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Sentencia CC-34-12 — Registro 5122

Resumen

En primera instancia se declaro sin lugar la excepción perentoria de falta de derecho para demanda interpuesta por la parte demandada y con lugar la demanda ordinaria de pago y sin lugar la indemnización de daños y perjuicios, en segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El impetrante en su tercer motivo de casación alega contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, considera como infringido el Artículo 1146 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en acápite “Concepto de la infracción” manifiesta “La Corte sentenciadora inexcusablemente violó el Artículo 1146 del Código de Comercio al interpretarlo erróneamente” haciendo evidente que olvidó que en este motivo atacó la sentencia por interpretación errónea de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto y, al haber atacado la sentencia por violación o falta de aplicación e interpretación errónea, que son dos motivos diferentes de infringir la ley, incumplió el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil que manda que en el escrito de interposición y formalización del recurso, se harán constar los motivos en que la casación se basa, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo y que todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en su cuarto motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio, 1507 del Código Civil, 13, 245 y 280 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; pero es del caso hacer notar que el impetrante confunde lo que son normas procesales, adjetivas o instrumentales, que regulan el procedimiento para hacer efectivos los derechos y determinan los medios de prueba, su producción y manera de valorarlas con las normas sustantivas o materiales, que determinan los derechos en su esencia, o consagran los derechos y las obligaciones de las personas, que no debió citar al fundamentar el motivo en el Artículo 719 numeral 1, literal b) del Código Procesal Civil porque dicho Artículo, numeral y literal, se refieren únicamente a normas procesales por lo que el cargo carece de la claridad que exige el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El impugnante en su quinto motivo de casación alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia, considera infringido el Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pero resulta que al leer la sentencia impugnada, si bien es cierto no contiene un acápite denominado hechos probados, también es cierto que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha 29 de agosto de 2011, impugnada, tuvo, por ejemplo probada la relación contractual de tipo mercantil entre la demandante y la demanda, que el incendio ocurrió el 21 de octubre de 2008 y que ha quedado probado en juicio que la póliza en referencia ha tenido varias renovaciones o prórrogas, por lo que no se configura la violación del Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil alegada, por lo que el cargo es inamisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en su primer motivo de casación alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el Artículo 694 relacionado con el párrafo segundo del Artículo 1105 ambos del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, en la explicación del motivo sostiene “la parte demandada sostuvo y probó en juicio”, “Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante”, “se ha probado en juicio que la póliza en referencia a tenido varias renovaciones o prórrogas”, olvidando que la falta de aplicación, que alega el impetrante al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El impugnante en su segundo motivo de casación alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para las solución de fondo del litigio, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio y 1548 del Código Civil, ambos en relación con el Artículo 694 del Código de Comercio y señala como precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, en la explicación del motivo dice “la parte demandada sostuvo y probó en juicio”, “Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante”, olvidando que la falta de aplicación, que alega el recurrente al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) de octubre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA, S.A., representada en juicio por el Abogado RAMIRO ALEJANDRO RAMIREZ A., en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora MARIA OFELIA UMANZOR, representada en juicio por el Abogado ENRIQUE GONZALES RAUDALES.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS, INTERESES, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO MERCANTIL Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha seis (6) de marzo de dos mil nueve (2009), ante el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE MANUEL MADRID CHINCHILLA, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA OFELIA UMANZOR, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de abril de dos mil once (2011), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS, INTERESES, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO MERCANTIL Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha seis (6) de marzo de dos mil nueve (2009), ante el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE MANUEL MADRID CHINCHILLA, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA OFELIA UMANZOR, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA, S.A., dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con fecha doce (12) de abril de dos mil once (2011), el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Falta de Derecho para Demanda interpuesta por el Abogado LEON ALBERTO DUMAS RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS ATLANTIDA, S.A. 2) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Pago. 3) Declarando SIN LUGAR la Indemnización de Daños y Perjuicios, ambas promovidas por el Abogado JOSE MANUEL MADRID CHINCHILLA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora MARIA OFELIA UMANZOR, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA, S.A., por medio de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, señor Don GUILLERMO BUESO. 4) En consecuencia CONDENA a la Ejecutada Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA S.A., por medio de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal don GUILLERMO BUESO, al pago de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps. 2,500,000.00) más los intereses calculados al siete por ciento (7%) que es el interés legal… CON COSTAS.”

SEGUNDO: El Representante Procesal de la Sociedad SEGUROS ATLANTIDA, S.A., presentó en fecha (3) de noviembre de dos mil once (2011), escrito de interposición de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: Mediante auto de fecha siete (7) de noviembre de dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo y forma, el Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de Agosto del dos mil once (2011, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.

CUARTO: El Representante Procesal de la señora MARIA OFELIA UMANZOR, en fecha trece (13) de enero de dos mil doce (2012), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado sobre el contenido del Recurso de Casación en tiempo y forma por parte del Abogado ENRIQUE GONZALEZ RAUDALES, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, para proseguir con el tramite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados ENRIQUE GONZALES RAUDALES y RAMIRO ALEJANDRO RAMIREZ A., ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento, en fecha veinticinco (25) y veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvieron por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cinco motivos su recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. Siendo como así lo es que el Recurso de Casación tiene como finalidad la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo en la solución de los conflictos intersubjetivos de intereses, ocurro a través de Vos para que en su momento procesal la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en irrestricta aplicación de la normativa, case la sentencia hoy impugnada por adolecer de defectos que singularizaré en los motivos de casación que a continuación desarrollo: PRIMER MOTIVO. Contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugno la sentencia por contener la misma violación directa o infracción por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Expresión de las Normas de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, el Artículo 694 relacionado con el párrafo segundo del 1105 ambos del Código de Comercio, que en su orden a la letra dicen: “No habrá términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles.” “Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se compromete a pagar a cambio de una prima, una indemnización para atender la necesidad económica provocada por la realización del riesgo.- El contrato de seguro será siempre mercantil.” Se Señala y Puntualiza en que Consistió la Violación de estas Normas Invocadas, por Parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil: Como expuse anteriormente, uno de los hechos controvertidos lo constituye la vigencia de la póliza de seguro de incendio; la parte demandante sostiene que el día 21 de octubre de 2008 en que se produjo el incendio de su negocio, la póliza estaba vigente, empero, la parte demandada sostuvo y probó en juicio que la última anualidad de vigencia de la póliza fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, extremo este que la propia Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán acepta expresamente en el numeral 4) de la Fundamentación Jurídica de la sentencia que hoy impugno. Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante en el hecho tercero de su demanda, que la Póliza de Seguro contra Incendio No. LC10-E-18-03 estuvo vigente en su última anualidad del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, tanto así que la actora en aquel mismo hecho, aceptó expresamente que los pagos fraccionados que efectuó para obtener su prórroga fueron a partir del 10 de julio de 2008, es decir cuando ya estaba vencida la póliza. Como el Artículo 1132 del Código de Comercio establece que las primas ulteriores a la del primer periodo del seguro se entenderán vencidas al comienzo y no al fin de cada nuevo periodo, ello significa que la última anualidad de aquella póliza vencía como en efecto venció el 4 de junio de 2008, por lo que su renovación debió, por imperio de ese Artículo 1132, pagarse antes del 4 de junio de 2008, para que entonces y sólo entonces pudiese operar la renovación o prórroga de la misma por la anualidad subsiguiente. Si el contrato de seguro es siempre mercantil como así lo establece el Artículo 1105 del Código de Comercio en su segundo párrafo, el sentido común y la simple lógica que informan a la norma jurídica nos hacen arribar sin ningún esfuerzo a la conclusión que las obligaciones derivadas del contrato de seguro son siempre mercantiles, de donde a su vez se viene en conocimiento inequívoco, que no existiendo términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, como así lo dispone el Artículo 694 del mismo ordenamiento citado, la prima correspondiente a la anualidad que empezaría a correr del 4 de junio de 2008 al 4 de junio de 2009, venció al comienzo de ese periodo, es decir el 4 de junio de 2008 y no al fin del mismo como lo sostiene equivocadamente la Corte sentenciadora.- Siendo como así lo es que la última renovación de la póliza de seguro se verificó realmente del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, la prima de la renovación para la siguiente anualidad debió entenderse vencida al comienzo de este último periodo, es decir, que debió pagarse a más tardar el 4 de junio de 2008, no existiendo legalmente término de gracia alguno para el cumplimiento de esa obligación de pago. No me canso de reiterar que la última vigencia de la tantas veces referida póliza fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, aspecto este que la propia Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán lo reconoce en el número 4) de su Fundamentación Jurídica al expresar “... se ha probado en juicio que la póliza en referencia ha tenido varias renovaciones o prórrogas continuas de forma expresa, siendo la última de fecha 25 de agosto de 2007 para cubrir el periodo 04 de junio de 2007 hasta el 04 de junio de 2008 mediante certificado de renovación número 403-07” (estas últimas negritas son mías).- Y si esto es así, cómo es posible que la Corte hoy censurada haya llegado a tan equivocada conclusión?. Concepto de la Infracción. Es muy sencillo explicar entonces, el concepto en que han sido violadas por parte de la Corte de Apelaciones las normas citadas; violación directa por haber dejado de aplicar al caso concreto, debiendo hacerlo, el Artículo 694 del Código de Comercio y el párrafo segundo del Artículo 1105 ambos del mismo ordenamiento jurídico. Siendo el derecho un todo orgánico, las disposiciones que lo integran no deben verse aisladamente sino en el contexto y espíritu de toda la legislación; de manera que es incorrecto a todas luces y por ende inaceptable que en la sentencia hoy impugnada, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán analice el contrato de seguro, los requisitos que lo integran y los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, pero que haga caso omiso de disposiciones aplicables al caso concreto como lo son los citados e invocados Artículos 694 y 1105 párrafo segundo del Código de Comercio, que en su orden, como queda dicho, nos dicen: Que no hay términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y que el contrato de seguro es siempre mercantil.— Y es que no se trata simplemente de citar en la parte dispositiva del fallo una norma (verbigracia, en la sentencia objetada se cita el Artículo 1105 del Código de Comercio), cuando en la aplicación o interpretación de las mismas al caso concreto que nos ocupa se yerra, porque sencillamente no se les tomó en cuenta para proferir como debió proferirse un fallo adverso a las pretensiones de la demandante. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada. La violación por falta de aplicación de los Artículos 694 y 1105 párrafo segundo del Código de Comercio al caso en comento, ha incidido determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, habida cuenta que si la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán hubiese aplicado tales normas, la parte dispositiva de su fallo se habría pronunciado revocando al sentencia de primera instancia, sencillamente por lo siguiente: Como no hay términos de gracia para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y el contrato de seguro es siempre mercantil, si las primas ulteriores a las del primer periodo del seguro se entienden vencidas al comienzo y no al fin de cada nuevo periodo, y las mismas no fueron pagadas en tiempo, el sentido común nos conduce inequívocamente a la conclusión que sencillamente no hubo renovación de la póliza, que tuvo como último periodo de vigencia del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008.- Ergo, la falta de aplicación del Artículo 694 del Código de Comercio en relación al 1105 párrafo segundo del mismo ordenamiento jurídico, sin lugar a dudas incidió directamente en el sentido de la Resolución que hoy impugno. SEGUNDO MOTIVO. Contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugno la sentencia por violar directamente o infringir por falta de aplicación al caso, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. Expresión de las Normas de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, el Artículo 1132 del Código de Comercio y el 1548 del Código Civil, ambos en relación con el 694 del Código de Comercio, que en su orden a la letra dicen: “En caso de duda, las primas ulteriores a la del primer periodo del seguro se entenderán vencidas al comienzo y no al fin de cada periodo.” “La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” “No habrá términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles.” Se Señala y Puntualiza en que Consistió la Violación de estas Normas Invocadas, por Parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil: Insisto, uno de los hechos controvertidos lo constituye la vigencia de la Póliza de seguro Contra incendio No. LC10-E-118-03; la parte demandante sostiene que el día 21 de octubre de 2008 en que se produjo el incendio de su negocio, la póliza estaba vigente, empero, la parte demandada sostuvo y probó en juicio que la última anualidad de vigencia de la póliza fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, extremo este que la propia Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán acepta expresamente en el numeral 4) de la Fundamentación Jurídica de la sentencia que hoy impugno. Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante en el hecho tercero de su demanda, que la Póliza de Seguro contra Incendio No.LC10-E-1 18-03 estuvo vigente en su última anualidad del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, tanto así que la actora en aquel mismo hecho, aceptó expresamente que los pagos fraccionados que posteriormente efectuó fueron a partir del 10 de julio de 2008, es decir cuando ya estaba vencida la póliza. Como el Artículo 1132 del Código de Comercio establece que las primas ulteriores a la del primer periodo del seguro se entenderán vencidas al comienzo y no al fin de cada nuevo período, ello significa que la última anualidad de aquella póliza vencía como en efecto venció el 4 de junio de 2008, por lo que su renovación debió, por imperio de ese Artículo 1132 pagarse antes del 4 de junio de 2008, para que entonces y sólo entonces pudiese haberse operado o producido la renovación o prórroga de la misma por la anualidad subsiguiente.- Pero al no haber hecho el pago la señora María Ofelia Umanzor en ese momento, es visto e inequívoco que la póliza venció el 4 de junio de 2008, habida cuenta que como lo indica el Artículo 694 del Código de Comercio, no hay plazos de gracia para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles; precepto último éste en el que se subsume la obligación de pagar la prima al comienzo de cada anualidad. Concepto de la Infracción. La Corte sentenciadora inexcusablemente violó de forma directa por falta de aplicación al caso debatido, como queda dicho, los Artículos 1132 del Código de Comercio y 1548 del Código Civil, ambos en relación con el 694 del Código de Comercio y el concepto de tal infracción lo explico: 1) Es principio de derecho plasmado en el primero de esos citados preceptos, que las primas ulteriores a las del primer periodo del seguro se entienden vencidas al comienzo y no al fin de cada nuevo periodo; esto significa, así en términos sencillos, que si la Póliza de Seguro Contra Incendio No. LC10-E-118-03 conforme Certificado de Renovación 403-07 estuvo vigente en su última anualidad del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008, entonces para poder extender su vigencia por una anualidad más, debió doña MARIA OFELIA UMANZOR cumplir con su obligación de pagar la prima anticipadamente a la nueva anualidad pretendida, es decir, pagar esa prima al comienzo de esa anualidad por imperio del Artículo 1132 del Código de Comercio, pero es el caso que la señora Umanzor no pagó la prima correspondiente a la renovación, lo que hizo que de jure la misma perdiese vigencia el 4 de junio de 2008.- Si la Corte hubiese aplicado esa norma, sencillamente habría arribado a la conclusión que la póliza estaba vencida y que no había lugar al reclamo de indemnización alguna. 2) Por otra parte, igualmente es principio de derecho, que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, lo que en buen romance significa que tratándose como efectivamente se trata de un contrato de seguro mercantil de carácter bilateral, el cumplimiento de la principal obligación del asegurado que es la de pagar la prima (Artículo 1129 Código de Comercio), no puede dejarse al arbitrio de ese asegurado, lo que nos permite concluir que también por la no aplicación del Artículo 1548 del Código Civil al presente caso, la Corte sentenciadora incurrió en violación directa del mismo. 3) Corolario de lo anterior, debió la Corte de Apelaciones aplicar igualmente en rigor el Artículo 694 del Código de Comercio y entender que si no hay plazos de gracia para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, no puede invocar un uso mercantil inexistente y pretender eternizar la vigencia de un contrato de seguro mercantil donde no existe pago anticipado de la prima o anualidad por parte del asegurado, pues no es cierto la “existencia por tiempo indefinido” de un interés asegurable y menos de la posibilidad de realización de un riesgo que ya no puede cubrir una póliza vencida. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada. Sin ningún género de dudas puedo afirmar que la violación por falta de aplicación al presente caso de los Artículos 1132 del Código de Comercio y 1548 del Código Civil en relación con el 694 del Código de Comercio, incidió determinantemente en la equivocación de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán que la condujo a proferir el cuestionado fallo en los términos que lo hizo.- Ratifico que el ultraje de tales preceptos por parte de la Corte de Apelaciones incidió determinantemente en el fallo que hoy reprocho, porque al violarlos directamente, contra toda juridicidad pretende hacer creer con temeridad, que las primas de seguro pueden pagarse en cualquier tiempo y no como lo ordena la ley; que el cumplimiento de un contrato de seguro que es siempre mercantil, bilateral y sinalagmático puede perfectamente dejarse al arbitrio del asegurado; y, finalmente, que sí hay términos de gracia para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, todo lo cual es inaceptable y por ello se impone la casación de ese fallo. TERCER MOTIVO. Contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de un precepto. En el caso particular, como así lo enuncio al inicio de este motivo, impugno la sentencia por contener la misma infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. Expresión de la Norma de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy recurro viola por interpretación errónea el Artículo 1146 del Código de Comercio, que a la letra dice: “Tan pronto como el asegurado o el beneficiario, en su caso, tengan conocimiento de la realización del siniestro y del derecho constituido a su favor por el contrato de seguro, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa aseguradora. Salvo disposición contraria de este Código, o de la ley orgánica respectiva, el asegurado o el beneficiario gozarán de un plazo máximo de cinco días para el aviso. La falta de éste permitirá disminuir la indemnización a la cuantía que habría abarcado, si el aviso se hubiera dado oportunamente; si la omisión fuere dolosa, para impedir que se comprueben las causas del siniestro, el asegurador quedará liberado de sus obligaciones como tal.” Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de la norma invocada, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado la norma de derecho relacionada con el presente motivo de casación, que se explica por sí sola y que siendo de carácter imperativo compele al asegurado a poner en conocimiento de la compañía aseguradora la realización del siniestro tan pronto tenga conocimiento del mismo; es imperativa porque dice en su texto que el asegurado “deberá” hacer aquella notificación de inmediato, señalándole un plazo máximo de cinco días para hacerlo, sopena de sufrir una disminución en el importe o cuantía de la indemnización, o simplemente perder el derecho a ella. Concepto de la Infracción. La Corte sentenciadora inexcusablemente violó el Artículo 1146 del Código de Comercio al interpretarlo erróneamente en el numero 6) de su Fundamentación Jurídica, al establecer que la omisión del aviso del siniestro que debe dar el asegurado o beneficiario a la aseguradora “no es un elemento que puede trastocar la naturaleza jurídica de la decisión tomada por el Juez de primera instancia, pues ese elemento no ha sido llevado al proceso como un hecho controvertido que amerite su discusión y por ello no es objeto de prueba alguna ni de decisión al respecto”. De la simple lectura del párrafo que antes transcribo, resalta evidente la interpretación errónea en que incurrió la Corte de Apelaciones respecto del Artículo 1146 del Código de Comercio, pues contrario a lo que ella dice, omisión del aviso del siniestro sí es un elemento que puede trastocar la naturaleza jurídica de la decisión judicial; y la puede trastocar, como lo indica el precepto, bien disminuyendo la cuantía de la indemnización, bien perdiendo el derecho el asegurado a la totalidad del reclamo.- Por otra parte, es falsa la aseveración de la Corte de Apelaciones en cuanto indica que el aviso de notificación del siniestro no fue llevado al proceso como un hecho controvertido, cuando la verdad es que la controversia sobre el mismo resalta simplemente de contrastar el hecho QUINTO de la demanda con su par de la contestación de la demanda, lo que nos conduce sin ningún género de esfuerzo a la conclusión que sí debió decidirse lo pertinente al respecto. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada. Al exponer el concepto de la infracción, fácil es determinar que la interpretación errónea del Artículo 1146 del Código de Comercio por parte de la Corte de Apelaciones, incidió determinantemente en la decisión que la condujo a proferir el cuestionado fallo en los términos que lo hizo, habida cuenta que si hubiese interpretado el precepto en forma correcta, la Corte sentenciadora hubiese reducido sustancialmente la cuantía de la indemnización o hubiese exonerado de toda obligación a la aseguradora, tomando en cuenta que el aviso del siniestro no se hizo dentro de los cinco días que establece la norma citada, sino que fue hasta el día 4 de noviembre de 2008 que la señora MARIA OFELIA UMANZOR puso en conocimiento de la aseguradora la realización del siniestro, es decir, CATORCE DIAS DESPUES DE OCURRIDO EL SINIESTRO Y CINCO MESES DESPUES DE HABER VENCIDO LA VIGENCIA DE LA POLIZA, a pesar de haberse enterado del incendio el propio 21 de octubre de 2008 en que el mismo se produjo. CUARTO MOTIVO. Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 29 de agosto de 2011: a) Artículo 1132 del Código de Comercio: “En caso de duda, las primas ulteriores a la del primer período del seguro se entenderán vencidas al comienzo y no al fin de cada nuevo período”. b) Artículo 1507 del Código Civil: Este precepto dispone que “El instrumento privado, reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlos suscrito y de las personas a quienes se han trasferido las obligaciones y derechos de estos”. c) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido”. d) Artículo 245 numeral 1. del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. e) El Artículo 280 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos privados, imperativamente en su numeral

  1. expresa que “los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique.” Se señala y puntualiza en qué consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la Corte de Apelaciones: He citado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada ya que, reitero, el Artículo 1132 del Código de Comercio en relación con el 1507 del Código Civil y con los Artículos 13, 245 numeral 1. y 280 también numeral 1., todos del Código Procesal Civil, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por ambas partes y toral a los efectos de la litis, cual es la Póliza de Seguro Contra Incendio No. LC1O-E-118-03, cuya última vigencia de la misma fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008. Corolario de lo anterior, arribo a la conclusión que además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en documentos privados en cuyo concepto se refunde o subsume la Póliza de Seguro Contra Incendio No. LC10-E-118-03, a la cual, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 1507 del Código Civil y 13, 245 numeral 1. y 280 numeral 1. del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documento privado le corresponde, tanto más cuanto que se trata de un documento propuesto y aceptado como válido por la propia parte demandante.- Tómese en cuenta que tal póliza de seguro, si bien es un instrumento privado, tiene conforme el Artículo 1507 del Código Civil, el valor de una escritura pública desde que fue reconocido judicialmente por la propia demandante; y que de acuerdo al Artículo 280 numeral 1. del Código Procesal Civil, hace plena prueba en el proceso civil en los mismos términos previstos para los documentos públicos, porque no ha sido impugnada por la parte a quien perjudica que es la propia demandante. Censuro entonces la sentencia del 29 de agosto de 2011, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada; violación perpetrada al haber dejado de valorar la Póliza de Seguro Contra Incendio No. LC10-E-118-03 cuya última vigencia, como queda dicho, fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008. En qué consistió entonces, o en qué se concretiza la violación de las normas que hoy invoco, por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán?.