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Sentencia CC-30-12 — Registro 5116

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía para que se declare el derecho de propiedad de dominio, nulidad de un contrato de compraventa por error en el objeto del contrato, de un plano topográfico como referencia geográfica del inmueble, de la escritura publica que los contiene y su supuesta inscripción y matricula registral; acción daños y perjuicios, en segunda instancia se anulo de oficio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“4)El Artículo 211 del Código Procesal Civil señala que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes y según el Artículo 213, numeral 4, también del Código Procesal Civil, los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión.5)De acuerdo con el Artículo 115 del Código Procesal Civil, los actos procesales que conforman el procedimiento civil deben realizarse de acuerdo con las prescripciones de dicho Código, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulos o anulables en caso contrario.

5)Las disposiciones de los códigos de procedimientos son de orden público y, según el Artículo 11 del Código Civil, las leyes que interesan al orden público, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y, en el presente caso, se han cometido violaciones a la ley procesal produciendo la consiguiente indefensión de las partes.

6)Que conforme el Artículo 1586 numeral 2º, del Código Civil, hay nulidad absoluta en los actos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos y conforme el Artículo 1589 también del Código Civil, la nulidad absoluta puede declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.7) Por las razones expuestas es procedente anular de oficio el auto dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que tiene por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Carlos Enrique Ortiz Osorio, en su condición de apoderado legal de los señores Dionisio y Florencio Irías García, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 7 de octubre de 2011.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor ENRIQUE REYES AREVALO, representado en juicio por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO como recurrente; siendo recurrida la sociedad INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S.A. (INCORHSA), representada en juicio por el abogado RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE CUATRO INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SU CONTRATO QUE LOS CONTIENE Y DE SU ASIENTO REGISTRAL” promovida en fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por el abogado EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ en su condición de representante procesal del señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra el señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, mayor de edad, soltero, licenciado en Contaduría Pública, hondureño y con domicilio en el Departamento de Comayagua, en su condición de Gerente General de la sociedad INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS. S.A. (INCORHSA), quien fue constituida originalmente con la denominación de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. (BANFFAA.). I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha nueve de marzo de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en el juicio de merito, dictó sentencia REVOCADO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “FALLA: DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive de la sentencia impetrada de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado A-Quo, en LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE CUATRO INSTRUMENTOS PUBLICOS, DE SU CONTRATO QUE LOS CONTIENE Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, sustanciada en expediente número 0-185-2010, e incoada por el Abogado EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ, en representación Legal del Señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), antes conocida como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), todos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo. PROCEDIENDO A DICTAR LA SENTENCIA DE LA SIGUIENTE FORMA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE CUATRO INSTRUMENTOS PUBLICOS, DE SU CONTRATO QUE LOS CONTIENE Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, sustanciada en expediente número 0-185-2010, e incoada por el Abogado EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ, en representación legal del Señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), antes conocida como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), todos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo; SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE LA PRETENSION DEDUCIDA a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A; (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA); TERCERO: CON COSTAS en primera instancia, en virtud de que la parte demandante no tuvo motivos racionales para litigar de conformidad con el Artículo 192 Código de Procedimiento Civiles, en virtud de que el presente juicio se sustanció bajo la égida de dicho cuerpo legal; CUARTO: CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA, en base al principio del vencimiento que estipula el Artículo 221 del Código Procesal Civil.- Que contra la presente sentencia cabe el Recurso de Casación, el que debe interponerse dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a los Letrados Judiciales de las partes y una vez que la misma adquiera carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano jurisdiccional del que procede para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE.-” SEGUNDO: El abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, actuando en su condición de representante procesal del señor ENRIQUE REYES AREVALO, en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente, debiendo entregársele copia del mismo para que se pronuncie sobre el contenido del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS. S.A. (INCORHSA), abogado RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO presentó en fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados NICOLÁS GARCÍA ZORTO y RICARDO ALFONSO RESTREPO NARANJO, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas doce y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que el abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del artículo 692 del Código Procesal Civil, que consagra el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo el artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 692 del Código Procesal Civil, que consagra el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA en su Pronunciamiento Segundo, mismo que reza: “SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE LA PRETENSION DEDUCIDA a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, 5. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S A. (BANFFAA).” FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 692 del Código Procesal Civil dispone: “PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA.- La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución.” Como refiere Carreras Maraña, el principio supra indicado “impide que la posición en que situó al apelante la resolución impugnada pueda verse agravada como consecuencia exclusiva del recurso por él interpuesto.”1 El Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa constituye una garantía procesal que limita al Tribunal de alzada, agravar la situación del recurrente salvo que ambas partes hubiesen recurrido. En palabras del Tribunal Constitucional español, la prohibición de la reforma peyorativa “representa un principio procesal que forma parte del derecho a la tu tela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos y, en todo caso, de la prohibición constitucional de la indefensión.”2 En el caso que nos ocupa, la única parte que recurrió de la Sentencia de primera instancia, fue esta representación. En este sentido, el reproche se contrae a la infracción del Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa, por cuanto la Corte de Apelaciones, de oficio, agravó la situación de esta parte demandante, en el sentido de reconocer una situación jurídica a favor de la parte demandada, en detrimento de esta parte, sin que la demandada haya recurrido ante el Tribunal de alzada. En el apartado denominado FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia impugnada, concretamente en el numeral Quinto, el Ad quem señala: “. . . Y de autos ha quedado evidenciado que el A-Quo efectivamente motivó de forma debida la sentencia impetrada, pero al momento de resolver sobre el fondo en el acápite del fallo, lo hizo declarando sin lugar la demanda relacionada en el acápite de esta sentencia, pero omitió el pronunciamiento de absolución a la parte demandada de la pretensión deducida en su contra, lo cual constituye una infracción procesal de las que dan motivo a la nulidad, de conformidad a la abundante jurisprudencia dictada al respecto por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia; pero siendo que en el juicio de autos constan los elementos de juicio necesarios, tales como las pruebas evacuadas en el correspondiente período probatorio este Tribunal es del criterio que se debe anular la sentencia recurrida por ese único motivo antes apuntado, debiendo proceder a resolver directamente sobre el fondo.” Si bien no se discute la facultad del Ad quem para dictar nueva sentencia cuando consten los elementos necesarios para ello, dicha facultad no puede exceder el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. En el presente caso, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia proferida por el A quo, dictó nueva sentencia resolviendo el fondo del asunto, no obstante, vulneró el Principio “non reformatio in peius”, comprendido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, reconociendo una situación jurídica a favor de la parte demandada, al absolver de la pretensión deducida a la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), de conformidad con el Pronunciamiento Segundo del apartado PARTE DISPOSITIVA de la sentencia impugnada, en menoscabo del recurrente. El agravio sufrido por esta parte se refiere a que la Corte de Apelaciones, sin encontrarse facultado por ello, reconoció una situación jurídica a favor de la demandada, sin que ésta haya recurrido, en detrimento de la parte recurrente. El vicio en el que incurre la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por la honorable Corte de Apelaciones, Sección Judicial de Comayagua, es la falta de aplicación del Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa, comprendido en el artículo 692 del Código Procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La infracción incide de manera directa en el fallo, en el sentido que reconoce una situación jurídica a la parte demandada, que aunque hubiese sido omitida y teniendo que haber integrado la sentencia de primera instancia, se suplió por la Corte de Apelaciones en evidente detrimento del derecho pretendido por la parte recurrente. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo invocado el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA, concretamente los Pronunciamientos Primero y Segundo, mismos que rezan: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE CUATRO INSTRUMENTOS PUBLICOS, DE SU CONTRATO QUE LOS CONTIENE Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, Sustanciada en expediente número 0-185-2010, e incoada por el Abogado EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ, en Representación Legal del Señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), antes conocida como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), todos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo; SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE LA PRETENSION DEDUCIDA a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA).” FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, reza: “Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.- 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.- 2.- 3.-. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” En la doctrina, los tratadistas Juan Montero Aroca y José Flors Matíes, definen la exhaustividad, en su perspectiva negativa, como la falta de pronunciamiento sobre alguno de los puntos que hayan sido objeto de debate entre las partes en el proceso. El concepto comprende la falta de pronunciamiento sobre una petición de fondo, así como la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelación sobre una SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. II. SE SOLICITA SE DECRETE NULIDAD DE ACTUACIONES El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes a la Prohibición de Reforma Peyorativa (artículo 692 del Código Procesal Civil), por cuanto el Tribunal alzada, en detrimento de la situación que tenía el recurrente, reconoció una situación jurídica a favor de la parte demandada, causando indefensión a esta parte, lo que acarrea nulidad de actuaciones. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el yerro que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. III. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA El suscrito no estima necesaria la celebración de la audiencia, por cuanto los vicios señalados son de mero derecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, con fecha catorce de diciembre del dos mil quince, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación presentado por el abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, representante procesal del señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones, el día treinta de septiembre del dos mil quince, en la demanda ordinaria de nulidad de cuatro instrumentos públicos, de los contratos que los contiene y sus asientos registrales promovida antes el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua por el abogado Edwin Rolando Maldonado Cruz, representante procesal del señor Enrique Reyes Arévalo contra el señor Carlos Alfredo Tercero, en su condición de Gerente General de la sociedad Inversiones Corporativas Hondureñas S.A. (INCORHSA); recurso de casación éste que se formalizó en dos motivos de casación. 2.- DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: “Infracción por falta de aplicación del artículo 692 del Código Procesal Civil, que consagra el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo el artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 692 del Código Procesal Civil, que consagra el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA en su Pronunciamiento Segundo, mismo que reza: “SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE LA PRETENSION DEDUCIDA a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S A. (BANFFAA).” FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 692 del Código Procesal Civil dispone: “PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA.- La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución.” Como refiere Carreras Maraña, el principio supra indicado “impide que la posición en que situó al apelante la resolución impugnada pueda verse agravada como consecuencia exclusiva del recurso por él interpuesto.”1 El Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa constituye una garantía procesal que limita al Tribunal de alzada, agravar la situación del recurrente salvo que ambas partes hubiesen recurrido. En palabras del Tribunal Constitucional español, la prohibición de la reforma peyorativa “representa un principio procesal que forma parte del derecho a la tu tela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos y, en todo caso, de la prohibición constitucional de la indefensión.”2 En el caso que nos ocupa, la única parte que recurrió de la Sentencia de primera instancia, fue esta representación. En este sentido, el reproche se contrae a la infracción del Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa, por cuanto la Corte de Apelaciones, de oficio, agravó la situación de esta parte demandante, en el sentido de reconocer una situación jurídica a favor de la parte demandada, en detrimento de esta parte, sin que la demandada haya recurrido ante el Tribunal de alzada. En el apartado denominado FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia impugnada, concretamente en el numeral Quinto, el Ad quem señala: “. . . Y de autos ha quedado evidenciado que el A-Quo efectivamente motivó de forma debida la sentencia impetrada, pero al momento de resolver sobre el fondo en el acápite del fallo, lo hizo declarando sin lugar la demanda relacionada en el acápite de esta sentencia, pero omitió el pronunciamiento de absolución a la parte demandada de la pretensión deducida en su contra, lo cual constituye una infracción procesal de las que dan motivo a la nulidad, de conformidad a la abundante jurisprudencia dictada al respecto por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia; pero siendo que en el juicio de autos constan los elementos de juicio necesarios, tales como las pruebas evacuadas en el correspondiente período probatorio este Tribunal es del criterio que se debe anular la sentencia recurrida por ese único motivo antes apuntado, debiendo proceder a resolver directamente sobre el fondo.” Si bien no se discute la facultad del Ad quem para dictar nueva sentencia cuando consten los elementos necesarios para ello, dicha facultad no puede exceder el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa. En el presente caso, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia proferida por el A quo, dictó nueva sentencia resolviendo el fondo del asunto, no obstante, vulneró el Principio “non reformatio in peius”, comprendido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, reconociendo una situación jurídica a favor de la parte demandada, al absolver de la pretensión deducida a la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), de conformidad con el Pronunciamiento Segundo del apartado PARTE DISPOSITIVA de la sentencia impugnada, en menoscabo del recurrente. El agravio sufrido por esta parte se refiere a que la Corte de Apelaciones, sin encontrarse facultado por ello, reconoció una situación jurídica a favor de la demandada, sin que ésta haya recurrido, en detrimento de la parte recurrente. El vicio en el que incurre la sentencia de fecha 30 de Septiembre de 2015, dictada por la honorable Corte de Apelaciones, Sección Judicial de Comayagua, es la falta de aplicación del Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa, comprendido en el artículo 692 del Código Procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La infracción incide de manera directa en el fallo, en el sentido que reconoce una situación jurídica a la parte demandada, que aunque hubiese sido omitida y teniendo que haber integrado la sentencia de primera instancia, se suplió por la Corte de Apelaciones en evidente detrimento del derecho pretendido por la parte recurrente. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” Que esta Sala de lo Civil al estudiar el primer motivo de casación encuentra que: El Recurrente no es preciso al establecer la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución adoptada por el Tribunal Ad quem, por no llevar a este al error en que incurrió en juzgador; siendo que al haber operado la nulidad de la sentencia de primera instancia, el ad quem no está sujeto a lo que allí se resolvió y puede dictar una sentencia totalmente desvinculada de la anulada y esta nueva podría ser más gravosa para el vencido en la primera instancia, como pretende hacer ver el casacionista al denunciar la falta de aplicación del artículo 692 del Código Procesal Civil. Además, de que la norma señalada como infringida al ser un principio no guarda relación con la causal impugnada. Por lo que procede la inadmisión del motivo in examine según lo establecido en el artículo 723 numeral 2) inciso b) del Código Procesal Civil. 3.- DE SEGUNDO MOTIVO DE CASACION ASI: “Infracción por falta de aplicación del artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo invocado el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA, concretamente los Pronunciamientos Primero y Segundo, mismos que rezan: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE CUATRO INSTRUMENTOS PUBLICOS, DE SU CONTRATO QUE LOS CONTIENE Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, Sustanciada en expediente número O-185-2010, e incoada por el Abogado EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ, en representación legal del Señor ENRIQUE REYES AREVALO, contra el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), antes conocida como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA), todos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo; SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE LA PRETENSION DEDUCIDA a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS, S. A. (INCORHSA), a través de su Gerente General el Señor CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, sociedad que antes se conocía como BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S. A. (BANFFAA).” FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, reza: “Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.- 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.- 2...- 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” En la doctrina, los tratadistas Juan Montero Aroca y José Flores Matías, definen la exhaustividad, en su perspectiva negativa, como la falta de pronunciamiento sobre alguno de los puntos que hayan sido objeto de debate entre las partes en el proceso. El concepto comprende la falta de pronunciamiento sobre una petición de fondo, así como la falta de pronunciamiento por parte del tribunal de apelación sobre una SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” Esta Sala de lo Civil al estudiar el segundo motivo de casación encuentra: Que en este segundo motivo de casación el Impetrante alega “Infracción por falta de aplicación del artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo invocado el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil.” El artículo antes citado contiene tres numerales que constituyen diferentes situaciones jurídicas es decir en su numeral 1) referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas; el numeral 2) referente al principio iuria novit curia (Principio mediante el cual las partes se limitan a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables), y en su numeral 3) referente a la separación de los pronunciamientos; lo que el Censor debió desarrollar en motivos separados e independientes a efecto de una mayor claridad y precisión en el desarrollo de su cargo. Amén de lo anterior esta Sala encuentra que la falta de exhaustividad es una modalidad o una clase de incongruencia por omisión de algún pronunciamiento; requisito íntimamente ligado con aquél (congruencia), lo que supone la exigencia de que se resuelvan todos los puntos litigiosos, lo que no ha de permitir sin embargo que el tribunal esté obligado a razonar sobre todos y cada uno de los extremos que las partes hayan referido en los escritos alegatorios, bastando con que resuelva sobre los "puntos litigiosos", en conclusión la exhaustividad entendida en su amplio concepto se refiere a una modalidad o una clase de incongruencia por omisión de algún pronunciamiento situación que no opera en lo referente a la sentencia impugnada. Así las cosas en consonancia con el artículo 723 numeral 2) del Código Procesal Civil procede declarar la inadmisión del segundo motivo de casación. 4.- EN CUANTO A LA NULIDAD DE ACTUACIONES SOLICITADA ASI: El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes a la Prohibición de Reforma Peyorativa (artículo 692 del Código Procesal Civil), por cuanto el Tribunal de alzada, en detrimento de la situación que tenía el recurrente, reconoció una situación jurídica a favor de la parte demandada, causando indefensión a esta parte, lo que acarrea nulidad de actuaciones. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el yerro que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. Esta Sala de lo Civil en cuanto a la nulidad que antecede encuentra que esta ya no es propia como pretensión recursiva en el recurso de casación en materia civil, ya que es de hacer notar al compareciente que la legislación procesal vigente no permite instar la nulidad en forma independiente o subsidiaria tal como lo ha pretendido el casacionista. 5.- Por lo antes señalado se encuentra en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil los requisitos, que el Impetrante debió cumplir para que pudiera considerarse. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado en sus dos motivos, siendo procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al Tribunal de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- Declarar inadmisible el recurso de casación en sus dos motivos que ha sido interpuesto por el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición de representante procesal del señor ENRIQUE REYES AREVALO, en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de septiembre del año dos mil quince,.- 2.- Sin Lugar la nulidad de actuaciones solicitada. 3.- Declara firme la sentencia recurrida, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, e identificada con el No. 44,968, originada de los autos del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, registrada bajo el No.185-10. 4.- CONDENA en costas al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Apelaciones de su procedencia, para los efectos consecuentes.- Redactó el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiséis días del mes de Enero de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Trece de Diciembre de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 51=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA