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Sentencia CC-33-12 — Registro 5120

Resumen

Demanda ordinaria de nulidad absoluta y relativa de instrumentos públicos de tradición de dominio que contiene un contrato de compraventa de dos inmuebles urbanos, siendo revocado el fallo en segunda instancia y declarada con lugar la demanda y la nulidad absoluta del instrumento público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en su primer motivo de casación considera infringidos los Artículos 200.1.2 literal b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice las sentencias serán siempre motivadas, en particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal, en los antecedentes de hecho se consignarán, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Artículo 207 del mismo Código Procesal Civil, por aplicación omisa de dichas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y especialmente solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo fundamenta en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 720.2 del mismo Código, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo y, en la explicación del motivo señala que la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente y así al final de la letra b) del Artículo 200 del Código Procesal Civil, exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo al analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento a ese precepto mencionado; pero es del caso hacer notar que en la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones el 12 de octubre de 2011, si contiene declaración de hecho probados y además cumple con las otras exigencias contenidas en los Artículos citados como infringidos por falta de aplicación, como ser su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por lo que el cargo es improcedente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente en su primer motivo de casación considera infringidos los Artículos 200.1.2 literal b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice las sentencias serán siempre motivadas, en particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal, en los antecedentes de hecho se consignarán, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Artículo 207 del mismo Código Procesal Civil, por aplicación omisa de dichas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y especialmente solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo fundamenta en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 720.2 del mismo Código, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo y, en la explicación del motivo señala que la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente y así al final de la letra b) del Artículo 200 del Código Procesal Civil, exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo al analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento a ese precepto mencionado; pero es del caso hacer notar que en la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones el 12 de octubre de 2011, si contiene declaración de hecho probados y además cumple con las otras exigencias contenidas en los Artículos citados como infringidos por falta de aplicación, como ser su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por lo que el cargo es improcedente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El impugnante en su segundo motivo de casación que él denomina primero por infracción de ley material, impugna la aplicación de los Artículos 1552 del Código Civil y 192 del Código de Familia por ser indebidas y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, como ya lo tiene establecido este Tribunal, son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste el Artículo 1552 del Código Civil citado como infringido en el presente recurso. Y, en cuanto al Artículo 192 del Código de Familia es preciso decir que si bien es cierto en el otorgamiento de la escritura no comparece la madre de la menor, también es cierto que si lo hubiera hecho hubiera requerido la autorización del tribunal competente con intervención del Ministerio Público y, en todo caso, habiendo comparecido directamente la menor, la escritura carece de consentimiento de una de las partes ya que era incapaz de darlo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El impetrante en su tercer motivo de casación que él denomina segundo por infracción de ley material, impugna la falta de aplicación de los Artículos 14 segundo párrafo, 15, 16 y 18 del Código del Notariado, que se refieren al concepto, contenido y nulidad de los instrumentos públicos, en relación con el Artículo 1588 y 1610 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo el recurrente se refiere al contrato de compraventa cuya nulidad se solicitó y que fue anulado por la Corte Tercera de Apelaciones, el cual solicita sea contrastado con las disposiciones citadas como infringidas haciendo evidente que olvidó que la infracción por falta de aplicación al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso y si lo que pretendía era que la Corte revisara los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia, debió fundamentar su motivo en los Artículos 719 numeral 1, literal c) y 720 numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, para permitir a la Corte el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo, no habiéndolo hecho así, el cargo es improcedente.”