- Simple y llanamente señalo y puntualizo que tal violación se concreta a no haber aplicado al caso concreto las siguientes normas: a) El Artículo 280 del Código Procesal Civil que al referirse a la fuerza probatoria de los documentos privados, imperativamente en su numeral 1. expresa que “los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a guien perjudique” y, b) El Artículo 1507 del Código Civil que dispone “El instrumento privado (la Póliza de seguro lo es), reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlos suscrito y de las personas a quienes se han trasferido las obligaciones y derechos de estos”. En este orden de ideas, si la tantas veces referida póliza de seguro, hará prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, por no haber sido impugnada por la señora María Ofelia Umanzor a guien perjudica; y además, si ha sido reconocida en este juicio como válida por la propia señora María Ofelia Umanzor que la propuso y tiene por ello el valor de una escritura o documento público, entonces lo correcto es haber apreciado tal instrumento conforme la fuerza probatoria atribuida por la ley a los documentos públicos, cual es la que aparece en el Artículo 273 el numeral 1. del Código Procesal Civil que dice “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. Concepto de la Infracción. Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta, que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán parte de una premisa falsa que es la contenida en el numeral
  1. de su “Fundamentación Jurídica”, al expresar inopinadamente que “es usual que se omita, tanto de parte del asegurador como del asegurado, los requisitos exigidos para una renovación o prórroga de forma expresa de la Póliza por varios períodos de vigencia, y esto es debido a la existencia por tiempo indefinido, tanto del INTERES ASEGURABLE como de la posibilidad de realización del RIESGO”, es visto e inconcuso que es fácil entonces, arribar a una conclusión falsa como la que arribó en su cuestionado fallo; tal aseveración no sólo es tan grave porque ultraja la letra y espíritu del Artículo 1132 del Código de Comercio, sino porque introduce un elemento nuevo y para toda la legislación hondureña desconocido, cual es el darle prácticamente carácter perpetuo, en contra de la autonomía de la voluntad, a una relación mercantil que por estar normada en un contrato de seguros es de naturaleza temporal y se rige de momento a momento; no es cierto y por ende es falso de toda falsedad, que sea “usual” la omisión por parte del asegurado y del asegurador de los requisitos exigidos para la renovación de una póliza, cuando para ello, por disposición legal, deben ocurrir una serie de circunstancias propias del contrato de seguro, tales como el intercambio de la nueva oferta del mismo por variación de precios o de coberturas, la ampliación o reducción de los riesgos que se amparan, las áreas de cobertura el nuevo término de vigencia y fundamentalmente el pago anticipado de la prima convenida como así lo ordena el Artículo 1132 del Código de Comercio. Es claro entonces, que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al infringir las normas citadas y relacionadas con la valoración de la prueba documental consistente en la Póliza de Seguros Contra Incendio No. LC10-E-118-03, se autocondujo a proferir una sentencia errada a favor de la parte demandante, contrariando el sustratum de ese medio de prueba documental. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haberle atribuido a la Póliza de Seguros Contra Incendio No. LC1O-E-118-03 el valor probatorio que aunque documento privado que es, le corresponde en semejanza con los documentos públicos, por no haber sido impugnado por la demandante y que lejos de ello fue reconocido en juicio por la señora María Ofelia Umanzor al proponerlo como medio probatorio, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, le hubiese atribuido la misma fuerza probatoria de los documentos públicos, arribando a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de condena confirmando el de primera instancia. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la sentencia impugnada, al expresar que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó, la sustentó en el numeral
  2. de su Fundamentación Jurídica, desmereciendo con ello el crédito que la normativa le atribuye a la Póliza de Seguros Contra Incendio No. LC10-E-118-03, cuya última vigencia fue del 4 de junio de 2007 al 4 de junio de 2008.- Es lógico que al hacer equívocamente la apreciación que hizo en el numeral 5) de su Fundamentación Jurídica, y no darle a la Póliza el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó las normas invocadas, incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que la demandada pague algo que legalmente no está obligada a pagar. QUINTO MOTIVO. Contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra c) del Código Procesal Civil, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Expresión de la norma de derecho cuya infracción sustenta el motivo. Cito como norma infringida el Artículo 200 numeral 2. letra b) del Código Procesal Civil, en lo que establece como uno de los requisitos del contenido formal de las sentencias, los hechos probados. Concepto de la Infracción. Para explicar el presente motivo de casación, basta expresar que, en efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y en el numeral
