivale a un verdadero control democrático, junto con los razonamientos jurídicos, que deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, con ajuste a las reglas de la lógica y de la razón; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. V.3.-DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia. V.4.-SE TRATO DE SUBSANAR. En cuanto al requisito de intento de subsanación, tampoco lo encontramos por haberse dado la infracción de la norma procesal al emitir el fallo. VI) MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL. VI.1.-PRIMER MOTIVO: Infracción de los Arts. 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El Art. 1586 del Código Civil dice: “Hay nulidad absoluta en los actos y contratos: 1º.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2º- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.” 3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.”. El Art. 1610 del Código Civil prescribe: “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.”. El Art. 1586 contiene los supuestos de nulidad absoluta regulados en el Código Civil para los actos o contratos, y siendo el precio en la compraventa un elemento esencial a dicho contrato, resulta que la falta del precio, por ser este irrisorio o no ser verdadero, encaja en uno de los supuestos del numeral 1º del Art. 1586 citado, esto es, cuando en el contrato de compraventa falta alguna de las condiciones esenciales para su existencia, como lo es el precio. Al contestar la demanda, en el hecho quinto, el demandado afirmó que al vendedor le dio la cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.1,250.00), como valor o precio por la compra del terreno de mérito, o sea, con esa afirmación está alterando el contenido del documento público donde se consignó la compraventa y, por ende, claramente exterioriza que vendedor y comprador en realidad no convinieron en el precio, pues el precio no fue verdadero, lo que contradice el contenido del Art. 1610 del Código Civil, el cual cuando alude que comprador y vendedor hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, sin duda que a éste se refiere porque es verdadero, no como en el caso de autos donde el demandante (vendedor) afirma que no existió precio y, el demandado (comprador) dice que si existió preció pero este elemento en la compraventa no es verdadero porque su derecho lo sostiene en una escritura pública que él mismo altera con su afirmación de que dio una cantidad diferente a la supuestamente pactada, de suerte que él mismo contradice la fe notarial del fedatario que autorizó el instrumento público. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. VI.1.- SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la aplicación del Art. 1499 del Código Civil en relación con el 921.2 del Código Procesal Civil, por ser aquella una norma de derecho derogada empleada para la solución de fondo del litigio. El Art. 1499 del Código Civil dice: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.”. Dicha norma jurídica es una regla valorativa de la prueba atinente a los documentos públicos, es por antonomasia la prueba tasada, la cual quedó derogada por efecto del Art. 921.2 del Código Procesal Civil, de acuerdo con el Decreto Nº 211-2006 emitido el 22 de enero de 2007, contentivo de este Código, el cual empezó a regir en nuestro país veinticuatro meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, o sea, su vigencia comenzó el 27 de mayo de 2009 por haberse hecho la publicación en dicho Diario Oficial el sábado 26 de mayo del 2007. Ese Art. 921 en su enunciado dice: “NORMAS SIN VIGENCIA. Derogar expresamente los siguientes artículos:...2. Los artículos 511 al 517; 522; párrafo segundo del artículo 553 y artículos del 1495 al 1538; 2158 y 2367 del Código Civil aprobado por el Poder Ejecutivo el 8 de febrero de 1906. En consecuencia, a partir del día 27 de mayo de 2009 dejó de tener vigencia el Art. 1499 del Código Civil por estar comprendido entre los Arts. 1495 al 1538 de este Código y, por lo tanto, la Corte recurrida no debió aplicarlo en el fallo impugnado. Si bien es cierto conforme al Decreto Nº 168-2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del lunes 17 de agosto de 2009, se suspendió la vigencia del Código Procesal Civil, el efecto derogatorio de su Art. 921 automáticamente no deja de producirse y de esa manera restablece nuevamente la vigencia del citado Art. 1499 del Código Civil; o sea, sostenemos que una ley derogada no se restablece su vigencia, no obstante que la ley derogatoria sea suspendida su vigencia o sea derogada por otra, a menos que expresamente la ley nueva expresamente restablezca aquella primera ley derogada. Es el caso que el mencionado Decreto 168 si bien reforma el Art. 932 del Código Procesal Civil, disponiendo que éste entrará en vigencia a partir del primero (1º) de noviembre de dos mil diez (2010), también expresamente restableció la vigencia de la Primera Parte, “Procedimientos Civiles”, del Código de Procedimientos Comunes que emitió el Presidente de la República, General Manuel Bonilla, por delegación expresa del Decreto Nº 76 de la Asamblea Nacional Constituyente, de ese modo los Procedimientos Civiles rigieron hasta el día 31 de octubre de 2010. Sostenemos pues, que una ley derogada, totalmente que da fuera del ordenamiento jurídico del Estado, como es el caso de las leyes que derogó el referido Código Procesal Civil y como éste a su vez fue suspendida su vigencia Civil, durante la suspensión automáticamente no se restablecieron las leyes que expresamente derogó, para ello se necesita como lo hizo ese Decreto 168-2009 con la Primera Parte del Código de Procedimientos Comunes, una norma expresa que nuevamente restableciera su vigencia, lo cual no sucedió con los Artículos del Código Civil que había derogado. Con relación al Código Civil y otras normas que derogó el Código Procesal Civil, ese Decreto Nº 168-2009 no tiene disposiciones o artículos que expresamente restablecieran su vigencia. Como consecuencia, de la derogación de ese Art.1499 los documentos que tenían que ser apreciados o valorados en los procesos conforme al sistema viejo, debieron apreciarse o valorarse conforme a un sistema probatorio distinto del tasado o prueba legal. Queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por los Abogados Marco Tulio Barahona Valle y Carlos Alberto Gómez Moreno, en su condición de representantes procesales del señor Santos Magín Torres Hernández, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, el once (11) de noviembre de dos mil diez (2010); recurso de casación que formalizaron en dos motivos, por errores anteriores a la sentencia; y un tercer motivo por errores producidos en la sentencia; y, dos motivos por infracción de ley material. El primero motivo por errores anteriores a la sentencia, por interpretación del Artículo 1527 segundo párrafo del Código Civil sobre los actos y garantías procesales y su infracción supone la nulidad de actuaciones procesales, con fundamento en el Artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supongan la nulidad o produjera indefensión; el segundo motivo por errores anteriores a la sentencia, infracción del Artículo 428 en relación con el 158 y 169 del Código de Procedimientos y con los Artículos 64 y 65 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales sobre los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad de actuaciones y lo consideran comprendido en el Artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supongan la nulidad o produjera indefensión; el tercer motivo por errores producidos en la sentencia, infracción del Artículo 407 regla 2ª del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, impugnando la aplicación de esa norma procesal que aunque no aparece citada expresamente en el fallo fue estimada su aplicación con trascendencia al contenido del fallo y por ende, solicitan el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo consideran comprendido en el Artículo 719.1.c del Código Procesal Civil que se refiere a que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; el primer motivo por infracción de ley material por infracción de los Artículos 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, finalmente, el segundo motivo por infracción de ley material, impugnan la aplicación del Artículo 1499 del Código Civil en relación con el 921.2 del Código Procesal Civil por ser aquella una norma de derecho derogada empleada para la solución del fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. Que los recurrentes en su primer motivo, por errores anteriores a la sentencia, alegan interpretación del Artículo 1527 segundo párrafo del Código Civil sobre los actos y garantías procesales y su infracción supone la nulidad de actuaciones procesales y lo consideran comprendido en el Artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad; olvidando que el Artículo 1527 del Código Civil, fue derogado por disposición del Artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil; y, en la explicación del motivo se refieren a actuaciones realizadas en primea instancia, como ser la declaración de testigos, pero no acreditan en la interposición del recurso, que procedieron a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, como lo exige el Artículo 700 del Código Procesal Civil; por otra parte, los recurrentes no relacionan el artículo citado del Código Civil con las normas que regulan la nulidad de los actos procesales que alegan, contenidos en el mismo Código Civil y en el Código Procesal Civil, por lo que el cargo resulta incompleto.