Legislación citada

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Julio de dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: El Señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES representado en juicio por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO en su condición de recurrente; siendo recurridas las señoras ALBA MARINA MONCADA VALLADARES y ROSA MARIBEL MONCADA ZUNIGA, representadas en juicio por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TRADICION DE DOMINIO QUE CONTIENE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DOS INMUEBLES URBANOS, CONSECUENTEMENTE TAMBIEN LA NULIDAD DE TODAS LAS VENTAS EFECTUADAS EN FECHAS POSTERIORES, RELATIVOS A LOS MISMOS INMUEBLES, CONTENIDOS, EN EL INSTRUMENTO PUBLICO, CUYA NULIDAD SE DEMANDA, promovida en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por las Señoras ALBA MARINA MONCADA VALLADARES y ROSA MARIBEL MONCADA ZUNIGA contra el Señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha doce (12) de octubre de dos mil once (2011), la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de agosto de dos mil once (2011), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TRADICION DE DOMINIO QUE CONTIENE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DOS INMUEBLES URBANOS, CONSECUENTEMENTE TAMBIEN LA NULIDAD DE TODAS LAS VENTAS EFECTUADAS EN FECHAS POSTERIORES, RELATIVOS A LOS MISMOS INMUEBLES, CONTENIDOS, EN EL INSTRUMENTO PUBLICO, CUYA NULIDAD SE DEMANDA, promovida en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por las Señoras ALBA MARINA MONCADA VALLADARES y ROSA MARIBEL MONCADA ZUNIGA contra el Señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de agosto de dos mil once (2011), emitida por el entonces Juzgado Segundo de Letras Seccional de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, la cual falló de la siguiente manera: “FALLO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Juan Francisco Zavala en su condición expresada. 2º. REVOCANDO la Sentencia apelada. 3º. DECLARAR CON LUGAR la demanda contra el señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES. 4º. NULIDAD ABSOLUTA del Instrumento número tres (3) de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diez (2010), autorizado por el Notario público MIGUEL FLORES AUCEDA. 5º. SIN LUGAR la excepción de falta de acción o derecho para demandar.”

SEGUNDO: El Representante Procesal del Señor CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO presentó, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha doce (12) de octubre de dos mil once (2011), por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: Mediante auto de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.

CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandante-apelante, el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, presentó, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012), escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES en su condición de demandante-apelante, contra el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte, en fecha doce (12) de octubre de dos mil once (2011), por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, en su condición de demandado-apelado, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal los Abogados JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES y CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas ocho (08) y diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvo por personadas en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en un motivo por Infracción Procesal y dos motivos por Infracción de Ley Material su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCIÓN PROCESAL. Este tipo de infracción nos obliga a distinguir bien los errores anteriores a la sentencia y los producidos en la sentencia misma. MOTIVO ÚNICO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.1.2 literal b) del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Art.207 del mismo Código Procesal Civil; por ende, impugno la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Son infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, se dan en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Se impugna la falta de aplicación, o sea, violación de los Arts. 200.1.2 literal b), en relación con el 207 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas y, conforme al enunciado de su numeral 2, “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y así al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo, al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado; y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Art. 207 de ese mismo Cuerpo Legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos del Art. 1552 del Código Civil, a fin de sostener que el contrato de compraventa celebrado entre mi poderdante y las demandantes, carece de dos de los requisitos indispensables para su validez como lo es el consentimiento y la causa. En conclusión, existe insuficiencia en la banal motivación de la sentencia porque no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no tiene “los hechos probados”, exigencia que integra la motivación de hecho, o sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos; esa declaración es necesaria para conjurar las resabidas prácticas que causaban y causan indefensión a las partes y, adicionalmente, dificultan extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia. Tal omisión exterioriza inequívocamente que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, y tampoco cumple con la exigencia del Art. 207.0, pues la expresión de los razonamientos fácticos, precisamente se encuentran en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con semejante omisión, que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. Así como no existen hechos probados, tampoco existen razonamientos fácticos, precisamente se encuentran en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con semejante omisión, que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. Así como no existen hechos probados, tampoco existen razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación de la prueba que obra del folio nueve (9) al cuarenta (40), de la primera pieza, que corresponde al Certificado de Autenticidad Nº 127821 autorizado por el Notario Laureano carvajal Rivas, así como a la documentación relacionada en este Certificado, que fueron presentados con la demanda, documento notarial que fue extendido contraviniendo el Art. 26 del Código del Notariado, porque para la validez de dicho certificado sobre la autenticidad de copias fotostáticas, era necesario relacionar sumariamente los documentos de que se trata, lo cual no hizo el Notario, además omitió hacer constar expresamente en dicho certificado “el lugar o en poder de quien se hallan los respectivos originales; en otras palabras, al faltar a esas prescripciones legales las auténticas no tienen validez, pues, como expresa el último párrafo del Art. 26: “Las auténticas que no llenen los requisitos señalados en este artículo carecerán de valor”; entonces, tal certificado de autenticidad constituye prueba ilícita porque fue extendida contrariando esa norma preceptiva, y sobre lo cual, el tribunal de alzada no emite, no vierte razonamiento fáctico ni jurídico alguno y que, por lo tanto, no tiene valor de testimonio fidedigno. Es decir, la motivación debe contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. En fin, la insuficiente motivación no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, y no se aprecia en la sentencia impugnada la estimación o consideración de ambos elementos tanto individualmente como en su conjunto, con ajuste a las reglas de la lógica y de la razón; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2 del mismo Código, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. V.2.-DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, inclusive la apreciación de la prueba ilícita señalada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia. V.3.- SE TRATO DE SUBSANAR. En cuanto al requisito de intento de subsanación, tampoco lo encontramos por haberse dado la infracción de la norma procesal al emitir el fallo. VI) MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY MATERIAL. PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación de los Arts. 1552 del Código Civil y 192 del Código de Familia, por ser indebidas, que son las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Se hace la aclaración necesaria, que en el desarrollo de este motivo, nos referimos a las estimaciones o argumentaciones vertidas en la sentencia en el acápite “Fundamentación Jurídica”, porque trascienden al fallo y están indefectiblemente relacionados e inciden en éste. El Art. 1552 del Código Civil dice: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca.”. En la estructura de la sentencia, en la parte fundamentación jurídica es que se menciona el artículo antes transcrito, aunque no se cita o invoca en la parte dispositiva del fallo, pero sin duda fue aplicado indebidamente en el fallo recurrido; y digo indebidamente porque dicho precepto no es aplicable al caso concreto, por cuanto el supuesto fáctico no está relacionado en los antecedentes estructurados en la sentencia, además, porque en la realidad no se dio dicho supuesto y, por ende, no se le puede aplicar la consecuencia de nulidad. En este caso concreto, en el contrato de compraventa celebrado por las demandantes Alba Marina Moncada Valladares y Rosa Maribel Moncada Zúñiga, con mi representado, el demandante Javier Antonio Rodríguez Flores, mediante el instrumento público Nº 3 de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010), autorizado por el Notario Público Miguel Flores Auceda, si concurren los requisitos o elementos esenciales para que exista contrato y es más, existe compraventa porque hay vendedor, comprador, objeto y precio; pues efectivamente mi representado en el referido instrumento público compareció como comprador, siendo las vendedoras las mismas demandantes, habiendo asegurado ellas y mi cliente al Notario, que comparecían libre y espontáneamente, como así lo refiere el Notario en el preámbulo o comparecencia del citado instrumento; presentándole las vendedoras al Notario los antecedentes de dominio de los inmuebles que vendían y le aseguraron que ambas eran mayores de edad y así dispusieron vendérselos al comprador por el convenido precio de CIEN MIL LEMPIRAS, que declararon ante el Notario “...tener recibidos a su entera satisfacción...” y mi cliente, el demandado Javier Antonio Rodríguez Flores, declaró “...que acepta la venta y traspaso de los bienes inmuebles relacionados en la cláusula primera de este instrumento...” y al final todos los otorgantes firmaron e imprimieron su huella del índice derecho, habiendo el Notario autorizado el referido instrumento sellando y firmándolo conforme a la Ley. Entonces el elemento del consentimiento, no tiene cuestionamiento alguno y ni el hecho de que la otorgante Rosa Maribel Moncada Zúniga que todavía era menor adulta cuando compareció ante la presencia del Notario, haya declarado que era mayor de edad, no significa inexistencia del consentimiento, pues innegablemente ante el Notario ella si compareció en el lugar y hora indicado ante la presencia de dicho funcionario a quien el Estado, por medio de la Corte Suprema de Justicia, le delegó la fe notarial. La Corte recurrida empleó en la solución de fondo del presente litigio el Art. Referido en el párrafo anterior, y aseguró en la fundamentación jurídica que además de carecer del consentimiento, carece de causa y argumentó que ésta tenía que ver con la “contraprestación” que en este caso sería remuneratoria, confundiendo lo que al respecto establece el Código Civil en el Art. 1569, el cual cuando emplea ese término “remuneratoria”, no se refiere a un contrato por antonomasia de cambio, como la compraventa, porque éste es oneroso, tal como resulta de la primera parte de ese Art. que dice: “En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte...”, y como la compraventa tiene objeto y precio, siendo el primero de éstos, los inmuebles, la prestación a favor del comprador y el segundo ( o sea, el precio), la prestación a favor de las vendedoras; en consecuencia, si existe causa en la referida compraventa tanto para las vendedoras como para el comprador. En el presente caso en el numeral primero de la fundamentación jurídica, la Corte recurrida lo finaliza argumentando que “...en el caso de autos el precio de venta establecido en el contrato es irrisorio de donde se deduce su falsedad”. Pero lo cierto es que el precio sea o no irrisorio existe y por ello no puede ser falso. Ahora bien, en el presente caso no existe la calidad de irrisorio, ello ocurriría si se le hubiera dado un precio simbólico de un lempira o un dólar, incluso de L. 10,000.00, todavía podemos extendernos a hablar de precio irrisorio, pero no cuando se ha fijado un precio de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00), en una localidad como la ciudad de El Paraíso, en donde ese precio es aceptable aunque sea en lo mínimo. En cuanto al Art. 192 del Código de Familia, no es aplicable al caso porque la madre de la demandante Rosa Maribel Moncada Zúñiga, no ha intervenido en la compraventa de los inmuebles antes aludida y cuya nulidad pretenden las actoras; entonces, esa prohibición que se establece en ese Art. del Código de Familia no tiene aplicación alguna en el caso de mérito y toda la argumentación vertida en la fundamentación jurídica del fallo no es pertinente al caso sub judice y su aplicación resulta indebida, porque la celebración de la compraventa en cuestión no tiene nada que ver con la normal administración que deben ejercer el padre o la madre en relación a los bienes de un hijo. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. VI.2.- SEGUNDO MOTIVO: Como resultado de la impugnación desarrollada en el motivo anterior, se impugna la falta de aplicación de los Arts. 14 segundo párrafo en la parte que dice: “El contenido de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de todas clase”, 15, 16 y 18 del Código del Notariado, en relación con el 1588 segundo párrafo y el 1610 del Código Civil, normas de derecho que debieron ser empleadas para la solución de fondo del litigio. En la sentencia se declara con lugar la demanda donde se pretende la declaración de la nulidad absoluta y relativa del contrato de compraventa sobre dos inmuebles situados en la ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso, instrumento público Nº 3 de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010) autorizado por el Notario Público Miguel Flores Auceda, inscrita bajo asiento registral Nº 98 del tomo 827 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que lleva el Instituto de la Propiedad en la ciudad de Danlí, según el tribunal de alzada en su sentencia que hoy impugno por carecer de dos requisitos indispensables para su validez, como lo es el consentimiento y la causa, y que en el caso de autos el precio de venta establecido en el contrato es irrisorio de donde se deduce su falsedad.- Sin embargo, al contrastar el referido instrumento público con el contenido del segundo párrafo del Art. 14 del Código del Notariado, que establece que: “El contenido de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de toda clase”, se concluye que el referido instrumento público no se aparta de tal norma; además, conforme al Art. 15 del mismo Código del Notariado está redactado en idioma español usando estilo claro, puro, preciso, sin frases ni términos obscuros ni ambiguos, observando la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma; por otra parte, fue escrito en computadora, o sea, por medio electrónico, con tinta negra, sin abreviaturas y sin dejar espacios en blanco y habiendo seleccionado el Notario autorizante dicho medio de redacción del indicado instrumento, no usó otro para hacer adiciones, apostillas, enmendaduras, entrerrenglonaduras y testados; al usar cifras, signos o números o expresión de fechas o cantidades, indicó el Notario con palabras lo que se ha expresado en números o signos. Por otro lado, el instrumento público que contra Derecho anula la Corte recurrida, cumple con todos los requisitos que le son aplicables y que enumera el Art. 16 del ya mencionado Código del Notariado, o sea, conforme al numeral 1) tiene número de orden que le corresponde escrito en letras y números, así como el lugar, día, mes y año del otorgamiento; cumple también con el contenido del número 2) porque tiene escrito el nombre, apellido, domicilio y número de registro del Notario en la Corte Suprema de Justicia, escrito en letras y números, así como la dirección de la Notaria; luego, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 3) tiene consignado el nombre y apellido de los otorgantes, su domicilio, su condición de ser mayores de edad, su estado civil, profesión y oficio; enseguida, de acuerdo con el contenido del número 4) se encuentra la afirmación de que, por el dicho de los otorgantes, éstos se encuentran en el ejercicio de sus derechos civiles; a continuación, también se observa que se consignó en dicho instrumento público, en aplicación del Nº 7), la relación del acto o contrato o hecho jurídico, con sus particularidades propias; asimismo, el Notario en cumplimiento del numeral 9) enteró a los otorgantes del derecho que la ley les concede para leer por sí el instrumento, pero por su acuerdo él procedió a leérselos íntegramente, quienes lo ratificaron y firmaron; consta que el Notario dio fe del conocimiento de los otorgantes; y, por último conforme al Nº 12) la fe notarial se extiende a la firma y huella digital del dedo índice de la mano derecha, de los otorgantes, además de la firma y sello del Notario que fueron estampados por éste. El referido instrumento público cuestionado de nulidad absoluta y relativa, no es nulo por ninguno de los supuestos establecidos en el Art. 18 del Código del Notariado, en consecuencia, y habiéndose contraído la pretensión de las actoras a pedir la nulidad absoluta o relativa solo del instrumento público, y llenando éste todos los requisitos que exige el Código del Notariado, no existe razón o motivo para anularlo, pues la pretensión clara y determinante de ellas no comprende el contrato de compraventa. El Art. 1588 segundo párrafo del Código Civil dice: “Pero para suponer dolo por parte del menor, no es bastante que éste haya declarado ser mayor de edad”. El Art. 1610 del Código Civil dice: “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.”. Como en la demanda se pretende la declaración de la nulidad absoluta y relativa del Instrumento Público Nº 3 de fecha veinticinco (25) de Enero del dos mil diez (2010) que contiene un contrato de compraventa sobre dos inmuebles situados en la ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso, autorizado por el Notario Público Miguel Flores Auceda, inscrita bajo asiento registral Nº 98 del Tomo 827 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que lleva el Instituto de la Propiedad en la ciudad de Danlí, según el tribunal de alzada en su sentencia que hoy impugno el contrato de mérito carece de dos requisitos indispensables para su validez, como lo es el consentimiento y la causa, y que en el caso de autos el precio de venta establecido en el contrato es irrisorio de donde se deduce su falsedad; pero lo cierto es que, conforme al Art. 1610 del Código Civil la indicada venta de los inmuebles se perfeccionó entre comprador y vendedoras, y es obligatoria para ambas partes porque convinieron en la cosa objeto del contrato, y en el precio; así dicha compraventa tiene todos sus elementos, a saber: “Vendedor: Alba Marina Moncada Valladares y Rosa Maribel Moncada Zúniga; comprador: Javier Antonio Rodríguez Flores; objeto: Los dos inmuebles urbanos situados en el Barrio el Calvario de la ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso; y, el precio: L. 100,000.00; no puede haber duda, entonces, que hubo consentimiento el cual se manifestó por el concurso de la oferta efectuada por las demandantes y de la aceptación por parte de mi cliente, el demandado, sobre la cosa y la causa que constituyen el contrato, tal como lo exige el Art. 1553 del Código Civil; y, el hecho de que la vendedora Rosa Maribel Moncada Zúniga tenía veinte años con ocho meses y veintiocho días, o sea, le faltaban tres meses y dos días para cumplir veintiún años, no anula el contrato por cuanto ella se había acostumbrado a firmar contratos antes de cumplir sus veintiún años; la historia del proceso indica que lo hacía por sí misma o a ruego de su madre Benicia Zúniga Martínez, así el catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009) suscribió juntamente con Alba Marina, su madre Benicia y Javier Antonio Rodríguez Flores, un contrato de promesa de venta de una propiedad; el catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009), suscribió un acta de compromiso irrevocable de reconocimiento de Derechos de Herederos Ab intestato, con Alba Marina Moncada Valladares, su madre Benicia y Javier Antonio Rodríguez Flores; el veintiuno (21) de febrero de dos mil diez (2010) esa misma, firmó un documento privado entre Javier Antonio Rodríguez Flores con su madre Benicia Zúniga Martínez, por L. 320,000.00, relativo a compraventa de un terreno de ciento sesenta y cuatro punto cuarenta y un metros cuadrados (164.41 mts2), donde está construida una casa de habitación; y, el veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010), firmó por su madre Benicia ya mencionada, otro documento privado sobre compraventa de un inmueble con un área de trece punto setenta y cinco metros cuadrados (13.75 mts2), equivalentes a diecinueve punto setenta y tres varas cuadradas (19.73 vrs2). Además, el comportamiento de la demandante Rosa Maribel Moncada Zúniga fue plenamente aceptado por su Abogado Juan Francisco Zavala Canales, quien actuó conociendo la tal condición de dicha actora, lo cual quedó registrado a lo largo y ancho del proceso de mérito, incluso con el documento de servicios profesionales; en todas esas actuaciones dicha demandante afirmó ser mayor de edad y hasta solicitudes hizo al Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danlí, actuaciones donde ocultó su minoría de edad, o sea, actuó como mayor de edad, sin serlo y por ende, conforme al primer párrafo del Art. 1588 del Código Civil, ella ahora que es mayor de edad, no puede impugnar de nulidad el instrumento público Nº 3 que contra Derecho la sentencia anula; y, en este sentido este Art. no aplicó la Corte recurrida en el fallo impugnado. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Carlos Alberto Gómez Moreno, en su condición de representante procesal del señor Javier Antonio Rodríguez Flores, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el 12 de octubre de 2011; recurso de casación que formalizó en tres motivos; el primero, por errores producidos en la sentencia, ya que considera infringidos los Artículos 200.1.2 literal b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice las sentencias serán siempre motivadas, en particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal, en los antecedentes de hecho se consignarán, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Artículo 207 del mismo Código Procesal Civil, por aplicación omisa de dichas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y especialmente solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo fundamenta en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 720.2 del mismo Código, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo; en el segundo que él denomina primero por infracción de ley material, impugna la aplicación de los Artículos 1552 del Código Civil y 192 del Código de Familia por ser indebidas y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; y, en el tercero, que él denomina segundo, por infracción de ley material, impugna la falta de aplicación de los Artículos 14 segundo párrafo, 15, 16 y 18 del Código del Notariado, en relación con el Artículo 1588 y 1610 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. El recurrente en su primer motivo de casación considera infringidos los Artículos 200.1.2 literal b) del Código Procesal Civil, en la parte que dice las sentencias serán siempre motivadas, en particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal, en los antecedentes de hecho se consignarán, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el Artículo 207 del mismo Código Procesal Civil, por aplicación omisa de dichas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y especialmente solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo y lo fundamenta en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 720.2 del mismo Código, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo y, en la explicación del motivo señala que la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente y así al final de la letra b) del Artículo 200 del Código Procesal Civil, exige como parte de los antecedentes de hecho “los hechos probados”; sin embargo al analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento a ese precepto mencionado; pero es del caso hacer notar que en la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones el 12 de octubre de 2011, si contiene declaración de hecho probados y además cumple con las otras exigencias contenidas en los Artículos citados como infringidos por falta de aplicación, como ser su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por lo que el cargo es improcedente.