  1. letra b) de tal precepto, exige se consignen en el fallo los hechos probados. Pero es visto, de la simple lectura de la sentencia del 29 de agosto de 2011, que la misma adolece de hechos probados, lo que la vicia y hace casable; empero, es importante significar que este Quinto Motivo de Casación lo planteo con carácter subsidiario, para si y sólo si hipotéticamente se desestimasen los demás. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. Desde luego que si la sentencia que impugno adolece de hechos probados, ello incidió determinantemente en el fallo censurado, habida cuenta que mediante la consignación de aquellos hechos probados se hubiese arribado a la siguientes conclusiones: a) Que en la fecha 21 de octubre de 2008 en que se produjo el siniestro, la Póliza de Seguros Contra Incendio número LC10-118-03 no se encontraba vigente porque la asegurada no pagó anticipadamente la prima como así lo ordena el Artículo 1132 del Código de Comercio; b) Que la mencionada póliza expiró en su última anualidad que venció el 4 de junio de 2008; y, c) Que la señora María Ofelia Umanzor no efectuó en tiempo los pagos correspondientes a la anualidad, para que la mencionada póliza prorrogase su vigencia después del 4 de junio de 2008. SOLICITO EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA REVISAR SU RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO, TODA VEZ QUE ESTE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, con base en los Artículos 719 numeral 1. letra c) y 720 numeral 2. del Código Procesal Civil, solicito en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán el 29 de agosto de 2011, para que se revise su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éstos son determinantes de un sentido diferente del fallo. Es principio de derecho, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- En este orden de ideas observo que el número 4) de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, la Corte de Apelaciones expresa que “... se ha probado en juicio que la póliza en referencia ha tenido varias renovaciones o prórrogas continuas de forma expresa, siendo la última de fecha 25 de agosto de 2007 para cubrir el periodo 04 de junio de 2007 hasta el 04 de junio de 2008 mediante certificado de renovación número 403-07”; es decir, reconoce la Corte que la última prórroga de la póliza le dio vigencia hasta el 4 de junio de 2008, a pesar de lo cual, contrariando la imperatividad de los Artículos 1129 y 1132 del Código de Comercio y el 1548 del Código Civil, en el numeral siguiente, refiriéndose a una práctica mercantil inexistente, manifiesta que “es usual que se omitan, tanto de parte del asegurador como del asegurado, los requisitos exigidos para una renovación o prórroga de forma expresa de la póliza por varios periodos de vigencia, y esto debido a la existencia por tiempo indefinido, tanto del INTERES ASEGURABLE, como de la posibilidad de realización del RIESGO”, atribuyéndole al contrato de seguro una perpetuidad que no tiene, a pesar que la vigencia de aquel depende fundamentalmente del oportuno pago de la prima. Tales aseveraciones contenidas en la sentencia que impugno, con todo respeto me llevan a dudar de la racionalidad y carácter lógico de ese fallo pues, a mi juicio, no veo razonable ni lógico que por una parte se diga que la póliza es vencida y por otra que las renovaciones o prórrogas existen “por tiempo indefinido” y por ende ha lugar al pago de una indemnización. CONCLUSION. Por las razones legales anteriormente expuestas, resalta que hay en la sentencia que hoy impugno, violación directa por falta de aplicación al caso debatido de las normas citadas, lesividad en cuanto al proceso de valoración de la prueba, interpretación errónea e infracción a las normas del procedimiento, todo lo cual justifico en los Motivos de Casación, por lo cual se hace menester que en el momento procesal oportuno, remitidos que sean los autos a la Honorable Corte de Suprema de Justicia, en el orden, motive auto admitiendo el Recurso de Casación en todos los Motivos desarrollados; por estimarlo necesario, impetro se señale día y hora para la celebración de la audiencia; y oportunamente, estimando procedente el Recurso de Casación en todos sus Motivos, en un solo fallo casar la sentencia recurrida y convertido tal Tribunal a través de la Sala de lo Civil en sede de instancia, dicte la nueva sentencia que corresponde en derecho, resolviendo el litigio en el sentido de declarar sin lugar la demanda principal, absolver a Seguros Atlántida, S.A. de toda responsabilidad y condenar en costas a la demandante por no tener motivos racionales para litigar.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Ramiro Alejandro Ramírez, en su condición de apoderado legal de la sociedad Seguros Atlántida, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 29 de agosto de 2011; recurso de casación que formalizó en seis motivos; en el primero alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el Artículo 694 relacionado con el párrafo segundo del Artículo 1105 ambos del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en el segundo alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para las solución de fondo del litigio, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio y 1548 del Código Civil, ambos en relación con el Artículo 694 del Código de Comercio y señala como precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en el tercero alega contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, considera como infringido el Artículo 1146 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en el cuarto motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio, 1507 del Código Civil, 13, 245 y 280 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; en el quinto motivo alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia, considera infringido el Artículo 200 numeral 2 letra c) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, y, en el sexto motivo solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada para revisar su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éste es determinante de un sentido diferente del fallo, contrariando la imperatividad de los Artículos 1129 y 1132 del Código de Comercio y el 1548 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo.