  3. Que los impetrantes en su segundo motivo de casación, por errores anteriores a la sentencia alegan infracción del Artículo 428 en relación con el 158 y 169 del Código de Procedimientos y con los Artículos 64 y 65 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales sobre los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad de actuaciones y lo consideran comprendido en el Artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad y, a pesar de que ellos mismos aceptan que los errores se produjeron con anterioridad a la sentencia, no acreditan en la interposición del recurso, que procedieron a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, como lo exige el Artículo 700 del Código Procesal Civil; por otra parte, los recurrentes no relacionan el artículo citado del Código Civil, con las normas que regulan la nulidad de los actos procesales, contenidos en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, por lo que el cargo resulta incompleto.

  4. Que los impugnantes en su tercer motivo de casación, por errores producidos en la sentencia alegan infracción del Artículo 407 regla 2ª del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, impugnando la aplicación de esa norma procesal que aunque no aparece citada expresamente en el fallo fue estimada su aplicación con trascendencia al contenido del fallo y por ende, solicitan el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo consideran comprendido en el Artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, pero los recurrentes omiten indicar los artículos del Código Procesal Civil que regulan en qué forma y cuál debe ser el contenido de la sentencia; además, solicitan el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo pero omiten citar el numeral 2 del Artículo 720 del Código Procesal Civil, que es el fundamento para solicitar la revisión de la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la sentencia, que es lo que pretenden los impetrantes en este tercer motivo.

  5. Que los recurrentes en su primer motivo, por infracción de ley material, alegan infracción de los Artículos 1586 y 1610 del Código Civil, impugnando la interpretación de esas normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación de la infracción se refiere a la escritura de compraventa que es uno de los medios de prueba aportados al juicio, olvidando que la infracción por interpretación, que alegan, se produce con independencia del haz probatorio.

  6. Que los impetrantes en su segundo motivo de casación, por infracción de ley material, impugnan la aplicación del Artículo 1499 del Código Civil en relación con el 921.2 del Código Procesal Civil, por ser aquella una norma de derecho derogada empleada para la solución del fondo del litigio y lo consideran comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, pero es de hacer notar que el Artículo 1499 del Código Civil, citado por los recurrentes, es una disposición de carácter general inviolable para los efectos del recurso de casación; por otra parte, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones considera que con la prueba evacuada en juicio de primera instancia y específicamente la inspección practicada, la venta efectuada, que es objeto del presente juicio, reúne los requisitos establecidos en la ley y no fue probado vicio alguno que diese lugar a la nulidad pretendida con lo que hace evidente que el medio de prueba especialmente la inspección practicada, junto de los otros evacuados, fue el que la Corte de Apelaciones consideró decisivo para declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

  7. Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de los recurrentes, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus cinco motivos de casación expuestos, las causales previstas en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  8. Que la representante procesal de la parte recurrida, dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos de los impugnantes.

  9. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por los representantes procesales de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

II. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por los Abogados Marco Tulio Barahona Valle y Carlos Alberto Gómez Moreno, en su condición de representantes procesales del señor Santos Magín Torres Hernández, en la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una escritura y del instrumento que la contiene, cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad, promovida por el señor Santos Magín Torres Hernández contra el señor Santos Jacinto Hernández. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, el once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), en el expediente de apelación número 048-10 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 04-2009 del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFIQUESE.

Raúl Antonio Henríquez Interiano

Coordinador

Edith María López Rivera

Magistrada

Reina Sagrario Solórzano Juárez

Magistrada