  3. El impugnante en su segundo motivo de casación que él denomina primero por infracción de ley material, impugna la aplicación de los Artículos 1552 del Código Civil y 192 del Código de Familia por ser indebidas y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, como ya lo tiene establecido este Tribunal, son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste el Artículo 1552 del Código Civil citado como infringido en el presente recurso. Y, en cuanto al Artículo 192 del Código de Familia es preciso decir que si bien es cierto en el otorgamiento de la escritura no comparece la madre de la menor, también es cierto que si lo hubiera hecho hubiera requerido la autorización del tribunal competente con intervención del Ministerio Público y, en todo caso, habiendo comparecido directamente la menor, la escritura carece de consentimiento de una de las partes ya que era incapaz de darlo.

  4. El impetrante en su tercer motivo de casación que él denomina segundo por infracción de ley material, impugna la falta de aplicación de los Artículos 14 segundo párrafo, 15, 16 y 18 del Código del Notariado, que se refieren al concepto, contenido y nulidad de los instrumentos públicos, en relación con el Artículo 1588 y 1610 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo el recurrente se refiere al contrato de compraventa cuya nulidad se solicitó y que fue anulado por la Corte Tercera de Apelaciones, el cual solicita sea contrastado con las disposiciones citadas como infringidas haciendo evidente que olvidó que la infracción por falta de aplicación al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso y si lo que pretendía era que la Corte revisara los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia, debió fundamentar su motivo en los Artículos 719 numeral 1, literal c) y 720 numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, para permitir a la Corte el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo, no habiéndolo hecho así, el cargo es improcedente.

  5. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  6. Que el representante procesal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el representante procesal de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.

  7. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por el Abogado Carlos Alberto Gómez Moreno, en su condición de representante procesal del señor Javier Antonio Rodríguez Flores, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria de nulidad absoluta y relativa de instrumentos públicos de tradición de dominio, promovida por el Abogado Juan Francisco Zavala Canales, en su condición de representante procesal de las señoras Alba Marina Moncada Valladares y Rosa Maribel Moncada Zuniga, contra el señor Javier Antonio Rodríguez Flores. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el 12 de octubre de 2011, en el expediente de apelación número 48-11 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0703-2010-00290 LCO del Juzgado Segundo de Letras Seccional de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFIQUESE.

RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO

Coordinador

EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA

Magistrada

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ

Magistrada