  2. El recurrente en su primer motivo de casación alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio, considera infringido el Artículo 694 relacionado con el párrafo segundo del Artículo 1105 ambos del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, en la explicación del motivo sostiene “la parte demandada sostuvo y probó en juicio”, “Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante”, “se ha probado en juicio que la póliza en referencia a tenido varias renovaciones o prórrogas”, olvidando que la falta de aplicación, que alega el impetrante al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.

  3. El impugnante en su segundo motivo de casación alega contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de normas de derecho que debieron ser empleadas para las solución de fondo del litigio, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio y 1548 del Código Civil, ambos en relación con el Artículo 694 del Código de Comercio y señala como precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, en la explicación del motivo dice “la parte demandada sostuvo y probó en juicio”, “Es igualmente un hecho probado y también admitido por la propia demandante”, olvidando que la falta de aplicación, que alega el recurrente al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen que el motivo resulte inadmisible.

  4. El impetrante en su tercer motivo de casación alega contener la sentencia infracción por interpretación errónea de una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, considera como infringido el Artículo 1146 del Código de Comercio y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en acápite “Concepto de la infracción” manifiesta “La Corte sentenciadora inexcusablemente violó el Artículo 1146 del Código de Comercio al interpretarlo erróneamente” haciendo evidente que olvidó que en este motivo atacó la sentencia por interpretación errónea de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto y, al haber atacado la sentencia por violación o falta de aplicación e interpretación errónea, que son dos motivos diferentes de infringir la ley, incumplió el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil que manda que en el escrito de interposición y formalización del recurso, se harán constar los motivos en que la casación se basa, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo y que todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.

  5. El recurrente en su cuarto motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, considera infringidos los Artículos 1132 del Código de Comercio, 1507 del Código Civil, 13, 245 y 280 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; pero es del caso hacer notar que el impetrante confunde lo que son normas procesales, adjetivas o instrumentales, que regulan el procedimiento para hacer efectivos los derechos y determinan los medios de prueba, su producción y manera de valorarlas con las normas sustantivas o materiales, que determinan los derechos en su esencia, o consagran los derechos y las obligaciones de las personas, que no debió citar al fundamentar el motivo en el Artículo 719 numeral 1, literal b) del Código Procesal Civil porque dicho Artículo, numeral y literal, se refieren únicamente a normas procesales por lo que el cargo carece de la claridad que exige el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil.

  6. El impugnante en su quinto motivo de casación alega contener el fallo impugnado, violación de una norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia, considera infringido el Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pero resulta que al leer la sentencia impugnada, si bien es cierto no contiene un acápite denominado hechos probados, también es cierto que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha 29 de agosto de 2011, impugnada, tuvo, por ejemplo probada la relación contractual de tipo mercantil entre la demandante y la demanda, que el incendio ocurrió el 21 de octubre de 2008 y que ha quedado probado en juicio que la póliza en referencia ha tenido varias renovaciones o prórrogas, por lo que no se configura la violación del Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil alegada, por lo que el cargo es inamisible.

  7. El recurrente en su sexto y último motivo solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada para revisar su racionalidad y carácter lógico, toda vez que éste es determinante de un sentido diferente del fallo, contrariando la imperatividad de los Artículos 1129 y 1132 del Código de Comercio y el 1548 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Sin embargo, al revisar la racionalidad y carácter lógico de la sentencia impugnada, de fecha 29 de agosto de 2011, no se deduce que se hayan violado las disposiciones legales citadas a tal grado que el mismo impugnante no afirma la falta de racionalidad y carácter lógico sino por el contrario solo las pone en duda cuando dice “Tales aseveraciones contenidas en la sentencia que impugno, con todo respeto me llevan a dudar de la racionalidad y carácter lógico de ese fallo” cuando si existía tal falta de racionalidad y carácter lógico de la sentencia, debió se contundente y demostrar a la Corte dicha falta para que ésta pudiera considerar el motivo.

  8. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus seis motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  9. Que el apoderado legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando sus alegatos.

  10. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte impugnante y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por el Abogado Ramiro Alejandro Ramírez, en su condición de apoderado legal de la sociedad Seguros Atlántida, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de pago e indemnización de daños y perjuicios promovida por el Abogado José Manuel Madrid Chinchilla, en su condición de apoderado legal de la señora María Ofelia Umanzor, contra la sociedad Seguros Atlántida, S.A. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 29 de agosto de 2011, en el expediente de apelación número 1388 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2009-01388-CO del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA